Recursos, planificación, modernización… Métodos para combatir la criminalidad

Nosotros conocemos y entendemos la dinámica policial, comprendemos su entorno y a partir de esto, hacemos nuestro análisis de la criminalidad que tiene hoy “sumergido” a nuestro país en una incidencia delictiva que está cobrando vidas humanas con un promedio de dos decesos por día, se presume esto es producto de la actividad del narcotráfico y las “guerras” entre pandillas o grupos dedicados a esta actividad que disputan territorio, sin embargo, lamentablemente inclusive se vieron afectadas personas inocentes, que no tienen ninguna relación con grupos delictivos.

Por el incremento de la actividad delictiva, nos parece oportuno analizar desde todas las aristas posibles este “fenómeno”, por ejemplo; Nosotros hemos señalado, sobre las condiciones desventajosas en que trabajan nuestras y nuestros compañeros de la Fuerza Pública.

Es claro que el aumento en las actividades del crimen organizado, está implícito el incremento en los decomisos de drogas, esto por cuanto es evidente que nuestro territorio dejo de ser zona de “transito” para convertirse en zona de almacenaje, y con esto se asocia de manera directa la criminalidad actual.

La situación del momento, y la naturaleza policial deben ser observarse y ejecutarse con seriedad, nunca nos pareció razonable que nuestros policías fueran enviados a “vender copos” por citar un ejemplo, pero podríamos señalar otras situaciones que se dejaron de hacer o se hicieron mal, y hoy se está recogiendo la “cosecha”, por eso decíamos que la anterior administración, estaba trabajando a base de “mercadeo de imagen” y eso policialmente no es suficiente, ¿Por qué no se tenían identificados esos grupos delictivos? ¿Cómo se fueron formando? Vemos como en Limón ya no fue suficiente con anunciar la “toma” de la provincia, ¿nos volvimos previsibles?. Es tiempo de cambiar modelos…

Se deben evaluar los programas de prevención y contención, recordemos que la tarea principal de la Fuerza Pública, es prevenir la comisión de actos delictivos, y en esto debemos señalar, se necesita de estrategias operativas que no sean fácilmente identificables por la delincuencia, que igual monitorea las actividades policiales.

Es imperativo, permitir la contratación de nuevas plazas policiales, por cuanto conocemos en promedio mensualmente sesenta funcionarios dejan sus puestos por diferentes razones, claro es preciso mejorar los filtros y los procesos de selección que minimicen el riesgo de que un funcionario a escasos dos años de servicio, este inmenso en actos de corrupción.

Hoy la realidad nacional nos dicta es preciso planificar sobre cómo se mueve la criminalidad, y sobre cómo podemos dotar de adecuada capacitación a nuestros policías, para ejercer un verdadero combate a la actividad delictiva.

Esto conlleva la necesidad de modernizar y adecuar al momento histórico la malla curricular de la Escuela Nacional de Policía.

También es necesario “aterrizar” con la implementación del manual de clases policiales que se anunció desde finales del 2013, y buscar la fórmula para que este beneficie a la mayoría posible, esta expectativa, está generando desazón, incertidumbre, desánimo y desvía la atención de las y los funcionarios, que esperan obtener un salario mejor, acorde a los riesgos que se viven cotidianamente.

Por eso una vez más señalamos, no se debe recortar presupuesto en Seguridad Ciudadana, en eso estamos de acuerdo con el señor Ministro, y confiamos en que ejecute pronto los cambios que en materia de planificación y dirección el país requiere en materia de seguridad, que establezca mejores mecanismos de control interno y rendición de cuentas, para garantizar el buen uso de los recursos, apoyamos el presupuesto de seguridad ciudadana, porque están en juego la Seguridad y la Paz Social.

En estos tiempos, ninguna “diferencia” político-ideológica, debe estar sobre el interés general y el bien común.

SINTRAJAP reitera que la huelga es por la soberanía de los muelles

La huelga indefinida que iniciamos el pasado martes a las nueve de la mañana continúa a pesar de los abusos de autoridad que hemos sufrido por parte de las autoridades policiales.

Las desafortunadas acciones y declaraciones ejecutadas por representantes del gobierno han complicado las cosas y esto pone cuesta arriba la posibilidad de tener algún acercamiento para resolver este conflicto.

Aunado a esto, la posición intransigente e injustificada del gobierno de no querer hablar del monopolio establecido en la clausula 9.1 del contrato es algo para nosotros inaceptable. En Costa Rica no deberíamos tener temas tabú o prohibidos de discusión porque resultan más sospechosos.

Reiteramos que nuestra lucha, es contra un contrato que impone tarifas injustas para el pueblo, un monopolio ilegal que impide la libre participación y representa la muerte de JAPDEVA y contra un inmenso daño ambiental que podría resultar irreversible si no lo detenemos. No es por salarios ni por privilegios y aclaramos que los puertos no están laborando normalmente como irresponsablemente nos han querido decir.

En las últimas horas hemos recibido toda clase de muestras de solidaridad y apoyo de parte de organizaciones sociales de todo el país y hasta del mundo entero. Este apoyo a llegado mucho más allá y abarca desde Diputados, algún sector empresarial, hasta partidos políticos. Consideramos además que a pesar de que algunos medios de comunicación han tratado de tergiversar la información, sentimos que a nivel general la información es bastante más balanceada en esta ocasión que en otras ocasiones que hemos estado en situaciones similares.

En resumen sentimos que nuestra justa lucha por defender la soberanía de la patria en contra de un monopolio privado y nuestro trabajo digno, tiene el apoyo de los trabajadores y trabajadoras y lleva hasta ahora un balance positivo para nosotros.

¡Agradecimiento! A los más de mil Trabajadores y Trabajadoras que nos acompañaron

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) expresa con mucha sinceridad y de todo corazón, el más grande agradecimiento por todos esos esfuerzos (grandes, medianos y pequeños; visibles e invisibles; tácitos y explícitos; abnegados y de convicción), que se realizaron para el evento del pasado lunes 20 de octubre de 2014, la manifestación contra los recortes presupuestarios en los ministerios del Poder Ejecutivo, de cara al presupuesto de la República para el 2015; acción de calle que salió del Parque Central de San José, hacia la Asamblea Legislativa.

ANEP decidió impulsar esta durísima carga, contra toda adversidad; teniendo siempre presente que, toda una vida, estas luchas “contracorriente”, siempre van de menos a más, pues están impregnadas de profunda justicia, sólida argumentación y nobles objetivos.

“¡Claro que nos falta mucho más! ¡Pero ya empezamos! Esta lucha por la defensa de los servicios públicos que se dan desde los ministerios del Poder Ejecutivo, de las entidades adscritas a los mismos, de las que reciben desde éstos diversos tipos de transferencias, ¡apenas empieza!

Para la ANEP, nuestra lucha es una especie de “evangelización política” que implica ganarse, una a una, las conciencias (incrédulas, no pocas; temerosas, otro tanto; y escépticas; la mayoría), eso sí amenazadas todas, en cada una de esas instituciones.

Es más, la ANEP quiere sensibilizar conciencias empresariales que dependen de las compras de bienes y servicios que realizan todo este tipo de entidades del Poder Ejecutivo; para llevarlas al movimiento a fin de que sus negocios se mantengan y prosperen, porque si no es así, van a quebrar y dejarán a mucha gente sin empleo.

Esta especie de “evangelización política”, para responder a la cruzada fundamentalista en contra del empleo público, repetimos, ¡es durísima! Sin embargo, hemos decidido emprenderla contra viento y marea, de conformidad con nuestras responsabilidades sindicales inmediatas; acorde con nuestra visión de país; así como siguiendo la hoja estratégica que marca el desenvolvimiento de nuestro accionar en el seno de la corriente sindical en la cual militamos.

Por ahora, ¡¡¡Infinitas gracias!!!, para quienes fueron a la manifestación; para quienes han empezado a comprender la naturaleza de esta causa; para quienes reciben nuestras comunicaciones (físicas o electrónicas); para quienes ya expresan cierta preocupación !!! A todos los compañeros empleados públicos y a todas las compañeras empleadas públicas, quienes laboran para el Gobierno Central (ministerios y entes adscritos), les reafirmamos nuestro lema central en esta causa: “Que nunca se diga que no se lo dijimos”.

ANEP deja constancia de su enorme reconocimiento a la fracción parlamentaria del Partido Frente Amplio, la cual, integralmente, nos acompañó en la manifestación; no solamente por solidaridad sino por plena convicción; combinando sus integrantes diputadiles, la calle con la curul, en defensa de las mejores causas del pueblo trabajador costarricense, como la que nos ocupa

Traslado arbitrario de funcionarios de aduana a los muelles de Moín y Limón

Compartimos el documento enviado al Ministro de Hacienda.

Honorable señor
Helio Fallas Venegas
Ministro
MINISTERIO DE HACIENDA

Estimado señor:

Reciba un respetuoso saludo de parte de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP).

Nos informan nuestros afiliados de la Aduana de Limón que su subdirector, el señor Benito Coghi les informó vía telefónica, que JAPDEVA entra a huelga; por lo tanto, ellos tienen que asumir ciertas funciones como es el de recibir y despachar los contenedores así como estar en los portones.

Primero, no es competencia de aduanas asumir las funciones de ingreso y salida de las unidades de transportes con mercancías tanto de contenedores así como de camiones. Segundo, existe un total desconocimiento por parte de los funcionarios de aduanas en el manejo de esas salidas de mercancías; por lo tanto, corren el riesgo de cometer errores que los pueden perjudicar más adelante. Tercero, se corre el riesgo de que los funcionarios de la aduana sean tachados de rompe-huelgas y así como poner en peligro su integridad física. Cuarto, no los estaría cubriendo el riesgo de trabajo por cumplir otras funciones que no son propias de aduanas.

Por lo que solicitamos muy respetuosamente tomar cartas en el asunto, y buscar otras soluciones que no sean arriesgar al personal aduanero y dejar sin efecto la comunicación verbal del subdirector Benito Cogui.

Sin más por el momento, agradeciendo de antemano sus buenos oficios.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Condenamos violencia presidencial contra huelga de JAPDEVA

  • La huelga en los muelles de Limón y de Moín es moralmente correcta y éticamente justa.
  • La lucha contra el monopolio de la holandesa APM Terminals es una lucha por la SOBERANÍA NACIONAL.

Las organizaciones socio laborales que nos aglutinamos en la coalición sindical “PATRIA JUSTA”, hacemos responsable directo al propio señor Presidente de la República, don Luis Guillermo Solís Rivera, del desencadenamiento de la violencia, en este caso policial, luego de haberse desatado el delicado conflicto huelguístico en los muelles portuarios de Limón y de Moín; movimiento liderado por el sindicato SINTRAJAP.

La actitud presidencial merece nuestra más enérgica condena, tanto como condenamos las órdenes de ejecución represiva en el plano operativo, impartidas por el Ministro de Seguridad, señor Celso Gamboa Sánchez y su inmediato en la máxima jerarquía de la Fuerza Pública, señor Juan José Andrade Morales.

La “eficiente” acción presidencial represiva nunca fue vista ni en las peores situaciones de conflictos similares con ocasión de los tradicionales gobiernos del bipartidismo PLUSC. Este es un dato digno de tomar en cuenta acerca del poderío corporativo-empresarial que se asoma ya en Zapote.

Liberamos a los y a las policías de base y de los mandos medios que deben acatar órdenes en función de sus delicadas, e ingratas, tareas asalariadas en casos como éste. Quedará constando que la orden de reprimir salió del mismo despacho presidencial.

PATRIA JUSTA” deja claro su apoyo total a este movimiento de huelga y, en especial, a su organización dirigente, SINTRAJAP. Evaluaremos en próximas horas la situación y analizaremos diversas opciones de materialización concreta de nuestro respaldo más allá de esta declaración.

SINTRAJAP levanta las banderas de la libre competencia, de la libertad de elección comercial y contra la entronización monopólica de la actividad portuaria. La operación pública de los estratégicos muelles de Limón y de Moín, a través de la huelga de SINTRAJAP, está planteando que la dejen competir en igualdad de condiciones con la transnacional privada que malos costarricenses ayudaron a instalarse en el país.

La causa de SINTRAJAP debe ser una cruzada de todos los costarricenses auténticos, en contra de la entrega de los bienes, de los intereses nacionales y del futuro de la Patria.

PATRIA JUSTA” ha comprendido que la entronización del monopolio transnacional en la operación portuaria de los muelles de Limón y de Moín, generará un alza significativa en el costo de la vida del pueblo costarricense; pues se le está autorizando para que la operación de carga y descarga de los contenedores, en situación monopólica, se eleve hasta en un 300%.

Si se impone la represión, si se impone el totalitarismo neoliberal empresarial, si la Presidencia de la República cedió a los intereses corporativos transnacionales por sobre los del país, entonces no tiene sentido lo que parecía ser un sano esfuerzo de Diálogo Social.

PATRIA JUSTA” estima que el camino de la represión, que el camino de la violencia político-policial, que el camino de enfrentar a unos trabajadores (los muelleros), contra otros trabajadores (los policías), dinamita los puentes del diálogo ya de por sí sumamente frágiles, dejando estéril la intención transparente y de buena fe de nuestro lado a favor del Diálogo Social; proceso éste que, a nuestros entender y con lo actitud presidencial de decidirse por la violencia policial, se pone en “respiración artificial”.

PATRIA JUSTA” hace un llamado vehemente a la paz, al diálogo y a la defensa de la Constitución Política y la Soberanía Nacional, llamando a todo el pueblo costarricense para combatir la entrega de nuestras riquezas a las nuevas formas del filibusterismo internacional.

San José, jueves 23 de octubre de 2014.

Albino Vargas Barrantes
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)
Fabio Chaves Castro
Frente Interno de Trabajadores y de Trabajadoras del Instituto Costarricense de Electricidad (FIT-ICE)
Harold Chinchilla Castro
Sindicato Nacional de Enfermería (SINAE)
Manuel Rodríguez Acevedo
Sindicato de Trabajadores Petroleros, Químicos y Afines (SITRAPEQUIA)
José Luis Soto Rodríguez
Unión del Personal de Instituto Nacional de Seguros (UPINS)

Pago de horas extra a oficiales de la Fuerza Pública es un logro de la ANEP

Tras el anuncio realizado por el Ministerio de Seguridad Pública, sobre el Reglamento para el pago de horas extra a los funcionarios de la Fuerza Pública, publicado en la Gaceta N° 199 del 16 de octubre del año en curso, exponemos lo siguiente:

Este reglamento para el reconocimiento de horas extra, nace producto de un recurso de amparo interpuesto por la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), el cual fue declarado con lugar mediante la resolución 13023-2012 de la Sala Constitucional, en dicha resolución la Sala Constitucional establece que la disponibilidad y el tiempo extraordinario son dos figuras jurídicas distintas. La disponibilidad es un rubro que obliga al funcionario a estar expectante en caso de ser requerido por el patrono en su tiempo libre o de descanso, en casos de emergencia, pero si este debe laborar, tendrá derecho de cobrar ese tiempo como extraordinario.

La Fuerza Pública, en la actualidad labora una jornada de doce horas, amparada la administración en que se manifestó por parte de la Procuraduría General de la Republica, sobre la posibilidad de que el policía labore hasta un máximo de doce horas, nunca se dijo que ese hasta doce horas, fuera de forma “ordinaria”, esta es la jornada máxima permitida en el Código de Trabajo en su artículo 140.

Nosotros en ANEP, hemos detectado que en la acción de personal como parte del contrato, la jornada por la que se estaría pagando a los policías de la Fuerza Pública, es de ocho horas diarias, (a pesar de trabajar doce) así lo hemos comprobado a la hora de identificar que el precio por hora del funcionario “raso” es de ¢1.167.91 que al multiplicar por 8 horas y luego por 30 días, en razón del salario mensual, el monto total es del salario base de un agente uno, “rasó”.

Sobre el reglamento en sí, encontramos abusos por parte de la administración, en algunos de sus artículos, donde pareciera se modifica tácitamente lo establecido en el código de trabajo, e inclusive nos parece se desobedece lo señalado en la resolución de la Sala Constitucional, que pasamos a citar:

“Por resolución 13023-2012 de las once horas y treinta minutos del catorce de setiembre de dos mil doce, la Sala Constitucional señaló que la disponibilidad no resultaba incompatible con el pago de horas extraordinarias, por lo que el pago de horas extraordinarias resulta procedente, si durante la disponibilidad el funcionario ha realizado labores efectivas”.

No entendemos bajo qué criterios determinan que la jornada extraordinaria, sumada la ordinaria no podrá sobrepasar de las quince horas, cuando el código de trabajo claramente señala el tiempo máximo en doce horas, pero además establece un tiempo máximo, en una función policial que muchas veces por situaciones de emergencia, se ve obligada a superar ese tiempo, ¿qué sucede entonces?.

Sin embargo, celebramos que gracias a una de nuestras acciones en favor de las y los trabajadores de las policías se inicie con este reglamento, que procuraremos sea mejorado conforme a lo señalado por la sala constitucional en la sentencia N° 13023-2012 y la normativa que nos regula en esta materia.

Defensoría acoge investigar denuncia de la ANEP sobre torre médica del Calderón

La Defensoría de los Habitantes ha procedido a revisar la queja presentada por la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), sobre los problemas estructurales que sufre la torre norte del hospital Rafael A. Calderón Guardia, que pone en riesgo la vida de los usuarios del centro médico.

“Después de haber analizado la denuncia interpuesta por la ANEP, la Dirección de Admisibilidad, actuando por delegación del Jerarca Institucional y conforme lo establece nuestra ley, ha resuelto admitirla para ser investigada”, indica el documento de la Defensoría.

Giovanni Ramírez, Promotor y Directivo Nacional ANEP, indicó que la denuncia también fue expuesta ante la opinión pública por medio de Diario Extra, en donde dos notas periodísticas tituladas “Alerta por daños en torre norte del Calderón Guardia” y “Emergencia en el Calderón Guardia” hacen mención a lo denunciado por la ANEP, que al parecer en la Caja Costarricense del Seguros Social no prestaron la atención debida.

Puede encontrar la denuncia completa en el siguiente link.

Funcionarios públicos se manifestaron contra el recorte

Uno a uno, los diversos empleados del sector púbico fueron tomando el parque central en la capital, con banderas, carteles y mantas mostraban su desaprobación contra el recorte presupuestario.

Niños de los Cen-CINAI mostraron ante la opinión pública, las consecuencias de realizar recortes a estos centros de salud, de los cuales dependen miles de familias en el país.

Representantes de diversas instituciones se unieron a la marcha convocada por la ANEP, en defensa de los trabajadores del sector público y en reproche a la afectación que sufrirán los diversos servicios públicos; que ya de por sí venían sufriendo grave deterioro y precariedad.

A las 11:00 de la mañana, los cientos de trabajadores públicos iniciaron su movilización hacia la Asamblea Legislativa, acompañados por diputados del frente amplio que se unieron a la protesta.

Ya en las afueras de la Asamblea Legislativa, la ANEP entregó a los diputados un documento que engloba las razones por las cuales se opone al recorte presupuestario que se discute en la Asamblea Legislativa. Además, de su visión sobre el déficit fiscal y una propuesta para encarar el problema.

Hay que abrir el TISA al debate público, dicen los expertos en el primer foro mundial

Desde la educación al transporte, pasando por las finanzas o la salud, el nuevo Acuerdo sobre el Comercio de Servicios (TISA) plantea amenazas serias para la calidad de los servicios que ofrecen distintos sectores públicos que afectan a la vida de los ciudadanos y ciudadanas.

Este es uno de los resultados del primer Foro Mundial sobre el Comercio de Servicios, celebrado en Ginebra el 17 de octubre de 2014, organizado conjuntamente por la Internacional de Servicios Públicos (ISP), la Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) y la red Our World Is Not For Sale (OWINFS).

Especialistas de primer orden y más de 140 representantes de sindicatos, sociedad civil y gobiernos expresaron su alarma por el secretismo con el que están negociando el nuevo acuerdo internacional de comercio, un grupo reducido de gobiernos, con el apoyo de una coalición de corporaciones

“El secreto de estos acuerdos de comercio desdeña cualquier participación democrática,” afirma Jane Kelsey, Profesora de Derecho de la Universidad de Auckland, Nueva Zelanda.

“Los servicios son fundamentales para la vida diaria de la población y lo que vemos en estos acuerdos es un intento de convertirlos en productos comerciales, de forma que beneficien sólo a las mayores compañías del mundo”.

Según Herta Däubler-Gmelin, antigua Ministra de Justicia de Alemania, los acuerdos de comercio deberían ser debatidos por los parlamentos nacionales y dentro del Parlamento Europeo, con total transparencia. En caso contrario, suscitarán protestas y no ofrecerán los resultados que quienes los apoyan continúan prometiendo.

En los Estados Unidos, “la industria y los grupos de presión del comercio tienen una representación mayoritaria en el Comité Asesor de Comercio, y llegan a alcanzar el 85% del total de sus miembros” reveló Celeste Drake, especialista en política de comercio y globalización de la AFL-CIO.

Este foro supuso una oportunidad única de examinar las repercusiones negativas del TISA y el lado más oscuro de su agenda privatizadora y desreguladora; pero también sirvió para empezar a plantear alternativas y soluciones al proceso en curso.

“El interés y la participación en el foro demuestran la preocupación creciente por estas conversaciones secretas”, afirmó Daniel Bertossa, Director de Política y Gobernanza de la ISP.

“Desde hoy está claro que los sindicalistas y la sociedad civil están enojados por lo que se está negociando en su nombre”.

Para más información: