En la edición del Diario Extra del pasado sábado 11 de octubre, aparecen dos espacios que suscribe el señor Director General de la Fuerza Pública, don Juan José Andrade Morales, acudiendo él al mecanismo jurídico del Derecho de Respuesta, refiriéndose a algunas de nuestras denuncias, varias de las cuales están en manos de la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción; denuncias publicadas por distintos medios de comunicación, Especialmente resaltamos la publicada en Diario Extra, titulada “ANEP ARREMETE POR CORRUPCIÓN EN MSP”.
En su “derecho” de respuesta, el indicado jerarca policial utiliza sinónimos para desvalorizar llamando a nuestras denuncias como de “especies” y “mendaces”. Con ello deja al desnudo su personalidad; y como queriendo convencerse a sí mismo señala que “es totalmente falso que las mentadas jackets debían cambiarse”. Pero con esto sólo nos confirma que la razón nos asiste al pedir un cambio.
No hemos intentado propalar especies negativas en el ánimo de los demás, como intenta hacerlo ver el señor director de la Fuerza Pública. No hace falta porque en nuestra querida Fuerza Pública ya los tiempos del “buey manso” son cosa del pasado. Tampoco hemos dado información sin fundamento, por eso a las pruebas me remito, señor Andrade. Veamos, entonces, ¿quién se aleja de la verdad?… ¿Quién es falaz?
Informe de auditoría AGSP/SA-01-1214-2014. Este informe señala: “Cabe destacar que los resultados del presente estudio fueron discutidos el día 12 de julio del 2014, con los señores Nilss Ching Vargas, Subdirector General de la Fuerza Pública…”; y agrega a otros funcionarios del Ministerio de Seguridad Pública.
Se señala en uno de sus párrafos: “No se adjuntó estudio de razonabilidad del precio a la solicitud de pedido N° 2051220143 del 05 de febrero del 2012”; y agrega más adelante, “al no contar con sondeos de precios o estudios de marcado se corre el riesgo de comprar a un precio que podría no ser el más conveniente para los intereses de la institución o un producto que no cumple con todos los requerimientos técnicos establecidos por el programa ejecutor”. (Sucedió por cierto, en apariencia algo parecido con la copra de conos).
A las pruebas me remito, señor Andrade. El informe AGSP/SA-01-1214-2014, apartado 1.3), sobre la reposición de jackets policiales dañadas cita: “se adquirieron un total de 17.428 unidades de jackets policiales por un monto total de ¢1.743.320.997,48 de las cuales se asume que todas fueron elaboradas con las mismas características técnicas (incluida cinta reflectiva que presento problemas de decoloración) dado que no existe documentación que demuestra lo contrario”. En el inciso c), se establece que sería su responsabilidad realizar el cambio de cada unidad que presente un deterioro visible en las cintas aludidas dentro del periodo de garantía de la prenda.
Sin embargo, en el inciso e), se señala por parte de la auditoría lo siguiente: “Únicamente consta la reposición de 425 unidades de jackets por parte de la empresa…que fueron entregadas el 10 de junio del 2013”. Más adelante establece que: “Posteriormente se presentaron oficiales de diferentes delegaciones a los que no fue posible realizarles el cambio debido a que se agotaron las 425 unidades. Como puede notarse no se siguió el procedimiento anotado en el acta de compromiso por falta de una gestión efectiva de la Dirección General de la Fuerza Pública en el cumplimiento de ese compromiso y deber que le asiste”.
Señor Andrade: Como puede ver no utilizamos especies, ni faltamos a la verdad; mire usted que todo esto está citado en el informe de marras. No es de recibo que nos llame mentirosos para encubrir sus debilidades, conforme a lo señalado en los informes en nuestro poder. ¿Por qué se compraron 17.428 jackets? Si el saldo en bodega es cero, ¿dónde están las casi 4000 unidades que deberían estar en bodega?, por cuanto la cifra policial no alcanza los ¡14.000!
Señor Andrade: Por razones de espacio no podemos transcribir todo el informe que pareciera usted no ha leído. Nos recuerda usted al anterior Ministro de Seguridad quien nos pedía mostrarle las delegaciones “cuchitriles” cuando las tenía a la vista.
Termino señalando que es el mismo informe el que señala: “La diferencia 2482 jackets por un monto promedio de ¢248.843.855,62 de las cuales en este momento no se tienen en bodega y corresponde a la Dirección de la Fuerza Pública, por el deber de probidad que le asiste en el manejo de bienes públicos, dar cuenta de donde asignaron o en donde se tienen en custodia”. ¡Díganos!, ¿dónde se asignaron?
Este mismo informe de auditoría interna N° AGSP/SA-01-1214-2014 señala en uno de sus párrafos: “Finalmente considera esta auditoría que los funcionarios responsables del manejo de los recursos en el sub-programa 090-03 Seguridad Ciudadana, obviando su deber de probidad que el ordenamiento les demanda, no implementaron los controles necesarios para la distribución y control de entrega de las jackets policiales”.
No podemos, por ahora, referirnos a su nombramiento. Sin embargo, si tiene usted en su poder los instrumentos administrativos y jurídicos que le permitieron, habiendo ingresado en el 2001, convalidar y lograr entre el año 2004 y el 2007 alcanzar el grado de “comisario”; por favor, ¡muéstrenos y aclárenos lo siguiente: ¿por qué otros no pueden obtener ese mismo beneficio? Señor Andrade, con respeto: “la estatura de un hombre no la da lo que hace, sino lo que es, la verdad es el bien, la verdad es la vida”.
