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Título del campo pagado:
“NO MÁS INJERENCIA POLÍTICA RESPETO A LA AUTONOMÍA DE LA CCSS”

En primer lugar, respeto los criterios externados por cualquier ciudadano de nuestro país, aunque no lo comparta, ya que ello justamente es el poder vivir en una “democracia” como la que estamos acostumbrados en nuestra querida Costa Rica y, heredada por nuestros sabios antepasados, aunque hoy en día, los gobiernos anteriores, (bipartidismo), la han dejado muy deteriorada.

“El grupúsculo que promueve semejante despropósito está pasando por un momento de delirum tremens, pretende que se violente la autonomía de gobierno que esta noble institución tiene consagrada en el artículo 73 Constitucional desde 1943”.

En cuanto a este comentario, les contesto a los señores Solano Alfaro y Chavarría Vega, que no se trata de un grupillo minúsculo el que ha promovido o solicitado al Poder Ejecutivo la intervención de nuestra Caja Costarricense de Seguro Social, se trata de un ciudadano con nombre y apellido Roberto Mora Salazar y, de manera amable me secundaron personeros de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) y del Sindicato Nacional de Enfermería (SINAE).

Me siento con los atestados suficientes y con la autoridad moral, para solicitar esta petición al señor Presidente de la República, porque soy Costarricense y, porque he cosechado los suficientes méritos a través de largos 13 años de luchar incansablemente por los intereses legítimos de nuestra Seguridad Social, sin paga alguna.

Hemos solicitado, la intervención inmediata de la CCSS para sacar toda la podredumbre que se encuentra en ella, ya que existen innumerables personeros que son realmente honestos y trabajadores, sin embargo, esos grupos de corruptos ha logrado tal poder, que no les permiten a sus subalternos ni siquiera mirarlos a los ojos, porque instauraron el horror y temor diciendo que por la mínima les abren un proceso administrativo y, por consiguiente el despido.

Esa intervención solicitada, es y será de primera línea, con gente honesta, de buenos principios, con excelentes atestados y totalmente ajena a la Institución porque, no queremos salir de guatemala para guatepeor, como dice nuestro adagio popular.

Entiendo perfectamente sus posiciones Dr Solano y Señor Chavarría, se deja ver de manera clara su afectación si se logra esta intervención. Es inconfundible Doctor Edwin Solano, que lo que Usted y su grupo protegen es la Ley de Incentivos a los Profesionales en Ciencias Médicas, N° 6836, promulgadas por el Ex Presidente Luis Alberto Monge Álvarez, ya que si la Caja es intervenida, Usted sobre todo como Presidente de la Unión Médica Nacional, se quedará sin ese puesto. Las cosas cambiarían para Usted en su título personal, considerablemente.

Artículo 1.- Créase una escala de salarios con once categorías, representadas por niveles de grados que van del G-1 al G-11. Cada nivel o grado tendrá un salario base, un salario de contratación que incluye los sobresueldos, y un incremento anual de un 5.5 % sobre el salario base, los cuales formarán los salarios intermedios o pasos hasta un máximo de treinta anualidades.

Así las cosas, el señor Luis Chavarría, Secretario de UNDECA, posiblemente se verá de igual forma afectado, porque quedará en evidencia ante los ciudadanos de este país y de los asociados a este sindicato, su complacencia ante los actos corruptos que se dan en nuestra Institución y nunca son denunciados para exigir cambios positivos en la Institución.

Les pregunto a los dos distinguidos ciudadanos:

¿Por qué desde sus importantes y remuneradas posiciones, no han intercedido para que el gobierno cumpla con lo que indica el artículo 177 de nuestra Constitución Política, que entre otras dice:

Para lograr la universalización de los seguros sociales y garantizar cumplidamente el pago de la contribución del Estado como tal y como patrono, se crearán a favor de la Caja Costarricense de Seguro Social rentas suficientes y calculadas en tal forma que cubran las necesidades actuales y futuras de la Institución. Si se produjere un déficit por insuficiencia en las rentas, el Estado lo asumirá, para lo cual el Poder ejecutivo deberá incluir en su próximo proyecto de presupuesto la partida respectiva que le determine como necesaria la citada Institución para cubrir la totalidad de las cuotas del Estado.

Les aseguro, una cosa es hablar y, otra es actuar, no traten ahora de figurar como salvadores (de mentirillas) de NUESTRA Caja y, muchos menos hacer incurrir en gastos millonarios de ₡2.526.810.00 para pagar al periódico la Nación el CAMPO PAGADO de las cuotas de sus asociados para beneficio propio, les aseguro eso no es decente.

Costa Rica es el único país de todo el continente, junto con Panamá, que no cuenta, ni en la legislación ni en la práctica, con medios conceptualizados como comunitarios. Estos medios son los que cubren espacios físicos determinados, con el interés de satisfacer la información de una comunidad específica. Pero no sólo eso, sino también que dichos medios son gestionados por las mismas comunidades, de manera totalmente independiente y no tienen el lucro como su razón última de ser.

Los medios comunitarios cumplen una función importantísima en la sociedad, crean un balance de la agenda informativa, regional y nacional, al tratar temas que no buscan incrementar el rating, ni satisfacer influencias de sujetos políticos, económicos o sociales específicos.

Los medios comunitarios no ceden a la presión de seguir el torrente de la masividad de las noticias, no es de su interés si la “farandulera” de Hollywood volvió a mostrar sus atributos en bikini, o si el asesor presidencial va a misa o no.

Los medios comunitarios saben que tienen en sus manos un bien más preciado que el oro y le sacan el mayor provecho posible. Por eso los medios comunitarios son urgentes para la democratización de la información y la comunicación.

Pesos y contrapesos

El pasado 19 de agosto, el periódico La Nación publica entrevista realizada al Ministro de la Presidencia, don Melvin Jiménez Marín, donde el señor Ministro evidencia que las críticas al Gobierno se maximizan porque las comunidades, que según él sí apoyan al Ejecutivo, no tienen medios de comunicación para expresar dicho apoyo. Por lo menos esta es la interpretación que hago de sus palabras.

Y tiene razón don Melvin. Si existen comunidades que hacen una valoración positiva al Gobierno, esos grupos de personas no tienen ninguna posibilidad de salir en los medios masivos, sobre todo si tienen una agenda pactada para dañar la imagen del Ejecutivo, del actual o de cualquier otro, futuro o pasado. Sí, para los contrapesos políticos son necesarios los medios comunitarios, libres y autónomos.

Esto lo supo bien el gobierno del señor Rafael Correa Delgado, Presidente de la República del Ecuador, quien desde el inicio de su mandato ha tenido fuertes encuentros con los conglomerados mediáticos de su país. Para potenciar las decisiones de su administración se ha aliado con la gran red de medios comunitarios del Ecuador, gestionados por las propias comunidades y en cuyas bases tiene gran apoyo el señor Correa. Así, las propuestas del Gobierno, que son invisibilizadas o atacadas en los grandes medios, son compartidas y analizadas mediante los medios comunitarios. Ojo que esto no limitó nunca la independencia de los medios comunitarios, los cuales también han sido críticos con el Gobierno en sus luchas específicas, como sucedió con el conflicto petrolero en la zona del Yasuní.

El Gobierno del Presidente Solís Rivera ha dicho que quiere escuchar, de verdad prestar atención, a las voces de quienes nunca hablan, de quienes no han podido, hasta ahora, ser oídos por el poder político. Para esto han proclamado una Casa Presidencial de puertas abiertas, una “Casa de Cristal” donde todos puedan ser vistos y escuchados. Yo digo que eso no basta. Es importante si, pero no suficiente.

El señor Solís, y su Ministro de la Presidencia, están frente a una coyuntura única que podría situarlos en la historia del derecho a la comunicación. La Contraloría General de la República está exigiendo una nueva ley de radio y televisión, ya que la actual es una pantomima de ley y el servicio de radiodifusión está casi que a la libre. Y además, el año 2017 es la meta para el salto del sistema analógico al digital en la televisión abierta.

Estos dos aspectos son de tal trascendencia, que pueden cambiar radicalmente la forma de hacer comunicación en Costa Rica. Una nueva ley de radio y televisión es la puerta para trasformar los conceptos y las formas de estos medios. La redistribución y la regionalización del espectro radioeléctrico es la solución para la creación de más medios de comunicación, sobretodo de radio, y que no respondan solamente a criterios comerciales, sino también públicos, institucionales y comunitarios.

Urge debate

El Gobierno del señor Solís debe liderar la discusión de cómo debe ser esta nueva ley, discusión que debe incluir a la mayor cantidad de actores interesados en el tema y no únicamente a las cámaras empresariales.

El tema de regular el salto digital en la televisión abierta es más que urgente. Dentro de 3 años se dará dicho salto y al momento, por lo menos la academia y la sociedad civil, no tienen claro cómo se hará dicho cambio ni cuáles serán las reglas del juego. No estoy hablando de aspectos técnicos, sino políticos.

La digitalización implica que por cada canal que existe ahora, se podrán tener 3 o 4 más. Un ejemplo hipotético es que canal 3 se transformará en canales 3.1, 3.2, 3.3 y un canal para móviles. Y hasta el momento no hay un reglamento que diga que va a pasar con esos nuevos canales. ¿Si una empresa o persona tiene concesionado un canal eso implica que tendrá por defecto la concesión de esos otros 4 canales? ¿Habrá una reserva de los nuevos canales creados para otros intereses, más públicos y menos privados? ¿Una empresa como Repretel pasará de tener 3 canales a tener 12? Dudas razonables y que deben ser contestadas de inmediato.

Sí, tiene razón el señor Ministro de la Presidencia de que las comunidades no pueden expresar sus opiniones porque no tienen medios de comunicación para hacerlo. Y está en manos de este Gobierno la responsabilidad para que dichos medios puedan existir, construyendo una nueva ley de radio y televisión y guardando parte del dividendo digital para las comunidades.

La Internacional de Servicios Públicos (ISP), una entidad global del mundo sindical de los servicios públicos, ha publicado un importante documento en que consigna diversas experiencias de lucha ciudadana, social y obrera, durante los últimos tiempos, en defensa de los servicios públicos que han venido siendo atacados con dureza y crueldad desde los ámbitos del neoliberalismo en su afán de apropiación total, vía privatización, para convertirlos en fuente de lucro privado. Hablamos del trabajo titulado “La tragedia de lo privado: el potencial de lo público”.

Para este trabajo, ha cooperado también el Transnational Institute (TNI), una prestigiosa red mundial de investigadores y de activistas que analizan, día a día, la situación sociopolítica y económica del planeta; a la luz de la ofensiva planetaria del capital hegemónico de signo financiero-bancario que está a la cabeza del ataque neoliberal a toda la Humanidad.

Al entrar en el buscador Google y escribir el título de este documento, “La tragedia de lo privado: el potencial de lo público”, usted tendrá a su disposición este material; especialmente para todas aquellas personas que son luchadoras sindicales, que abogan por el bien común, que piensan en sociedades de inclusión y de movilización social. Incluso, podría ser de utilidad para quienes, desde la comodidad de su vida del lado del capital, como parte de él o sirviéndole al mismo, creen que la Humanidad ha de preservarse por esa vía de exclusión y de corrupción, de depredación y de guerras, inherentes a la ideología del neoliberalismo. La publicación de “La tragedia de lo privado: el potencial de lo público” nos llega en un momento muy preciso. Como parece inminente un fracaso del actual proceso de liberalización y desregulación total y abusiva del comercio global, en el seno de la Organización Mundial del Comercio (OMC); las multinacionales apuestan por lograrlo en el ámbito de los servicios públicos, tratando de imponer el TISA (Trade In Services Agreement), conocido en español como el Acuerdo Mundial sobre Comercio y Servicios.

En el prefacio del documento “La tragedia de lo privado: el potencial de lo público”, la compañera Rosa Pavanelli, secretaria general de la ISP, nos indica que debemos ser “…conscientes de que, en la actual era de la globalización, debemos luchar colectivamente en todo momento para desarrollar unas sociedades que se basen en los principios de la justicia y la equidad, y se fundamenten en unos servicios públicos de calidad”. En su introducción, este excelente trabajo nos indica que la expresión “La tragedia de lo privado” (primera parte de su título), es “…para poner de relieve lo fundamentalmente inadecuado que resulta aplicar la lógica del negocio privado, basado en maximizar las ganancias, a la gestión de recursos compartidos, tanto naturales como sociales, y a la satisfacción de necesidades sociales”.

Al considerar la realidad costarricense del presente, que destaca la desigualdad como problema número uno del país, la defensa de los servicios públicos diseñados para el bien común, deviene como factor estratégico de la lucha social. Por ello, recomendamos leer y estudiar el documento de la ISP y del TNI, “La tragedia de lo privado: el potencial de lo público”.

Esto es sumamente crucial en lo que respecta, por ejemplo, a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), así como a lo que concierne a Acueductos y Alcantarillados (AyA). Las tendencias de privatizar la Salud Pública que nos brinda la Caja, así como las intentonas de apropiación del recurso hídrico siguen fortalecidas y continúan avanzando…