TISA, negociaciones comerciales secretas para acelerar el proceso de privatizaciones y desregulaciones

Agnes Rousseaux
CETRI
Traducido del francés para Rebelión por Susana Merino

Se trata de un gran acuerdo comercial del que nadie habla, negociado en la mayor opacidad. Cincuenta países, incluyendo a los más fervientes defensores de la liberalización están discutiendo actualmente la apertura del “mercado de servicios” a la competencia internacional. Educación, salud, transportes, telecomunicaciones, servicios financieros… Todo se está exponiendo en la mesa de negociaciones. Sin que los ciudadanos ni los parlamentarios digan una palabra. Los negociadores, sometidos a las fuertes presiones de los lobbies, se reunieron recientemente en Ginebra en el 7° encuentro de intercambios internacionales, que podría amenazar seriamente a los servicios públicos y a las tentativas de regulación del sector financiero.

Este nuevo embate podría terminar con los servicios públicos, el agua, la educación o la salud, el fin de todo propósito de regular los mercados financieros o de proteger los datos de la ciudadanía. En síntesis un escollo jamás visto en el ejercicio de la democracia y el funcionamiento de las políticas públicas. El Acuerdo sobre el Comercio de Servicios (ACS) dentro del Trade in Services Agreement (TISA) se está negociado entre 50 países (1) incluidos los de la UE. Fue lanzado por los EE.UU. y propuesto a los países miembros de la Organización Mundial de Comercio (OMC) bautizado como el grupo “Verdaderos buenos amigos (de los servicios)” (Really Goods Friends).

“Calmar la frustración de las empresas”

Estas negociaciones se desarrollan fuera del marco de la OMC con los países que son más partidarios de la liberalización de los servicios, contrariados por el impasse de las negociaciones de Doha iniciadas en 2001 (2). Esos países representan más de las dos terceras partes del comercio mundial en servicios. Numerosos sectores se hallan incluidos: educación, transportes, correos y telecomunicaciones, servicios de auditoría y contabilidad, ingeniería y logística, salud, seguros, nuevas tecnologías y transferencia de datos, investigación, bancos y servicios financieros… El objetivo es abrir más aún a la competencia del sector de los servicios públicos e impedir toda intervención pública.

“Estas negociaciones son la oportunidad más prometedora de las últimas dos décadas para promover el comercio de servicios a escala internacional”, se entusiasma el lobby de la industria de los servicios en los EE.UU. La Coalición Internacional de las Industrias de Servicios (GSC) que integra el Medef es aun más explicita: este acuerdo se ha concebido “para apaciguar la frustración de las empresas, ocasionada por el impasse de Doha en materia de servicios” declara (3)

Prohibir toda intervención de los Estados

”Se trata de una tentativa de ampliar secretamente los aspectos más nefastos del infame acuerdo AGCS que generó, en el pasado, protestas mundiales”, responde Rosa Pavanelli, secretaria general de la Internacional de Servicios Públicos (ISP). Según esta organización, que reúne a los sindicatos del sector y representa a 20 millones de trabajadores, el ACS limitaría la capacidad de los gobiernos de legislar en algunos sectores como la seguridad de los trabajadores, el ambiente o la protección de los consumidores “El AVS se inscribe en una inquietante nueva ola de acuerdos comerciales y de inversión, fundado en poderes jurídicamente obligatorios que institucionalizan los derechos de los inversores y prohíben toda intervención estatal en un amplio abanico de sectores indirectamente vinculados al comercio”, menciona la organización internacional en un detallado informe.

Varios aspectos del acuerdo han sido duramente criticados por las organizaciones sindicales y no gubernamentales. En primer lugar todo sector que no se halle explícitamente excluido, protegido por cada país, podría estar incluido en el acuerdo. Con todos los peligros que eso implica. Estos acuerdos abrirían ampliamente la puerta a un flujo de empresas privadas en el sector educativo europeo, alerta la federación internacional de sindicatos de maestros. Una cláusula de estatu quo fijaría los actuales niveles de liberalización de cada país volviendo imposible la remunicipalización de los servicios de agua corriente, por ejemplo, o complicaría el restablecimiento de monopolios públicos en sectores actualmente abiertos a la competencia (4). Otro principio, la “cláusula con efecto cliquet (sic) que inmovilizaría toda liberalización futura de un determinado servicio. Una parte del seguro de desempleo, ¿estaría privatizada, como en el Reino Unido? Las jubilaciones, ¿estarían desmanteladas en beneficio de los fondos de pensión? ¡Imposible retroceder! Un atentado a las libertades democráticas fundamentales, denuncia la federación sindical internacional que ve en este futuro acuerdo una manera de volver permanente e irreversible un sistema de privatizaciones para todas las generaciones futuras”. Y los gobiernos absolutamente maniatados por las decisiones de sus predecesores: he aquí porque sería un grave atentado al funcionamiento democrático.

Bloquear las privatizaciones

Otro problema es que el acuerdo podría imponer a las autoridades públicas una “obligación de neutralidad económica” entre prestatarios de los servicios públicos y privados, denuncia el ISP. Es decir, que todo aporte financiero a los servicios públicos debería hacerse extensivo al sector privado “Si en un sector existen servicios privados junto a servicios públicos (por ejemplo, hospitales, escuelas) ambos tendrían derecho a las mismas subvenciones, en nombre de “la libre competencia y no falseada”, explica la organización Stop TISA. De modo que una universidad estadounidense podría instalarse en Suiza solicitando una financiación similar a la de las demás universidades públicas con cargo a los contribuyentes”. Un estado que subvencionase la construcción de un hospital público, ¿deberá financiar también una clínica privada en su cercanía? Estas y otra críticas incluidas en un documento de la Comisión Europea que sintetiza la consulta realizada a los “decididores y a las ONG”.

Las negociaciones comenzaron en febrero de 2012 y deberían concluir en 2015. Los negociadores de los países participantes se reúnen regularmente en Ginebra, bajo la conducción de los EE.UU. y Australia (5). En junio de 2013 un lapidario comunicado anunció que “los miembros de la OMC que están analizando nuevos planteos dirigidos al progreso de la liberalización del comercio de servicios están satisfechos de los progresos de las discusiones sobre el comercio de servicios (TISA)”. E invitan a incorporarse a otros países, miembros de la OMC que comparten estos mismos objetivos. China apoyada por la UE ha solicitado ya participar en estas negociaciones. Sus divergencias con los EE.UU. en torno a otros acuerdos comerciales no le han permitido aun ser admitida en la mesa de las discusiones..

Negociaciones secretas

Los participantes estimaron en noviembre de 2013 que el acuerdo se hallaba ya suficientemente “maduro” y lanzaron la etapa de “comercialización de ofertas iniciales” en la que cada país debe precisar cuáles son los sectores que desea incluir en el acuerdo y las modalidades que propone en cuanto a “apertura” a la competencia internacional de esos sectores, según un marco predeterminado por el acuerdo. A principios de 2014, la mayor parte de los países han intercambiado sus propuestas, actual base de las discusiones en curso. Algunos como Suiza y Noruega las han hecho públicas (6) mientras que otros países se hallan poco inclinados a que las conozcan sus ciudadanos.

No se sabe sin embargo gran cosa del contenido de las negociaciones ni de los términos generales del acuerdo, ya que se desarrollan dentro del “mayor secreto y al margen de los derechos democráticos”, subraya Rosa Pavanelli. En febrero de 2013, la Comisión Europea solicitó al Consejo, representante de los Estados miembros, dar libre paso alas discusiones. La apertura de las negociaciones fue inmediatamente validada por el Parlamento Europeo en julio de 2013 por 536 votos a favor y 111 en contra (7), con los votos franceses del PS y del UMP. Frente de Izquierda y ecologistas votaron en contra. En su resolución el Parlamento lamenta sin embargo que el Consejo haya adoptado una decisión sin tener en cuenta la opinión de los diputados. Y observa que: “el mandato de negociación de la UE fue propuesto por la Comisión y adoptado por el Consejo sin haber sido analizado el impacto”. Algo que no ha impedido ser votada por una amplia mayoría… ¡Cuando están en juego los intereses económicos, la democracia se vuelve facultativa!

Los lobbies industriales han sido consultados, pero los ciudadanos no

Wikileaks acaba de aclarar un poco la opacidad que reina en estas negociaciones, divulgando el anexo del acuerdo relacionado con los servicios financieros. De acuerdo con ese documento, especialmente redactado por los EE.UU. y Europa, las propuestas han sido clasificadas como confidenciales durante “cinco años a partir de la entrada en vigor del ACS o si no se ha llegado a ningún acuerdo cinco años después del cierre de las negociaciones”, el documento establece que su divulgación no está autorizada y que el texto debe ser “guardado en una construcción, una habitación o un contenedor cerrado y asegurado”.

Es evidente que los lobbies de la industria y los servicios tienen mucho más acceso a las informaciones que los ciudadanos y sus representantes: la Global Service Coalition ha enviado sus delegados a Ginebra con ocasión de las negociaciones de abril de 2014. Y se felicita en un comunicado de haber podido confirmar su apoyo sin reticencias al proceso y haber compartido sus puntos de vista con los negociadores.

Un acuerdo con muchas expectativas para las empresas

Lo menos que puede decirse es que las multinacionales de los países involucrados se hallan muy motivadas por las expectativas del acuerdo: “Las caídas del TISA podrían ser enormes para las empresas del sector servicios, explica la Cámara de Comercio de los EE.UU., está convencido de que las actuales negociaciones son “una oportunidad única para demoler los obstáculos al comercio internacional”. “Este palpitante nuevo acuerdo tiene el potencial de inflar el crecimiento económico y la creación de empleos en los EE.UU. y en el exterior”, señala la Cámara de Comercio. Un acuerdo tan “palpitante” que podría duplicar las exportaciones de servicios de los EE.UU. con una ganancia de 869.000 millones de dólares y 3 millones de empleos (8). Pero esta es la teoría. ¡Se esperan siempre centenares de miles de empleos que la apertura a la competencia posibilitaría a diferentes sectores de la Unión Europea!

¿Qué es lo reclaman las empresas y sus representantes? Los países que firmen el acuerdo deberán en primer término eliminar las regulaciones consideradas barreras comerciales “Si reconocemos la necesidad de algunas regulaciones (para la seguridad nacional, la protección de los datos…) deberían establecerse límites y parámetros para su aplicación”, afirma el lobby estadounidense de las industrias de servicios. Su bestia negra: la distorsión de la competencia entre el sector público y privado. “La competencia desleal por parte de las empresas subvencionadas o mantenidas por el Estado, de las empresas públicas o controladas por los Estados constituyen un obstáculo cada vez más importante para la provisión de los servicios por parte de las empresas estadounidenses en muchos mercados”. Se trata de proteger al sector privado “contra los comportamientos anticompetitivos de las empresas publicas”, alega igualmente la Cámara de Comercio de los EE.UU.

El lobby estadounidense del sector desea abolir toda preferencia nacional, obligaciones de localización o las cuotas de empleados locales. Y liberalizar mucho más los sectores de los medios y de la diversión “Ningún país debería estar autorizado a introducir nuevas restricciones o excepciones que deroguen o debiliten los compromisos existentes del AGCS”, sugiere (9). Los representantes de las empresas solicitan que el acuerdo incluya un mecanismo de regulación de los diferendos. Es decir, el establecimiento de tribunales de arbitraje privados para solucionar los litigios, en el marco de una jurisdicción extranacional, donde los intereses privados son ley (10). Suiza, en la última ronda de negociaciones, ha redactado una propuesta en tal sentido.

Congeladas las regulaciones financieras

El acuerdo también incluye los servicios financieros. Y podría provocar importantes consecuencias sobre el sector. A pesar de la crisis bancaria, los promotores del TISA tratar de eliminar aún más las reglamentaciones de los mercados mundiales de servicios financieros”, analiza Wikileaks. El anexo referente a los servicios financieros permanece aún en secreto “es una propuesta que solo puede gustar a los banqueros”, denuncia el abogado Lori Wallach de la ONG estadounidense Public Citizen: el principio del statu quo mencionado en este anexo impediría, por ejemplo, establecer nuevas reglamentaciones financieras, consideradas necesarias por los gobiernos, dado que constituirían restricciones a las empresas involucradas. Resultado: el acuerdo congelaría las regulaciones financieras en el estado actual, algo totalmente insuficiente para prevenir nuevas crisis bancarias, estima el abogado. De donde se deduce el riesgo de inestabilidad financiera en los años futuros.

También se ve en este anexo la firme voluntad de los EE.UU. de lograr la liberalización de los flujos de datos. Es decir, permitir sin trabas el intercambio de datos personales y financieros entre países. Una amenaza para las libertades fundamentales, porque muchos de los países que participan en estas negociaciones, en lo referente a protección de datos, son mucho menos exigentes que Europa. El lobby internacional de servicios desea lograr una disposición que obligue a las autoridades públicas a justificar todas las medidas que podrían restringir la transferencia de datos entre países (11).

¿Un acuerdo extensivo a todo el planeta?

“Lo que resulta terriblemente inquietante, es que el ACS está siendo negociado fuera del marco comercial multilateral por los países más inclinados a la liberalización, que no esconden su voluntad de arrastrar en este acuerdo, una vez concluido, al resto del mundo”, explica Rosa Pavanelli. Los negociadores tratan de que este acuerdo sea compatible con el marco de la OMC. O en el idioma de la Comisión europea: “Velar porque la estructura del acuerdo permita una futura multilateralización”. Un modo de permitir a los 50 países signatarios presionar sobre los demás miembros de la OMC para que acepten estas reglas (12). Como para debilitar la posición de los BRICS –Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica– excluidos, por el momento, de las negociaciones o de países africanos completamente ignorados.

Se ha formado un comité “Stop TISA” y se ha lanzado un pedido. Una carta firmada por 340 organizaciones no gubernamentales en la que expresan su oposición a estas negociaciones y se envió en 2013 a los ministros de Comercio. En vista de los desafíos democráticos, económicos y políticos, así como la opacidad de estas negociaciones, las movilizaciones podrían aumentar en los meses próximos.

Notas

1) Australia, Canada, Chile, Colombia, Corea, Costa Rica, Estados-Unidos, Hong Kong, Islandia, Israël, Japon, Liechtenstein, Mexico, Noruega, Nueva-Zélanda, Pakistan, Panama, Paraguay, Perú, Suiza, Taïwan, Turquia, más los 28 paises de la Union Europea.

2) “El TISA se está negociando fuera del marco de la OMC sobre la base del artículo V del Acuerdo General sobre Comercio y Servicios (AGCS) Sobre esa base diferentes países pueden bajo ciertas condiciones ampliar entre ellos la liberalización del comercio de servicios, más allá de lo que establece la OMC, sin que esta liberalización preferencial sea sometida a la cláusula de nación más favorecida del AGCS”, Fuente: Secretaría de Estado de Economía, Suiza.

3) Correo del Comisario Europeo de Comercio, 10 de setiembre de 2013

4) «It was agreed that commitments on national treatment would in principle be applied on a horizontal basis to all services sectors and modes of supply, i.e. the understanding on national treatment would be closer to the GATT model. Exemptions to this horizontal application would have to be listed in the countries’ national schedule of commitments. Participants in the negotiations might also agree that commitments would in principle reflect actual practice (the « standstill clause ») and that future elimination of discriminatory measures would be automatically locked in (the so-called « ratchet clause ») unless an exemption were listed. » Memo de la Comisión europea Negotiations for a Plurilateral Agreement on Trade in services, 15 de febrero de 2013

5) Ver la cronología de las negociaciones en los sitios de los ministerios suizo y australiano.

6) Ver la oferta de Suiza publicada en el sitio del ministerio de Economía (SECO) el de Noruega y el de Islandia.

7) Ver el texto votado y el detalle de la votación. El Consejo había otorgado mandato a la comisión europea en marzo de 2013 para negociar en nombre de la UE.

8) “Eliminating barriers to trade in services could boost U.S. services exports by as much as $860 billion—up from 2012’s record $632 billion—to as much as $1.4 trillion, according to the Peterson Institute. Such a dramatic increase could create as many as three million American jobs. »

9) Fuente: Comunicado de la Cámara de Comercio de los Estados-Unidos.

10) Ver sobre este tema nuestro artículo sobre las negociaciones del Acuerdo Comercial Transatlántico TAFTA/ttip

11) « However, the agreement should include a commitment that when an act, policy or practice of a relevant authority seeks to restrain cross-border data transfers or processing, that authority must demonstrate that the restriction is not an unnecessary restraint of trade or investment in light of alternative means by which to achieve the objective of protecting the identity of the customer, security of the data or the performance of prudential oversight. », Comentarios de la Coalición de industrias de servicios (CSI) por pedido de la Oficina de Representantes comerciales sobre el acuerdo TISA, 26 de febrero de 2013

12) Especialmente los 129 países miembros de la Organización Mundial de Comercio (OMC) que han asumido compromisos en función del Acuerdo General sobre Comercio y Servicios ( AGCS),

Fuente: http://www.cetri.be/spip.php?article3616&lang=fr

Seccional Municipalidad de Oreamuno festejó el día nacional del Régimen Municipal

Los integrantes de la Seccional ANEP-Municipalidad de Oreamuno festejaron, este viernes 29 de agosto en la finca del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA), ubicada en Cachí de Cartago, el día nacional del Régimen Municipal en una actividad llena de compañerismo.

La actividad que se extendió durante todo el día, también fue aprovechada para presentar el informe de labores de la Seccional, así como la juramentación e incorporación de un nuevo miembro a la Junta Directiva, se trata de Cristina Marrero que fungirá como Fiscal.

Cinthia Madriz Barquero, Presidenta de la Seccional ANEP-Municipalidad de Oreamuno se mostró complacida por la incorporación de Marrero, e indicó que la Seccional va creciendo poco a poco.

“Ya contamos con 34 miembros en la Seccional, esto nos permite luchar por nuestros objetivos, los cuales se centran en la negociación de una Convención Colectiva y mejoras de infraestructura en el Plantel Municipal, entre otras”, dijo Madriz.

La actividad también contó con la presencia de Esteban Quesada Chacón, Promotor de la ANEP; Ronald Barrantes Moya, Directivo Nacional de ANEP y Albino Vargas Barrantes, Secretario General de la ANEP. Este último brindó palabras de aliento a los miembros de la Seccional.

“Aprovechamos para dar un mensaje de fondo en torno a la situación laboral actual y otros temas nacionales de la agenda de la ANEP. Fue una linda iniciativa que merece felicitación y agradecer el apoyo financiero brindado desde la Secretaría de Finanzas y de Administración, así como de la Unidad de Economía, Finanzas y Administración (UEFA)”, finalizó Vargas.

«Cobrador de la Caja» responde a campo pagado

Título del campo pagado:
“NO MÁS INJERENCIA POLÍTICA RESPETO A LA AUTONOMÍA DE LA CCSS”

En primer lugar, respeto los criterios externados por cualquier ciudadano de nuestro país, aunque no lo comparta, ya que ello justamente es el poder vivir en una “democracia” como la que estamos acostumbrados en nuestra querida Costa Rica y, heredada por nuestros sabios antepasados, aunque hoy en día, los gobiernos anteriores, (bipartidismo), la han dejado muy deteriorada.

“El grupúsculo que promueve semejante despropósito está pasando por un momento de delirum tremens, pretende que se violente la autonomía de gobierno que esta noble institución tiene consagrada en el artículo 73 Constitucional desde 1943”.

En cuanto a este comentario, les contesto a los señores Solano Alfaro y Chavarría Vega, que no se trata de un grupillo minúsculo el que ha promovido o solicitado al Poder Ejecutivo la intervención de nuestra Caja Costarricense de Seguro Social, se trata de un ciudadano con nombre y apellido Roberto Mora Salazar y, de manera amable me secundaron personeros de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) y del Sindicato Nacional de Enfermería (SINAE).

Me siento con los atestados suficientes y con la autoridad moral, para solicitar esta petición al señor Presidente de la República, porque soy Costarricense y, porque he cosechado los suficientes méritos a través de largos 13 años de luchar incansablemente por los intereses legítimos de nuestra Seguridad Social, sin paga alguna.

Hemos solicitado, la intervención inmediata de la CCSS para sacar toda la podredumbre que se encuentra en ella, ya que existen innumerables personeros que son realmente honestos y trabajadores, sin embargo, esos grupos de corruptos ha logrado tal poder, que no les permiten a sus subalternos ni siquiera mirarlos a los ojos, porque instauraron el horror y temor diciendo que por la mínima les abren un proceso administrativo y, por consiguiente el despido.

Esa intervención solicitada, es y será de primera línea, con gente honesta, de buenos principios, con excelentes atestados y totalmente ajena a la Institución porque, no queremos salir de guatemala para guatepeor, como dice nuestro adagio popular.

Entiendo perfectamente sus posiciones Dr Solano y Señor Chavarría, se deja ver de manera clara su afectación si se logra esta intervención. Es inconfundible Doctor Edwin Solano, que lo que Usted y su grupo protegen es la Ley de Incentivos a los Profesionales en Ciencias Médicas, N° 6836, promulgadas por el Ex Presidente Luis Alberto Monge Álvarez, ya que si la Caja es intervenida, Usted sobre todo como Presidente de la Unión Médica Nacional, se quedará sin ese puesto. Las cosas cambiarían para Usted en su título personal, considerablemente.

Artículo 1.- Créase una escala de salarios con once categorías, representadas por niveles de grados que van del G-1 al G-11. Cada nivel o grado tendrá un salario base, un salario de contratación que incluye los sobresueldos, y un incremento anual de un 5.5 % sobre el salario base, los cuales formarán los salarios intermedios o pasos hasta un máximo de treinta anualidades.

Así las cosas, el señor Luis Chavarría, Secretario de UNDECA, posiblemente se verá de igual forma afectado, porque quedará en evidencia ante los ciudadanos de este país y de los asociados a este sindicato, su complacencia ante los actos corruptos que se dan en nuestra Institución y nunca son denunciados para exigir cambios positivos en la Institución.

Les pregunto a los dos distinguidos ciudadanos:

¿Por qué desde sus importantes y remuneradas posiciones, no han intercedido para que el gobierno cumpla con lo que indica el artículo 177 de nuestra Constitución Política, que entre otras dice:

Para lograr la universalización de los seguros sociales y garantizar cumplidamente el pago de la contribución del Estado como tal y como patrono, se crearán a favor de la Caja Costarricense de Seguro Social rentas suficientes y calculadas en tal forma que cubran las necesidades actuales y futuras de la Institución. Si se produjere un déficit por insuficiencia en las rentas, el Estado lo asumirá, para lo cual el Poder ejecutivo deberá incluir en su próximo proyecto de presupuesto la partida respectiva que le determine como necesaria la citada Institución para cubrir la totalidad de las cuotas del Estado.

Les aseguro, una cosa es hablar y, otra es actuar, no traten ahora de figurar como salvadores (de mentirillas) de NUESTRA Caja y, muchos menos hacer incurrir en gastos millonarios de ₡2.526.810.00 para pagar al periódico la Nación el CAMPO PAGADO de las cuotas de sus asociados para beneficio propio, les aseguro eso no es decente.

ANEP es escuchada en foro sobre Reforma Fiscal

En el foro el Secretario General de la ANEP tocó temas sensibles como: la maltrecha política de empleo público en Costa Rica, la mala recaudación de impuestos hacia la clase más adinerada, así como la necesidad de implementar una reforma tributaria a la brevedad para evitar un quiebre técnico del Estado costarricense.

Sí señor Ministro, ocupamos medios comunitarios

Costa Rica es el único país de todo el continente, junto con Panamá, que no cuenta, ni en la legislación ni en la práctica, con medios conceptualizados como comunitarios. Estos medios son los que cubren espacios físicos determinados, con el interés de satisfacer la información de una comunidad específica. Pero no sólo eso, sino también que dichos medios son gestionados por las mismas comunidades, de manera totalmente independiente y no tienen el lucro como su razón última de ser.

Los medios comunitarios cumplen una función importantísima en la sociedad, crean un balance de la agenda informativa, regional y nacional, al tratar temas que no buscan incrementar el rating, ni satisfacer influencias de sujetos políticos, económicos o sociales específicos.

Los medios comunitarios no ceden a la presión de seguir el torrente de la masividad de las noticias, no es de su interés si la “farandulera” de Hollywood volvió a mostrar sus atributos en bikini, o si el asesor presidencial va a misa o no.

Los medios comunitarios saben que tienen en sus manos un bien más preciado que el oro y le sacan el mayor provecho posible. Por eso los medios comunitarios son urgentes para la democratización de la información y la comunicación.

Pesos y contrapesos

El pasado 19 de agosto, el periódico La Nación publica entrevista realizada al Ministro de la Presidencia, don Melvin Jiménez Marín, donde el señor Ministro evidencia que las críticas al Gobierno se maximizan porque las comunidades, que según él sí apoyan al Ejecutivo, no tienen medios de comunicación para expresar dicho apoyo. Por lo menos esta es la interpretación que hago de sus palabras.

Y tiene razón don Melvin. Si existen comunidades que hacen una valoración positiva al Gobierno, esos grupos de personas no tienen ninguna posibilidad de salir en los medios masivos, sobre todo si tienen una agenda pactada para dañar la imagen del Ejecutivo, del actual o de cualquier otro, futuro o pasado. Sí, para los contrapesos políticos son necesarios los medios comunitarios, libres y autónomos.

Esto lo supo bien el gobierno del señor Rafael Correa Delgado, Presidente de la República del Ecuador, quien desde el inicio de su mandato ha tenido fuertes encuentros con los conglomerados mediáticos de su país. Para potenciar las decisiones de su administración se ha aliado con la gran red de medios comunitarios del Ecuador, gestionados por las propias comunidades y en cuyas bases tiene gran apoyo el señor Correa. Así, las propuestas del Gobierno, que son invisibilizadas o atacadas en los grandes medios, son compartidas y analizadas mediante los medios comunitarios. Ojo que esto no limitó nunca la independencia de los medios comunitarios, los cuales también han sido críticos con el Gobierno en sus luchas específicas, como sucedió con el conflicto petrolero en la zona del Yasuní.

El Gobierno del Presidente Solís Rivera ha dicho que quiere escuchar, de verdad prestar atención, a las voces de quienes nunca hablan, de quienes no han podido, hasta ahora, ser oídos por el poder político. Para esto han proclamado una Casa Presidencial de puertas abiertas, una “Casa de Cristal” donde todos puedan ser vistos y escuchados. Yo digo que eso no basta. Es importante si, pero no suficiente.

El señor Solís, y su Ministro de la Presidencia, están frente a una coyuntura única que podría situarlos en la historia del derecho a la comunicación. La Contraloría General de la República está exigiendo una nueva ley de radio y televisión, ya que la actual es una pantomima de ley y el servicio de radiodifusión está casi que a la libre. Y además, el año 2017 es la meta para el salto del sistema analógico al digital en la televisión abierta.

Estos dos aspectos son de tal trascendencia, que pueden cambiar radicalmente la forma de hacer comunicación en Costa Rica. Una nueva ley de radio y televisión es la puerta para trasformar los conceptos y las formas de estos medios. La redistribución y la regionalización del espectro radioeléctrico es la solución para la creación de más medios de comunicación, sobretodo de radio, y que no respondan solamente a criterios comerciales, sino también públicos, institucionales y comunitarios.

Urge debate

El Gobierno del señor Solís debe liderar la discusión de cómo debe ser esta nueva ley, discusión que debe incluir a la mayor cantidad de actores interesados en el tema y no únicamente a las cámaras empresariales.

El tema de regular el salto digital en la televisión abierta es más que urgente. Dentro de 3 años se dará dicho salto y al momento, por lo menos la academia y la sociedad civil, no tienen claro cómo se hará dicho cambio ni cuáles serán las reglas del juego. No estoy hablando de aspectos técnicos, sino políticos.

La digitalización implica que por cada canal que existe ahora, se podrán tener 3 o 4 más. Un ejemplo hipotético es que canal 3 se transformará en canales 3.1, 3.2, 3.3 y un canal para móviles. Y hasta el momento no hay un reglamento que diga que va a pasar con esos nuevos canales. ¿Si una empresa o persona tiene concesionado un canal eso implica que tendrá por defecto la concesión de esos otros 4 canales? ¿Habrá una reserva de los nuevos canales creados para otros intereses, más públicos y menos privados? ¿Una empresa como Repretel pasará de tener 3 canales a tener 12? Dudas razonables y que deben ser contestadas de inmediato.

Sí, tiene razón el señor Ministro de la Presidencia de que las comunidades no pueden expresar sus opiniones porque no tienen medios de comunicación para hacerlo. Y está en manos de este Gobierno la responsabilidad para que dichos medios puedan existir, construyendo una nueva ley de radio y televisión y guardando parte del dividendo digital para las comunidades.

“La tragedia de lo privado: el potencial de lo público”

La Internacional de Servicios Públicos (ISP), una entidad global del mundo sindical de los servicios públicos, ha publicado un importante documento en que consigna diversas experiencias de lucha ciudadana, social y obrera, durante los últimos tiempos, en defensa de los servicios públicos que han venido siendo atacados con dureza y crueldad desde los ámbitos del neoliberalismo en su afán de apropiación total, vía privatización, para convertirlos en fuente de lucro privado. Hablamos del trabajo titulado “La tragedia de lo privado: el potencial de lo público”.

Para este trabajo, ha cooperado también el Transnational Institute (TNI), una prestigiosa red mundial de investigadores y de activistas que analizan, día a día, la situación sociopolítica y económica del planeta; a la luz de la ofensiva planetaria del capital hegemónico de signo financiero-bancario que está a la cabeza del ataque neoliberal a toda la Humanidad.

Al entrar en el buscador Google y escribir el título de este documento, “La tragedia de lo privado: el potencial de lo público”, usted tendrá a su disposición este material; especialmente para todas aquellas personas que son luchadoras sindicales, que abogan por el bien común, que piensan en sociedades de inclusión y de movilización social. Incluso, podría ser de utilidad para quienes, desde la comodidad de su vida del lado del capital, como parte de él o sirviéndole al mismo, creen que la Humanidad ha de preservarse por esa vía de exclusión y de corrupción, de depredación y de guerras, inherentes a la ideología del neoliberalismo. La publicación de “La tragedia de lo privado: el potencial de lo público” nos llega en un momento muy preciso. Como parece inminente un fracaso del actual proceso de liberalización y desregulación total y abusiva del comercio global, en el seno de la Organización Mundial del Comercio (OMC); las multinacionales apuestan por lograrlo en el ámbito de los servicios públicos, tratando de imponer el TISA (Trade In Services Agreement), conocido en español como el Acuerdo Mundial sobre Comercio y Servicios.

En el prefacio del documento “La tragedia de lo privado: el potencial de lo público”, la compañera Rosa Pavanelli, secretaria general de la ISP, nos indica que debemos ser “…conscientes de que, en la actual era de la globalización, debemos luchar colectivamente en todo momento para desarrollar unas sociedades que se basen en los principios de la justicia y la equidad, y se fundamenten en unos servicios públicos de calidad”. En su introducción, este excelente trabajo nos indica que la expresión “La tragedia de lo privado” (primera parte de su título), es “…para poner de relieve lo fundamentalmente inadecuado que resulta aplicar la lógica del negocio privado, basado en maximizar las ganancias, a la gestión de recursos compartidos, tanto naturales como sociales, y a la satisfacción de necesidades sociales”.

Al considerar la realidad costarricense del presente, que destaca la desigualdad como problema número uno del país, la defensa de los servicios públicos diseñados para el bien común, deviene como factor estratégico de la lucha social. Por ello, recomendamos leer y estudiar el documento de la ISP y del TNI, “La tragedia de lo privado: el potencial de lo público”.

Esto es sumamente crucial en lo que respecta, por ejemplo, a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), así como a lo que concierne a Acueductos y Alcantarillados (AyA). Las tendencias de privatizar la Salud Pública que nos brinda la Caja, así como las intentonas de apropiación del recurso hídrico siguen fortalecidas y continúan avanzando…

Solicitamos al Presidente Solís intervenir la CCSS

Existe un círculo de poder en la institución, a razón de unos 20 altos funcionarios, que tienen secuestrada la institución, que toman todas las decisiones político administrativas de la misma, que pasan de una gerencia a otra y que además, todos y todas tienen causas abiertas en procesos judiciales.

Salvaguadar la CCSS no ha sido predominante para la administración de la institución

Quisiera dejar constancia de mi profundo agradecimiento a los señores de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), así como a los del Sindicato Nacional de Enfermería (SINAE), por proporcionarme este valioso espacio, con el fin de que juntos expresemos nuestra voluntad de salvaguardar lo más preciado que tenemos los y las costarricenses: nuestra benemérita institución, la Caja Costarricense de Seguro Social.

También deseo dejar claro que durante los 13 años que tengo de llevar a cabo esta labor, siempre ha sido con total independencia; pero esta coyuntura por la que estamos atravesando, requiere la acción conjunta y coordinada de las fuerzas sociales, para buscar soluciones a la crisis de la Caja y sus hospitales.

Los esfuerzos individuales difícilmente van a prosperar, por cuanto la magnitud de la crisis que está atravesando la institución, no es fácil y requiere una acción concertada entre los y las costarricenses y las autoridades de gobierno.

1. La intención de hacer esta conferencia de prensa de forma compartida, es para instar al señor Presidente de la República, don Luis Guillermo Solís Rivera, a fin de que en su informe de los 100 días (que dará a conocer el próximo jueves 28 de los corrientes), se refiera de forma expresa y clara, con relación a las acciones tomadas para salvaguardar a nuestra querida institución. Esto, debido a que a la fecha para la Administración no ha sido un tema predominante.

2. Desdichadamente, la señora Presidenta Ejecutiva de la Caja, la doctora María del Rocío Sáenz Madrigal ha demostrado falta de capacidad para llevar a cabo su función. Tan es así que desde hace algunas semanas pareciera estar secuestrada por sus colaboradores. NO APARECE POR NINGÚN LADO.

3. El asunto ha llegado a tal punto que la que tomó el mando y protagonismo, ha sido la doctora María Eugenia Villalta Bonilla, Gerente Médica de la institución, una de las responsables de la caótica situación del cierre de los 17 quirófanos del hospital México.

4. Lo que hemos esperado los y las costarricenses por parte de la nueva Administración, es que se abordara el rumbo o norte por parte de las altas jerarquías de la Caja; además, de denuncias sobre la corrupción imperante tal y como lo han hecho los jerarcas de otras instituciones.

Desdichadamente, la Presidenta Ejecutiva, Dra. Sáenz Madrigal, nos ha quedado debiendo, ya que aparentemente la absorbió el sistema; y, se apagó nuestra ilusión y esperanza de recuperar nuestra querida institución junto a ella.

5. Señor Presidente: Con pena y asombro le comentamos que pareciera que al Poder Ejecutivo no se le ha proporcionado por parte de la Presidenta Ejecutiva de la Caja, la información fidedigna de la EMERGENCIA NACIONAL que vivimos hoy en día, por el cierre de los 17 quirófanos del Hospital México. Consideramos que estamos los costarricenses y asegurados, en una verdadera calamidad y, antes de que se pierda alguna vida humana producto de este problema, es necesario tomar acciones inmediatas.

6. Le solicitamos, de manera respetuosa pero vehemente, se reúna con médicos jefes de servicios del Hospital México y de otros profesionales de la salud, con el fin de que cada uno de ellos, le puedan exponer la verdadera realidad y magnitud del problema, en que se encuentra dicho nosocomio, pues éste atiende el 63% de los asegurados de todo el país; y por ello, están colapsados los servicios de emergencias de los demás hospitales de la capital, e inclusive, de algunos rurales.

7. Por tratarse de un tema-país y, de interés público, hemos recopilado información sobre los procedimientos realizados por parte de personeros del hospital México ante la Contraloría General de la República (CGR), llamándonos la atención que el 11 de los corrientes, solicitaron la autorización de contratación directa, por tratarse de una emergencia, para arreglar la instalación eléctrica y remodelación para 9 salas de operaciones temporales de los quirófanos de dicho hospital, por un monto de $2.5 millones de dólares y, dos días después, sea el 13 de agosto, piden un ajuste de 4 millones de dólares más, ya que la nueva petición fue de $6.5 millones. ¡TOTAL DESCORDINACION!

Solicitamos respetuosamente, señor Presidente Solís, nos indique de forma clara, cuáles serán las acciones venideras a tomar en la Caja, para sacarla a flote de esta acongojante situación.

La Caja está secuestrada

En conferencia de prensa, este lunes 25 de agosto, la ANEP junto con el SINAE y el señor Roberto Mora Salazar, conocido como El Cobrador de la Caja, presentamos prueba documental sobre tres aspectos que nos parecen fundamentales para el mejor devenir de la institución.

Primero: existe un círculo de poder en la institución, a razón de unos 20 altos funcionarios, que tienen secuestrada la institución, que toman todas las decisiones político administrativas de la misma, que pasan de una gerencia a otra y que además, todos y todas tienen causas abiertas en procesos judiciales. El Presidente Solís no podrá hacer ningún cambio en la CCSS si se mantiene ese círculo de poder al mando. Exigimos se separe de sus cargos a todas estas personas que incluyen nombres como: – Lic. José Alberto Acuña Ulate. – Lic. Luis Guillermo López Vargas. – Lic. Gustavo Picado Chacón. – Lic. Iván Guardia Rodríguez. – Ing. Dinorah Garro Herrera. – Entre otros (lista completa en archivo adjunto).

Segundo: desde el año 2013 la Sala Constitucional exigió que la Caja solucionara de una vez por todas, el tema de las listas de espera, que para ese momento tenían a más de 650 mil personas esperando una cita médica o una intervención quirúrgica. Esta problemática no ha hecho más que incrementarse, con el agravante del cierre de las salas de cirugía que dejará a miles de costarricenses atorados en esas listas de espera. Creemos que la responsable de todo esto es la señora Gerente Médica, doña María Eugenia Villalta, la cual debe responder con su cargo por la ineficiencia con que han enfrentado el tema. Pero en lugar de esto ahora la señora Villalta parece ser la vocera de la Institución.

Tercero: La Presidenta Ejecutiva, doña Rocío Sáenz Madrigal, no parece dar la talla. Creemos que sus declaraciones, dejando entrever que “no puede hacer nada” no son de recibo, que se está acomodando a la zona de confort, dejando que ese círculo de poder que tanto criticamos tome el poder de la Caja. Debe realizarse una evaluación urgente de su mandato institucional para darle un giro al mismo o para buscar a una persona que si quiera enfrentarse a ese poder enquistado en la CCSS.

Le exigimos al señor Presidente de la República una intervención urgente de la Caja Costarricense del Seguro Social. Los costarricenses votaron en masa, con 1.3 millones de votos sin precedentes en nuestro país, por un verdadero cambio, y uno de los ejes de ese cambio es la CCSS. No votamos los ticos y las ticas para que todo en la Caja siga igual.