Necesidades de vivienda y fuente de trabajo rodean a la población migrante

Las carencias por las que pasan la población migrante en nuestro país son muchas, las cuales se centran en necesidad de vivienda, fuente de empleo, seguridad social y educación; a esto se une el irrespeto a sus derechos laborales y la falta de conocimiento para obtener su naturalización.

Esta situaciones los ha obligado a asentarse en las regiones más pobres del país y en el Valle Central no es la excepción, un ejemplo de ello son las zonas de La Carpio y Guararí, en donde las personas migrantes, principalmente nicaragüenses han encontrado su hogar en nuestro país.

Sin embargo, está población no pierde las esperanzas de obtener una vida donde se respeten sus derechos laborales y humanos, así como la posibilidad de acceder a una vivienda digna y propia, ya que en muchas ocasiones estas personas no son dueñas ni de los terrenos donde decidieron establecerse.

Estas personas han encontrado en la ANEP la forma de mejorar su calidad de vida y obtener los conocimientos necesarios en busca de esa vida digna en tierra ajena, que incluso en muchas ocasiones los discrimina por su situación social.

Es por esto que la ANEP, por medio de capacitaciones y trabajo de calle, pretende ayudar y dotar de las herramientas necesarias a los trabajadores migrantes en nuestro país, con la intención de que estos conozcan sus derechos y no sean víctimas de explotación laboral, y a la vez que les permita obtener el conocimiento para su naturalización.

Pese a todas estas adversidades la población migrante no baja las manos y día a día lucha por una mejor calidad de vida y este primero de mayo, con sus pancartas llenas de ilusiones, sueños y con su voz al cielo marcharan junto a la ANEP en el día internacional del trabajador, para hacer valer sus derechos laborares y humanos.

Compartimos dudas de Solís respecto a la Ruta 32

Desde la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados, ANEP, celebramos la posición crítica y analítica del señor Luis Guillermo Solís, Presidente Electo, sobre el cuestionado contrato para la ampliación de parte de la Ruta 32, arteria vehicular para ingresar y salir de la provincia de Limón.

Hemos sido testigos, durante los últimos cuatro años, como el gobierno de doña Laura Chinchilla se ha empecinado en firmar contratos de concesión de obra pública llenos de irregularidades y cargados más de preguntas difíciles de contestar, que de respuestas que convenzan a la población de la idoneidad de dichos negocios.

El contrato del mega puerto con APM Terminals y el monopolio del manejo de contenedores que este genera, la muy impopular concesión de la carretera hacia San Ramón, el malogrado negocio de la refinería, también con una empresa china, son ejemplos de proyectos que por su estilo de negociación y por los evidentes excesos en beneficios para las empresas, ha generado una protesta social importante, logrando que algunos de estos procesos de concesión se tuvieran que terminar.

Parece que las reglas del juego político económico con el gigante asiático nunca fueron “negociadas”, sino más bien impuestas por los chinos, a cambio de algunas patrullas, la mayoría ya convertidas en chatarra, y de un estadio de fútbol, que en comparación con los números que vemos en las negociaciones de concesiones, fue una inversión de “calderilla” o “menudillo” como se dice popularmente.

Desde diversos sectores de la sociedad se ha generado una constante serie de cuestionamientos hacia la concesión de la Ruta 32, sobretodo en términos de costos. Nos preocupa que instituciones como la Universidad de Costa Rica planteen que este contrato lesiona los intereses patrios, o que el diputado Manrique Oviedo, del PAC, presente números donde hay costos inexplicables de más de 100 millones de dólares.

El día martes 29 de abril, Casa Presidencial presentó un informe donado por el Banco de Desarrollo de China, donde proponen la creación de “Zonas Económicas Especiales” (ZEE) en Limón, Zona Norte y Puntarenas. Planes de desarrollo hasta el 2035 todos financiados con dineros chinos y por supuesto con la condición que lo desarrollen empresas del país comunista, donde se encuentran un aeropuerto para Puntarenas así como un megapuerto.

Ninguna de estas propuestas, ni las que ya están firmadas, pueden dejar de ser auscultadas a profundidad con la máxima seriedad por el nuevo Ejecutivo. Se hace más que necesario que los procesos de concesión, si se sigue utilizando esa figura, o de inversión de empresas extranjeras, dejen de ser minas de oro para ciertas empresas, con negociaciones plagadas de secretismo, de artículos indecentes, como el del 25% del costo en imprevistos para la carretera a Limón, o el que contenía la concesión a San Ramón que le permitía a la empresa privada subir el precio de los peajes en hora pico.

Los y las costarricenses estamos hartos de tener que desconfiar a priori de cualquier negociación que haga el país en términos de infraestructura. Queremos proyectos que nos ayuden a dar un salto cualitativo en nuestras carreteras, puertos, edificios, transporte. Pero no queremos que esos proyectos sigan enajenando la cosa pública y ni que sigan siendo alimento de las mafias y de los negocios espurios. Creemos que este nuevo Gobierno lo puede lograr.

1ero de Mayo: Migración laboral y cuestión sindical

La migración laboral es un fenómeno de “dimensiones estructurales en la región Centroamericana. Se estima que alrededor del 12% de una población que supera los 40 millones de habitantes habita en un país diferente al país en el que nació, ya sea dentro de la misma región o fuera de ella” (Morales, 2012, p. 7); por tanto, el reconocimiento de las personas migrantes como trabajadoras con derechos laborales y humanos, por parte de ellas mismas, como de organizaciones gremiales, permite identificar los vacíos legales en relación con el respeto de estos derechos y más aún demanda de los sindicatos una tarea pendiente, ya que estas organizaciones persiguen la universalidad del trabajo decente por encima del estatus migratorio de una persona.

Como parte del trabajo extramuros que realiza la ANEP, en la construcción de un “sindicalismo ciudadano”, las compañeras Fidelina Mena Corrales y María Laura Sánchez Rojas, el compañero Emmanuel Delva y esta servidora participamos junto con otros centroamericanos del curso especializado “Los derechos laborales no tienen fronteras”, tanto en su fase virtual como presencial. Este curso, organizado y auspiciado por nuestro sindicato y organizaciones de gran trayectoria como Gmies (El Salvador), Help for Progress (Belice), Cáritas (El Salvador) y FLACSO (Costa Rica), nos da insumos de gran valor para replicar con los y las anepistas sobre la integralidad migración-laboral. Se cubrieron aspectos sociales, económicos, políticos, culturales y psicosociales en torno a los y las migrantes y sus contextos dinámicos, es decir, quiénes migran, sus motivaciones, los desafíos a que se enfrentan, su vulnerabilidad jurídico-administrativa, sus condiciones laborales, sus vivencias, la discriminación y la xenofobia de la cual son víctimas, entre otros.

En particular, del encuentro se rescata la necesidad de comprender el trabajo de los y las migrantes como una cuestión sindical que atañe directamente a la ANEP. Por cuestión sindical, se entiende un asunto de prioridad en la agenda gremial. Nuestro sindicato se nutre de contar con afiliados migrantes por varias razones y esta población se beneficia de estar sindicalizada. En esta relación de mutua colaboración, se encierran otras posibilidades para abordar el tema de las migraciones laborales y así construir un cuerpo de trabajo sólido desde la organización gremial, pero también desde la voz de la población trabajadora migrante, es decir, nutrir la convivencia, dialogar, trabajar como equipo en el quehacer diario, para la construcción de una agenda común sindical.

El curso se suma además a la labor que se ha venido realizando, a cargo de la compañera Fidelina, en los últimos meses en las comunidades de Guararí y La Carpio, las cuales concentran una gran población trabajadora migrante. Es de suma importancia, no solo conocer sobre los talleres que se imparten, sino también colaborar en los mismos y ser conscientes que a lo interno de la ANEP, algunas y algunas aún manejan ideas prejuiciadas sobre estas personas, las cuales agrietan los esfuerzos realizados.

Para este Primero de Mayo, nuestra fiesta por excelencia, contaremos con la participación de trabajadores y trabajadoras migrantes, junto con sus familias, quienes han elaborado con entusiasmo sus mantas y orgullosamente desfilarán en la columna Anepista. El pasado domingo, durante una reunión, una lideresa de Guararí, lo dijo con una claridad inspiradora: “Tenemos que participar, porque migrantes o no migrantes, somos todos trabajadores”. Personalmente, me conmovió el sentido de clase de esta persona, el cual refleja el compromiso que hemos descrito al inicio de este texto. La migración laboral es una cuestión sindical, en el tanto lo laboral es tarea cotidiana de cada persona matriculada en la defensa de los derechos de la clase trabajadora.

¡Viva el 1ero de mayo! ¡Viva la Seccional Migrantes! ¡Viva la ANEP! ¡Viva la unión de la clase trabajadora soporte del Estado costarricense!

Participemos este jueves y marchemos todos y todas en la gran columna Anepista

Migrantes o No migrantes: trabajadores y trabajadoras todos y todas al fin

Finalmente, quiero por este medio agradecer a la Junta Directiva Nacional por la confianza depositada para participar del curso y a mis compañeras María Laura y Fidelina y a mi compañero Emmanuel por aprender en equipo.

Capacitaciones y ferias brindan apoyo a la población migrante en La Merced

Por medio de capacitaciones y talleres, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) busca brindarle a los trabajadores migrantes, asentados en nuestro país, las herramientas necesarias para que conozcan sus derechos labores, y que puedan desempeñar un oficio que les permita mejorar su calidad de vida.

El parque La Merced en el corazón de San José, se ha convertido en un punto estratégico para que nuestra organización pueda brindarles este tipo de apoyo a las personas migrantes, por lo que cada domingo este punto se ha convertido en la esperanza y unión de muchos trabajadores migrantes.

Este es el caso de Rosa María Gómez, ciudadana nicaragüense quien tiene alrededor de 4 años de haberse incorporado a las capacitaciones y talleres impartidos por la ANEP, en los cuales encontró un espacio de desahogo y aprendizaje.

Dentro de las actividades que brinda la ANEP con el apoyo de la Parroquia de La Merced se encuentran: capacitaciones en derecho laboral, cómo obtener la naturalización y el permiso laboral, además se han impartido talleres de cocina, inglés, informática y de barbería y belleza.

Precisamente, el taller de barbería y belleza fue el último impartido en el parque La Merced, el cual permitió que las personas migrantes desarrollaran una nueva habilidad que pueden poner en práctica, para generar un ingreso extra a sus hogares.

Otro de los puntos altos de este taller, es que las personas que fungieron como modelos fue población migrante que frecuenta las inmediaciones del parque, por lo que el corte fue gratuito.

Si usted es una persona migrante y desea ser parte de este tipo de actividades puede acercarse cada domingo a al parque La Merced en donde encontrara un espíritu de aprendizaje, pero principalmente de amistad.

ANEP apoya vuelta al Ministerio de Gobernación y Policía

Honorable señor
Luis Guillermo Solís Rivera
Presidente electo
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

ASUNTO: Sobre la eventual decisión política de restaurar la cartera de Gobernación y Policía como MINISTERIO DE ESTADO, conforme a la ley.

Estimado señor Presidente:

Con gran respeto, le expresamos atento saludo de nuestra parte.

Es de nuestro conocimiento que se está valorando por su digna autoridad presidencial, la posibilidad de que la cartera ministerial de Gobernación y Policía recupere su plena condición jurídica de MINISTERIO DE ESTADO, procediéndose a modificar la decisión política de corte ejecutivo tomada hace varios años para que la misma se fundiera en un solo mando ministerial, con el Ministerio de Seguridad Pública.

De conformidad con la Ley de Presupuesto de la República 2014, Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico del 2014, Ley No. 9193, Publicado en la Gaceta No. 235 Alcance Digital 131 del 5 de diciembre del 2013; se puede notar la plena independencia presupuestaria de la cartera ministerial de Gobernación y Policía, bajo el código “1.1.1.1-203.000 Ministerio de Gobernación y Policía”, indicándose, en el “Resumen de Requerimientos de Recurso Humano para el año 2014”, la correspondiente “Relación de Puestos de Cargos Fijos”, con el respectivo “Detalle de los puestos”. Se notará que el primer puesto es el de “Ministro”. Esta información puede constatarse en el siguiente vínculo electrónico, del sitio web del Ministerio de Hacienda:

http://www.hacienda.go.cr/contenido/12692-ley-de-presupuesto-de-la-republica-2014

También la Ley General de la Administración Pública (LGAP), en cuyo artículo 22, inciso 1), que nos indica los cargos componentes del Consejo de Gobierno. De seguido, en el artículo 23, inciso 1), “Las carteras ministeriales serán:”, en el ítem c), leemos: “Gobernación y Policía”.

Finalmente, encontrará usted el Dictamen: 242 del 27/11/95, oficio C-242-95, fechado 27 de noviembre de 1995, dirigido a la en ese momento señora Ministra de Justicia y Gracia, doña Maureen Clarke Clarke; por parte de la licenciada María Lourdes Echandi Gurdián, la cual de manera oficial a nombre de la Procuraduría General de la República, hizo referencia al Acuerdo Ejecutivo No. 24436-P, del 16 de julio de 1995 (publicado en La Gaceta No. 141, del 26 de julio de 1995); acerca de las posibilidades legales y alcance normativo de recargar en una sola autoridad política dos ministerios.

Con esta última referencia queremos indicar que si la indicada voluntad política presidencial desea materializarse para restaurarle a la cartera de Gobernación y Policía, la plena condición de MINISTERIO DE ESTADO, sencillamente correspondería la emisión de un acuerdo ejecutivo que modifique el ya mencionado No. 24436-P, que en realidad, no es más que un decreto ejecutivo.

Esperando haberle documentado al respecto, nos parece importante indicarle que la entidad sindical que nos honramos en representar, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), con una numerosa membresía en tal cartera ministerial, considera sumamente atinado que el Ministerio de Gobernación y Policía sea considerando en cuanto tal.

Reiterándole nuestra mayor consideración y respeto,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General ANEP

El TISA

“Una nueva amenaza mundial para los servicios públicos”. Así, de esta manera contundente, la Internacional de Servicios Públicos (ISP) califica los perniciosos contenidos de un tratado multilateral que se viene negociando en secreto: el Acuerdo sobre Comercio de Servicios (más conocido por sus siglas en inglés, TISA: Trade In Service Agreement).

La ISP es una entidad global de sindicatos del sector Público del planeta e integra a las más grandes organizaciones en el ámbito de los servicios públicos, de zonas geográficas tan relevantes como Estados Unidos, Canadá, América Latina, la Unión Europea, Asia, África y Oceanía.

Prácticamente con desconocimiento general, no solamente global sino a nivel de país, este lunes 28 de abril se realizó otra sesión secreta, en Ginebra, Suiza, de las negociaciones sobre el TISA, el cual, según ISP, “creará en entorno más favorable para la privatización de los servicios públicos, bloqueará permanentemente la capacidad de los gobiernos de remunicipalizar o crear nuevos servicios públicos y restringirá la capacidad de sus gobiernos para legislar en campos tales como la seguridad de los trabajadores, las normas ambientales, la protección de los consumidores y las obligaciones de servicio público universal”.

Nuestro país, Costa Rica, es parte de los estados que están en el proceso del TISA. Si este acuerdo multilateral de privatización de servicios Costa Rica lo firma primero y lo ratifica después, las investigaciones de la ISP nos indican que aparte de las indicadas, abarcará otras esferas de los servicios públicos “como la concesión de licencias para centros de cuidado de la salud, la acreditación universitaria y escolar, el suministro municipal de agua, las instalaciones de eliminación de residuos, las centrales eléctricas y las licencias de radiodifusión”.

Según nos documenta la ISP, a principios del 2012, unos 20 estados miembros de la Organización Mundial de Comercio (OMC) crearon un bloque autodenominándose “Auténticos Buenos Amigos de los Servicios” e iniciaron negociaciones secretas extraoficiales, con miras a elaborar un tratado para liberalizar más el comercio y las inversiones en los servicios; y a ampliar las “disciplinas reglamentarias” sobre todos los sectores de servicios, incluidos muchos servicios públicos.

Las “disciplinas”, o normas del tratado, proporcionarían a todos los proveedores extranjeros acceso a los mercados nacionales en condiciones “no menos favorables” que las de los proveedores nacionales, y limitarán la capacidad de los gobiernos de regular, adquirir o prestar servicios. En esencia, la reglamentación de muchos servicios públicos y privatizados o comerciales dejaría de estar al servicio del interés público para estar al servicio de los intereses económicos de las empresas privadas extranjeras.

Considerando el cambio de Administración que ocurrirá el próximo 8 de mayo, bien haría el nuevo señor Presidente de la República, don Luis Guillermo Solís Rivera, ordenar que se abran, de par en par, las puertas del Ministerio de Comercio Exterior (Comex), pues muchos pensamos que esta entidad ha venido funcionando como una especie de “república independiente”, casi como la “propiedad personal” de la señora Anabel González Campabadal; y si bien es cierto no son percibible cambios de fondo en el plano ideológico en cuanto a la visión de mundo que impera en este ámbito del comercio exterior; al menos, que se pongan a disposición del interés ciudadano todo lo que el país ha venido comprometiendo en materia de nuestros propios servicios públicos, dada su inserción en el acuerdo TISA.

El nuevo Presidente Ejecutivo del INS se reunió con la ANEP

El nuevo presidente del Instituto Nacional de Seguros (INS), Sergio Alfaro se reunió con Albino Vargas, Secretario General de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), así como con nuestro Asesor Político, Rafael Mora para tratar temas de suma importancia para la aseguradora.

Condiciones precarias y de hacinamiento rodean a policías de la frontera norte

Condiciones precarias y de hacinamiento para laborar, junto a exhaustivas jornadas laborales y con tan solo arroz y frijoles para alimentarse durante seis días, es lo que deben de pasar decenas de policías de la Fuerza Pública asignados a los puestos y delegaciones de la frontera norte de nuestro país.

Así lo pudo constatar la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) en un recorrido realizado por dichos puestos policiales de la zona norte, en donde la realidad que predican los altos jerarcas del Ministerio de Seguridad Pública contrasta enormemente con las condiciones en las que deben de desempeñar sus labores estos efectivos.

Juzgue usted…

Una nueva amenaza mundial para los servicios públicos

El lunes 28 de abril, las afiliadas de la ISP, en colaboración con organizaciones de la sociedad civil de todo el mundo, se movilizan para una jornada de acción en protesta contra las negociaciones del Acuerdo sobre el Comercio de Servicios (en inglés, TISA). La próxima ronda de estas negociaciones, celebradas a intervalos regulares y en secreto en Ginebra, tendrá lugar el 28 de abril.

La última investigación llevada a cabo por la ISP muestra que el TISA creará un entorno más favorable para la privatización de los servicios públicos, bloqueará permanentemente la capacidad de los gobiernos de remunicipalizar o crear nuevos servicios públicos y restringirá la capacidad de sus gobiernos para legislar en campos tales como la seguridad de los trabajadores, las normas ambientales, la protección de los consumidores y las obligaciones de servicio universal.

La ISP y sus afiliadas instan a los países actualmente implicados en las negociaciones del TISA a:

  • difundir el texto del acuerdo,
  • excluir todos los servicios públicos del acuerdo y
  • garantizar que los países tengan derecho a reglamentar en beneficio del interés público.

También instamos a los gobiernos de los países no participantes a decir claramente que no se adherirán al acuerdo.

Resulta alarmante que el TISA esté siendo negociado fuera del marco comercial multilateral por los países más a favor de la liberalización, con el objetivo explícito de implicar al resto del mundo en el acuerdo cuando éste haya sido concluido. Esto significa que el TISA afectará potencialmente a todos los países del mundo – independientemente de si están o no participando actualmente en las negociaciones.

El TISA será vinculante para los gobiernos futuros. En combinación con el secretismo y la falta de consulta, el carácter vinculante del acuerdo para los futuros gobiernos constituye un grave ataque contra los derechos democráticos de los ciudadanos de poder exigir rendición de cuentas a sus gobiernos.

La ISP viene haciendo un seguimiento a las negociaciones del TISA y, para tal efecto, ha llevado a cabo una investigación para examinar los efectos del TISA en los Servicios Públicos de Calidad. Los resultados muestran que el TISA:

  • Creará un entorno más favorable para la privatización de los servicios públicos;
  • Bloqueará permanentemente la capacidad de los gobiernos de remunicipalizar o crear * nuevos servicios públicos;
  • Se extenderá a otras esferas, como la concesión de licencias para centros de cuidados de salud, la acreditación universitaria y escolar, el suministro municipal de agua, las instalaciones de eliminación de residuos, las centrales eléctricas y las licencias de radiodifusión;
  • Restringirá la capacidad de sus gobiernos para legislar en campos tales como la seguridad de los trabajadores, las normas ambientales, la protección de los consumidores y las obligaciones de servicio universal;
  • Abarcará todos los sectores y modos de suministro – incluso la libre circulación de la mano de obra migratoria bajo el denominado Modo 4;
  • Sólo excluirá a unos pocos servicios públicos;
  • Incluirá disposiciones de trinquete y de statu quo;
  • Contendrá una “lista negativa” sobre el trato nacional (es decir, un requisito de que todos los proveedores extranjeros sean tratados de la misma manera que los proveedores locales a menos que el sector esté específicamente incluido en la lista de exclusión).

Los países que participan actualmente en las negociaciones son: Australia, Canadá, Chile, China Taipéi (Taiwán), Columbia, Costa Rica, Hong Kong, Islandia, Israel, Japón, Liechtenstein, México, Nueva Zelandia, Noruega, Pakistán, Panamá, Paraguay, Perú, Corea del Sur, Suiza, Turquía, Estados Unidos, y la Unión Europea que representa a sus 28 Estados miembros.