ANEP expone principales problemáticas a nuevas autoridades penitenciarias

Licda. Cristina Ramírez Chavarría, Ministra
Lic. Carlos Rodríguez Pérez, Viceministro
MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ

Estimada señora ministra:
Estimado señor viceministro:

Reciban en primera instancia un cordial y sumamente respetuoso saludo de parte de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP).

Esta es nuestra primera misiva que desde nuestra organización laboral les hacemos llegar a vuestras dignas autoridades en condición de ministra y de viceministro de Estado en la cartera de Justicia y Paz; deseándoles desde ya los mejores éxitos en este complejo ministerio a su cargo.

Han de saber vuestras dignas autoridades que la ANEP es una organización sindical con más de treinta años de trayectoria a lo interno de este ministerio, especialmente en el seno del personal del Sistema Penitenciario Nacional; logrando construir una reconocida incidencia sociolaboral, sustentada en una agenda de temas de orden reivindicativo-gremial y político institucional; direccionado más específicamente en el sector de la Policía Penitenciaria, quedando en desarrollo un proceso de negociación y cumplimiento de acuerdos inconclusos, mismos que ineludiblemente en resguardo de la necesaria paz laboral, debemos continuar con la voluntad política de vuestras autoridades.

A la vez pero para ser tratado en una segunda comunicación de parte de la ANEP, hemos estado insistiendo en la tesis de que el Sistema Penitenciario Nacional está en crisis y hemos elaborado planteamientos al respecto que les haremos llegar prontamente; considerando que los niveles de sacrificio del personal institucional visto como un todo (ya no solamente el de seguridad penitenciaria), está sumido en altísimos niveles de presión y de estrechez laboral en todos los sentidos que amerita una acción de la nueva política pública que se avizora para tenderle una mano urgente, sensible y solidaria que no se vio en la administración anterior para con ellos: hablamos de los y de las profesionales, del grupo laboral técnico, así como del administrativo y de servicio operativo.

Ahora bien y dada la urgencia de las urgencias, en el caso de la situación sociolaboral de la Policía Penitenciaria, varios de los asuntos pendientes al respecto y urgentes de abordar, se fundamentan en acuerdos firmados, tanto en la sede del Ministerio de Trabajo y Seguridad social (MTSS), como con las autoridades de las máximas autoridades político-jerárquicas del gobierno anterior en esta cartera de Justicia y Paz. En razón de lo anterior nos permitimos formal entrega a vuestras autoridades de lo que denominamos “Agenda laboral para la eficiencia, la eficacia y el fortalecimiento del servicio de la Policía Penitenciaria con plena humanización del trato a su personal”; con el objetivo de proponer la apertura de un espacio permanente de diálogo y negociación efectiva, al más alto nivel institucional.

“Agenda laboral para la eficiencia, la eficacia y el fortalecimiento del servicio de la Policía Penitenciaria con plena humanización del trato a su personal”

Primero: PROCESO DE NEGOCIACIÓN CONVENCIÓN COLECTIVA DE TRABAJO. Consideramos este instrumento laboral como la máxima aspiración de las trabajadoras y de los trabajadores, convirtiéndose en la herramienta que regirá con carácter de ley profesional aspectos de orden laboral, fijando reglas claras y resolviendo en un sólo paquete gran parte de la problemática laboral existente.

Importante de destacar que esta propuesta de la ANEP fue el resultado de un riguroso análisis y consulta con el personal policial, documento que fuera formalmente entregado el pasado 23 de octubre de 2013 a la anterior señora ministra, la Dra. Ana Isabel Garita Vílchez, con el propósito de iniciar el proceso de negociación que ha quedado truncado. Valga indicar, además, que en este aspecto de la Convención Colectiva de Trabajo, la tesis de la ANEP es mantener unida a la familia laboral penitenciaria, sin segregarla, sin dividirla; integrante en este instrumento del Derecho Colectivo de Trabajo (el máximo, por demás), a los y las profesionales, al grupo laboral técnico, así como al administrativo y al de servicio operativo, junto al personal de la Policía Penitenciaria.

Segundo: MANUAL DE CLASES DE LA POLICIA PETENINTENCIARIA. Este proceso arrancó como resultado de acuerdos y negociaciones posteriores al movimiento huelguístico del pasado 6 de enero del año en curso. El manual de clases permitirá actualizar la actual estructura organizativa de la Policía Penitenciaria haciéndola más moderna, eficaz y eficiente, aparte de justicia; antesala para lograr que el personal policial de este ministerio tenga salarios más competitivos y, al menos, pueda homologarse a la base salarial del personal policial de la Fuerza Pública del Misterio de Seguridad Pública, cuyas bases salariales están al día de hoy, promedialmente hablando, en unos ochenta mil colones arriba de nuestro personal de la Policía Penitenciaria.

Importante es destacar que las autoridades salientes y actual personal técnico- profesional en coordinación con nuestra representada, dio inicio a la actualización de este manual, realizándose todo el trabajo de campo necesario. No obstante, el documento borrador final, no ha sido de aceptación por parte de la ANEP, al considerar que se obviaron aspectos relevantes que deben ser incorporados al mismo.

Tercero: NOMBRAMIENTO DE PERSONAL. Como es de vox populi, ha crecido exponencialmente la población carcelaria al extremo que se experimenta una sobrepoblación prácticamente en todas las cárceles del país; por el contrario, el personal policial no ha crecido de manera proporcional. Esta situación era “relativamente manejable” recargando funciones y obligando al personal policial a laborar, al menos, uno o dos días al mes bajo la figura de disponibilidad. No obstante hoy, al haberse resuelto mediante fallo judicial la figura jurídica de la disponibilidad como opcional y no obligatoria, el personal policial ante el altísimo estrés laboral, opta mejor por descansar, situación que deja al desnudo la falta de personal policial estimada entre 600 y ochocientas nuevas plazas.

Amén de que pueda efectuarse un plan de reordenamiento de personal, nuestra organización sindical considera de orden prioritario que vuestras autoridades realicen todas las gestiones pertinentes de orden presupuestario a fin de que pueda irse nombrarse personal policial adicional. Importancia capital reviste el hecho de que estamos ante un relevo generacional muy acentuado, reconociendo que será considerable el número de policías que se jubilará en el próximo cuatrienio.

Cuarto: RESPETO AL TIEMPO PROPROCIONAL DEL DEBIDO DESCANSO. Como ha de ser de su conocimiento en el sistema penitenciario la Policía Penitenciaria labora en varios horarios. Uno de 5 × 2 de las 08:00 am las 04:00 pm, con salida diaria a la casa; y, el predominante, de 7 × 7 días (de internamiento con tiempo proporcional de descanso), con dos roles laborables: Uno de 8 horas rotativo en el cual una escuadra labora y la otra es reserva en descanso; otro, el segundo rol de 12 horas o denominado escuadra de apoyo. Valga decir que 12 horas es la jornada laboral máxima permitida. En teoría, en ambos con tiempo proporcional de descanso.

No obstante, las autoridades institucionales han mantenido el criterio de que con el personal que labora en horario 7 × 7, en rol ocho horas, puede disponerse a discreción de la administración después de su jornada y en su tiempo de descanso para que continúen laborando en labores ordinarias como recuentos, visita general, requisas, y salidas médicas.

De tal manera que este personal termina laborando diez y hasta once horas, negándosele el derecho al debido descanso, sin reconocimiento de horas extras y poniéndose en alto riesgo la seguridad penitenciaria con oficiales altamente fatigados; siendo nuestro criterio jurídico político contrario a esta desproporcionalidad abusiva violatoria que no garantiza las ocho horas de descanso.

Quinto. RECONOCIMIENTO ECONOMICO DEL TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO POR CONCEPTO DE DISPONIBILIDAD EN SEDE ADMINSTRATIVA. Lo anterior es producto de los acuerdos firmados el 23 de enero de 2014 en sede del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS). Al respecto se pactó en forma obrero-patronal lo siguiente: “La administración dará tramite en sede administrativa a todas aquellas gestiones que planteen las y los trabajadores de la Policía Penitenciaria en forma individual, para lograr el pago de deudas acumuladas por tiempo extra ya laborados, por concepto disponibilidad”. Esto está pendiente, con un primer corte al 31 de marzo del año en curso, para presupuestación y pago de un primer grupo por una totalidad de setenta y un mil trecientas setenta y dos horas adeudadas (71372 horas).

Importante es de destacar que lo anterior tuvo origen en un proceso judicial-laboral interpuesto por ANEP ante el Juzgado de trabajo del 11 circuito judicial de San José, expediente 10-000421-0166, del trabajador de la Policía Penitenciaria y máximo dirigente sindical de la ANEP en este grupo laboral, don Gerardo Cascante Vargas. De esta manera la disponibilidad deja de ser obligatoria y deberá de reconocerse como tiempo extraordinario para quien acepte laborar.

Al respecto consideramos de fundamental importancia que vuestra autoridad, continúe brindando total respaldo a este proceso para que a la mayor brevedad posible se le cancele estas deudas al cien por ciento del personal policial.

Sexto. RECONOCIMIENTO ECONÓMICO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO. En este apartado tenemos dos aspectos a señalar, uno la solicitud expresa que formuláramos a la antecesora señora ministra para la apertura de un proceso de investigación ante presuntos abusos indebidos en la asignación de horas extras en la cúpula policial, pues de informe que fuera proporcionado por la misma ministra saliente, se observa a nuestro criterio una desproporcionalidad de dicha asignación en dichas cúpulas, respecto al personal policial de base.

El otro aspecto refiere a que si bien existe un circular que indica que en el pago correspondiente al mes siguiente del día laborado se incorpora dicho reconocimiento, lo cierto del caso es que no se cumple con dicha disposición. Esto mantiene en una absoluta indisposición al personal que ha venido laborando de forma voluntaria, al extremo que el personal policial no encuentra motivación alguna para trabajar cuando la administración le llama a colaborar.

Sétimo. REGLAMENTACIÓN USO Y PORTACIÓN DEL TELEFONO CELULAR EN TIEMPO DE SERVICIO. Este tema nos ha llevado a mantener una fuerte discrepancia con la cúpula policial, al extremo que tuvimos que solicitar la directa intervención del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS). Sin embargo, al día de hoy el diferendo no ha sido resuelto.

El conflicto radica en que el personal policial goza de un permiso especial de portación y uso de celular, con algunas regulaciones específicas de uso que no pongan en riesgo la seguridad carcelaria; pues ante el desarraigo familiar del personal de seguridad y ante la falta de dispositivos de comunicación en fortines y otras unidades laborales, el celular se ha convertido en una herramienta estratégica de trabajo en seguridad.

Sin embargo, la administración ha optado por la prohibición casi absoluta, al extremo que en algunos centros carcelarios del país, como Pérez Zeledón y otros, obligan al personal a dejar guardados los artefactos en las oficialías, situación que ha provocado enorme malestar en el personal policial.

Octavo. RECONOCIMIENTO DEL 100% DE VACACIONES PSICOPROFILÁCTICAS. Anteriormente el personal policial disfrutaba de 13 días hábiles en tres bloques: dos de cinco días y el último bloque de tres días. Posteriormente vía circular, la administración ordena que se disponga dar los trece días seguidos, lo que se convierte o traduce a sólo seis días y medio, para el personal que trabaja en rol 7 × 7 y en semi-internamiento; disfrutando de sus trece días únicamente le personal de seguridad que trabaja en rol 5 × 2. Es decir, solamente el personal policial en rol administrativo sí disfruta los trece días de vacaciones psicoprofilácticas. Evidentemente estamos ante una situación altamente discriminatoria en el seno del mismo cuerpo policial que afecta a la mayoría del mismo.

Noveno. RECONOCIMINTO DEL 100% DE LAS VACACIONES LEGALES PARA TODO EL PERSONAL DE SEGURIDAD. Para ubicarnos en el contexto, es importante señalar que en el año 1997, siendo Ministro de Justicia por unos días el señor Lic. Juan Diego Castro Fernández, emitió una circular en la cual divide las vacaciones en dos partes, resultando que a partir de ese momento quienes tenían diez años o más de laborar disfrutarían de treinta días hábiles; y, en adelante los que cumplieran diez años de laborar tendrían únicamente treinta días calendario. Nótese aquí que estamos con periodos de vacaciones distintos o diferentes para trabajadores y trabajadoras de un mismo ministerio o patrono.

Décimo. MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA. Basta recorrer los centros penitenciarios para observar las condiciones de deterioro y desmejoramiento, sobre todo en centros carcelario ubicados en el interior del país en regiones expuestas a bruscas condiciones climatológicas. Todo parece indicar que las carencias presupuestarias y la falta de planificación conspiran contra la infraestructura institucional, aparte de que sería relevantísimo una evaluación de las capacidades y de las responsabilidades de ejecución presupuestaria que muestran los mandos altos y medios encargados de ello.

Es menester de nuestra parte reconocer algunas mejoras en infraestructura para albergar a las personas privadas de libertad; no así en el mejoramiento de las condiciones deplorables de fortines que carecen de agua potable y servicios para las necesidades fisiológicas; dormitorios y espacio físico que aminoren el hacinamiento en muchas cárceles del país, todas las cuales carecen de procesos estructurales y sistemáticos en materia de Salud Ocupacional, cuyos primeros esfuerzos institucionales al respecto merecen un apoyo estratégico.

Dos ejemplos del problema con los dormitorios los tenemos con las mujeres policías en la cárcel de Puntarenas que no cuentan con un dormitorio exclusivo para ellas; pues dividieron el de los hombres para darles espacio a estas compañeras perdiéndose la intimidad de ambos grupos. El otro ejemplo lo constituye el semi-institucional de San Ramón, donde los dormitorios de los hombres está de pared de por medio del comedor.

Décimoprimero. TRASLADOS O REUBICACIONES ABUSIVOS. Si bien reconocemos un importante avance en este aspecto, sobre todo a partir de que la honorable Sala Constitucional, reiteradamente, ha manifestado los parámetros de proporcionalidad a considerar en materia de traslados del personal policial penitenciaria; siguen reubicando personal que no necesariamente es de algún agrado de supervisores o jefaturas, sustentando el “rancio” argumento de que se traslada por interés institucional, cuando en el fondo dicho traslado o reubicación obedece, en muchos casos, a aspectos de marcados liderazgos de personal subalterno que cuestiona decisiones u órdenes de sus inmediatos superiores.

Importante destacar que si bien existe en la estructura jerárquica policial personal con características de liderazgos y mediana formación en el manejo de personal; nos encontramos también con que en esta estructura de mando hay personal que no tiene la idoneidad ni la formación requerida lo que hace que se potencien discrepancias y conflictos laborales innecesarios.

Décimosegundo. FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN POLICIAL. Desde ANEP consideramos de orden estratégico, un profundo análisis de la malla curricular, siendo necesario un riguroso análisis del enfoque y los contenidos que se imparten en la Escuela de Formación Policial, haciendo hincapié en el nivel de formación y certificación de los formadores y formadoras de dicha escuela. Desde nuestra perceptiva, consideramos necesario mayor énfasis en formación de derechos humanos, protocolos en la gestión policial, así como valores cívicos y disciplina; agregando ahora los contenidos de política pública que en el ámbito de la Transparencia y de la Ética vuestro gobierno, por medio del señor Presidente de la República, Luis Guillermo Solís Rivera, señaló en su mensaje de asunción del cargo.

Adicionalmente consideramos que debe de haber un plan de capacitación y actualización continua, siendo inadmisible que la única vez que un policía dispara un arma es cuando recibe el curso como requisito de ingreso al sistema, razón por la cual se presenta una constante queja. Y es que unos pocos policías acaparan muchos cursos y capacitaciones, inclusive en el extranjero, siendo que ni siquiera son los que laboran en los centros penitenciarios y la mayoría es de nuevo ingreso, dejando en el olvido a l personal más experimentado que más se ha sacrificado.

Decimotercero. GÉNERO. Como es obvio, el término refiere al ser humano, hombre o mujer. En este apartado nos referimos a la inserción activa de la mujer a un sistema penitenciario obviamente patriarcal y con marcados sesgos machistas y hasta misóginos; correspondiéndole a la mujer policía entrar en desventaja a un sistema hecho desde una perspectiva que si bien puede considerar las capacidades de la mujer, no así brinda las condiciones básicas necesarias de privacidad así como las debidas consideraciones a la naturaleza misma de la mujer. Nos referimos al doble papel que juega en la sociedad y sus condiciones anatómicas y fisiológicas. No existe una directriz clara respecto a las funciones o roles de la mujer policía durante el embarazo; no se consideran las necesidades fisiológicas o anatómicas como un uniforme adecuado a los riesgos a que son expuestas al tener que subir a fortines que algunos por sus características son de difícil acceso, dejando este tema a criterio de la jefatura de cada centro.

Es muy normal escuchar al personal policial femenino quejarse de la ausencia de consideración especial cuando se encuentran con el período menstrual y todos los inconvenientes que esto conlleva. No perciben consideración alguna. El otro caso es que al no haber agua ni servicios sanitarios en los fortines deben de solicitar relevos (que no siempre hay disponibles) y caminar a veces distancias considerables para llegar al servicio sanitario.

De igual manera, los uniformes y chalecos antibala utilizados son estándar y los usan todos, no son hechos guardando las condiciones anatómicas inherentes al sexo femenino, lo que hace que tengan constantemente padecimientos alérgicos por ese intercambio de fluidos corporales usuario-chaleco-usuario, entre otras cosas. Es más que obvio que un uniforme confeccionado para hombres no reúne las características de talla para mujeres.

Finalmente, es imperativo doctrinar sobre los aspectos inherentes al acoso sexual y laboral a la mujer en el empleo con desempeño policial en el ámbito de la seguridad penitenciaria.

Decimocuarto. AVITUALLAMIENTO. Esta cartera ministerial deberá de hacer un ingente esfuerzo de orden presupuestario para dotar al personal policial de uniformes, zapatos y equipo necesario para trabajar con dignidad, eficiencia y eficacia; pues tristemente al día de hoy se les suple únicamente dos camisetas, un pantalón y un par de zapatos al año. Ello explica por qué vemos policías mal presentados con uniformes desteñidos y remendados con una variedad de zapatos diferentes, teniendo el personal policial que fabricarse o comprar la vara policial y el indispensable foco.

Debemos destacar que no es lo mismo el “aguante” que puede tener el uso de un uniforme en zonas frescas que se puede usar dos o más veces sin lavar; que en zonas calientes o húmedas y lluviosas donde el uniforme deberá cambiarse a diario y por consiguiente lavarlos con mayor frecuencia, con el inconveniente de mayor desgaste y que no se seca rápido. Los zapatos también se mojan más y duran menos. Estos son puntos a tomar en cuenta a la hora de distribuir uniformes en esas zonas. Para poner un ejemplo de la poca importancia que se le da al tema, Limón es una de los centros que para el 2013 se dejó sin uniformes y se les entregó al inicio de este año. La justificación: Que se les entregó uniformes a los nuevos grupos de básicos policiales y no alcanzó.

Contrariamente, los homólogos de otros cuerpos policiales como la Fuerza Pública, portan el chaleco personalizado, cuentan con cuatro uniformes al año, “jackets”, capas, botas y zapatos de alta calidad.

Decimoquinto. ALIMENTACIÓN. En cuanto a este tema se ha hablado mucho. La alimentación para la policía que debe permanecer la semana en servicio es la misma que se le sirve a la población privada de libertad, inclusive con la ayuda en la preparación de privados y privadas de libertad, lo que representa un altísimo riesgo. Es una costumbre que para el turno de la madrugada, de las 00:00 a las 08:00 horas, les dejan lo básico, como arroz y frijoles preparados para que “se las arregle” la misma policía de la escuadra en servicio, encargando a alguno o alguna la cocina en ese rol a prepararla (al que le llaman “burrero”). Para mejorar esta alimentación mínima, la policía hace un aporte semanal para comprar algún tipo de acompañamiento, como puede ser carnes.

La alimentación para la policía como no es pensada para ella, no es balanceada, le llega a sus respectivos puestos, llámese pabellones o fortines, tiempo después de haber sido “empacada” en los recipientes que cada uno debe aportar; por consiguiente llega fría, de tal manera que si no le gusto lo que se preparó se día, se queda sin comer.

Decimosexto. DIAGNÓSTICODICO DEL ESTADO GENERAL DE SALUD DEL PERSONAL POLICIAL. Sabemos que el personal policial con mayor edad y más años de laborar en el sistema, presenta una tendencia marcada a padecimientos propios relacionados directamente con las condiciones hostiles de trabajo, desarraigo y alimentación. No obstante consideramos urgente un diagnóstico médico estadístico que nos diga con mayor certeza el estado general de salud del personal policial.

Finalmente, con mucho respecto, nos permitimos ser atendidos, lo más rápidamente posible, por vuestras su dignas autoridades ministeriales, con la finalidad de ampliar con mayor detalle la visión institucional desde nuestra perspectiva laboral; quedando a la espera de vernos complacidos en nuestra respetuosa solicitud.

Con estima y consideración, reiterándoles nuestros buenos deseos de éxitos en la gestión para el bien de nuestro pueblo,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General ANEP Gerardo Cascante Vargas
Vicepresidente y Presidente en ejercicio,
Junta Directiva
Seccional ANEP-Policía Penitenciaria

cc.: Honorable ciudadano Presidente de la República, Luis Guillermo Solís Rivera.
cc.: Honorable ciudadano Ministro de la Presidencia, Melvin Jiménez Marín.
cc.: Honorable ciudadano Víctor Morales Mora, Ministro de Trabajo y Seguridad Social.
cc.: Honorables autoridades jerárquico institucionales: Dirección Nacional de la Policía Penitenciaria, de la Dirección General de Adaptación Social y del Sistema Penitenciario Nacional.
cc.: Honorable personal de la Policía Penitenciaria del Sistema Penitenciario Nacional.
cc.: Honorable personal del Sistema Penitenciario Nacional.
cc.: Honorable Junta Directiva, delegados y delegadas sindicales, Seccional ANEP-Policía Penitenciaria.
cc.: Honorable Junta Directiva Nacional (JDN), ANEP.
cc.: Medios de comunicación colectiva.
cc.: Archivo.

Trabajadores municipales de San José logran acuerdo

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), informa que la noche del lunes 12 de mayo, y luego de más de cuatro horas de negociación, los trabajadores del municipio josefino y la Alcaldesa de la Municipalidad de San José, Sandra García Pérez llegaron a un acuerdo satisfactorio para ambas partes.

Dentro de los principales acuerdos establecidos entre ambas partes se encuentra: que la ANEP y la Municipalidad de San José solicitarán a la Defensoría de los Habitantes realizar una revisión legal de los alcances del contrato con la empresa PASA.

Otro de los acuerdos firmados indica que la Municipalidad de San José se compromete con las personas trabajadoras a que la contratación con PASA será un servicio de soporte y no sustitutivo del servicio de recolección de basura, reafirmándose que la Municipalidad de San José es el principal prestatario de este servicio.

Además, se logró establecer que la Municipalidad de San José se compromete a no rebajar el salario de las personas trabajadoras que formaron parte del movimiento de huelga del día de ayer, así como la compra de dos camiones recolectores y repuestos para la reparación de la flotilla vehicular.

Debido al acuerdo alcanzado, la ANEP y la Seccional ANEP-Municipalidad de San José declaran por finalizada la huelga indefinida en el municipio josefino, por lo que los trabajadores se integraron de manera normal a sus labores a partir de este martes.

La molestia de los trabajadores se presentó por el contrato que mantiene desde el 2010 la Municipalidad de San José con la empresa mexicana PASA, lo que ha venido a representar un deterioro significativo en los equipos de recolección de basura del municipio, el pago millonario a dicha empresa para realizar las labores de limpieza en el casco central de la capital, así como la afectación de las condiciones laborales de los y las trabajadoras.

La negociación que inició a las 3:00 de la tarde del día de ayer se desarrolló en la sede central del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), ubicado en Barrio Tournon, y contó con la presencia del Ministro de Trabajo, Víctor Morales; el Viceministro de esa cartera, Harold Villegas y el Director General de Asuntos Laborales del MTSS, Eugenio Solano. Además se contó con la presencia de representantes de la Defensoría de los Habitantes.

A continuación se desglosa la lista de acuerdos firmados por ambas partes:

1. La ANEP y la Municipalidad de San José solicitarán a la Defensoría de los Habitantes realizar una revisión legal de los alcances del contrato con la empresa PASA y la Municipalidad de San José a sabiendas de que el resultado será un criterio que no es vinculante para ninguna de las partes.

2. La Municipalidad de San José se compromete iniciar el proceso de adquisición de dos camiones recolectores en mayo de 2014; de acuerdo a la existencia de contenido presupuestario se tramitaría la adquisición de dos camiones más con base en el presupuesto extraordinario de medio período. Ante la existencia de superávit en la liquidación presupuestaria 2014 se proyectaría la compra de dos camiones recolectores más y una vagoneta para el refuerzo de la flotilla. Este proceso iniciaría en mayo del 2015. La administración gestionará ante la Contraloría General de la República una compra directa en razón de urgencia por una cuestión de salud pública.

3. La Municipalidad de San José se compromete a analizar el procedimiento de compra de repuestos para agilizar el proceso de reparación de la flotilla vehicular. Esto con la conformación de una comisión bipartita Administración-ANEP, misma que iniciará su trabajo el próximo 14 de mayo de 2014.

4. Constituir una comisión para dar seguimiento al cumplimiento de los acuerdos alcanzados.

5. La Comisión anterior analizará el proceso de combatir el interinazgo iniciado por la Municipalidad de San José; además, analizar las vacantes que por pensión, renuncia o despido deban llenarse para mantener la calidad y la eficiencia de los servicios de limpieza, recolección y parques.

6. Asimismo, la Municipalidad de San José se compromete con las personas trabajadoras a que la contratación con PASA será un servicio de soporte y no sustitutivo del servicio de recolección de basura, reafirmándose que la Municipalidad de San José es el principal prestatario de este servicio.

7. La Municipalidad de San José se compromete a no rebajar el salario de las personas trabajadoras que han formado parte del movimiento de huelga del día de hoy.

8. Las personas representantes de los y las trabajadoras se comprometen a partir de la firma de este acuerdo a levantar el movimiento de huelga.

9. La parte sindical toma nota de que la Administración informó que están dadas las condiciones para la reanudación plena del servicio de bacheo.

10. La Administración informó que ya tomó las previsiones necesarias para que las tareas ordinarias recolección de basura solo las realicen funcionarios de limpieza.

11. En el caso de las máquinas barredoras, las mismas solo serán requeridas cuando sea estrictamente necesario.

12. La Administración indica que nunca ha existido ni existirá intención de privatizar los servicios de guarda y policía Municipal

Este acuerdo permitirá dejar sin efecto la solicitud formal realizada por los representantes de los trabajadores de la Municipalidad de San José a la Defensora de los Habitantes con fecha de 12 de mayo de 2014.

ANEP y FA comparten sus visiones país

El pasado lunes 12 de mayo nuestro Secretario General, Albino Vargas Barrantes, junto con los Directivos Nacionales Rafael Mora y Giovanny Ramírez, participaron de la primer reunión formal con la fracción del partido Frente Amplio, como parte de los acercamientos legislativos que está haciendo nuestro sindicato.

Era natural que la reunión con el FA fuera de las primeras en realizarse, ya que compartimos criterios en muchos temas y en los que no estamos 100% de acuerdo sabemos que podemos llegar a un entendimiento. Además, la ANEP ya se reunió con representantes del PASE y en próximas fechas estará compartiendo con otras fracciones legislativas.

Por parte del Frente Amplio participaron de la reunión la diputada Patricia Mora, así como los diputados Frank Camacho, Gerardo Vargas, José Ramírez, Ronal Vargas y Edgardo Araya.

Los temas que más se trataron en la cita fueron la Reforma Procesal Laboral, así como ideas y métodos de seguir impulsando la mejora administrativa y económica de la Caja Costarricense del Seguro Social.

La ANEP planteó su esperanza de que desde el Ejecutivo se de la eliminación del veto que la señora Laura Chinchilla Miranda le impuso a la Reforma Procesal Laboral (RPL). Pero también se puso sobre la mesa la pregunta de qué se hará desde el Congreso si ese veto no se da, ya que se informó mediante medios que había una negociación de dar un plazo de 12 meses para “analizar” la RPL. Tanto la diputada Mora como el Jefe de Fracción del FA, Gerardo Vargas, dejaron claro que dicha negociación nunca se ha dado y que ellos están comprometidos con la RPL y que harán todo lo posible desde su lado para que el proyecto sea ley de la República de una vez por todas.

Respecto a la CCSS hay una clara preocupación sobre los contratos gerenciales que se realizaron apenas antes de la salida del gobierno liberacionista, que dejan una sensación de dejar montadas figuras en cargos específicos y que no benefician en nada el buen devenir político de la Institución. Además, se trató extendidamente la propuesta de las 10 medidas para comenzar a ordenar la Caja, y sobretodo la disposición del FA de hablar positiva y propositivamente sobre el proyecto del desenganche médico.

Le agradecemos al Frente Amplio su disposición a escuchar las posiciones políticas de la ANEP, sabemos que esta será una de muchísimas reuniones y sesiones de trabajo que tendremos en conjunto con el partido fundado por el estimadísimo José Merino del Río.

Don Mariano Figueres en la DIS

El señor presidente de la República, don Luis Guillermo Solís Rivera, no cerró la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS), contrariando la tesis de su Partido Acción Ciudadana (PAC), al respecto, así como su posición favorable a ello, según lo indicara en la recién pasada campaña electoral.

Mantenemos la tesis de que la DIS debe ser disuelta.

Su opacidad de gestión y su esencia como Policía política hacen prácticamente imposible su transformación estructural para convertirla a algo sustancial con las reiteradas demandas ciudadanas de transparencia total en la cosa pública.

Pese a esta circunstancia y desde nuestra perspectiva, pensamos que podría representar una “oportunidad” la llegada al frente de tal entidad, del ciudadano don Mariano Figueres Olsen, a quien el señor presidente Solís Rivera le confío la conducción de la DIS en estos, digamos, “nuevos tiempos políticos”.

Don Mariano Figueres Olsen, ciudadano patriota que participó activamente en los procesos de lucha cívica más importantes que se dieron en nuestro país, en la primera década de este siglo XXI (como el Movimiento Patriótico del “No al TLC”); no solamente desfiló bajo los conceptos de la “Democracia de la Calle”, en esta y otras gestas ciudadanas de resistencia al neoliberalismo, sino que –como él mismo lo reconoció–, fue espiado, seguido y perseguido en sus movimientos por la DIS.

Igual que él, miles de compatriotas (líderes sociales, sindicales, cívicos, políticos honestos, intelectuales comprometidos, empresarios patriotas, etc.), estuvieron todos estos años y en todas estas acciones cívicas de lucha social, en la agenda del espionaje político de la DIS.

Por tanto, con respeto, emplazamos públicamente y por esta vía al ciudadano don Mariano Figueres Olsen para que: convoque a la conformación de una especie de “Comisión de la Verdad”, para que conozcamos la naturaleza profunda de la invasión a la intimidad privada, a la vida política y al activismo social de todos aquellos y de todas aquellas costarricenses que luego de la Caída del Muro de Berlín, en distintos momentos críticos y de alta confrontación social de los Gobiernos neoliberales del “PLUSC”, estuvimos participando activamente en la resistencia ciudadana a la serie de políticas neoliberales diseñadas para acabar con la herencia histórica que nos fue dejada de lo que denominamos Estado Social de Derecho.

Se determine el manejo de los presuntos dineros, dólares estadounidenses, fluido “cash”, que se habrían estado entregando, en diferentes momentos políticos, directamente a las jerarquías políticas máximas de la inteligencia tica en manos de la DIS; provenientes, al parecer, de la Embajada de los Estados Unidos de América.

Hasta la ANEP han estado llegando informes en tal sentido pero, como es lógico suponer, no hay documentación en nuestras manos al respecto.

Se haga una auscultación de los bienes patrimoniales y de estilos de vida de los personajes que han venido dirigiendo los destinos de la DIS en los últimos años, de forma tal que se pueda constatar si ha habido “incongruencias” con el nivel de ingreso salarial para este tipo de puestos financiados con dineros públicos.

Se atienda a una comitiva de diversa representación social y cívica, a fin de detallarle con más exactitud una serie de aspectos que podrían ser considerados al respecto del futuro de la DIS, del carácter de su reforma legal y/o, incluso, de nuestras razones para mantener la posición de su disolución.

De esta manera pública, le estamos solicitando formal audiencia.

Huelga indefinida en la Municipalidad de San José

Cientos de trabajadores de la Municipalidad de San José, con el apoyo de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP, ) decretaron este lunes una huelga indefinida en dicho municipio.

El detonante y la molestia de los trabajadores nace por el contrato que mantiene desde el 2010 la Municipalidad de San José con la empresa mexicana PASA, lo que ha venido a representar un deterioro significativo en los equipos de recolección de basura del municipio, así como el pago millonario a dicha empresa para realizar las labores de limpieza en el casco central de la capital y la afectación de las condiciones laborales de los y las trabajadoras.

La huelga decretada por los trabajadores municipales tuvo inicio en el Plantel Municipal, sin embargo, horas después se trasladó al edificio administrativo José Figueres Ferrer, sede de la Municipalidad de San José, donde los trabajadores administrativos de la Municipalidad se unieron a la huelga, lo que provocó el cierre de servicios en el municipio.

Ya en la sede municipal y ante la negativa de la Alcaldesa de entrar en diálogo con los trabajadores, estos decidieron subir al quinto piso del inmueble donde se encuentra el despecho de la Alcaldesa en busca de una negociación, situación que no se dio. Por lo que el movimiento tomo mayor fuerza.

A eso de la 2 de la tarde la presión de los y las trabajadoras daría sus primeros réditos, ya que la Alcaldesa Sandra García solicitaría una reunión con los representantes de ANEP y la Seccional ANEP-Municipalidad de San José.

Dicha reunión de negociación daría inicio a las a las 3:00 de la tarde de este 12 de mayo, en la sede del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), ubicado en Barrio Tournon, con la presencia del Ministro de Trabajo, Víctor Morales; el Viceministro de esa cartera, Harold Villegas y el Director General de Asuntos Laborales del MTSS, Eugenio Solano. Además se contará con la presencia de representantes de la Defensoría de los Habitantes.

Sin embargo, pese al acercamiento la postura de la ANEP y la Seccional ANEP-Municipalidad de San José es que el movimiento de huelga no se levantará hasta que se llegue a un acuerdo satisfactorio para los y las trabajadoras del municipio, que se han visto gravemente perjudicados por la presencia de la empresa PASE en el municipio josefino.

Abogamos por el establecimiento de una “comisión de la verdad”

El señor Presidente de la República, don Luis Guillermo Solís Rivera, no cerró la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS), contrariando la tesis de su Partido Acción Ciudadana (PAC), al respecto, así como su posición favorable a ello, según lo indicara en la recién pasada campaña electoral.

Mantenemos la tesis de que la DIS debe ser disuelta. Su opacidad de gestión y su esencia como policía política, hacen prácticamente imposible su transformación estructural para convertirla a algo sustancial con las reiteradas demandas ciudadanas de transparencia total en la cosa pública.

Pese a esta circunstancia y desde nuestra perspectiva, pensamos que podría representar una “oportunidad” la llegada al frente de tal entidad, del ciudadano don Mariano Figueres Olsen, a quien el señor Presidente Solís le confío la conducción de la DIS en estos, digamos, “nuevos tiempos políticos”.

Don Mariano Figueres Olsen, ciudadano patriota que participó activamente en los procesos de lucha cívica más importantes que se dieron en nuestro país, en la primera década de este siglo XXI (como el Movimiento Patriótico del “No al TLC”); no solamente desfiló bajo los conceptos de la “Democracia de la Calle”, en esta y otras gestas ciudadanas de resistencia al neoliberalismo, sino que como el mismo lo reconoció, fue espiado, seguido y perseguido en sus movimientos por la DIS.

Igual que él, miles de compatriotas (líderes sociales, sindicales, cívicos, políticos honestos, intelectuales comprometidos, empresarios patriotas, etc.), estuvieron todos estos años y en todas estas acciones cívicas de lucha social, en la agenda del espionaje político de la DIS. Por tanto, con respeto, emplazamos públicamente y por esta vía al ciudadano don Mariano Figueres Olsen para que:

PRIMERO: Convoque a la conformación de una especie de “Comisión de la Verdad”, para que conozcamos la naturaleza profunda de la invasión a la intimidad privada, a la vida política y al activismo social de todos aquellos y de todas aquellas costarricenses que luego de la Caída del Muro de Berlín, en distintos momentos críticos y de alta confrontación social de los gobiernos neoliberales del “PLUSC”, estuvimos participando activamente en la resistencia ciudadana a la serie de políticas neoliberales diseñadas para acabar con la herencia histórica que nos fue dejada de lo que denominamos Estado Social de Derecho.

SEGUNDO: Para que se determine el manejo de los presuntos dineros, dólares estadounidenses, fluido “cash”, que se habrían estado entregando, en diferentes momentos políticos, directamente a las jerarquías políticas máximas de la inteligencia tica en manos de la DIS; provenientes, al parecer, de la embajada de los Estados Unidos de América. Hasta la ANEP han estado llegando informes en tal sentido pero, como es lógico suponer, no hay documentación en nuestras manos al respecto.

TERCERO: Para que se haga una auscultación de los bienes patrimoniales y de estilos de vida de los personajes que han venido dirigiendo los destinos de la DIS en los últimos años, de forma tal que se pueda constatar si ha habido “incongruencias” con el nivel de ingreso salarial para este tipo de puestos financiados con dineros públicos.

CUARTO: Atienda a una comitiva de diversa representación social y cívica a fin de detallarle con más exactitud una serie de aspectos que podrían ser considerados al respecto del futuro de la DIS, del carácter de su reforma legal y/o, incluso, de nuestras razones para mantener la posición de su disolución. De esta manera pública, le estamos solicitando formal audiencia.

«Sindicalismo en tiempos de TLC’s»
Sindicalimo Rebelde: Una propuesta ética
Sindicalismo Ciudadano: Una propuesta de acción

El pasado 19 de abril de 2010 la UNA publicó este “Primer Ideario Costarricense del Siglo XXI” en el cual ANEP emite sus planteamientos sobre los principales retos y objetivos de nuestra organización sindical.

El documento “Primer Ideario Costarricense del Siglo XXI”, de la UNA, así como el documento que recoge los principales planteamientos de ANEP en “El Sindicalismo en Tiempos de TLC’s” los puedes descargar aquí.

También puedes descargarlo del sitio de la Universidad Nacional

“El Sindicalismo en Tiempos de TLC’s”, artículo de ANEP en el “ Primer Ideario Costarricense del Siglo XXI”

Documento completo de “El Sindicalismo en Tiempos de TLC’s” (Sindicalismo Rebelde: Una Inspiración ética, Sindicalismo Ciudadano: Una propuesta de Acción)

“Primer Ideario Costarricense del Siglo XXI”, Universidad Nacional

2010-05-10 13:10:11

Carta abierta a la alcaldesa de San José

Honorable señora
Dra. Sandra García Pérez
Alcaldesa de San José
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ

Carta Abierta: Hablando de transparencia, dos situaciones para esclarecer

Estimada señora:

En primer término, reciba usted atento y respetuoso saludo.

Aunque está pendiente de nuestra parte hacer referencia a los contenidos de su respuesta a nuestra Carta Abierta de días pasados, pues por razones de exceso de trabajo no hemos tenido la posibilidad de elaborarla; sí consideramos sumamente necesario puntualizarle dos situaciones que nos han llamado poderosamente la atención, situaciones que compartimos con la población laboral institucional en este formato de Carta Abierta.

La motivación para escribirle sobre estos dos asuntos puntuales nace; por un lado, de su prédica con relación a su posición de “exigente con el cumplimiento del deber y el respeto a la normativa” (según uno de los argumentos de su respuesta que está pendiente de nuestra reacción; es más, usted ha indicado que ello es y será siempre su “norte”. Por otro lado, recientemente en una reunión que sostuvo con los jerarcas institucionales, según informaciones en nuestro poder, usted reiteró tal conducta.

Con base ello y siempre reiterándole nuestro mayor respeto y consideración, le agradecemos referirse a lo siguiente:

Caso del señor Eduardo Amador Hernández. Tenemos entendido que este ciudadano dejó de laborar para la Municipalidad de San José, el pasado mes de diciembre de 2013 para acogerse a su jubilación, presuntamente, habiendo llegado a trabajar a la misma el 4 de junio del 2013. Es decir, solamente estuvo laborando 6 meses. Lo curioso del asunto es que, según documentación en nuestro poder, al señor Amador se le nombró en plaza de Profesional 2 de la Dirección de Recursos Humanos, la que estuvo ocupada por don Fabio Cubillo Blanco, quien por muchos años se desempeñó como subdirector de Recursos Humanos y quien ya está jubilado desde hace varios años, teniendo entendido que tal plaza había estado congelada por mucho tiempo al no “tener contenido”.

Al ocupar esa plaza, el señor Amador, un periodista profesional muy renombrado (según entendemos), habría recibido los pluses salariales derivados de una plaza profesional de tal denominación. Además, se nos indicó que en esos seis meses, el señor Amador estuvo como “asesor” en su despacho y se le liberó de marcar tarjeta.

Como usted verá, se trata de una situación de carácter “peculiar” y que llama poderosamente la atención el contexto en que se da esa inserción laboral del señor Amador, su fugaz paso por la institución, las condiciones salariales asignadas y la contradicción entre la nomenclatura de la plaza según su ubicación en la estructura institucional, con relación al destino laboral real que, supuestamente, habría tenido el distinguido ciudadano.

Evidentemente si esto es completamente así y como nos fue denunciado, no solamente habría irregularidades de diverso carácter (hasta de orden penal); sino que estaría dándose una inconsecuencia de su parte, señora alcaldesa, con su predicado sobre la transparencia; y si tal situación a usted le hubiera sido “heredada”, tolerar la misma la haría responsable de las presuntas irregularidades. Considérese esto a la luz de la decisión que usted adoptó no más entrando en funciones, y amparándose al artículo 118 del Reglamento Autónomo de Organización y Servicios de la Municipalidad de San José; con lo cual se removió personal que estando en determinada plaza, no reunía el perfil para la misma, según se decir. Esto nos lleva a preguntar cuál habría sido la diferencia en el caso del señor Amador.

Es más, usted ha sido enfática en que violentar este ordenamiento suyo “plaza ocupada igual a funciones desempeñadas”, la jefatura a cargo deberá pagar de su propio peculio lo correspondiente y asumir las medidas disciplinarias correspondientes; es decir, podría usted señor alcaldesa tener que pagar una gran cantidad de dinero de su propio bolsillo y hasta someterse a un proceso disciplinario usted misma.

Si el señor Amador habría estado pensionado (como se nos ha indicado aunque no nos consta); y si habría suspendido el cobro de su jubilación para ingresar a la municipalidad y si al salir de la misma, luego de su fugaz paso laboral, el salario recibido en esos seis meses le hizo incrementar el monto de su pensión, es un asunto que ANEP piensa que usted debe esclarecer con toda contundencia; para disipar la especie que está intramuros administrativos de que habría ocurrido una especie de “tráfico de influencias”.

Por otro lado, si solamente fue contratado por esos seis con la finalidad de un ingreso salarial alto para una pensión definitiva, también merece esclarecerse. Pero en uno o en otro caso, la situación central es las razones de la tolerancia patronal en este caso (además de una período laboral tan fugaz); con relación a otras personas funcionarias, algunas profesionales, que fueron “sacrificadas” en aras de su concepción sobre manejar con rectitud la relación entre plaza ocupada y función desempeñada.

Caso de la servidora Ana Patricia Salas Rodríguez. Esta ciudadana ingresó a laborar en la Municipalidad de San José, según tenemos entendido, en julio del año pasado 2013, ocupando de entrada una plaza de Profesional 2, cuyo titular de la misma era la funcionaria Ericka Brealey Gómez; plaza ubicada en la sección de Protocolo y Cooperación Internacional, quien había renunciado a la institución. Con posterioridad, la señorita Salas Rodríguez fue removida de esa plaza, para ubicársele en la que venía ocupando el señor Jorge Villalobos Loaiza, quien sacó un permiso sin goce de salario para participar en la fallida campaña presidencial del señor Johnny Araya Monge. Don Jorge venía fungiendo como jefatura. Llama la atención, en tal sentido, que desde el propio ingreso a la institución de la mencionada señorita, es ubicada en una sección, Mejoramiento de Barrios, distinta a la de la ubicación de la primera plaza que ella entra a ocupar. Al darse el reingreso del señor Villalobos, la señorita Salas retorna a la plaza dejada por la señora Brealey, en un movimiento de decisión política evidentemente, sin mediar proceso técnico alguno en materia de Recursos Humanos.

Al puntualizar esta situación, la ANEP, nuevamente constata dos estilos de gestión política desde su alcaldía en materia de manejo de personal; el que debe estar en congruencia total entre la nomenclatura de la plaza y las funciones que desempeña quien la ocupa; pero, por otro lado, otras situaciones que quiebran esta “norma” suya en los casos apuntados.

En este segundo caso, el de la señorita Salas Rodríguez, no solamente llama la atención que desde esa plaza de Protocolo y Cooperación Internacional a la cual retornó, debe desempeñarse adicionalmente en la sección de Mejoramiento de Barrios, también lo debe hacer en la sección de Maquinaria y Equipo; y, más notorio de reflexión es la circunstancia de otra serie de tareas que usted le asignó, si nos atenemos a los contenidos de la Resolución Administrativa Alcaldía 513-2014, publicada en el Diario Oficial La Gaceta No. 42, del viernes 28 de febrero del 2014.

Al ser otorgadas tan grandes potestades de imperio a la mencionada servidora, se ha generado bastante controversia, en el seno de varios grupos profesionales subalternos suyos que perciben una gran discriminación subjetiva de su parte para con ellos, siendo que acumulan altos quilates en la gestión de alta rigurosidad técnica que se presume está presente en las responsabilidades de la tarea de adjudicación.

Estas dos situaciones son de amplio comentario intrainstitucionalmente hablando y revelan la imperiosa necesidad de una rotunda respuesta de su parte, esclarecedora, pues está en juego lo que estima como su propia credibilidad; más allá de los cuestionamientos que por su estilo autoritario de conducción le hemos formulado y que sostenemos.

Esperando su respuesta pública a esta nueva Carta Abierta, nos suscribimos con todo respeto y consideración,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General ANEP

Antonio Ortiz Fiorabanti
Presidente Junta Directiva
Seccional ANEP-Municipalidad de San José
Directivo Nacional ANEP

Constenla podría irse del INS con más de 170 millones de colones en su bolsillo

A nuestro poder llegó la respuesta del Instituto Nacional de Seguros (INS), que le diera a la consulta del exdiputado del Partido Acción Ciudadana (PAC), don Claudio Monge Pereira, en cuanto al tema de la“Política Salarial de Componente Variable por Logros y Objetivos”, aprobada por la administración de Guillermo Constenla Umaña: misma que la ANEP había cuestionado por considerarla irregular, considerando que el más beneficiado era el mismo indicado señor pues se le aplicaría a éste un ajuste mensual del 0,1% sobre las utilidades financieras del INS.

Mediante oficio G-02420-2014, de 9 de abril del 2014, la Gerencia General del INS, ante la pregunta formulada por el mencionado ex legislador Monge Pereira reconoce lo siguiente:

“De no haberse girado: ¿Cuánto se debería girar y a quiénes?

A la fecha por solicitud expresa del Dr. Guillermo Constenla Umaña no se ha girado la suma correspondiente, cuya cifra alcanza al 31-12-2013 un monto bruto de ¢ 127.288.939,oo (incluye la compensación variable y los montos por concepto de salario escolar y aguinaldo, sin intereses).

Para el año 2014 se procederá con el pago de acuerdo a la utilidad técnica acumulada que se consigne en los estados financieros al 30 de abril del 2014…”

Entonces, el señor Constenla Umaña quien durante todo el período de su administración a cargo del INS, trató de aumentarse el salario, y que fue detenido por denuncias de la ANEP, lo cual lo llevó a asegurar delante de los medios de comunicación y a comprometerse con la señora Expresidenta de la República a que no se realizaría ningún aumento salarial a su favor, resulta que en la práctica no fue así.

Lo que estuvo haciendo, contando con la aquiescencia de los directivos del INS, fue gestando una “buchaca”, que según se indica en el oficio arriba mencionado, supera los ¢ 128 millones de colones; suma que no contempla el pago de prestaciones por los ocho años en los que estuvo al frente del INS y que podría superar los ¢40 millones de colones.

Al conjuntar las dos cifras indicadas, tenemos que habría una cantidad superior a los 170 millones de colones de los fondos públicos que administra el INS por erogarse o haberse erogado parcialmente.

Creemos que ni moral ni técnicamente el señor Guillermo Cónstenla Umaña, debe retirar esos dineros que provienen del 0,1% de la utilidad técnica del Instituto Nacional de Seguros; toda vez que él rechazó en su momento su pretendido aumento y así lo manifestó públicamente: no recibir ningún tipo de ajuste salarial que aumentara su ingreso mensual como jerarca del INS.

Exigimos con respeto a la nueva administración del INS, en la figura de su nuevo Presidente Ejecutivo, el Lic. Sergio Alfaro Salas, realizar una exhaustiva investigación de lo aquí denunciado por nosotros; y de haber recibido el señor Constenla sumas que no le correspondían y que en su momento rechazó, precisamente por no corresponderle, las mismas sean devueltas (si ya se le pagaron) al erario público y que se sancione, eventualmente, a los funcionarios públicos que permitieron y autorizaron tales erogaciones.

ANEP participará en la votación para la elección de representantes en el Consejo Nacional de Migración

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) participará por primera vez en la votación para la elección de los representantes de la sociedad civil en el Consejo Nacional de Migración, lo que permitirá un mayor control sobre las políticas que se ejercen sobre la población migrante.

Fidelina Mena Corrales, Representante de la Seccional ANEP-Sector Migrante, indicó que la participación de la ANEP en este tipo de procesos permitirá que nuestra organización pida a los representantes de la sociedad civil resultados sobre sus gestiones ante el Consejo Nacional de Migración, esto en favor de la población migrante que es altamente vulnerable.

“Esto es de mucha importancia, ya que ANEP al ser una organización concentrada netamente en el aérea laboral y que se preocupa por todos los trabajadores del país sin excluir a los trabajadores migrante le permitirá ejercer un mayor control sobre la ejecutividad de la política migratoria aprobada en el pasado Gobierno”, dijo Mena.

Lo anterior, según el cumplimiento de la Ley General de Migración y Extranjería y el Decreto Ejecutivo N° 38094-G denominado “Reglamento para nombramientos de representantes de la sociedad civil en el Consejo Nacional de Migración”.

El Consejo Nacional de Migración está integrado por los dos representantes de la sociedad civil, más los Ministros designados por el Poder Ejecutivo e instituciones autónomas como la Caja Costarricense del Seguros Social (CCSS), Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), Patronato Nacional de la Infancia (PANI), entre otras.