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Negociaremos con el MSP el pago de días feriados para oficiales de la Fuerza Pública

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La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), junto a su seccional ANEP-Fuerza Pública, serán los encargados de negociar con el Ministerio de Seguridad Pública (MSP) el pago atrasado por concepto de día feriado trabajado para los oficiales de la Fuerza Pública.

Lo anterior se debe a que el MSP no reconocía el pago doble por los días feriados laborados, toda vez que estimaba que la figura de la disponibilidad abarcaba el pago de esos días; no obstante, criterios vertidos posteriormente consideraron que la disponibilidad no alcanza a cubrir los días feriados, pues se trata de días que no deben laborarse, pero si se laboran, debe reconocerse el pago doble, en virtud de la modalidad de pago mensual que se aplica a los funcionarios públicos.

En el caso de los miembros de la Fuerza Pública, por la modalidad de pago (mensual, con adelanto quincenal) se entienden pagados todos los días del mes, por lo que los feriados laborados deben remunerarse con un adicional sencillo más, para completar el pago doble al que se refiere el artículo 149, en relación con el 152, ambos del Código de Trabajo.

Mainor Anchía, integrante de la Junta Directiva Nacional de ANEP y Presidente de la Seccional ANEP-Fuerza Pública indicó que “en los próximos días iniciaremos las negociaciones en sede administrativa, para agilizar el pago de los feriados que le adeuda la administración del Ministerio de Seguridad Pública, a miles de compañeros de la Fuerza Pública, nosotros hemos coadyuvado en este proceso que favorece a muchos y muchas de nuestros agremiados”.

Según Anchía, así consta en el oficio remitido a nuestra organización por la Procuraduría General de la Republica, en el que se avala nuestra participación como enlace para facilitar el pago de este rubro a miles de efectivos de la Fuerza Pública.

“Además, ha esto se une que el día de hoy (miércoles 28 de mayo de 2014) conversamos con el Lic. Jeiner Villalobos, Director Jurídico del Ministerio de Seguridad Pública, quien nos indicó que en próximos días iniciaremos este proceso, para el cual solo falta el tema logístico”, finalizó Anchía.

Este proceso de negociación permitirá que el dinero adeudado a los efectivos sea girado de una forma más rápida y evitar un proceso engorroso, que además le generaría al MSP destinar recurso humano y económico.

Policía Penitenciaria plantea agenda anual de lucha

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Licda. Cristina Ramírez Chavarría, Ministra
Lic. Carlos Rodríguez Pérez, Viceministro
MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ

Estimada señora ministra:
Estimado señor viceministro:

Reciban en primera instancia un cordial y sumamente respetuoso saludo de parte de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP).

Esta es nuestra primera misiva que desde nuestra organización laboral les hacemos llegar a vuestras dignas autoridades en condición de ministra y de viceministro de Estado en la cartera de Justicia y Paz; deseándoles desde ya los mejores éxitos en este complejo ministerio a su cargo.

Han de saber vuestras dignas autoridades que la ANEP es una organización sindical con más de treinta años de trayectoria a lo interno de este ministerio, especialmente en el seno del personal del Sistema Penitenciario Nacional; logrando construir una reconocida incidencia sociolaboral, sustentada en una agenda de temas de orden reivindicativo-gremial y político institucional; direccionado más específicamente en el sector de la Policía Penitenciaria, quedando en desarrollo un proceso de negociación y cumplimiento de acuerdos inconclusos, mismos que ineludiblemente en resguardo de la necesaria paz laboral, debemos continuar con la voluntad política de vuestras autoridades.

A la vez pero para ser tratado en una segunda comunicación de parte de la ANEP, hemos estado insistiendo en la tesis de que el Sistema Penitenciario Nacional está en crisis y hemos elaborado planteamientos al respecto que les haremos llegar prontamente; considerando que los niveles de sacrificio del personal institucional visto como un todo (ya no solamente el de seguridad penitenciaria), está sumido en altísimos niveles de presión y de estrechez laboral en todos los sentidos que amerita una acción de la nueva política pública que se avizora para tenderle una mano urgente, sensible y solidaria que no se vio en la administración anterior para con ellos: hablamos de los y de las profesionales, del grupo laboral técnico, así como del administrativo y de servicio operativo.

Ahora bien y dada la urgencia de las urgencias, en el caso de la situación sociolaboral de la Policía Penitenciaria, varios de los asuntos pendientes al respecto y urgentes de abordar, se fundamentan en acuerdos firmados, tanto en la sede del Ministerio de Trabajo y Seguridad social (MTSS), como con las autoridades de las máximas autoridades político-jerárquicas del gobierno anterior en esta cartera de Justicia y Paz. En razón de lo anterior nos permitimos formal entrega a vuestras autoridades de lo que denominamos “Agenda laboral para la eficiencia, la eficacia y el fortalecimiento del servicio de la Policía Penitenciaria con plena humanización del trato a su personal”; con el objetivo de proponer la apertura de un espacio permanente de diálogo y negociación efectiva, al más alto nivel institucional.

“Agenda laboral para la eficiencia, la eficacia y el fortalecimiento del servicio de la Policía Penitenciariacon plena humanización del trato a su personal”

Primero: PROCESO DE NEGOCIACIÓN CONVENCIÓN COLECTIVA DE TRABAJO. Consideramos este instrumento laboral como la máxima aspiración de las trabajadoras y de los trabajadores, convirtiéndose en la herramienta que regirá con carácter de ley profesional aspectos de orden laboral, fijando reglas claras y resolviendo en un sólo paquete gran parte de la problemática laboral existente.

Importante de destacar que esta propuesta de la ANEP fue el resultado de un riguroso análisis y consulta con el personal policial, documento que fuera formalmente entregado el pasado 23 de octubre de 2013 a la anterior señora ministra, la Dra. Ana Isabel Garita Vílchez, con el propósito de iniciar el proceso de negociación que ha quedado truncado. Valga indicar, además, que en este aspecto de la Convención Colectiva de Trabajo, la tesis de la ANEP es mantener unida a la familia laboral penitenciaria, sin segregarla, sin dividirla; integrante en este instrumento del Derecho Colectivo de Trabajo (el máximo, por demás), a los y las profesionales, al grupo laboral técnico, así como al administrativo y al de servicio operativo, junto al personal de la Policía Penitenciaria.

Segundo: MANUAL DE CLASES DE LA POLICIA PETENINTENCIARIA. Este proceso arrancó como resultado de acuerdos y negociaciones posteriores al movimiento huelguístico del pasado 6 de enero del año en curso. El manual de clases permitirá actualizar la actual estructura organizativa de la Policía Penitenciaria haciéndola más moderna, eficaz y eficiente, aparte de justicia; antesala para lograr que el personal policial de este ministerio tenga salarios más competitivos y, al menos, pueda homologarse a la base salarial del personal policial de la Fuerza Pública del Misterio de Seguridad Pública, cuyas bases salariales están al día de hoy, promedialmente hablando, en unos ochenta mil colones arriba de nuestro personal de la Policía Penitenciaria.

Importante es destacar que las autoridades salientes y actual personal técnico- profesional en coordinación con nuestra representada, dio inicio a la actualización de este manual, realizándose todo el trabajo de campo necesario. No obstante, el documento borrador final, no ha sido de aceptación por parte de la ANEP, al considerar que se obviaron aspectos relevantes que deben ser incorporados al mismo.

Tercero. NOMBRAMIENTO DE PERSONAL. Como es de vox populi, ha crecido exponencialmente la población carcelaria al extremo que se experimenta una sobrepoblación prácticamente en todas las cárceles del país; por el contrario, el personal policial no ha crecido de manera proporcional. Esta situación era “relativamente manejable” recargando funciones y obligando al personal policial a laborar, al menos, uno o dos días al mes bajo la figura de disponibilidad. No obstante hoy, al haberse resuelto mediante fallo judicial la figura jurídica de la disponibilidad como opcional y no obligatoria, el personal policial ante el altísimo estrés laboral, opta mejor por descansar, situación que deja al desnudo la falta de personal policial estimada entre 600 y ochocientas nuevas plazas.

Amén de que pueda efectuarse un plan de reordenamiento de personal, nuestra organización sindical considera de orden prioritario que vuestras autoridades realicen todas las gestiones pertinentes de orden presupuestario a fin de que pueda irse nombrarse personal policial adicional. Importancia capital reviste el hecho de que estamos ante un relevo generacional muy acentuado, reconociendo que será considerable el número de policías que se jubilará en el próximo cuatrienio.

Cuarto. RESPETO AL TIEMPO PROPROCIONAL DEL DEBIDO DESCANSO. Como ha de ser de su conocimiento en el sistema penitenciario la Policía Penitenciaria labora en varios horarios. Uno de 5×2 de las 08:00 am las 04:00 pm, con salida diaria a la casa; y, el predominante, de 7×7 días (de internamiento con tiempo proporcional de descanso), con dos roles laborables: Uno de 8 horas rotativo en el cual una escuadra labora y la otra es reserva en descanso; otro, el segundo rol de 12 horas o denominado escuadra de apoyo. Valga decir que 12 horas es la jornada laboral máxima permitida. En teoría, en ambos con tiempo proporcional de descanso.

No obstante, las autoridades institucionales han mantenido el criterio de que con el personal que labora en horario 7×7, en rol ocho horas, puede disponerse a discreción de la administración después de su jornada y en su tiempo de descanso para que continúen laborando en labores ordinarias como recuentos, visita general, requisas, y salidas médicas.

De tal manera que este personal termina laborando diez y hasta once horas, negándosele el derecho al debido descanso, sin reconocimiento de horas extras y poniéndose en alto riesgo la seguridad penitenciaria con oficiales altamente fatigados; siendo nuestro criterio jurídico político contrario a esta desproporcionalidad abusiva violatoria que no garantiza las ocho horas de descanso.

Quinto. RECONOCIMIENTO ECONOMICO DEL TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO POR CONCEPTO DE DISPONIBILIDAD EN SEDE ADMINSTRATIVA. Lo anterior es producto de los acuerdos firmados el 23 de enero de 2014 en sede del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS). Al respecto se pactó en forma obrero – patronal lo siguiente: “La administración dará tramite en sede administrativa a todas aquellas gestiones que planteen las y los trabajadores de la Policía Penitenciaria en forma individual, para lograr el pago de deudas acumuladas por tiempo extra ya laborados, por concepto disponibilidad”. Esto está pendiente, con un primer corte al 31 de marzo del año en curso, para presupuestación y pago de un primer grupo por una totalidad de setenta y un mil trecientas setenta y dos horas adeudadas (71372 horas).

Importante es de destacar que lo anterior tuvo origen en un proceso judicial-laboral interpuesto por ANEP ante el Juzgado de trabajo del 11 circuito judicial de San José, expediente 10-000421-0166, del trabajador de la Policía Penitenciaria y máximo dirigente sindical de la ANEP en este grupo laboral, don Gerardo Cascante Vargas. De esta manera la disponibilidad deja de ser obligatoria y deberá de reconocerse como tiempo extraordinario para quien acepte laborar.

Al respecto consideramos de fundamental importancia que vuestra autoridad, continúe brindando total respaldo a este proceso para que a la mayor brevedad posible se le cancele estas deudas al cien por ciento del personal policial.

Sexto. RECONOCIMIENTO ECONÓMICO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO. En este apartado tenemos dos aspectos a señalar, uno la solicitud expresa que formuláramos a la antecesora señora ministra para la apertura de un proceso de investigación ante presuntos abusos indebidos en la asignación de horas extras en la cúpula policial, pues de informe que fuera proporcionado por la misma ministra saliente, se observa a nuestro criterio una desproporcionalidad de dicha asignación en dichas cúpulas, respecto al personal policial de base.

El otro aspecto refiere a que si bien existe un circular que indica que en el pago correspondiente al mes siguiente del día laborado se incorpora dicho reconocimiento, lo cierto del caso es que no se cumple con dicha disposición. Esto mantiene en una absoluta indisposición al personal que ha venido laborando de forma voluntaria, al extremo que el personal policial no encuentra motivación alguna para trabajar cuando la administración le llama a colaborar.

Sétimo. REGLAMENTACIÓN USO Y PORTACIÓN DEL TELEFONO CELULAR EN TIEMPO DE SERVICIO. Este tema nos ha llevado a mantener una fuerte discrepancia con la cúpula policial, al extremo que tuvimos que solicitar la directa intervención del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS). Sin embargo, al día de hoy el diferendo no ha sido resuelto.

El conflicto radica en que el personal policial goza de un permiso especial de portación y uso de celular, con algunas regulaciones específicas de uso que no pongan en riesgo la seguridad carcelaria; pues ante el desarraigo familiar del personal de seguridad y ante la falta de dispositivos de comunicación en fortines y otras unidades laborales, el celular se ha convertido en una herramienta estratégica de trabajo en seguridad.

Sin embargo, la administración ha optado por la prohibición casi absoluta, al extremo que en algunos centros carcelarios del país, como Pérez Zeledón y otros, obligan al personal a dejar guardados los artefactos en las oficialías, situación que ha provocado enorme malestar en el personal policial.

Octavo. RECONOCIMIENTO DEL 100% DE VACACIONES PSICOPROFILÁCTICAS. Anteriormente el personal policial disfrutaba de 13 días hábiles en tres bloques: dos de cinco días y el último bloque de tres días. Posteriormente vía circular, la administración ordena que se disponga dar los trece días seguidos, lo que se convierte o traduce a sólo seis días y medio, para el personal que trabaja en rol 7×7 y en semi-internamiento; disfrutando de sus trece días únicamente le personal de seguridad que trabaja en rol 5×2. Es decir, solamente el personal policial en rol administrativo sí disfruta los trece días de vacaciones psicoprofilácticas. Evidentemente estamos ante una situación altamente discriminatoria en el seno del mismo cuerpo policial que afecta a la mayoría del mismo.

Noveno. RECONOCIMINTO DEL 100% DE LAS VACACIONES LEGALES PARA TODO EL PERSONAL DE SEGURIDAD. Para ubicarnos en el contexto, es importante señalar que en el año 1997, siendo Ministro de Justicia por unos días el señor Lic. Juan Diego Castro Fernández, emitió una circular en la cual divide las vacaciones en dos partes, resultando que a partir de ese momento quienes tenían diez años o más de laborar disfrutarían de treinta días hábiles; y, en adelante los que cumplieran diez años de laborar tendrían únicamente treinta días calendario. Nótese aquí que estamos con periodos de vacaciones distintos o diferentes para trabajadores y trabajadoras de un mismo ministerio o patrono.

Décimo. MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA. Basta recorrer los centros penitenciarios para observar las condiciones de deterioro y desmejoramiento, sobre todo en centros carcelario ubicados en el interior del país en regiones expuestas a bruscas condiciones climatológicas. Todo parece indicar que las carencias presupuestarias y la falta de planificación conspiran contra la infraestructura institucional, aparte de que sería relevantísimo una evaluación de las capacidades y de las responsabilidades de ejecución presupuestaria que muestran los mandos altos y medios encargados de ello.

Es menester de nuestra parte reconocer algunas mejoras en infraestructura para albergar a las personas privadas de libertad; no así en el mejoramiento de las condiciones deplorables de fortines que carecen de agua potable y servicios para las necesidades fisiológicas; dormitorios y espacio físico que aminoren el hacinamiento en muchas cárceles del país, todas las cuales carecen de procesos estructurales y sistemáticos en materia de Salud Ocupacional, cuyos primeros esfuerzos institucionales al respecto merecen un apoyo estratégico.

Dos ejemplos del problema con los dormitorios los tenemos con las mujeres policías en la cárcel de Puntarenas que no cuentan con un dormitorio exclusivo para ellas; pues dividieron el de los hombres para darles espacio a estas compañeras perdiéndose la intimidad de ambos grupos. El otro ejemplo lo constituye el semi-institucional de San Ramón, donde los dormitorios de los hombres está de pared de por medio del comedor.

Décimoprimero. TRASLADOS O REUBICACIONES ABUSIVOS. Si bien reconocemos un importante avance en este aspecto, sobre todo a partir de que la honorable Sala Constitucional, reiteradamente, ha manifestado los parámetros de proporcionalidad a considerar en materia de traslados del personal policial penitenciaria; siguen reubicando personal que no necesariamente es de algún agrado de supervisores o jefaturas, sustentando el “rancio” argumento de que se traslada por interés institucional, cuando en el fondo dicho traslado o reubicación obedece en muchos casos, a aspectos de marcados liderazgos de personal subalterno que cuestiona decisiones u órdenes de sus inmediatos superiores.

Importante destacar que si bien existe en la estructura jerárquica policial personal con características de liderazgos y mediana formación en el manejo de personal; nos encontramos también con que en esta estructura de mando hay personal que no tiene la idoneidad ni la formación requerida lo que hace que se potencien discrepancias y conflictos laborales innecesarios.

Décimosegundo. FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN POLICIAL. Desde ANEP consideramos de orden estratégico, un profundo análisis de la malla curricular, siendo necesario un riguroso análisis del enfoque y los contenidos que se imparten en la Escuela de Formación Policial, haciendo hincapié en el nivel de formación y certificación de los formadores y formadoras de dicha escuela. Desde nuestra perceptiva, consideramos necesario mayor énfasis en formación de derechos humanos, protocolos en la gestión policial, así como valores cívicos y disciplina; agregando ahora los contenidos de política pública que en el ámbito de la Transparencia y de la Ética vuestro gobierno, por medio del señor Presidente de la República, Luis Guillermo Solís Rivera, señaló en su mensaje de asunción del cargo.

Adicionalmente consideramos que debe de haber un plan de capacitación y actualización continua, siendo inadmisible que la única vez que un policía dispara un arma es cuando recibe el curso como requisito de ingreso al sistema, razón por la cual se presenta una constante queja. Y es que unos pocos policías acaparan muchos cursos y capacitaciones, inclusive en el extranjero, siendo que ni siquiera son los que laboran en los centros penitenciarios y la mayoría es de nuevo ingreso, dejando en el olvido a l personal más experimentado que más se ha sacrificado.

Decimotercero. GÉNERO. Como es obvio, el término refiere al ser humano, hombre o mujer. En este apartado nos referimos a la inserción activa de la mujer a un sistema penitenciario obviamente patriarcal y con marcados sesgos machistas y hasta misóginos; correspondiéndole a la mujer policía entrar en desventaja a un sistema hecho desde una perspectiva que si bien puede considerar las capacidades de la mujer, no así brinda las condiciones básicas necesarias de privacidad así como las debidas consideraciones a la naturaleza misma de la mujer. Nos referimos al doble papel que juega en la sociedad y sus condiciones anatómicas y fisiológicas. No existe una directriz clara respecto a las funciones o roles de la mujer policía durante el embarazo; no se consideran las necesidades fisiológicas o anatómicas como un uniforme adecuado; los riesgos a que son expuestas al tener que subir a fortines que algunos por sus características son de difícil acceso, dejando este tema a criterio de la jefatura de cada centro.

Es muy normal escuchar al personal policial femenino quejarse de la ausencia de consideración especial cuando se encuentran con el período menstrual y todos los inconvenientes que esto conlleva. No perciben consideración alguna. El otro caso es que al no haber agua ni servicios sanitarios en los fortines deben de solicitar relevos (que no siempre hay disponibles) y caminar a veces distancias considerables para llegar al servicio sanitario.

De igual manera, los uniformes y chalecos antibala utilizados son estándar y los usan todos, no son hechos guardando las condiciones anatómicas inherentes al sexo femenino, lo que hace que tengan constantemente padecimientos alérgicos por ese intercambio de fluidos corporales usuario-chaleco-usuario, entre otras cosas. Es más que obvio que un uniforme confeccionado para hombres no reúne las características de talla para mujeres.

Finalmente, es imperativo doctrinar sobre los aspectos inherentes al acoso sexual y laboral a la mujer en el empleo con desempeño policial en el ámbito de la seguridad penitenciaria.

Decimocuarto. AVITUALLAMIENTO. Esta cartera ministerial deberá de hacer un ingente esfuerzo de orden presupuestario para dotar al personal policial de uniformes, zapatos y equipo necesario para trabajar con dignidad, eficiencia y eficacia; pues tristemente al día de hoy se les suple únicamente dos camisetas, un pantalón y un par de zapatos al año. Ello explica por qué vemos policías mal presentados con uniformes desteñidos y remendados con una variedad de zapatos diferentes, teniendo el personal policial que fabricarse o comprar la vara policial y el indispensable foco.

Debemos destacar que no es lo mismo el “aguante” que puede tener el uso de un uniforme en zonas frescas que se puede usar dos o más veces sin lavar; que en zonas calientes o húmedas y lluviosas donde el uniforme deberá cambiarse a diario y por consiguiente lavarlos con mayor frecuencia, con el inconveniente de mayor desgaste y que no se seca rápido. Los zapatos también se mojan más y duran menos. Estos son puntos a tomar en cuenta a la hora de distribuir uniformes en esas zonas. Para poner un ejemplo de la poca importancia que se le da al tema, Limón es una de los centros que para el 2013 se dejó sin uniformes y se les entregó al inicio de este año. La justificación: Que se les entregó uniformes a los nuevos grupos de básicos policiales y no alcanzó.

Contrariamente, los homólogos de otros cuerpos policiales, como la Fuerza Pública, portan el chaleco personalizado, cuentan con cuatro uniformes al año, “jackets”, capas, botas y zapatos de alta calidad.

Decimoquinto. ALIMENTACIÓN. En cuanto a este tema se ha hablado mucho. La alimentación para la policía que debe permanecer la semana en servicio es la misma que se le sirve a la población privada de libertad, inclusive con la ayuda en la preparación de privados y privadas de libertad, lo que representa un altísimo riesgo. Es una costumbre que para el turno de la madrugada, de las 00:00 a las 08:00 horas, les dejan lo básico, como arroz y frijoles preparados para que “se las arregle” la misma policía de la escuadra en servicio, encargando a alguno o alguna la cocina en ese rol a prepararla (al que le llaman “burrero”). Para mejorar esta alimentación mínima, la policía hace un aporte semanal para comprar algún tipo de acompañamiento, como puede ser carnes.

La alimentación para la policía como no es pensada para ella, no es balanceada, le llega a sus respectivos puestos, llámese pabellones o fortines, tiempo después de haber sido “empacada” en los recipientes que cada uno debe aportar; por consiguiente llega fría, de tal manera que si no le gusto lo que se preparó se día, se queda sin comer.

Decimosexto. DIAGNÓSTICO MÉDICO DEL ESTADO GENERAL DE SALUD DEL PERSONAL POLICIAL. Sabemos que el personal policial con mayor edad y más años de laborar en el sistema, presenta una tendencia marcada a padecimientos propios relacionados directamente con las condiciones hostiles de trabajo, desarraigo y alimentación. No obstante consideramos urgente un diagnóstico médico estadístico que nos diga con mayor certeza el estado general de salud del personal policial.

Finalmente, con mucho respecto, nos permitimos ser atendidos, lo más rápidamente posible, por vuestras su dignas autoridades ministeriales, con la finalidad de ampliar con mayor detalle la visión institucional desde nuestra perspectiva laboral; quedando a la espera de vernos complacidos en nuestra respetuosa solicitud.

Con estima y consideración, reiterándoles nuestros buenos deseos de éxitos en la gestión para el bien de nuestro pueblo,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General ANEP

Gerardo Cascante Vargas
Vicepresidente y Presidente en ejercicio,
Junta Directiva
Seccional ANEP-Policía Penitenciaria

ANEP presente en el marco del PTDP de la Organización Internacional de Trabajo

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Representantes de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) se encuentran participando en el taller nacional “Planificación estratégica para desarrollar la agenda sindical” en el marco del Programa de Trabajo Decente por País (PTDT) de Costa Rica.

El taller que se realiza en San José, tiene como primer objetivo; analizar la situación socio-laboral del país, con énfasis en los déficits en materia de trabajo decente, de acuerdo a las prioridades del sindicalismo en el marco de la PTDP.

El segundo objetivo es la elaboración de un plan de trabajo para la participación activa de las centrales en la PTDP, acorde con la agenda sindical de trabajo decente.

Además, dentro de los puntos a desarrollar entre los participantes se encuentran: el programa de trabajo decente en Costa Rica y bases para su implementación, según la OIT, así como la situación socio-laboral del país, y la participación de los trabajadores en la PTDP.

A los puntos anteriores se une: la sistematización y aporte a la agenda sindical de trabajo decente, para finalmente elaborar un plan de trabajo en la agenda sindical para la PTDP.

Este taller se desarrolla desde este miércoles 28 de mayo y finaliza el próximo 29 del mismo mes.

CCOO denuncia la criminalización de los sindicatos y la ofensiva penal contra el derecho de huelga

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La Comisión Ejecutiva de CCOO aprobó ayer una declaración en la que expresa su preocupación por la deriva autoritaria que han tomado las actuaciones de los poderes públicos contra los sindicatos. Un informe de los Servicios Jurídicos de CCOO indica que son 49 los procedimientos abiertos a 147 representantes y dirigentes de CCOO, promovidos por la Administración del Estado y el Ministerio Fiscal, lo que a juicio del sindicato, supone una restricción ilegítima de derechos democráticos.

En opinión de CCOO, resulta especialmente reseñable la intervención del Ministerio Fiscal, y por lo tanto del poder ejecutivo, en la criminalización de la respuesta social y sindical. CCOO llama la atención sobre el solemne silencio político y administrativo que acompaña a la campaña de intimidación observada en el ejercicio de de estas prácticas sancionadoras contra la actividad sindical y especialmente contra representantes del sindicato.

TEXTO ÍNTEGRO DE LA DECLARACIÓN:

CCOO denuncia la criminalización de los sindicatos y la ofensiva penal contra el derecho de huelga

Un informe de los Servicios Jurídicos de CCOO advierte de 49 procedimientos abiertos a 147 representantes y dirigentes de CCOO, promovidos por la Administración del Estado y el Ministerio Fiscal, lo que supone una restricción ilegítima de derechos democráticos.

El ejercicio de la libertad sindical ha conocido en los últimos años una creciente y preocupante intervención del Ministerio Fiscal, que puede estar ejerciendo la acusación pública con finalidad discriminatoria. A juicio de CCOO, “la acusación penal, que acarrea la imputación de delitos para los que se piden hasta ocho años de cárcel para representantes sindicales, es una injerencia de los poderes públicos en el funcionamiento de las organizaciones sindicales y una restricción ilegítima de derechos democráticos y de manera singular, del derecho de huelga. No se trata de un acto que carezca de consecuencias jurídicas inmediatas. Implica la vinculación a un proceso y la sumisión a medidas cautelares tanto personales como de exigencia de fianzas y asunción de daños por parte de la acusación”.

Desde hace unos años, el sindicalismo de clase se enfrenta a una poderosa campaña mediática activada con fuerza a partir del triunfo de la derecha política en las elecciones generales de 2011. Una sistemática e implacable campaña que no repara en medios y que apunta al corazón mismo de las relaciones laborales. En la estrategia informativa de descrédito del proyecto sindical, no se pone en cuestión una u otra actuación de los sindicatos. O al menos, no solo. Se ataca la propia existencia del sindicalismo democrático y su función constitucional, lo que nos sitúa ante una ofensiva conservadora que en ocasiones avanza extramuros de la democracia.

Pero el sindicalismo no puede quedarse en la denuncia de unos hechos que golpean la imagen y la credibilidad de los sindicatos. Debe dirigir también su mirada hacia dentro y evaluar con rigor y transparencia los errores cometidos. Y en eso estamos empeñados en CCOO. La creación de una Comisión de Investigación para analizar la actuación del sindicato en el llamado caso de los ERE, y el compromiso público adquirido para aplicar con todas las consecuencias la legalidad estatutaria, ha servido para separar las buenas de las malas prácticas y no ponernos de perfil si tuviésemos que sancionar alguna actuación irregular de representantes de CCOO.

La criminalización de la respuesta sindical

Mientras el sindicato se detenía en el análisis de la campaña antisindical en el ámbito de la comunicación, se sucedían en distintos puntos del país acciones sancionadoras contra la actividad sindical sin precedentes en democracia. Conscientes de que las prácticas sancionadoras contra sindicalistas han ido aumentando hasta límites intolerables, CCOO ha creído imprescindible encargar a sus servicios jurídicos un informe detallado de lo que está pasando y una agenda básica que incluya los criterios de intervención jurídica y sindical. La principal tipología de conflictos de los que se derivan las actuaciones sancionadoras están relacionados con el desarrollo de las jornadas de huelga general tanto en el año 2010 como en el 2012, jornadas que acumulan la inmensa mayoría de procedimientos tanto administrativos como penales.

En relación con las sanciones que son objeto de imputación, las más frecuentes son las de carácter exclusivamente administrativo, y no representan en la mayoría de los casos importes relevantes, excepción hecha de la infracción muy grave aplicada al caso de Huelva que supera la cantidad de 60.000 euros.

En el ámbito penal la mayor gravedad de la acusación tiene lugar cuando se imputa la comisión de delito de coacciones a la huelga, lo que se produce al menos en nueve procedimientos de carácter penal y que afectan a unos 40 trabajadores y cargos sindicales. Estos procedimientos sí derivan en condena, la pena mínima es de tres años y un día, y por tanto genera el ingreso en prisión al ser superior a 24 meses, aunque la persona carezca de antecedentes penales, al no ser aplicable con carácter general la medida de libertad condicional. En algunos casos se ha constatado que las peticiones de la Fiscalía exceden notablemente de la pena mínima, lo que además tiene lugar cuando solicita igualmente pena de prisión por otros delitos concurrentes como los de atentado o lesiones. Tal es el caso de AIRBUS, en el que se pide ocho años de prisión para cada uno de los ocho sindicalistas imputados, o superior a cuatro años, como se pide a la secretaria general de CCOO de Baleares.

Hemos querido resumir algunos de los 35 procedimientos que afectan a 125 sindicalistas de CCOO los servicios jurídicos trabajan para conocer si son más los casos con el propósito de sensibilizar a toda la ciudadanía de la trascendencia de unas actuaciones que cercenan gravemente los derechos sociales y laborales. Y lo hacemos para anunciar que no nos vamos a quedar parados. CCOO considera inaceptable que el delito de coacciones a la promoción de la huelga como figura penal se aplique de forma generalizada en todo tipo de altercados e incidentes con ocasión del desarrollo de una huelga, sobre todo en la convocatoria de una huelga general.

Resulta especialmente determinante la intervención del Ministerio Fiscal, y por lo tanto del poder ejecutivo, en la criminalización de la respuesta social y sindical. CCOO llama la atención sobre el solemne silencio político e informativo que acompaña a la campaña de intimidación observada en el ejercicio de estas prácticas sancionadoras contra la actividad sindical, y especialmente contra representantes del sindicato. No vamos a permanecer callados ni parados. CCOO activará una agenda de contactos y reuniones con la Fiscalía General del Estado, el Consejo General del Poder judicial, las organizaciones profesionales de la justicia, el Comité de Libertad Sindical de la OIT y los grupos parlamentarios para trasladarles la situación aquí denunciada. Igualmente, debatirá y reflexionará con ellos de propuestas de cambios normativos en el ámbito penal. Y estudiará en sus órganos de dirección, en contacto con todas las estructuras del sindicato, un calendario de movilizaciones contra la vulneración de los derechos sindicales.

Pago de disponibilidades por la vía administrativa sigue caminando

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Nuevamente los otros, los mercaderes de juicios, siguen tratando de confundir, de engañar, de manipular las conciencias y la inteligencia de los y las policías penitenciarias en cuanto al proceso de cobro promovido por ANEP en vía administrativa por el pago de disponibilidad que se nos adeuda.

ANEP le ha estado dando seguimiento responsable, continuo y constante a este proceso de pago, que tal y como lo acordamos en la negociación que tuvimos con las autoridades de Justicia y Paz, se tramitarían con el primer corte de las certificaciones que tuviéramos al 31 de marzo de 2014.

Es así como luego de la última reunión sostenida por los compañeros Gerardo Cascante Vargas, Presidente de la Seccional ANEP-Policía Penitenciaria-ANEP; por el compañero Gerardo Cascante Amador, promotor de ANEP para la Policía Penitenciaria; y, por el compañero Rafael Mora Solano, Asesor Político de ANEP; que tanto con don Geovanni Morales Sánchez, Director de Recursos Humanos del MJP, como con don Guillermo Ugalde Víquez, Director Nacional de la Policía Penitenciaria; nos informaron de lo avanzado del proceso de la corroboración de los datos de las certificaciones de horas laboradas y de que algunas inconsistencias consultadas por la Dirección de Recursos Humanos ya habían sido aclaradas, y que ya todo estaba preparado para solicitar la autorización del presupuesto al Ministerio de Hacienda, para proceder con los pagos.

Adjuntamos, para demostrar lo que estamos diciendo, el correo electrónico enviado el pasado 19 de mayo de 2014, de la Dirección de Recursos Humanos a la Dirección de la Policía Penitenciaria, consultando sobre las inconsistencias; mismas que como indicamos y por lo dicho por el Director Nacional de la Policía, don Guillermo Ugalde Víquez, ya está resuelta esa consulta.

Entonces, compañera y compañero integrante de la Policía Penitenciaria, no se deje confundir ¡Seguimos adelante! Muy pronto estaremos haciendo las gestiones en el Ministerio de Hacienda para que se autorice el ansiado pago vía administrativa, lo que hará que no tenga que pagarle un cinco a nadie y menos a un mercader de juicios.

Confié en ANEP: En ANEP creemos en usted y defendemos sus intereses sin aprovecharnos de usted.

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Solicitamos audiencia conciliatoria con la Municipalidad de Buenos Aires

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La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) solicitó este martes ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) una audiencia conciliatoria con la Municipalidad de Buenos Aires de Puntarenas por incumplimiento de acuerdos del movimiento huelguístico de octubre de 2013. Esfuerzo negociador-conciliador para evitar una nueva huelga.

Dentro de los incumplimientos de la Municipalidad de Buenos Aires hacia los trabajadores se encuentran:

1- Referentes a reajustes salariales, los mismo respecto al año 2012, se cancelarán una vez recibido el documento de remisión de la Contraloría General de la República, aprobado el presupuesto extraordinario I 2013, y realizada la modificación presupuestaria, se valorará el incluir en dicha modificación, al menos el primer semestre del 2013, de ser necesario se convocará a sesión extraordinaria, para la toma de os respectivos acuerdos de aprobación de dicha modificación, y se programa reunión para el 29 de noviembre del 2013, para analizar el pago del reajuste del segundo semestre.

2- Se acuerda que a dos miembros de la ANEP, se les convocará, a reuniones en dodne se analice el presupuesto de cada año, para conversar lo respectivo a presupuesto de aumentos salariales.

3- Respecto a los viáticos se revisará las actuaciones que se han venido llevando al respecto en la Unidad Técnica, según la normativa vigente por medio de la Junta Vial en reunión del 13 de noviembre del 2013.

4- Se acondicionara una áreas para el comedor.

5- El encargado de computo realizará cambios en coordinación con la jefatura de cada departamento.

6- No se tomarán represalias, administrativas, civiles o penales, en contra de los trabajadores, que participaron en el movimiento de huelga los días 28 y 29 de octubre del 2013.

7- Los trabajadores y la ANEP, aclaran que el presente movimiento fue eminentemente reivindicativo, y en modo alguno se pretendió irrespetar la honorabilidad de persona alguna, y si alguna persona fue ofendida, se ofrecen las disculpas del caso.

8- En virtud de los términos del presente acuerdo, se levanta el movimiento, reintegrándose los trabajadores a sus labore.

Según indicó Albino Vargas Barrantes, Secretario General de la ANEP, la delegación oficial de nuestra organización estará integrada por su persona, así como por Domitila Bermúdez Elizondo, Presidente de la Junta Directiva de la Seccional ANEP-Municipalidad de Buenos Aires, además, de sus compañeros de directiva sindical ANEP: Rony Blanco Jiménez, Daniel Fallas Naranjo, Erick Zúñiga Ruiz y Alexánder García Mora.

Adicionalmente, la delegación oficial de la ANEP incluirá al compañero Esteban Quesada Chacón, Directivo Nacional de la ANEP y responsable de la ANEP para la Municipalidad de Buenos Aires; a una persona profesional en Derecho de la Unidad de Asesoría Jurídica (UAJ) de la ANEP que se acreditará al momento de la audiencia.

Al fin un principio de negociación en Correos

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Este lunes 26 de mayo, después de varias cancelaciones por parte de la patronal, se dio un primer encuentro entre las autoridades de Correos de Costa Rica S.A., representados por su Gerente General don Alvaro Coghi, y la representación de la ANEP en la institución, quienes reclaman poder participar en la gestión del nuevo reglamento interno de trabajo y además respeto a la libertad sindical.

Ana Luisa Cinco, Claudio Sánchez y Gilberto Bell, en compañía de nuestro Secretario General, Albino Vargas, se hicieron presentes al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que fue garante de la negociación en la figura del funcionario Ronald Salazar.

La principal demanda sindical es relacionada a la participación en la redacción del reglamento interno de trabajo de Correos, el cual se hizo dejando por fuera a los sindicatos adrede, creando la figura ilegal en una institución pública de los comités permanentes, los cuales fueron fomentados por el señor Roberto Portela, para crearlos como figuras de consulta para así no involucrar a la ANEP.

Pedimos que Correos reconozca la representación legítima de nuestro sindicato. Tanto la institución como el sindicato estamos de acuerdo en la necesidad urgente de contar con dicho reglamento, pero no aceptamos el texto como está en este momento ya que encontramos, gracias a un recurso judicial que nos dio acceso al texto, al menos 4 choques entre el reglamento y la Convención Colectiva de Trabajo, lo cual no lo hace procedente. Hay disposición de la patronal a revisar nuestros planteamientos y cambiar lo que tenga que ser cambiado, ya que reconocen que el reglamento no puede chocar con la Convención.

Ambas partes acordaron solicitarle al Ministerio de Trabajo agilizar el proceso en que se encuentra su oficina de jurídicos en el análisis por la forma y el fondo de la redacción de dicho reglamento.

Además, la reunión sirvió para que la ANEP solicitase de manera formal la extensión de la licencia sindical del compañero Claudio Sánchez, que está trabajando en el sindicato con un permiso sin goce de salario. Solicitamos que la licencia se extendiera 6 meses más pero con goce salarial, lo cual afianza la libertad sindical y es una figura que tenemos en varias instituciones.

Aunque no se llegaron a acuerdos sustantivos, rescatamos la renovación de la vocación de diálogo que se mostró en el encuentro, disposición fundamental para poder llegar a acuerdos en el futuro que beneficien el clima laboral y a la misma institución.

Pedimos intervención gubernamental en el PANACI

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San José, viernes 23 de mayo de 2014.

Honorables
Señores y señoras
Ministros y ministras de Estado
Consejo de Gobierno
República de Costa Rica
CASA PRESIDENCIAL

Estimados señores ministros y estimadas señoras ministras:

Reciban sus dignas autoridades un respetuoso y cordial saludo de parte de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP).

De manera respetuosa solicitamos su intervención de gran urgencia, a fin de que se resuelvan varias anomalías que se están cometiendo en el Patronato Nacional de Ciegos (PANACI), específicamente contra las personas trabajadoras de esta institución.

PANACI fue creado en 1957 bajo la Ley No. 2171. Podría decirse que es la institución más pequeña del Estado costarricense pues cuenta con 10 trabajadoras y trabajadores. Tiene una junta directiva compuesta por 7 personas, integrada por un representante del Ministerio de Salud (que en este momento es el señor José Pablo Montoya), un representante del Ministerio de Educación Pública (la señora Celia Jiménez), una representante del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (la señora Esmirna Sánchez), una representante de la CCSS (la señora Marlene Agüero), una representante del Colegio de Médicos (señora Marjorie Harley); así como dos representantes de las organizaciones de personas con discapacidad, señores Olman Ugalde y Francisco Rodríguez Gutiérrez. Esta directiva tomó posesión de sus cargos el 7 de febrero de 2013 y desde entonces han sumido a la institución en un caos cuyo culmen ha sido la usurpación del puesto de la Directora hecho por el Presidente de la Junta Directiva, señor Francisco Rodríguez Gutiérrez. Este señor también ocupa actualmente el puesto de Presidente del Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial (CNREE).

Hechos sobre acuerdos o instrucciones de beneficio directo para la Junta Directiva

1. El acuerdo JD-343-14 hizo posible que a partir del 30 de abril de 2014, el señor Francisco Rodríguez Gutiérrez, Presidente del PANACI, ocupe el puesto de Director a. í. de la institución, ya que la directora se encargará de preparar los documentos solicitados por la Contraloría General de la República, informe DFOE-SOC-IF-03-2014. En el mismo nunca se indica que la Directora debe dedicarse a tiempo completo. Este es el pretexto para que la Junta Directiva co-administre, nombrando a un Director a. í. en una plaza ocupada y sin tener requisitos necesarios para ese puesto. Desde el 30 de abril del año en curso, momento en que se comunicó el acuerdo a todo el personal, el señor Rodríguez Gutiérrez asumió como Director y solicitó el consecutivo de oficios para que la Directora no pudiera mandar oficios. El pretendía tomar las decisiones y que ella siguiera firmando. Como ella se negó a firmar boletas de caja chica y cheques, el señor Rodríguez fue al banco y eliminó la autorización para la firma de cheques de la señora Leticia Hidalgo Ramírez, siendo que hay un acuerdo que indica que hay tres firmas autorizadas: la del Presidente, Tesorero y Directora.

Dado lo anterior, el señor Rodríguez Gutiérrez se autoriza a si mismo las boletas de caja chica para alimentación y se compra no solo almuerzo, sino helados y otras cosas. Aunque el acuerdo dice que el puesto lo ejerce ad honoren solicita desayuno, almuerzo, transporte en autobús de Grecia a San José, taxi de la parada del autobús al Patronato y viceversa, lógicamente esos rubros le demanda a la institución un gasto de ¢12.300 diarios lo cual suma ¢319.800 mensuales. Al respecto la Directora le puso a la Junta Directiva un Recurso de Amparo, el cual fue admitido y la reintegra a su puesto mientras se resuelve.

2. El acuerdo JD-068-13 le da a la Junta Directiva prioridad absoluta sobre el uso del único vehículo que tiene la institución, sin embargo, al ser el único vehículo y ante la falta de planificación de la Junta Directiva, afectan el proceso normal de la institución, ya que ellos no tienen días fijos de reuniones y por lo general las comunican con un día de anticipación; esto hace se afecte a las personas trabajadoras que siguen los procedimientos de control interno establecidos para el uso del vehículo. El acuerdo también indica que la Junta Directiva puede hacer solicitudes a los funcionarios y funcionarias de diversa índole cuando así lo desean, no obstante, lo hacen con dos o tres días de plazo afectando la programación del cumplimiento de metas y otros requerimientos por parte de los entes de control del Estado, pues hay un exceso de solicitudes con plazos muy cortos que a veces se yuxtaponen, pues sin que concluya el plazo de cumplimiento de una solicitud, solicitan otra.

3. El acuerdo JD-276-14, que le brinda servicio de taxi a las personas integrantes de la Junta Directiva para acudir a las sesiones y otras actividades cuando no se les pueda brindar transporte con el vehículo institucional pero en la práctica, aunque el acuerdo indica que es cuando el vehículo no puede cubrir el servicio, lo hacen siempre que lo deseen, sin consultar si el vehículo está disponible o no. La boleta de caja chica, para la solicitud es aprobada por un mismo miembro de Junta Directiva, el señor José Pablo Montoya, quien funge como tesorero y por la contadora, esto riñe con el Reglamento de Caja Chica aprobado por Tesorería Nacional en donde dice que las boletas deben ser aprobadas por la Directora y por la contadora de la institución.

Lo anterior, refleja a todas luces un abuso que se ha venido dando por parte del señor Francisco Rodríguez Gutiérrez, Presidente de la Junta Directiva con aprobación del Tesorero señor José Pablo Montoya. Aunado a lo anterior, nos parece importante señalar que el señor Rodríguez Gutiérrez vive en Grecia pero su hijo vive en Alajuelita, por lo que solicita taxi del PANACI a Alajuelita y de Alajuelita a San José y el pago del autobús a Grecia; esto sucede siempre que él lo solicite ya sea que asista a la institución haya reunión o no.

4. De igual manera, el señor Francisco Rodríguez Gutiérrez, Presidente de la Junta Directiva da una instrucción a la Directora con la instrucción, fechada 8 de enero de 2014, para que se tomen las medidas del caso para brindar almuerzo a las personas que integran la Junta Directiva; práctica que debe darse únicamente cuando hay sesión de Junta Directiva, sin embargo, en la práctica eso no es así, se les brinda almuerzo hay o no sesión de Junta Directiva y se encuentren en la institución para la hora de almuerzo.

Hechos que afectan directamente a la población con Discapacidad Visual

1. No obstante, que las actas son documentos públicos, la Junta Directiva las mantiene como documentos privados, es decir hay que enviar una carta a la Junta Directiva y ésta decide cuando darlas, en algunos casos varios meses después. Esto fue denunciado por la Directora de la institución tanto a la Fiscal de la Junta Directiva como a la Auditoría del Ministerio de Salud, también fue denunciado por personas con discapacidad visual a la misma Auditoría sin que a la fecha los denunciantes hayan recibido respuesta.

2. Mediante los siguientes acuerdos se eliminan accesos para la población con discapacidad visual:

Acuerdo JD-056-13 elimina acceso a todo el material Tiflotécnico, que es toda tecnología adaptada para la población de personas con discapacidad visual, tales como relojes parlantes, bastones, regletas, punzones, guías de firmas, tarjetas de taxi, medidores de líquidos, etc. y afectó también el apoyo que la Asociación PROPANACI brindaba a los programas de capacitación con el financiamiento del trasporte, instructores y alimentación.

Acuerdo JD-061-13, debilita el movimiento organizativo al desarticular la Coordinadora de Ciegos de Costa Rica.

Acuerdo JD-070-13, quita el acceso al café internet adaptado que por años prestó servicio los días sábado.

Acuerdo JD-252-2013, suspende la realización de actividades de capacitación dentro de las instalaciones del Patronato, con lo cual los funcionarios y funcionarias deben buscar otros sitios lo cual no favorece la ubicación de las personas con discapacidad visual.

Hechos en que la Junta Directiva interfiere directamente en la administración de la institución

1. En el Patronato solo hay una secretaria y ella es además la encargada de la atención del público, sin embargo, la Junta Directiva desde que inició labores ha querido que ella labore tiempo completo para ellos y utilizan sus labores como ellos desean por lo que han tomado muchos acuerdos al respecto, siendo el último el Acuerdo JD-246-13, en el cual se indica que la secretaria apoyará todos los días de sesiones ordinarias y extraordinarias, los días martes y viernes y cualquier otro día que el Presidente lo indique además de destinar 3 horas semanales a trabajar en lo relativo al archivo central. Como el acuerdo indica que el Presidente adicionará otros días, facilita que él hace las solicitudes a veces el mismo día y otras el día anterior, sin tomar en cuenta los requerimientos institucionales.

2. Por medio de la resolución 02.2014 la Junta Directiva reinstala en su puesto, nombra en propiedad a la señora Victoria Velázquez y ordena el pago de los salarios caídos.

Sin embargo, debido a su desempeño poco óptimo la Directora decide no renovarle el contrato de trabajo, por lo que la señora Velásquez presenta apelación a la decisión de la Dirección e interpone un Recurso de Amparo el 3 de marzo de 2014, según expediente 14-002703-0007-CO. La Sala Constitucional emite Resolución 2014003905, con fecha 19 de marzo de 2014 que declara sin lugar el Recurso y avala la actuación de la Dirección. No obstante, a lo anterior y a pesar de que la resolución de la Junta Directiva es un acto ilegal pues no es el órgano a quien le compete hacer nombramientos tal como está estipulado en el artículo 104 de la Ley General de la Administración Publica, el señor Francisco Rodríguez Gutiérrez firma la acción de personal de la señora Victoria Velázquez, con fecha de 13 de mayo 2014 retroactiva al 1 de abril con el fin de le sean pagados dichos salarios a la señora Velázquez sin laborar.

Estos y otros muchos acuerdos ha tomado la Junta Directiva que han mantenido a la institución detenida y algunos la han hecho retroceder, de todo ello hay pruebas y solicitamos el cambio total de las personas integrantes de la Junta Directiva pues todas han sido cómplices de la actuación del Presidente, la cual pareciera que se podría catalogar como abuso de poder, acoso laboral, falta al deber de probidad en la función pública y otras.

No omitimos manifestar que todos los acuerdos mencionados en esta carta, se anexan a la misma.
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ANEXOS DEL OFICIO S.G. 13-17-0601-14

ACUERDO JD-056-13: Instruir a la Dirección Ejecutiva del Patronato Nacional de Ciegos, con copia a la Dirección General de Auditoría del Ministerio de Salud, para que saque de toda ejecución de actividades relacionadas con la Asociación Pro Patronato Nacional de Ciegos a los funcionarios (as) de dicha institución, a partir del día lunes primero de abril de 2013, hasta tanto no exista convenio aprobado por esta Junta Directiva y refrendado por la Contraloría General de la República. Acuerdo firme.

ACUERDO JD-061-13: Derogar el acuerdo 6, de la sesión 809 del 03 de septiembre del 2009, donde se nombra a la señora Leticia Hidalgo Ramírez como representante titular ante la Coordinadora Costarricense de Ciegos y el acuerdo 6, de la sesión 856, del 03 de mayo del 2012, en el cual se nombra a la señora Ileana Chacón como representante suplente del Patronato Nacional de Ciegos ante esa misma instancia.

Además, separar al Patronato Nacional de Ciegos de toda participación en esa Coordinadora a partir del día 5 de abril del 2013, debido a que la misma no es un ente legal debidamente constituido y por ende nuestra participación violenta el principio de legalidad. Pese a lo anterior, la Junta Directiva apoyará a las Organizaciones de Personas con Discapacidad Visual, que constituyen la coordinadora, para que continúen con sus proyectos. Acuerdo firme.

ACUERDO JD-068-13: En relación a las instrucciones que en lo sucesivo gire la Junta Directiva o la Presidencia deberán ser acatadas de la siguiente manera:

a. En relación al rol del vehículo tendrá prioridad sobre cualquier solicitud de la administración.

b. En cuanto a otras actividades inherentes a la labor de la Junta Directiva, las mismas deberán ser acatadas de manera inmediata.

c. La coordinación se realizará con cada funcionario encargado del área respectiva de lo cual se le enviará copia a la Dirección Ejecutiva tan sólo para su información.

ACUERDO JD-070-13: Con fundamento en el informe solicitado por la Junta Directiva y rendido por la señorita Marbellys Martínez del área de informática, sobre el uso del laboratorio de cómputo (café internet) los días sábados y la ínfima cantidad de usuarios que utilizan este servicio. Además de no contar con presupuesto para el pago de horas extras, y que esta situación genera horas de reposición a los funcionarios de la institución, hecho que es de conocimiento de la Administración; y que en este momento también por parte de este Órgano Colegiado y que las mismas son ilegales, esta Junta Directiva acuerda:

a. A partir del 20 de abril del 2013 no se ofrecerá más este servicio los días sábados.

b. Derogar cualquier acuerdo que se le oponga a éste, concerniente al servicio de café internet los días sábados.

ACUERDO JD-246-13: Dejar sin efecto el acuerdo JD-202-13, por cuanto las circunstancias que mediaron para tomar la medida provisional, en este momento ya no se encuentran presentes. Para lo subsiguiente y de manera inmediata la Colaboradora Karla Mejías va a prestar sus servicios de la siguiente manera:

a) Brindar apoyo a la Junta Directiva en todas las sesiones ordinarias y extraordinarias.

b) Destinar los días martes y viernes para trabajar en forma exclusiva con asuntos del Órgano Directivo, iniciando a partir de las nueve horas.

c) En caso de que se requiera algún día adicional de trabajo a lo señalado en el inciso b, con asuntos relacionados con la Junta Directiva, el presidente lo comunicará oportunamente.

d) Destinar al menos tres horas semanales para subsanar los incumplimientos detectados por la Dirección General del Archivo Nacional desde el año 2003.

e) La sustitución de la Colaboradora se hará de conformidad con lo establecido en el Manual de Procedimientos de Control Interno del Patronato.
ACUERDO JD-252-13: Suspender todas las actividades y capacitaciones que se efectúan en las instalaciones del Patronato, hasta que la administración rinda informe con relación a la investigación solicitada, en la próxima sesión ordinaria de Junta Directiva del mes de noviembre. Acuerdo firme.

ACUERDO JD-276-14: Instruir a la Directora Ejecutiva para que a partir de la comunicación de este acuerdo, en el momento en que el chofer no pueda facilitar el traslado a los miembros de Junta Directiva, representantes de Organizaciones de Personas Ciegas, para asistir a las sesiones del Órgano Directivo o cualquier otra actividad que se les delegue en representación del Órgano, el Patronato cubrirá los gastos de su desplazamiento, el monto correspondiente al servicio público modalidad taxi, lo anterior como un servicio de apoyo para que puedan ejercer su participación activa en la toma de decisiones institucionales, de conformidad con lo estipulado en la Ley 7600 de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad, artículos 1, 2 y 5, además de lo estipulado en la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad (Ley 8661), todo bajo la estricta observancia de la razonabilidad de los gastos respectivos. Para los efectos de cumplir con el trámite, se designa al señor José Pablo Montoya, en su calidad de Tesorero de la Junta Directiva y a la señora Yamileth Espinoza, Contadora de la institución, para la firma de la boleta respectiva.

ACUERDO JD-333-14: Designar a la señora Leticia Hidalgo, Directora, para que se dedique a tiempo completo y de forma exclusiva a partir de la comunicación del presente acuerdo, dedicándose a cumplir con todas y cada una de las indicaciones emitidas por la Contraloría General de la República, en el informe número DFOE-SOC-IF-03-2014. Lo anterior con la salvedad de que:

1) Que tenga que resolver algún asunto financiero o de proveeduría de la institución en donde se requiera la firma de la señora Hidalgo.

2) Que tenga que resolver en forma personal por alguna actuación suya en donde no se le pueda sustituir.

3) Que tenga que atender asuntos adicionales específicos designados por la Junta Directiva.

Ante estas excepciones, deberá comunicarlo al presidente de la Junta Directiva para su aprobación y se podrá sustraer temporalmente de esta especial y provisional función.

ACUERDO JD-343-14: Nombrar al señor Francisco Rodríguez Gutiérrez, como director a.í. del Patronato Nacional de Ciegos, a partir de la comunicación del presente acuerdo hasta el treinta de septiembre de dos mil catorce inclusive, para que asuma la dirección de la Institución, tomando en consideración que esta Junta Directiva, ya destinó a tiempo completo a la señora Leticia Hidalgo Ramírez, para que atendiera todos los requerimientos de la Contraloría General de la República, contenidos en el informe No. DFOE-SOC-IF-03-2014 de 21 de febrero 2014.

Por tanto y considerando que la Institución no cuenta con recursos económicos suficientes para contratar a una persona que asuma la Dirección por este periodo de tiempo y que es una urgencia que el Patronato continúe con sus planes de trabajo, como medida temporal se designa de forma ad honorem como director a.í. del Patronato Nacional de Ciegos, al señor Rodríguez Gutiérrez. Para el cumplimiento del presente acuerdo únicamente la institución cubrirá el transporte y alimentación durante el tiempo que desempeñe la dirección en forma interina.

Instrucción 8 de enero: Para este jueves 09 de enero habrá sesión de Junta Directiva, para lo cual se le solicita que coordine lo pertinente para que se tenga el respectivo desayuno (refrigerio) y almuerzo para los miembros del Órgano Directivo, así como en todas las sesiones que se celebren en el resto del año. Cualquier consulta estoy a la disposición. Saludos,

FRANCISCO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ
Presidente Junta Directiva
Patronato Nacional de Ciegos

Resolución 02- 2014 (Conclusiones)
POR TANTO, LA JUNTA DIRECTIVA DEL PATRONATO NACIONAL DE CIEGOS RESUELVE:

Con fundamento en las consideraciones de hecho y de derecho citadas en la presente resolución, la Junta Directiva resuelve:

1- Que en el presente caso no se brindó el debido proceso a la colaborado Victoria
Velásquez Pastrán para que hiciera una efectiva defensa de sus derechos.

2- Que no se cumplen ninguno de los preceptos para efectuar el cese de un funcionario interino

3- Consta que la colaboradora Velásquez Pastrán aprobó el periodo de prueba establecido en el artículo 3 del Reglamento Autónomo de Trabajo.

4- Que fue desproporcionado e irrazonable el tiempo utilizado por la directora Hidalgo Ramírez para resolver el recurso de revocatoria.

5- Que para resolver el recurso de revocatoria incumple con las garantías básicas que se exigen en este caso, se extralimita en sus funciones al resolver en nombre de la Junta Directiva, sin estar esto potestado por Ley.

6- La colaboradora Velásquez Pastrán supera el año de servicio para la institución, ya que es despedida oficialmente hasta el 28 de marzo de 2014, cuando ya había transcurrido más del año de labores.

7- Por todo lo anterior, y con las atribuciones que la Ley 2171 otorga a la Junta Directiva se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por la colaboradora Victoria Velásquez Pastrán y ordena su nombramiento en propiedad, ya que los argumentos emitidos por la directora Hidalgo Ramírez no fueron justificados, y se aprecia que más bien con su actual directora eventualmente se ha puesto en riesgo a la institución. Se le ratifica en el puesto y se le reconoce el derecho a recibir todos los salarios caídos que no se le hayan cancelado por el cese irregular que se hizo de su nombramiento. La señora Victoria Velásquez se deberá integrar de inmediato a sus labores.

Es todo notifíquese a señora Victoria Velásquez Pastrán, a la señora Leticia Hidalgo Ramírez y archivo.
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Llega la Tasa Robin Hood a Europa

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La Internacional de Servicios Públicos celebra la buena noticia del acuerdo alcanzado por diez países de la UE para la introducción de una Tasa a las Transacciones Financieras — también conocida como la ‘Tasa Robin Hood’. La ISP y sus afiliadas se enorgullecen de encabezar, junto a sus aliadas de la sociedad civil, el movimiento mundial en defensa de la justicia fiscal, en el cual se enmarca la campaña por la FTT, como medio de poner fin a la pobreza y a las desigualdades a través de la financiación de los servicios públicos de calidad.

David Hillman, coordinador de la campaña asociada “Stamp Out Poverty” (Erradiquemos la pobreza) comparte el siguiente informe:

Gracias a un acuerdo histórico, diez Estados acordaron introducir una Tasa a las Transacciones Financieras (FTT, sus siglas en inglés) tras un encendido debate durante la reunión de ministros europeos de Finanzas, el 6 de mayo. George Osborne se estremeció al conocer la decisión de estos países, encabezados por Alemania y Francia, de introducir por fases la aplicación de la FTT, empezando por las acciones y algunos derivados, para comenzar a recibir ingresos el año próximo.

El comisario europeo de Fiscalidad, Algirdas Semeta, tomando la palabra durante la sesión, transmitida por televisión, hizo referencia explícita al amplio respaldo que la ciudadanía europea da la FTT. Prueba de ello, informó a los ministros, era la movilización a favor de la Tasa Robin Hood que estaba teniendo lugar en el exterior para la prensa allí reunida. Como símbolo de la victoria de Robin Hood, los activistas instalaron un ring de boxeo en el que Robin acorralaba contra las cuerdas a un banquero, bajo los vítores de la multitud; aunque Robin no llegaba a alcanzar el premio del dinero, que seguía en manos de la canciller alemana Angela Merkel y del presidente francés, François Hollande.

Esta representación simboliza a la perfección el punto en el que se encuentra la campaña: A pesar del gran paso adelante que supone el acuerdo político alcanzado por los diez países de la UE, aún queda mucho trabajo por delante para traducir esta tasa en “gastos Robin Hood” que sirvan para proteger los puestos de trabajo, impulsar el empleo y mejorar y salvar las vidas en los lugares más pobres del mundo.

El sí de Alemania, Francia, Italia y España, entre otros, ha impulsado la nueva tasa, pero ¿qué hay del Reino Unido? El comportamiento de nuestro gobierno nos resulta deprimentemente negativo — presentó un recurso contra la decisión de estos países pioneros, en un intento de frenar la FTT. Afortunadamente, acaba de perder una batalla, ya que el Tribunal Europeo de Justicia desestimó el 30 de abril el recurso presentado por el Reino Unido, y allanó el terreno al histórico avance logrado la semana siguiente. Se trata de un enorme y embarazoso revés para el ministro Osborne y una reprimenda por defender los intereses del sector financiero por encima de los intereses de la Gran Bretaña en su conjunto. El recurso, además de inoportuno, mal calculado e infructuoso, resultará también un gasto enorme para los contribuyentes, ya que el tribunal europeo dictaminó que el Reino Unido deberá pagar las costas del caso.

Aunque el ministro de Hacienda del Reino Unido se oponga a Robin, muchas, muchas personas lo apoyan:

Juntos, ¡conseguiremos que este sea el impuesto más popular de la Historia!

Como una bola de nieve, cada vez son mayores los apoyos a la Tasa Robin Hood: entre la ciudadanía y los ayuntamientos británicos; entre los expertos financieros; a ello sumamos el fracasado intento del gobierno británico de bloquear su avance; y el respaldo de diez países europeos a la primera fase de la FTT. No obstante, aún queda mucho por delante hasta materializar el impuesto por el que estamos luchando.

Necesitamos lograr una tasa lo más firme y con el mayor alcance posible en Europa. Tenemos que conseguir que cubra tantos productos financieros como sea posible y que carezca de lagunas legales por las que se cuele el sector financiero. También necesitamos lograr que el dinero se dirija a los lugares correctos, es decir, que se destine a la protección de los empleos y de los servicios públicos; que sirva para responder a los compromisos en materia de agua potable, salud y educación de los países en desarrollo; y para combatir los problemas derivados del cambio climático. También necesitamos aprovechar el avance de la FTT en el continente europeo para cambiar los corazones y las mentes en el Reino Unido y persuadir a los partidos políticos, en el periodo previo a las elecciones generales de mayo del próximo año, que este es el momento de aplicar la Tasa Robin Hood.

Ayúdenos a reunir un millón de voces reclamando la Tasa Robin Hood — hasta ahora hemos conseguido 700 000 firmas. Por favor, pidan a dos personas que conozcan que firmen la petición, para que podamos transmitir a los medios de comunicación de todo el planeta que la Tasa Robin Hood será el impuesto más popular de la historia. Si nos ayudan, ¡lo lograremos!.

Apoyamos a los educadores, sin embargo no asistiremos a paro nacional

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La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), decidió en el seno de su Junta Directiva Nacional y en sus bases sindicales, que no estará presente en el paro nacional que se realizará este viernes, sin embargo externa todo su apoyo a las y los educadores que han sido afectados por la crisis salarial.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General de la ANEP, indicó que nuestra organización ha apoyado el movimiento de educadores desde un inicio, ya que lo vemos con simpatía, lo consideramos justo, necesario y merecedor de todo el respaldo ciudadano, popular y sindical, sin embargo el apoyo “material” no se dará este viernes.

“Para brindar (a las y los educadores) un apoyo material realmente efectivo, consistente y de impacto va más allá de una mera declaración, de sacar un estandarte, de llevar una bandera o hacer una pancarta. Dadas las condiciones en que se generó el evento de este viernes, no habrá grupo laborales que la ANEP representa en la calle; ya que para una organización grande como la nuestra la logística operativa, el desarrollo de la organización para la movilización y sobre todo la interiorización en las mentes de nuestros representados sobre la importancia de estos movimientos no lo podemos resolver en 24 o 48 horas”, manifestó Vargas.

Ante este panorama, la ANEP no quiere engañar a los educadores y las educadoras diciéndoles que tiene un respaldo concreto con paralización de labores, servicios públicos e instituciones que nuestra organización representa, “ya que eso no es cierto, no estaría para mañana (viernes)”.

Cabe recordar, que la ANEP realizó una propuesta de pago a los educadores con crisis salarial por intermedio de los bancos, “y estamos muy contentos de que el Gobierno de la República en esencia acogiera nuestra propuesta”.

“Si bien es cierto, la propuesta acogida por el Gobierno, no resuelve el problema completamente, porque es más complejo, abre la posibilidad de que se resuelvan las situaciones de gran emergencia económica y socio familiar; para que los educadores pueden honrar deudas y adquirir alimentos. Esto después permitirá que ambas partes se sienten en plenitud de tranquilidad a buscar la situación integral al problema”, finalizó Vargas.