Mejoramiento de los Cen-Cinai es el norte de la Administración y del Sindicato

La seccional de la ANEP en los Cen-Cinai de todo el país, se reunió nuevamente con la señora Licenciada Gabriela Castro Páez, Directora del programa de Centros de Educación y Nutrición y de Centros Infantiles de Atención Integral, con la cual se tienen muy buenas relaciones, siempre en el marco del respeto mutuo y del reconocimiento a la libertad sindical.

Con la llegada del nuevo gobierno, aunque la Directora Castro se mantiene de la administración anterior, era necesario retomar el diálogo, para contraponer agendas para buscar puntos en común, además de plantearle a la administración dudas y preocupaciones características de la visión sindical.

El primer tema que se tocó fue la diversidad de horarios de trabajo con que tienen que lidiar las personas trabajadoras de los Cen-Cinai, tomando en cuenta que muchas comunidades tienen necesidades diferentes en el horario del cuido. Así como algunos Centros abren sus puertas a las 6.30 de la mañana, otros comienzan la atención hasta las 8am. Y se dan casos particulares, como en Guararí de Heredia, donde se está realizando una atención nocturna, para las madres adolescentes que están terminando sus estudios en colegios nocturnos. Esto complejiza el accionar del Centro y también plantea la necesidad de contar con más personal ya que se ha establecido que el horario de trabajo es de 8 horas y los Centros atienden, en la mayoría de los casos, hasta 10 o 12 horas.

Temas presupuestarios también estuvieron en la mesa. El programa de los Cen-Cinai poco a poco va logrando su autonomía del Ministerio de Salud, no en el tema salarial, pero si en los dineros para poder hacer inversión en infraestructura y equipos necesarios para en mejor funcionamiento de los Centros. Para eso en estos momentos el Programa recibe un 4,5% del presupuesto de Asignaciones Familiares, el cual debe subir un 2% anual, lo que se utilizará para el mejoramiento de equipos y para mejorar la infraestructura en un convenio con el MOPT.

Por último se le dejó claro a la Dirección la necesidad de incluir en el plan de trabajo anual los procesos de capacitación pertinentes a su labor y que promuevan el acercamiento entre las jefaturas medias y los y las trabajadoras.

La seccional seguirá insistiendo en el tema de las mejoras salariales, ya que las personas trabajadoras de los Cen-Cinai son de las peores pagadas en la función pública.

Policía Municipal de Alajuela solicita el pago del riesgo policial

Debido a los contantes riesgos que deben de pasar los integrantes de la Policía Municipal de Alajuela en el cumplimiento de sus labores, la Seccional ANEP-Municipalidad de Alajuela, solicitó al alcalde del cantón central de la provincia, Roberto Thompson Chacón, ser mediadores en la negociación del reconocimiento del riesgo policial para estos efectivos.

Según la solicitud, las situaciones que enfrentan en el día a día han ido incrementándose en acciones violentas para con estos servidores municipales, no solamente por la realización eficiente del trabajo; sino, además, por las condiciones actuales de inseguridad de las que no escapan los agentes de policía y, por el contrario, existe en sus labores los peligros reales de muerte y afectación de integridad.

“Hemos venido padeciendo de constantes insultos, más allá de lo que a diario recibíamos. A esto queremos sumar, también, los últimos acontecimientos donde hemos sido víctimas de los ataques de personas violentas y agresoras, mismas que han sido debidamente procesadas ante el Ministerio Público y condenadas correspondiendo al orden jurídico que nos respalda, pero a sabiendas que nuestra integridad física y emocional se ve violentada”, indica la carta enviada al Alcalde alajuelense.

Además, amplia “Continuamos realizando nuestras labores diarias con todo el ahínco de quien quiere servir a pesar de las múltiples dificultades que tenemos al enfrentarnos directamente a personas en un momento iracundo y colérico; y, hasta en algunos casos, en estado de ebriedad y por demás extremas, si a esto le sumamos que en nuestro cumplimiento casi en todas las ocasiones existe la utilización de armas, ya sean de fuego o punzo cortantes”.

“Entendemos, al igual que usted, como deplorables estas conductas que traen como consecuencia los acometimientos violentos de que somos objeto. Esto producto del desempeño efectivo de las intervenciones policiales que median para que exista en nuestro cantón alajuelense la paz y tranquilidad, que de seguro se ha mantenido por el esfuerzo y dedicación de nosotros y nosotras que de forma abnegada contribuimos a la estabilidad social de nuestro país”.

“Sabemos y somos conscientes de que existen roces con los usuarios propio de nuestras labores diarias, pero a la vez queremos dejar en claro que no hablamos de ese tipo de roce, sino de situaciones de verdadero peligro que atentan contra nuestra integridad, tales como ser apuntados con un arma de fuego para desistir de la realización oportuna de nuestras labores, así también el intento de atropello de vehículos cuyo conductor pretende obstaculizar alguna detención o similares al momento de realizar operativos de decomiso y otros inherentes a velar por el orden público”.

Con el afán de buscar un equilibrio que permita una mejor condición laboral y venga a dar mérito a las tareas que a diario enfrentan los efectivos de la Policía Municipal de Alajuela, es que la ANEP junto a la Seccional ANEP-Municipalidad de Alajuela, solicitan una política salarial que reconozca el riesgo diario que viven estos policías.

El FIT siempre ha mantenido la unidad de las organizaciones sindicales y de la familia iceista

Ante el comunicado del martes 27 de mayo, donde la dirigencia de ANTTEC hace público su interés de integrarse al FIT, por el respeto que nos merece la familia Iceista las organizaciones que actualmente conformamos la unidad de FIT, manifestamos lo siguiente.

El FIT nace en enero del años 2000, como una fuerza unitaria de las organizaciones del ICE para enfrentar el mal llamado COMBO DEL ICE.

Desde esa fecha, bajo la cobija del FIT, las organizaciones hemos realizado innumerables luchas unitarias en defensa de los derechos laborales de la familia Iceista, del Grupo ICE y especialmente del modelo solidario de los servicios eléctricos y de telecomunicaciones, como bien del servicio del país y de la sociedad.

En este camino, como cualquier organización social, el FIT ha tenido altos y bajos, uno de los más directos se dio después de la lucha contra el TLC en el 2007, cuando producto de la estafa del Referéndum, todas las organizaciones sociales del país cayeron en una inacción por casi dos años donde o reaccionaban.

Estando en esta etapa de duelo nacional, desde el 2010 un grupo de organizaciones nos replanteamos devolverle al FIT el papel protagónico, como una única oportunidad para enfrentar las políticas neoliberales contra el Grupo ICE, especialmente las impulsadas por el PLN quien en ese momento había nombrado a Pedro Pablo Quirós y Eduardo Doryan como Presidente Ejecutivo del ICE, quienes en ese momento solo negociaban con la organización ANTTEC, la cual se presentaba como único referente sindical ante estas administraciones.

Una vez reagrupado el FIT, exigimos en la administración de Eduardo Doryan, que los temas ICE deberían ser negociados con todas las organizaciones, e invitamos a los compañeros de ANTTEC a hacer causa unitaria con el FIT.

A fuerza de que el FIT había recuperado la presencia, los compañeros de ANTTEC tuvieron que volver al FIT, pero con una actitud poco constructiva, donde su presidente, Jorge Arguedas quería imponer su agenda particular y no respetaba a las otras organizaciones, ni sus planteamientos, ni a sus presidentes.

La situación con Arguedas dentro del FIT se vino deteriorando, a tal punto, que se hacía casi imposible lograr acuerdos y donde la tónica eran las faltas de respeto, amenazas, acusaciones infundadas y persecución contra dirigentes del FIT. La situación se deterioró más, cuando la dirigencia de ATTEC exigía, pero aportaba, ni cumplía con sus compromisos económicos en las luchas y acciones que el FIT realizaba, como por ejemplo; con los aportes básicos que cada organización debía realizar mensualmente al FIT, o cuando tampoco contribuyó económicamente con los juicios contencioso administrativos que el FIT plateó contra la SUTEL, lo cual produjo faltantes económicos que otras organizaciones tuvieron que cubrir, sin que a la fecha ANTTEC haya honrado esas desudas, pero si se apoderaba de estas acciones ante la opinión pública.

Como se puede observar, el camino que la dirigencia de ANTTEC escogió desde el 20012, bajo el mando de Jorge Arguedas, fue el retirarse del FIT, e iniciar una campaña contra su dirigencia y bombardear las acciones que el FIT llevaba a cabo. No bastando lo anterior, se dedicaron a inmiscuirse en la gestión pública interna de organizaciones con el objetivo de desestabilizar y con esto dividir y debilitar la unidad del FIT.

Son harto conocidos las decenas de comunicados ofensivos que ANTTEC ha enviado y que en muy contadas y calificadas oportunidades el FIT ha contestado.

En el FIT somos conscientes que en la base de ANTTEC siempre ha estado en la unidad del FIT, de hecho siempre hemos contado con su valiosa y excelente participación en todos los llamados de huelga y paro realizados. También sabemos que la dirigencia de ANTTEC ha sido presionada por esta base para que se reintegre al FIT y no le acepta e pretexto a su dirigencia donde constantemente informaban que solo se reintegrarán cuando el FIT se convirtiera en una organización legalmente constituida.

Los planteamientos y explicaciones aquí brindadas, tienen el objetivo de que la familia Iceista conozca algunos antecedentes del porque la dirigencia de ANTTEC se retiró del FIT.

En cuanto a la actual petición de ANTTEC de integrarse nuevamente al FIT, esta será analizada con toda la objetividad. Pero si queremos dejar patente, que para el FIT es imperativo que la dirigencia de ANTTEC, o cualquier dirigencia de otra organización, de muestras sinceras de querer estar la unidad y cumplir con algunos requisitos básicos que a nuestro criterio estas dirigencia debe respetar, como por ejemplo:

Comprometerse a:
Respetar a las organizaciones del FIT y sus dirigencias.
Dejar de inmiscuirse en los asuntos internos de otras organizaciones.
Respetar y acatar los acuerdos tomados dentro del FIT.
Respetar la estructura organizativa del FIT.
Pagar las cuotas ordinarias y extraordinarias por aproximadamente dos millones de colones, que quedaron debiendo cuando se retiraron del FIT.
Pagar deudas pendientes con otras organizaciones del FIT.

Cumplir con las cuotas ordinarias y extraordinarias que el FIT acuerde.
La unidad, no son solo de momentos, ni tampoco de dirigencias. El mejor activo que tiene el FIT, es que ha construido una verdadera unidad de las organizaciones con la familia Iceista a base de confianza, de respeto y tolerancia en la diversidad de pensamiento: y lo más importante, el reconocer que solo mediante la unidad podemos hacer frente a los desafíos que antes y hoy enfrentamos en el Grupo ICE y el país.

Cuando la dirigencia de ANTTEC esté dispuesta a hacer honor y comprometerse con estos valores y requisitos básicos, el FIT estaría en la mejor disposición de valorar su integración a la lucha unitaria de la familia Iceista.
Fabio Chaves Castro
Coordinador FIT

Rotundo rechazo a prórroga del contrato privatizador con la empresa PASA: PASA “debe” una muerte

Un profundo rechazo de toda la comunidad laboral de la Municipalidad de San José, especialmente de su segmento más emblemático como lo es el personal de la recolección de basura y de aseo de vías, se ha generado, con inusitada fuerza e indignación, ante las pretensiones de la alcaldía para que el contrato privatizador con la empresa PASA sea prorrogado más.

Para la tarde de este lunes 2 de junio, concretamente a las 4 de la tarde, la representación oficial de la ANEP, por medio de su seccional en la Municipalidad de San José, será recibida en audiencia en el seno de la Comisión de Hacienda del Concejo de esta entidad (en “Los Mercaditos” de Plaza Víquez), a fin de expresar esa rotunda oposición. Se está tramitando una prórroga de un año más, lo cual haría inevitable otro estallido laboral, más agudo, que el que por tal razón se diera el pasado lunes 12 de mayo.

Entre otras razones para oponerse a tal prórroga, está que la clase trabajadora de la Municipalidad de San José no ha olvidado que la empresa PASA es responsable de la muerte del ciudadano trabajador en condiciones de precariedad laboral, don Álvaro Espinoza Ramírez, quien perdiera la vida el pasado viernes 25 de abril; luego de varios días de agonía por un accidente con un camión recolector de dicha empresa la que lo había empleado de manera irregular, aprovechando la circunstancia de necesidad de esta persona que había acudido al programa “Manos a la obra”, que promueve el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS).

Precisamente, la ANEP y la Seccional ANEP-Municipalidad de San José entregarán, también, este lunes 2 de junio, una petición formal y oficial a la Defensoría de los Habitantes de la República, a fin de que esta institución tome cartas en el asunto de esta muerte y gestione todo lo pertinente para que no quede impune y para que la familia reciba una justa indemnización.

Los informes en poder de la ANEP indican que un año más del contrato PASA, le costará a la Municipalidad de San José, casi 800 millones de colones, más el valor de la fuerza de trabajo que hay que ponerle a los camiones recolectores de basura de tal empresa y, como si no fuera poco, la institución debe financiarle el combustible que consume dicho equipo.

Es criterio sindical que lo que corresponde es el fortalecimiento de la capacidad instalada del propio municipio capitalino y que sea éste, como toda la vida lo ha sido, el prestador directo de los servicios de recolección de basura y las actividades conexas y necesarias al mismo. Hay mecanismos de gestión administrativa con carácter urgente que la propia Contraloría General de la República (CGR), facilita previa y seria justificación.

ANEP se ve en la imperiosa necesidad de informar a la distinguida ciudadanía del cantón central de San José que estaríamos en puertas de un conflicto sociolaboral más grande que el del pasado lunes 12 de mayo, si PASA logra continuar lucrando con el imprescindible servicio social de limpieza urbana de la capital. Los trabajadores y las trabajadoras del municipio josefino se levantarán en huelga si PASA continúa en la Municipalidad de San José.

A la honorable prensa interesada en el tema, respetuosamente le recomendamos ampliar detalles, si así lo desea, con el trabajador de recolección de basura, don Antonio Ortiz Fiorabanti, Presidente de la Junta Directiva de la Seccional ANEP-Municipalidad de San José, a quien se puede localizar en el número celular 61 16 12 38.

ANEP duda de potabilidad del agua en el Calderón

Para la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), los problemas del derrame con diésel ocurridos en los tanques del Hospital Calderón Guardia aún se mantienen, debido a que las labores y acciones de mitigación, emprendidas por la administración, no han dado resultados satisfactorios, por lo que teme que tanto los pacientes y los trabajadores todavía estén consumiendo el vital líquido contaminado con ese hidrocarburo.

Geovanny Ramírez, directivo de la ANEP, manifestó que en la emergencia de abril lo que aprobó la administración médica fue cortar el tanque viejo de diésel a la mitad y poner otro de una capacidad menor, aspecto que no elimina el riesgo de contaminación, porque todavía se encuentra a la par del que suministra agua potable al establecimiento médico.

La alerta de la presencia del diésel en el agua del Calderón Guardia se dio a inicios de abril, lo cual motivó la suspensión de cirugías y se restringió el ingreso de visitantes, al tiempo que se pidió ayuda directa al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) para contar con agua para los pacientes y trabajadores.

“Todavía hay contaminación del tanque más pequeño, lo que complica más el asunto. Lo que hicieron fue un trabajo temporal, lo cual no está bien”, afirmó Ramírez, quien añadió que es un problema que tiene años y no se le ha dado la importancia que amerita.

En febrero del 2012, la Contraloría General de la República (CGR), ante ampliación de contratación tramitada por el entonces director del Calderón Guardia, Luis Paulino Hernández, para la realización de mejoras paliativas al tanque de diésel, contrató a la empresa Sistemas Electromecánicos Felipe y Felipe S.A., mismas que habían arrancado en el 2010 con la misma entidad.

570 A 760 LITROS

En un informe rendido el 21 de abril por el Departamento de Ingeniería de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) se indica: “Se estima que el volumen de contaminación con diésel es entre 570 a 760 litros”.

Añade el documento, del cual tiene copia DIARIO EXTRA, que los tanques de agua potable no cuentan con la impermeabilización de las paredes y están contaminados internamente. Sin embargo, debe considerarse que los productos impermeabilizantes son para evitar contaminación con agua, no con hidrocarburos. “Los componentes del sistema de almacenamiento y distribución de agua potable del hospital se debe reubicar a una distancia de protección mayor a 31 metros (100 pies), de tanque de combustibles, sistema de alcantarillado sanitario, tanques sépticos, estaciones de servicio y cualquier sitio de almacenamiento de químicos”, detalla el estudio de Recope, del 21 de abril.

“Sentimos que hubo algo irregular al contratar a una empresa que hace un mal trabajo, que desde el principio debió garantizar la seguridad en el uso del diésel y no contaminar el agua. Se le canceló $300 mil por un trabajo muy mal hecho y luego ¢80 millones por el lavado y secado de tanques. Hay que investigar qué hay detrás de las contrataciones”, aseguró Ramírez.

Según comentó, ninguna de las recomendaciones emitidas por Recope fueron acatadas por la administración del hospital, que en su momento estuvo al mando del grupo interventor.

Cuestionó además el hecho de que no se tomara en cuenta, en el momento de la emergencia, a los ingenieros y arquitectos del centro médico, que en más de una ocasión habían alertado sobre el problema de contaminación que podría darse al estar los dos tanques tan cerca.

Ramírez apuntó que el 5 de junio la ANEP tendrá una reunión con la presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), María del Rocío Sáenz, para exponerle varios temas, entre los que se encuentran los problemas y posibles actos de corrupción y de conflicto de intereses que se están dando en ese establecimiento, por lo que se le solicitará que de manera conjunta interpongan una denuncia ante la Contraloría General de la República (CGR), a fin de que se sienten las responsabilidades del caso.

MSP “una República independiente”

Una “República independiente” donde se extienden los plazos para resolver, se incumplen sentencias de la Sala Constitucional como la resolución 13023-2012 de las once horas y treinta minutos del catorce de setiembre de dos mil doce, la cual señaló que la disponibilidad no resultaba incompatible con el pago de horas extraordinarias, por lo que el pago de horas extraordinarias resulta procedente, si durante la disponibilidad el funcionario ha realizado labores efectivas.

Pese a este fallo, a la fecha no solo se carece de reglamentación que permita mensualmente generar el reporte de estas horas y por consiguiente el pago efectivo, sino que se sigue abusando por parte de algunos directores y jefes de delegaciones policiales que obligan a su personal a laborar más de 12 horas, o en sus días libres invocando la disponibilidad, e inclusive en algunos casos deben hacerlo por alguna intervención policial, pero a la hora de que el funcionario pide le den el tiempo o le reporten las extras, la respuesta clásica es, “no se puede dar tiempo, es prohibido, y no hay presupuesto para pagar”. ¿Irónico verdad?

Por eso es válido preguntarse, ¿será que este Ministerio está bajo su propio régimen y es independiente? La Ley 7410 General de Policía es escueta en muchos temas, por lo tanto se deben aplicar las normas supletorias y en observancia de la jerarquía de las normas, sin embargo en este Ministerio esto no se respeta, citaré un par de ejemplos.

Los plazos para resolver, la prescripción, la delegación, la caducidad, esta última en el artículo 340 de la Ley General de la Administración Pública, establece: “Cuando el procedimiento se paralice por más de seis meses en virtud de causa, imputable exclusivamente al interesado que lo haya promovido o a la Administración que lo haya iniciado, de oficio o por denuncia, se producirá la caducidad y se ordenará su archivo, a menos que se trate del caso previsto en párrafo final del artículo 339 de este Código”.

Inclusive en el Ministerio de Seguridad se omite el dictamen C-044-2010 de la Procuraduría General de la República, que es concordante con el artículo 340 de la LGAP y vinculante para la administración Pública, al igual que lo es el C-080-2012 que es concordante y vinculante con la sentencia 13023-2013.

Veamos otro ejemplo, según la Ley 7410 en su artículo 57, la sección de Inspección Policial y conforme al reglamento de organización del Ministerio de Seguridad Pública, el departamento disciplinario legal es la instancia técnica especializada para resolver mediante audiencias los casos incoados en materia disciplinaria contra los funcionarios del Ministerio de Seguridad, sin embargo se le delega en algunos casos a los Asesores Legales la atención de audiencias por procesos disciplinarios.

Con este proceder se omite lo señalado por la Ley General de Administración Pública en su artículo 91, aunado a que la Ley General de Policía 7410 establece en su artículo 44 entre las funciones de los asesores legales: “Emitir criterios técnicos jurídicos relativos a las actuaciones policiales, cuando sean requeridos o las circunstancias lo ameriten”. O sea, ¡se les convierte en juez y parte!

Los elementos mencionados que nos hacen pensar justificadamente que se maneja la cosa como “República independiente”, donde desproporcionalmente se viene afectando a muchas y muchos oficiales, veamos un ejemplo más: según la Ley General de Policía artículo 83 las faltas leves se prescriben al mes, pero conocemos casos de faltas que son levísimas y por el “criterio” de un jefe que la define como grave, se remite al disciplinario donde luego de dos o tres años se logra demostrar que la causa nunca reunió presupuestos para siquiera instaurarse, sin embargo aunque se dicte exoneración a favor del trabajador, previamente se dio una sanción al negarle a la o el funcionario el derecho de incorporarse al estatuto policial.

En la “República independiente” del Ministerio de Seguridad algunos directores y algunos jefes de delegación niegan el derecho que asiste a los funcionarios de una hora y media de descanso dentro de la jornada de trabajo de 12 horas, y lo que es peor, algunos aducen desconocer dónde se consigna ese derecho, el cual está escrito en el artículo 143 del Código de Trabajo, aunado al criterio OJ-071 de la Procuraduría General de la República.

Existe una máxima que dice: “Para mandar, se debe ser bien mandado”, si se desconoce, se omite y se transgrede la legalidad, no se tiene autoridad moral para reprimir o sancionar, menos para liderar, porque “cuando el que manda pierde la vergüenza el que es mandado pierde el respeto”.

“Prueba de fuego” para el nuevo Gobierno

El Consejo Nacional de Salarios (CNS), ente adscrito al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), de integración tripartita (Gobierno, cámaras y sindicatos), ha convocado al sector laboral para las 4 y 15 de la tarde del próximo lunes 16 de junio; para que éste dé su posición y aspiraciones concretas, en el marco de la Fijación General de Salarios Mínimos del segundo período del 2014.

Se trata de la primera fijación salarial que ocurre en el ámbito de la nueva administración gubernativa del señor Presidente de la República, don Luis Guillermo Solís Rivera. A lo largo de su gestión, se deberán hacer 8 fijaciones salariales para el sector Privado y 8 para el sector Público.

Esta será la primera de todas y se convierte en un indicador de cómo se ha de comportar el presente gobierno en esta asunto de la política salarial para la clase trabajadora que tiene la suerte de tener empleo fijo y salario formal. Toda una “prueba de fuego” para el nuevo mandatario.

Recordemos que suele suceder en el seno del CNS, en este tipo de situaciones, una “alianza” gobierno-empresariado que se enfrenta, en un 2 a 1, con las propuestas sindicales. Casi nunca se da la circunstancia de que el gobierno de turno apruebe la propuesta sindical, desechando la empresarial; y, muy pocas veces, se ha logrado un consenso tripartito en esto de la fijación semestral de salarios mínimos. De la interrogante que surge de cómo será el comportamiento del nuevo gobierno ante esta coyuntura.

Desde la perspectiva sindical que se representa, tanto en la propia Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), así como en el seno de la Central Social Juanito Mora Porras (CSJMP), esta circunstancia de la Fijación General de Salarios Mínimos del segundo período del 2014, la primera de la Administración Solís Rivera; genera las siguientes consideraciones:

El problema número uno de la sociedad costarricense de hoy, cual es el sistemático proceso de crecimiento de la desigualdad y ampliación de la brecha social dada la intensidad y la velocidad de la concentración de la riqueza, tiene en la política salarial una oportunidad de atenuar, y hasta de revertir, este perverso proceso que fortalece caminos de desintegración y confrontación social.

Es bueno puntualizar en tal marco de condiciones, que la clase trabajadora sufre, en términos generales, de un gran endeudamiento salarial, precisamente porque el sesgo de corte restrictivo de las fijaciones salariales de las últimas administraciones, hace que el endeudamiento se haya convertido en una “alternativa” para evitar la caída en la pobreza y como forma de intentar mantener un nivel de calidad de vida relativamente digno aunque con grandes problemas de liquidez.

En el caso del sector Privado abogamos por una política salarial que considere, por un lado, lo que sería el reajuste compensatorio por costo de vida del semestre precedente a la fijación; por otro, que tome en cuenta la necesidad de incrementar el poder de compra del salario, ampliando su capacidad adquisitiva y, por ende, su liquidez, de suerte que haya una dinamización del consumo, especialmente para el fomento productivo destinado al mercado interno.

Hay enormes segmentos laborales de la clase trabajadora asalariada del sector Privado que están necesitando otra política en materia de fijación de salarios mínimos; por ejemplo: obreros agrícolas de las plantaciones bananeras y piñeras, los choferes de autobús, los guardias y vigilantes de la seguridad privada, los obreros industriales.

Por otra parte, hemos reiterar ante la nueva circunstancia política que se supone se deriva de la tesis del “cambio” que masivamente apoyó el electorado en las pasadas elecciones presidenciales, la imperiosa necesidad de una fijación salarial de orden general para los salarios mínimos, de corte extraordinario, de naturaleza excepcional, para elevar su actual nivel y a partir de un nuevo nivel, seguir calculando los incrementos rutinarios semestrales por costo de vida.

En cuanto a una cifra en específico para la indicada audiencia al sector laboral del próximo lunes 16, la ANEP y la CSJMP, realizarán gestiones y esfuerzos para que haya una propuesta sindical lo más compartida y unitaria posible, que se daría a conocer en el momento oportuno.

Seccional del Ministerio de Hacienda define objetivos ante la nueva gestión

Inicia una nueva gestión en el Ministerio de Hacienda, bajo la tutela de Helio Fallas, Ministro de esa cartera y en la Seccional ANEP-Ministerio de Hacienda ya tienen claro cuáles serán sus objetivos, los que se concentraran en: controlar la evasión fiscal, los nombramientos irregulares y la protección de los derechos laborales en la población hacendaria.

Así lo manifestó Jorge Fonseca, Vicepresidente de la Seccional ANEP-Ministerio de Hacienda, quien a la vez indicó que otro de los temas a seguir de cerca, es el alto costo en que incurre el Ministerio de Hacienda en el alquiler de edificios, que incluso no están ocupados en su totalidad.

“Como Seccional de Hacienda tenemos tres objetivos que nos hemos propuesto desde nuestro establecimiento en el Ministerio de Hacienda, que fue defender los derechos laborales de la población hacendaria, denunciar la corrupción; venga de dónde vega y sea quien sea, y también aportar nuestro granito de arena en lo que sea mejorar la gestión tributaria y aduanera”, indicó Fonseca.

Según el Vicepresidente de la Seccional ANEP-Ministerio de Hacienda, ya han participado de reuniones con el Ministro de Hacienda, Helio Fallas, con la presencia de los otros sindicatos del ministerio, con el objetivo de plantearle sus ideas de cara a estos cuatro años.

“La idea es llevar nuestras propuestas, seguir con nuestro plan de denunciar nombramientos irregulares, ya incluso se ha denunciado casos en Servicio Civil, así como las reestructuraciones que se han realizado en tributación; creando más burocracia, entrabando los procesos fiscalizadores, desmejorando la gestión tributaria, además, de generar altos salarios para unos cuantos”, explicó Fonseca.

Además, agregó. “Le recordamos al Ministro que se ha referido a la gran evasión fiscal que existe en el país, que incluso puede llegar a un 6% del PIB, creemos que por ahí debería atacarse el déficit fiscal, cobrando bien los impuestos existentes antes de crear nuevos, con el fin de generar recursos frescos para llevar a cabo los diversos programas que necesita el país en diversas áreas, y que no se ataque los pluses salariales. También, hicimos ver al Ministro, el alto pago que se da en alquileres por parte del Ministerio de Hacienda, incluso el diputado Ottón Solís hizo referencia a este tema”.

Para la Seccional ANEP-Ministerio de Hacienda, lo que necesita el Ministerio es personal operativo como: auditores, que anden revisando si en los negocios se entrega la factura; inspectores que remitan a los contribuyentes los procesos determinativos y notificadores que revisen empresas, que incluso están ligadas a políticos empresarios que nunca se revisan.

Transparentar las sesiones del Consejo de Transporte Público

Nos parece una excelente iniciativa la que ha dado a conocer la Cámara Nacional de Autobuseros (Canabús), para que las sesiones del Consejo de Transporte Pública (CTP), sean “a puertas abiertas”. No podía llegar en mejor momento esta iniciativa que desde la ANEP saludamos y felicitamos.

La verdad es que la opacidad (por decirlo de manera elegante), es lo que ha venido caracterizando el funcionamiento del CTP, una instancia de marcado sesgo pro-empresarial y contraria a los usuarios del servicio de transporte público, especialmente en la modalidad de autobús.

Aunque el pensamiento oficial de la ANEP es que lo mejor es cerrar, clausurar definitivamente el CTP, la sana propuesta de Canabús podría abrir una posibilidad de una profunda auscultación usuaria y ciudadana de lo que en su seno se ha venido manejando; al punto de que ANEP sabe de sesiones que han venido siendo declaradas ¡secretas!, en materia de fijación de tarifas de autobús.

La ANEP espera tomar contacto en fecha próxima con el empresariado de Canabús, al cual le hemos de solicitar una audiencia oficial, para intercambiar pareceres sobre ésta, repetimos, feliz iniciativa, de transparentar de manera radical el funcionamiento del CTP; audiencia que también quisiéramos aprovechar para abordar cuestiones sociolaborales que nos preocupan, en el ámbito del concepto de Trabajo Decente promovido por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y con el cual el país está comprometido, sobre las condiciones de trabajo de los choferes de bus, en términos generales y a nivel nacional.

Aprovechamos para de esta manera pública, exhortar a la Defensoría de los Habitantes de la República a fin de que se apropie de esta iniciativa empresarial que avalamos y que bien podría generalizarse hacia esos otros consejos cuyo funcionamiento no parece tener menos opacidad que el del CTP. Nos referimos, por ejemplo, al Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), así como al Consejo de Seguridad Vial (Cosevi).

ANEP interpone recurso de amparo contra el MSP por negar información

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), junto a su Seccional ANEP-Fuerza Pública, interpusieron, la mañana de este jueves, un Recurso de Amparo en contra del Ministerio de Seguridad Pública (MSP) por negar información que consideramos de carácter público.

El encardo e presentar el Recurso de Amparo ante la Sala Constitucional fue Mainor Anchía, integrante de la Junta Directiva Nacional de ANEP y Presidente de la Seccional ANEP-Fuerza Pública, que durante más de 6 meses ha tratado de conseguir información referente al cumplimiento de requisitos por parte de altos cargos de la Fuerza Pública, necesarios para desempeñarse en puestos de Directores y Subdirectores Regionales.

“Se interpone el Recurso de Amparo en contra del Ministerio de Seguridad Pública en la persona del Comisario Erick Lacayo Rojas, Director de la Escuela Nacional de Policía en razón de que hemos estado solicitando que nos brinde la información, que consideramos de carácter público, referente a la carrera policial de los diferente directores y subdirectores que hoy dirigen las diversas regiones de la Fuerza Pública”, detalló Anchía.

Según el Presidente de la Seccional ANEP-Fuerza Pública, lo que se está solicitando es que se diga cuál ha sido el proceso de formación dentro de la Escuela Nacional de Policía, en razón de que si estos personajes completaron el Básico Policial, cursos de Oficiales Ejecutivos, entre otros.

Está solicitud de información por parte de la ANEP viene dándose desde octubre del año anterior, y hasta la fecha no se ha podido consignar, debido a que según Anchía, “la bola se la tiran de un lado para otro entre el Departamento Recursos Humanos y la Escuela Nacional de Policías, sin embargo seis meses después alegan que la información solicitada está protegida por la Ley de Protección a Datos Personales y no la pueden brindar”.

Debido a lo anterior, y por considerar que la información solicitada es de carácter público, nuestra organización decidió interponer dicho Recurso de Amparo, para que sea la Sala Constitucional la que se encargue de definir el carácter de la documentación solicitada al MSP.