Hacemos de vuestro conocimiento la grata noticia de que se ha abierto, políticamente hablando, la posibilidad de que en sede administrativa, sin ir a lo judicial, la institución honre sus deudas por concepto de pago de Disponibilidad, derecho éste que como bien se sabe fue ganado por la ANEP, a través del juicio pionero y valiente entablado por el compañero Gerardo Cascante Vargas, Policía Penitenciario como ustedes, con el respaldo de la Unidad de Asesoría Jurídica (UAJ), de nuestra agrupación.
Efectivamente, en la tarde de este martes 22 de octubre de 2013, ante instancia de la ANEP y durante una reunión en su despacho, la señora Ministra de Justicia y Paz, Dra. Ana Isabel Garita Vílchez, expresó su voluntad política para abrir una negociación tendiente al pago de tales deudas en sede administrativa para el compañero o la compañera de la Policía Penitenciaria que así lo quiera.
Esta negociación, luego de la expresión de tal voluntad política, empezará este jueves 24 de octubre, a las 08:30 de la mañana con las máximas autoridades institucionales vinculadas a una decisión de tal calibre y que fueran delegadas por la señora Ministra Garita para tales efectos.
En el caso de la ANEP, específicamente hablando, ya tenemos en nuestro poder las primeras 506 certificaciones, individualizadas y por centro de trabajo. Los compañeros integrantes de la Junta Directiva de la Seccional ANEP-Policía Penitenciaria y las diferentes personas delegadas de la misma, se pondrán en contacto con cada una de esas 506 personas, para orientarles sobre los procedimientos de pago, una vez que hayamos alcanzado un acuerdo al respecto, a partir de la indicada sesión de trabajo de este jueves 24 de octubre.
ANEP ha realizado cálculos preliminares de cuantificación de los dineros necesarios que el Estado deberá desembolsar por esas deudas. Para que tengamos una idea, solamente para hacerle frente a esas primeras 506 certificaciones, se necesitan unos 250 millones de colones. Indicamos que, preliminarmente, con base en estimaciones promédiales bastante conservadores. La suma podría ser mucho mayor, como será mucho mayor cuando estén listas todas las certificaciones que faltan.
Como hemos indicado, la filosofía humanista y de concepción de clase que ha animado el accionar de la ANEP durante todos los 30 años de lucha a favor de los intereses y de las reivindicaciones de la Policía Penitenciaria, reafirma nuestra convicción de que la ANEP no le cobrará un centavo a las 506 personas que depositaron su confianza en nuestra organización para estos efectos.
Solamente para que usted tenga clara la dimensión de la plata que está en juego en todo esto, si todas esas 506 personas tuvieran que ir a sede judicial y si todas esas 506 personas se hubieran puesto en manos de abogados “chupasangre”, que solamente buscan el lucro personal, tendrían que pagarle a éstos por sus servicios, unos 30 millones de colones.
Como vemos, ni un solo centavo de esos 30 millones de colones pretende la ANEP cobrar por tramitar estos 506 procesos. La ANEP no hace “negocio” con los derechos laborales. A la ANEP le basta con la confianza que como afiliados y como afiliadas le tienen a nuestra organización estas 506 personas que, inicialmente, se apuntaron con la ANEP.
Nos sentimos contentos y esperamos seguirles honrando su confianza. Luego del jueves emitiremos otra comunicación similar a ésta para puntualizar más orientaciones específicas; incluso, planteando otros temas abordados en la importante reunión con la señora Ministra Garita, a quien le expresamos nuestro mayor respeto por la alta importancia y la gran sensibilidad que mostró ante la delegación de la ANEP y sus acompañantes que estuvimos en su despacho el pasado martes 22; delegación sindical que estuvo conformada por las directivas de nuestras seccionales en la institución: ANEP-Sistema Penitenciario Nacional y ANEP-Policía Penitenciaria.
