Dineros del IVM se usaron en construcción de Parque Viva

CCSS compró ¢4.706 millones en títulos de La Nación

Nota: Diario Extra

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) destinó ¢4.706 millones a la compra de títulos de La Nación y sus subsidiarias, cuyo dinero se captó en parte para la construcción de Parque Viva.

Así se desprende de los Estados Financieros del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), de los cuales este medio tiene copia, y de hechos relevantes dirigidos al Mercado de Valores. 

Hubo dos emisiones, la A14, realizada del 21 de marzo por un monto de ¢10 mil millones con un vencimiento al 2024. Se habría hecho a través de Aldesa. 

La segunda es la B14 por ¢11 mil millones con vencimiento a 2025 y cuya emisión se realizó el 4 de abril de 2014. En ambas participó la Caja como comprador de los títulos con fondos de IVM. 

Del hecho relevante FC-29-2014 se extrae que el objetivo de la captación de recursos es la inversión en activos productivos de largo plazo como la remodelación del Autódromo La Guácima (Parque Viva), anfiteatro, un centro de exhibiciones y plazas al aire libre, áreas de acceso y recreación.

Otra parte indicó La Nación se dirigiría a la cancelación de pasivos de entidades públicas y privadas, considerados estratégicamente convenientes, así como para financiar requerimientos de capital para inversiones futuras. 

A la fecha, la CCSS habla de la tenencia de ¢2.950 millones en títulos de La Nación y sus subsidiarias, debido a que la otra parte del dinero invertido habría venido retornando a la institución a través de los vencimientos. 

Sería esta la única empresa no financiera en la que el IVM decidió invertir para ese periodo (2014), según los estados financieros. El resto de las inversiones en el sector privado las constituyeron en bancos y mutuales. 

DIARIO EXTRA dio a conocer que la Junta Directiva de la Caja pidió explicaciones recientemente a la Gerencia de Pensiones sobre la conveniencia de mantener dichas inversiones. 

Lo anterior obedece a que, según la CCSS, se ha dado una disminución de la calificación de riesgo de las mismas, pasando de “AAA” en el momento que se realizó por primera vez la oferta de mercado a “A” al día de hoy.

Indican que la Junta Directiva en el artículo 9º de la sesión No.8818, celebrada el 17 de diciembre de 2015, acordó la venta de los títulos valores de La Nación y subsidiarias, sin embargo por las condiciones de los precios de mercado y la poca demanda de estos ha sido imposible hacer efectivas dichas ventas.

CCSS: “TENÍA UNA CALIFICACIÓN AAA”

La Gerencia de Pensiones señaló a El Periódico del Pueblo que toda inversión que realiza el Fondo del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte se hace de conformidad con la normativa. Explicaron que las inversiones son avaladas y aprobadas por los comités y con el apoyo de los análisis y acuerdos de la junta de Riesgos. 

En este caso, aseguran se realizó un análisis financiero y un criterio de riesgo.

Sobre por qué invertir en La Nación, comentaron que el Mercado de Valores Costarricense es muy incipiente y poco desarrollado en la oferta privada de títulos valores, lo cual ha sido característico aún más en los últimos años.

“De la poca oferta pública siempre se han realizado los estudios respectivos para determinar la viabilidad técnica y legal de invertir o no, donde en su mayoría no cumple ni financiera ni legal”, recalcaron. 

Aducen que el IVM ha contado en su momento con inversiones en títulos valores de empresas como Atlas y Durmán Esquivel, además de las ya mencionadas de bancos privados. 

No obstante, acotan que la oferta de empresas privadas no financieras de calificación AAA, desde el 2015, es prácticamente nula y no se han realizado inversiones nuevas. 

DIPUTADO CUESTIONA 

El diputado Dragos Dolanescu manifestó a El Periódico de Más Venta en Costa Rica que pediría explicaciones a la CCSS sobre la inversión en títulos de La Nación y sus subsidiarias.

“Coincide sospechosamente que tanto la inversión por parte del Grupo Nación en el Parque Viva como el arreglo de pago para evitar ir a juicio por la evasión con las rotativas se dan poco después de que la Caja Costarricense de Seguro Social utilizara dinero de los fondos de pensiones para comprar bonos de La Nación”, expresó el legislador. 

Las declaraciones del parlamentario hacen referencia a que para el momento de la emisión del 4 de abril de 2014, trascendía en la prensa, que el Juzgado Penal del II Circuito Judicial había fijado fecha para la audiencia preliminar en el caso de La Nación por presunta defraudación fiscal en la venta de dos rotativas. 

Finalmente, la empresa llegaría a una conciliación con el Estado por ¢2.277 millones en noviembre de ese año. 

Dolanescu agregó que “se ve muy feo cómo una empresa se capitaliza con el dinero de las pensiones de todos los costarricenses y de inmediato paga deudas con Hacienda, suena como raro eso de pedir plata prestada al Estado para pagar deudas que se tiene también con el Estado, así es muy fácil para algunos hacerse millonarios a costilla del pueblo costarricense y aprovecharse de sus influencias para no afectar sus finanzas personales”.

VALORAN LLEVAR CASO AL MINISTERIO PÚBLICO

El secretario general de la Asociación de Empleados Públicos y Privados (ANEP), Albino Vargas, dijo que están pensando llevar el caso incluso hasta el Ministerio Público. 

“Desde el punto de vista que los dineros de los trabajadores que tanto sacrificio les cuesta ganarlo y que vayan a apuntalar a negocios abiertamente lucrativos para reducidos grupos económicos que ya acumulan demasiado dinero es un acto censurable”, comentó. 

La ANEP está pidiendo a la CCSS que separe al Comité de Inversiones y dé una explicación sobre la compra de dichos títulos. “Parecen ser más de ¢4 mil millones, no descartamos enviarlo al Ministerio Publico porque no es la primera vez que se presentan cosas como esta en la inversión de fondos del IVM”, finalizó.

• Dragos Dolanescu

Diputado

“Coincide sospechosamente que tanto la inversión por parte del Grupo Nación en el Parque Viva como el arreglo de pago para evitar ir a juicio por la evasión con las rotativas se dan poco después de que la Caja Costarricense de Seguro Social utilizara dinero de los fondos de pensiones para comprar bonos de La Nación”.

• Albino Vargas

Secretario ANEP

“La ANEP está pidiendo a la CCSS que separe al Comité de Inversiones y dé una explicación sobre la compra de dichos títulos. Parecen ser más de ¢4 mil millones”.

MSP debe pagar diferencia salarial a policía

Sin acudir a la vía judicial se logró que el Ministerio de Seguridad Pública ordenara pagar las diferencias salariales a un policía que cubrió por aproximadamente un año un rango más alto al del sueldo que recibía.

Este policía quien prefirió el anonimato, comentó que fue inició funciones como agente 1 en el 2011 y sus labores se desarrollaban en la parte preventiva. Para el 2016 fue nombrado como Agente 2, pero seguía recibiendo el salario del antiguo cargo.

Ante la duda que le embargaba decidió buscar la asesoría del departamento jurídico de la ANEP, donde su caso fue tomado por parte de David Estrada, quien inició con todo el proceso

El defensor indicó que la prioridad era que el uniformado pudiera recibir bien su salario y que todo se diera conforme a ley.

Por lo que se presentó un recurso administrativo donde se evidenciaba la diferencia en sus pagos.

El recurso fue estudiado por parte de Michael Soto, Ministro de Seguridad, quien ordenó que se organizara el tema a nivel interno y que se le cancelara al oficial lo que correspondía.

Lamentablemente de parte de la institución no se ha pagado la totalidad del dinero, puesto que aducen que se cancelará el monto a partir de que el policía presentó y demostró que cumplía con todos los atestados para tomar el cargo.

A pesar de esto por parte de Estrada se alabó la solución rápida que obtuvo el oficial y que se evitó por parte del Ministerio llevar el caso hasta los estrados judiciales.

“Es importante recalcar que en este caso se logra hacer justicia a la persona trabajadora sin necesidad de acudir a un juicio, sino que ha sido mediante el agotamiento de la vìa administrativa que se ha logrado que la persona reciba una remuneración justa por la labor desempeñada. 

También cabe señalar que el Ministerio de Seguridad Pública parece haber acogido una tesis jurisprudencial bastante nueva, como que para conceder el pago de diferencias salariales la persona trabajadora debe acreditar que cumple con los requisitos académicos y profesionales para desempeñarse en el puesto. Una postura que ha sido objeto de crítica últimamente por parte de los sectores pro-trabajador como la ANEP.», señaló.

Por parte de la defensa no se descarta que se interponga otro recurso para que el policía tenga que recibir la totalidad del dinero y no una parte.

Denunciar corrupción no traduce hostigamiento laboral

Luego de un largo proceso que se extendió por más de 5 años, los afiliados de la ANEP, Carlos Moreno y Ronald Fuentes, oficiales de la policía municipal de Escazú quedaron absueltos de una denuncia por hostigamiento laboral.

Los hechos iniciaron cuando ambos dirigentes sindicales recopilaron información y denunciaron una serie de actos irregulares por parte de una funcionaria de la misma institución de apellidos Alfaro Vega.

Alfaro al darse cuenta, tomó represalias en contra de los policías, por lo que acudió a la vía judicial denunciándolos por Hostigamiento laboral.

Luego de que ambas partes presentaran sus argumentos, la Sala Segunda dio la razón a los uniformados Moreno y Fuentes, donde descartaron algún tipo de acoso laboral dirigido a Alfaro Vega.

Dentro de los respondido se indicó por parte de la Sala de que el ejercicio de un derecho, aunque incomode, no constituye acoso laboral.

David Estrada, representante legal de los oficiales, mencionó que este tipo de fallos hace que la democracia gane y que la libertad sindical pueda ser garantizada.

Además, añadió “considero que éste caso explora una línea jurisprudencial beneficiosa para éste sindicato y sus dirigentes, pues se respalda el trabajo que éstos hacen en la investigación y denuncia de irregularidades en la Administración Pública, y que dicha labor no debe considerarse como manifestaciones de hostigamiento laboral, sino por el contrario, como un reflejo del Estado Social de Derecho en que vivimos, donde prevalece la justicia, la transparencia y la democracia”.

Membresía a OCDE costará ¢2.165 millones por año

  • Gasto presupuestario de Comex crece 43% para el 2021

Nota: Diario Extra

En plena crisis fiscal Costa Rica se dará el lujo de destinar ¢2.165 millones para el pago de la membresía a la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos).

Así se desprende del proyecto de presupuesto para este 2021 del Ministerio de Comercio Exterior. Debido a ello, los gastos para esta cartera crecen en un 43,1%.

Sin embargo, el Ministerio de Comercio Exterior aduce que la membresía es de sólo ¢1.400 millones por año. El incremento del monto para 2021 obedece a un gasto extra de ¢749 millones requeridos por ser el primer año de ingreso.

Se habla de que esta es la cuota “post adhesión”. El ministro a.i, Duayner Salas, indicó que para el 2021 el monto es más elevado por gastos extras derivados del proceso de adhesión.  

De la exposición de motivos se desprende que todo gobierno debe estar preparado para asumir las obligaciones de la membresía para adherirse a la convención. Esto forma parte de la declaración general de aceptación. 

Según Comex, resulta fundamental asignar los recursos necesarios para cubrir estos gastos. Ahora, su aprobación queda en manos de los diputados como parte del análisis del presupuesto para el próximo año. 

El Ministerio había explicado que el monto de esta contribución es establecido con base en el PIB (Producto Interno Bruto) de cada nación. La OCDE se financia con las contribuciones de sus miembros. 

El pasado 15 de mayo de 2020, el país recibió la invitación formal del consejo de la organización para convertirse en el miembro número 38 de la organización y suscribir la convención.  

Esto luego de cinco años de iniciado el proceso de adhesión, y de que los 22 comités emitieron su opinión formal. 

Recientemente el ministro de la Presidencia, Marcelo Prieto, señaló que el convenio de adhesión a la OCDE sería remitido a la Asamblea Legislativa a más tardar este viernes.

Otro tema pendiente es quién será el representante de Costa Rica ante ese organismo. Según Prieto, esto quedó claro desde que Dyala Jiménez, era ministra de Comercio Exterior. 

Sin embargo, uno de los motivos de la salida de la jerarca fue que al parecer había interés del gobierno de que fuera de Cancillería quien ocupara ese lugar, algo con lo que Jiménez, dijo no estar de acuerdo. Posteriormente, Presidencia diría que eso no era así. 

Una vez que se firme el protocolo de adhesión, el país tendrá que nombrar a un embajador. 

“UN POBRE EN EL
INDOOR CLUB”

La OCDE es una organización internacional, cuya misión es diseñar políticas para una mejor calidad de vida de los ciudadanos. Sin embargo, es decisión de cada país si implementa sus recomendaciones.

Para Rafael Mora, encargado de Asuntos Políticos de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), resulta una contradicción que se diga que no habrá aumento salarial para los empleados públicos el próximo año y se vayan a pagar millones por estar en este organismo.  

“Es condenable que en plena crisis como está este país estar pagando a organismos internacionales. El pueblo lo siente como una burla, mientras que los trabajadores les congelan el salario o se le reduce la jornada laboral, se ponen a pagar dinero en afiliaciones en organismos internacionales”, comentó. 

Mora dijo que además de la membresía hay que tomar en cuenta que este ingreso se convertirá en viajes aquí y allá y el pago de un jugoso salario para quien sea el embajador.  

“Nos condenan a una situación de congelamiento salarial injusto e inaceptable, pero tienen para andar pagando estas membresías, entonces uno ve que las medidas son contra la clase trabajadora. Es imposible que Costa Rica haya cumplido en transparencia fiscal, aquí lo que hay es una mafia y seguro le hicieron el favor para el ingreso. Esto de la OCDE es como un pobre en el Indoor Club”, añadió. 

Lenin Hernández, secretario del Sindicato Nacional de Enfermería y Afines (Sinae), manifestó que esto demuestra que el país se está equivocando nuevamente en la ruta económica. 

“Ahí es donde decimos que se destinan los dineros de forma equivocada con la OCDE, asesorías y gastos superfluos que solo traen más pobreza y desigualdad. Si uno se pone a analizar el contexto mundial ¿Qué se ganan con estar en la OCDE?, yo diría que nada, más bien los países bajo la perspectiva de la autonomía y la pandemia están asumiendo el manejo de su economía. La respuesta la tiene cada país de acuerdo a su desarrollo cultural, cada país es distinto. La solución no está en estos organismos”, recalcó.

RUMBO EQUIVOCADO

Rafael Mora

ANEP

“Es condenable que en plena crisis como en la que está este país, estar pagando a organismos internacionales. El pueblo lo siente como una burla, mientras que los trabajadores les congelan el salario pagan estas millonadas”.

Lenin Hernández

Sinae

“Ahí es donde decimos que se destinan los dineros de forma equivocada con la OCDE, asesorías y gastos superfluos que solo traen más pobreza y desigualdad”.

Solidaridad de la ANEP con el pueblo trabajador de Chile

La Asociación Nacional de Empelados Públicos y Privados (ANEP), visitó esta tarde la sede de la embajada de la República de Chile, ubicada en nuestro país, para solicitar al Gobierno chileno cesar la represión brutal y la violación a los Derechos Humanos contra su pueblo, ya que está situación recuerda, los momentos más duros de la dictadura de Pinochet.

Compartimos la carta presentada por la ANEP ante la Embajada de la República de Chile

San José, 6 de noviembre de 2019.

S.G. 17-21-1688-19

Señor

Oscar Alcaman Riffo

Embajador de Chile en Costa Rica

Presente:

¡El Movimiento Sindical y Social quiere respuestas!

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), afiliada a la Internacional de Servicios Públicos – ISP, organización global que representa a 20 millones de trabajadores/as públicos/as en el mundo y que en Chile aglutina a las Federaciones y Confederaciones del sector Público más importantes como ANEF, ANEJUD, AJUNJI, ASEMUCH, AFIICH, ANEIICH, CONFUSAM. CONFEMUCH, FENPRUSS, y del sector privado como FENATRAOS; viene por medio de la presente, a solicitar que el gobierno del Presidente, Sebastián Piñera cese la represión brutal y la violación a los Derechos Humanos contra el pueblo de Chile, que sin duda nos recuerdan, los momentos más duros de la dictadura de Pinochet.

Por otro lado, sabemos que la actual Crisis Social que desde el 18 de octubre ha tenido al pueblo chileno bajo el lema “Chile despertó” en las calles de Arica a Punta Arenas, es la expresión espontánea que sintetiza las diversas demandas del país por acabar con un sistema que oprime y abusa sistemáticamente contra derechos humanos como el agua, la salud, la educación, la seguridad social y que la actual Constitución no contempla. Al contrario, ha permitido que se privaticen y mercantilicen durante más de 40 años.

El movimiento sindical y social en Chile viene denunciando hace décadas esta situación, y en estas casi dos semanas se ha sumado como actor a la principal demanda de la gente “una nueva Constitución” y ha planteado -al alero de “Unidad Social” que congrega a más de 200 organizaciones sindicales, sociales y estudiantiles-, un pliego con 10 demandas  laborales y sociales, y que no se continúe con la tramitación de los proyectos de Ley que van en contra de los derechos del pueblo, incluido el llamado a no ratificar por parte del Senado el TPP 11.

En tal sentido, creemos fundamental, avanzar hacia un cambio de la Constitución Política, cambio que necesariamente debe ser efectuado mediante una Asamblea Constituyente que ha comenzado con los cabildos que se están realizando desde el 24 de octubre autónomamente del poder y que en forma deliberativa debaten sobre el país que quieren tener.

ANEP apoya proyecto de ley N20.861 contra intereses de usura

La Asociación Nacional de Empledos Públicos y Privados (ANEP) se reunió con el diputado David Hubert Gourzong Cerdas para mostrar el respaldo al proyecto de ley contra los intereses de usura.

No más intereses de usura, 6.57 puntos del PIB se le saca al año a la gente

Esto representa 2 billones 300 mil millones de colones

Los intereses de usura que se cobran en tarjetas de crédito, en la compra de electrodomésticos, en intereses de préstamos bancarios, créditos personales, casas de empeño y similares, representan uno de los más fuertes desencadenantes del proceso de desigualdad que sufre la sociedad costarricense.

Intereses de usura
TiempoMonto
Por minuto4 millones 436 mil colones
Por hora266 millones 203 mil colones
Por día6 mil 389 millones de colones
Cada mes191 mil 667 millones de colones
Por año2 billones 300 mil millones de colones

El insistente reclamo obrero por una fuerte regulación en tal sentido, es una consigna sindical muy vehemente levantada hace bastante tiempo; al punto de que fue un emplazamiento directo de nuestra parte, con ocasión de la pasada campaña electoral presidencial, a los dos candidatos presidenciales (Carlos Alvarado y Fabricio Alvarado), quienes afirmaron, en ese entonces, estar de acuerdo en proceder al respecto.

En la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), así como en el seno del Colectivo Sindical PATRIA JUSTA vemos con buenos ojos que se esté anunciando la tramitación parlamentaria del expediente legislativo No. 20.561.

Según datos en manos de los diputados promotores de esta iniciativa, el interés promedio en los almacenes que venden a crédito electrodomésticos, es del 60 % y este tipo de consorcios megaempresariales, altamente concentrados en cuanto a su propiedad, se estarían ganando unos 883 mil millones de colones anuales en este tipo de intereses de usura; es decir, 2.52 puntos PIB. ¡Ganancias extraordinariamente abusivas! Nos preguntamos: ¿y cómo han sido sus declaraciones de impuestos?

La corriente sindical que representamos someterá a un exhaustivo análisis esta relevante iniciativa, de forma tal que la misma no represente “un alegrón de burro”, pues como dice el sabio refrán popular, “el diablo está en los detalles”.

Es más que evidente la naturaleza del poderío económico de estas entidades acreedoras bancarias y de los grandes consorcios empresariales detrás del negocio de los créditos a la gente.

Por tanto, se hace más que necesario que las entidades sindicales y civiles, le sigan la pista a la tramitación de esta iniciativa de ley, prácticamente, a diario, sin dejar de pronunciarse apoyando que este proyecto sea ley lo más rápidamente posible.

Sector Productor busca apoyo para impulsar proyectos de ley sobre seguridad jurídica y pago de deuda

El sector productor, inserto en el Encuentro Social Multisectorial en el que participan diversas organizaciones sociales y cooperativistas, busca el apoyo de instituciones gubernamentales para impulsar dos proyectos de ley sobre seguridad jurídica y pago de deuda.

Para esto, se reunieron con representantes de alto nivel del Ministerio de Ambiente y Energía, el Ministerio de Agricultura y Ganadería y representantes de la Defensoría de los Habitantes, con el objetivo de que ambos proyectos tengan el apoyo del Poder Ejecutivo como del Poder Legislativo

ANEP prepara recurso de amparo contra Ministra de Hacienda

96 megaempresas estarían debiendo más plata que la que pretende recaudarse mediante el combo fiscal

ANEP envió este jueves 6 de diciembre una nota por vía electrónica a la Ministra de Hacienda, Rocío Aguilar Montoya,solicitando el nombre de cada una de las 96 empresas que forman parte del grup odenominado Grandes Contribuyentes, las cuales mantienen fuerte controversia con dicha entidad que les reclama la astronómica cantidad de ¢560.000 millones en impuestos dejados de pagar.

ANEP, además, solicita que en cada caso de esas 96 entidades corporativas se indique el monto que se les está cobrando. 

Según Hacienda esas 96 empresas le deben ¢560.000millones lo que equivale a, aproximadamente, a 1.60 puntos de Producto InternoBruto (PIB); cifra tan significativa que supera al monto esperado a recaudarcon la ley del combo fiscal, lo cual es un indicador dramático de que es elfraude fiscal en todas sus modalidades, pilar fundamental de la crisis fiscaldel país.  

Efectivamente, con el combo fiscal se recaudaría tan solo un 1.21, aproximadamente del PIB: ¢422.000 millones.

Al parecer ya la Ministra de Hacienda está planteando que tiene “impedimento legal” para dar a conocer el nombre de esas 96 empresas-grandes contribuyentes y el monto en controversia.

ANEP cree que con el precedente sentado conel recurso de amparo que le fuera acogido a la organización civil TerritoriosCiudadanos, que le permitió al país estremecerse e indignarse como nunca antesante la publicación de la lista de grandes contribuyentes que declaran ceroganancias y/o pérdidas; sería suficiente para conocer ese segundo listado delos 96 presuntos mega-evasores tributarios.

Por tanto, ya tenemos en preparación unrecurso de amparo para conocer el nombre de esas 96 grandes empresas y losmontos en controversia en cada caso, esperando que la Sala Constitucional de laCorte Suprema de Justicia mantenga la línea jurídica de la transparenciatributaria que, atinadamente, mostró en el recurso que le fuera acogido a TerritoriosCiudadanos.

Declaraciones del Secretario General de la ANEP