Las medidas que viene tomando la administración de don Guillermo Constenla Umaña en el Instituto Nacional de Seguros (INS), para abaratar los costos de reparación que realizan los talleres mecánicos de enderezado y pintura, cuando reparan vehículos cubiertos con la póliza de Seguro Voluntario del INS, están por crear una quiebra generalizada de talleres pequeños y medianos lo que conllevaría el despido de una gran cantidad de trabajadores del sector tallerista.
Según datos que ha recopilado la ANEP, en el país hay cerca de unos 400 talleres de este tipo que podríamos conceptuar como “pymes” (pequeñas y medianas empresas), los cuales emplean, en estos momentos, a una cantidad cercana a las 10 mil personas trabajadoras asalariadas.
Al parecer desde mediados del año pasado 2012, el señor Constenla y por razones poco claras, ordenó variar los sistemas tarifarios y las tarifas con las que se les paga a los talleres el costo de las reparaciones de los accidentes automovilísticos, ocasionando que éstos tengan que reparar los vehículos asumiendo las diferencias que se les dejaron de reconocer por mano de obra, reparación de carrocería, repuestos, etc.; teniendo por ello que asumir pérdidas por estas decisiones arbitrarias.
En el año 2004 se firmó un acuerdo entre estos talleres y la administración del INS, mismo que se logró con la intervención de la Defensoría de los Habitantes de la República y de la propia ANEP. Este acuerdo estuvo funcionando durante los últimos ocho años y permitió no solamente la estabilidad financiera de todos estos talleres, sino que, además, la preservación de esa gran cantidad de empleos y, especialmente, la satisfacción plena del cliente con el servicio que venía reviendo en materia de enderezado y pintura.
Pero hoy ese acuerdo se ha incumplido, ha sido “abolido” tácitamente, sin razón ni fundamento por parte del señor Constenla. Ese acuerdo establecía que se mantendría una tarifa constante para los costos de operación de los talleres y que la misma se ajustaría cada seis meses. Ahora esto ha dejado de cumplirse pues el modelo actual plasmado en un contrato con carácter de obligatoriedad que han tenido que firmar los talleristas, implica un modelo que discrimina y crea categorías de talleres.
Dentro de los acuerdos que venían observándose y con la venia de la Defensoría de los Habitantes de la República –como ya indicamos-, las tarifas se establecieron para un sistema de valoración en el cual se tasaban de forma individual las cinco labores principales de reparación; y se asignaba un porcentaje (%) para materiales de pintura. Estas tarifas se establecieron con base en un modelo de taller acordado tanto por personeros del INS, como por los trabajadores del sector y patronos bajo la tutela de la Defensoría de los Habitantes y con el respaldo de la ANEP.
Al hacer el INS el cambio del sistema de valoración Globeest al sistema Aurora, se fusionan las labores de cinco a dos, es decir, se trabaja con solamente dos labores principales latonería/mecánica y pintura y sus respectivas tarifas.
El impacto, entonces, en las empresas, es no saber el peso específico que le asigna a cada una de las dos labores en el sistema, ya que en este momento el programa de valoración no indica qué porcentaje de una única tarifa pertenece a las labores asignadas a la reparación.
Según este sistema de valoración, para el INS vale igual cambiar un vidrio de una puerta que enderezar y rectificar un chasis; vale lo mismo cambiar un compensador que cambiar y pintar un guardabarro.
Pero el asunto no queda ahí. Resulta que en una reunión, la administración Constenla les adelantó que ya están muy avanzadas las negociaciones para la instauración unilateral de un sistema de calificación de operarios y talleres, desarrollado por una empresa de capital mexicana, lo que sin lugar a dudas ocasionará, más rápidamente, el cierre de talleres y el despido de muchos trabajadores del sector de enderezado y pintura.
Ante este grave panorama, decenas de trabajadores de este sector han buscado a la ANEP, para que en conjunto y tal y como lo hicimos en el año 2004, denunciemos esta arbitrariedad de Constela y su grupo dentro del INS, contra un sector de trabajadores que entre puestos laborales directos e indirectos, podrían superar los 10 mil empleos.
Por lo tanto, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) denuncia estos hechos y anuncia una lucha decidida por defender el derecho al trabajo de dichos trabajadores; así como combatir la política tarifaria de Guillermo Constenla, misma que busca aumentar las utilidades a costa de la fuentes de empleo de un sector trabajador y de un grupo de pequeños y medianos empresarios, que no tienen por qué pagar las consecuencias y arbitrariedades de políticas tarifarias y de aseguramiento que erróneamente ha realizado el INS y que, por tanto, no deben asumir ni los asegurados, ni los trabajadores.
Hacemos un llamado urgente a la señora Defensora de los Habitantes de la República, doña Ofelia Taitelbaum Yoselewicz para que intervenga con urgencia; de la misma forma que hacemos un llamado tanto a la propia Presidenta de la República, Licda. Laura Chinchilla Miranda, como a su Ministro de la Presidencia, Lic. Carlos Ricardo Benavides Jiménez, para que hagan lo procedente.
