Molestia laboral a punto de estallar en Santa Ana

Como es de conocimiento general del colectivo laboral de esta municipalidad, la ANEP a través de la seccional ANEP – Municipalidad de Santa Ana, presentamos a las autoridades institucionales la propuesta de aumentar la anualidad del 2% al 4%, lo que fuera acordado por el Concejo Municipal en la sección ordinaria Número 196 del 13 de abril del 2010.

No obstante, lo anterior requería el análisis o estudio financiero que indicara el impacto en las arcas financieras de la municipalidad, de tal manera que no sobrepasara, el limite presupuestario permitido por la Contraloría General de la República.

Valga decir al respecto, el MSc. Alberto Vega Castro en calidad de Director de Hacienda y Presupuesto Municipal se da a la tarea de realizar el estudio técnico, basado en las proyecciones de ingresos y egresos para el periodo 2011-2015, mismo que concluye en lo que nos interesa recomendando que se aumente el 1% de la anualidad lo que según sus proyecciones equivaldría a la suma de 865 millones de colones; sin embargo (Informe fechado el 11 de enero del 2011) siete días después, ósea el 19 de enero del 2011, se presenta un nuevo informe que recomienda no hacer el aumento en las anualidades.

Ante los hechos expuestos, que evidencian que de la noche a la mañana una recomendación dada en beneficio de las personas trabajadoras cambió tan abruptamente en detrimento de los mismos, es que existen desde nuestra organización una serie de preguntas por resolver.

Lo anterior por cuanto revisado ambos informes, la única diferencia que presenta es el cuadro de resumen de ingresos y egresos proyectados, lo anterior nos deja enormes dudas máxime que se omite la proyección de cuanto significaría realmente un 2% de anualidad en la planilla municipal, de tal manera que no sabemos con base en que argumento afirma que un 1% equivale a la suma de 865 millones de colones en el presupuesto municipal.

Con relación a lo anterior, nos llama poderosamente la atención el recurso extraordinario de revisión contra el 2% de anualidad y su anulación, que a título personal y en calidad de trabajadora presentará al Concejo Municipal, la Licenciada Andrea Robles Alvares, fechada el 24 de setiembre del 2012, pero presentada al Concejo el 19 de abril del 2013.

Como es de conocimiento general, esta funcionaria solicita al Concejo Municipal dejar sin efecto el acuerdo tomado respecto al 2%,al considerarlo viciado de nulidad ante la advertencia de la Contraloría General de la República por la falta del denominado estudio de impacto financiero, Sí bien este argumento es válido, sí rechazamos de manera contundente y reprochable otros aspectos argumentativos emitidos en la medida cautelar, considerados de nuestra parte como subjetivas, tendenciosos, temerarias e intimidatorias las siguientes afirmaciones hechas por la trabajadora Robles Alvares: No quedarían recursos para inversión, costo de la mano de obra aumentaría, subir tazas de cobro por servicios, reducción de servicios, déficit presupuestario, falta de recursos para inversión, y recorte de personal.

Valga indicarles a las trabajadoras y trabajadores que también el ciudadano y abogado Jorge Gutiérrez Diermissen, presentó similar recurso de revisión contra dicho acuerdo.

Siendo que el Concejo Municipal en su sesión número 156 del 30 de abril del 2013, acuerda por unanimidad acoger dichos recursos de revisión suspender el acuerdo del 2%, tomado en la sección del 13 de abril del 2010, suspendiendo los efectos en tanto se realiza un órgano de procedimiento que determine la validez o no del acuerdo en mención, siendo ANEP parte en el proceso.

Finalmente, como organización sindical propositiva y combativa, instamos a las personas trabajadoras a defender nuestros derechos como lo es, hacer respetar el acuerdo tomado por parte del Concejo sobre el aumento del porcentaje de la anualidad, así como, exigir transparencia y respeto en los hechos mencionados.

Además les exhortamos a mantenernos a la expectativa de nuestras próximas acciones sindicales en defensa de nuestros derechos, en las cuales se tendrá que demostrar con argumentos reales las afirmaciones dichas por el señor Vega Castro y la señora Robles Álvarez.

La tormenta política por el vuelo presidencial a Perú: Y los que faltan por renunciar, ¿cuándo se van?

Si la imagen presidencial ya venía acercándose al record histórico del descrédito ante la ciudadanía desde que se hacen este tipo de mediciones; la tormenta política por el vuelo presidencial a Perú, utilizando una aeronave de “extraño” olor, le dará más velocidad al deterioro de la credibilidad ciudadana con respecto a la gestión de la Presidenta Chinchilla; deterioro que ya está en caída libre, prácticamente sin esperanza de revertirse.

La renuncia ipso facto del ya ahora Exministro de Comunicación y Enlace, Francisco Chacón González, no atenuará tal situación. Su continuación en el gabinete se hizo insostenible pues cada vez que abría la boca para referirse a los cuestionamientos que se le formulaban al respecto, lo que hacía era hundirse más, políticamente hablando y pringar con la duda y la desconfianza a la propia mandataria.

Faltan más renuncias: la del Director de Protocolo de la Casa Presidencia, señor Ludwig Sibaja; la del señor Mauricio Boraschi, Viceministro de la Presidencia y Director de la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS). Las razones en ambos casos son más que obvias.

Y también, falta la renuncia de la señora Anabel González, Ministra de Comercio Exterior (COMEX), quien tiene responsabilidad compartida junto con su esposo, el ahora Extraministro Chacón, al planear la ahora amarga experiencia presidencial por el país andino.

La renuncia del señor Francisco Chacón no disipa el mar de interrogantes que están en el ambiente sobre el mar de fondo que deja el uso de una aeronave de un estupefaciente mal olor; ni tampoco dándose las renuncias que faltan, se disiparán del todo la gran cantidad de especulaciones que ya se han generado por esta extraña mescolanza: gas natural, petróleo y presunto lavado de dinero… Potente golpe a la confianza ciudadana, ya de por sí altamente deteriorada, en la clase política tradicional.

Condena a Rios Montt no repara pérdidas de vidas pero evita impunidad

La condena a prisión, aplicada al ex dictador militar guatemalteco Efraín Ríos Montt, no repara las pérdidas que, en vidas humanas, causó su régimen, pero evita la impunidad, dijo hoy aquí un líder sindical costarricense.

La dictadura de Ríos Montt se caracterizó por la crueldad y por el extermino de poblaciones indígenas guatemaltecas, aseguró el sindicalista Albino Vargas, en diálogo, esta tarde, con Notimex.

“Es una condena que, si bien no va a reparar tantas vidas perdidas, tanto dolor generado, es una condena que, de alguna manera, satisface de que semejantes crímenes no hayan quedado impunes”, planteó Vargas.

“Uno podría decir que, para justicias, el tiempo”, reflexionó el dirigente, en alusión al hecho del que el juicio y la condena contra el ex gobernante de facto de Guatemala tuvieron lugar tres décadas después del paso de Ríos Montt por el poder.

“La gestión dictatorial de Ríos Montt, en el mundo quedó como de una gran crueldad, de una gran inhumanidad, de una gran persecución y extermino de poblaciones indígenas”, señaló.

Vargas, secretario general de la Asociación Nacional de empleados Públicos y Privados (Anep), una de las mayores centrales de trabajadores de esta nación centroamericana, formuló las declaraciones un día después de la condena de Ríos Montt a 80 años de prisión.

Según versiones periodísticas conocidas ayer y esta mañana aquí, el militar retirado, de 86 años de edad, fue hallado culpable de haber cometido los delitos de genocidio y otros crímenes de lesa humanidad durante su mandato de facto -23 de marzo de 1982-8 de agosto de 1983-.

Los crímenes fueron perpetrados en el marco de la guerra guatemalteca que, durante tres décadas (1960-1996), cobro por lo menos 200 mil vidas, y desplazó a decenas de miles de personas dentro de Guatemala, mientras decenas de miles se refugiaron en el vecino México.

La dictadura de Ríos Montt aplicó la política de “tierra arrasada” contra comunidades indígenas a las que el régimen acusaba de ser colaboradoras de la guerrillera Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG).

La sentencia, que fue leída ayer por la jueza Jazmín Barrios, incluyó el cambio de medida cautelar que cumplía el ex dictador, de arresto domiciliario a prisión preventiva, y su inmediata reclusión en un centro de detención, de acuerdo con las mismas versiones.

Ríos Montt llegó al poder mediante el golpe de Estado que, en marzo de 1982, derrocó el general Romeo Lucas (1978-1982), tres meses después, disolvió la junta militar que encabezaba, y se autoproclamó presidente.

Graduado de la Escuela de las Américas (SOA), cuestionado centro de capacitación militar estadunidense donde se formaron varios dictadores latinoamericanos, Ríos Montt fue derrocado, 17 meses después, mediante un golpe militar.

El gobernante de facto fue depuesto por su ministro de Defensa, Oscar Mejía Víctores (1983-1986), quien, a su vez, fue sucedido por Marco Vinicio Cerezo (1986-1991), el primer presidente civil surgido de elecciones tras décadas de dictaduras militares.

Un pacto poco creíble donde el cinismo y el oportunismo más ruin están próximos

La catástrofe nada inevitable que asoló a las trabajadoras y trabajadores de Bangladesh el mes pasado un edificio comercial de ocho plantas, tres de ellas construidas ilegalmente, que albergaba varias fábricas textiles se derrumbó ha causado la muerte hasta el momento de más 1.100 trabajadores. Una comparación puede ser ilustrativa: unos 10 años de criminal violencia de género generan en España el mismo número de asesinatos.

Tras ello, tras la enorme presión de la opinión pública crítica mundial, Inditex, H&M y C&A han anuncian un pacto para mejorar la seguridad de sus fábricas en Bangladesh (las dos primeras son los mayores fabricantes de ropa del mundo). El acuerdo pretende reforzar la seguridad de las empresas textiles en el país asiático. “El objetivo del acuerdo es el compromiso de pagar a las empresas las renovaciones y reparaciones necesarias para hacer que sus talleres sean seguros”, ha señalado el secretario general de Industria All Global Union, Jyrki Raina [1]. Mas aún: “Inditex, H&M y C&A están mostrando el camino a otras empresas textiles. Al firmar este acuerdo se comprometen a colaborar con los sindicatos para abordar las causas fundamentales que provocaron las horrendas condiciones de trabajo de los trabajadores textiles de Bangladesh. Nos aseguraremos que el precio pagado por los trabajadores en plaza Rana en el mayor acto único de homicidio industrial no será olvidado”, ha añadido el dirigente sindical

Según Europa Press [2] y según fuentes de la firma española, Inditex colabora con IndustriaAll Global Union desde 2007. ¿No sabían hasta ahora nada de lo que sucede en esos países? ¿Nada? ¿Colaborar con los sindicatos obreros para abordar las causas fundamentales que provocan las horrendas condiciones de trabajo de los trabajadores textiles de Bangladesh? ¿Alguien puede creer esas palabras?

El acuerdo versa, en principio, sobre incendios y seguridad en la construcción en Bangladesh. Se trata de pagar a las empresas productoras las renovaciones y reparaciones necesarias para hacer seguros los tallares. Habrá que verlo. Nada pues que ver con condiciones laborales ni nada parecido.

La representante de la firma sueca en sostenibilidad, Helena Helmersson, con el mayor cinismo imaginable, ha destacado que la “seguridad contra incendios y la construcción son cuestiones muy importantes” para su compañía debido a su fuerte presencia en Bangladesh. No sólo eso. “H&M ha estado durante muchos años a la vanguardia para mejorar y garantizar la seguridad de los trabajadores en la industria textil. Con este compromiso podemos influir mucho más en este tema”, ha añadido. ¡Como el hormigón! ¿A la vanguardia de qué?

Sea como fuere, por el momento es un compromiso, más adelante llegará la firma. Y después, y este es el punto básico, la aplicación cotidiana de lo escrito. ¿En que quedará esa aplicación?

Miles de trabajadores del sector textil de Bangladesh se han movilizado para exigir subidas salariales y derechos básicos. El Gobierno ha anunciado que eliminará las restricciones existentes para que los trabajadores se organicen en sindicatos. Los trabajadores de Bangladesh, finalmente, podrán sindicarse sin permiso del propietario de la empresa, como ocurría hasta el momento.

No se trata de menospreciar el esfuerzo de nadie. Los activistas la red Ropa Limpia por ejemplo que batallan hace años “para dignificar las condiciones en las que millones de personas cosen en países pobres por sueldos de miseria y en condiciones precarias (o directamente inseguras) consideran que un acuerdo colectivo como este es mucho más eficaz —y fácil de fiscalizar— que las soluciones individuales de cada compañía” [3]. En principio, todas las grandes marcas tienen departamentos de responsabilidad social corporativa, no obligatoria, y someten en principio sus talleres o los talleres que fabrican para ellas a auditorías sociales. NO soy muy duras: varias de las fábricas siniestradas en los últimos años, “incluida al menos una de las que alojaba en sus ocho plantas el edificio Rana Plaza”, habían superado con nota esas auditorías sociales. Argumentación tras el desastre: sus controles abarcaban, señalaron, las condiciones laborales pero no las infraestructuras. ¡Para morirse de rabia y de risa doña Felisa!

Los códigos de conducta de las grandes marcas incluyen el derecho a sindicarse y a la negociación colectiva. Suele ser papel mojado. Allí y aquí. Pensemos, por ejemplo, en El Corte inglés. El gobierno ha creado una comisión para subir el salario mínimo (está en los 30 euros mensuales). Reclamar el incremento en la calle es arriesgado: se pierde el empleo y el salario para malvivir. De hecho, señala la información de El País, “la Asociación de Manufactureros y Exportadores del Textil cerró un centenar de fábricas y dejó sin paga a decenas de miles de personas para neutralizar unas protestas que, según ellos, se han vuelto violentas”. ¿Alguien puede confiar dos segundos en este tipo de entidades empresariales?

Esas grandes corporaciones, las empresas del mismo Bangladesh, ¿se comprometerán alguna vez a considerar a los trabajadores como seres humanos? ¿El trabajo será alguna vez para sus centros de dirección y negocio algo más que mercancía de usar, exprimir, explotar y mal pagar? ¿Importará alguna vez realmente las condiciones en las que las y los trabajadores realizan sus duras, sus durísimas tareas?

No es bueno a veces soñar. Las entrañas del capitalismo no se alimentan de esas exquisiteces sociales. La justicia no es una palabra que esté en sus diccionarios mercantiles.

Notas:

[1] http://www.marketingdirecto.com/actualidad/anunciantes/inditex-hm-y-ca-anuncian-un-pacto-para-mejorar-la-seguridad-de-sus-fabricas-en-bangladesh/

[2] http://www.europapress.es/sociedad/consumo-00648/noticia-inditex-hm-ca-apoyan-acuerdo-evitar-mas-tragedias-textiles-20130513190642.html

Salvador López Arnal es miembro del Frente Cívico Somos Mayoría y del CEMS (Centre d’Estudis sobre els Movimients Socials de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona; director Jordi Mir Garcia)

Despiden miembros de la Seccional ANEP – INS Servicios

Honorable señor Olman Segura Bonilla, Ministro
Honorable señor Lic. Eugenio Solano Calderón, Viceministro del Área Laboral
Honorable señor Lic. Alfonso Solórzano Rojas, Director Nacional de Asuntos Laborales
Honorable señora Licda. Leda Villalobos Villalobos, Jefa del Departamento de Relaciones de Trabajo
MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL (MTSS)

Estimados señores y estimada señora: Respetuosos saludos. Oficialmente y por esta vía, así habilitada la misma por disposiciones de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (Sala IV), como opción legítima para interpelar a la Administración; invocamos las disposiciones legales que son en concernirle a la cartera ministerial de Trabajo y Seguridad Social (MTSS); para que ejerciendo su rol jurídico de “amigable componedor” de las relaciones obrero-patronales, proceda a convocar a audiencia conciliatoria, en el caso que de seguido exponemos, a: Lic. Nelson Vega Jiménez, Gerente General de Insurance Services S. A. (“INS Servicios”), a quien se puede localizar en el fax No. 22 53 7086 y en el teléfono 2287 6000 (Ext. 85-22); y al Lic. Guillermo Constenla Umaña, Presidente Ejecutivo del Instituto Nacional de Seguros (INS), en su calidad de Presidente de la Junta Directiva de Insurance Services “INS Servicios”-). A él se le localiza en el fax No. 22 22 23 10; correo electrónico: gconstenla@ins-cr.com

Asunto: Despido de carácter antisindical de la trabajadora Lynn Zúñiga Hernández, y del trabajador Obed Zeledón Crespi; en su orden, Secretaria de Divulgación, Actas y Correspondencia, y Fiscal, de la Junta Directiva de la Seccional ANEP-INS Servicios; ambos integrantes de la recién formada Seccional ANEP-INS Servicios, así debidamente acreditada en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), y ante el despacho del Lic. Vega Jiménez, como en Derecho corresponde.

ANEP integrará comisión que analizará modernización de SETENA

Honorable señor
Ing. Uriel Juárez Baltodano
Secretario General
Secretaria Técnica Nacional Ambiental (SETENA)
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA (MINAE)

Estimado señor:

Con gran respeto para su digna autoridad, le expresamos el más atento saludo de parte de esta organización sindical.

Por este medio y de manera formal, solicitamos que como organización sindical representativa de un importante sector laboral de su representada, que el compañero Ing. José Antonio Céspedes Cortés, integrante de la Junta Directiva Seccional ANEP-MINAE, pueda formar parte de la comisión que analizará el proceso de modernización por el cual se va a ver sometida la SETENA. Nuestro representante estará acompañado, según sea el caso, por el Lic. Luis Roberto Zamora Bolaños, como Asesor Legal y en su calidad de integrante de la Unidad de Asesoría Jurídica (UAJ), de la ANEP.

Quedando a sus gratas órdenes para cualquier aclaración, le reiteramos nuestro mayor respeto y consideración y anticipadas gracias por su valiosa atención.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

ANEP pide cambio de la representación patronal en negociación de reglamento

Honorable señor
MSc. Álvaro Montero Sánchez
Director Ejecutivo
COMISIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y ATENCIÒN DE EMERGENCIAS (CNE)

Estimado señor:

Por este medio le expresamos un saludo respetuoso de parte de parte nuestra; para, de seguido, comentar un asunto de interés para toda la institución y en defensa de la clase trabajadora de la CNE que representamos.

La Junta Directiva de la Seccional ANEP-CNE es consciente de la apertura mostrada por su persona para que los funcionarios, mediante la legítima representación de los trabajadores, integraran la comisión de estudio de la propuesta del Reglamento Autónomo de Organización y Servicios (RAOS).

La representación laboral, como metodología a desarrollar, se avocó a visitar y consultar a los funcionarios el criterio sobre la propuesta del RAOS. Una vez realizada esta etapa, de recopilar el sentir de los funcionarios, la representación de los trabajadores ha llevado las iniciativas a la mesa de análisis para su posible incorporación.

Con gran desilusión, la representación laboral de la ANEP en la CNE ha venido sintiendo cómo aquella bonita iniciativa, propia de una persona que entiende de liderazgos y conduce procesos que no son fáciles, se comienza a derrumbar, poco a poco, como si fuera un castillo de arena. Manifestamos de esta manera nuestro descontento y más que descontento, desilusión, porque cuando usted, don Álvaro, tomó la palabra y puso la pauta para conformar una representación de la Administración Superior y una de los trabajadores; y, nos diéramos a la tarea de revisar la propuesta de lo que pretende ser el nuevo reglamento, nos lo tomamos con la seriedad que ameritaba y comenzamos por escuchar propuestas de todos los compañeros y todas las compañeras, trabajadoras y trabajadores de la CNE, las cuales fueron abundantes y muy enriquecedoras.

Llegado el momento de entrar en el trabajo sesudo de análisis, con la contraparte delegada por la Dirección Ejecutiva, nos encontramos que uno de ellos, no está representando de la mejor manera a la Administración Superior; o, al menos, lo que creemos es la buena fe de la Administración. Está demás citar que dicho trabajo, por ser tan delicado, debe estar ajustado al principio de legalidad, por ser la propuesta un instrumento que regulará la relación de los trabajadores con su patrono, el Estado, en la persona jurídica de la CNE.

Sin embargo, a pesar de la anuencia y disposición mostrada por su persona, nos informa nuestra Seccional ANEP-CNE, que de que el análisis y estudio del documento de propuesta del RAOS se encuentra en “punto muerto” ; y, que a pesar del esfuerzo que se realizó para compilar inquietudes de todos los funcionarios y de haber entregado ya varios capítulos al Sr. Javier Abarca Meléndez, representante de la Administración, existe por parte de dicho funcionario, un alto grado de impertinencia, desdén, irrespeto, intolerancia, con un vocabulario soez, cierta impericia técnica y hasta intransigencia.

Metódicamente, los compañeros representante de los trabajadores se han reunido para hacer el trabajo encomendado con esta persona, pero en ocasiones el Sr. Abarca pasa de la serenidad al disgusto. Además, es frecuente su impuntualidad o no se presenta del todo a las reuniones RAOS, dejando a los compañeros “plantados” sin ningún tipo de justificación y por tanto atrasando el proceso.

No muestra el Sr. Abarca Meléndez la más mínima intención de entrar en un diálogo franco, transparente, respetuoso y distendido, donde se logre avanzar con la tarea que se nos ha encomendado por parte de la Administración Superior y en representación de todos y todas las compañeras y compañeros trabajadores de la CNE. Nos parece que, incluso, en la mayoría de las ocasiones, el Sr. Abarca, asume conductas, poco elegantes, faltas de tacto inteligente, pero aún peor, hasta asume posiciones que no le corresponden, como si la última palabra la tuviera él, tratando de ignorar no solo lo que estamos proponiendo, sino hasta lo que puedan pensar sus superiores.

La Junta Directiva de la Seccional ANEP-CNE y esta Secretaría General de la ANEP, con todo respeto para su digna autoridad pero con potente vehemencia, expresa su inconformidad al respecto y decidimos presentar esta queja formal a la Administración Superior, por la falta de capacidad del Sr. Abarca para manejar diferentes situaciones que se están presentando. No logramos comprender la actitud de quien, creemos, está llamado a ser garante de la representación delegada y, a la vez, de la buena fe y apego a la legalidad.

De lo anterior solicitamos, de manera expresa y respetuosa, se destituya al Sr. Abarca como representante de la Administración Superior y se nombre a otro interlocutor, con las capacidades mínimas necesarias y de respeto a los trabajadores, para poder avanzar y concluir con éxito el proceso ya iniciado.

Quedamos a la espera de que lo resuelto en la Asamblea de Trabajadores convocada por la Dirección Ejecutiva se mantenga, se respete y podamos continuar por el mejor camino del diálogo, el respeto mutuo e igualmente, podamos concluir este importante instrumento institucional, como lo es el nuevo Reglamento Autónomo de Organización y Servicios de la CNE. No está de más mencionar que la Seccional ANEP-CNE, con el respaldo de esta Secretaría General, está en toda disposición de continuar el proceso y, por nada, renunciar a la participación en la comisión RAOS. Además, nos encontramos anuentes a comentarle, de manera personal para ampliar lo comentado en líneas anteriores.

Visita del PNUD a la ANEP

En días recientes una delegación de el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, estuvo de visita en nuestro sindicato.

Con la presencia de la señorita Yoriko Yasukawa, Coordinadora Residente del Sistema de Naciones Unidas, y Representante Residente en nuestro país para el PNUD, la ANEP realizó una exposición de su trabajo en relación con los Derechos Humanos y Laborales con visión sindical.

Se trataron temas muy variados, incluidas las luchas sindicales relacionadas con los cuerpos policiales, la Reforma Procesal Laboral o la presencia sindical en plantaciones agroindustriales en nuestro país.

La señorita Yoriko afirmó que su visita a la ANEP “forma parte de una serie de visitas a diversas instituciones y organizaciones que juegan un papel importante en el desarrollo, la democracia y la garantía de derechos humanos – todos temas prioritarios para el Sistema de Naciones Unidas – en Costa Rica. Estas visitas tienen como fin conocer la visión de diversos sectores de la sociedad sobre la situación del país y el papel de Naciones Unidas en Costa Rica”.

Quedó claro que la ANEP tiene un sin fin de coincidencias en muchísimos temas, que se comparte una visión de mundo en muchos casos y que se puede trabajar en conjunto, siempre en el marco del respeto.

La señorita Yoriko Yasukawa terminó la visita del PNUD a la ANEP reforzando los lazos de amistad que nos pueden unir, al indicar que “para Naciones Unidas el sector sindical, y la ANEP en particular, tienen especial importancia por su papel crítico en la defensa y promoción de los derechos de los trabajadores”.

Honrar a los que ya no están. Ni una muerte más.

Se están cumpliendo dos años del fallecimiento del compañero de la Policía Penitenciaria, FRANCIS MORALES FALLAS, caído en el cumplimiento de su deber como servidor público responsable de la seguridad carcelaria del país. Este triste acontecimiento fue en el 2011. Recordamos también que MARCO TULIO PRADO LEÓN, otro compañero Policía Penitenciario dio su vida en el año 2006, igualmente caído en el cumplimiento del deber. Más antes, en el 2002, el compañero chofer JOHHNY VEGA CHAVES, también perdió la vida mientras ejercía su cargo público para el Sistema Penitenciario Nacional. ¡No olvidarlos jamás! debe ser nuestra consigna. Rindamos homenaje a su memoria. Ante la grave crisis del Sistema Penitenciario Nacional, pedimos vuestro apoyo para la propuesta de la ANEP: que se le declare en Estado de Emergencia Nacional.

La ANEP estima que solamente el abnegado compromiso y el más grande sacrificio de la abrumadora mayoría del personal carcelario de Costa Rica, ha impedido un desastre mayor en el Sistema Penitenciario Nacional

El Ministro Ferraro recibirá de la ANEP, este lunes 13 de mayo de 2013, un planteamiento denominado “Se debe enfrentar con seriedad la crisis y revertir el creciente deterioro del Sistema Penitenciario Nacional”, con la idea de, incluso, obtener una escucha seria y responsable de parte de la propia Presidenta de la República, Licda. Laura Chinchilla Miranda.

La situación en el Sistema Penitenciario Nacional podría estar llegando a punto de “no retorno” y la propuesta de la ANEP para que se le declare en Estado de Emergencia Nacional, busca evitar más episodios de dolor, de tragedia humana y de profundización al irrespeto a los Derechos Humanos.

Pedimos declaratoria de Estado de Emergencia Nacional en el Sistema Penitenciario Nacional

Este lunes 13 de mayo de 2013, representantes de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), sostendrán una reunión en con el Ministro de Justicia y Paz, Fernando Ferraro Castro, acerca de la grave situación que enfrenta el Sistema Penitenciario Nacional, entidad que para la ANEP está en una peligrosa y delicada crisis que merece una declaratoria de Estado de Emergencia Nacional.

Con el paso de cada día, la situación carcelaria costarricense tiende a complicarse con altísimo riesgo para la vida de las personas que están involucradas en ella: el personal asalariado y las personas privadas de libertad.

Los más recientes acontecimientos relacionados con esta situación indican un empeoramiento de la crisis del Sistema Penitenciario Nacional.

Por un lado el recurso de amparo y el de habeas corpus que el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) interpuso contra la Dirección General de Adaptación Social por la estadía prolongada en condición de detenidas de unas 126 personas en las cárceles judiciales cuando, según el recurrente, deben estar dentro de la entidad penitenciaria.

Por otro, la orden judicial que ha ordenado restricción de ingreso a 6 cárceles del país, porque ya no hay más campo para internar personas privadas de libertad, agudizan la crisis penitenciaria y le dan más fortaleza a la petición de la ANEP para una declaratoria de Estado de Emergencia Nacional.

Ambos grupos humanos, el personal asalariado y el privado de libertad, con el desarrollo de la crisis penitenciaria, viven un deterioro radical de sus condiciones psicoemocionales y la cadena de violaciones a los Derechos Humanos, en uno y en otro caso, es ya insostenible. Ni hablar de lo que está implicando para sus propias vidas.

La ANEP estima que solamente el abnegado compromiso y el más grande sacrificio de la abrumadora mayoría del personal carcelario de Costa Rica, ha impedido un desastre mayor en el Sistema Penitenciario Nacional

El Ministro Ferraro recibirá de la ANEP un planteamiento denominado “Se debe enfrentar con seriedad la crisis y revertir el creciente deterioro del Sistema Penitenciario Nacional”, con la idea de, incluso, obtener una escucha seria y responsable de parte de la propia Presidenta de la República, Licda. Laura Chinchilla Miranda.

La situación en el Sistema Penitenciario Nacional podría estar llegando a punto de “no retorno” y la propuesta de la ANEP para que se le declare en Estado de Emergencia Nacional, busca evitar más episodios de dolor, de tragedia humana y de profundización al irrespeto a los Derechos Humanos.

La ANEP adjunta documentos en torno a la propuesta de declaratoria de “Estado de Emergencia Nacional” para el Sistema Penitenciario Nacional.