Categoría: Noticias

PROYECTO DE DECLARACION UNIVERSAL EL BIEN COMUN DE LA HUMANIDAD

Este proyecto, en constante elaboración con vocación jurídica y pedagógica, es fruto del trabajo internacional de juristas y de líderes sociales. Ha sido presentado en el Foro Mundial de Alternativas a los movimientos sociales y a las organizaciones presentes en la «Cumbre de los Pueblos» de Río de Janeiro en junio de 2012. Ha sido revisado y se han recibido observaciones, con el fin de volver a ser difundido con ocasión del Foro Social Mundial de Túnez (marzo 2013). Todo nuevo aporte es bienvenido. Los movimientos sociales, organizaciones, instituciones y personas que quieran adherirse a esta iniciativa pueden firmarla (declarabch@gmail.com).

PREÁMBULO

Vivimos tiempos críticos para la permanencia de la vida de la naturaleza y de la Humanidad. Se multiplican las agresiones al planeta, afectando todas las especies vivas, los ecosistemas, la biodiversidad, el aire, el suelo, e incluso el clima. La vida de los pueblos se destruye por la desposesión de sus territorios. La concentración monopólica del capital, la hegemonía del sector financiero, la economía de rapiña, la alienación de los espíritus y las conciencias, pero también, la deforestación, el monocultivo, la utilización masiva de agentes tóxicos, las guerras, el imperialismo cultural, las llamadas políticas de austeridad y la destrucción de los logros sociales, son el pan cotidiano de la Humanidad.

Vivimos tiempos de una crisis multidimensional: financiera, económica, alimentaria, energética, climática, una crisis de sistema, de valores y de civilización. Su origen común proviene de la irracionalidad de un sistema económico centrado en el enriquecimiento y no sobre las necesidades, y cuya dinámica implica lógicas de muerte. Tal momento histórico no permite respuestas parciales sino que exige la búsqueda de alternativas.

Vivimos tiempos marcados por la exigencia de coherencia. Las Resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), los Pactos de las Naciones Unidas de Derechos Civiles, Políticos (1966), el Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966), la Carta de los Derechos y Deberes Económicos de los Estados (1974), la Carta Mundial de la Naturaleza (1982), la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo (1986), la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (1992), la Carta de la Tierra (2000), la Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural (2001), la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (2007), entre otras, exigen la articulación de una visión de conjunto y un sistema de decisiones integrado, ecológico, económico, político y cultural, al servicio de la vida.

Vivimos tiempos en los que los seres humanos se dan cuenta que constituyen la parte consciente de una naturaleza capaz de vivir sin ellos; sin embargo, continúan destruyéndola progresivamente. La visión del desarrollo, heredara de la Modernidad y acelerada por la evolución del sistema mundial capitalista, que conduce a una depredación de esta magnitud, apuesta por un progreso lineal en un planeta inagotable. Esta visión segmenta la realidad y destruye la percepción de conjunto (holística) del universo. Ignora la reproducción de la naturaleza, particularmente de las otras especies vivientes, para concentrarse exclusivamente en el crecimiento del género humano (antropocentrismo). Banaliza las culturas, destruye las utopías e instrumentaliza las espiritualidades. En su versión capitalista, lleva a la explotación, la injusticia y un crecimiento inequitativo entre clases sociales, géneros y pueblos. En su versión socialista del siglo XX, olvida la reconstrucción del vínculo con la naturaleza e ignora la organización democrática de las sociedades.

Vivimos tiempos donde se multiplican las acciones de movimientos sociales y políticos, luchando desde abajo por la justicia ecológica y social, y por los derechos colectivos de los pueblos. La percepción de la vida de la Humanidad como un proyecto común, compartido y condicionado por la vida del planeta, se expresó en varios documentos como: la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos (Argel, 1976), la Declaración Universal de las Mujeres Indígenas del Mundo (Beiging, 1995), la Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra (Cochabamba, 2010). Eso requiere un esfuerzo común que debe intensificarse y repartirse, respetando las especificidades sociales y culturales.

Para restablecer los derechos de la naturaleza y construir una solidaridad interhumana a nivel planetario, tareas intrínsecamente vinculadas, se impone hoy en día una nueva iniciativa, paralela a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ella está destinada a redefinir, en una visión de conjunto (holística), los elementos fundamentales de la vida colectiva de la Humanidad en el planeta, con el objetivo de proponer un nuevo paradigma y de servir de base a la convergencia de los movimientos sociales y políticos.

Se trata: (1) de pasar de la explotación de la naturaleza, como recurso natural, al respeto de la Tierra como fuente de toda vida; (2) de privilegiar el valor de uso sobre el valor de cambio en la actividad económica; (3) de introducir el principio de la democracia generalizada en todas las relaciones humanas, incluidas las relaciones entre hombres y mujeres y en todas las instituciones sociales; y (4) de promover la interculturalidad para permitir a todas las culturas, los saberes, las filosofías y religiones esclarecer la lectura de la realidad; participar en la elaboración de la ética necesaria a su permanente construcción; y contribuir en las anticipaciones que permiten decir que “otro mundo es posible”. Ese es el paradigma del « Bien Común de la Humanidad » o del « Buen Vivir », como posibilidad, capacidad y responsabilidad de producir y reproducir la existencia del planeta y la vida física, cultural y espiritual de todos los seres humanos en el mundo.

Se trata de un objetivo, una utopía en el sentido utópico positivo de la palabra: aquello que nos hace avanzar. A todos los niveles, desde los comportamientos personales hasta la organización internacional, y dentro de todos los sectores de relación con la naturaleza y con la cultura, la utopía deberá concretizarse dentro de las transiciones; concebidas no como simples adaptaciones del sistema a las nuevas demandas ecológicas y sociales, sino como pasos al frente adaptados a cada situación. Ciertamente, no son las declaraciones las que cambian el mundo, sino las luchas sociales. Sin embargo, junto a la crisis de la Tierra y el clamor de los explotados, se puede contribuir en la precisión de los objetivos y unir las múltiples luchas que tienen lugar hoy día por todo el mundo. De ahí la propuesta de una Declaración Universal.

Cada artículo está dividido en tres partes: estado de la cuestión (bien jurídico); la acción necesaria y la sanción.

• DECLARACIÓN UNIVERSAL DEL BIEN COMÚN DE LA HUMANIDAD*

– (1) El respeto a la Naturaleza como fuente de la vida

Artículo 1 (Restablecer la simbiosis entre la Tierra y el género humano, parte consciente de la naturaleza)
La naturaleza es el origen de las múltiples formas de la vida, incluyendo la Humanidad, que tiene a la Tierra como su hogar. El núcleo y la corteza terrestre, el aire, la luz solar, la atmósfera, el agua, los suelos ; los ríos, los océanos, los bosques, la flora, la fauna, la biodiversidad; las semillas, el genoma de las especies vivas, son todos elementos constituyentes de su realidad. La naturaleza debe ser respetada en su belleza e integridad fundamental, en sus equilibrios, sus procesos, en la riqueza de los ecosistemas productores y reproductores de la biodiversidad y en su capacidad de regeneración. Es responsabilidad del género humano, en tanto que su parte consciente, respetar la justicia ecológica y los derechos de la naturaleza, que también forman la base de su propia existencia y del Bien Común de la Humanidad.
La naturaleza debe poder reproducir la vida, lo que equivale a un derecho.
Todas las prácticas que destruyen las capacidades de regeneración de la Madre Tierra, tales como la explotación salvaje y anti ecológicas de las riquezas naturales, la utilización destructiva de productos químicos, la emisión masiva de gases con efecto invernadero, los monocultivos agotadores de los suelos y de las reservas acuáticas, la utilización irracional de las energías, la contaminación de los suelos, de las capas freáticas, de los ríos y los mares, así como la producción de armas nucleares, químicas, biológicas, son contrarias a la responsabilidad humana frente a la naturaleza, al Bien Común de la Humanidad y al Buen Vivir, y, por eso, susceptibles de sanciones.

Artículo 2 (Restablecer la armonía entre todos los elementos de la naturaleza)
La armonía del universo y sus diversos elementos es una condición de la vida. Lo viviente hace parte de un todo y cada parcela vital posee funciones propias. La biodiversidad es central en el proceso y los intercambios materiales entre las especies (metabolismo) y por tanto se deben respetar los equilibrios. Los pueblos de la tierra tienen, así pues, el deber de vivir en armonía con todos los otros elementos de la naturaleza. No se iniciará ninguna acción de desarrollo con peligro de daño grave e irreversible para la vida de la naturaleza, que es también la base de la reproducción de la vida física, cultural y espiritual de la Humanidad.
Es responsabilidad de todos los pueblos del universo vivir en armonía con los elementos de la naturaleza.
Son contrarios al Bien Común de la Humanidad y, en consecuencia, serán sancionados toda acción, institución y todo sistema medioambiental que implementen modelos de desarrollo contrarios a la integridad y a la reproducción del sistema ecológico.

Artículo 3 (Cuidar la Tierra, base de toda vida física, cultural, espiritual)
La naturaleza es una realidad única y finita, fuente de la vida de todas las especies que hoy la habitan y también de todos los entes vivos que puedan nacer en el futuro. La tierra puede ser administrada por los seres humanos, con las garantías necesarias de continuidad en la gestión, pero no puede ser apropiada, ni hecha mercancía, ni ser una fuente de especulación. No puede sufrir agresión sistemática e irreversible por ningún modo de producción. Las riquezas naturales (tierra, recursos minerales, petroleros, oceánicos, forestales) son patrimonios colectivos que no pueden ser apropiados por individuos ni corporaciones ni grupos financieros. Los elementos de la tierra (suelos, aire, agua, mares, ríos, selvas, bosques, flora, fauna, espacios, genoma, etc.) deben ser administrados, extraídos y tratados respetando la reproducción de los ecosistemas, la biodiversidad, la vida de las especies, el equilibrio del metabolismo entre la naturaleza y los seres humanos y los intercambios necesarios, el bien vivir de los pueblos actuales y de las próximas generaciones.
El respeto de los ecosistemas y de la biodiversidad y el equilibrio de los intercambios materiales (metabolismo) entre los seres humanos y la naturaleza deben ser garantizados.
Son contrarias al respeto constructivo de la naturaleza, al Bien Común de la Humanidad, y por eso quedan excluidas y susceptibles de sanciones, la privatización y comercialización de la tierra, de los recursos naturales y de los elementos necesarios para la reproducción de la vida de las especies vivientes; en particular, del agua, el oxígeno y las semillas, así como la implantación de patentes sobre la naturaleza.

Artículo 4 (Regenerar la Tierra)
La tierra debe ser restaurada urgentemente en su capacidad de regeneración. Todos los pueblos y grupos humanos están obligados a contribuir a este fin. Se impone el inventario y la auditoría respecto a los impactos ambientales, así como las evaluaciones y reparaciones de los perjuicios causados. Todos los pueblos e individuos, y particularmente las industrias, corporaciones y gobiernos, tienen el deber de reducir, reutilizar y reciclar los materiales usados en la producción, la circulación y el consumo de los bienes materiales.
La capacidad de regeneración de la naturaleza, así como la restauración de sus procesos dinámicos, debe asegurarse por la organización común de los seres humanos.
Son contrarias al Bien Común de la Humanidad, y por eso susceptibles de sanciones, la disminución artificial de la esperanza de vida de los productos, el despilfarro de energía y de otras materias primas, los depósitos irresponsables de desechos peligrosos y las omisiones o aplazamientos sistemáticos de la restauración ecológica.

– (2) La producción económica al servicio de la vida y de su continuidad

Artículo 5 (Utilizar formas sociales de producción y circulación económicas, sin acumulación privada)
Es necesario para el Bien Común de la Humanidad y el Buen Vivir que las personas, las instituciones y los sistemas económicos den prioridad a formas sociales de propiedad de los principales medios de producción y de circulación económica: comunitaria, familiar, comunal, cooperativa, ciudadana, pública, evitando así los procesos de acumulación individual o corporativa que provocan las desigualdades sociales. El control de la producción y de la circulación de los bienes y servicios por los trabajadores y los consumidores será organizado según las múltiples formas sociales adecuadas, desde la cooperativa hasta la participación ciudadana, y, en caso necesario, la nacionalización.
La producción y la circulación de los bienes y servicios son actividades sociales que deben asegurar el bienestar de todos y deben pues revertir las formas apropiadas de acción y de organización común.
Es contraria al Bien Común de la Humanidad, y por eso queda prohibida, la apropiación por individuos o corporaciones de medios de producción y de circulación con el propósito de acumulación capitalista privada.

Artículo 6 (Dar la prioridad al valor de uso sobre el valor de cambio)
El trabajo (formal e informal) subordinado al capital provoca una negación de la autonomía de los trabajadores y de su capacidad de ser actores de la actividad económica. Una sumisión de este tipo conduce a una ruptura de la paz social. El sistema económico de producción y de circulación está destinado a satisfacer las necesidades y capacidades de todos los pueblos y de todos los individuos del planeta. El acceso a los valores de uso es un derecho fundamental exigido por la producción y la reproducción de la vida. El valor de cambio, producto de la comercialización, debe ser sometido al valor de uso y no servir a la acumulación del capital privado, y menos todavía a la formación de burbujas financieras fruto de la especulación y fuente de profundas y crecientes desigualdades sociales.
La función de todo sistema económico es satisfacer las necesidades y promover las capacidades de todos los seres humanos en el planeta, y el reparto de la sobreproducción como responsabilidad común.
Son contrarios al Bien Común de la Humanidad, y por eso quedan prohibidas, todas las acciones individuales o corporativas de circulación económica que mercantilicen los valores de uso como meros valores de cambio; los instrumentalicen con la publicidad para un consumo irracional; y animen la especulación para la acumulación privada del capital. Son también contrarios al Bien Común de la Humanidad: los paraísos fiscales, el secreto bancario y la especulación sobre los productos alimentarios, las riquezas naturales y las fuentes de energía. Se declaran ilegales las “deudas odiosas” públicas y privadas; y también la pobreza, por ser el resultado de una relación social injusta.

Artículo 7 (Promover un trabajo no explotado y digno)
Los procesos de producción y circulación deben asegurar a los trabajadores un trabajo digno, participativo, adaptado a una vida familiar y cultural, favoreciendo sus capacidades y asegurando una existencia material adecuada, porque el trabajo, en todas sus formas, construye a los seres humanos en tanto actores sociales del Bien Común de la Humanidad. La asociación de los trabajadores para la organización de la producción y de la circulación de bienes y servicios constituye la base de este objetivo.
El trabajo tiene prioridad sobre todos los elementos de la producción y de la circulación de bienes y servicios. La solidaridad con aquellos quienes por razones de edad, con capacidades físicas o mentales especiales, que en circunstancias económicas adversas no pueden acceder al trabajo, es un deber.
Toda acción y organización de la producción y de la circulación de bienes y servicios bajo el amparo del capital será contraria al Bien Común de la Humanidad. Por eso quedan prohibidas todas las formas modernas de esclavitud, de servidumbre y de explotación del trabajo, en particular de los niños, con el propósito de provecho individual o de acumulación privada de la plusvalía, así como todas las limitaciones a la libertad de organización de los trabajadores.

Artículo 8 (Reconstruir los territorios)
Frente a la “globalización”, que ha favorecido una economía unipolar, la concentración de los poderes de decisión, la hegemonía del capital financiero y la circulación irracional de los bienes y servicios, es indispensable reconstruir: los territorios como base de la resistencia a una globalización hegemonizada por el capital, la autonomía de las poblaciones, los poderes de decisión de las comunidades y de los ciudadanos, la soberanía alimentaria, energética y de los principales intercambios. En esta perspectiva, hay que regionalizar las economías sobre la base de la complementariedad y de la solidaridad y, para las regiones de la periferia, “desconectarse” del centro económico hegemónico, para establecer una autonomía comercial, financiera y productiva.
El territorio, como base de la vida social, debe ser reconocido en diversas dimensiones: local, regional y continental. La información y la consulta previa de las poblaciones concernientes a proyectos de extracción minera, de trabajos públicos, o de toda utilización de las riquezas naturales, será el principio a respetar.
Son contrarios al Bien Común de la Humanidad, y por eso quedan prohibidos: la constitución de monopolios y oligopolios, cualesquiera que sean sus campos de actividad productiva, de circulación o financiera; de la misma manera que toda la centralización política que signifique la desaparición de territorios y todo abuso del poder territorial en detrimento de otras entidades del mismo carácter.

Articulo 9 (Asegurar el acceso a los bienes comunes y a una protección social universal)
Existen bienes comunes indispensables para la vida de los individuos y de los pueblos que constituyen derechos imprescriptibles. Se trata de la alimentación, del hábitat, de la salud, de la educación, de la seguridad afectiva y de las comunicaciones materiales e inmateriales, no solamente en su aspecto cuantitativo, sino cualitativo. Varias formas de control ciudadano o de propiedad social existen para la organización eficaz del acceso a estos bienes y servicios. La “Protección universal” es un derecho de todos los pueblos e individuos, y un deber de las autoridades públicas, que debe ser apoyado por una política fiscal adecuada.
El acceso a los bienes comunes debe ser reconocido como un derecho de los pueblos y de los individuos.
Es contraria al Bien Común de la Humanidad, y por eso queda prohibida, la privatización de los servicios públicos con el propósito de contribuir a la acumulación del capital. Es susceptible de sanción la especulación sobre la alimentación, el hábitat, la salud, la educación, las comunicaciones; así como toda corrupción en el ejercicio de los respectivos derechos.

– (3) La organización democrática como base de la construcción del sujeto

Artículo 10 (Generalizar la democracia como construcción del sujeto)
Todos los pueblos y los seres humanos son sujetos de su historia y tienen el derecho a una organización colectiva social y política que lo garantice. Esta organización tiene que asegurar la armonía con la naturaleza y el acceso de todos a las bases materiales de la vida, con sistemas de producción y de circulación construidos sobre la justicia social. Para realizar estos objetivos, la organización colectiva debe permitir la participación de todos en la producción y la reproducción de la vida del planeta y de los seres humanos, es decir, el Bien Común de la Humanidad. El principio organizador de esta meta es la generalización de la democracia en todas las relaciones sociales de familia, de género, de trabajo, de autoridad política, entre pueblos y naciones, y adentro de todas las instituciones sociales, políticas, económicas, culturales, religiosas. Esto obliga a todas las instituciones que representan los sectores de actividades o de intereses específicos, como las empresas industriales y agrícolas, los organismos financieros y comerciales, los partidos políticos, las instituciones religiosas y sindicales, las ONG, los grupos deportivos y culturales, las instituciones humanitarias. Todo ello significa el retorno del sujeto colectivo o personal, como portador de la construcción social.
La generalización de la democracia debe aplicarse a todos los ámbitos sociales y a todas las instituciones.
Son contrarias al Bien Común de la Humanidad, y al Buen Vivir, todas las formas no democráticas de organización de la vida política, económica, social y cultural de la sociedad.

Artículo 11 (Establecer una relación de igualdad entre hombres y mujeres)
Importancia particular será concedida a las relaciones entre hombres y mujeres, desiguales desde tiempo inmemorial y en la mayoría de sociedades que se sucedieron en la historia humana (patriarcal). Todas las instituciones y todos los sistemas sociales y culturales deben reconocer, respetar, cuidar y promover el derecho de las mujeres a una vida equivalente, en todos los aspectos, a la de los hombres y garantizar su participación social en la igualdad.
Todas las instituciones y todos los sistemas sociales y culturales deben reconocer, respetar y promover el derecho a una vida plena de las mujeres, igual a la de los hombres.
Son contrarios al Bien Común de la Humanidad las prácticas sociales y económicas, las instituciones y los sistemas culturales o religiosos, que defienden o aplican la discriminación de la mujer. Son susceptibles de sanciones todas las formas de dominación masculina, y, en particular, las diferencias de ingreso económico salarial y el no reconocimiento del trabajo doméstico intra-familiar vinculado a la reproducción de la vida.

Artículo 12 (Prohibir la guerra y de las violencias colectivas)
Las relaciones internacionales democráticas no permiten el uso de la guerra para resolver conflictos. Hoy en día la paz no se garantiza por la carrera armamentística. La disposición de armas nucleares, biológicas y químicas pone en peligro directo la vida del planeta y de la Humanidad. Los armamentos se transformaron en un negocio. Su fabricación provoca un gigantesco despilfarro de energía, de riquezas naturales y de talentos humanos; y su utilización entraña, además de las pérdidas de vidas humanas y de inconmensurables sufrimientos físicos y morales, graves destrucciones ambientales.
La paz, cuya base es la justicia, se construye a partir del diálogo.
Son contrarios al Bien Común de la Humanidad, y por eso quedan prohibidos: la fabricación, la tenencia y el uso de las armas de destrucción masiva, la acumulación de las armas convencionales para asegurar hegemonías regionales y controlar los recursos naturales, la destrucción de las bases de la vida (agua, alimentación, microclimas, etc.), la utilización de la violación como arma de guerra, la incitación a la guerra por los medios de comunicación social, los pactos regionales hegemónicos, y la solución militar para resolver problemas políticos internos, así como todas las violencias sociales generalizadas. Se condenan los genocidios, etnocidios y ecocidios como actos irreparables y criminales de discriminación. Son susceptibles de sanciones todas las discriminaciones de género, raza (etnia), nación, cultura, estatus social, preferencia sexual, capacidad física o mental, religión y pertenencia ideológica.

Artículo 13 (Construir un Estado sobre el Bien Común)
Es papel del Estado, como administrador colectivo, asegurar el Bien Común, es decir, el interés general frente a los intereses individuales o particulares. Por eso se necesita la participación democrática para definir el Bien Común (las Constituciones) y para sus aplicaciones. Todos los pueblos de la tierra, en la pluralidad de cada uno de sus miembros, naciones, organizaciones y movimientos sociales, tienen derecho a sistemas políticos de participación directa o delegada con mandato revocable. Los gobiernos regionales y las organizaciones internacionales deben construirse sobre el principio democrático, en particular las Naciones Unidas. Lo mismo vale para todas las instituciones que representan sectores de actividad o intereses específicos, como empresas industriales, haciendas, organismos financieros o comerciales, partidos políticos, instituciones religiosas o sindicatos, las ONG, grupos deportivos o culturales e instituciones humanitarias.
La organización social y política debe construirse de abajo hacia arriba, con el fin de garantizar un funcionamiento justo y equitativo de las instituciones públicas.
Son contrarias al Bien Común de la Humanidad, y por eso quedan prohibidas, todas las formas dictatoriales o autoritarias del ejercicio del poder político o económico, donde minorías no representativas, formales o informales, monopolizan las decisiones sin participación, iniciativa ni control popular. Quedan prohibidas, también, las subvenciones públicas a organizaciones, movimientos sociales, partidos políticos, instituciones culturales o religiosas que no respecten los principios democráticos o practiquen cualquier tipo de discriminación de género, de etnia o de orientación sexual.

Artículo 14 (Respetar los derechos de los pueblos indígenas y originarios)
Los pueblos originarios tienen el derecho a ser reconocidos en sus diferencias. Necesitan las bases materiales e institucionales para la reproducción de sus costumbres, lenguas, cosmovisiones, instituciones comunales: un territorio de referencia protegido, una educación bilingüe, la posibilidad de ejercer un sistema judicial propio, una representación pública, etc. De ellos provienen aportes importantes en el mundo contemporáneo: la protección de la madre tierra, la resistencia al sistema extractivo-exportador de producción y de acumulación, y una visión holística de la realidad natural y social.
Los pueblos indígenas y las minorías étnicas tienen derecho a la existencia en cuanto tales.
Son contrarios al Bien Común de la Humanidad, y por eso quedan prohibidos, las acciones, las instituciones y los sistemas económicos, políticos y culturales que destruyen, segregan, discriminan u obstaculizan la vida física, cultural y espiritual de los pueblos indígenas.

Artículo 15 (Aceptar el derecho a la resistencia)
Todos los pueblos y grupos sociales tienen el derecho a desarrollar un pensamiento crítico, a ejercer resistencias pacíficas contra acciones destructoras de la naturaleza, de la vida humana, de las libertades colectivas o individuales y de las culturas, y, cuando el caso sea límite, tienen, si es necesario, el derecho a la insurrección.
La resistencia a la injusticia es un derecho y un deber de todo pueblo y de toda persona humana.
Son contrarias al Bien Común de la Humanidad las censuras del pensamiento, la criminalización de las resistencias y la represión violenta de los movimientos de liberación. Por consiguiente, esas prácticas quedan prohibidas.

– (4) La interculturalidad como dinámica del pensamiento y de la ética social

Artículo 16 (Promover la interculturalidad)
El Bien Común de la Humanidad supone la participación de todas las culturas, los saberes, las artes, las filosofías, las religiones y los folklores en la lectura de la realidad, la elaboración de la ética necesaria para la construcción social, la producción de sus expresiones simbólicas, lingüísticas y estéticas, así como en la formulación de las utopías. No se puede agredir la riqueza cultural del género humano, creada como un patrimonio a lo largo de la historia. La ciencia y sus aplicaciones tecnológicas deben estar al servicio del bienestar de la Humanidad y no de la acumulación del capital. La interculturalidad supone la contribución cruzada de todas las culturas, en su diversidad, a las varias dimensiones del Bien Común de la Humanidad: respeto de la naturaleza como fuente de vida, prioridad al valor de uso sobre del valor de cambio dentro de un proceso de justicia, democratización generalizada y diversidad e intercambio cultural.
Todas las culturas, los saberes, las espiritualidades, en concordancia con esta Declaración, deben disponer de medios para contribuir a la prosecución del Bien Común de la Humanidad.
Son contrarios al Bien Común de la Humanidad y al Buen Vivir, y por eso quedan prohibidos: los etnocidios culturales, las prácticas, instituciones y sistemas económicos, políticos y culturales que ocultan, discriminan o mercantilizan los logros culturales de los pueblos; así como los que imponen una homogeneización mono-cultural, identificando desarrollo humano con cultura occidental. También quedan prohibidos las prácticas, instituciones y sistemas político-culturales que exigen el retorno a un pasado ilusorio, promoviendo a menudo la violencia o la discriminación hacia otros pueblos.

Artículo 17 (Asegurar el derecho a la educación, a la trasmisión y a la comunicación)
La información ha devenido en un elemento central en un sistema de producción que posee recursos y medios inmateriales y en un mundo globalizado. En la lógica del capital, la información está monopolizada por los poderes económicos, tanto en la producción como en su uso, implicando una cierta forma de alienación. En el caso de los medios de comunicación de masas, una situación como ésta es lo contrario al ejercicio de la libertad real. Los monopolios del Estado, sin participación ciudadana, no son tampoco una solución adecuada. Sólo las reglas democráticamente elaboradas pueden asegurar la libre información responsable, crítica y constructiva.
Todos los pueblos e individuos tienen el derecho a la información, a la opinión crítica y al conocimiento. Tienen también el derecho a intercambiar saberes y a la búsqueda de informaciones útiles para la construcción del Bien Común de la Humanidad. Deberán establecer democráticamente las normas de funcionamiento.
Son contrarios al Bien Común de la Humanidad, y por eso quedan prohibidos, los monopolios de los medios de comunicación por grupos de poder financiero o industrial, la mercantilización de los públicos por las agencias de publicidad, el control exclusivo y no participativo de los Estados sobre el contenido de la información, y las patentes de los saberes científicos, que impiden la circulación de los conocimientos útiles para el buen vivir de los pueblos.

– (5) Obligaciones y sanciones por el incumplimiento de la declaración

Artículo 18 (La aplicación del paradigma del Bien Común de la Humanidad)
Todos los pueblos de la Tierra tienen el derecho a que cualquier incumplimiento o violación de los derechos contenidos en esta Declaración, que constituye un conjunto destinado a construir de manera permanente el Bien Común de la Humanidad, o la no ejecución de los dispositivos previstos en ella, deba ser conocido, enjuiciado, sancionado y reparado, de acuerdo con las dimensiones o efectos del daño ocasionado; y, cuando existan, según las disposiciones de las legislaciones nacionales y del derecho internacional. Medidas de transición a corto o mediano plazo (reformas y regulaciones) permiten trasformar las relaciones con la Naturaleza, establecer la prioridad del valor de uso, generalizar la democracia y crear la interculturalidad. Sin embrago, no podrán significar una simple adaptación del modo de acumulación contemporáneo a las nuevas demandas ecológicas y sociales, sino etapas para la adopción del nuevo paradigma del Bien Común de la Humanidad.
La puesta en práctica de esta Declaración debe ser garantizada por medidas adecuadas y democráticamente elaboradas.
Son contrarias al Bien Común de la Humanidad y al Buen Vivir y por consecuencia nulas, todas las leyes de impunidad, punto final, amnistía o cualquier otra componenda que deje sin justicia a las víctimas: es decir, la Naturaleza y su parte consciente, el género humano.

El señor Ministro de Hacienda, don Edgar Ayales Esna, nos anuncia hoy, al regreso de la Semana Santa, que en un mes nos dará a conocer una “nueva” propuesta de impuestos, a la que están bautizando con el peculiar nombre de “Consolidación Fiscal”. Dice el refrán popular que “aunque la mona se vista de seda, mona se queda”.

Ninguna “consolidación fiscal” será viable, en el tanto no se den profundas transformaciones, prácticamente revolucionarias en su campo, en el carácter de la injusta estructura tributaria que tiene el país en estos momentos: profundamente regresiva. Pagan más, proporcionalmente hablando, quienes menos tienen.

Acudiendo de nuevo a la sapiencia popular, hay otro refrán que dice “viendo el payaso… soltando la risa”. Por tanto, si la “consolidación fiscal” que nos va a proponer el Ministro Ayales es “…sobre todo un plan fiscal progresivo”, tendrá que hacer el esfuerzo más gigantesco jamás antes realizado por jerarca alguno de la cartera de Hacienda, para que el pueblo entienda que las medidas que vienen, tributariamente hablando, serían de carácter progresivo.

En la ANEP, para la cual el tema tributario-fiscal no nos es ajeno pues llevamos bastante tiempo inmersos en el mismo, nada gana en su “nueva” cruzada el Ministro Ayales si sigue, torpemente…

…Si sigue, torpemente, atacando los pluses salariales del sector profesional, bajo y medio, de la Administración Pública; específicamente los rubros de Dedicación Exclusiva y de Prohibición. Hablamos de que estos sobresueldos los reciben personas trabajadoras profesionales que son de carrera y que no están dentro de la cúpula jerárquico-tecnocrática que domina la política del país, más allá de los gobierno de turno.

Por otra parte, ni sumando todos esos pluses por reconocimiento de Dedicación Exclusiva y/o de Prohibición, la cantidad a obtenerse, ni en lo más mínimo, sería similar a la cifra del 6% de Producto Interno Bruto (PIB) que se le “escapa” al fisco, anualmente, por concepto de exoneraciones y exenciones fiscales. Y mejor ni hablemos de los montos robados por evasión y/o elusión tributaria…

Recordemos que ninguna persona trabajadora asalariada, ya sea del sector Privado o del sector Público, roba impuestos. El de renta (cuando corresponde), le es rebajado de la correspondiente planilla; y el de ventas se paga “ipso facto”, cada vez que se va a la pulpería, al supermercado, a cualquier comercio.

…Si sigue, torpemente, negándose a indicar cuáles son los altísimos puestos estatales que devengan salarios mensuales superiores a los 5 millones de colones. ¿En qué entidades y en qué niveles institucionales se encuentran?

…Si sigue, torpemente, insistiendo en su “Anteproyecto de ley para el ordenamiento de las retribuciones adicionales al salario base del sector Público”, el del “salario único”; provocadora tesis que si no se desecha del todo, logrará la más grande unidad gremial-sindical y de acción de calle, jamás vista en los últimos gobiernos.

Cualquier “consolidación fiscal” que pretenda enfatizar en el más injusto de todos los impuestos, el de ventas (por más que lo quieran maquillar de Impuesto al Valor Agregado, IVA), está destinada al fracaso.

La más viable “consolidación fiscal” posible es aquella que no debe ir por el lado de los impuestos indirectos; sino todo lo contrario, por el lado de las grandes fortunas, las excesivas y abusivas rentas, el lujo ofensivo y lujurioso, las transacciones financieras de montos escandalosos; entre otros ámbitos “vírgenes” de la amplia estela de posibilidades tributarias directas; de modo que el déficit fiscal se corrija apretando a “los de arriba”, considerando que “los de abajo” hace tiempo que están poniendo su cuota de sacrificio extremadamente alta comparable con sus ingresos.

En la ANEP nos sentimos seguros de enfrentar una discusión de este tipo con el señor Ministro Ayales cuando tenga a bien considerarlo.

Como es usual en el lenguaje “doctrinal” de quienes profesan la ideología neoliberal, usando denominaciones eufemísticas para titular proyectos de ley, a fin de intentar esconder su verdadero contenido, el Gobierno de la República ha enviado a la Comisión de Asuntos Sociales de la Asamblea Legislativa, dos iniciativas de ley que podemos considerar como el “sueño dorado” del empresariado neoliberal del sistema política dominante: la flexibilización de las leyes laborales actualmente vigentes en el país y la reducción al mínimo de los alcances del histórico Código de Trabajo que, paradójicamente, este 15 de setiembre, alcanzará seis décadas de existencia.

De manera rotunda hay que anunciar la más fuerte oposición a ambas iniciativas: el expediente legislativo No. 18.081, “Ley para proteger el empleo en tiempos de crisis”; y el expediente legislativo No. 18.080, “Ley que garantiza la aplicación de medidas temporales para la protección del empleo en momentos de crisis”.

Resulta completamente inaceptable el argumento de que estamos en tiempos de “crisis”, toda vez que el país sigue apostando por la concentración de la riqueza y el crecimiento de la desigualdad, en perjuicio de las grandes mayorías populares y, especialmente, la clase trabajadora, asalariada y no asalariada. Esto lo que nos indica es la pésima distribución de la riqueza y de los beneficios del crecimiento económico. Será “crisis” para “los y las de abajo”, porque la “gente de arriba” sigue nadando en dinero.

Estas nefastas iniciativas de ley, diseñadas para aplicarse, en esencia, al sector privado de la economía, guardan un vínculo estrecho con la pretensión gubernamental del proyecto de ley contra los pluses salariales, más comúnmente conocido como el del “salario único” que pretende aplicarse al sector Público.

Definitivamente, en ANEP y en la Central Social Juanito Mora Porras (CSJMP), desde ya entramos en estado de alerta urgente para desarrollar todos los esfuerzos posibles a fin de evitar la aprobación de tan perversas iniciativas que, finalmente, agravarán la delicada situación de pauperización económico-salarial que vive la gran mayoría de la población trabajadora del país.

Ya ha venido siendo demostrado que si hay escenarios de crisis en un país, el peor camino que se puede adoptar es reducir derechos, aumentar la sobreexplotación laboral, derogar las leyes sociales y acabar con la democracia.

Desde ya hacemos un llamado a toda la clase trabajadora y a sus legítimas organizaciones para cerrar filas, en todos los escenarios posibles, especialmente el de la Huelga General, para enfrentar tan desastrosos propósitos.

El Gobierno abre el más idóneo escenario de confrontación social jamás pensado por sindicato alguno: llevar a la calle, juntos, en una misma causa laboral, a miles de personas trabajadoras asalariadas del sector Público y del sector Privado. En ANEP estamos listos para poner nuestro esfuerzo en tan histórica coyuntura que se perfila en el horizonte.

Finalmente, tanto la ANEP como la CSJMP hacemos un vehemente llamado a los diputados amigos y a las diputadas amigas de la clase trabajadora, integrantes de diversas fracciones legislativas, para que juntemos esfuerzos, dentro del parlamento y fuera de él, a fin de evitar que estos proyectos que traicionan los más esenciales valores inspirados de nuestra legislación laboral ni siquiera salgan de la comisión parlamentaria que les debe dar trámite.

Les presentamos carta de la Ministra de Salud donde plantea el reordenamiento del Programa Manejo Integrado de Vectores, trasladando a cada Dirección Regional el manejo del mismo; de tal suerte que la “Estrategia de Atención Integral del Dengue”, se ha de fortalecer por cuanto los funcionarios de vectores se dedicarán, únicamente a dicha estrategia, liberándolos de la carga extra que representaba la asignación de actividades de “rectoría” y otras.

Dra. María Ethel Trejos
Directora Viligancia de la Salud

Dr. Roberto Castro Córdoba
Jefe Unidad de Análisis Permanente de la Situación de Salud

Directores (as) Regionales de Rectoría de la Salud

Directores (as) Áreas Rectoras de Salud

Coordinadores Regionales
Programa Manejo Integrado de Vectores

Estimados (as) señores (as):

El día 2 de junio del 2008 fue publicado en el Diario Oficial La Gaceta el Decreto #34510-S, Reglamento Orgánico del Ministerio de Salud, el cual, en su capítulo II, describe la Organización General del Ministerio de Salud, así como las actividades que deben ser realizadas de acuerdo al nivel de gestión.

Basado en lo anterior, es claro que la forma de trabajo verticalizada adoptada para el funcionamiento del Programa Manejo Integrado de Vectores en las Regiones Chorotega, Atlántica y Pacífico Central se aparta de las funciones que por nivel de gestión define el Reglamento Orgánico del Ministerio de Salud, siendo que son funciones del Nivel Central aquellas políticas y estetégicas, reservando las labores operativas para los niveles regional y local de la institución.

Así las cosas, y ajustándonos al mencionado decreto, se decide trasladar la coordinación operativa del Programa a los Directores Regionales. Dicho cambio sería efectivo a partir del día 1 de abril de 2013, respetando los lineamientos descritos a continuación.

Lineamientos para el traslado de la coordinación operativa del Programa Manejo Integrado de Vectores.

• La estrategia de Atención Integral del dengue estará a cargo del Dr. Roberto Castro Córdoba, Jefe de la Unidad de Análisis Permanente de Situación de Salud de la Dirección Nacional de Vigilancia de la Salud a cargo de la Dra. María Ethel Trejos Solórzano. Coordinará esta estrategia el Dr. José Luis Garcés.

• Los funcionarios del Nivel Central que hasta ahora han tenido la responsabilidad operativa del Programa, continuarán encargados del mismo, pero de acuerdo a las funciones definidas para este nivel de gestión, es decir, definiendo las estrategias y lineamientos nacionales con los que trabajarán los niveles operativos. Para esta labor, serán ubicados en la Dirección de Vigilancia de la Salud.

• La Dirección Regional tendrá bajo su cargo a los funcionarios del programa de vectores y será la encargada de la gestión de recursos y aspectos administrativos para la atención integral del dengue. Los coordinadores regionales de vectores, en estrecha coordinación con los Jefes de Vigilancia de la Salud ejecutarán las directrices técnicas provenientes de la Dirección de Vigilancia de la Salud. Debido a la experiencia y capacitación recibida, se mantienen los cargos de coordinadores regionales y de áreas rectoras del programa de vectores tal y como han venido fungiendo hasta ahora, pasando a depender de la Dirección Regional.

• Para los funcionarios responsables del Programa en los niveles regional y local el cambio consiste únicamente en una variación de su jefatura, por cuanto pasan a depender del Director Regional. Para dicho personal se garantizan sus condiciones previas, en cuanto a oficinas, vehículos, equipo, etc.

• El cambio propuesto no debe lesionar los derechos laborales de ningún funcionario, se mantienen las condiciones de salario, puesto, horario, y funciones, éstas últimas ajustadas de acuerdo al nivel de gestión. Los funcionarios se mantendrán en las áreas rectoras y direcciones regionales en las que están asignados a la fecha. No se permitirá la designación de funcionarios del Programa para la realización de actividades de Rectoría y otras actividades que no sean propias del programa.

• Los Directores Regionales deberán elaborar con los actuales coordinadores del programa, la actualización de los inventarios de todo aquel equipo, vehículos, mobiliario, etc., asignado a los mismos para el desarrollo de su labor.

• Cualquier modificación que un Director Regional desee realizar a la forma de operación actual del Programa, debe contar autorización previa de la Dirección General de Salud, y estar basado en solicitud razonada y de acuerdo a diagnóstico de situación.

Atentamente,

Dra. Daisy María Corrales Díaz, MSc.
Ministra de Salud.

Célimo Guido Cruz. Teléfono 89744625
Correo: celimoguido@yahoo.es

Por 30 años, posiblemente prorrogables, al igual que RITEVE, nos privatizan la carretera San Ramón – San José y la Ruta 27. Nos impondrán 10 peajes y nos duplicarán el gasto en combustibles. Con el ánimo de dejar claro ante la opinión pública, de que al menos se ha hecho lo debido, deseo aclarar lo siguiente:

1. El 5 de marzo de 2003 (hace 10 años) envié una carta al entonces diputado del PLN por Palmares, Luis Ramírez, solicitándole consiguiera el cartel de licitación y otra información relacionada con ese proyecto. Este “representante popular” ni siquiera se dignó dar respuesta a mi carta.

2. Preocupado por la ausencia de información al respecto, por parte del Gobierno a las comunidades y a los Gobiernos Locales, tal como lo exige el mismo contrato, el 29 de junio de 2011, entregué carta suscrita por más de 200 personas al Concejo Municipal y a la Alcaldesa de San Ramón, expresando que era urgente pronunciarse ante la privatización de dicho corredor vial, que sería entregado a una transnacional, señalando a la vez la urgente necesidad de solicitar al Consejo Nacional de Concesiones y a las autoridades del MOPT, copia certificada del Cartel de Licitación, de la oferta adjudicada y del Contrato de Concesión. Señalé también a la Municipalidad que tenía la obligación, como se lo demanda la Ley, de ponerse al frente de la colectividad que les eligió para liderar un movimiento de defensa de esta carretera, por ser patrimonio nacional y que, al igual que miles de ramonenses, quienes suscribíamos la misiva, quedábamos a la orden en esa tarea. Lamentablemente y según información de algunos Regidores, 5 meses después, ni siquiera se habían dignado leer la carta en sesión del Concejo. Dicho sea de paso, copia de esa misiva la envié a cada una de las fracciones de la Asamblea Legislativa, cuyas copias con sello de recibidas, conservo en mi poder.

3. En el mes de junio de 2012, en nombre del “Movimiento Dignidad Nacional”, visitamos los Concejos Municipales de Grecia, Poás, Naranjo, San Carlos, Palmares y San Ramón, y se les hizo entrega del oficio MDN-013-2012, con fecha 14 de mayo del mismo año, dirigido al Ministro Llach Cordero, en el cual, después de un estudio serio y responsable, se le hacían 10 cuestionamientos y muchas preguntas puntuales respecto a esa concesión, así como a la posible cesión del Contrato de la empresa Autopistas del Valle a la empresa brasileña OAS. En esa misma oportunidad les hicimos ver la urgente necesidad de que las Municipalidades se pronunciaran y externaran la defensa por los intereses de las comunidades, mas a pesar del recibimiento amable y respetuoso que nos dieron, debo lamentar y denunciar que la actitud de todos los representantes de los partidos tradicionales allí presentes, fue pasiva, tolerante y permisiva, en una sola palabra PUSILÁNIME, ya que aunque se logró que, de manera bastante débil, algunas se pronunciaran y otras solicitaran la presencia del Ministro a una sesión municipal para tratar el tema en cuestión; no vimos a ninguna asumiendo el reto con decisión y responsabilidad. En el caso concreto de la Municipalidad de San Ramón, luego de enviar la invitación al Ministro Pedro Castro, lo que recibe este foro de representantes ramonenses como respuesta de Castro es que hasta que el contrato haya sido refrendado, se procederá a visitar el Concejo.

Lo anterior me lleva a expresar sin temor a equivocarme, que esta posición debe ser entendida como parte de la actitud correspondiente una vez más, a una clarísima acción de corrupción que permite la obra por concesión, pues esto equivale a poner los zorros a cuidar las gallinas. Posición que demuestra que estos funcionarios responden más a los intereses de las transnacionales que a los intereses patrios. Esta posición es totalmente contraria a la asumida por un Juez de la República, quien ante un Contencioso, en un caso similar en la Ruta 27, este Juez hace legalmente responsables, a los Gobiernos Locales por no estudiar ese tipo de contratos y pronunciarse antes del refrendo, y así solicitar las enmiendas procedentes.

Si bien es cierto que el Ministro Castro fue asesor de OAS, hoy es Ministro de Estado en Costa Rica, y me pregunto: ¿cuáles intereses defiende: los de las transnacionales o los de las comunidades? Usted tiene la palabra señor Ministro.

Asimismo, es necesario investigar si es cierto o no, que la empresa Cacisa que supervisó la construcción de La Trocha y la Ruta 27 entre otras, también es la empresa supervisora de la carretera San Ramón – San José y que, además, ha retirado por ese concepto, ¢2450 millones, sin que siquiera se haya iniciado la obra. Al mismo tiempo, es necesario investigar si la Licda. Dora Wedell es la asesora legal del Cacisa y a su vez, esposa del Lic. Rodrigo Rivera, Vice Ministro del MOPT.

Por otra parte, he señalado reiteradamente al Movimiento de Occidente, que en este país, lamentablemente en aquellos casos en los que se tocan grandes intereses de la clase política – empresarial, se esfuma el Estado de Derecho, no hay tampoco la división entre Poderes, tal es el caso de esta ley de Obra por Concesión. Esto remite a un problema ideológico-político.

Ahora resulta que algunos “dirigentes” se dejan decir que esta lucha debe ser solamente por el alto costo de los peajes. Yo les pregunto: ¿y la dignidad y la soberanía de los pueblos? ¿No entienden acaso que durante más de 30 años y posiblemente 60 a través de la prórroga, estaremos pagando una carretera que nos pertenece, y que además, el acto de cesión es ilegítimo, ilegal y a todas luces es un acto más de corrupción?

La lucha de Occidente, la lucha de Costa Rica, ha de ser para derogar, o al menos revisar la ley de obra por concesión, una ley leonina que solo favorece a las transnacionales y a sus testaferros locales. Un ejemplo de lo anterior es el contrato de la concesión del puerto de Moín a la transnacional APM Terminal, que según el artículo 140, inciso 19 Constitucional, la concesión de un puerto, solo la puede autorizar la Asamblea Legislativa, jamás la CGR. Sin embargo, la ex contralora recibió órdenes, se impuso, pisoteando los artículos constitucionales, pisoteando a los 57 diputados y diputadas y en un acto posiblemente de PREVARICATO refrendó el contrato, y de esta manera la Asamblea Legislativa comete, una vez más, INCUMPLIMIENTO DE DEBERES. Y AQUÍ NO HA PASADO NADA.

Ante esta situación, el Licenciado José Miguel Corrales Bolaños y el Sindicato de Trabajadores de JAPDEVA (SINTRAJAP), presentaron una Acción de Inconstitucionalidad en contra de la Ley de Obra por Concesión, para agotar el debido proceso y prepararnos para las acciones que seguirán en caso de no obtener respuesta amparada en la legalidad.

Aún con las malas experiencias que tenemos en la Sala IV, y conscientes del accionar politiquero de la misma, a mi criterio debemos hacer un fijo con nuestras comunidades ante esta Sala para exigirles que se pronuncien, lo que nos ayudará para que la prensa, necesariamente tenga participación activa en esta lucha y convertir este problema en nacional, pues esta carretera es interamericana, lo que es: pertenece a todos los habitantes del planeta.

Las comunidades no seremos ingenuas, no permitiremos que intereses espurios impidan una lucha en la dirección correcta.

¿Dónde estaban los diputados? ¿Dónde estuvieron los Alcaldes y Alcaldesas?, ¿dónde los Regidores?, por más de 10 años les advertimos de esta situación y nada les importó.

La única Municipalidad que solicitó a la Contraloría que no refrendara el contrato hasta tanto no se le escuchara, fue la de San Ramón, acción que hizo porque en el Movimiento de Occidente, acordamos llevarle la moción redactada, mas lamentablemente, esta acción se logró un día antes del refrendo.

Tenemos que dejar claro en este sentido, nuestra más enérgica protesta contra la actitud lamentable de los Concejos Municipales, de las y los Diputados ante la Asamblea Legislativa, ya que por más de 10 años les hemos invitado, les hemos instado a defender los intereses de las comunidades, en este caso en particular, a no permitir la privatización de un patrimonio de todos y de todas. Han incumplido una vez más sus deberes.

Compañeros y compañeras de Occidente: No todo está perdido, reitero respetuosamente:

A. El movimiento debe gestarse en todos los cantones, al menos los de la provincia de Alajuela, Guanacaste y parte de Puntarenas.

B. Debemos visitar y volantear focos de interés social como son:
Ferias del Agricultor, terminales de buses, colegios y universidades, emisoras rurales y programas de opinión, salidas de feligreses de los templos, redes sociales y otros.

C. Es necesario plantear un recurso contra la cesión de la carretera San Ramón- San José.

D. En alianza con los trabajadores de SINTRAJAP, las comunidades afectadas por la corrupción y los incumplimientos en la Ruta 27 y el Movimiento de Occidente, hagamos un fijo ante la Sala Constitucional para exigirle su inmediato pronunciamiento respecto a la creación de la Ley de Obra por Concesión, que de lograrse favorablemente, estaríamos logrando no solo el objetivo propuesto con la carretera San Ramón – San José sino que, deteniendo de una vez por todas, la corrupción que esta ley ha permitido en contra de los intereses de las y los ciudadanos.

E. Debe exigirse a todos los Concejos Municipales, a las Alcaldías y a los representantes populares ante la Asamblea Legislativa, a cerrar filas para detener este y otros problemas.

F. Solicitar a las señoras y señores diputados, abrir un debate en la Sala de Expresidentes de la Asamblea Legislativa, con presencia y participación de todas las partes involucradas y con invitación a la prensa nacional.

Este movimiento debe tener claro a qué intereses y mafias se está enfrentando, por lo tanto ha de ser un movimiento de carácter nacional y ligarlo a otros problemas nacionales, tales como la concesión de Puerto Moín, la lucha contra los incumplimientos en la Ruta 27, la defensa y recuperación de la CCSS, la defensa y recuperación del ICE, la Ley del Salario Único, y otros. Así podremos detener los grandes intereses que buscan la entrega de nuestro patrimonio.

“No habrá manera de desarrollarnos y salir de la pobreza, mientras los propios negocios grandes de nuestro medio, se entreguen a economías foráneas y nosotros nos quedemos solamente con negocios de pobres, mientras en vez de propietarios de nuestro propio país, nos convirtamos en un ejército de empleados del exterior”.
José Figueres Ferrer, 1952

San Ramón, 13 de marzo de 2013.