Noticias

Presidenta debe anular Concesión de carretera

Publicada el 12/04/2013 | por ANEP | Dejar un comentario

El clamor cívico y popular es contundente: La concesión de la vía San José-Ramón debe desecharse. Este leonino contrato es parte de esa perniciosa cadena de negocios privados con las necesidades de la infraestructura pública que la propia señora Presidenta de la República, Licda. Laura Chinchilla Miranda, reconoce como el “fracaso en concesiones”.

Según diversas notas de prensa, la mandataria afirmó que “el fracaso en el esquema de concesión de obra pública que implementó el país es una de las causas de la red vial nacional”.

En ese momento, octubre del año 2010, la gobernante hizo tal afirmación ante la cruda realidad de los fuertes aguaceros por esos días que causaron grave daño.

Ella indicó que los programas de ajuste estructural implementados durante los años 80 impidieron a los países latinoamericanos invertir en infraestructura, pues tales erogaciones se consideraban gastos.

También dijo que si bien muchas naciones optaron por esquemas alternativos que resultaron exitosos, como el de la concesión de obra pública, en nuestro país la historia fue diferente según la visión de la Presidenta Chinchilla.

De manera lapidaria la Presidenta Chinchilla dijo: “Aquí la historia es doblemente patética porque no solamente se dejaron de hacer inversiones con fondos públicos, sino además el esquema de concesión no ha sido exitoso”.

En aquel momento, la carretera a Caldera, otra polémica concesión, fue seriamente cuestionada por problemas de diseño y fallas en supervisión. La misma Presidenta Chinchilla ordenó una investigación al respecto.

Así las cosas, si hay algo que le “sobra” a la polémica concesión de la vía San José-San Ramón es precisamente eso: cuestionamientos que conforme van saliendo más aspectos de su proceso, incrementan una nube de intransparencia y de opacidad cada vez más densa.

Por tal razón, el Gobierno debe destituir al Ministro del MOPT, Pedro Castro Fernández; o bien, solicitarle la renuncia pues resulta más que obvio que los intereses que ha venido defendiendo en este asunto, no solamente contrastan con el sentir ciudadano ahora agigantado, sino que estaría contradiciendo el propio pensamiento presidencial, si es que éste decide ser honrado como en el indicado momento fue expresado.

ANEP felicita a todas las personas y organizaciones que en este 11 de abril, de manera pacífica y cívica, dejaron en claro que el rotundo rechazo a esta leonina concesión es un clamor popular potente de frontera a frontera y de costa a costa. Renovamos nuestra disposición colaborativa, sin protagonismos gremialistas, para con los pueblos occidentales que están dando esta histórica pelea.

Se debe acabar la desconcentración hospitalaria

Publicada el 10/04/2013 | por ANEP | Dejar un comentario

El grupo multisectorial “Diez medidas para comenzar a ordenar la Caja” denunció tres nudos que impiden su correcto desarrollo en las actuales circunstancias del país y que, sin duda, son las razones que provocaron la crisis en que se encuentra nuestra, la querida Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS); a saber:

El conflicto existente entre el interés público y los intereses político-partidarios.

El conflicto existente entre el interés público y los intereses mercantiles de quienes hacen jugosos negocios con la enfermedad.

El conflicto existente entre el interés público y el interés gremial.

Se han vulnerado los nobles principios pilares de la seguridad social; fundamentalmente la solidaridad (incluida la financiera), así como la misma universalidad de los servicios.

Es evidente que en doce largos años la incapacidad institucional para resolver problemas como las listas de espera, la actitud cómplice de direcciones médicas, de direcciones regionales, de gerencias y sucesivas juntas directivas, con la competencia pseudoprivada que subsidia la Seguridad Social, como aquellos y aquellas profesionales en ciencias médicas que, al mismo tiempo se dedican a sus consultorios privados; o incluso, el presunto maquillaje de cifras (hecho denunciado ante el Ministerio Público); son solamente algunas expresiones de lo que ha representado la mala gestión institucional originada por intereses políticos de corto plazo, así como de los manejos gremiales corporativos que enfrenta a la población asegurada con un pequeño grupo de profesionales que sólo vela por sus propios intereses, en perjuicio de la equidad y oportunidad de los servicios que recibe la ciudadanía asegurada, básicamente la clase trabajadora.

Es posición de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), de que se hacía necesario revertir el proceso de desconcentración hospitalaria que otorgó a los entes desconcentrados potestades de gestión directa económico-administrativo y del recurso humano en 16 hospitales y 18 clínicas de la institución, en las que se han detectado ~~en no pocos casos~~, seriesísimos problemas de corrupción y mal uso con los recursos, derivados de las cotizaciones obreras, principalmente, con lo cual se sostiene el sistema de salud costarricense.

Al ser tan evidente lo sucedido con el fracaso de la desconcentración, en nada se justifica que a directores de los entes desconcentrados se les siga pagando de un 30% a un 50% adicional a sus salarios; razón de más para que sea suspendido ese pago de inmediato a todos aquellos que lo estén recibiendo. Esto es una exigencia que realizamos a la actual junta directiva de la institución.

La Caja Costarricense del Seguro Social es del pueblo y por ello se hace absolutamente necesario agilizar un proceso de amplia participación social que sustente las mejores ideas y esfuerzos para sacar a la Caja de la crisis a que fue conducida por los intereses que inciden en la mala gestión y en la crisis en que se encuentra.

Las entidades multisectoriales “Diez medidas para comenzar a ordenar la Caja”, ha presentado su propuesta a la señora Laura Chinchilla Miranda, Presidenta de la República; a la señora Ofelia Taitelbaum Yoselewicz, Defensora de los Habitantes de la República; a la junta directiva institucional de la Caja en la persona de su Presidenta Ejecutiva, la doctora Ileana Balmaceda Arias; quienes han manifestado complacencia, coincidencias y voluntad política para con nuestra propuesta.

Llegó el momento de la verdad; llegó el momento de mover voluntades alrededor del Seguro Social; llegó el momento de desterrar la intromisión política, el desorden, el clientelismo, los intereses gremiales abusivos; llegó el momento de expulsar a los mercaderes del templo que hacen negocios con la salud del pueblo; llegó el momento de desterrar la intromisión político-partidaria de los asuntos de la Caja…

Si revisáramos lo que aconteció en los momentos en que se impuso la tal desconcentración hospitalaria, nuestra posición fue diáfana: en contra. El tiempo nos dio la razón.

A todos los que recibimos beneficios de la Seguridad Social nos llegó el momento de hacer todo lo que esté a nuestro alcance para heredar a las nuevas generaciones una institución caracterizada por el manejo transparente, responsable, eficiente y de calidad, en lo financiero, en lo administrativo y de su valioso recurso humano. Es urgente que los actores de la sociedad civil sean convocados a debatir sobre el presente y futuro de la Caja Costarricense Seguro Social (CCSS). La Patria espera…

Logros sindicales en las municipalidades de Escazú y San José

Publicada el 09/04/2013 | por ANEP | Dejar un comentario

Con suma alegría les compartimos dos actas producto de acuerdos conciliatorios generados con la intervención del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), en los casos de las municipalidades de San José y de Escazú. En este segundo caso, Escazú, al haberse extinguido el sindicato “local”, con el cual estaba firmada la Convención Colectiva de Trabajo todavía vigente, la próxima CCT será con la ANEP, tal y como puede verse en el acuerdo aquí adjunto. Además, se incluyen importantes acuerdos sobre el tema salarial del personal de la Municipalidad de Escazú.

En el caso de la Municipalidad de San José, el acuerdo concilitario aquí adjunto, establece que la Quinta Convención Colectiva de Trabajo está plenamente vigente; que la misma no puede ser renegociada sin la ANEP (que es el sindicato mayoritario), tal y como espuriamente se pretendió por parte de algunas dirigencias sindicales locales; y que, cualquier modificación a futuro, incluso la eventual nueva Convención Colectiva de Trabajo, la ANEP debe ser tomada en cuenta. El propio Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), así lo corroboró en pronunciamiento emitido luego de las argumentaciones jurídicas que la ANEP formuló ante esta sede.

Esta ha sido la esencia de las diversas movilizaciones de calle realizadas por el personal de la Municipalidad de San José en las últimas semanas, pues el determinado momento alguien “pensó” que había llegado el momento de deshacerse de la ANEP y firmar una “sexta” convención sin la participación del sindicato mayoritario en la Municipalidad de San José que es la ANEP. Y en lo específico, modificar el artículo de la cesantía actual, sin limite, a una de 20 años, cosa que las bases laborales de la ANEP en esta municipalidad rechazaron siempre pero que algunos quisieron amañar un acuerdo contrario. Ahora a esperar lo que la Sala IV defina en tal sentido y no descartamos un nuevo movimiento ante la misma.

Sin duda alguna este ha sido un proceso duro pero tuvimos una seccional ANEP-MSJ muy valiente, encabezada por el compañero Antonio Ortiz Fiorabanti, así como una asesoría juridico-política de lujo con los aportes de los compañeros Mauricio Castro Méndez y Rafael Ángel Mora Solano. Agradecemos también a todos los compañeros y a todas las compañeras del equipo de trabajo de la organización que estuvieron apoyando la lucha en la Municipalidad de San José. Ésta no ha terminado, por supuesto, pero hemos logrado el éxito de una fase trascendental: salvar la convención y que la ANEP no puede ser sacada de la misma.

Es hora de hablar del nacimiento de una nueva hegemonía dentro de la Fuerza Pública

Publicada el 09/04/2013 | por ANEP | Dejar un comentario

El presente, más que un artículo de opinión, pretende respetuosamente ser una señal de advertencia, y un llamado a la participación de todas y todos quienes realizan la abnegada labor de servir, desde la importante tarea de exponer sus vidas, como miembros de la Fuerza Pública, el llamado incluye a diversos actores sociales, que no son ajenos de la coyuntura de (in)-seguridad que se vive en la actualidad, consideramos se hace necesaria la participación de la diversidad, sin “desechar” la posibilidad de discusión de temas, que de alguna manera nos atañe a todos.

Es momento de hacer una profunda revisión de nuestro modelo de seguridad, de manera respetuosa, hemos venido señalando aspectos importantes según nuestro criterio y la recopilación de sentimientos de nuestras compañeras y compañeros del gremio de la Fuerza Pública, representados por nuestra organización, (ANEP) e inclusive algunos otros, que igual nos confían sus “frustraciones”, por esto pensamos, que llegó la hora de quitar el “polarizado” en aras de la depuración, de esta institución, es hora de hacer uso de la estrategia de responsabilidad compartida, participando a nuestra ciudadanía, de la situación que enfrentan algunas de las personas que les están brindando seguridad ciudadana.

Resulta una completa paradoja, que las personas encargadas de velar por la seguridad de sus bienes, los mismos que cuidan sus niñas y niños a la entrada de las escuelas, a quienes usted acude en casos de violencia intrafamiliar , quienes cuidan en razón de sus funciones a las familias costarricenses, estén perdiendo de manera desproporcional a sus propias familias, si señoras y señores, seguimos hablando del altísimo nivel de desintegración familiar que se está dando entre los trabajadores de la “ley”, al menos de un 70%.

Hablamos de un problema psicosocial, que evidentemente tendrá repercusiones en la misma sociedad, y consecuentemente se reflejara en algunas situaciones dentro de la Fuerza Pública, claro que también comprendemos que, de repente algunas de estas se motivan en actitudes y aspectos culturales, pero en su gran mayoría el “epicentro” está en los roles, las distancias (desarraigo) y las jornadas, aunado a los problemas de liquides financiera, de trabajadores que tienen su salario “embargado”, que lleva como producto implícito, rupturas en los hogares que no tiene si quiera como “suplir” los tiempos fuera de casa, con vacaciones familiares dignas, y tiempo de calidad en familia.

¡Cómo no decirlo! El policía, no recibe vacuna contra la corrupción. Podría ser que quien esté cuidando su comunidad, o con quien esté uno trabajando, llegue a ser (o ya sea), un delincuente “disfrazado” de policía, como producto del “sistema”, en una estructura “vertical”, donde se maneja el “sistema” a conveniencia de unos, donde de pronto pareciera ser tierra de “nadie”, donde se violenta la Constitución, las leyes, y los tratados, donde extrañamente muchas voces nos “susurran” de favorecimientos, de nombramientos irregulares, con posible tráfico de influencias, sin que nadie haga nada!!, por esto no sorprendió, que en este este Ministerio, alguien sugiera literalmente, que no es lo mismo, mentir que faltar a la verdad, y nada pasa “si la persona no miente, solo falta a la verdad”!!! Jurídicamente al declarar bajo juramento, “faltar a la verdad”, es incurrir en falso testimonio.

Es por esto que hemos acuñado, la necesidad de enfrentarnos al “sistema”, y la “enemistad, de unos pocos incompetentes” a sabiendas que está surgiendo una nueva conciencia de hegemonía en la Fuerza Pública, con pensamiento social, que está despreciando la corrupción y la “falsa milicia” que algunos pretenden manejar, abogando una “disciplina” que no son capaces de mostrar en sus actitudes cotidianas, sin llamar a la “rebelión”, hablamos de la necesidad de cambiar prácticas arraigadas en el pasado, que mantiene a unos pocos en un odioso status quo.

Estamos en procura de mejorar la relación del policía con su familia, y con la ciudadanía, mediante modificación de roles y jornadas de trabajo, las cuales de todos es sabido, atentan contra los hogares de las y los policías, es urgente minimizar la desintegración, así como valorar que los problemas emocionales atendidos en el año 2012, ascienden a más de dos mil sesiones, en la sección de psicología.

Si analizamos que el salario base, con el “súper aumento” ahora sea de ç260.200,00, aunque para algunos “es bueno”, este no es el mejor para quien está expuesto, a la delincuencia común, y a la organizada, esto incluye a la posibilidad de ser tentado a “ganar mejor”, menos si se revisa que en muchos casos, el salario líquido asciende a veinte mil colones mensuales, (ç20.000,00) producto de los embargos y pensiones alimentarias… como resultado de la desintegración familiar.

Por eso compañeras y compañeros, igual resulta una completa paradoja, que siendo policías, con la figura de autoridades públicas, representantes de la ley, no acuñemos el derecho y el valor de defendernos, en materia laboral, como trabajadores miembros de la sociedad.

Es la hora del cambio, y de levantar la voz, por un trato justo, por igualdad de oportunidades, por mayor transparencia, por jornadas que permitan la calidad humana, en favor de las familias, y la efectividad, es hora de reivindicación salarial, y social, luchemos por, una jubilación decente y una pensión digna.

ANEP es el sindicato que te representa, únete a esta lucha, que también es tuya y por tu familia.

ANEP reitera su posición para reformar “Ley Mordaza” y tramitación urgente a la misma

Publicada el 09/04/2013 | por ANEP | Dejar un comentario

Honorable señora Presidenta y honorable señor Ministro de la Presidencia:

Luego de expresarles un atento y respetuoso saludo de parte de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), agrupación integrante de la Central Social Juanito Mora Porras, formulamos por esta vía un vehemente llamado al Gobierno de la República por ustedes encabezado, para que no se dilate más la tramitación parlamentaria de la forma a la ley de delitos informáticos, popularmente conocida como “Ley Mordaza”.

No recordamos un caso en los últimos años que haya concitado tanto respaldo diverso, desde las más disímiles posiciones políticas, pasando por una amplísima gama de organizaciones civiles de todo tipo y con un respaldo ciudadano impresionante, como esta necesidad republicana de abolir, de reformar, la “ley mordaza”.

Solamente otra circunstancia concita, hoy en día, tanto respaldo ciudadano de consenso nacional indiscutible: el apoyo de la gente a la Selección Nacional de Fútbol de Costa Rica. Todos y todas queremos que la “sele” clasifique y vaya al Mundial de Fútbol 2014; todos y todas queremos que se modifique la “ley mordaza”. Ambos asuntos concitan, en estos momentos, la más grande unidad nacional.

La reiterada resistencia gubernamental y de su fracción parlamentaria para abrirle paso a este imprescindible cambio legal en favor de la transparencia de la cosa pública, es inexplicable y cada día que pasa causa, no solamente más preocupación, sino más indignación.

La molestia popular se agiganta cuando se empieza a dar conocer otra iniciativa no menos perniciosa que la “ley mordaza”: la pretensión de modificar el Derecho de Petición, consagrado en el artículo 27 de la Constitución, buscándose reducirle su alcance, incrementar el poder del funcionario en el manejo de la información y darle “carta de ciudadanía” a la opacidad en el ejercicio de la función pública.

Mantener la “ley mordaza” y darle una especie de conjura contra la transparencia en la gestión de la cosa pública, al querer revertirse los alcances del actual derecho constitucional de petición; es tomar una vía diametralmente opuesta a la que está transitando la gente, la mayoría del pueblo, la masa ciudadana crítica de este país, que le reclama a su clase gobernante y a su clase política, una democracia de otro tipo, realmente más participativa y totalmente volcada hacia el bien común.

Desde una perspectiva laboral, la histórica celebración del próximo Primero de Mayo, el Día Internacional de la Clase Trabajadora, deberá comprender como eje central reivindicativo el rechazo obrero y popular a la “ley mordaza”. Esta consigna adquiere más connotación pues el próximo Primero de Mayo, en el caso de Costa Rica, no será una celebración más; todo lo contrario, se recordará que hace 100 años, en 1913, en nuestro país se celebró, por vez primera, un Primero de Mayo con ese carácter de efemérides obrera. La consigna de modificar la “ley mordaza” calza, perfectamente, con el carácter gigante de esta fiesta de la clase trabajadora.

Así las cosas, honorable señora Presidente y honorable señor Ministro de la Presidencia, la ANEP reitera su posición de exigencia para la reforma de la “ley mordaza”, sin más dilación.

Reiterándoles nuestro respeto y consideración,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General ANEP

Personas con discapacidad exigen presencia en formulación de material didáctico

Publicada el 08/04/2013 | por ANEP | Dejar un comentario

Asociación de Emprendimiento Tecnológico Inclusivo (ADETI)
Seccional ANEP-Mefi Boset-Personas con Discapacidad
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)
Padres, madres, familiares, profesionales, amigos y amigas de personas con discapacidad

Manifiesto a la opinión pública nacional
Emplazamiento al MEP:

Consulta de cualquier plan, reglamento, legislación u otra propuesta que afecte de manera directa o indirecta al colectivo con discapacidad; específicamente con relación a la calidad de la Educación que reciben los y las estudiantes con discapacidad en Escuelas de Enseñanza Especial y Aulas Integradas.

Los padres, madres, familiares, profesionales, amigos y amigas de personas con discapacidad, estamos solicitando a través de esta petitoria a las autoridades del Ministerio de Educación, que se les de intervención y participación en la reformulación de los planes de estudio de los centros de formación en Educación Especial y cualquier carrera que tenga materias pedagógicas o implique la atención de personas con discapacidad.

En esta línea, planteamos que los planes de estudio deberán tener las materias básicas para la atención de personas con discapacidad en su currícula. Teniendo en cuenta, que desde siempre nuestros hijos, hijas y familias han padecido una propuesta educativa que los ha dejado fuera del sistema educativo, según el Censo del 2011, se indica que apenas el 25% del colectivo con discapacidad logra concluir la educación primaria.

Históricamente esto ha ocurrido porque las autoridades, docentes, miembros de equipos técnicos y otras autoridades han carecido de una visión paradigmática desde la perspectiva social y de derechos humanos relacionados con esta población, lo que ha ocasionado falta de propuestas adecuadas para atender el derecho a la educación de nuestros hijos e hijas.

En nuestras familias valoramos la importancia de colaborar estrechamente con las instituciones educativas para garantizar la inclusión, optimizando las experiencias y experticias de todos los sectores (autoridades, profesionales, familias, personas con discapacidad y comunidad), para que se cumplan las leyes y el derecho de todos.

“Contribuyendo al logro de la igualdad de oportunidades, la inclusión que todos anhelamos y el cambio de paradigma educativo, con un verdadero modelo social, de derechos, que se promueva en todo el territorio nacional para servicios del Estado y también privados.”

La petitorio se concentra en trece puntos centrales:

1. Consulta de cualquier plan, reglamento, legislación u otra propuesta que afecte de manera directa o indirecta al colectivo con discapacidad, según lo establecido en el artículo 13 de la ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad, esta indica que:

“Obligación de consultar a organizaciones de personas con discapacidad: Las organizaciones de personas con discapacidad legalmente constituidas deben ser consultadas por parte de las instituciones encargadas de planificar, ejecutar y evaluar servicios y acciones relacionadas con la discapacidad”.

Al respecto, se refiere al particular la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad (Ley 8661), de la Organización de Naciones Unidas, en su artículo 4, inciso 3, sobre las Obligaciones Generales:

En la elaboración y aplicación de legislación y políticas para hacer efectiva la presente Convención, y en otros procesos de adopción de decisiones sobre cuestiones relacionadas con las personas con discapacidad, los Estados Partes celebrarán consultas estrechas y colaborarán activamente con las personas con discapacidad, incluidos los niños y las niñas con discapacidad, a través de las organizaciones que las representan.

En este caso, el Plan de Estudio de Aulas Integradas y Escuelas de Enseñanza Especial ,es un instrumento desarrollado en el año 2000, encontrándoce anacrónico con los nuevos instrumentos jurídicos importantes, como la Convención de la ONU y la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminción de la OEA.

2. Por tanto requerimos se realicen los nuevos planes con un abordaje que sea consecuente con los instrumentos anteriormente señalados, haciendo no solo a las consultas a las organizaciones de la sociedad civil, sino ser actores en el diseño, desarrollo e implementación de estos planes

3. Requerimos se homologue el concepto de discapacidad en todas las esferas del aparato estatal, con el fin de abordar la temática de esta población de manera transversal, sobre todo apegado a la legislación nacional y a los acuerdos internacionales ratificados por nuestro país, esto en todas las instancias del Estado Costarricense.

4. Eliminar las prácticas y condiciones de hacinamiento en todos los centros de Educación Especial de este país, que no solo atentan con la calidad de educación que se merece el colectivo con discapacidad, sino también por salvaguardar la integridad física y emocional de las y los estudiantes de estos Centro Educativos.

5. Mejorar y ampliar la infraestructura de los Centros Educativos de Educación Especial para que estos cumplan a satisfacción con los principios de accesibilidad, usabilidad y diseño universal, respondiento al principio de inclusión al espacio físico cumpliendo con las necesidades básicas de cada una de las personas con discapacidad atendidas en estas instituciones.

6. Incluir espacios curriculares relativos al abordaje de la discapacidad y multi discapacidad en los planes de estudio de los Centros de Formación Docente de Educación Especial de nuestro país.

7. Incluir espacios curriculares relativos al abordaje de la discapacidad y de la multi discapacidad en los planes de estudio de los Centros Formativos de Edución Especial, en las áreas de Educación Física, Educación Artística y otras.

8. Garantizar un proceso que asegura que todos los integrantes del colectivo con discapacidad participen de forma equitativa, ejerciendo su derecho a la autodeterminación, dejando de manifiesto el concepto de capacidad jurídica implementado en la Ley 8661.

9. Reconocimiento de los grupos sociales distintos el valor que hay en cada diferencia, el respeto a la diversidad, y el reconocimiento de un tercero vulnerable, con necesidades específicas que deben ser saciadas para que pueda estar en condiciones de igualdad y disfrutar de sus derechos fundamentales.

10. Exigimos pensar en lo que sucede cuando niños, niñas y adolescentes interactúan en el sistema en el que se encuentran incluidos la familia y el colegio, es decir en la comunidad y después de la etapa escolar.

11. Cubrir aspectos como la vida (plena) en comunidad, la autonomía en la toma de decisiones, la participación ciudadana, el acceso y uso de los bienes y servicios disponibles para los ciudadanos.

12. Exigimos una sociedad inclusiva, por tanto, se deberá de disponer y habilitar mecanismos para asegurar la garantía de los Derechos Humanos, la dignidad y la ciudadanía activa de todas las personas que la componen nuestra sociedad.

13. Requerimos la transversalización de la temática de la discapacidad en todas las esferas de la educación nacional, para que las capacidades de estos profesionales visibilicen la diversidad presente en este colectivo.

San José, lunes 8 de abril de 2013.

Firmas responsables:

Roberto Sánchez Leitón,
Mario Alvarado Porras, Presidente, ADETI
Verónica Picado Loaiza, Por familiares y personas solidarias
Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

ANEP respalda la lucha de los pueblos de Occidente

Publicada el 08/04/2013 | por ANEP | Dejar un comentario

La Asociación Nacional de Empleados Publicos y Privados (ANEP), integrante de la Central Social Juanito Mora Porras, hace pública su posición de absoluto respaldo a la lucha que han decidido emprender un notable grupo de ciudadanos y de ciudadadanas, así como diversas organizaciones sociales y cívicas de distinta naturaleza, en contra de la lamentable y cuestionada decisión gubernamental de concesionar la “ampliación” de la vía San José-San Ramón, en medio de profundos y severos indicadores de que tal operación está empañada seriamente, en cuanto a su transparencia en los más diversos aspectos que han estado intermediando en este asunto.

La ANEP se pone al servicio para lo que a bien tengan disponer, de las organizaciones ciudadanas que desarrollan ya esta lucha, tanto en el cantón de San Ramón, como en las comunidades circunvecinas.

La ANEP estima que esta polémica concesión podría estar marcando el límite de la paciencia y de la tolerancia cívica ante un larga cadena de concesiones privadas en materia de infraestructura vial y de otro tipo, que han dejado en evidencia la entronización de un asalto organizado a las finazas públicas y al pueblo trabajador, con diversos ropajes legales, entre ellos, el de las concesiones.

ANEP espera en próximos días ampliar los contenidos de este pronunciamiento inicial, así acerca de cómo puede materializarse su disposición de apoyo concreto a esta lucha, según las pautas que le marque la dirigencia social responsable de la misma.

ANEP hace un llamado a todas las personas hastiadas de tanta corruptela en materia de concesiones que respalde la acción de calle que para el día 11 de abril, piensan realizar los luchadores y las luchadoras sociales de los pueblos del valle occidental en contra de esta más que polémica concesión.

Personas con discapacidad, continúan su lucha reivindicativa, ¡en la calle!

Publicada el 05/04/2013 | por ANEP | Dejar un comentario

Personas especiales, con diversas discapacidades, junto a sus padres, madres y/o responsables, desfilarán hacia las oficinas centrales del Ministerio de Educación Pública (MEP), edificio Raventós, frente al Hospital San Juan de Dios, este lunes 8 de abril, saliendo de la esquina de la Torre Mercedes, en Paseo Colón, luego de las 9 de la mañana.

Protestan contra lo que se conoce como el “Plan 2000”, que es una directriz Planes de Estudio para Aulas Integradas y Escuelas de Estudio de Educación Especial; emitida por el Departamento de Educación Especial, de la División de Desarrollo Curricular del MEP.

Personitas estudiantes con síndrome de Down, con autismo, con parálisis cerebral, con discapacidades múltiples, problemas de lenguaje, entre otras situaciones análogas, junto a las personas responsables de su cuido, serán los y las protagonistas de esta nueva manifestación de esta población costarricense que pretende llamar la mayor atención de la clase gobernante acerca de su real situación.

Datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y del propio Banco Mundial, indican que en Costa Rica hay unas 700 mil personas con algún tipo de discapacidad.

En esencia, la queja contra el MEP es que el “PLAN 2000” abandona la atención con base en terapias individuales, pasando a una especie de “masificación” de la educación especial necesaria y “revolviendo” diversas manifestaciones de estas discapacidades en un mismo espacio físico, con lo cual ~~entre otros inconvenientes~~, los episodios de agresión y las situaciones de tensión entre problemáticas distintas aumentan sensiblemente.

La manifestación cuenta con todo el respaldo y la asesoría de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), junto a su nueva Seccional ANEP-Mefi Boset (de personas con discapacidad); junto a la Asociación Costarricense de Padres y Amigos de Personas con Síndrome de Autismo (ASCOPA) y la Asociación de Emprendimientos Tecnológicos Inclusivos (ADETI).

Las siguientes personas pueden atender, telefónicamente, a la prensa interesada en brindar cobertura de esta manifestación y con ello, dar un gran aporte social para la sensibilización requerida ante las autoridades gubernamentales y ante la opinión pública nacional:

Verónica Picado Loiza – 85 31 76 62
Marco Antonio Cruz Meléndez – 88 42 92 79
Yessenia Vargas Cruz – 86 95 83 86

Exoreros realizarán marcha en Puerto Jiménez

Publicada el 05/04/2013 | por ANEP | Dejar un comentario

Este domingo 7 de abril, en el distrito de Jiménez, del cantón de Osa, provincia de Puntarenas, más específicamente en la localidad de Puerto Jiménez, unas 300 personas se congregarán y desfilarán por las calles del pueblo, demandando del Gobierno de la República una atención más ágil hacia el pago de indemnizaciones pendientes establecidas para la protección más sólida de la increíble riqueza natural costarricense que se concentra en el Parque Nacional de Corcovado y Piedras Blancas, de proyección e impacto mundial y de una reconocida reserva aurífera.

La decisión-país de preservar tal patrimonio natural obliga a la sociedad a velar por la situación socioeconómica de las personas trabajadoras que por años han logrado su sustento familiar extrayendo oro de dicho parque nacional; actividad que, afortunadamente, quedó del todo prohibida.

Por tanto, se hace necesario proceder con el pago de indemnizaciones a esas personas que se quedaron sin ninguna fuente de ingresos económicos dado que el “oreo” era su única entrada financiera para los correspondientes núcleos familiares.

Unas 720 personas se han aglutinado en torno a la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), fundando la Seccional ANEP-Exoreros Parque Nacional de Corcovado y Piedras Blancas, cuya dirigencia ha realizado diversas gestiones, especialmente ante los ministerios de la Presidencia y de Ambiente y Energía (MINAE).

ANEP reconoce que ha habido interés gubernamental en este grave problema social y, particularmente, desde el Ministerio de la Presidencia se la venido prestando atención calificada. No obstante, la situación de pobreza de todas estas personas es de tal gravedad que si tales indemnizaciones no llegan pronto, se corre el riesgo de una invasión sin control a las áreas protegidas de Corcovado y Piedras Blancas, para “orear”, enfrentando riesgos de enfrentamiento con los guardaparques de consecuencias imprevisibles.

ANEP deja constancia de que ninguna persona exorera cuyos intereses está representando esta organización, está metida en estos momentos en los terrenos protegidos indicados y no invadirán para nada los mismos, aunque los niveles de desesperación son tan altos que el control se dificulta para la Junta Directiva de la Seccional ANEP-Exoreros Parque Nacional de Corcovado y Piedras Blancas.

En todo caso, la posición oficial de ANEP es de total respaldo a la prohibición de todo tipo de actividad extractiva en ese patrimonio ecológico nacional y mundial, especialmente la extracción aurífera.

ANEP espera que con la manifestación de este domingo 7 de abril de unas 200 personas, por las calles de Puerto Jiménez, alrededor de las 10 de la mañana, el clamor que genere abra más las sensibilidades gubernamentales para resolver este conflicto social en desarrollo de la mejor manera.

Más detalles los puede brindar el ciudadano Navid Sobrado Obregón, Presidente de la Junta Directiva Seccional ANEP-Exoreros Parque Nacional de Corcovado y Piedras Blancas, en el teléfono celular No. 88 23 03 12.

Alzas… alzas… más alzas… ¿Y los salarios qué?

Publicada el 04/04/2013 | por ANEP | Dejar un comentario

Hay que pegar “el grito al cielo”. La inflación parece que va sin control: casi llega al 3% en el primer trimestre de este 2013 y si sigue así, estaremos cercanos al 6% a mitad de año.

La más reciente ola de alzas, especialmente la de la electricidad, golpean duramente a las familias trabajadoras asalariadas y no asalariadas de ingresos bajos y medios, dándole más velocidad al peligroso transito que el país lleva por la minada carretera del crecimiento de la desigualdad.

No hay duda de que con este escenario de alzas y de inflación creciente, las propuestas sindicales para los reajustes salariales valederos para el segundo semestre del año en curso, tanto para el sector Privado como para el Público, representarán un verdadero desafío.

Hay que dejar bien marcada la imperiosa necesidad de reajustes salariales fuertemente compensatorios y de comprobada ampliación del poder adquisitivo del salario. En tal línea destacamos lo siguiente

Para el sector Privado: ANEP, junto a la Central Social Juanito Mora Porras, en lo que respecta a los salarios mínimos insistirá en que una cosa ha de ser la cifra a definirse por el reajuste “rutinario” semestral por costo de vida; y otra, radicalmente distinta, acerca de una fijación de carácter extraordinario, especial, sustancial y realmente justa, para elevar los actuales niveles base de esos salarios mínimos, ensanchando su capacidad de compra y de poder adquisitivo. Y sobre esos nuevos niveles de salarios mínimos, calcular los reajustes salariales siguientes por costo de vida.

Para el sector Público: ANEP, junto a la Central Social Juanito Mora Porras, insistirá en el “desenganche” de la estructura salarial médica de la de los puestos de Gobierno Central (Poder Ejecutivo), de modo tal que misceláneas, cocineras de los CEN-CINAI, oficinistas, choferes, técnicos, policías, guardias de seguridad, servidores de mantenimiento, secretarias y similares, tengan más probabilidad de un mejor reajuste a sus correspondientes bases salariales; sin que ello se les niegue, como ha sucedido durante 30 años, porque dado ese “enganche” entre ambas estructuras salariales, un colón de reajuste salarial semestral en los casos mencionados, implica hasta cuatro colones en el reajuste salarial que se debe hacer al personal médico del país.

No nos cansaremos en indicar que como sociedad ocupamos de modificaciones estructurales en la distribución de los beneficios del crecimiento económico y que, por tanto, se impone una nueva política salarial de corte expansivo para (entre otras políticas), cerrarle el paso a lo que parece ser un indetenible proceso de empobrecimiento de las familias de la clase trabajadora, ante un escenario de concentración de riqueza y de crecimiento de la desigualdad que sigue minando las bases de la ya, de por sí, maltrecha institucionalidad democrática.

Finalmente, la importancia de la movilización obrera, de calle, por real justicia salarial es un imperativo inobjetable, en ambos sectores. Este será un desafío de enormes proporciones que se deberá asumir.