Declaración de las mujeres sindicalistas de la ANEP por una vida sin violencia

15 de noviembre de 2012
Centro de Cultura de Derechos de la Niñez y la Adolescencia, PANI

Considerando:

Que hoy 15 de noviembre las mujeres anepistas de diferentes seccionales conmemoramos el Día Nacional e Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

Que la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW), fue adoptada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el 18 de diciembre de 1979 y ratificada por el Estado costarricense a través de la Ley No. 6968, el 2 de octubre de 1984.

Que la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, “Convención de Belém do Pará”, fue adoptada por la Organización de Estados Americanos (OEA), el 9 de junio 1994 y en Costa Rica se ratificó el 28 de junio de 1995, mediante la Ley No. 7499.

Que la ANEP como instancia de defensa de Derechos Humanos debe velar por el cumplimiento de los compromisos adquiridos por el Estado.

Que la igualdad como Derecho Humano no es la exigencia de trato idéntico, sino aquella que se logra con la eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres mediante acciones.

Que se reconoce que la desigualdad histórica de las relaciones de poder entre hombres y mujeres hace necesario brindar protección especial para mujeres.

Que se reconoce la violencia contra la mujer como un delito y una violación a los Derechos Humanos de las mujeres.

Que el sindicato tiene como propósito acompañar en la defensa de los derechos a las personas trabajadoras.

Que la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en el 2011 plantea que a pesar del masivo ingreso de las mujeres a la fuerza de trabajo, su mayor nivel educacional y el significativo aporte que ellas realizan a la manutención de sus familias y el desarrollo de sus países, aún persisten fuertes patrones de desigualdad de género en el trabajo.

Que en el ambiente de trabajo nosotras las mujeres vivimos situaciones de violencia en razón de nuestra condición de género.

Que la discriminación de género atenta contra los principios y derechos fundamentales del trabajo, los Derechos Humanos y la justicia social.

Que el horizonte utópico de ANEP es la transformación de la sociedad, en aras de hacerla más justa, democrática e incluyente en todas sus dimensiones: económica, ambiental, política y sociocultural.

Que este horizonte no es posible si no se cuestionan las bases de la sociedad patriarcal que tiene como base la distribución desigual del manejo del poder atribuido a lo masculino.

Que nosotras las mujeres debemos asumir el liderazgo de nuestra propia vida y bienestar y para ello requerimos ser las lideresas del cambio y asumir espacios en la toma de decisiones.

Que la misión de la ANEP de promover desde la clase trabajadora un Estado Social de Derecho equitativo e incluyente, con pleno respeto de los Derechos Humanos y del medio ambiente, a través de la reflexión, la propuesta y participación social, y el desarrollo de nuestra capacidad organizativa, tiene que pasar por cuestionar cómo incide la condición de género en la inserción de los hombres y principalmente de las mujeres en el mundo laboral.

Que la OIT plantea que el conocimiento de las trabajadoras acerca de sus derechos es fundamental para un efectivo ejercicio de éstos y que la difusión de información acerca de estos derechos contenidos en las normas internacionales así como en las legislaciones nacionales, es un instrumento clave para mejorar la condición de la mujer en la sociedad.

Nosotras las mujeres anepistas, exigimos:

La conformación de una instancia formal como Secretaría de Género de la ANEP que vele particularmente por los intereses, necesidades y demandas de las mujeres trabajadoras afiliadas; y contar con un espacio especializado que brinde asesoría, apoyo y acompañamiento a las mujeres para que el mundo laboral sea un mundo de oportunidades.

En defensa de nuestro maíz

Muchos ticos no saben que es “transgénico” o “genéticamente modificado (GM)”. No saberlo es lógico, es un término muy técnico propio del área de biotecnología, biología, agronomía y afines. Por esa falta de información no es generalizada la preocupación que se vive en el sector agroecológico y campesino del país ante el posible ingreso de variedades de maíz GM a Costa Rica.

Un transgénico es un producto de la ingeniería genética al cual se le “insertó” partes del ADN de otro organismo, con el objetivo de variar su comportamiento natural con diversos propósitos. Por ejemplo, una planta de tomate con partes del ADN de salmones, para que sean capaces de resistir bajas temperaturas. También existen plantas que se les inserta información genética de bacterias como el Bacillus thuringiensis con el objetivo que los cultivos secreten la proteína Bt la cual es tóxica para insectos y así proteger los cultivos de plagas. El problema es que ese efecto tóxico no se limita a las plagas del cultivo, afecta además insectos polinizadores necesarios para el equilibrio de los ecosistemas. También hay cultivos con resistencia a herbicidas, con el fin de poder rociarlos indiscriminadamente con estos productos para eliminar malezas sin afectar las plantaciones, lo que ha generado un abuso al usar herbicidas.

Gran controversia. Alrededor de estos organismos transgénicos existe gran controversia por distintas razones: Se están liberando al ambiente sin haber estudiado a largo plazo sus efectos sobre la salud humana y los ecosistemas. Son productos que atentan contra las leyes evolutivas de la naturaleza. Están protegidos por derechos de propiedad intelectual y sin embargo son capaces de contaminar genéticamente cultivos convencionales. Están en manos de corporaciones multinacionales reconocidas a nivel mundial por sus políticas enfocadas en la generación de riqueza sin considerar los efectos sociales, ecológicos y culturales de sus actos.

La contaminación genética se refiere al flujo de la información genética transgénica a cultivos convencionales por efectos naturales no controlables, como el viento o insectos. El fenómeno ha causado pérdida de variedades criollas en arroz y algodón en India, papa en Perú y maíz en México. Es curioso que los principales casos de contaminación genética sean en los centros de origen de los cultivos afectados. ¿Coincidencia? No lo creo.

GM y maíz criollo. En el caso del maíz estamos frente a un cultivo de polinización abierta. Esto quiere decir que el polen de una planta viaja a fertilizar otras plantas, el polen puede viajar por el viento más de un km de distancia, por eso es difícil controlar la información genética de una plantación. Eso ha ayudado a generar la gran diversidad que existe en el maíz. Pero también hace que mezclar variedades transgénicas y criollas sea un riesgo con efectos incontrolables. Por esa razón la coexistencia entre el maíz GM y maíz criollo es imposible, eventualmente las variedades terminaran intercambiando su información genética.

El problema de la contaminación genética va más allá de la pérdida de variedades criollas que han venido evolucionando junto a los campesinos hace mas de 5.000 años, en el caso del maíz. Los agricultores que por desgracia resulten afectados por este fenómeno, lejos de ser indemnizados por las empresas, pueden ser demandados por violar los derechos de patentes de los genes transgénicos, aún cuando ellos jamás hubieran escogido esa tecnología en sus cultivos. ¿Por qué comparto esta información? Por que actualmente dos empresas en Costa Rica están solicitando el permiso para cultivar 35 hectáreas con las siguientes variedades maíz GM en Costa Rica: Maíz MON-88017, Maíz MON-89034, Maíz MON-603, Maíz MON-00863-5.

Efectos perjudiciales. Esas variedades han sido estudiadas por diversos científicos y se han encontrado efectos perjudiciales en la salud de mamíferos. En setiembre de este año el Profesor Eric Seralini de la universidad de Caen en Francia publicó un estudio con resultados alarmantes en el que indica que ratas alimentadas con la variedad MON-603 presentaron gran cantidad de tumores cancerígenos y muerte prematura, hubo análisis estadísticos desestimando el estudio y posteriormente otros análisis refutaban los argumentos que desestimaban el estudio. Quiere decir que aún existen dudas sustanciales sobre los efectos en la salud de estos cultivos. Dada la incertidumbre algunos países europeos como: Hungría, Rusia y Alemania cerraron sus puertas a estos cultivos. Porque lo lógico, lo sensato es que, ante una duda, ante un posible riesgo a la salud humana, es mejor prevenir que lamentar. Esto se llama el principio de Precaución Científica.

Existen otras situaciones preocupantes con respecto al ingreso de maíz transgénico a Costa Rica. Estamos en una zona de alta diversidad genética del maíz. Guanacaste es centro de origen de variedades ancestrales de este cultivo cuyo origen es Mesoamérica, región que abarca nuestro territorio. Las variedades criollas están en manos de comunidades indígenas y campesinos del país. Ellos estarían desamparados ante los efectos antes mencionados de la contaminación genética. También existen muchas milpas en los huertos escolares del país, las cuales se podrían ver afectadas.

Dudas. Las dudas que surgen son: ¿Por qué arriesgar el acervo cultural, por qué poner en riesgo la soberanía alimentaria, por qué amenazar el delicado equilibrio ecológico, para sembrar 35 hectáreas de maíz transgénico y beneficiar dos empresas, atentando contra miles de agricultores del país y el legado agrocultural que representa el maíz en Mesoamérica? No le encuentro sentido.

Ante el riesgo que implica la siembra de maíz transgénico para la seguridad alimentaria de nuestro país, muchas personas están emitiendo su criterio, solicitando a la Comisión Técnica Nacional de Bioseguridad el rechazo de esas solicitudes, apelando al principio de Precaución Científica, al valor histórico, económico y cultural que representa el maíz criollo y a la solidaridad con el sector agrícola de Costa Rica, conformado por gente honesta, trabajadora, respetuosa de la vida y el medio ambiente.

La mayor acción que se llevará a cabo y la que están invitadas todas las personas preocupadas por defender el derecho a una alimentación sin riesgos, con semillas libres, fértiles, de libre intercambio, respetuosas de los agricultores y el valor cultural que representan es: la marcha en defensa de nuestro país.

Nuestra marcha. La marcha inicia en Matambú en Guanacaste el sábado 24 de noviembre. Será una manifestación cultural, de solidaridad y respeto por la vida, hasta llegar el domingo 2 de diciembre al MAG en la Sabana. Ahí una vigilia, cargada de música, comida a base de maíz criollo, buscará convencer a la CTNBio que al día siguiente rechace la solicitud y demuestre el interés por preservar la seguridad alimentaria de Costa Rica, el apoyo que les da a los campesinos y la sensatez que priva a la hora de tomar decisiones trascendentales para el futuro de este bello país.

Motociclistas de nuevo a las calles

El Comité Cívico Nacional de Motociclistas de Costa Rica, con el respaldo de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), ratificó en sesión conjunta de ambas entidades, celebrada en la tarde-noche de este sábado 24 de noviembre de 2012, la convocatoria para una segunda movilización de motociclistas que tendrá lugar este martes 27 de noviembre a partir de las 10 de la mañana.

En el caso del centro de San José, la convocatoria inicial de arranque siempre se mantiene en el mismo lugar de la vez anterior, al frente de la sede central del Instituto Nacional de Seguros (INS), pero a partir de las 10 de la mañana. Una vez que se dé una notable aglutinación de motociclistas se orientará para una movilización en bloque por distintos puntos del caso central capitalino.

Igualmente, se ha previsto la realización de diversas movilizaciones de motociclistas en varios puntos del país, coincidiendo con la de San José.

Ante la rotunda negativa del Presidente Ejecutivo del INS, don Guillermo Constenla Umaña, de abrir una negociación sobre el elevado costo del marchamo para este año que pretende que paguen los motociclistas; con ocasión de esta segunda movilización, la petición central es que se abra un espacio de interlocución con el presente Gobierno al más alto nivel político, aspirando que esté el Ministerio de la Presidencia, así como representaciones jerárquicas determinantes en esta problemática, como el Consejo de Seguridad Vial (Cosevi) y el Ministerio de Hacienda.

Es interés de este movimiento que de darse esta nueva fase de diálogo y de eventual negociación, se cuente con la participación de la Defensoría de los Habitantes de la República, tal y como ya se viene manifestando.

La creciente molestia de los motociclistas y su decisión de luchar al respecto, es porque las autoridades del INS siguen estigmatizándoles como los mayores responsables de la siniestralidad de los accidentes de tránsito en las vías nacionales, negándose, de manera reiterada, a mostrar los datos estadísticos que lo sustente, poniéndoles ante la opinión pública casi como los “terroristas de las carreteras”.

El INS no ha podido demostrar con contundencia cuáles razones sustentan la circunstancia irracional de que por una motocicleta se pague un seguro obligatorio cuatro veces superior que se cobra por un autobús.

Tanto el Comité Cívico Nacional de Motociclistas como la ANEP reafirman que sus acciones de movilización serán completamente pacíficas; aunque, de manera anticipada, rogamos la comprensión de la ciudadanía por algunos retrasos en el fluido tránsito de vehículos para este martes 27 de noviembre de 2012, ya que se espera en acción de calle un número de motociclistas mayor que la vez anterior.

Advertencia

A Fernando Cruz
No lo quieren reelegir
Como forma de advertir
A los otros magistrados
Que hay un grupo de diputados
Que los puede destituir
Si se empeñan en seguir
Renegando del gobierno
Que existe un contubernio
En los grupos de poder
Y el que opte por joder
Lo pueden destronar
Que se abstengan de votar
En temas delicados
Afectando a connotados
Dirigentes partidarios
El Movimiento Libertario
Y los mal llamados Cristianos
Que son como hermanos
Del partido Liberación
Tomaron la decisión
De pasar la guillotina
Y cortarle la gallina
Al magistrado Cruz
Eso encendió la luz
En algunos sectores
Y acrecentó los temores
De una dictadura
Se dice que hay figuras
Que ejercieron influencia
Como el Ministro de la Presidencia
Y el señor Rodrigo Arias
Por el momento hay varias
Versiones al respecto
Solo hay un aspecto
Que no pudieron controlar
Que al pueblo costarricense
No lo pueden engañar.

La justicia mancillada

“La primera noche ellos se acercan y cogen una flor de nuestro jardín, y no decimos nada.
La segunda noche ya no se esconden pisan las flores, matan nuestro perro y no decimos nada.
Hasta que un día el más frágil de ellos entra sólo en nuestra casa, nos roba la luna, y conociendo nuestro miedo nos arranca la voz de la garganta.
Y porque no dijimos nada ya no podemos decir nada”
Maiakovski (1893-1930)

Cuando apenas iniciaba la carrera de Derecho cayó en mis manos un libro que me marcó: Elogio de los jueces escrito por un abogado, de Piero Calamandrei. En sus primeras páginas había un dibujo de una balanza de la justicia. Nada novedoso. Lo original era que uno de sus platillos sostenía un grueso libro y en el otro plato había una flor. El fiel de la balanza se inclinaba hacia la flor y el voluminoso texto colgaba en lo alto. Al ver esa imagen comprendí el significado de aquella expresión de Pascal que, parafraseada, expresaba que hay razones que la razón no comprende.

Hoy un grupo político ha pretendido mancillar a un juez probo (y con él a toda la judicatura) porque “hay que darle una lección al Poder Judicial”. Que el Poder Legislativo tiene, por disposición del constituyente, la competencia y potestad de nombrar y no prorrogar el nombramiento de magistrados del Poder Judicial mediante votación calificada, nadie lo discute. Lo que debe llamar a la reflexión es, si antes, pese a algunos cuestionamientos esgrimidos, nunca se ha usado, ¿por qué, justo ahora, se desempolva esa vieja potestad en la persona del juez-signo-de independencia, rectitud, estudio e inteligencia? Los motivos que subyacen detrás de este acto son, definitivamente espurios y la Razón nunca los podrá comprender. Es claro que lo que se busca es acallar el pensamiento disidente y eso es, ni más ni menos, que antidemocrático…porque se eliminan los pesos y contrapesos, el pluralismo ideológico pero, sobre todo, porque ningún juez, del grado que sea, puede nunca ser destituido, que no otra cosa es este acto, por el pensamiento que exprese en sus resoluciones jurisdiccionales, cualquiera que sea su signo ideológico. Y en el caso de un juez independiente, sin cuestionamientos y signo de independencia judicial, como es don Fernando Cruz Castro, el mensaje en detrimento de la independencia judicial es inequívoco, aunque se logre revertir el acto.

Esta vez el fiel de la balanza se ha inclinado, dejando en alto la flor y el platillo que pesa es el que contiene la irracionalidad política, el poder, los intereses socio-políticos y las inconfesables motivaciones.

Por eso, hoy que en nuestra vida de país podemos contraponer claramente la ética y la legalidad; que un día sí y otro también nos irritamos ante la bendición que, por legales se les da a ciertos actos tan evidentemente censurables desde otras ópticas y que una de las palabras vacías de nuestro diccionario es Patria, insto a la judicatura costarricense para que, por sobre la desazón, la profunda indignación, el dolor y la decepción que produzcan algunos actos y omisiones provenientes de diversos Poderes del Estado, incluyendo, a veces, el mismo Judicial, nos pronunciemos y defendamos activamente la independencia judicial, porque es una de las formas de ser jueces en democracia. El mal llamado “principio de preservación del puesto” no es más que una corruptela más en detrimento de la función social que nos compete. El silencio y la inacción, ahora, son complicidad.

La legitimidad del sistema democrático depende de que seamos capaces de pronunciarnos contra esta nueva afrenta y, a la vez, alejar cualquier sospecha de duda que se cierna sobre nuestra función e institución y podamos replantear, oportunamente, el mismo sistema de nombramientos de la cúpula judicial, y de ésta hacia los otros sectores, a fin de desterrar de las prácticas de “lobbys” previos a los nombramientos caprichosos e indignantes, para apostar por una discusión abierta de las concepciones de país y de justicia. Aunque la designación de los altos jueces es un acto político, no debe ser partidista ni servil. Si se quieren elegir jueces de cierto signo ideológico, que se haga, pero transparentemente, con debates, abiertos y públicos, no a la espaldas de todos. Y que si esta vacante queda, porque no fuimos capaces de revertir lo decidido, el proponer el nombre al cargo sea convierta en un acto de indignidad.

Ojalá que el pueblo costarricense comprenda que la lucha por la independencia judicial no es un privilegio de un gremio sino un derecho humano de todos y todas, para que nuestros conflictos sean resueltos por personas preparadas y no por títeres al servicio de intereses cobardemente inconfensados.

Adiós a la independencia del Poder Judicial

Quienes habitamos este país desconocemos exactamente porqué 38 señores diputados y señoras diputadas decidieron remover de su cargo al doctor Fernando Cruz Castro, magistrado de la Sala Constitucional.

Todos hemos compartido y diferido de decisiones tomadas por la Sala IV. Sin embargo, en el marco del Estado de Derecho hemos respetado la división de poderes y la institucionalidad que este conlleva.

En este caso es evidente, como ha sido señalado en diversos medios de comunicación, que existe un ajuste de cuentas de un sector de la clase política tradicional misma que se hunde cada vez más en el barro.

Un sector de la clase política tradicional, la que tiene “la sartén por el mango” y cree que es dueña del país, que ante el miedo está dispuesta a garrotear a quienes se manifiestan en defensa de nuestra querida Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS); a penalizar a los y a las estudiantes que osen fotocopiar libros para estudiar; a amordazar con pena de prisión a todo aquel que con información veraz les ventile sus porquerías; a dejar a las personas trabajadoras sin instrumentos para hacer valer sus derechos vetando la reforma laboral más importante del país desde el Código de Trabajo; y… sí, así como suena, a remover del Poder Judicial a un magistrado que ha comprobado ser independiente, sólido, honesto y valiente.

Nadie, absolutamente nadie, cree las patéticas excusas dadas por diputados y por diputadas en cuanto a que es un “llamado de atención al Poder Judicial”, una forma de “renovar el Poder Judicial” u otras explicaciones sin sentido. Debemos recordar que los diputados son designados por el pueblo y es a éste que le deben rendir cuentas.

No basta decir que se remueve a un magistrado porque se puede, sin que medie absolutamente ninguna justificación de por qué el magistrado Cruz debe irse del Poder Judicial. Se debe explicar a la población porqué, a pesar de que la Comisión Legislativa de Nombramientos recomienda unánimemente la prórroga del nombramiento del Magistrado Cruz, en secreto esa clase política pacta removerlo, de seguro para nombrar a alguien afín y servil a los intereses de esa clase política.

Tal vez alguien que sí esté de acuerdo con la explotación petrolera, con la explotación minera, que desoiga lo que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) le viene exigiendo al país; alguien que crea que el Estado Social de Derecho y la distribución solidaria de la riqueza consagrados constitucionalmente, son cosas del pasado.

Al pueblo costarricense el mensaje es claro: debemos luchar por defender la Constitución Política. Don Fernando fue reelecto conforme nuestra Carta Magna que establece que hay un procedimiento y un plazo para remover a un magistrado y que, de no hacerlo, opera la reelección automática. Eso pasó, y fuera de tiempo, sin explicación alguna, con una mayoría automática, siguiendo saber qué oscuras intenciones, se violentó el procedimiento.

A don Fernando le pedimos que continúe peleando por defender la Constitución Política. Estamos seguros que persistirá y estará una vez más a la altura de lo que pueblo costarricense espera de él.

A la Sala Constitucional le pedimos que, tal y como le corresponde nos defienda frente al autoritarismo, frente a la violación de la institucionalidad, y frente a la violación de la Constitución Política.

Ojalá que en próximas horas, por iniciativas diversas, ciudadanía patriótica y organizaciones sociales nos reunamos con urgencia porque es más que evidente que “la dictadura en democracia” está en desarrollo.

El flagelo de la corrupción y el poder de uno

En diferentes medios y en amplitud de criterios, se esbozan opiniones sobre el flagelo de la corrupción que pareciera preocuparle a mucha gente. Pero si miramos detenidamente, alguna cuota de responsabilidad nos ha de corresponder, me pregunto ¿Cuánto hacemos por mejorar nuestro entorno?, ¿Cuánto aportamos a la sociedad, al barrio a la comunidad? Aún más, ¿En el trabajo damos el 100%, ó el 50%? cada uno en su “intimidad” tiene su propia respuesta. Igual cabe la pregunta ¿rechazamos la corrupción? o solo ¿aquello que nos conviene?, y es que sencillamente si para pelear se necesitan dos, para que se dé la corrupción también…

Como ciudadano responsable y como dirigente de una organización representativa, analizo las conversaciones de mis conciudadanos, compañeros (as), mismos que respeto profundamente por cuanto cada uno tiene derecho de independencia de criterio. Lo que no comparto es el que solo atinemos a señalar con el dedo acusador, menos aun que se espere que otros resuelvan todos nuestros problemas, algo debe tocarnos y en esto entra, “el poder de uno… que consiste en hacer algo” hemos encontrado en este importante medio de comunicación, al igual que muchos ciudadanos de diferentes sectores, un espacio para plasmar pensamientos y criterios, gracias a que aquí nos permiten la balanza y el equilibrio, hemos escrito de manera “sencilla” procurando darnos a entender por todos y todas. Procuramos transmitir un mensaje a la gente de “pueblo” que enfrenta problemas de inseguridad, de acceso a la salud, a la gente humilde que necesita de las instituciones públicas, como la Caja del Seguro, la Fuerza Pública, gente que no puede pagar seguridad, o comprar la salud. También nos dirigimos respetuosamente a quienes tienen la posibilidad de gestar cambios en la prestación de los servicios en estas importantes instituciones, a quienes forman parte del “sistema” de la seguridad ciudadana, donde lamentablemente se generan situaciones que están afectando directamente a su personal de base, e indirectamente a quienes como ciudadanos recibimos el servicio de estos.

Ghandi, nos dejó una frase para la vida, “El poder de uno es hacer algo”.

Cuando se manifiesta opinión, seguramente habrá reacción de unos a favor y de otros en contra, sin embargo lo importante es que cada uno haga su propia lectura, y a partir de ella ejerza su “poder”, el ideal que hemos venido defendiendo es el bien común, la justicia, Si usted es responsable de sus tareas, cuando se entrega con amor al ejercicio de sus funciones está obteniendo el derecho de reclamar lo justo, de lo contrario no solo pierde este derecho, se convierte en uno más del montón y por lo tanto es partícipe de la corrupción y de la destrucción, por omisión.

Mantenemos el criterio de que de alguna manera las cuotas de responsabilidad por la decadencia que se refleja cada día en nuestro medio son compartidas, tiramos basura en la calle tapando las alcantarillas!!, debe ser porque vivimos un libertinaje desbordado, provocando deterioro en la calidad de vida y con actuaciones que reflejan mala calidad humana. Como consecuencias de nuestras acciones, es común escuchar personas levantando la voz para “renegar” por la basura en las calles, pero no porque se tire la basura en la calle, es porque según ellos, otros deben recogerla!!, están también los que pasan en el “anonimato” porque de esta manera tratan de estar bien “con Dios y con el diablo”.

Acaso es casualidad el que tantos niños y niñas están siendo víctimas de agresiones brutales, acaso no es compartido el que aumenten las muertes por agresiones domésticas, lamentablemente hay personas que omiten el deber de auxilio el cual puede consistir en una llamada al sistema de emergencia 9-11, pero seguro aplican aquella frase que escuché con asombro en una delegación de policía, “míreme la cara de preocupado” increíblemente existe gente que opina así de las situaciones que aquejan a nuestra ciudadanía e institución.

Igual en el otro extremo, alguna gente dentro de nuestra querida Fuerza Pública, con pensamiento arcaico sobre los derechos del individuo, piensa que ser miembro de una organización sindical, es sinónimo de rebeldía, algunos más retrógrados te tildan de “comunista”, lamentablemente ignoran que, estar en junta directiva de ANEP, fortalece nuestro sentimiento cívico, democrático. Y que defendemos el bien común…

… manejamos equilibrio emocional, con sentido de compromiso ciudadano, fomentamos la responsabilidad, el respeto y la búsqueda de resultados en favor de la colectividad, porque entendemos la necesidad de que las cosas se hagan y se hagan bien. De igual forma apelamos a que quienes administran para que respeten los derechos y garantías que circunscriben la constitución y las leyes de la República, así como los tratados internacionales. Punto de equilibrio…

“El que sigue la justicia y la misericordia, hallará la vida la justicia y la honra”. A usted querido compañero(a) respetuosamente le invito a ser parte del poder de uno, o ¿serás de los que se sientan a ver lo que pasa?.. ¡Usted tiene el poder!..

Felicitamos a Correos por gran reconocimiento

Honorable señor Lic. Álvaro Coghi Gómez
Gerente General
Correos de Costa Rica S. A.

Respetuosos saludos.

Nos hemos enterado de que la empresa pública dignamente dirigida por su persona, ha sido distinguida con el premio “Empresa Innovadora del Año”, en categoría de empresa grande, otorgado por la Cámara de Comercio de Costa Rica, en el marco de su tradicional festejo de “Noche de Galardones”.

Con mucha sinceridad y honestidad, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), desea dejar constancia explícita por este medio de una efusiva felicitación por tan importante reconocimiento, lo cual indica que desde el despacho gerencial a su cargo se ha realizado una notable labor que merece ser destacada sin mezquindad.

ANEP, le felicita, sinceramente, Lic. Coghi. Al mismo nivel, expresamos, también, un reconocimiento y una felicitación al personal institucional sin el cual, como bien se sabe, logros corporativos de este calibre son imposibles. Los trabajadores y las trabajadoras de Correos de Costa Rica S. A., quienes en buen número nos honran con su membresía sindical, son elementos imprescindibles y fundamentales para un logro como el apuntado. Para ellos y para ellas, nuestra mayor admiración y respeto.

Servidor atento,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)
Central Social Juanito Mora Porras (CSJMP)

cc.: Honorable Junta Directiva Seccional ANEP-Correos de Costa Rica S. A.
cc.: Honorable Junta Directiva Nacional (JDN), ANEP.
cc.: Personal de Correos de Costa Rica, S. A.

¿Primavera en la CCSS?

Como ciudadano no puedo ser indiferente ante la confrontación del pasado jueves entre la Fuerza Pública y la población civil preocupada por la crisis de la Caja. Este hecho revivió en mí el acoso del que he sido objeto en los últimos años por cuestionar decisiones técnicas de altas autoridades de la institución y por denunciar presuntos actos de corrupción; siendo que no solo fui separado del Comité de Inversiones del Seguro de IVM y cesado como jefe del Área de Investigación Económica de la Dirección Actuarial, sino también intimidado y difamado.

En ese sentido, he presentado pruebas al Ministerio Público y a otros entes, que evidencian que la crisis financiera del Seguro de Salud habría sido producto de la falsificación de la política salarial y del maquillaje de proyecciones financieras, lo cual propició explosión del gasto en medio de un contexto de recesión económica. Asimismo, que la rentabilidad del régimen de IVM habría sido menoscabada ante un presunto conflicto de interés en la compra de títulos valores y el incremento de 2 p.p. en los créditos hipotecarios; siendo que sobre este último aspecto la Presidencia Ejecutiva no me permitió ejercer mi derecho de respuesta a una publicación en la web institucional.

Afortunadamente, luego de 14 meses de arduo trabajo, la Comisión Legislativa que investigó la crisis de la CCSS identificó a los presuntos responsables, solicitando su renuncia inmediata y su inhabilitación en cargos públicos; siendo que, considerados conjuntamente los informes de minoría y mayoría, los funcionarios administrativos identificados como presuntos culpables coinciden con los que previamente denuncié por mi cuenta.

A los dictámenes de tal comisión se une el informe de la Defensoría de los Habitantes que demuestra el deterioro en los servicios de salud, así como el apoyo de diferentes actores a la denuncia interpuesta, entre ellos: el Sr. Roberto Mora (c.c. El Cobrador), el Diputado Juan Carlos Mendoza, la Unión Médica y UNEP; este último mediante una carta dirigida al fiscal general con 250 firmas adjuntas.

También se han mostrado a favor diferentes intelectuales y estudiantes.

Pero, contrario a lo observado con otros funcionarios vinculados a irregularidades de menor relevancia, los presuntos responsables de tal crisis siguen en sus puestos o han sido promovidos a cargos mayores, siendo que continúan teniendo injerencia en importantes decisiones sin que medie sobre ellos ninguna medida cautelar. En ese sentido, pareciera que la norma es “castigar” a los que denuncian actos ilícitos y “premiar” y “proteger” a los que presuntamente los cometen.

Así, dada mi vivencia personal, me solidarizo con aquellas personas de la sociedad civil, incluyendo a diputadas y diputados, que, a raíz de la confrontación de marras, hoy día se sienten “castigadas” por defender a la CCSS.

Ánimo, la “Primavera Árabe” ilustra que, a través de la participación ciudadana, el cáncer de la corrupción en el ámbito público puede derrotarse. Sin violencia y amparados en nuestro Estado de derecho podemos lograr que la “Primavera de la CCSS”, patente en la creciente participación de diferentes actores, conlleve al fortalecimiento de la institución y al enjuiciamiento de los presuntos responsables para que asuman las consecuencias de sus actos.

ANEP fija posición sobre los hechos violentos frente al edificio central de la CCSS

PRIMERO. El pasado jueves 8 de noviembre de 2012 hubo una manifestación ciudadana, con presencia de personas de distintas partes del país, incluyendo población campesina, mujeres, niños y niñas, que tomaron parte de su tiempo para defender lo que es de todos y de todas: la Seguridad Social y enfatizar en la grave situación que ésta enfrenta. Como lo documenta diversa información periodística, esta manifestación ciudadana fue atendida con violencia.

SEGUNDO. Las decisiones político-policiales adoptadas por las autoridades, tanto del Ministerio de Seguridad Pública como desde la propia Casa Presidencial, para emplear a efectivos de la Fuerza Pública contra los y las manifestantes, merecen nuestra más enérgica condena; a la vez que reiteramos que nuestra Patria necesita y merece una Policía Civilista, de alto profesionalismo y bien remunerada.

TERCERO. Una Fuerza Pública de estas características requiere la invocación persistente y respetuosa al diálogo; la tolerancia y paciencia franciscana ante todos los episodios de la manifestación de orden pacífico; la inmutabilidad ante los exabruptos verbales que pudieran (aunque no necesariamente), ocurrir. En suma, la Fuera Pública lejos de coaccionar, debe permitir la expresión libre de la queja ciudadana.

CUARTO. Los deplorables hechos que comentamos reflejaron exactamente lo contrario. En consecuencia, los altos mandos policiales y gubernamentales le deben a la ciudadanía una explicación de los fundamentos que tuvieron para emitir la orden de reprimir, que llevó al enfrentamiento violento contra la gente en manifestación.

QUINTO. Desde hace años, la Avenida Segunda ha sido la vía en que, por excelencia, transita la gente que, con base en diversas motivaciones, ejerce lo que desde esta organización acuñamos como la DEMOCRACIA DE LA CALLE”. Sin embargo, si no nos falla la memoria, jamás había sido lanzada contra la gente en manifestación, acción policial alguna, mientras se hace uso cívico de esa avenida. ¿Por qué sí ocurrió en esta ocasión?…

SEXTO. Para nadie es un secreto que hay en ebullición un descontento popular y ciudadano que responde a diversas motivaciones. Se hace en este contexto urgente contar con mecanismos de Diálogo Social con Negociación Efectiva. Sin embargo, La Presidenta Chinchilla y su Gobierno mina toda posibilidad de avanzar en esa dirección, al punto de que cuando hay un acuerdo supuestamente en firme, lo deshonra; como lo muestran tres casos ocurridos en tan solo unas pocas semanas: la Reforma Procesal Laboral, la ley contra el fotocopiado y la “Ley Mordaza”.

TIMO. Podemos en este marco interpretar la acción policial cuestionada, como un giro hacia el empleo de la fuerza desmedida e irracional contra la gente que protesta. Así las cosas, nosotros pensamos que los y las policías “de abajo”, quienes siguen estando pésimamente mal pagados, no tienen la obligación moral ni ética de agredir a quienes, integrantes de su misma clase, se manifiestan a favor de causas sociales que, también, de un modo u otro, son en concernirles.

OCTAVO. La desobediencia, en estas situaciones extremas cuando se ordena reprimir a ciudadanos pacíficos que protestan, incluyendo personas adultas mayores, niños y niñas es, más bien, un valor democrático de naturaleza cívica; tal y como en aquellos dolorosos momentos de las fase más cruda de la guerra civil salvadoreña, llevó a ese gran hombre de bien, asesinado por estar a favor de su pueblo, a indicarle a las fuerzas represivas del régimen que no tenían que obedecer a las órdenes de agresión contra sus iguales de clase. Nos referimos a monseñor Oscar Arnulfo Romero.

NOVENO. Nosotros expresamos nuestra solidaridad con las ilustres personas diputadas, integrantes del denominado Primer Poder de la República cuya inmunidad otorgada por el poder popular fue violentada. La señora legisladora Carmen María Granados Fernández y los señores legisladores Claudio Monge Pereira, José María Villalta-Florez Estrada y Juan Carlos Mendoza García, han indicado que su papel fue de mediación ante la crudeza que estaba ya exhibiendo el enfrentamiento.

CIMO. Se puede o no coincidir con el pensamiento político-partidista de cada una de estas ilustres personas. Lo que no se puede es negar su condición diferente en el marco del todavía vigente Estado de Derecho costarricense. A no ser que alguien esté pensando que ya éste es un obstáculo que debe eliminarse…

ONCEAVO. La ANEP lamenta, también, que efectivos policiales a quienes se les dio la incorrecta orden de reprimir, hayan salido heridos, tanto en su humanidad física como en su integridad psicoemocional. Estas personas trabajadoras, integrantes de los mandos “rasos” de la Fuerza Pública, siguen sufriendo una gran discriminación salarial pues “ponen el pecho y arriesgan su pellejo” por salarios hasta diez veces menos que lo que ganan los que les dieron las órdenes de reprimir.

DOCEAVO. El Gobierno debe verse en el espejo por un largo rato, y ojalá reconozca que lo que se ve tiene enormes problemas, tal y como la mayoría de la gente lo reconoce ya. Si el Gobierno hace de la desconexión a los reclamos ciudadanos una “virtud”, es de esperar que muchos tristes episodios se asomen en el futuro. Señora Presidenta: rectifique ya su camino y abra, de una vez por todas, las anchas avenidas del diálogo social verdadero, tal y como usted lo ofreció en un día ya olvidado hace poco más de dos años.
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TRECEAVO.* El cumplimiento de los derechos laborales está urgido de la reforma procesal laboral; los derechos ciudadanos a la salud y la seguridad social exigen que los altos mandos de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), asuman ya sus responsabilidades señaladas ya por unos y por otras; el fundamento democrático más preciado como lo es la libertad de expresión exige la derogatoria de la “ley mordaza”. Estos son sólo algunos ejemplos que casi a todos y a todas nos parecen extremadamente urgentes y evidentes. Sólo falta usted, señora Presidenta: ¡Súmese! Nunca es tarde para hacer lo correcto.

CATORCEAVO. Finalmente, hacemos un llamado a todas las fuerzas sindicales, sociales y cívicas para que juntemos los esfuerzos más honestos y transparentes a fin de que construyamos una agenda compartida de lucha y así, en gran unidad popular y social, salgamos en miles y miles, por todas las calles de este país.