Categoría: Noticias

“El peso mayoritario y fuerte lo tiene la cultura verticalista subordinante,
incluso dentro de organizaciones sociales que propugnan
lo nuevo, que se plantean construir desde la democracia,
la horizontalidad y la particicipación plena de todos los actores,
pero sostienen practicas que no pocas veces
contradicen a sus postulados y proposiciones…”
Isabel Rauber

Con profundo respeto nos dirigimos a usted afiliado y afiliada de ANEP para hacerles llegar de forma más detallada algunas de nuestras propuestas para la renovación de la organización. Lo hacemos por esta vía ya que no contamos con recursos financieros para hacerlo personalmente como quisiéramos. Confiamos en que pueda leernos y que cualquier duda, observación ó crítica, nos las haga llegar al correo electrónico hricardo1961@hotmail,com. Gracias de antemano por su interés.

Y es que al reflexionar a conciencia sobre la realidad de nuestra ANEP podemos llegar a conocerla mejor y valorar seriamente sus virtudes y sus falencias. Entre las primeras destamos su presencia mediatica bastante desarrollada, lo que le ha permitido comunicarse fácilmente con los costarricenses. Igualmente es importante la capacidad que se ha tenido de ser propositivos con elaboraciones como la Tercera República, . Y no se puede dejar de mencionar la presencia de afiliados y organización de muchos centros de trabajo.

Entre las falencias ó debilidades nuestra tendencia cree que las de mayor impacto son, la poca formación sindical, la débil presencia de la organización en las regiones, la poca participación de las y los afiliados en la toma de las más importantes decisiones, y la poca transparencia en el manejo de los recursos humanos financieros y materiales. Para enmendar esto Rescate tiene una serie de propuestas que le detallamos. En esta ocasión nos centraremos en primer eje.

Una ANEP más participativa y democrática

En los últimos tiempos en diversas zonas del mundo los pueblos, las sociedades, los estudiantes, los trabajadores, en movimientos diversos y multicolores, nos hemos alzado ante el poder exigiendo PARTICIPACION, TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS, a los gobiernos, autoridades, organismos internaciones, etc. Las organizaciones sindicales no tenemos porqué ser la excepción.

Por eso vale la pena que nos preguntemos ¿Quién y como decide en nuestra ANEP en qué y cómo se gastan los recursos económicos de las cuotas de afiliados? ¿Quién y cómo determina cuál propuesta de ajuste salarial se llevará a una mesa de negociación? ¿Cuál debe ser la posición de la organización ante un proyecto como el Plan Fiscal? ¿Cúanto personal y con que perfiles debe tener la organización? ¿Qué proyectos futuros podemos desarrollar en la finca de ANEP en Manuel Antonio? ¿Dónde, cómo y con que recursos desarrollaremos organismos sectoriales, regionales, etc? ESTAS Y MUCHAS OTRAS DECISIONES FUNDAMENTALES ESTAN HOY EN MANOS DE MUY POCAS PERSONAS, cuando lo lógico y democrático seria que las y los afiliados fuéramos participes de la toma de decisones por medio de mecanismos innovadores y creativos. Para ello nuestras propuestas concretas en este campo son las siguientes:

1. La regionalización del sindicato para que estemos más cerca de todos los afiliados, fortaleciendo los organismos de base e intermedios y articulando los diferentes sectores que lo integramos.

2. Crear un Consejo de Presidentes de Seccionales que en permanente consulta con las y los afiliados de cada centro de trabajo y con poder de decisión, analice y resuelva sobre asuntos trascendentales para la organización.

3. Revisión y redistribución de los recursos financieros, humanos y materiales de la organización, para que los diferentes organismos y afiliados cuenten con respaldo real en la ejecución de sus planes de trabajo.

4. La realización periódica del Congreso establecido en los estatutos, donde se puedan discutir y acordar participativa y democráticamente las orientaciones políticas de la organización, desterrando las visiones personalistas y el caudillismo.

5. Hacer transparente el manejo financiero, humano y material de la organización para que nunca más nos vuelva a ocurrir lo que pasó con el frustrado proyecto TITI.

6. Mejorar TODOS LOS SERVICIOS QUE BRINDA LA ANEP, para que las y los afiliados sean atendidos como se lo merecen. Aquí indicamos que esto tendrá que realizarse con participación protagónica de todas las partes involucradas, destacando a los afiliados que reciben los servicios, como a los trabajadores de ANEP que los brindan.

7. Reforma estatutaria que limite los años de ejercicio de los diferentes cargos dentro de la organización, para posibilitar la generación de nuevos lideres y lideresas en todos los órganos del sindicato.

Como puede verse compañeras y compañeros ANEPISTAS, estas y otras propuestas son realizables y les pedimos respetuosamente su difusión y apoyo para ejecutarlas.

Héctor Cerdas Zamora
Candidato de RESCATE a la
Secretaría General de ANEP

La Tendencia RESCATE defendió que la tercera convocatoria e realizara un viernes como tradicionalmente se ha hecho. Se propuso el viernes 23 de setiembre, de manera tal que en un mes se pudiera buscar un local adecuado, realizar una convocatoria suficientemente amplia en las bases del sindicato y garantizar el trámite de los permisos para que la mayor cantidad de afiliados y afiliadas pudieran participar en el evento político más importante de un sindicato, toda vez que en esa Asamblea, la Junta Directiva Nacional saliente debe rendir cuentas de su gestión.

El señor Albino Vargas Barrantes, de la Tendencia TRABAJO, propuso que la tercera convocatoria de esa Asamblea se realizara el día lunes 29 de agosto. Sin permitir un amplio debate, como ha sido la tónica en las últimas asambleas del sindicato, se llevó a cabo la votación y la mayoría de asistentes apoyó la tesis de hacer la asamblea ese día, con menos de 15 días de tiempo para tramitar permisos, difundir convocatoria y contratar local, aspectos logísticos de la mayor importancia política para garantizar una amplia y democrática participación.

La premura de esta tercera convocatoria hace que hoy jueves 25 de agosto, a un día de que se realice la Asamblea, no haya local, y que muy pocas de las solicitudes de permiso que se tramitaron en los diferentes centros de trabajo se hayan contestado, lo que implica que la gran mayoría de afiliados y afiliadas a la ANEP, no cuente con la garantía de permiso para participar.

Por otra parte, la convocatoria a Asamblea ha sido difundida sin que se haga pública la agenda. Entendemos que según el artículo 18 de nuestros Estatutos, la agenda de esta Asamblea mínimamente deberá incluir: a) Informe de Labores de la Junta Directiva Nacional;* b)* Informe de Finanzas y de Administración; y *c) * Informe de Fiscalía General. También esta Asamblea debe proceder a elegir la nueva Junta Directiva Nacional de la organización. No obstante, en esta ocasión, como hay dos tendencias, según el artículo 19, “la elección de la Junta Directiva Nacional se realizará en forma descentralizada, mediante votación secreta y universal, dentro de los 8 días naturales posteriores a la celebración de la primera parte de la Asamblea General Nacional de Fin de Período”.

Llegamos a la primera parte de la Asamblea sin que haya un padrón electoral que nos permita conocer cuantas personas afiliadas participarán en la elección de la nueva Junta Directiva Nacional y donde están ubicadas esas personas; sin que se haya definido por parte de la Comisión Electoral las reglas del proceso electoral y los criterios que se tomarán en cuenta para la definición de los lugares donde se ubicarán los centros de votación. Tampoco sabemos si nuestra organización sindical cuenta con los recursos económicos para afrontar un proceso electoral de carácter nacional.

Estas condiciones generan una gran incertidumbre respecto a la equidad y transparencia del proceso de votación y grandes dudas con relación al verdadero y genuino interés de que los afiliados y afiliadas, participen en un espacio democrático de discusión y toma de decisiones como es la Asamblea General del sindicato.

Esto es una muestra más de que nuestra querida ANEP está urgida de un cambio y el cambio es YA!!

RESCATEMOS ANEP CON TRANSPARENCIA Y DEMOCRACIA
Jueves 25 de agosto de 2011

La Junta Directiva Nacional acordó nombrar 4 personas para que coadyuven en la actualización del padrón de afiliados y afiliadas para las próximas elecciones de Junta Directiva Nacional.

Con relación a esos nombramientos, nuestra Tendencia RESCATE considera importante dejar planteado que contamos con prueba de que las 2 personas que laboran en la Unidad de Afiliación de la ANEP y que hasta ahora son las que han tenido a cargo el manejo de la información relativa a la base de datos de afiliados y afiliadas de la organización, son simpatizantes de una de las Tendencias en disputa, específicamente de la Tendencia TRABAJO. Esas personas, dieron su firma de apoyo para que dicho grupo político se inscribiera para participar en las elecciones.

Respetamos la preferencia partidaria de cada persona afiliada, que ejerciendo su derecho, participa del proceso electoral interno. Sin embargo, recordamos que en una Asamblea General Extraordinaria, el señor Albino Vargas Barrantes, actual Secretario General, descalificó el criterio profesional de una de las abogadas que en aquel momento integraban la Unidad de Asesoría Jurídica, argumentando que sentía que la Asamblea estaba en indefensión jurídica, a raíz de que las profesionales en derecho que allí se encontraban, están matriculadas con una tendencia, específicamente la Tendencia RESCATE.

Pues bien, al igual que le ocurrió al señor Secretario General en aquel momento, es ahora nuestra Tendencia la que se siente en condiciones de inseguridad y desigualdad, en razón de que las 2 personas que laboran de manera asalariada para la organización en la Unidad de Afiliación, están matriculadas con la tendencia contraria, y para mantener un equilibrio que nos garantice a todos y todas confianza en la transparencia del proceso, EXIGIMOS que se nos permita a nosotros, designar a 3 de las 4 personas que serán contratadas temporalmente para la actualización del padrón electoral con el que se llevará a cabo la votación de Junta Directiva Nacional para el período 2011-2013, de manera tal que quienes lleven a cabo la que ha sido definida como la tarea más delicada del proceso electoral, sea desempeñada por 3 simpatizantes de cada tendencia.

¡¡EXIGIMOS ELECCIONES JUSTAS, DEMOCRÁCTICAS Y TRANSPARENTES!!
TENDENCIA RESCATE

Sin embargo no concretó en cuales son las medidas que tomaría y mucho menos pudo explicar las razones de porqué hasta ahora se le ocurre que esto es necesario, luego de más de 20 años de estar en ese puesto. ¿No será que detrás de ese “overhaul” sólo se esconde la “operación despido” de las y los funcionarios de la ANEP que no están con él en la contienda electoral que por primera vez en 27 años, de forma histórica se está desarrollando?

Lamentablemente y para información de los costarricenses y en especial de las y los afiliados, debemos decir que desde hace bastante tiempo el Secretario General y su grupo de incondicionales definieron esto, al extremo de hacer circular un correo electrónico en el que se pide al área de finanzas de la organización que le entreguen un cálculo detallado del monto que habría que pagarle en prestaciones a cada trabajador. ¡Lamentable acción de amenaza de despido catalogable como terrorismo, que como organización condenamos cada vez que lo aplica un patrono en el sector público o privado!

Por lo demás está decir que la Tendencia Rescate de ANEP a la que represento, cree que efectivamente la organización necesita CAMBIOS, pero que estos debemos enfocarlos a asuntos más trascendentales entre los que priorizamos:

La regionalización del sindicato para que estemos más cerca de todos los afiliados, fortaleciendo los organismos de base y articulando los diferentes sectores que lo integramos.

La democratización, en la que proponemos crear un Consejo de Presidentes de Seccionales con poder de decisión sobre asuntos trascendentales, la redistribución de los recursos financieros, humanos y materiales, para que el respaldo y apoyo real llegue a todos los organismos y afiliados. La realización periódica del Congreso establecido en los estatutos, donde se puedan discutir y acordar participativamente las orientaciones políticas de la organización, desterrando las visiones personalistas y el caudillismo.

La creación de un programa de formación sindical con financiamiento permanente, para preparar a los afiliados y a los próximos dirigentes de seccionales, regionales y nacionales.

Hacer transparente el manejo financiero, humano y material de la organización para que nunca más nos vuelva a ocurrir lo que pasó con el frustrado proyecto TITI.

Mejorar TODOS LOS SERVICIOS QUE BRINDA LA ANEP, para que las y los afiliados sean atendidos como se lo merecen. Aquí indicamos que esto tendrá que realizarse con participación protagónica de todas las partes involucradas, destacando a los afiliados que reciben los servicios, como los trabajadores de ANEP que lo brindan.

Como puede verse hay muchos cambios que podemos realizar en la organización, antes que llevar a cabo una “cacería de brujas” en contra de cualquier posición que no sea la del que manda. Nosotros esperaríamos que sea posible realizar varios de estos proyectos independientemente de cual sea el resultado de las elecciones. Podemos construir colectivamente una agenda – sindicato que trascienda el momento político que vivimos.

Por último no podemos dejar de indicar, que si proponemos realizar estos proyectos y cambios, lo es con el objetivo estratégico de transformar a la organización para que adquiera la fuerza necesaria para enfrentar las grandes luchas que se avecinan en contra del modelo neoliberal y excluyente que se viene imponiendo en el país, el que está llevándonos aceleradamente hacia la pérdida de derechos fundamentales, como la salud, la educación, la seguridad y la felicidad. ANEP debe pasar de ser un fenómeno privilegiadamente mediático y una especie de “tigre de papel”, a una organización con gran capacidad de organizarse y movilizarse junto al variopinto movimiento popular costarricense, en defensa de la patria en peligro.

* Candidato a la Secretaría General
Tendencia Rescate de ANEP

Señor
Albino Vargas Barrantes
Presente

En una sociedad que pretenda las condiciones ideales para su desarrollo, debe garantizarse jurídicamente la protección del honor de las personas físicas y jurídicas, frente a expresiones injuriosas, difamatorias y/o calumniosas; no obstante, debe recordarse que el derecho al honor tiene su contrapeso en la libertad de expresión del prójimo.

Toda acción de interferencia, de presión directa o indirecta, de censura previa, o restricción de cualquier naturaleza a la circulación libre de ideas y opiniones, viola el derecho a la libertad de pensamiento y de expresión consagrado en el artículo 13 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, instrumento internacional de derechos humanos suscrito y ratificado por Costa Rica y cuyas disposiciones son vinculantes.

El bien jurídico que se representa en la libertad de expresión no puede ni debe ser pisoteado como se pretende, máxime si las condiciones personales de los individuos los colocan en posiciones donde su imagen está pública o privadamente expuesta a opiniones, comentarios, denuncias y criticas, que a pesar de que afecten su honor subjetivo no configuran un hecho delictivo.

Algunas personas en virtud de sus actividades laborales públicas o privadas adquieren obligaciones especiales que las presentan ante la opinión de los demás como individuos impuestos de obligaciones ético profesionales como la transparencia y la rendición de cuentas por sus acciones.

En este contexto, no toda opinión, expresión o afirmación afecta el honor de la persona desde la óptica jurídico penal, a pesar de que ella sienta afectada su honorabilidad ya que “el honor cede ante la libertad de expresión”.

El Tribunal de Casación Penal del Segundo Circuito Judicial de San José en abundante jurisprudencia ha reconocido el derecho a cuestionar o denunciar las actuaciones de los funcionarios que intervienen en la administración de entidades públicas o privadas, como un elemento de control que propicia la transparencia y el ejercicio democrático de los cargos, que es extensible también a las asociaciones. También ha señalado la amplitud de ese derecho a denunciar o cuestionar, porque con ello entonces se inhibiría a cualquier ciudadano de plantear una denuncia no obstante la gravedad de los hechos, lo cual a todas luces va en contra del interés general. (Sentencia 243-2008)

El funcionario público tiene el deber de soportar cierta crítica fuerte a la actividad que realiza, pues el escrutinio público y privado de su función no puede encontrar muros que impidan su cuestionamiento, aunque en algunas ocasiones ello pueda afectarle en “fuero interno y externo”. (Tribunal de Casación Penal, sentencia 169-2010)

Cuando una persona ostenta un cargo de dirección y responsabilidad en un sindicato se convierte en un “sujeto pasivo con una condición especial”, es decir, una persona públicamente expuesta, ya que no solo aceptan voluntariamente los derechos, obligaciones, responsabilidades e inconvenientes, sino también la exposición al escrutinio de las y los afiliados, de cualquier organización interna e incluso de personas físicas y jurídicas externas interesadas en controlar la labor sindical.

No se debe pretender poner una mordaza a la afiliación con el término “Deber de confidencialidad”, ya que dentro de las obligaciones que se adquirieron voluntariamente al aceptar determinado cargo de representación se encuentran la de ser transparentes y la rendir cuentas. No es correcto venir ahora a hacer treatillos trillados de victimización para evadir responsabilidades y erróneamente pretender atemorizar a la gente.

En el año 1948 la OEA pronuncio la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, que contempla en el artículo 4 que toda persona tiene derecho a la libertad de investigación, opinión, expresión y difusión del pensamiento por cualquier medio. Asimismo, en el año 1969 se firmó el Pacto de San José de Costa Rica, el cual determina lo siguiente:

El artículo 13 lleva el nombre de “libertad de pensamiento y de expresión” y establece que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y expresión, que el ejercicio de tal derecho no está sujeto a censura previa.

No hay democracia sin libertad de expresión. Todo lo que exceda de situaciones límite, en que se pueden restringir todas las libertades individuales y sociales salvo las fundamentales, constituirá una irrazonable e inconstitucional limitación que con la apariencia de una reglamentación, en realidad estará haciendo ilusoria la libertad de expresión.

Y por ello los ataques, las amenazas disfrazadas de consulta, o posibles enjuiciamientos no me podrán callar, pues la legalidad me respalda para no permitir nunca más ni una sola violación a mi derecho fundamental e inmutable, de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas en forma verbal o escrita.

“Les gustamos cuando callamos, porque estamos como ausentes”

Ana Luisa Cinco Quesada
Directiva Nacional ANEP

Ese artículo, criticaba fuertemente la actitud de la derecha argentina, que haciendo gala de la “misoginia más rapaz”, ante la muerte de su compañero, calificó a la Presidenta Fernández de incapaz, dependiente emocional y títere político de su marido, y llegó incluso a afirmar que “Ella fue hasta ahora un inusual primer ministro, capaz de dotar de discurso, imágenes y hasta de algún control de calidad a una construcción política económica que siempre estuvo en mano de su marido. La pregunta que está abierta es de dónde extraerá ella ahora ese insumo esencial que le era entregado llave en mano”.

No me sorprende que la derecha utilice esas armas para desacreditar personas y procesos políticos. Pero es muy doloroso cuando esas mismas armas se utilizan por quienes estamos en el mismo lado de la acera, por quienes somos clase trabajadora y se supone que compartimos un objetivo común: cambiar el sistema para volverlo más justo, equitativo e incluyente y mejorar así las condiciones de vida de la clase trabajadora. Lamentablemente, cada vez está más claro que la Tendencia Trabajo no solo reproduce tácticas de la derecha, sino que ha utilizado otras artimañas al estilo del memorandum del miedo.

Sé que en el marco del proceso electoral interno que vive nuestra organización sindical, también ha habido una misoginia rapaz. Ventilando y distorsionando mi vida privada, se ha pretendido restarle mérito a una acción decente y consecuente políticamente, como la asumida por mi compañero Edgar Morales Quesada, quien valientemente reconoció la responsabilidad que le corresponde en el fracaso del proyecto Tití y por respeto a nuestros afiliados y afiliadas, declinó de ocupar siquiera una candidatura en alguna papeleta para las próximas elecciones de Junta Directiva Nacional.

Primero fue un anónimo misógino reproducido y distribuido en las instalaciones de ANEP, y ahora, ya no de forma anónima, pero sí a mis espaldas, se ha afirmado de forma abiertamente machista, que mi candidatura a Junta Directiva Nacional de ANEP representa la continuidad de Edgar en la dirección política del sindicato, o bien, que como Edgar fue parte de las Juntas Directivas que han tenido algo que ver con el fracaso de ese proyecto, yo, por ser su compañera, también cargo algún tipo de responsabilidad.

Edgar y yo hemos construido una relación que lleva ya muchos años, basada en el respeto, la confianza, y la admiración mutua. Somos pareja, pero cada uno es un ser humano independiente, con fortalezas, debilidades, capacidades y sueños. Compartimos una trinchera de lucha, coincidimos muchas veces, pero también discutimos posiciones y respetamos nuestras diferencias.

Hacer ver mi candidatura como un intento de él para continuar en la dirección política del sindicato, negarme cualquier liderazgo, capacidad y méritos para reducirme a la mujer que “heredó” el puesto de su compañero, como lo hace esa campaña desarrollada en la Imprenta Nacional, en algunas cuadrillas de la Municipalidad de San José y quizá en muchos otros centros de trabajo, no es más que la muestra de una campaña decadente y carente de ideas.

Sé que detrás de esta campaña de desprestigio y discriminación también se encuentran mujeres, pero a ellas no las puedo responsabilizar, pues al fin de cuentas, son víctimas también de un sistema patriarcal que les ha imposibilitado abrir los ojos, y darse cuenta que reproducen los mismos patrones machistas de agresión y discriminación, de las que ellas en algún momento han de haber sido objeto.

Esa campaña misógina, machista fundada en el descrédito y el miedo, lo que demuestra es que ANEP está urgida de un cambio, que ANEP está urgida de una práctica sindical consecuente con el discurso político. Esa campaña demuestra que la Tendencia con la que hoy RESCATE se disputa la dirección de la ANEP, no tiene ideas, no defiende propuestas, no difunde un programa, sino que ataca, descalifica y busca destruir a quienes se le oponen.

Esperaría que si dicen promover un sindicalismo con equidad de género y pluralidad política, los señores y señoras de la Tendencia Trabajo empiecen por practicar su discurso, y por respeto a los afiliados y las afiliadas de ANEP, lleven a cabo una campaña de altura, respetando la vida privada de las personas y la diversidad de pensamiento, que son aspectos que desde el primer momento, ha respetado la Tendencia RESCATE.

Susan Quirós Díaz
Candidata a Junta Directiva Nacional
TENDENCIA RESCATE

Consiste en derogar el Decreto Ejecutivo No. 35962-MP-TUR, que fuera emitido por el expresidente Óscar Arias, y por cuya causa las municipalidades de Liberia y Carrillo pierden al menos ¢602 millones 750 mil anuales.

A pesar de tratarse de unas de las zonas de mayor plusvalía de Guanacaste y seguramente del país –hasta el Príncipe de Arabia Saudita tiene inversiones allí-, el decreto en cuestión cambia la forma de cálculo de la base imponible del canon a pagar por los beneficiarios de las concesiones en esa Zona Marítimo-Terrestre.

Antes, se estimaba a partir del valor de mercado de la propiedad, según los avalúos del Ministerio de Hacienda. Con el decreto, se pasó a una base imponible única de tan solo un dólar por metro cuadrado ($1,56 indexado).

El cambio implica que mucho dinero no ingresará a las arcas municipales y los vecinos afectados saben sobre el enorme impacto que este dinero podría tener no solo para su bienestar, sino para el conjunto de la provincia, en tiempos de alto desempleo y baja actividad económica.

Como diputado, le envié una carta a la presidenta Chinchilla hace seis meses el 26 de enero, solicitándole derogar tal decreto y lo hice cuando el país reconocía que la “mesa servida”, en lo fiscal, dejada al actual gobierno, por el anterior, más parecía una mesa para difuntos. ¿Por qué la Presidenta no ha hecho nada hasta el momento? ¿Acaso teme enfrentarse a intereses creados?

Pasemos a la crisis de la Caja Costarricense de Seguro Social. No es nada casual que su deterioro, provocado, es cierto, por distintos niveles de corrupción –desde las compras de servicios y préstamos millonarios, hasta quienes se “incapacitaron” para ver el mundial de fútbol-, también ha sido alentado por una visión privatizadora de la economía y de la vida social.

La CCSS se creó mediante un pacto social en la década de los años 40 del siglo XX, porque el pueblo trabajador salió a las calles y hasta los liberales comprendieron que de nada les servía una población empobrecida, sin atención de la salud y sin posibilidad de pensión durante la edad de retiro. Pero hoy, con el enfoque privatizador, la CCSS ha sido vista como secundaria por los sucesivos gobiernos. Si hubieran podido, también la hubieran dado en concesión.

Así como rebaja los impuestos de los concesionarios de Papagayo, el gobierno también alcahuetea a grandes empresarios que deben miles de millones a la seguridad social. ¿Será porque financiaron su campaña política? Peor aún, ni siquiera cobra las obligaciones del Estado. Desde hace un año está engavetada en Casa Presidencial la propuesta para cobrar los más de ¢300 millones que desde el año 2000 deben a la CCSS las empresas públicas por la Ley de Protección al Trabajador. Otra solución que solo requiere un simple decreto presidencial.

Hoy, después de un cuarto de siglo de políticas de este tipo, el país está nuevamente necesitado de un pacto social. La democracia y la ciudadanía costarricense ya no resisten esta insoportable levedad y angurria de quienes se enriquecen mientras el resto del país se deteriora.

Los cambios en el mundo del trabajo, en los roles de hombres y mujeres y de las estructuras familiares en Costa Rica, el incremento del abandono, de la delincuencia infantil y juvenil, la creciente inseguridad ciudadana;, la afectación del medio ambiente en nombre de negocios inescrupulosos, la cada vez más profunda desigualdad social y la persistente pobreza, son todos problemas que requieren de un nuevo pacto social costarricense.

Quien se atreva a reordenar la casa teniendo como norte este acuerdo, quien tenga la decisión de redistribuir la riqueza y reinstaurar la solidaridad, tendrá garantizado el liderazgo político del país por un largo tiempo.

Hasta el momento, la Presidenta no ha dado muestras de tener esta decisión. Por el contrario, parece cerrar filas con la bancada del PLN, que, decidida a aislarse, se atrinchera en su labor de obstruir la voluntad de trabajo de la Alianza Por Costa Rica, en la Asamblea Legislativa.

Cada vez queda menos tiempo para saber si la administración Chinchilla pasará a la historia sin pena ni gloria. Los cambios que el país requiere parecen ser un desafío político que no está dispuesta a asumir.

* Diputado del Partido Frente Amplio, publicado en el Diario Extra, Lunes 22 de agosto de 2011