Categoría: Noticias

San José, lunes 21 de febrero de 2011.
¡URGENTE!

Honorable señora
Licda. Sandra Piszk Feinzilber
Ministra de Trabajo y Seguridad Social

Honorable señor
Álvaro Sojo Mendieta
Viceministro del Área Laboral, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

Honorable señor
Lic. José Joaquín Arguedas Herrera
Director General, Dirección General de Servicio Civil

Sus despachos

Estimada señora y estimados señores:

Con gran respeto para sus dignas autoridades, les saludamos de la manera más atenta; solicitándoles, a la vez, que sostengamos una reunión tan pronto como resulte posible, a fin de tratar una circunstancia muy especial con relación al reciente decreto ejecutivo que ayudó a resolver la situación laboral de un importante número de personas trabajadoras del sector Público central, en condición de interinas; de tal suerte que abordemos los casos de trabajadores y de trabajadoras que podrían tener una cobertura con tal decreto, si analizamos que fueron movidos de una plaza a otra, ambas vacantes, poco antes de la emisión del mismo, con lo cual, pese a tal situación sí podrían ajustar el año de interinato continuo en vacancias, de tal suerte que se les pudiese ayudar en el camino hacia su estabilidad laboral, considerando que reúnen los otros requisitos.

Es criterio de la ANEP de que con base en el espíritu que animó la expresión de la correspondiente voluntad política cuando el Poder Ejecutivo emitió tal decreto; amén de que la gracia dada en cuanto al examen requerido viene a ser casi que equivalente a la interinidad en plazas vacantes en solución de continuidad pese al cambio de una plaza a otra en el lapso previsto, nos ayudaría a resolver necesidades institucionales sentidas; y, a la vez, lo que es más importante, entendiendo el sentido social y de justicia en estos casos fortuitos; que sería una nueva expresión de solidaridad que distinguió al Gobierno en la atención y resolución de este problema, considerando la estratégica importancia que al tema del empleo se le da en la política pública actual.

Así las cosas, les reiteramos la importancia de que nos honren con una reunión de partes en tal sentido y cuanto antes.

Con la mayor consideración,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Edgar Morales Quesada
Secretario General Adjunto

Manifiesto Público
Dirigido al honorable personal de la Policía de Tránsito de Costa Rica

lUnión Nacional de Técnicos Profesionales de Tránsito (UNATEPROT)
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)

Estimados compañeros:

En los últimos meses y mediante la alianza de UNATEPROT con ANEP, se han llevado a cabo una impresionante cantidad de esfuerzos, de gestiones, de actividades y de eventos tendientes al logro de una plena reivindicación profesional y salarial de todos los compañeros integrantes de la Policía de Tránsito de Costa Rica; esfuerzos compartidos por nuestras dos organizaciones ya no solamente en el anterior gobierno del Dr. Oscar Arias Sánchez; sino en el actual, a cargo de la señora Presidenta Licda. Laura Chinchilla Miranda.

Toda esta impresionante actividad, sistemática, paciente, responsable y profesional también se ha dado en el marco de una alianza estratégica de gremios policiales, abriendo así paso a una histórica unidad, nunca antes vista en el país, de cuerpos de seguridad como la Fuerza Pública, Policía Profesional de Migración, Policía Penitenciaria, Policía Fiscal y, por supuesto, la nuestra, la Policía de Tránsito. Además, el impacto de esta alianza ha sido enorme, al punto de que logramos estar unidos con la policía del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), a través de su sindicato, la ANIC.

Durante todo este proceso, la legítima organización sindical de los policías de Tránsito, UNATEPROT, junto a la ANEP, ha mostrado firmes posiciones, en defensa del honor, del prestigio, de la dignidad, de la justicia social y salarial para todos los servidores públicos a cargo de la vigilancia en las carreteras nacionales y a cargo de la observancia estricta del cumplimiento de las leyes y normas de tránsito.

UNATEPROT ha planteado siempre, con toda claridad y sin rodeos, “los puntos sobre las íes”, señalando todos y cada uno de los incumplimientos que se han venido dando, desde la firma de los históricos acuerdos de reivindicación de los gremios policiales citados, en el mes de diciembre del año 2009, en la propia Casa Presidencial, contándose con la presencia testimonial y de voluntad política del entonces Presidente Arias.

UNATEPROT, junto a la ANEP, ha insistido en lo que va de la presente administración, que tales acuerdos se han venido incumpliendo sistemáticamente y que en el caso de la Policía de Tránsito, ni siquiera llegamos a mitad de camino; es más, cuidado y sino, en próximos días y semanas, mucha parte del personal perteneciente a la planilla del Consejo de Seguridad Vial (Cosevi), unos 462 compañeros, hasta sin salario pudieran quedarse, dada la gran cadena de yerros administrativos y pifias de gestión política que tienen al cuerpo de la Policía de Tránsito en gran molestia.

UNATEPROT, junto a la ANEP, ha hablado con respeto pero con fortaleza y con vehemencia en varios despachos gubernamentales donde el tema de estos incumplimientos ha sido tratado: tanto ante las carteras ministeriales de Trabajo y de la Presidencia, como a lo interno del propio MOPT.

UNATEPROT, junto a la ANEP, una y otra vez, con gran responsabilidad, hemos demostrado gran paciencia, sin desechar el diálogo y la negociación, pese a que este gobierno únicamente lo que ha hecho es “patear la bola para adelante”, sin honrar lo que tiene que honrar con todas las policías y, particularmente, con la de Tránsito.

Ha sido tal la firmeza de UNATEPROT, con el respaldo de la ANEP, que ha generado ciertas “inconformidades” en algunas jerarquías de nuestro cuerpo policial, puesto que se ha sido contundente en el tema de los requisitos para los puestos, lo cual, como suele suceder, hace que la persona aludida, en vez de rendir cuentas y/o desmentir los cuestionamientos, se dedica a generar un clima de animadversión hacia la organización y hacia su actual y máxima dirigencia.

Es más, informes extraoficiales de fuentes dignas de crédito, han acudido hasta UNATEPROT y a ANEP para alertarnos de que el “síndrome de SINTRAJAP”, pudiera estarse gestando en contra de la legítima dirección del sindicato verdadero que representa los intereses laborales, económicos y sociales del personal de la Policía de Tránsito; y, en consecuencia, se estaría fraguando una especie de “golpe de Estado” para quitar del camino, una dirigencia que la oficialidad institucional considera “incómoda”; precisamente porque se ha mantenido una posición de total congruencia, de firme transparencia y de lealtad profunda, para con las aspiraciones del personal de la Policía de Tránsito cuya imagen, más bien, han sido sus propios mandos altos y en diversas ocasiones, quienes se han encargado de desprestigiarla ante la ciudadanía.

Hoy hacemos un llamado a la conciencia, un llamado a la inteligencia, un llamado al sentido común, a los compañeros de la Policía de Tránsito que están afiliados a UNATEPROT, para que cierren filas en pro de la independencia, de la autonomía, de la soberanía del sindicato; ante una intentona en desarrollo para colocar a marionetas, a pusilánimes, en su conducción, tratando de que el sindicato se someta a los designios del Gobierno y de sus intereses; en contra de los intereses legítimos del personal policial de Tránsito.

Hoy apelamos a todas las fuerzas políticas, sindicales, sociales y cívicas para alertarlas acerca del desarrollo de maniobras jerárquico-gubernativas que buscan ya no solamente acallar la conciencia crítica del oficial de Tránsito; sino, apartarnos de la alianza que hemos construido con las otras fuerzas policiales; y, lo que es más grave, acallar a UNATEPROT para que no siga más en la lucha por las mejores salariales, gremiales y profesionales del personal de la Policía de Tránsito, que tenemos firmadas pero que no han sido cumplidas del todo.

Hoy hacemos un llamado a cerrar filas para defender a UNATEPROT y su camino de independencia, de claridad de pensamiento, de llamar a las cosas por su nombre aunque la caiga mal a los jerarcas. La Policía de Tránsito necesita de un sindicato soberano y autónomo, tal y como es hoy UNATEPROT; y sería catastrófico que UNATEPROT fuera convertido en un sindicato tureca de las jerarquías policiales, ministeriales, gubernamentales. Usted, compañero, tiene en sus manos esta crucial decisión, este sábado 26 de febrero de 2011, a las 10 de la mañana, en las instalaciones del sindicato ANIC (OIJ). Su presencia es vital, de extraordinaria relevancia para lograr que UNATEPROT siga siendo un sindicato libre.

Hacemos extensiva esta invitación a todos los medios de comunicación colectiva para que sean testigos de otro acto bochornoso, manipulador, de intromisión disimulada, camuflada y vergonzosa, en los asuntos internos, soberanos y autónomos de sindicatos que como SINTRAJAP y UNATEPROT, al igual que ANEP, se resisten a ser controlados por los gobiernos de turno y sus testaferros.

Honorable señora
Licenciada
Laura Chinchilla Miranda
Presidenta de la República
Casa Presidencial
Su despacho

Estimada señora Presidenta:

Con gran respeto para la digna autoridad presidencial depositada en su persona, nos pareció de suma urgencia acudir ante su despacho con relación a la tesis de la transferencia de competencias de política pública hasta ahora ejercidas desde la administración central del Estado y entes adscritos y/o conexos a la misma, hacia las municipalidades; a fin de externarle un conjunto de preocupaciones y de inconvenientes que podrían dar al traste con lo que podría ser una buena decisión-país de cara a los desafíos gigantes que hoy en día presenta nuestro sistema democrático y su correspondiente institucionalidad republicana; a la luz del creciente descrédito ciudadano en su clase gobernante y, por ende, ante la enorme necesidad de que haya más gobiernos cercanos a la gente y sus necesidades.

No hay duda de que el fortalecimiento de los gobiernos locales puede convertirse en una gran oportunidad para el desarrollo de la democracia, para alcanzar niveles inéditos de participación ciudadana y de aplicación concreta de formas de democracia directa. La gente demanda más eficiencia, más eficacia, más oportunidad en las políticas públicas; mayor transparencia y más calidad en la rendición de cuentas. ANEP considera que un fortalecimiento estratégico de los gobiernos locales y su institución emblema, las municipalidades, puede posibilitar el diseño de políticas públicas que ayuden a enfrentar el principal problema nacional: el crecimiento de la desigualdad y la concentración abusiva de la riqueza.

Sin embargo, efectuando un primer análisis del documento, de manejo “_oculto_” hasta el momento, denominado “_Plan de Fortalecimiento Municipal y Descentralización_”, diseñado para el período 2011-2014, emanado desde el despacho del señor Ministro de Descentralización y de Desarrollo Local-Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM); permite el surgimiento de una serie importante de inquietudes, dudas, nebulosas y hasta cuestionamientos, dado que se deja entrever de que estamos de cara a una especie de “_Reforma del Estado_” en condición de intramuros y “_por la cocina_”; de tal suerte que elementos como los derechos laborales, la estabilidad en el empleo de miles de personas, la sostenibilidad financiera y fiscal de un proceso de tal envergadura, los probables episodios de clientelismo electoral y hasta la permanencia de duplicidades y hasta triplicidades de política pública, se derivan con potencia, con lo cual se impone, necesariamente, un alto en el camino en este trascendental proceso para nuestra democracia de tal suerte que más actores sociopolíticos intervengan e interactúen en el mismo, para darle una legitimidad que por ahora parece reducida a lo formal-institucional sin que se muestre vocación real para que avancemos, articulada y consensualmente, en el desarrollo cualitativo de nuestra golpeada institucionalidad democrática.

Por tanto, con el reiterado respeto que queremos manifestarle por esta vía, pero con una gran vehemencia, le estamos solicitando considerar, inicialmente, estos elementos y abrir los espacios de debate y de participación que hasta el momento han estado cerrados y casi que “_secuestrados_” para potenciar un proceso de transferencia de competencias de política pública que con una visión de cortísimo plazo y con cierto tufillo electoralista parece impulsarse, si vemos las enormes metas estratégicas se plantean para el año 2014 como “_punto de llegada_”, algo que genera suspicacias en no pocos sectores de nuestra comunidad cívica.

Vistas así las cosas, es imprescindible que estos elementos se valoren, con urgencia, desde el despacho presidencial, antes de seguirle abriendo espacio político a unas posiciones que, como indicamos, castran la más amplia participación cualitativa en un proceso de Reforma del Estado que, en realidad, está implícito en esto de las transferencias de competencias de política pública hacia las municipalidades. Veamos:

Primero: Gigante obstáculo es la sostenibilidad financiera del proceso en sus distintas fases, componentes y momentos si, como usted lo está diciendo de día y de noche, señora Presidenta, estamos ante una casi que apocalíptica situación de déficit fiscal que amenaza toda la estabilidad económica y social del país. Para nadie es un secreto que, al respecto, la ley 8801, marco estructural para este proceso, contempla diversos errores al respecto y, desde ya, se asoman tesis para quitarle plata a las instituciones autónomas “_superavitarias_” a fin de que le den contenido a la indicada tesis. Por tanto, sin una transformación tributaria estructural resultan inviables ambiciosas ideas de transferencia de competencias como las que se están promoviendo.

Segundo: Sigue siendo casi que “_el secreto mejor guardado_” los famosos siete proyectos de ley que le dan cuerpo a la tesis de la “_transferencia de competencias_”, lo cual nos dice que estamos violentando un imprescindible imperativo ético de transparencia, pues debemos conocer, tanto los potenciales perjudicados como los “_potenciales beneficiados_” de qué clase de proyectos estamos hablando, cuál será su impacto social, fiscal en cada caso y en qué estriba la “_ventaja_” de la transferencia de que se trate cada uno de ellos.

Tercero: Si nos atenemos a que la primera de esas siete leyes, será la de la Red Vial Cantonal, resulta imprescindible decirle la verdad a la gente de que tendrá que sacar más dinero de sus golpeados bolsillos, pues la pretensión de que esta ley tenga sustento en un porcentaje adicional al impuesto único de los combustibles, un impuesto de perversa naturaleza regresiva, constituye un golpe económico para hogares medios fundamentalmente y para los sectores productivos nacionales que, en gran medida, tienen en el mercado interno una posibilidad de sobrevivencia ante duras condiciones económicas estructurales de sesgo transnacional. Nosotros, como organización que tiene relaciones, directa o indirecta con muchos de estos sectores, desde ya nos oponemos a que la ley de la Red Vial Cantonal en manos municipales, se financie con este tipo de impuestos indirectos.

Cuarto: No comprendemos cómo se pretende, por ejemplo, el fortalecimiento de la Policía Municipal (tesis que, por supuesto aplaudimos porque nos parece correcta), pretendiendo que sea con dineros del Presupuesto Nacional de la República que se financie tal fortalecimiento. Volvemos a lo mismo: ¿y el déficit fiscal?…

Quinto: En materia de política social, la poca claridad que se tiene de un proceso así, nos lleva a creer que hasta podría haber triplicidades en cuanto a la entrega de bonos de vivienda, construcción de casas y desarrollo de programas de asistencia social con recursos del IMAS, de Fodesaf y similares. No podemos dejar de pensar en que las válidas y sentidas necesidades de las personas más desfavorecidas de nuestra sociedad, sean sujetas a asumir determinadas posiciones electorales si esta situación presenta visos de realidad de cara al proceso electoral del 2014. Igualmente, son más que válidas preocupaciones que surgen luego de que quienes son los más ardientes abanderados de un proceso en estas “_nebulosas_” condiciones, empiezan ya a manifestar que sí es posible la transferencia de políticas públicas en los ámbitos de Salud y de Educación.

Sexto: Finalmente, debe usted saber señora Presidenta de que en el escenario actual que presenta nuestro país, que muestra que el problema número uno que enfrentamos es el crecimiento de la desigualdad y su corolario opuesto, la concentración de la riqueza; escenario que nos indica que ya estamos llegando a un 43 % de la Población Económicamente Activa (PEA), en la informalidad y en el cuentapropismo; la defensa del empleo y del derecho constitucional al Trabajo es una responsabilidad democrática y estratégica de primer orden, para una organización sindical como la que nos enorgullecemos en representar. De tal suerte que, en todo momento, en las más diversas circunstancias y acudiendo a todas las formas de lucha, hemos de asumir esa tarea que no es otra que garantizar la preservación del empleo a quienes lo ejercen con honorabilidad, con decoro y con vocación de servicio. Al hablar del tema de transparencia de competencias, es imperativo humanista tenerlo como aspecto central, número uno, estratégico, en tal escenario y la ANEP no va a renunciar a actuar en consecuencia.

Por tanto, honorable y distinguida señora Presidenta, le pedimos, con respeto, lo siguiente:

• El Poder Ejecutivo no debe impulsar ningún proyecto de ley sin que quede claridad del tema social y del empleo que acabamos de señalar. Se está poniendo en riesgo laboral a cerca de 10 mil personas trabajadoras asalariadas actuales del Gobierno Central, presuponiendo multimillonarias erogaciones financieras por concepto de despidos por reestructuración (en el caso del Poder Ejecutivo Servicio Civil), dineros que no se tienen.

• El Poder Ejecutivo no debe impulsar ningún proyecto de ley sin resolverse lo que su Gobierno, denomina “_déficit fiscal_”.

• El Poder Ejecutivo no debe impulsar ningún proyecto de ley que pretenda financiar la transferencia de competencias con nuevas cargas tributarias o nuevos impuestos de sesgo indirectos y en la línea de aumentar la regresividad impositiva.

• El Poder Ejecutivo no debe impulsar ningún proyecto de transferencia de competencias si no media un participativo proceso de consulta con los actores involucrados de suerte tal que elementos como lo social, lo fiscal, la eficiencia y la eficacia, la oportunidad de los servicios públicos, queden absolutamente asegurados.

• El Poder Ejecutivo no debe impulsar ningún proyecto de transferencia de competencias que abra paso a nuevas formas de clientelismo electoral y que genere efectos perversos de hasta triplicidades institucionales.

• El Poder Ejecutivo no debe impulsar ningún proyecto de transferencia de competencias sin cerciorarse de los imprescindibles grados de competencia estratégica instalada por parte de las municipalidades receptoras de las mismas, dándole participación directa a cada sector laboral que dentro de las mismas ostente legitimidad y representativas suficientes para opinar en el tema.

• El Poder Ejecutivo debe abrir una mesa de diálogo social con negociación efectiva en este tema, involucrando a entes institucionales y de la sociedad civil con criterio, responsabilidades y propuesta en el tema, de forma tal que los proyectos que llegaren al parlamento: a) muestren un amplio consenso civil e institucional que no potencie innecesarios conflictos sociales; b) no atrofien, castren, invaliden, perturben, lo que es una correcta idea de política pública para generar gobiernos más cercanos a las necesidades de la gente; y, c) eviten que contaminemos un proceso de tal envergadura con aspiraciones electoralistas arribistas, oportunistas, de corto plazo y con la condenable manipulación de las necesidades de nuestros y de nuestras compatriotas más humildes.

• El Poder Ejecutivo no debe permitir, avalar, respaldar, fomentar, incentivar reuniones de sus jerarcas interesados en el tema, mientras se mantenga un abordaje de tan delicada y neurálgica situación, en las condiciones en que se viene dando; tal y como lo fue el caso de la reunión cancelada la semana pasada ó el caso de la que está prevista para este venidero día miércoles 23 de febrero, tal y como el distinguido señor don Juan Rafael Marín Quirós, Ministro de la Descentralización y Desarrollo Local lo está anunciando. Continuar en esa línea es, simplemente, una provocación al conflicto social.

Es urgente, señora Presidenta, que usted nos reciba cuanto antes en audiencia al respecto y, por tanto, oficialmente y por esta vía, se lo estamos pidiendo.

Reiterándole nuestra mayor consideración y respeto,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

1. Que nuestra Central Social participó del proceso de análisis y discusión del Proyecto de Reforma Procesal Laboral que culminó con un dictamen afirmativo de la Comisión de Asuntos Jurídicos en agosto de 2010.

2. Que en el texto dictaminado por la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Asamblea Legislativa existe consenso en buena parte de los contenidos, sobre todo en las mejoras relacionadas con el ámbito individual y procesal del derecho del trabajo, en temas como la protección de fueros especiales, la regulación del procedimiento por infracción a las leyes laborales; la oralidad de procedimiento ordinario laboral, entre otros.

3. No obstante, NUNCA existió consenso en temas de vital relevancia para el movimiento sindical y que tienen que ver con la regulación del derecho laboral colectivo, como el ejercicio del derecho de huelga, la negociación colectiva en el sector público y arreglos directos y comités permanentes, instrumentos estos últimos, que fortalecen la política antisindical en el sector privado de nuestra economía, que se amplían con esta reforma no solo en el sector privado sino también al sector público y que además han sido el caso emblemático ante la OIT.

4. Estas discrepancias se hicieron visibles tanto en el Consejo Superior de Trabajo como en la sesión de la Comisión de Asuntos Jurídicos en la que se recibió a los sectores sociales en audiencia.

5. La Central Social Juanito Mora Porras (CSJMP) ha compartido un espacio de análisis y discusión del contenido de este proyecto con una parte muy representativa del movimiento sindical costarricense. Junto con la Central General de Trabajadores (CGT), la Central de Trabajadores Rerum Novarum (CTRN), la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE), la Unión de Empleados de la Caja y la Seguridad Social (UNDECA) y la Coordinadora de Sindicatos Bananeros (COSIBA), estamos promoviendo una enmienda al dictamen de la Comisión de Asuntos Jurídicos, que se fundamenta en 5 ejes:

1. Irrenunciabilidad y efectividad del derecho de huelga.
2. Negociación colectiva en el Sector Público.
3. Comités Permanentes y Arreglos Directos.
4. Despenalización del ejercicio del derecho de huelga.
5. Fortalecimiento de la jurisdicción laboral.
6. Si los aspectos que consideramos regresivos no se subsanan, las organizaciones que promovemos la enmienda nos opondremos a la aprobación de este proyecto de ley, que de aprobarse en los términos que quieren los empresarios, aumentaría las violaciones a la libertad sindical, ya señaladas por la OIT a nuestro país.

San José, 16 de febrero de 2011.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)
Presidente
Central Social Juanito Mora Porras (CSJMP)

Dichas sesiones de trabajo fueron suspendidas por el gobierno desde diciembre último, esperando que los usurpadores ganaran las elecciones. Ahora, nuevamente cierran las puertas del único espacio de diálogo que existe entre las partes, condicionando la negociación de la convención a la “imposición” de la propuesta del gobierno para privatizar los muelles del caribe costarricense.

Es claro que el gobierno no escuchó el categórico mensaje que enviaron los trabajadores de JAPDEVA con los inequívocos resultados de la Asamblea General Ordinaria de SINTRAJAP el pasado 21 de enero ¿Cuántas veces tendrán los trabajadores que rechazar las ilegales ofertas del gobierno para que terminen de entender?

Las y los trabajadores de JAPDEVA quieren seguir sirviéndole al país y al pueblo de Limón y están a la espera de el gobierno les presente las propuestas de modernización, que al menos incluyan compra de equipo, ampliación de las instalaciones portuarias y medidas correctivas de la situación de las tarifas y los ingresos.

La urgencia de la modernización portuaria y la realidad del país no están para sobornos a cambio de la entrega de los puertos de Limón y Moín a la empresa privada transnacional. SINTRAJAP reitera su firme decisión de discurir una propuesta de modernización portuaria con capital público, fortaleciendo a JAPDEVA y soltándole las amarras para que pueda realizar una mejor gestión en beneficio del país y el pueblo limonense.

Iguamente, se hace un llamado por cuarta vez a la mandataria para que se siente a dialogar con el Sindicato lo antes posible, para darle a conocer el planteamiento de modernización elaborado por SINTRAJAP. Es de esperar que el gobierno no le dé más largas a la oportunidad de sentarse a dialogar y encontrar una solución urgente para puertos.

RONALDO BLEAR BLEAR
SECRETARIO GENERAL

LIROY PÉREZ PÉREZ
SECRETARIO DE PRENSA