El jerarca ministerial más poderoso del Gobierno de la Presidenta Chinchilla, le da la razón a la ANEP, pues desde el pasado domingo 13 de febrero, lanzamos la denuncia pública con nuestro comunicado de prensa: “Fortalecimiento Municipal”: ¿A costa de hasta diez mil despidos en la administración central del Estado?
La ANEP está formulando un vehemente llamado para reforzar el llamado a la movilización prevista para el día jueves 10 de marzo, así convocada por importantes organizaciones sindicales y gremiales; pues ahora la Defensa del Empleo y del Derecho Constitucional al Trabajo, se convierte en elemento estratégico de la acción sindical, ante la confirmación que hace el Gobierno de la República, por medio de su Ministro de Hacienda, de que habrá despidos masivos en el Gobierno Central por “reestructuración” y/o “por eliminación de los puestos”.
Así quedan definidos los principales motivadores, las fundamentales causas generadoras de nuestro llamado a Paro de Labores para el día jueves 10 de marzo:
Primero: Contra el congelamiento salarial y por una nueva política salarial para los sectores Público y Privado.
Segundo: Contra el paquetazo de impuestos para los y las de abajo, para la clase media; y, por el contrario, por una transformación tributaria estructural en función del bien común que controle la gigantesca evasión fiscal y el fraude tributario.
Tercero: Contra los despidos masivos en el Gobierno Central, en defensa del empleo, denunciando la trampa de la “transferencia” de competencias.
San José, viernes 25 de febrero de 2010.
Albino Vargas Barrantes
Secretario General ANEP
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Al menos, 10 mil a la calle
Sí habrá despidos masivos en el Gobierno Central
“Transferencia de competencias” a las municipalidades
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Periodista pregunta: “Y los empleados que sobrarán?
Respuesta del Ministro: “Si lo que se hace es reducir las funciones del Gobierno Central, la gente puede legalmente ser despedida por reestructuración o por eliminación de los puestos”
El ministro de Hacienda,
Herrero se escuda en que deben cumplir las leyes municipales
El ministro de Hacienda, Fernando Herrero, reconoció ayer el riesgo futuro que puede tener para las finanzas públicas el proyecto de ley para transferir recursos a las municipalidades, pero se refugia en que están cumpliendo con la Constitución Política y la Ley . Su esperanza es que la Asamblea Legislativa apruebe la reforma tributaria y con ello se tengan los recursos para alcanzar la sanidad financiera del Gobierno.
Patricia Leitón
nacion.com 11:24 a.m. 24/02/2011
En una entrevista telefónica, el ministro de Hacienda, Fernando Herrero, defendió ayer la decisión de enviar un proyecto de ley para transferir los primeros recursos y competencias a los municipios.
Queremos tener información precisa sobre la forma en la cual se la va dar contenido presupuestario al proyecto de ley de descentralización municipal. Entendemos que los recursos para los dos primeros años se tomarían del crédito del BID, pero ¿de dónde se tomaría el resto?
Con los $200 millones se cubren los primeros dos años, y después de eso, siempre vamos a tener que seguir aumentando la inversión en caminos cantonales; entonces los recursos que se van asignando a esto se les van pasando a ellos, es una cosa de ver cómo vamos saliendo.
Pero ustedes están creando una presión fiscal futura, porque no tienen el financiamiento. En el comunicado se habla de la esperanza de tener una carga tributaria mayor y que con eso podrían financiarlo.
Sí, por eso se le puso un nivel de carga tributaria mayor. Cuando lleguemos a la orilla del río, veremos cómo lo cruzamos.
”La cosa es que, independientemente de la opinión que uno tenga sobre las disposiciones, una es una disposición constitucional y la otra es una ley, entonces estamos obligados a hacerlo.
”Fue una discusión muy extraña partir de asignar plata, en lugar de pensar primero en las funciones que se tienen que cumplir; entonces se puso la carreta al frente de los bueyes y esa es la discusión que debemos tener en el país, ¿qué es lo que tienen que hacer las municipalidades? Y ¿cuánto cuesta?”.
Pero ¿esa discusión no la debieron haber generado antes de promover un proyecto de ley que lo que hace es hacer efectiva esa disposición constitucional y ejecutar una ley anterior que, por lo visto, ustedes cuestionan?
Esto es una cosa complicada, uno no puede plantear para el debate nacional todos los temas a la vez; nosotros estamos planteando el tema de la sostenibilidad de las finanzas públicas como tema central, meternos a discutir cuáles deben ser las funciones que les deben tocar a las municipalidades es otro gran tema de agenda, y no caben las dos cosas en la agenda nacional.
Pero ¿cómo el Ministerio de Hacienda está visualizando la sostenibilidad fiscal frente a un proyecto de ley que genera una transferencia de recursos a las municipalidades y mantiene el estatus de personal vigente en el Gobierno Central? Cabe agregar que también tienen encima el financiamiento del 8% a la educación y también se comprometieron a darle recursos a las universidades con la esperanza dela mayor carga tributaria. Esa mayor carga tributaria no va a alcanzar para tanto.
Es una situación fiscal delicada, por eso hemos estado insistiendo en que hay que enfrentarla; hemos estado tomando las medidas que están a nuestro alcance, que incluyen la presentación del proyecto de ley. Yo creo que ustedes han visto que hemos venido subiendo la presión en el tema de evasión, tenemos el programa de contención del gasto, ese es el camino.
”Si usted me dice: ¿por qué no atacan todos los temas a la vez? No atacamos todos los temas a la vez porque pensamos que no hay capacidad en el país para asimilar muchos temas grandes de manera simultánea; entonces vamos primero con lo que nos parece más crítico que es contener el gasto, combatir la evasión y reformar el sistema tributario”.
Lo que usted nos está queriendo decir es que no tenían más que ejecutar todo el tema de descentralización a través de este proyecto y dependería de que los partidos políticos, de alguna forma, encuentren recursos a esto y, por tanto, es más necesaria la reforma tributaria. ¿Es una forma de presionar a la Asamblea Legislativa para que apruebe la reforma?
Creo que toda la presión para que la Asamblea Legislativa apruebe la reforma fiscal me parece que debemos hacerla todos los costarricenses; nos estamos endeudando en ¢1.370 millones diarios para gasto corriente.
Pero lo que ustedes están haciendo es darle validez a una ley y a una norma constitucional que por lo visto objetan, y que nos está creando, si existe voluntad política para aprobar el proyecto de ley, una carga fiscal mayor hacia futuro.
La decisión política fue tomada por las autoridades apropiadas, la Asamblea Legislativa pasada, donde se hizo la reforma constitucional; nosotros estamos cumpliendo lo que disponen esas leyes.
”Yo personalmente creo que tenemos que entrar en esa discusión de cuál es el papel de las municipalidades, pero como le digo, tiene que ser después, cuando ya vayamos avanzando en el resto de los temas del equilibrio fiscal”.
¿No cree que es una propuesta muy riesgosa enviar este proyecto de ley, que eventualmente sea aprobado y que no haya sustento fiscal futuro para hacerle frente a lo que conlleva?
La pregunta que usted plantea es totalmente válida; es uno de los temas que deberían discutirse en la Asamblea con el proyecto que se está enviando. Más bien, esas preguntas que usted me hace a mí, son las que tenemos que hacerle al país y a la Asamblea Legislativa, que es la que decide si esto pasa o no pasa.
Los errores del pasado han sido crear gastos sin crearles el financiamiento. ¿Estamos cometiendo los mismos errores?
Aquí lo que tenemos en realidad es que se supone que vamos a pasar el gasto con el financiamiento, que no va a ser una cosa desequilibrada; en este caso, para este primer período de la discusión lo estamos financiando con crédito porque es construcción de infraestructura.
Si la reforma tributaria pasara tal y como está, ¿cómo acomodarían después de esos dos años ese flujo nuevo de recursos?
El hecho de que se apruebe la reforma tributaria no quiere decir que a partir de ese momento podamos entrar a una fiesta, no va a haber exceso de recursos.
”Nosotros decimos 2,5% (de la producción) de ingresos de la reforma fiscal, más 1% (de la producción) en conseguir mejoras en la administración y 0,50% adicional en mejoras en el gasto. Son 4 puntos, entonces nos queda 1,5% de déficit; nosotros podemos tener un déficit de 1,5% y es sostenible”.
Los escenarios entonces son: que la reforma fiscal pasa y se atienden todas las necesidades; que no pasa la reforma tributaria, pero se logra generar un debate que hace que se revalúe el concepto de descentralización por el impacto fiscal que puede tener, y tercero, que no pase la reforma, pero sí pase el proyecto de ley de descentralización, lo cual generaría una presión fiscal futura.
Yo creo que el único escenario que puede funcionar es el de que la reforma tributaria pase. Si la reforma fiscal no pasa, estamos al borde de una crisis seria de carácter fiscal.
Al igual que han hecho en otras ocasiones, en algún momento también pueden aducir que no tienen los recursos para trasladarlos.
Así es, si ese fuera el caso.
¿Cómo se va a hacer con la parte del personal? La lógica sería que conforme esas atribuciones se pasen a las municipalidades también se reduzca el personal en el Gobierno Central, pero eso no es fácil.
Efectivamente, me parece que es uno de los temas que se hacen evidentes que hay que discutir en el país.
”El proyecto se hizo como si simplemente se pudiera pasar a los funcionarios a las municipalidades; ahora sabemos que eso es muy complejo y tiene un costo, por eso se requiere un debate nacional sobre el tema, pero como nosotros vemos que no estamos en capacidad de discutir ese tema junto con otros que consideramos más prioritarios en materia fiscal, entonces lo que hacemos es cumplir con las primeras disposiciones porque son bastante claras en que tenemos que hacerlo para darnos el tiempo”.
El Ministerio de Planificación se convirtió en un vocero técnico de una serie de implicaciones fiscales que podría tener el cumplimento de la norma constitucional y de la ley del 2001. ¿De qué forma ustedes, en Hacienda, valoraron estas observaciones técnicas del Ministerio de Planificación?
Usted sabe que la ministra de Planificación, Laura Alfaro, es una de las economistas más destacadas del país y todos los temas económicos los discutimos con ella.
”Yo creo que trabajamos bastante coordinados. Hemos discutido mucho el tema de las municipalidades; coincido en mucho en los temas que ella plantea. Si tratamos de encontrar una diferencia, yo lo que veo es que este es un tema que tenemos que discutir más adelante, que no le podemos entrar a fondo ahora porque es el tema de cómo es la división de funciones al interior del Estado, es una discusión sobre el papel del Estado y su organización”.
Se lo preguntaba porque da la impresión de que el Mideplan ha emitido los informes y estos no han sido acogidos. Uno asume que hay contradicción entre Mideplan y el equipo económico.
Yo no lo vería de esa manera; como se nos juntan varias cosas, la crítica que ha hecho el Ministerio de Planificación es una crítica más técnica, que nos dirige a preguntarnos cuáles son las distintas funciones que debemos encargarle a las distintas partes del Estado.
”Sin embargo, no es simplemente una respuesta técnica, es una respuesta política, porque se trata de decisiones políticas; lo que se está presentado ahora no ignora para nada lo que dice Mideplan, sino que es decir hay algunas cosas que sí se pueden trasladar a las municipalidades, como es el caso de los caminos cantonales; así nos damos tiempo para entrarle a los otros aspectos”.
