El diputado del Frente Amplio, José María Villalta, denunció hoy, en conferencia de prensa, que la emisión del Decreto Ejecutivo No. 35962-MP-TUR “Reforma Reglamento a la Ley para el Desarrollo y Ejecución del Proyecto Turístico Golfo de Papagayo”, por el gobierno del Expresidente Óscar Arias, el 12 de abril de 2010, causa la pérdida de al menos ¢602.749.654.78 anuales a las municipalidades de Liberia y Carrillo, al variarse el canon a pagar por los beneficiarios de las concesiones en esa Zona Marítimo-Terrestre.
Asimismo, el diputado dio a conocer que el día de hoy envió una carta a la Presidenta Laura Chinchilla, en la que le solicita derogar ese decreto, con el fin de dar el ejemplo en un contexto en el que el Gobierno pretende aprobar una reforma tributaria para hacer frente al déficit creciente en las finanzas públicas.
“Mientras que a las personas dedicadas a la agricultura, se les cobran altos montos por conceptos de impuesto territorial, incluso cuando trabajan tierras pequeñas y medianas, a este grupo de privilegiados, entre los que están allegados al Expresidente Arias y el oficialismo, se les baja casi en su totalidad el canon a pagar por explotar grandes proyectos turísticos en la Zona Marítimo Terrestre”, dijo el legislador.
La denuncia es el resultado de una investigación realizada por el diputado Villalta con el apoyo del Centro de Investigación Legislativa (CEDIL) de la Asamblea Legislativa.
Entre los aspectos más importantes de la reforma introducida por el Decreto en cuestión, se encuentra el cambio de la forma de cálculo de la base imponible del canon. Antes se calculaba a partir del valor de mercado de la propiedad, según los avalúos del Ministerio de Hacienda. Con el decreto se pasó a una base imponible única para la fijación del canon a pagar por los concesionarios del Proyecto Turístico Golfo de Papagayo, en un dólar por metro cuadrado, ($1.56 indexado), en lugar del canon fijado según los avalúos del Ministerio de Hacienda.
Lo anterior implica una disminución sustancial de los valores totales de las concesiones (que se reducen, en conjunto, en más de 23 mil millones de colones solo en los casos analizados por el despacho del diputado Villalta), y una merma sustancial del canon anual a pagar por los distintos concesionarios, independientemente del tamaño de aquellas.
A manera de ejemplo, uno de los concesionarios más grandes, “Carpathian Development S.A”, con un área de 147.991,88 metros cuadrados, antes avaluada en ¢2.427.066.832.00 por el Ministerio de Hacienda, debía pagar a la Municipalidad de Liberia un canon anual de ¢97.082.673.28, pero gracias al decreto emitido por la administración Arias, esta concesión pasó a valorarse en solo ¢120.051.013.06, y deberá pagar un canon anual de solamente ¢4.802.040.52 colones.
“Esto es un escándalo. ¿Cómo es posible que el metro cuadrado en el Golfo de Papagayo se valore en poco más de un dólar?”, cuestionó el diputado Villalta.
“Estamos ante un privilegio escandaloso a favor de algunas las personas y empresas más ricas de este país que poseen las propiedades más valiosas del territorio nacional. Mientras que al resto de habitantes de Costa Rica se les calcula el canon costero o el impuesto de bienes inmuebles según el valor estimado de sus propiedades y actualmente muchas municipalidades les están aumentando el monto a pagar por el incremento del valor de dichos inmuebles, a los concesionarios de Papagayo se les otorgó un monto fijo, por una cifra ridícula, que no guarda relación alguna con el valor real de sus propiedades”, concluyó el legislador.
Como es de conocimiento público, entre los concesionarios del Proyecto Turístico Golfo de Papagayo se encuentran empresas vinculadas ya sea empresarialmente o mediante lazos de parentesco, con el gobierno de Arias así como con el actual.
Es el caso de Ecodesarrollo Papagayo, una de cuyas accionistas es la empresa Florida Ice & Farm. El director general de esta compañía, Ramón Mendiola Sánchez es, a su vez, sobrino del Expresidente Arias Sánchez.
Otro ejemplo son las concesionarias “Oncilla Rayada S. A.”, “Mapache Travieso S. A.”, “Residencias Palmar Alunado. S. A.”, “Residencias Golondrina Egipcia S.A.”, “Armadillo Escondido S. A.” y Cedro de Invierno S. A.”, todas ellas representadas por el bufete de abogados BLP, una de cuyas socias es hija del Primer Vicepresidente de la República, Luis Liberman.
En este sentido, el diputado Villalta solicitó el apoyo de los medios de comunicación para investigar en profundidad y en detalle a cada uno de los concesionarios de la Zona Marítimo-Terrestre de Papagayo, quienes hasta el momento se benefician del decreto en cuestión.
Otros resultados del estudio realizado por el despacho del Frente Amplio con el apoyo del CEDIL, indican la existencia de deficiencias en el sistema de recaudación y manejo de las concesiones actuales, tanto por parte de las municipalidades involucradas, como por la administración tributaria, por lo cual es urgente fortalecerlas para que cumplan su trabajo adecuadamente.
El diputado Villalta también consideró “indispensable que el avalúo de las concesiones y la fijación del canon a pagar, regrese al dominio de la administración tributaria, en lugar del ICT, como está ahora.”
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NOTA ENVIADA A LAURA CHINCHILLA MIRANDA
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26 de enero de 2011
JMV-JFFA-018-2011
Señora.
Laura Chinchilla Miranda
Presidenta de la República de Costa Rica
Su Despacho
Estimada señora:
Reciba un cordial saludo.
Como parte de mi labor de control político, he realizado una investigación del Decreto Ejecutivo N° 35962-MP-TUR, firmado el 12 de abril de 2010 y publicado en La Gaceta del 25 de mayo de 2010, mediante el cual se reforma el Reglamento a la Ley para el Desarrollo y Ejecución del Proyecto Turístico Golfo de Papagayo, el cual deseo poner en su conocimiento.
Señora Presidenta, el reglamento mencionado, incluye la fijación de un canon con base imponible fija a pagar por los concesionarios del Proyecto Turístico Golfo de Papagayo, que implica una reducción sustancial (de más del 90%) del monto final que deben pagar dichos concesionarios.
Antes de la reforma de abril pasado, la fijación de dicho canon se remitía a la Ley de Zona Marítimo Terrestre y su respectivo reglamento, las cuales establecen que la tarifa del canon anual a pagar en todo el territorio nacional por concesiones, se calculará con base en el valor de la propiedad determinado mediante los avalúos que realice la Dirección General de la Tributación Directa.
Sin embargo, entre los aspectos más importantes de la reforma introducida por el decreto en cuestión, se encuentra la fijación de un canon con base imponible fija a pagar por los concesionarios del Proyecto Turístico Golfo de Papagayo, en US$1.00 por metro cuadrado, indexado a la tasa LIBOR acumulada a seis meses y anualizada con el promedio de los últimos doce meses, en lugar del canon fijado según los avalúos del Ministerio de Hacienda.
Esto quiere decir que el decreto cuestionado cambió el sistema de cálculo de la base imponible del impuesto, pasando de un sistema basado en el valor real a precios de mercado de las propiedades concesionadas (como rige para el resto de propiedades en el país) a uno de base fija, que no toma en cuenta el valor real, la plusvalía, de dichas propiedades. Tal cambio tiene como consecuencia reducciones millonarias de los montos que los concesionarios debían pagar por concepto del canon.
En la investigación efectuada en mi despacho con el apoyo técnico del Centro de Investigación (CEDIL) de la Asamblea Legislativa, hemos tomado como base los avalúos de la Administración Tributaria de Puntarenas, y encontramos que hay una afectación a los ingresos de las municipalidades de Carrillo y Liberia debido a la reducción del monto de los valores de las propiedades. El Ministerio de Hacienda establecía el precio de mercado como la base para definir los estudios y, como es sabido, las tierras que se encuentran en Papagayo son de las mejor valoradas entre los bienes raíces del país, mientras que la nueva herramienta establece un monto fijo de un dólar ($1.56 indexado) por metro cuadrado, un monto a todas luces ilógico y desproporcionado.
Lo anterior, señora Presidenta, causa una pérdida de ¢602.749.654.78 anuales a las municipalidades de Liberia y Carrillo (solo en los casos analizados por este despacho con avalúos del Ministerio de Hacienda), al variarse el canon a pagar por los beneficiarios de las concesiones en esa Zona Marítimo-Terrestre, pues el valor de las tierras, con la nueva forma de valorarlas para establecer el monto a pagar por cada concesionario, se disminuye entre un 83,4 y un 99,1 por ciento.
Señora Presidenta, en tiempos de crisis fiscal, en que su Gobierno le solicita a la Asamblea Legislativa el trámite expedito de una reforma tributaria que incremente los impuestos que pesan sobre la población costarricense, es una total incoherencia que, simultáneamente, se mantenga en vigencia un decreto ejecutivo que rebaja significativamente los impuestos a los concesionarios de Papagayo. Es decir, un decreto que reduce casi en su totalidad los impuestos que pagan algunas de las personas y empresas más ricas de este país.
Además, según estudios preliminares que realizamos en mi despacho, varios de los concesionarios beneficiados con este descomunal recorte de impuestos, se encuentran morosos en sus obligaciones obrero-patronales con la Caja Costarricense del Seguro Social.
Por si fuera poco, el decreto de la Administración Arias establece un trato privilegiado a favor de los concesionarios de Papagayo que no tiene ningún otro concesionario de la Zona Marítimo-Terrestre ni el resto de las y los habitantes de Costa Rica que son propietarios de bienes inmuebles.
Según la Ley 6043, en las zonas costeras el canon por uso de la Zona Marítimo –Terrestre sustituye el impuesto de bienes inmuebles que las y los ciudadanos deben pagar a sus respectivas municipalidades por las propiedades inscritas a su nombre. Pero en ambos casos, la fijación del monto a pagar, se hace tomando en cuenta el valor de las propiedades y no un monto fijo invariable.
De hecho, recientemente vecinos y vecinas de varios cantones del país donde se ha incrementado el valor de la tierra han denunciado que los gobiernos locales vienen recalificando el valor de sus propiedades. Dichas recalificaciones, a su vez, han repercutido en la base imponible del impuesto de bienes inmuebles, provocando incrementos en el monto a pagar por concepto de dicho impuesto.
Esta situación está afectando a muchas familias costarricenses que habitan en las zonas costeras o en los cantones mencionados y que no cuentan con los ingresos necesarios para pagar esos incrementos del canon costero o del impuesto de bienes inmuebles. Precisamente este es el motivo por el cual cientos de agricultores y agricultoras de todo el país marcharon a la Asamblea Legislativa. El aumento del valor comercial de la tierra está favoreciendo aumentos considerables en el monto que se les cobra por impuesto de bienes inmuebles que no guardan proporción alguna con la realidad económica y social de su actividad.
Sin embargo, mientras esto ocurre, el decreto cuestionado le estaría otorgando a los concesionarios de Papagayo el privilegio de ser los únicos titulares de propiedades en Costa Rica a quienes el impuesto territorial se les calcula a partir de una base fija, sin considerar el valor real de mercado de sus propiedades. Mientras la gran mayoría de las y los costarricenses sufren aumentos del canon costero y del impuesto de bienes inmuebles, dicho decreto impone un trato discriminatorio que reduce casi en su totalidad los impuestos que deben pagar algunos de los grupos más ricos y poderosos de este país. Evidentemente, señora Presidenta, aquí no hay solidaridad ni justicia tributaria.
Por las razones expuestas, le solicito derogar este decreto que actúa directamente en contra de las finanzas de las municipalidades involucradas, con el fin de dar el ejemplo en un contexto en el que su gobierno pretende aprobar una reforma tributaria, para hacer frente al déficit creciente en las finanzas públicas.
No podemos permitir que un decreto hecho a última hora y en silencio, a la salida de un gobierno, dilapide de esta manera los fondos públicos y trate como necesitados a grupos socialmente privilegiados.
De antemano le agradezco la atención que se sirva prestar a la presente, así como su pronta respuesta.
De usted con toda consideración, atentamente,
José María Villalta Florez-Estrada
Diputado
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Fuente: Fracción Legislativa
Partido Frente Amplio
