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El actual alcalde de la Municipalidad de Heredia, el señor José Manuel Ulate Avendaño, del Partido Liberación Nacional (PLN), le huye al debate con sus contrincantes para las elecciones municipales del próximo 5 de diciembre de 2010.

El señor Ulate Avendaño rechazó una invitación que, en primer término de manera verbal y luego por escrito, se le formuló a nombre de la ANEP y de la Junta Directiva de la Sección ANEP-Municipalidad de Heredia. Un escueto recado telefónico secretarial, a última hora, indicó de su ausencia a tal debate.

Este intercambio de ideas, promovido con gran responsabilidad y seriedad, para el fomento de la cultura cívica y con base en el gran respeto que merece la comunidad herediana de su cantón central, se realizará, según lo planeado, el próximo martes 23 de noviembre, a las 7 de la noche, en la Sala Magna del Liceo Nocturno Alfredo González Flores.

Ya confirmaron su participación, don Frank Alonso Mendoza Hernández, del Partido Acción Ciudadana (PAC); don Raúl Escalante Soto, de Restauración Herediana; así como la señora María Auxiliadora Alfaro Chacón, de Alianza Herediana.

A ambos distinguidos ciudadanos, así como a la distinguida ciudadana, aspirantes a la alcaldía de Heredia, ANEP les agradece su madurez política, la elegancia de aceptar debatir de cara al pueblo; así como la comprensión cabal de que la rendición de cuentas es un principio democrático fundamental hoy en día.

La posición del alcalde herediano, José Manuel Ulate Avendaño, contrasta con la de su copartidario y colega de San José, don Jhonny Araya Monge, quien sí se hizo presente a una actividad similar atendiendo convocatoria de la ANEP y de la Junta Directiva de la Seccional ANEP-Municipalidad de San José.

La cultura política del señor Araya Monge y su capacidad argumentativa le habilitó para debatir, en un marco de gran respeto y de tolerancia, con sus contrincantes de los otros partidos, en un debate de mucha altura y contenido, que tuvo lugar el pasado viernes 12 de noviembre.

Hacemos un llamado respetuoso a la prensa nacional y herediana, especialmente; así como a todas las fuerzas vivas y sociedad ciudadana del cantón central de la provincia florense, para que se hagan presentes en esta provechosa, educativa y necesaria actividad cívica.

Con especial énfasis, hacemos un llamado a los trabajadores y a las trabajadoras, personas ciudadanas heredianas, para que se han presente en la actividad mencionada.

Finalmente, la ANEP censura, fuertemente, la ausencia del señor alcalde Ulate Avendaño, sin ninguna explicación posible, a este relevante actividad de democracia cívica. Esto podría ser indicativo de una serie de debilidades de gestión que le se han venido imputando y que están llevando a muchas personas electoras del cantón central de Heredia a considerar otras opciones, según informes fehacientes y múltiples recabados por la ANEP.

San José, sábado 21 de noviembre de 2010.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General ANEP

El diputado del Frente Amplio, José María Villalta, pidió a la Presidenta de la República, Laura Chinchilla Miranda destituir al Lic. Jorge Walter Bolaños Rojas del cargo de Director representante del Gobierno de Costa Rica ante la Junta Directiva del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

El parlamentario hizo esa petición debido a que el Lic. Bolaños se encuentra moroso con el Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas de Costa Rica desde 1996, año en el que, según confirmó esa institución, dejó de pagar la cuota de afiliación y por lo tanto se encuentra en condición de “suspendido”. Así también aparece en el sitio electrónico de esa entidad, en la dirección: http://www.cpcecr.com/suspendidos.php

Según el diputado del Frente Amplio, al ejercer actualmente el cargo de Director en el BCIE, el Lic. Bolaños está incumpliendo los incisos a) y b) del Artículo 15 de la Ley N° 7105_ “Modificaciones a la Ley Orgánica del Colegio de Licenciados en Ciencias Económicas y Sociales (N° 4505)”,_ los cuales establecen que “solamente los miembros activos, los temporales, los asociados y los honorarios del Colegio podrán: a) Ejercer la profesión en los campos de competencia de las Ciencias Económicas, tanto en el sector público como en el sector privado. b) Ser nombrados en cargos, en entes o empresas públicas para los cuales se requieran conocimientos en materias propias de las Ciencias Económicas.”

“Como es de su conocimiento –dice el diputado Villalta a la Presidenta- el Frente Amplio está trabajando en la Asamblea Legislativa por llevar transparencia a, y democratizar, el ejercicio de la función pública. En este sentido nos parece inconveniente que la persona que representa los intereses de Costa Rica en el BCIE no esté a derecho con una obligación profesional básica, y que además este incumplimiento no se trate de un mero accidente o de una omisión coyuntural, sino que sea sostenido en el tiempo (por 14 años).”

Villalta también sugiere a la mandataria “reemplazarlo por una economista o un economista de los 26.000 que se encuentran afiliados y tienen su situación a derecho con el Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas de Costa Rica.”

El Lic. Bolaños también fue Ministro de Hacienda de la administración Pacheco (2000-2004) y Tesorero del Partido Liberación Nacional durante la última campaña electoral.

A la opinión pública nacional e internacional

En relación a la destrucción perpetrada por el dragado del Río San Juan y la invasión de tropas en Isla Calero, de Costa Rica

Los abajo firmantes, miembros del movimiento ecologista y ambientalista costarricense manifiestan:

Si bien:

1. Hemos criticado fuertemente las actividades contaminantes como la minería a cielo abierto en Crucitas y la expansión piñera incontrolada y sus consecuencias sobre los cuerpos de agua nacionales e internacionales. El dragado tiene que hacer reflexionar al país puesto que esa sedimentación en gran parte proviene de suelo costarricense gracias a dichas prácticas en nuestro territorio.

2. Previamente advertimos al Estado Costarricense acerca de la alta fragilidad ambiental de la cuenca, el litoral Caribe y su biodiversidad; y sobre los peligros y consecuencias que el dragado del río San Juan podría traer sobre ellas.

3. Nos pronunciamos insatisfechos por las explicaciones que el canciller René Castro ofreció a la Asamblea Legislativa respecto al tema.

4. Reconocimos la necesidad de los trabajos de dragado en el río San Juan, estos deben ser realizados luego de la presentación y aprobación de un EIA binacional que proteja la rica zona y cumpla la normativa internacional que ambos países suscribieron.

5. La presidenta de la República en un acto de completa ignorancia declaró la guerra a los grupos ambientalistas nacionales hace varios días.

Considerando que:

1- Los intereses de la Patria están por encima de diferencias.

2. Reconocemos el Tratado de Límites Cañas-Jerez entre Costa Rica y Nicaragua, suscrito en 1859 y laudos posteriores, donde se establece tanto la soberanía nicaragüense sobre el río San Juan, como la soberanía costarricense sobre Isla Calero.

3. Alzamos la voz por las comunidades fronterizas y su necesidad de ser prioritariamente atendidas por ambos gobiernos.

*4. * Costa Rica y Nicaragua han ratificado diversos convenios internacionales donde se comprometen a proteger la cuenca del río San Juan, tales como:

• – La Convención sobre el Derecho de Usos No Navegables de Cursos de Agua Internacionales de 1997
• – El Convenio Regional para el Manejo y Conservación de los Ecosistemas Naturales Forestales y el Desarrollo de Plantaciones Forestales, del Sistema de Integración Centroamericana (SICA) de 1996
• – La Declaración de Río sobre Ambiente y Desarrollo de 1992
• – La Declaración de Estocolmo sobre el Medio Humano de 1972
• – Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) de 1992
• – Convención RAMSAR

5. Los impactos sobre la biodiversidad y el bosque de la zona han resultado peores a lo advertido, dado el pésimo manejo que se le ha dado a los residuos dragados y la tala ilegal que se ha dado en Isla Calero.

6. Existe presencia militar no autorizada en territorio costarricense desde hace muchos días que se niega abandonarlo, a pesar la recomendación de la Organización de Estados Americanos (OEA).

7. El embajador nicaragüense ante la OEA, hizo referencia a la problemática ambiental como justificación de los desastres desatados.

8. La problemática ambiental no puede ni debe ser pretexto ni justifican la invasión de tropas foráneas a otra nación.

9. Entendemos que el actual conflicto tiene un origen de cálculo político oportunista, donde los pueblos costarricenses y nicaragüenses han resultado víctimas de ataques xenófobos.

Por lo tanto:

1- Manifestamos nuestro repudio a la destrucción, perpetrada por el ejército nicaragüense sobre territorio costarricense, en clara violación a los convenios supra-citados.

2- Exigimos al gobierno de Costa Rica que gestione las demandas internacionales pertinentes por daño ambiental en Isla Calero.

3- Consideramos importante el retiro del ejército nicaraguense de Isla Calero para que pueda iniciarse un proceso de diálogo que se convierta en herramienta para el mejoramiento de vida de las comunidades que habitan la zona.

4- Hacemos un llamado a los pueblos costarricenses y nicaragüenses a abandonar la apología del odio xenófobo ante conflictos de índole político.

5- Hacemos un llamado a ambos gobiernos para que se inicie un diálogo, no solamente en términos político fronterizos, sino también en pro de las comunidades fronterizas que sufren muchísima pobreza, para que junto con los demás sectores de nuestras sociedades, brindemos oportunidades de desarrollo sustentables para nuestras hermanas y hermanos.

6- Hacemos un llamado al pueblo costarricense a pronunciarse en los mismos términos.

7- Hacemos un llamado a los medios de comunicación para que de manera proactiva, divulguen a tiempo las advertencias que como sector ecologista y ambientalista lancemos a las autoridades con respecto a este y otros temas de importancia para Costa Rica, como lo hemos hecho anteriormente.

Costa Rica, 14 de noviembre de 2010

Federación Costarricense para la conservación del ambiente (FECON)
Unión Norte por la Vida (UNOVIDA)
Confraternidad Guanacasteca
Asociación Regional Centroamericana para el Agua y el Ambiente (ARCA)
Asociación Ecologísta de Trabajo Alternativo Comunitario (AETACO)
Comunidades ecologistas La Ceiba (Coecoceiba-AT)

Eva Carzo Vargas
Eli Roque Salas

(Invitamos a todas las organizaciones ambientales de Costa Rica a suscribir este comunicado)

Ver acuerdo de la Junta Directiva del IDA en ARCHIVOS ADJUNTOS en la columna derecha
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La Junta Directiva del Instituto de Desarrollo Agrario (IDA), presidida por Gerardo Vargas Rojas –actual presidente del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC)-, vendió una finca de propiedad estatal de poco menos de 7 hectáreas, en 10 mil 302 colones con cincuenta centavos, a la Corporación de Desarrollo Agrícola Del Monte S. A., en el año 2006, a pesar de que la comunidad de Berverly, Matama, Cantón Central de Limón, solicitó el terreno al IDA desde el año 2003, con el propósito de desarrollar un conjunto de obras comunales. (Ver copia de la escritura de traspaso adjunta).

A raíz de descubrir la venta realizada por el IDA a la Corporación Del Monte S.A., la Asociación de Desarrollo Integral de Beverly, compuesta por unas 400 personas, decidió tomar posesión de la finca mientras continuó con sus gestiones para revertir la entrega realizada a la compañía bananera, petición que incluyeron en una carta enviada a la Presidenta de la República, Laura Chinchilla el 2 de noviembre recién pasado.

No obstante, la reacción del Gobierno fue desalojar a las familias y detener a unas 20 personas que participaron en la toma de esta tierra. La Asociación de Desarrollo Integral de Beverly está compuesta por un alto número de mujeres jefas de hogar y de niñas y niños quienes necesitan el terreno para trasladar viviendas que corren grave riesgo de inundación y para construir obras comunales como una guardería, un salón multiuso e instalaciones para la práctica del deporte por las y los jóvenes de la comunidad.

“Esta venta de un terreno público realizada por el IDA, en tan solo diez mil colones, es una verdadera vergüenza y una burla de los derechos de la población que solo puede entenderse por el contubernio entre la poderosa transnacional bananera y la Junta Directiva del IDA de ese momento”, expresó el diputado Villalta. Por ello, el diputado del Frente Amplio dio a conocer que ha presentado un Recurso de Amparo contra el respectivo acuerdo de la Junta Directiva del IDA.

Villalta también instó a la Presidenta Chinchilla a “ponerse firmemente del lado de la dignidad y los derechos del pueblo costarricense, y de poner fin a transacciones como esta, que solo pueden calificarse como un abuso de poder con patrimonio que es del pueblo costarricense”.

Primero: Rechazamos todas las expresiones chauvinistas, xenofóbicas, de nacionalismos exacerbados que puedan esgrimirse por parte de los diversos sectores de poder de uno y de otro lado. Partimos de un concepto solidario de hermandad de clase, que nos indica que los pueblos costarricense y nicaragüense son pueblos hermanos, habitantes de naciones con un destino común más allá de la vinculación geográfica, pues se comparten herencias y trayectorias históricas, pese a las particularidades del desenvolvimiento sociopolítico y económico-cultural inherentes a cada país.

Segundo: Hacemos notar que estas controversias fronterizas aparecen en el escenario político de ambos países, de manera recurrente; cuando no son alimentadas de un lado, lo son del otro; y dan fundamento para desconfiar de las verdaderas intenciones promotoras de las problemáticas limítrofes que se esgrimen en cada circunstancia. Más bien pareciera que, en uno u en otro caso, según la coyuntura, los gobiernos de turno acuden a este expediente para desviar la atención de sus respectivas poblaciones de situaciones internas de mayor impacto.

Tercero: Ambos gobiernos deberían ceder en lo fundamental para crear un clima de paz, de concordia, de lazos fraternos y de proyectos conjuntos. Por ejemplo, deberían darse mínimas concesiones mutuas para empezar a construir soluciones definitivas. Al respecto, así como el gobierno tico exige el retiro de tropas nicaragüenses del territorio en supuesta controversia, tesis que nosotros apoyamos; no es menos válida la tesis nica de que se debe proceder, con urgencia, a un sistemático proceso de amojonamiento de la frontera entre ambos países.

Cuarto: Si no es posible un acuerdo bilateral sólido en el marco de esos lazos históricos y fraternos entre ambos pueblos, desearíamos que el sistema interamericano funcionara en esta ocasión. Sin embargo, la Organización de Estados Americanos (OEA), está sumamente desprestigiada y ha perdido mucha credibilidad ante los pueblos de la región.

Quinto: Un tercer Estado, con suficiente credibilidad para ambas partes, en función mediadora, podría ser la alternativa en caso de que la OEA, una vez, demuestre que no sirve para nada.

Sexto: Reconocemos el gran aporte que a la actividad productiva costarricense, dan los miles de trabajadores y de trabajadoras de Nicaragua que han migrado a nuestro país en busca de mejores oportunidades. Estamos a favor del pleno respecto de sus derechos, en todos los ámbitos, en cuanto clase trabajadora y censuramos las contrataciones laborales al margen de la ley y que se manifiestan en muchos casos por parte de patronos costarricenses que inescrupulosamente les sobreexplotan, generando así graves perjuicios a nuestro Sistema de Seguridad Social, en especial, a la propia Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

Sétimo: Precisamente, en aras de atacar tal violación de derechos laborales y sociales, recientemente ha entrado a operar un convenio entre la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) y el Frente Nacional de Trabajadores (FNT) de la hermana República de Nicaragua, para promover que la mano de obra nicaragüense sea tratada en suelo nacional bajo los conceptos del Trabajo Decente pregonados por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), postulados que ambos estados deben observar rigurosamente.

Octavo: Estamos en contra del escalonamiento de esta controversia limítrofe porque su agravamiento, en cualesquiera de las formas en que se manifieste, hará que las mayores consecuencias las paguen los pueblos de los dos países. Estamos por la paz entre ambos pueblos, por el respeto pleno a cada soberanía y por el desarrollo de proyectos compartidos que afiancen más la unidad entre las dos naciones.

San José, lunes 8 de noviembre de 2010.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General ANEP

A nuestra distinguida afiliación anepista

A los compañeros y a las compañeras dirigentes de las seccionales

A los compañeros delegados y a las compañeras delegadas

Mensaje de la Junta Directiva Nacional (JDN) de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)

Con relación al dolor nacional que el país está experimentando por las graves consecuencias derivadas de la tormenta tropical Thomas; en su sesión de la fecha, No. 1900, de carácter ordinaria y celebrada el día viernes 5 de noviembre de 2010, la Junta Directiva Nacional (JDN) de la ANEP tomó el Acuerdo Firme y Unánime que se comparte a continuación:

PRIMERO: ANEP hace manifestación expresa y pública de su sentimiento de solidaridad para con las personas familiares de quienes perdieron la vida por tal razón, dejando constancia por esta vía de las más sentidas condolencias de la agrupación por tal circunstancia.

SEGUNDO: ANEP a través de sus organismos de base, conocerá, tramitará y resolverá, en la medida de sus propias posibilidades financieras, ayudas solidarias para compañeros y para compañeras anepistas que estén en situación precaria a raíz de esta tragedia. Habrá un pormenorizado informa de rendición de cuentas al respecto. No se aportarán dineros para actividades gremiales de corte social con ocasión de la época de fin de año, debiéndose rechazar, por espíritu solidario y de identificación con nuestros hermanos y nuestras hermanas de clase que están sufriendo, peticiones en tal sentido recibidas o por recibirse. Ni siquiera para la propia actividad institucional de la organización habrá apoyo en tal sentido.

TERCERO: ANEP solicita a las diferentes seccionales y comités de enlace, organizar, en sus respectivos radios de acción laboral-institucional, colectas de acopio de víveres esenciales y de materiales fundamentales para labores de rescate; y que, una vez realizadas estas colectas, se entreguen, directamente, en los propios centros de albergue de personas damnificadas. Particularmente se recomienda gestionar donativos de agua embotellada, refrescos, jugos, galletas, leche líquida de larga duración, alcohol en gel, bolsas de basura, toallas sanitarias, pañales desechables, mantillas, colchas, cobijas, paños, jabón de baño, jabón en polvo, papel higiénico, pastas, focos, linternas, pilas para focos, chupones. También las personas socorristas necesitan de, al menos, botas, capas y guantes. La organización podrá valorar colaborar en la provisión del transporte para tal fin en la medida de sus posibilidades, aunque tal transporte debe ser gestionado como parte de la acción solidaria que implica toda esta situación.

CUARTO: ANEP cree preciso que una vez pasada la coyuntura en su plano de inmediata urgencia, se debe formular un emplazamiento político directo a las esferas de poder, especialmente al propio Gobierno de la República, acerca de una serie de temas relacionados con la prevención y atención de desastres; aspecto éste que está mostrando graves debilidades, omisiones y altos riesgos que, ante la fatalidad de un evento natural de mayor envergadura, estaría generando gigantescos efectos catastróficos con incrementos sensibles en el número de pérdida de vidas humanas y de bienes materiales, tanto públicos como privados. El país está mostrando, en estas circunstancias, graves vulnerabilidades que tienen que ver con desregulaciones abusivas, laxitud en los controles de construcción y de protección de la ecología y el ambiente; enormes dificultades para la gente del pueblo de construir viviendas sólidas y en lugares seguros; así como impactantes inoperancias, con corrupciones abiertas, en materia de infraestructura vial que, entre otras cosas, implican efectos perversos para la producción y la comercialización nacionales.

QUINTO: ANEP estima que en materia de atención de prevención y atención de riesgos en situaciones de emergencia, se debe abrir todo un campo de atención y de abordaje psicosocial como parte de la estructura institucional de la política pública dedicada a tal fin. Las personas que sufren por la pérdida de seres queridos y de sus bienes materiales, son seres humanos que merecen una atención integral para enfrentar el dolor, elaborar esas pérdidas y armarse, psicoemocionalmente, para seguir adelante. Personal profesional de las Ciencias Sociales con ámbito interventor directo en estas situaciones, deben formar parte de la planilla pública de atención de las emergencias.

SEXTO: ANEP estima que, para esta situación específica, las personas trabajadoras profesionales en Trabajo Social, Psicología y Sociología, por ejemplo, a las cuales se les paga Dedicación Exclusiva, debe posibilitárseles cooperar, solidaria y gratuitamente, en su tiempo libre ayudando a las personas en situación difícil por la circunstancia comentada; de modo tal que en sus respectivas instituciones laborales no reciban amonestaciones, persecuciones, llamadas de atención o aperturas de procedimientos por esa circunstancia del “impedimento” del pago de la Dedicación Exclusiva. La ANEP se dirigirá, inmediatamente, en carta, a la propia primera mandataria del país para que se emita una directriz al respecto mientras dure la propia emergencia y el período inmediato posterior a la misma.

SÉTIMO: ANEP estima que las municipalidades deben realizar un profundo proceso de revisión interna acerca de la efectividad actual de su papel en la protección del entorno de la ciudadanía habitante de las comunidades de sus respectivos cantones; para determinar cuán deteriorado puede estar ese papel y que hace más dramáticos los embates de la naturaleza. Esa revisión abarca, por ejemplo, los planes reguladores, las debilidades de control, las facilidades permisionarias demasiadamente laxas, el tráfico de influencias y hasta la corrupción abierta en ciertos casos; se conjugan como un coctel explosivo en contra de la vida humana y de los bienes de las personas en situaciones como éstas. Por otra parte, la capacitación estratégica de su personal para corregir lo anotado y para la misma circunstancia de enfrentar estas situaciones de emergencias, se hace más evidente todavía.

OCTAVO: ANEP hace público su reconocimiento, expresa su gran respeto y muestra su admiración, por la gran labor de rescate que, no solamente en la localidad de mayor crisis, sino en todo el país, realizan servidores públicos como los y las integrantes de la Fuerza Pública, del cuerpo de bomberos, de cuadrillas municipales de trabajadores de campo y de soporte logístico-administrativo; del personal de la Salud, de la Cruz Roja, de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), del ICE, del A y A , de la Caja, del IMAS y del PANI entre otros sectores cooperantes en esta labor humanitaria. Se muestra así la altísima vigencia de la importancia de los servicios públicos estatales para las labores solidarias y de emergencia que se presentan en nuestra nación. ¡Felicitaciones a todos y a todas las personas trabajadoras que están en esta cruzada humanista y solidaria!

JUNTA DIRECTIVA
ASOCIACIÓN NACIONAL DE EMPLEADOS PÚBLICOS Y PRIVADOS
ANEP

Luis Carlos Amador Brenes
Ronald Barrantes Moya
Emma Chacón Alvarado
Ana Luis Cinco Quesada
Inés Delgado Castro
Enrique Jara Camacho
Guillermo Keith Bonilla
Lydia Lacayo Mena
María Eugenia Martínez Vargas
Edgar Morales Quesada
Laura Morúa Calvo
Hazel Pérez Madrigal
Isabel Portuguez Quesada
Andrea Retana Rodríguez
Luis Rivas Quirós
Sonia Vargas Araya
Albino Vargas Barrantes

¡Volquémonos hacia la Solidaridad!