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El diputado del Frente Amplio, José María Villalta, pidió a la Presidenta de la República, Laura Chinchilla Miranda destituir al Lic. Jorge Walter Bolaños Rojas del cargo de Director representante del Gobierno de Costa Rica ante la Junta Directiva del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

El parlamentario hizo esa petición debido a que el Lic. Bolaños se encuentra moroso con el Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas de Costa Rica desde 1996, año en el que, según confirmó esa institución, dejó de pagar la cuota de afiliación y por lo tanto se encuentra en condición de “suspendido”. Así también aparece en el sitio electrónico de esa entidad, en la dirección: http://www.cpcecr.com/suspendidos.php

Según el diputado del Frente Amplio, al ejercer actualmente el cargo de Director en el BCIE, el Lic. Bolaños está incumpliendo los incisos a) y b) del Artículo 15 de la Ley N° 7105_ “Modificaciones a la Ley Orgánica del Colegio de Licenciados en Ciencias Económicas y Sociales (N° 4505)”,_ los cuales establecen que “solamente los miembros activos, los temporales, los asociados y los honorarios del Colegio podrán: a) Ejercer la profesión en los campos de competencia de las Ciencias Económicas, tanto en el sector público como en el sector privado. b) Ser nombrados en cargos, en entes o empresas públicas para los cuales se requieran conocimientos en materias propias de las Ciencias Económicas.”

“Como es de su conocimiento –dice el diputado Villalta a la Presidenta- el Frente Amplio está trabajando en la Asamblea Legislativa por llevar transparencia a, y democratizar, el ejercicio de la función pública. En este sentido nos parece inconveniente que la persona que representa los intereses de Costa Rica en el BCIE no esté a derecho con una obligación profesional básica, y que además este incumplimiento no se trate de un mero accidente o de una omisión coyuntural, sino que sea sostenido en el tiempo (por 14 años).”

Villalta también sugiere a la mandataria “reemplazarlo por una economista o un economista de los 26.000 que se encuentran afiliados y tienen su situación a derecho con el Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas de Costa Rica.”

El Lic. Bolaños también fue Ministro de Hacienda de la administración Pacheco (2000-2004) y Tesorero del Partido Liberación Nacional durante la última campaña electoral.

A la opinión pública nacional e internacional

En relación a la destrucción perpetrada por el dragado del Río San Juan y la invasión de tropas en Isla Calero, de Costa Rica

Los abajo firmantes, miembros del movimiento ecologista y ambientalista costarricense manifiestan:

Si bien:

1. Hemos criticado fuertemente las actividades contaminantes como la minería a cielo abierto en Crucitas y la expansión piñera incontrolada y sus consecuencias sobre los cuerpos de agua nacionales e internacionales. El dragado tiene que hacer reflexionar al país puesto que esa sedimentación en gran parte proviene de suelo costarricense gracias a dichas prácticas en nuestro territorio.

2. Previamente advertimos al Estado Costarricense acerca de la alta fragilidad ambiental de la cuenca, el litoral Caribe y su biodiversidad; y sobre los peligros y consecuencias que el dragado del río San Juan podría traer sobre ellas.

3. Nos pronunciamos insatisfechos por las explicaciones que el canciller René Castro ofreció a la Asamblea Legislativa respecto al tema.

4. Reconocimos la necesidad de los trabajos de dragado en el río San Juan, estos deben ser realizados luego de la presentación y aprobación de un EIA binacional que proteja la rica zona y cumpla la normativa internacional que ambos países suscribieron.

5. La presidenta de la República en un acto de completa ignorancia declaró la guerra a los grupos ambientalistas nacionales hace varios días.

Considerando que:

1- Los intereses de la Patria están por encima de diferencias.

2. Reconocemos el Tratado de Límites Cañas-Jerez entre Costa Rica y Nicaragua, suscrito en 1859 y laudos posteriores, donde se establece tanto la soberanía nicaragüense sobre el río San Juan, como la soberanía costarricense sobre Isla Calero.

3. Alzamos la voz por las comunidades fronterizas y su necesidad de ser prioritariamente atendidas por ambos gobiernos.

*4. * Costa Rica y Nicaragua han ratificado diversos convenios internacionales donde se comprometen a proteger la cuenca del río San Juan, tales como:

• – La Convención sobre el Derecho de Usos No Navegables de Cursos de Agua Internacionales de 1997
• – El Convenio Regional para el Manejo y Conservación de los Ecosistemas Naturales Forestales y el Desarrollo de Plantaciones Forestales, del Sistema de Integración Centroamericana (SICA) de 1996
• – La Declaración de Río sobre Ambiente y Desarrollo de 1992
• – La Declaración de Estocolmo sobre el Medio Humano de 1972
• – Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) de 1992
• – Convención RAMSAR

5. Los impactos sobre la biodiversidad y el bosque de la zona han resultado peores a lo advertido, dado el pésimo manejo que se le ha dado a los residuos dragados y la tala ilegal que se ha dado en Isla Calero.

6. Existe presencia militar no autorizada en territorio costarricense desde hace muchos días que se niega abandonarlo, a pesar la recomendación de la Organización de Estados Americanos (OEA).

7. El embajador nicaragüense ante la OEA, hizo referencia a la problemática ambiental como justificación de los desastres desatados.

8. La problemática ambiental no puede ni debe ser pretexto ni justifican la invasión de tropas foráneas a otra nación.

9. Entendemos que el actual conflicto tiene un origen de cálculo político oportunista, donde los pueblos costarricenses y nicaragüenses han resultado víctimas de ataques xenófobos.

Por lo tanto:

1- Manifestamos nuestro repudio a la destrucción, perpetrada por el ejército nicaragüense sobre territorio costarricense, en clara violación a los convenios supra-citados.

2- Exigimos al gobierno de Costa Rica que gestione las demandas internacionales pertinentes por daño ambiental en Isla Calero.

3- Consideramos importante el retiro del ejército nicaraguense de Isla Calero para que pueda iniciarse un proceso de diálogo que se convierta en herramienta para el mejoramiento de vida de las comunidades que habitan la zona.

4- Hacemos un llamado a los pueblos costarricenses y nicaragüenses a abandonar la apología del odio xenófobo ante conflictos de índole político.

5- Hacemos un llamado a ambos gobiernos para que se inicie un diálogo, no solamente en términos político fronterizos, sino también en pro de las comunidades fronterizas que sufren muchísima pobreza, para que junto con los demás sectores de nuestras sociedades, brindemos oportunidades de desarrollo sustentables para nuestras hermanas y hermanos.

6- Hacemos un llamado al pueblo costarricense a pronunciarse en los mismos términos.

7- Hacemos un llamado a los medios de comunicación para que de manera proactiva, divulguen a tiempo las advertencias que como sector ecologista y ambientalista lancemos a las autoridades con respecto a este y otros temas de importancia para Costa Rica, como lo hemos hecho anteriormente.

Costa Rica, 14 de noviembre de 2010

Federación Costarricense para la conservación del ambiente (FECON)
Unión Norte por la Vida (UNOVIDA)
Confraternidad Guanacasteca
Asociación Regional Centroamericana para el Agua y el Ambiente (ARCA)
Asociación Ecologísta de Trabajo Alternativo Comunitario (AETACO)
Comunidades ecologistas La Ceiba (Coecoceiba-AT)

Eva Carzo Vargas
Eli Roque Salas

(Invitamos a todas las organizaciones ambientales de Costa Rica a suscribir este comunicado)

Ver acuerdo de la Junta Directiva del IDA en ARCHIVOS ADJUNTOS en la columna derecha
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La Junta Directiva del Instituto de Desarrollo Agrario (IDA), presidida por Gerardo Vargas Rojas –actual presidente del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC)-, vendió una finca de propiedad estatal de poco menos de 7 hectáreas, en 10 mil 302 colones con cincuenta centavos, a la Corporación de Desarrollo Agrícola Del Monte S. A., en el año 2006, a pesar de que la comunidad de Berverly, Matama, Cantón Central de Limón, solicitó el terreno al IDA desde el año 2003, con el propósito de desarrollar un conjunto de obras comunales. (Ver copia de la escritura de traspaso adjunta).

A raíz de descubrir la venta realizada por el IDA a la Corporación Del Monte S.A., la Asociación de Desarrollo Integral de Beverly, compuesta por unas 400 personas, decidió tomar posesión de la finca mientras continuó con sus gestiones para revertir la entrega realizada a la compañía bananera, petición que incluyeron en una carta enviada a la Presidenta de la República, Laura Chinchilla el 2 de noviembre recién pasado.

No obstante, la reacción del Gobierno fue desalojar a las familias y detener a unas 20 personas que participaron en la toma de esta tierra. La Asociación de Desarrollo Integral de Beverly está compuesta por un alto número de mujeres jefas de hogar y de niñas y niños quienes necesitan el terreno para trasladar viviendas que corren grave riesgo de inundación y para construir obras comunales como una guardería, un salón multiuso e instalaciones para la práctica del deporte por las y los jóvenes de la comunidad.

“Esta venta de un terreno público realizada por el IDA, en tan solo diez mil colones, es una verdadera vergüenza y una burla de los derechos de la población que solo puede entenderse por el contubernio entre la poderosa transnacional bananera y la Junta Directiva del IDA de ese momento”, expresó el diputado Villalta. Por ello, el diputado del Frente Amplio dio a conocer que ha presentado un Recurso de Amparo contra el respectivo acuerdo de la Junta Directiva del IDA.

Villalta también instó a la Presidenta Chinchilla a “ponerse firmemente del lado de la dignidad y los derechos del pueblo costarricense, y de poner fin a transacciones como esta, que solo pueden calificarse como un abuso de poder con patrimonio que es del pueblo costarricense”.

Primero: Rechazamos todas las expresiones chauvinistas, xenofóbicas, de nacionalismos exacerbados que puedan esgrimirse por parte de los diversos sectores de poder de uno y de otro lado. Partimos de un concepto solidario de hermandad de clase, que nos indica que los pueblos costarricense y nicaragüense son pueblos hermanos, habitantes de naciones con un destino común más allá de la vinculación geográfica, pues se comparten herencias y trayectorias históricas, pese a las particularidades del desenvolvimiento sociopolítico y económico-cultural inherentes a cada país.

Segundo: Hacemos notar que estas controversias fronterizas aparecen en el escenario político de ambos países, de manera recurrente; cuando no son alimentadas de un lado, lo son del otro; y dan fundamento para desconfiar de las verdaderas intenciones promotoras de las problemáticas limítrofes que se esgrimen en cada circunstancia. Más bien pareciera que, en uno u en otro caso, según la coyuntura, los gobiernos de turno acuden a este expediente para desviar la atención de sus respectivas poblaciones de situaciones internas de mayor impacto.

Tercero: Ambos gobiernos deberían ceder en lo fundamental para crear un clima de paz, de concordia, de lazos fraternos y de proyectos conjuntos. Por ejemplo, deberían darse mínimas concesiones mutuas para empezar a construir soluciones definitivas. Al respecto, así como el gobierno tico exige el retiro de tropas nicaragüenses del territorio en supuesta controversia, tesis que nosotros apoyamos; no es menos válida la tesis nica de que se debe proceder, con urgencia, a un sistemático proceso de amojonamiento de la frontera entre ambos países.

Cuarto: Si no es posible un acuerdo bilateral sólido en el marco de esos lazos históricos y fraternos entre ambos pueblos, desearíamos que el sistema interamericano funcionara en esta ocasión. Sin embargo, la Organización de Estados Americanos (OEA), está sumamente desprestigiada y ha perdido mucha credibilidad ante los pueblos de la región.

Quinto: Un tercer Estado, con suficiente credibilidad para ambas partes, en función mediadora, podría ser la alternativa en caso de que la OEA, una vez, demuestre que no sirve para nada.

Sexto: Reconocemos el gran aporte que a la actividad productiva costarricense, dan los miles de trabajadores y de trabajadoras de Nicaragua que han migrado a nuestro país en busca de mejores oportunidades. Estamos a favor del pleno respecto de sus derechos, en todos los ámbitos, en cuanto clase trabajadora y censuramos las contrataciones laborales al margen de la ley y que se manifiestan en muchos casos por parte de patronos costarricenses que inescrupulosamente les sobreexplotan, generando así graves perjuicios a nuestro Sistema de Seguridad Social, en especial, a la propia Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

Sétimo: Precisamente, en aras de atacar tal violación de derechos laborales y sociales, recientemente ha entrado a operar un convenio entre la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) y el Frente Nacional de Trabajadores (FNT) de la hermana República de Nicaragua, para promover que la mano de obra nicaragüense sea tratada en suelo nacional bajo los conceptos del Trabajo Decente pregonados por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), postulados que ambos estados deben observar rigurosamente.

Octavo: Estamos en contra del escalonamiento de esta controversia limítrofe porque su agravamiento, en cualesquiera de las formas en que se manifieste, hará que las mayores consecuencias las paguen los pueblos de los dos países. Estamos por la paz entre ambos pueblos, por el respeto pleno a cada soberanía y por el desarrollo de proyectos compartidos que afiancen más la unidad entre las dos naciones.

San José, lunes 8 de noviembre de 2010.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General ANEP

A nuestra distinguida afiliación anepista

A los compañeros y a las compañeras dirigentes de las seccionales

A los compañeros delegados y a las compañeras delegadas

Mensaje de la Junta Directiva Nacional (JDN) de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)

Con relación al dolor nacional que el país está experimentando por las graves consecuencias derivadas de la tormenta tropical Thomas; en su sesión de la fecha, No. 1900, de carácter ordinaria y celebrada el día viernes 5 de noviembre de 2010, la Junta Directiva Nacional (JDN) de la ANEP tomó el Acuerdo Firme y Unánime que se comparte a continuación:

PRIMERO: ANEP hace manifestación expresa y pública de su sentimiento de solidaridad para con las personas familiares de quienes perdieron la vida por tal razón, dejando constancia por esta vía de las más sentidas condolencias de la agrupación por tal circunstancia.

SEGUNDO: ANEP a través de sus organismos de base, conocerá, tramitará y resolverá, en la medida de sus propias posibilidades financieras, ayudas solidarias para compañeros y para compañeras anepistas que estén en situación precaria a raíz de esta tragedia. Habrá un pormenorizado informa de rendición de cuentas al respecto. No se aportarán dineros para actividades gremiales de corte social con ocasión de la época de fin de año, debiéndose rechazar, por espíritu solidario y de identificación con nuestros hermanos y nuestras hermanas de clase que están sufriendo, peticiones en tal sentido recibidas o por recibirse. Ni siquiera para la propia actividad institucional de la organización habrá apoyo en tal sentido.

TERCERO: ANEP solicita a las diferentes seccionales y comités de enlace, organizar, en sus respectivos radios de acción laboral-institucional, colectas de acopio de víveres esenciales y de materiales fundamentales para labores de rescate; y que, una vez realizadas estas colectas, se entreguen, directamente, en los propios centros de albergue de personas damnificadas. Particularmente se recomienda gestionar donativos de agua embotellada, refrescos, jugos, galletas, leche líquida de larga duración, alcohol en gel, bolsas de basura, toallas sanitarias, pañales desechables, mantillas, colchas, cobijas, paños, jabón de baño, jabón en polvo, papel higiénico, pastas, focos, linternas, pilas para focos, chupones. También las personas socorristas necesitan de, al menos, botas, capas y guantes. La organización podrá valorar colaborar en la provisión del transporte para tal fin en la medida de sus posibilidades, aunque tal transporte debe ser gestionado como parte de la acción solidaria que implica toda esta situación.

CUARTO: ANEP cree preciso que una vez pasada la coyuntura en su plano de inmediata urgencia, se debe formular un emplazamiento político directo a las esferas de poder, especialmente al propio Gobierno de la República, acerca de una serie de temas relacionados con la prevención y atención de desastres; aspecto éste que está mostrando graves debilidades, omisiones y altos riesgos que, ante la fatalidad de un evento natural de mayor envergadura, estaría generando gigantescos efectos catastróficos con incrementos sensibles en el número de pérdida de vidas humanas y de bienes materiales, tanto públicos como privados. El país está mostrando, en estas circunstancias, graves vulnerabilidades que tienen que ver con desregulaciones abusivas, laxitud en los controles de construcción y de protección de la ecología y el ambiente; enormes dificultades para la gente del pueblo de construir viviendas sólidas y en lugares seguros; así como impactantes inoperancias, con corrupciones abiertas, en materia de infraestructura vial que, entre otras cosas, implican efectos perversos para la producción y la comercialización nacionales.

QUINTO: ANEP estima que en materia de atención de prevención y atención de riesgos en situaciones de emergencia, se debe abrir todo un campo de atención y de abordaje psicosocial como parte de la estructura institucional de la política pública dedicada a tal fin. Las personas que sufren por la pérdida de seres queridos y de sus bienes materiales, son seres humanos que merecen una atención integral para enfrentar el dolor, elaborar esas pérdidas y armarse, psicoemocionalmente, para seguir adelante. Personal profesional de las Ciencias Sociales con ámbito interventor directo en estas situaciones, deben formar parte de la planilla pública de atención de las emergencias.

SEXTO: ANEP estima que, para esta situación específica, las personas trabajadoras profesionales en Trabajo Social, Psicología y Sociología, por ejemplo, a las cuales se les paga Dedicación Exclusiva, debe posibilitárseles cooperar, solidaria y gratuitamente, en su tiempo libre ayudando a las personas en situación difícil por la circunstancia comentada; de modo tal que en sus respectivas instituciones laborales no reciban amonestaciones, persecuciones, llamadas de atención o aperturas de procedimientos por esa circunstancia del “impedimento” del pago de la Dedicación Exclusiva. La ANEP se dirigirá, inmediatamente, en carta, a la propia primera mandataria del país para que se emita una directriz al respecto mientras dure la propia emergencia y el período inmediato posterior a la misma.

SÉTIMO: ANEP estima que las municipalidades deben realizar un profundo proceso de revisión interna acerca de la efectividad actual de su papel en la protección del entorno de la ciudadanía habitante de las comunidades de sus respectivos cantones; para determinar cuán deteriorado puede estar ese papel y que hace más dramáticos los embates de la naturaleza. Esa revisión abarca, por ejemplo, los planes reguladores, las debilidades de control, las facilidades permisionarias demasiadamente laxas, el tráfico de influencias y hasta la corrupción abierta en ciertos casos; se conjugan como un coctel explosivo en contra de la vida humana y de los bienes de las personas en situaciones como éstas. Por otra parte, la capacitación estratégica de su personal para corregir lo anotado y para la misma circunstancia de enfrentar estas situaciones de emergencias, se hace más evidente todavía.

OCTAVO: ANEP hace público su reconocimiento, expresa su gran respeto y muestra su admiración, por la gran labor de rescate que, no solamente en la localidad de mayor crisis, sino en todo el país, realizan servidores públicos como los y las integrantes de la Fuerza Pública, del cuerpo de bomberos, de cuadrillas municipales de trabajadores de campo y de soporte logístico-administrativo; del personal de la Salud, de la Cruz Roja, de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), del ICE, del A y A , de la Caja, del IMAS y del PANI entre otros sectores cooperantes en esta labor humanitaria. Se muestra así la altísima vigencia de la importancia de los servicios públicos estatales para las labores solidarias y de emergencia que se presentan en nuestra nación. ¡Felicitaciones a todos y a todas las personas trabajadoras que están en esta cruzada humanista y solidaria!

JUNTA DIRECTIVA
ASOCIACIÓN NACIONAL DE EMPLEADOS PÚBLICOS Y PRIVADOS
ANEP

Luis Carlos Amador Brenes
Ronald Barrantes Moya
Emma Chacón Alvarado
Ana Luis Cinco Quesada
Inés Delgado Castro
Enrique Jara Camacho
Guillermo Keith Bonilla
Lydia Lacayo Mena
María Eugenia Martínez Vargas
Edgar Morales Quesada
Laura Morúa Calvo
Hazel Pérez Madrigal
Isabel Portuguez Quesada
Andrea Retana Rodríguez
Luis Rivas Quirós
Sonia Vargas Araya
Albino Vargas Barrantes

¡Volquémonos hacia la Solidaridad!

Nota de la redacción:

Felicitamos a todos los y las trabajadoras afiliadas nuestras, que como tales, se han incorporado de diversas formas a las tareas de rescate y apoyo en las labores humanitarias en las zonas afectadas por las inundaciones y derrumbes.

Trabajadores y trabajadoras municipales, de Acueductos y Alcantarillados, de la Fuerza Pública, de Centros de Salud del Ministerio de Salud, y tantas otras instituciones, especialmente de las zonas de Santa Ana y Escazú.

Les felicitamos y nos mantenemos en coordinación.
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El Banco Popular, el banco de los y las trabajadoras abrió una cuenta especial para colaborar con las personas afectadas por las inundaciones, consulte en cualquier agencia.
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Primero: Dejamos constancia de un sincero y profundo sentimiento de solidaridad para que las personas que han perdido a seres queridos; de solidaridad con quienes han visto afectadas sus propias vidas, viviendas y pertenencias; con quienes están sufriendo en estos momentos por esta verdadera tragedia.

Segundo: Hacemos un vehemente llamado a todas las personas trabajadoras, al propio pueblo, para que nos volquemos hacia la más absoluta solidaridad con los hermanos y con las hermanas, compatriotas todos y todas que en estos momentos viven congojas, penurias, dolor e incertidumbre. Apelamos a esos valores profundos de nuestra nacionalidad, como el humanismo cristiano, la promoción del bien común, el desvelo por los que menos tienen; valores que el egoísmo concentrador de riqueza pretende quitarnos.

Cuarto: Lamentablemente, en estas duras pruebas a que nos somete la Naturaleza, son, por lo general, “los de abajo” quienes resultan más perjudicados: personas trabajadoras de bajos ingresos, gente que labra el campo, gente desempleada, gente que depende de la ayuda solidaria del Estado para vivir; en fin… la gente humilde es a la que siempre le toca la cuota de mayor sacrificio.

Tercero: Ante esta grave emergencia y dada la “escasez” de recursos públicos para enfrentarla como se debe, Gobierno de la República y, particularmente, la señora Presidenta de la República, doña Laura Chinchilla Miranda, tienen que impulsar agresivas medidas para allegar recursos frescos a las arcas públicas e impulsar con inquebrantable firmeza, la transformación tributaria estructural que pide a gritos la sociedad, ante los indicadores contundentes de que “los de arriba” se enriquecen más y más rápido pero son cada vez menos; mientras que “los de abajo” se empobrecen más, más aceleradamente y cada vez son más. Es inaceptable que sea el propio Ministro de Hacienda quien diga que “las leyes están hechas para favorecer la evasión” y que no se haga nada al respecto. Permanecer sin actuar, en tal sentido, es un crimen social inadmisible.

San José, jueves 4 de noviembre de 2010.

Albino Vargas Barrantes
Presidente
Central Social Juanito Mora Porras

Secretario General
Asociación Nacional de Empleados públicos y Privados
ANEP

Sinopsis en ARCHIVOS ADJUNTOS en la columna derecha
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Nuestro constante señalamiento en la materia se confirma de manera incuestionable por el Estado de la Nación en su décimo sexto informe.

Los ricos, cada vez más ricos, son cada vez menos…
Los pobres, cada vez más pobres, son cada vez más.

La clase media viaja hacia su extinción por la ruta de la proletarización

Los datos son contundentes. Cruelmente irrefutables. Nuestro constante señalamiento crítico al respecto se convierte en una tesis incontrovertible. El problema número uno de la sociedad costarricense es la creciente desigualdad y, por ende, su corolario directo, la concentración abusiva de la riqueza.

Los datos que arrojó el décimo sexto informe del Estado de la Nación, son apabullantes. Durante el año 2009, los hogares más ricos experimentaron un crecimiento real de 11.6 % en sus ingresos. Por el contrario, la gente de los hogares más pobres, sufrió un decrecimiento en sus ingresos de 6.9 %.

Indudablemente que dentro de los hogares más pobres está la gigantesca cifra de personas trabajadoras asalariadas que, a pesar tener la “suerte” de contar con un empleo formal, devengan un salario inferior o levemente superior al mínimo de ley; sin hablar de aquellas personas trabajadoras asalariadas a las que ni siquiera se les paga ese mínimo de ley, ya de por sí escandalosamente bajo. Más de medio millón de personas y sus familias están en esta situación precaria.

Igualmente de dramática es la situación de familias que todavía pueden considerarse en los sectores medios de la clasificación de ingresos, con reajustes salariales insuficientes que, por un lado, las obligó a caer en el alto endeudamiento para intentar, vanamente, escapar de la pobreza; pero, por otro, les conduce hacia su extinción en cuanto sectores medios por la ruta de la proletarización.

Y ni hablar de las personas trabajadoras por cuenta propia, las que se desenvuelven en el mercado informal. Su situación está llegando a niveles insostenibles, para así aportar a ese coctel explosivo socialmente hablando que representan las cifras dadas por el XVI Informe del Estado de la Nación.

Según éste, 2009 fue un año de brutal empobrecimiento para las mayorías populares del país, algo que no se notaba, con tanto dramatismo, desde el año 1987, pero que expresa una línea sistemática que potencia, año con año, la exclusión social en varias dimensiones.

Gigantesco desafío le revienta en la cara a la Presidente de la República, doña Laura Chinchilla Miranda y a su propio gobierno. Si no impulsa drásticas medidas en varios órdenes, su administración dejará mayores niveles de pobreza y de exclusión social, ya de por sí bastantes altos dejados por la gestión gubernativa anterior, de los hermanos Arias Sánchez, si lo vemos a la luz del informe en comentario; informe que está altamente calificado y que conserva gran credibilidad en los más diversos sectores de la sociedad.

Gigantesco desafío también lo es para todas las fuerzas laborales, sociales, cívicas y patrióticas que quedamos obligadas al más profundo proceso de revisión interna para que, con unidad en medio de tanta diversidad, podamos enfrentar las injusticias que conlleva el acelerado proceso de desdibujamiento de la Costa Rica solidaria que una vez fuimos.

San José, martes 2 de noviembre de 2010.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados, ANEP

Presidente
Central Social Juanito Mora Porras, CSJMP

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Ver todo el informe AQUI