ALTERRA se retira con impunidad

Partido Acción Ciudadana (PAC)
Partido Frente Amplio (FA)
Partido Movimiento Libertario (ML)
Partido Accesibilidad sin Exclusión (PASE)
Ciudadanos defensores del interés nacional

Miércoles 29 de octubre del 2008

Comunicado de Prensa

El pasado jueves 23 de octubre, diecisiete diputados de las fracciones legislativas del PAC, ML, PASE y FA, lo mismo que cinco ciudadanos de distinguida trayectoria en el ejercicio de la función pública, impugnaron la resolución emitida por la División de Contratación Administrativa de la CGR que aceptó parcialmente la propuesta del Consejo Técnico de Aviación Civil (CETAC) para el nuevo gestor del Aeropuerto Juan Santamaría.

Por una parte, el nuevo contrato asegura la impunidad a favor de ALTERRA, antiguo gestor, al permitírsele un retiro anticipado (su contrato vencía en el 2021) sin haber hecho frente a las multas pendientes y sin haber reintegrado los cobros que realizó indebidamente. Hay que recordar que, de manera unilateral, ALTERRA suspendió las obras por cuatro años y que, hasta la fecha, apenas ha invertido escasos $62,1 millones. Sin embargo, durante este período, esta empresa continuó percibiendo el 64.8% de los ingresos del aeropuerto, monto que asciende a $150 millones. Esto se suma al crédito por $90 millones recibidos por ALTERRA de mano de sus acreedores, cuyo pago está aún pendiente y será asumido por el nuevo gestor. Y para terminar, la empresa se retira sin haber cancelado cerca de $40 millones que debe por concepto de multas por el incumplimiento de la entrega de las obras en el 2004.

Hay que recordar además que en otras oportunidades la propia Contraloría conminó a ALTERRA a realizar las obras debidas y al Consejo Técnico de Aviación Civil (CETAC) a iniciar los procesos sancionatorios. En síntesis, $280 millones de dólares han pasado a manos de ALTERRA impunemente gracias a la complacencia de las autoridades del gobierno. Como resultado, aseguraron los expositores “Costa Rica se quedó rezagada en comparación con los demás países de la región y perdió excelentes oportunidades de atraer inversiones y turismo”.

En segundo lugar, a pesar de la desafortunada experiencia que se tuvo con la gestión interesada del aeropuerto hasta la fecha, el gobierno costarricense ahora admite un nuevo contrato con la empresa HAS, tanto o más leonino en sus términos y ventajas para la nueva empresa que el firmado con ALTERRA en el 2000.

Se extiende el contrato hasta el año 2026, con lo que se incrementan los ingresos esperados por aproximadamente $300 millones. Así, HAS percibiría cerca de $900 millones durante los próximos dieciocho años, aún cuando para terminar las obras aeroportuarias la inversión no sobrepasa los 70 millones de dólares. Además, cualquier litigio por la ejecución de este nuevo convenio sería dirimido en el Condado de Harris, Texas, conforme a las leyes de los Estados Unidos.

Para los voceros, “de aceptarse el nuevo contrato, el perjuicio se agravaría exponencialmente ya que al ampliarse el plazo del gestor, no podría construirse el nuevo aeropuerto en Orotina, que debe entrar en operación en el año 2018 según proyecciones de la demanda que revelan como insuficiente para entonces la única pista del Juan Santamaría”.

Es decir, es un acuerdo gravemente ilegal y absolutamente nulo que antepone los intereses privados a los públicos, que condena a los usuarios a pagar tres o cuatro veces los precios contemplados en el Contrato original y que compromete el futuro económico del país.

Frente a la experiencia de gestión privada del Aeropuerto Juan Santamaría, las fracciones parlamentarias y los ciudadanos firmantes indicaron que, para garantizar el avance real de las obras y para asegurar el interés público en su desarrollo y gestión, “lo único razonable es que el gobierno haga la obra, tal como lo hizo con gran éxito en el pasado, cuando construyó la actual terminal en apenas dos años” concluyeron.

Flexibilidad Laboral y Libertad Sindical en Costa Rica

Flexibilidad laboral y libertad sindical, dos tema de fundamental actualidad en el mundo y con vital importancia en nuestro país.

El modelo neoliberal impuesto viene modificando, poco a poco, el modelo solidario que en nuestro país provocó un desarrollo mucho más justo que en el resto de países hermanos de centroamérica.

Ese modelo viene variando las regulaciones laborales, y en lugar de elevar el nivel de Derechos humanos y laborales en centroamérica, tratan de bajar a Costa Rica a los niveles de nuestros hermanos.

Flexibilidad laboral y libertad sindical en el marco de los TLC no tiene otro significado que la pérdida de derechos fundamentales para las personas trabajadoras, el Código de Trabajo pasa a segundo plano ante el TLC.

Por ello tanto la AFL-CIO como ANEP se han propuesto unir esfuerzos a otras organizaciones en pro de la defensa de la Libertad de sindicalización y en contra de la flexibilidad laboral que busca eliminar derechos económicos y laborales a todas las personas trabajadoras.

El Foro pretende ser una vía de acercamiento y sensibilización con el sector empresarial nacional a fin de que el Derecho Humano a la Libertad Sindical sea reconocido, aceptado y respetado.
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American Federation of Labor – Congress of Industrial Organizations
AFL-CIO

American Center For International Labor Solidarity

Centro Americano para la Solidaridad Sindical Internacional

Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados
ANEP

Foro: FLEXIBILIDAD LABORAL Y LIBERTAD SINDICAL

Jueves 30 de octubre de 2008

P R O G R A M A

01- De 08:00 a 09:00
Registro, entrega de documentos y desayuno.
Cra. María Laura Sánchez Rojas.

02- De 09:00 a 09:15
Apertura oficial y palabras de bienvenida.
Albino Vargas Barrantes, Secretario General de la ANEP.

03-De 09:15 a 11:15 Exposición de panelistas:

a. Cro. Rob Wayss. Representante para Centroamérica, Solidarity Center-AFL-CIO.

b. Ing. José Salas Carrillo. Representante de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada (UCCAEP)

c. Monseñor Ángel San Casimiro Fernández. Obispo de la Diócesis de Alajuela. Encargado Nacional de la Pastoral Social de la Iglesia Católica.

d. Sr. Juan Manuel Sepúlveda Malbrán. Representante, Organización Internacional del Trabajo (OIT)

e. Lic. Mauricio Castro Méndez. Coordinador, Unidad de Asesoría Jurídica de la ANEP.

f. Lic. Francisco Morales Hernández. Ministro de Trabajo y Seguridad Social.

04- +De 11:15 a 01:00 +
Debate con el auditorio y cierre del evento.
Moderador: Albino Vargas Barrantes, Secretario General de la ANEP.

05- De 01:00 Almuerzo.

Oferta de frijol orgánico solidario para 2009

Como parte de nuestro apoyo a la comunidad indígena Ngobe de Las Vegas, en la región de Conte Burica, frontera Sur, el Movimiento de Agricultura Orgánica Costarricense (MAOCO) y Bioproductos Oro Verde estamos realizando una campaña para la colocación de su producción de fijol de fin de año 2008 y principio del 2009.

Esta comunidad produce de manera tradicional (frijol tapado), al menos 30 familias indígenas tienen la disposición y capacidad de producir una cantidad significativa de frijol orgánico certificado y colocarlo a nivel del Valle Central y otras regiones, pero para ello necesitamos estimar junto con ellos y ellas, las cantidades que pueden ser vendidas.

Les estamos invitando a participar de la campaña como clientes solidarios y solidarias, con la oportunidad de comprar un frijol de primera calidad a un precio muy razonable y con ello contribuir al desarrollo de la comunidad indígena y a su incorporación a los circuitos de un comercio justo y respetuoso.

¿Cómo poder participar?

El frijol seco y limpio se ofrecerá a partir del mes de febrero del 2009, puesto en San José y otras regiones, en dos presentaciones:

– Cubetas plásticas, con el equivalente a 20 bolsas de frijol orgánico de 900 grs. (más o menos lo que consume una familia en unos 4-5 meses). Este frijol vendrá curado con ajos, para evitar los gorgojos, tal y como lo hacían nuestros abuelos y abuelas, y de esta manera evitaremos tener que utilizar bolsas plásticas, porque los clientes podrán volver a utilizar su cubeta, que estará comprando con la compra del frijol. El precio de la cubeta vacía es de aproximadamente 800 colones, y el del frijol estará entre los 20.000 y los 25.000 colones.

– Bolsas plásticas de 900 grs. Aunque no es la modalidad priorizada, también es una presentación que se estará ofreciendo.

La forma de pago será de contado y en efectivo, al retirar el producto o por medio de depósito bancario, en una cuenta que se habilitará para este propósito.

Si usted y su familia están interesados e interesadas, pues simplemente necesitamos que nos brinde algunos datos en la fórmula que se anexa abajo y nos mantengamos en contacto. A través de la dirección electrónica que aparece en la fórmula también podremos recibir dudas, sugerencias, nuevas ideas y toda la buena energía de parte de ustedes para que esta iniciativa tenga éxito.

La información de la ficha es de suma importancia para poder planear junto con las familias indígenas la cantidad de frijol rojo y negro que deberá sembrarse a partir de octubre de este año. De esta manera las familias podrán sembrar con seguridad de acuerdo a los datos que este sondeo de mercado especial arroje. Con su información usted contribuye a incrementar la capacidad empresarial de las familias indígenas.

Esperamos contar con sus oraciones y buenas intenciones para que el clima este año nos permita una buena cosecha.

Muchas gracias.

Jorge Ulate (jorgearturoulate@gmail.com) cel:83502844
El equipo MAOCO – Oro Verde

Ficha de recolección de datos:

Nombre:____________________________________________

E-mail:_____________________________________________

Dirección física: ______________________________________

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Nos interesa participar como clientes en la iniciativa

Si _______ * No* _______

En mi familia nos gustaría comprar un total de:

_______ Cubetas frijol rojo
_______ Cubetas frijol negro
_______ Bolsas frijol rojo
_______ Bolsas frijol negro

Sugerencias, comentarios, ideas, etc:

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Enviar esta formula al correo: frijoltico@oroverdeorganico.com

Exigen renuncia de Ministro y Viceministro del MINAET

“Estamos indignados por la defensa de la minera destructora del ambiente que realizan los jerarcas que se suponen deben defender el ambiente” dijo Heidy Murillo, presidenta de la Federación.

El grupo sancarleño UNOVIDA, quien preside la Federación Ecologista, fue el responsable de interponer un recurso de amparo que logró suspender la tala de miles de árboles en la zona, aunque la minera ya había comenzado con el proceso destructivo.

“Llevamos muchos años tratando de detener este proyecto y aunque estamos contentos por este recurso sabemos que todavía no esta ganada la batalla y es por eso que queremos llamar a toda la población consciente de este país y que ama la naturaleza a que se manifieste frente al MINAET este lunes a las 11.30am en San José, dijo Edgardo Araya, presidente de UNOVIDA y abogado que interpuso el recurso de amparo contra el decreto presidencial.

La actividad es convocada por Frente de Oposición a la Minería de la Zona Norte, la Federación Ecologista y otros grupos y personas._ “Hemos canalizado el sentir de la gente preocupada por el ambiente”_ dijo Mauricio Álvarez, uno de los organizadores. “Tenemos que ir todos a expresar nuestra indignación y a demostrar que nosotros sí queremos paz con la naturaleza”, agregó.

“Vamos a demostrarle al gobierno con sorpresas que llevaremos a la puerta del ministerio que no queremos su destrucción, que la tala de bosque no puede ser de interés nacional“, dijo Álvarez. Los ecologistas pretenden “detener definitivamente este proyecto destructivo y poner atención en la forma en que estamos administrando nuestros recursos naturales, que apenas los tenemos prestados de las futuras generaciones” consignó la Federación en un comunicado.

Asimismo, Heidy Murillo no vaciló en exigir “la renuncia de aquellos funcionarios que en vez de proteger nuestros recursos atentan contra ellos. Exigimos que tanto el Ministro como el Viceministro de Ambiente renuncien, con un mínimo de dignidad, a sus cargos que no pueden cumplir”.

Este tema ha sido centro de debate de las últimas horas ya que una investigación de la Fiscalía pretende elucidar si hubo delito de prevaricato por parte del presidente Oscar Arias y el ministro Roberto Dobles que declararon “de utilidad pública y conveniencia nacional” la actividad minera en Crucitas. Mientras tanto las operaciones de tala de las 260 hectáreas están paralizadas, pero la actividad de la empresa minera continúa.

Lugar: MINAET. Día: lunes 27 de octubre. Hora: 11.30am
Más información: Heidy Murillo (88 72 49 54); Edgardo Araya (88589525) y Mauricio Álvarez (88 70 91 65)

Ataque a la naturaleza: Objetivo del Gobierno de Arias

(San José de Costa Rica, 15 de octubre de 2008)

Como uno de los resultados de un intenso taller interdisciplinario con destacados especialistas del país en la materia, nuestras organizaciones y participantes individuales, seriamente preocupados por el futuro de nuestros ecosistemas marinos y de las comunidades costeras, y con base en un análisis científico serio del proyecto de ley tendiente a modificar algunos artículos de la Ley de Concesión y Operación de Marinas Turísticas No. 7.744 (Expediente No. 14.836), llegamos a las siguientes conclusiones:

1. El proyecto carece del enfoque científico y técnico requerido para asegurar la protección y sostenibilidad de los ambientes marinos implicados.

2. En ausencia de un plan regulador basado en estudios de impacto ambiental y sensibilidad de nuestros ecosistemas costeros, es riesgoso e irresponsable propiciar un marco legal que permita dar curso a los proyectos de construcción y operación de marinas y atracaderos turísticos, veintidós a la fecha, en áreas altamente sensibles de nuestros litorales.

3. Desde la perspectiva de las políticas nacionales para la conservación y el desarrollo sostenible de los diversos ecosistemas y de los recursos naturales que les caracterizan, se hace necesario y urgente justipreciar las consecuencias de un cambio en el modelo de desarrollo turístico que hasta ahora ha privilegiado la conservación y la sostenibilidad, a uno que es necesariamente selectivo, excluyente y de alto impacto ambiental.

4. El país no tiene una Ley de Navegación ni dispone de un estudio de ordenamiento espacial del territorio marino, estas herramientas de base deben ser prioridad antes de propiciar el arribo de miles de embarcaciones particulares que darán uso a una “red de navegabilidad marítima” en nuestro territorio.

5. Las instituciones a las que correspondería otorgar los permisos y concesiones para la construcción de marinas y atracaderos turísticos, carecen de infraestructura, organización y marco jurídico apropiado, así como de recursos humanos debidamente preparados para ofrecer una garantía real de que las actividades asociadas a ese tipo de desarrollos, no impactarían negativamente los ecosistemas costeros, ni determinarán la exclusión progresiva de los ciudadanos que habitan las áreas adyacentes.

6. De aprobarse este Proyecto la nueva ley conducirá inexorablemente a una transformación cultural de las comunidades costeras, cuyas consecuencias inmediatas serán, por una parte, el debilitamiento de su identidad y, por otra, la pérdida de oportunidades laborales propias son aquellas que generan las pequeñas y medianas empresas turísticas y las diversas actividades a las que los pobladores están acostumbrados.

7. En cuanto a las demandas de servicios que implica la instalación de marinas, además de la infraestructura de acceso, la electricidad y los combustibles, debe tenerse en consideración el abastecimiento de agua, un recurso vital y escaso para las comunidades y asentamientos costeros.

8. Tal y como está planteado, el proyecto prioriza la inversión foránea, sobre los genuinos intereses nacionales, amenazando el patrimonio de todas y todos los costarricenses, los de hoy y los de mañana.

9. En este proyecto de ley no se prevén las medidas necesarias ni los altos costos que implicaría la existencia de 22 nuevos puertos, por donde sería muy fácil el trasiego ilegal de mercaderías, armas, drogas y personas

10. Como ha sido señalado, el proyecto de ley, y las intenciones e intereses subyacentes, dejan mucho que desear desde las perspectivas social, cultural, económica y ecológica. Por una parte, se trata de un conjunto de normas mal hilvanado que carece de garantías para asegurar la preservación y defensa de la identidad cultural de las comunidades costeras; y, por otra, ignora o subvalora los riesgos asociados a la alteración e impacto sobre los ecosistemas marinos y las comunidades de organismos que les caracterizan, especialmente el riesgo de derrames de aguas residuales y de combustibles y otras sustancias utilizadas regularmente en las embarcaciones, que tienen un reconocido efecto tóxico sobre los organismos que crecen naturalmente en nuestros ambientes marinos. Además, debe tenerse en consideración el riesgo biológico que implica el transporte desde sitios remotos, de organismos patógenos y, en general, la eventual introducción de especies propias de otros ambientes marinos.

Por lo tanto:

Declaramos nuestra oposición a un proyecto de ley, cuya aprobación sería una afrenta al compromiso nacional de velar por la conservación y uso sostenible de los ecosistemas y recursos naturales, compromiso que ha colocado a Costa Rica en una posición privilegiada y ejemplar a nivel mundial. Por ello, conscientes de que el proyecto quebranta los criterios científicos técnicos y ambientales vigentes privilegiando los intereses de los inversionistas en aras de la competitividad y la seguridad jurídica de los inversionistas, instamos a todos los ciudadanos e instituciones interesadas en la defensa de nuestro patrimonio natural a analizar los alcances de la propuesta y manifestar su oposición este proyecto de ley.

Le solicitamos a la Sala Constitucional, de manera respetuosa pero vehemente, que declare inconstitucional el proyecto de ley, mediante el cual se busca modificar varios artículos de la Ley No. 7744, para la concesión y operación de marinas (expediente legislativo No. 14836).

En la eventualidad de que la Sala Constitucional no dictamine el proyecto en la forma que esperamos, recurrimos a las señoras y señores diputados, quienes en su condición de representantes de todos los ciudadanos y para solicitarles que se abstengan de aprobar este proyecto en el segundo debate.

En concordancia con nuestros principios y determinación, ofrecemos nuestra participación decidida para realizar un gran foro nacional con el propósito de evaluar, de manera integral, el desarrollo de nuestras áreas costeras, con la meta de ofrecer soluciones y alternativas para corregir la falta de orden en la gestión sostenible de un sector que es patrimonio de todos los costarricenses.

Organizaciones y personas participantes:

Asociación Preservacionista de Flora y Fauna Silvestre
Gino Biamonte,
Director Ejecutivo
ginob@apreflofas.or.cr
www.apreflofas.or.cr

Bosques Nuestros
Juan Figuerola
quijongo@gmail.com
Tel. 2283-7193
Centro de Investigación en Ciencias del Mar y Limonología (CIMAR)

Universidad de Costa Rica
Tel.: (506) 2207-3007
Fax: (506) 2207-3280
Alvaro Morales, Director
www.cimar.ucr. ac.cr

Centro de Derecho Ambiental y de los Recursos Naturales
Rolando Castro
Abogado Ambiental
rcastro@cedarena.org
www.cedarena.org

Escuela de Geografía
Universidad de Costa Rica
www.fcs.ucr.ac.cr/~geografia
Carmen González, profesora
Tel. 2207-5566

Fundación Keto
Andrea Monge/José David Palacios
www.fundacionketo.org
Telefax: (506) 2281-2205
info@fundacionketo.org

Instituto de Costas
Guillermo Quirós
Director
oceano@racsa.co.cr ,
Tel. 2244 3926
International Fund for Animal Welfare

IFAW México
www.ifaw.org
Aimee Leslie
aimee_lb@yahoo.com
International Student Volunteers

ISV Costa Rica
www.isvonline.com
Wagner Quirós Pereira.
Proyecto Baulas y Negras, Ostional
wagner@isvonline.com

Programa Restauración Tortugas Marinas
www.pretoma.org
Randall Arauz
Presidente
rarauz@pretoma.org

Red Nacional para la Conservación de las Tortugas Marinas
Julio Barquero
Coordinador
www.tortugasmarinascr.org (en construcción)
julichcr@yahoo.com
Fax 2260 5789 Tel. 8841 3794

Talamanca por la Vida y por la Tierra
Cristina Zeledón
zeledon.cristina@gmail.com

Rosa Díaz y Eduardo Montes
rosadiazq@yahoo.com
Puerto Viejo de Talamanca

WIDECAST
www.latinamericanseaturtles.org
Didiher Chacón Chaverri
Presidente
dchacon@widecast.org

Denise Echeverría Robert
Consultora independiente
nini.echeverria@gmail.com, Tel. 8393 6554

Esteban Arroyo Retana
Biólogo
estarroyo@yahoo.com, Tel. 8365 2105

Fabián Sánchez, biólogo marino
fsanchez@tnc.org

Felipe Montoya, abogado
milpa99@gmail.com

Mónica Gamboa
Bióloga marina
orcinus_2000@yahoo.com

Patricia Vega
Colegio de Abogados
patvega@racsa.co.cr, Tel. 2280 0764

Ricardo Hernández
Biólogo, UNA
tatocean@hotmail.com , Tel. 2237 3438

Vivienne Solís
Patricia Madrigal
info@coopesolidar.org
Tel. Fax: (506) 2225 0959

Las Crucitas: El crimen de los Arias contra la naturaleza

Lea también:
– Sala IV suspendió efectos de decreto que favorece minería a cielo abierto

– Fiscalía investiga a Arias por presunto Prevaricato

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Expresamos nuestra más enérgica condena y el mayor repudio a medida gubernamental.

El mundo debe saber que el falaz discurso de “Paz con la naturaleza” es una escandalosa estafa política.

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), expresa su más enérgica condena y manifiesta todo su repudio, en contra del decreto gubernamental firmado por el Presidente Arias y su ministro de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET), Roberto Dobles Mora, dando luz verde para el proyecto de minería a cielo abierto en una de las zonas de mayor biodiversidad de la zona norte de nuestro país, como lo es Las Crucitas.

Estamos hablando de un verdadero crimen que los hermanos Arias Sánchez comenten contra la Ecología, al declarar la pena de muerte de una especie en extinción como la lapa verde; una de las tantas consecuencias perniciosas que se derivan del cuestionado decreto gubernamental.

Es necesario que la comunidad ecológica y ambientalista mundial, sepa que el pregonado discurso de_ “Paz con la Naturaleza”_ no es más que una nueva expresión de la estafa política cometida en nuestro país, con la segunda presidencia de Oscar Arias Sánchez; del mismo calibre, por ejemplo, que la estafa política cometida con los ofrecimientos de vivienda a los sectores marginales para que votaran a favor del TLC con los Estados Unidos de América.

En ANEP vemos este decreto como un verdadero ataque al movimiento ecologista nacional, así como a todas las organizaciones sociales de carácter patriótico que, de un modo u otro, resistimos el descarado proceso de entrega de las riquezas de Costa Rica a las empresas transnacionales, impulsado a mansalva por la “dictadura en democracia” de los hermanos Arias Sánchez.

Expresamos toda nuestra solidaridad para con los y las valientes ciudadanos y ciudadanas que desde sus respectivas agrupaciones ecológicas y ambientalistas, han venido enfrentando, en el caso de Las Crucitas, el poder desmedido y sin freno de la oligarquía neoliberal abusiva representada en los hermanos Arias Sánchez.

Ofrecemos toda la cooperación que a nuestro alcance esté para enfrentar esta vulgar agresión por parte de un gobierno cuya deslegitimación política es más que evidente.

San José, 20 de octubre de 2008.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Edgar Morales Quesada
Secretario General Adjunto
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Que dice el Código Penal

SECCION IV

Prevaricato y Patrocinio Infiel

Prevaricato

ARTÍCULO 350.- Se impondrá prisión de dos a seis años al funcionario judicial o administrativo que dictare resoluciones contrarias a la ley o las fundare en hechos falsos.

Si se tratare de una sentencia condenatoria en causa criminal, la pena será de tres a quince años de prisión.

Lo dispuesto en el párrafo primero de este artículo será aplicable en su caso, a los árbitros y arbitradores.

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Más información sobre el tema de Las Crucitas en: Fuera de Crucitas

Sardinal: Asamblea Ciudadana el domingo

EN SARDINAL EL DOMINGO

No se deje sorprender.

Hay circulando invitaciones con datos erróneos.

La actividad la convoca
El Comité Pro Defensa y Desarrollo de Sardinal

Es en la Escuela a la 1:00 p.m.

La Agenda es:

1. Bienvenida
2. Exposición de la posición de Sardinal
3. Respuesta de Roberto Dobles
4. Preguntas y respuestas
5. Exposición de estudio preliminar
6. Preguntas y respuestas
7. Cierre

La actividad tendrá como moderadores a un grupo de profesionales invitados por el comité para lograr un clima de orden y respeto.

También tendremos la presencia de diputados, funcionarios públicos y diversas organizaciones.

Lo invita a participar

Comité Pro Defensa y Desarrollo de Sardinal

Salario Escolar exonerado del pago de impuesto sobre la Renta

ANEP apoyó e impulsó el Proyecto de Ley

Amigos y amigas

El día de ayer, el Plenario Legislativo convirtió en Ley de la República la exoneración al Salario Escolar del pago del impuesto sobre la Renta. Eso significa que para enero del 2009 los empleados públicos recibirán ese ahorro sin la carga de dicho impuesto.

Ese proyecto lo presenté al inicio de mi gestión como diputado para acabar con la injusticia que representaba cargar con ese impuesto, cuando hay que hacerle frente a los crecientes gastos del inicio del curso lectivo.

Además, por los mecanismos existentes en Hacienda, quienes normalmente tributan durante el año, en enero se les aumenta la carga impositiva, y muchos de los que están exentos, al aumentar sus ingresos en ese mes, deben cargar con el pago de renta.

¡A partir de ahora, ya eso se acabó!

Falta más por hacer. Hay que liberar a ese salario escolar del peso de la devaluación, a fin de que el dinero que los servidores públicos reciben en enero por ese concepto, mantenga el poder adquisitivo, y también debemos despojar ese ahorro de otras cargas sociales.

Ya estoy trabajando en esa dirección. Aprovecho para informarles que tengo presentados a la corriente legislativa dos proyectos relacionados con el tema de salarios, para que éstos se reajusten automáticamente con el aumento en el costo de la vida, sin tener que esperar meses, como ocurre actualmente.

Agradezco que transmitan esta información a otros sindicatos y trabajadores del Sector Público, y espero contar con su apoyo para convertir en ley las iniciativas que les he comentado.

Atentamente,

José Luis Vásquez Mora
Diputado

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Esta es la respuesta del Ministerio de Hacienda a la pregunta:
¿Qué es el salario escolar?

El “salario escolar” consiste en un ajuste adicional al aumento de salarios por costo de vida otorgado a partir del segundo semestre de 1994, pagadero en forma acumulativa en el mes de enero de cada año, para hacer frente a las erogaciones del ciclo lectivo.

Nuestra definición para los usuarios: conceptualmente el salario escolar es un aumento salarial a funcionarios activos de servicio interno, que se “contabiliza mensualmente” a lo largo del año calendario y se paga acumulado a la segunda quincena del mes de enero del año siguiente, en tanto resulta un concepto económico diferido, sujeto a todas las cargas sociales que por ley, se encuentran sujetos todos los salarios, y es afectado por la figura el embargo judicial tanto en lo que atañe a deudas comunes y a pensiones alimentarias, en los términos que dispone el artículo 172 del Código de Comercio.

Adicionalmente puede ser afectado por las deducciones porcentuales que aplican a las asociaciones, cooperativas, etc. a los que el beneficiario este afiliado.

Pueblos indígenas exigirán consulta de Proyecto de Ley del TLC

El próximo martes 14 de octubre una delegación de las comunidades indígenas bribri de Talamanca visitarán la Asamblea Legislativa para exigir a los diputados que cumplan con el Convenio 169 de la OIT y la orden de la Sala Constitucional y realicen la consulta a las comunidades indígenas de todo el país del proyecto “escoba” de la agenda de implementación del TLC (Exp. 16.955)

Con el apoyo de la Escuela de Psicología de la Universidad de Costa Rica se harán presentes integrantes del Consejo de Awapas y de las mujeres Kekepa, quienes cumplen la función de ser guardianes(as) y protectores(as) del conocimiento tradicional y ancestral de estas comunidades.

Ellos exigirán a las y los diputados que cumplan con su obligación de hacer la consulta porque este proyecto contiene reformas a la Ley de Biodiversidad y otras leyes nacionales que afectan directamente los derechos de los pueblos indígenas y ponen en grave peligro su cultura y sus tradiciones, ya que debilitan notablemente las protecciones existentes para evitar que su conocimiento milenario sea usurpado por empresas trasnacionales.

El Partido Frente Amplio invita a los diputados y diputadas de todas las fracciones legislativas, a los medios de prensa nacionales e internacionales y al pueblo costarricense en general a hacerse presente a escuchar y apoyar los legítimos reclamos de los pueblos indígenas.

INCOP: La necedad de «la nación» contra la ANEP

San José, 13 octubre de 2008.
S.G. 07-09-0890-09

Señor Alejandro Urbina, Director
Señora Vanesa Loaiza, Periodista
Diario La Nación
Presente

Estimado señor y estimada señora:

De conformidad con lo dispuesto en los numerales 29 constitucional, 14 de la Convención Americana de Derechos Humanos y 66 y siguientes de la Ley de Jurisdicción Constitucional; ejercemos el derecho de rectificación y respuesta sobre las siguientes publicaciones, de la edición de ese diario del día jueves 9 de octubre de 2008, sobre titular de primera plana que dice: “Costo de muelle en Caldera se duplicó por atraso en Sala IV” y “Sala rechazó reclamo: ANEP alegaba que muelle “amenaza el derecho de ciudadanos a un ambiente sano”; así como sobre la publicación realizada en la página 4ª, titulada “Costo de muelle en Caldera se duplica por atraso en Sala IV”.

Por ser esta “información” destacada en la primera plana y en página 4a de noticias nacionales, exigimos que esta rectificación sea publicada en condiciones equivalentes, o sea en esas mismas páginas, a la mayor brevedad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 69, inciso b) de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, que dice: “ARTICULO 69. El derecho de rectificación o respuesta se ejercerá de conformidad con las siguientes reglas y, en su defecto, por las restantes del presente título (…) b) La rectificación o respuesta deberá publicarse o difundirse, y destacarse en condiciones equivalentes a las de la publicación o difusión que la motiva, dentro de los tres días siguientes, si se tratare de órganos de edición o difusión diaria, en los demás casos en la próxima edición o difusión materialmente posible que se hiciere después de ese plazo”.

El texto que solicitamos se publique es el siguiente:

INCOP: LA NECEDAD DE “LA NACIÓN” CONTRA LA ANEP

CUÁL ES LA NECEDAD DE “LA NACION” EN QUERERNOS ACHACAR UNA IRRESPONSABILIDAD QUE FUE COMETIDA POR LOS ADMINISTRADORES SUPERIORES DE INCOP Y LAS AUTORIDADES RECTORAS DE LA MATERIA PORTUARIA NACIONAL.

Con respecto a los artículos publicados en la edición de la “La Nación” del día 9 de octubre, titulados “Costo de muelle en Caldera se duplicó por atraso en Sala IV” y “Sala rechazó reclamo: ANEP alegaba que muelle “amenaza el derecho de ciudadanos a un ambiente sano”, publicado en la primera plana y “Costo de muelle en Caldera se duplica por atraso en Sala IV”, publicado en la página 4ª; aclaramos lo siguiente.

“La Nación” insiste en este “refrito”, en achacarle a la ANEP la responsabilidad en los atrasos de la construcción de la terminal granelera. No es cierto que el atraso en la construcción de la terminal granelera (y no “muelle”, como insiste en confundir “La Nación”), se deba a las legítimas acciones constitucionales que la ANEP tramitó ante la Sala IV.

Los atrasos son el resultado de la forma irresponsable y contraria a los procedimientos establecidos en la ley y de la “ligeraza” con que las autoridades portuarias manejaron el proceso de privatización de este importante puerto.

Si esas autoridades “competentes” hubieran cumplido con lasdisposiciones legales y los requisitos establecidos para la protección del ambiente, tales supuestos atrasos hoy no servirían de justificación para los incumplimientos del concesionario.

“La Nación” lo sabe aunque nos ataque a nosotros, que los responsables de todo lo sucedido en ese proceso, son esas autoridades, por su irrespeto al orden jurídico establecido. Ellos, por tanto, deberían responder con su peculio por los imprevistos que se han dado en el puerto.

Considérese que las acciones constitucionales de la ANEP se formularon con base en la ley y en la jurisprudencia dictada sobre la materia por la propia Sala IV.

Dice “La Nación” que nuestras acciones carecen de seriedad, peroesconde, que en el expediente judicial, incluso la Defensoría de los Habitantes de la República y La Procuraduría General de la República, emitieron criterio a favor de nuestra posición.

Por otra parte respetamos, pero no compartimos, las sentencias de la Sala Constitucional que rechazaron nuestras pretensiones, apartándose de su propia jurisprudencia, pues ya en el pasado había acogido acciones idénticas de otras personas.

Dicha sala, en la resolución 2002-1221 de las 14:49 horas del 6 de febrero del 2002, estableció, reiteradamente, que las evaluaciones de impacto ambiental y la emisión de los certificados de viabilidad ambiental debe realizarse en todos los casos, previo al incio de las licitaciones correspondientes y NO cuando éstas se hayan iniciado y adjudicado.

La imprudencia de los administradores de INCOP, los llevó a ignorar que el humedal de Mata Limón se encuentra dentro de la zona protectora Tivives, de conformidad con el Decreto Ejecutivo No. 17023, del 2 de junio de 1986; y que el estuario de Mata Limón (sitio donde se ubica puerto Caldera), es un lugar de gran riqueza biológica, en el que viven desde tiempo inmemoriales topo tipo de especies animales y vegetales que conforman ecosistemas muy complejos. Inclusive existen especies endémicas del sitio, que se podrían ver dañadas por su alteración.

Y sin olvidar que dicho lugar es de gran importancia para los habitantes del Pacífico Central y del Golfo de Nicoya. Como es bien conocido por todos, una alteración significativa de las condiciones bióticas del estuario puede afectar de manera significativa e irreparable la continuidad biológica, vegetal, animal y humana, de todo el Golfo de Nicoya.

Y recuérdese que en Mata Limón y la bahía de Caldera, se encuentra un humedal y un manglar que, junto con el de Tivives, son de los pocos que se conservan en el Pacífico Central, propios del bosque tropical seco.

Ante todo lo anterior y con la facultad que nos confiere la Constitución Política y sobre todo, con el ánimo de proteger el patrimonio marino y humano de la zona, procedimos a exigir el cumplimento de la ley por lo que nos vimos obligados a acudir a la Sala Constitucional.

Nos preguntamos, aunque comprendemos, ¿porqué la Nación no acusa a los verdaderos responsables del desaguisado proceso de privatización del INCOP?

Que la Sala IV no se haya apegado a la jurisprudencia ya emitida por ella misma anteriormente, y más bien haya interpretado razones técnicas dentro del concepto legal, deja mucho que desear. Es por esto y por otros asuntos que este alto tribunal hoy se encuentra seriamente cuestionado, por sus infortunios fallos y la intromisión del Poder Ejecutivo en sus asuntos.

Basta de refritos y de medias informaciones. Retamos a La Nación a un debate, cara acara, con ANEP, en igualdad de condiciones y ante la ciudadanía, sobre el proceso de privatización del INCOP y lo caro que estamos pagando y pagaremos los ciudadanos y ciudadanas por tal desafuero.

Esperamos favorable acogida a esta solicitud, plenamente legal, de Derecho de Respuesta.

Edgar Morales Quesada
Secretario General Adjunto
Céd. 1-468-584

Douglas Carillo Azofeifa
Directivo Nacional
Céd. 6-178-818

C.c.
Oscar Arias Sánchez, Presidente de la República.
Ministros de Estado.
Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.
Fracciones parlamentarias, Asamblea Legislativa.
Colegio de Periodistas de Costa Rica.
Medios de comunicación colectiva.
Movimiento Sindical Costarricense.
Junta Directiva Nacional de ANEP.
Archivo.