Exigimos disolución de la DIS

A lo largo de los últimos años, particularmente en los últimos tiempos de resistencia feroz a la imposición del modelo neoliberal en Costa Rica, la DIS multiplicó su labor de espionaje y de acoso, a una innumerable cantidad de dirigentes sindicales, sociales y populares, del amplio abanico de los sectores patrióticos opuestos a la dictadura del capital neoliberal.

Particularmente, en el caso de la ANEP, los “fijos” (vigilancia constante), el seguimiento, la infiltración y hasta la escucha telefónica, fueron utilizados de manera regular, para espiar todos los movimientos de la organización en cuanto a su papel en la lucha contra el TLC con los Estados Unidos.

Son incontables las ocasiones en que los personeros de la DIS, siguiendo instrucciones políticas del más alto nivel, se infiltraron de múltiples formas en reuniones, eventos, manifestaciones y marchas, realizando labores de espionaje; conceptuando estos legítimos movimientos populares de resistencia al modelo neoliberal, como si se tratase de estrategias de subversión del orden constitucional.

Además, debe obligársele a la DIS a abrir sus archivos secretos para que se restaure el honor y se le devuelva su derecho a la privacidad, a toda esa parte más consciente de la ciudadanía patriótica costarricense, que tiene expediente abierto por parte de la “Gestapo” tica, al prejuiciárseles como personas al margen de la ley, como si se tratase de elementos subversivos y/o cuasiterroristas o terroristas en potencia.

Particularmente, sabemos que con ocasión de las grandes jornadas de resistencia contra el TLC con los Estados Unidos de América, la labor de espionaje de la “Gestapo” tica, rendía cuentas, directamente, al Ministro de la Presidencia, Lic. Rodrigo Arias Sánchez.

La renuncia del Director General de la DIS, en consecuencia, busca cuidarle las espaldas a este jerarca quien tiene una enorme deuda con la democracia por ordenar, durante la mencionada lucha, la intensificación del espionaje, el seguimiento y el levantamiento de nuevos expedientes para los archivos secretos de la DIS, de la gigantesca cantidad de ciudadanos y de ciudadanas que se incorporaron a la resistencia del Movimiento Patriótico del NO.

Nuevamente y con contundencia lo planteamos a viva voz: La DIS debe disolverse y deben abrirse sus archivos secretos.

San José, 3 de diciembre de 2008.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Edgar Morales Quesada
Secretario General Adjunto

“Reestructuración” en el Ministerio de Salud: 500 millones de colones invertidos en consultoría

FRENTE SINDICAL DEL MINISTERIO DE SALUD
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)
Sindicato Nacional de Enfermería (SINAE)
Sindicato de Profesionales de la Salud (SINPROSA)
Sindicato Nacional de Empleados de la Salud Pública y Afines (SINAESPA)

Una significativa cantidad de dinero ha comprometido este año el Ministerio de Salud, para pagar consultorías millonarias, movimientos de personal y de equipo, gestión que raya en la arbitrariedad y la imposición de facto, sumamente cuestionada por un colectivo laboral que ha vivido tal proceso, en una atmósfera de miedo, de amenaza y de coacción intimidatoria.

Este es el criterio de la gran mayoría del personal que labora en las oficinas centrales del Ministerio de Salud y en las diferentes regiones del país de la citada institución.

Es más, se asegura que la cartera de Salud no ha cumplido con sus metas y que en materia de rectoría y atención a los programas que aún están bajo su égida institucional, no se ha hecho gran cosa. A ocho años de la anterior reestructuración, ni la rectoría ni el programa de centros de Nutrición y Desarrollo Infantil han contado con los recursos necesarios para brindar, con calidad y eficiencia sus servicios.

Por el contrario, hay quienes aseguran que no se hace nada, a excepción de preparar gente para un “D.O.”, que nadie entiende y que no va para ningún lado.

Para el Frente Sindical del Ministerio de Salud, “D.O.” (_“Desarrollo Organizacional”_), es el “sofisticado” concepto que sustituyó (más bien camufló) a la palabra “reestructuración”, para encubrir un proceso de transformación institucional que en nada difiere de anteriores procesos de reestructuración por los que ha pasado el Ministerio de Salud. La diferencia en esta ocasión parecer ser el costo, pues se asegura que ronda los 500 millones de colones.

Las críticas a esta camuflada reestructuración (_el famoso “D.O.”_), son la constante dentro del Ministerio de Salud. Se asegura que se impone mediante el terror; que quien lo critique o se oponga a las directrices del nuevo modelo para su consolidación, es persona “conflictiva” y “enemiga del progreso”; algo que según los funcionarios y funcionarias ministeriales, se puede pagar muy caro. La “filosofía” del Memorándum del Miedo Casas-Sánchez, al parecer, ha inspirado el denominado proceso de imposición del “D.O.”.

La última ocurrencia de la dirección ministerial al respecto, es el cambio abrupto e inconsulto inter-oficinas, en la sede central del ministerio que consta de tres edificios. El personal, que será movido de un lado para otro y viceversa, no está de acuerdo, ni comparte en lo más mínimo, el gasto que implica tal mudanza de “chunches”.

Además de considerarse sumamente oneroso ese gasto, 20.000.000.oo de colones aproximadamente, será solamente para ubicar al personal y el mobiliario en cosa de 4 días; estimándose como innecesario y comprometedor, para cada una de las personas que laboran en esas oficinas centrales de la cartera de Salud, el potencial extravío de documentos o pérdida de los mismos en el peor de los casos, sin hablar del riesgo para los equipos y otros “chunches” que serán movidos de un lugar para otro, de un piso para arriba ó para abajo, de un edificio a otro, todo en esa sede central del Ministerio de Salud.

Se asegura que no existe un estudio previo que determine la necesidad del cambio de oficinas, aunque las autoridades argumentan que así debe conformarse, para que concuerde con el diseño del nuevo organigrama institucional, lo que nos parece algo más cosmético que funcional; obviándose, por ejemplo, de contemplar estipulaciones como las de la ley 7600 que obliga a facilitar el acceso físico a instalaciones públicas de personas con discapacidad.

El personal no quiere pronunciarse por temor a represalias, pero nos ha pedido que denunciemos tal atropello y tal despilfarro ante la prensa, para intentar un freno a la arbitrariedad y a la imposición.

Nos extraña cómo en momentos de emergencia nacional, cuando nuestro pueblo en solidaridad con los damnificados de Limón y de la zona Norte, rasguña algunos centavos de su aguinaldo, para que sus hermanos en desgracia coman; las instituciones públicas dilapidan recursos y excedentes en consultorías y movimientos de personal innecesarios.

Tal es el caso del Ministerio de Salud y su “D.O.” que nos está costando 500.000.000.oo y todavía falta; destacando, como indicamos ya, el gasto de 20 millones en pago de mudanza de_ “chunches”_, mediando, además, dos días de asueto para el personal de las oficinas centrales para que no estén durante la mudanza.

San José, 2 de diciembre de 2008.

FRENTE SINDICAL DEL MINISTERIO DE SALUD

ANEP
SINAE
SINPROSA
SINAESPA

Teatro Giratablas: ¿12 horas continuas de Arte?

Gran peña cultural de transnoche…”de la luna al sol”

Teatro, danza, música, Dj, comidas y…hasta el desayuno…12 horas de arte contínuas desde las 7:00 p.m. del sábado 6 de diciembre hasta las 7:00 a.m. del domingo 7.

Para mayor información llamar al teléfono 22536001 del Teatro Giratablas

Afiche en ARCHIVOS ADJUNTOS

ANEP felicita a todas las personas que hacen realidad un proyecto tan importante para Costa Rica.

Ambiente: Gobierno «veta» participación ciudadana

El Poder Ejecutivo vetó la “Ley que fomenta la participación ciudadana en materia ambiental”, a pesar del apoyo de 48 legisladores, de todas las corrientes políticas, y de diversas entidades populares, entre ellas organizaciones ambientalistas y sindicales como FECON, MAOCO, UCIN, ANEP, CUSIMA, UNAC y CGT.

En la comunicación a la Asamblea Legislativa el presidente de la República, Oscar Arias, y el ministro de la Presidencia, Rodrigo Arias, fundamentan el veto en razones de inconstitucionalidad.

Según interpreta el Diputado José Merino como el Ejecutivo fundamenta su veto en razones de inconstitucionalidad, lo que corresponde es que la Asamblea Legislativa envíe la Ley a la Sala Constitucional, para que ésta se pronuncie. El gobierno lo que hace es pasarle la “papa caliente” a la Sala, comentó.

El Diputado Merino dijo que el Frente Amplio, junto a otras fracciones parlamentarias que seguramente le acompañarán, defenderá la constitucionalidad de los instrumentos de democracia directa que están incluidos en la Ley, porque no cree que las decisiones en materia ambiental deban estar solo en manos de los expertos y los empresarios, sino que también el pueblo está en capacidad de hacer buen uso de sus libertades.

El legislador frenteamplista lamentó que este “ veto responda a la presión de cúpulas empresariales, que desprecian tanto la conservación del ambiente como la participación ciudadana”.

“El Frente Amplio rechaza este veto y espera que la ley sea enviada a la Sala Constitucional con el apoyo de los diputados y diputadas que lo aprobaron en forma unánime”, agregó el Diputado Merino.

El parlamentario dijo que este veto de los hermanos Arias no puede dejar de verlo también_ “como una represalia con el Frente Amplio por su firmeza opositora”_ y que “El Frente Amplio nunca se va a doblegar y nunca violentará los derechos del pueblo y la naturaleza”.

Municipalidad de Guácimo complaciente con empresa contaminadora

La comunidad de la Perla de Guácimo tiene más de un año de estar luchando porque no se siga contaminando el agua y dañando el ambiente. Bajo su suelo se encuentra uno de los más importantes mantos acuíferos de la zona. Después de varias denuncias y resoluciones de Setena confirmando que esa empresa esta violentando la legislación ambiental, esta comunidad logro que la Municipalidad sellara la planta empacadora de Agro Industrial Tico Verde S.A. por haber faltado a los requisitos necesarios para obtener una patente de funcionamiento y empacar piña por más de tres años, además de producir piña en una zona altamente vulnerable sin gozar de Viabilidad Ambiental.

Es así como desde abril esta empacadora permanece imposibilitada para realizar sus actividades. Sin embargo la Setena le dio viabilidad ambiental al proyecto gracias a un Estudio de Impacto Ambiental viciado de nulidad y a un informe de la misma Setena que dijo que esta empresa había cumplido con lo que se le había pedido mejorar. Esto es falso puesto que la piñera continúo sembrando piña en pendientes mayores a los 8ª grados permitidos según la ley de suelos, y afectando con su actividad los mantos acuíferos y la salud de las y los vecinos.

Este martes podría quedar en firme un acuerdo en el que el consejo municipal decidió quitar los sellos a la planta empacadora a pesar de que la misma Municipalidad espera la desición de la sala IV respecto a un recurso de amparo presentado. En el cuál se evidencia la forma irregular en que la empresa por medio de mentiras y datos falsos de la comunidad obtuvo la aprobación del estudio de Impacto Ambiental. Cabe recordar que esta piñera funciono por casi tres años sin patente municipal ni viabilidad ambiental, creando la contaminación y destrucción que llevo a la comunidad a reclamar su derecho a vivir en un ambiente sano.

En sorprendente parecido con la problemática de la Mina en Crucitas el señor Freddy Pacheco, Catedrático de UNA dijo:

“El problema pues, no se circunscribe a un hecho aislado ni a unas pocas lapas y árboles de almendro amarillo, como algunos quisieran que se percibiera.

Más allá de que el CÓDIGO DE MINERÍA declare de “utilidad pública toda la actividad minera” consideramos urgente corregir la figura de la carreta delante de los bueyes, que establecen la presentación de los estudios de impacto ambiental después de otorgados los permisos de explotación”

Queda claro que, como dice don Freddy, en materia de viabilidad ambiental en Costa Rica, la carreta va delante de los bueyes. Las empresas piñeras al igual que en la minería primero consiguen la tierra y la empiezan a trabajar y después se preocupan de los permisos correspondientes. Sin viabilidad ambiental, y cuando la Setena le dice NO empiezan las presiones y las amenazas, las promesas de empleo y desarrollo, que después resultan en malos empleos, contaminación y destrucción del ambiente y la salud y ningún desarrollo comunal, excepto el estrictamente necesario para sacar sus productos de la zona.

La comunidad de la Perla de Guácimo pide el apoyo de los grupos sociales, organizaciones y vecinos (as), para que no se permita que continúe la amenaza de contaminación sobre los mantos acuíferos de esta zona con las actividades de la empresa piñera, el próximo martes 25 en la Municipalidad de Guácimo a las 4:30 de la tarde en la sesión del consejo municipal. Pidamos al consejo Municipal que haga cumplir la moratoria que dictara en mayo pasado sobre la siembra de piña en la parte sur del cantón de Guácimo. Que antes de permitir que esta empresa siga funcionando se cuente con los estudios del SENARA, MAG y el departamento de aguas del MINAET, solicitados en esa moratoria, que demuestren que no habrá afectación a los mantos acuíferos y que se proteja el recurso Hídrico.

FORO EMAÚS

La verdad de los apagones

Estas afirmaciones tan alarmantes, ponen a los costarricenses a la expectativa de si habrá apagones el próximo verano, o si las tarifas eléctricas subirán de manera desproporcionada de acuerdo a la situación económica actual. Ante esta situación, las Organizaciones Laborales del ICEFIT, nos vemos en la obligación de informar nuestra posición en este tema tan polémico.

El embalse para generar electricidad en verano es el lago Arenal, que hoy 23 de Octubre está en la cuota 542.73 suficiente para que las plantas Arenal, Corobicí y Sandillal genere con toda su capacidad para los meses de verano. Las otras plantas hidroeléctricas como son la planta Cachí y Angostura están en capacidad para generar de acuerdo a las necesidades históricas o sea no causarían ningún problema adicional. Otras plantas que se ubican en la zona norte como son Peñas Blancas y Cariblanco están ahora disponibles para ser utilizadas, a diferencia de la crisis del año pasado con los apagones que no pudieron ser utilizadas. Por último el complejo Geotérmico Miravalles y las eólicas son independiente de ese factor de falta de hidrocarburos.

Si sumamos la producción antes mencionada y la comparamos con la demanda en las horas pico del próximo verano la cual es de aproximadamente 1550 megavatios; entonces ¿porqué habría apagones?

Conocemos que siempre debe de existir el respaldo térmico ligado a la seguridad operativa y de faltantes en casos de la regulación del sistema; el costo tan alto en la compra de combustible está ligado a una disposición política que debe tomarse a la mayor brevedad, hacer posible la eliminación de impuestos a los combustibles tal y como lo propusimos hace mas de un año como parte de minimizar la incidencia en las finanzas del_ ICE Y ALIVIAR EL PESO DE LAS TARIFAS A LOS USUARIOS_.

Diga Don Pedro Pablo Quirós; ¿Cuál es realmente el problema? ya que sería de gran tranquilidad para los costarricenses conocer con detalle la magnitud real, ya que EL PLANTEAMIENTO SUYO HA SIDO UTILIZADO PARA DESPRESTIGIAR AL ICE BAJO EL ARGUMENTO que es una estrategia para presionar el alza de tarifas que actualmente está en la ARESEP. y no por el problema de déficit en que los políticos de turno han metido al ICE?

INCREMENTO EN LAS TARIFAS ELÉCTRICASPRIMEROS FRUTOS DEL TLC”

Los precios de los combustibles no es la única razón que está detrás de los ajustes de tarifas eléctricas.
Se confirma la gran mentira a los costarricenses, de las leyes aprobadas en la agenda complementaria aprobadas con el TLC.
¿Lo que se quiere será camuflar es la eliminación de los subsidios y la solidaridad en los primeros 200 kilovatios hora al mes en las tarifas residenciales para los costarricenses?
Se cumple lo dicho por las organizaciones laborales del ICE, sobre los perjuicios del TLC para los usuarios del sistema eléctrico y el impacto en los aumentos desmedidos en las tarifas.

Por lo antes expuesto: las organizaciones laborales del ICE agrupadas en el FIT-ICE le solicitamos a los medios informativos y periodistas que investiguen sobre lo siguiente:

  • ¿Cuanto le paga el ICE a la empresa que alquila las plantas térmicas de Barranca, San Antonio y otras, para que estén disponibles y generen o no electricidad?
  • ¿Cuánto se paga actualmente a los generadores privados y que se incluya el pago de las plantas como la del ingenio Taboga de la familia de los Arias Sánchez y de otros?
  • ¿En cuánto afectó el presupuesto en el sector eléctrico los pagos anteriores?
  • ¿Cuáles son los argumentos de la ARESEP para cuestionar las solicitudes del ICE?
  • ¿En qué porcentaje a disminuido la demanda en relación con los años anteriores?
  • ¿Cuáles han sido los resultados de la campaña de ahorro de energía?
  • ¿Qué está detrás de la estrategia para alarmar a los usuarios?

Señores(as) de la prensa; cuando los sindicatos hemos advertido sobre ésta problemática se nos han negado los espacios en los medios, entonces en ustedes está ahora la responsabilidad de encontrar objetivamente las respuestas que los costarricenses queremos. ¡Se podrían llevar sorpresas!

FRENTE INTERNO DE TRABAJADORES DEL ICE
SITET, AJEICE, ACOTEL, ANTTEA, SIPROCEICE, SIICE, ANTTEC, ASDEICE

Alonso Araya Fuentes
Coordinador FIT

Muerte de trabajador no debe quedar impune

Lamentamos profundamente la muerte del trabajador de la construcción, de origen nicaragüense, el joven Manuel Pérez Sánchez, quien laboraba en la edificación del megaproyecto hotelero de la firma española Riu; demandando, a la vez, la más profunda investigación, no solamente acerca de las causas de esta irreparable pérdida humana, sino también acerca del conjunto de condiciones sociolaborales y ocupacionales que se están presentando en este y en otros proyectos de tan enormes dimensiones.

La vulneración integral de los más elementales derechos laborales y sociales que sufre este tipo de trabajadores, explicaría este tipo de tragedia y, por tanto, se hace imprescindible una acción coordinada, con participación sindical, para una fiscalización urgente sobre las condiciones de trabajo que se están manifestando en la construcción de este y de otros megaproyectos hoteleros en las diversas playas costarricenses.

Si a estos grupos de trabajadores migrantes se les hubiese respetado su derecho constitucional de organización sindical, es muy probable que la tragedia indicada se hubiese evitado y que las condiciones de trabajo no presentaron los altos niveles de deterioro que están mostrando.

Este tipo de proyectos hoteleros faraónicos y las deterioradas condiciones de trabajo que muchos de ellos presentan, son flagrantes ejemplos de un proceso de globalización neoliberal altamente excluyente, carente de toda norma ética de humanismo cristiano y que es posible en un marco de pobreza extrema unida al desempleo; todo lo cual obliga a trabajadores migrantes, como los nicaragüenses, a aceptar condiciones laborales de semiesclavitud.

Se deben tomar medidas de extrema urgencia por parte de, al menos, las carteras ministeriales de Salud y de Trabajo y Seguridad Social para que, junto con el movimiento sindical, se diseñen y ejecuten “barridas” de inspección generalizada, a fin de comprobar condiciones de trabajo, respeto a las leyes de Seguridad Social, normas de Salud Ocupacional y, sobre todo, libertad de organización sindical, en este tipo de obras hoteleras construidas para el disfrute de los más poderosos del planeta, sobre las tumbas de los obreros que las erigieron.

Particularmente y en el caso de la construcción del proyecto en controversia, de la firma española Riu, debe suspenderse de inmediato su construcción, para el desarrollo de la investigación más profunda y objetiva posible; a fin de que, incluso, se pueda dictar, sin presiones de por medio, la total cancelación de los permisos otorgados.

San José, 17 de noviembre de 2008.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Sala Constitucional debe resolver acción contra armas de guerra en el TLC

Según el legislador del Frente Amplio esta acción presentada el 31 de octubre por el abogado Roberto Zamora Bolaños, tiene un propósito congruente con la sentencia unánime de la Sala que declaró recientemente inconstitucional el llamado decreto de armas número 3324-S, por la amenaza a la paz y el daño ambiental que podrían causar los desechos de materiales bélicos.

El diputado Merino dijo que respalda las peticiones de diversas organizaciones cívicas y ciudadanía en general, en el sentido de que la Sala Constitucional, admita y se pronuncie sobre esta acción, ya que el contenido del decreto anulado es similar al texto que persiste en el TLC, donde se incluyen armas de guerra.

El Diputado Merino considera que si persiste el texto agregado en el Anexo mencionado, el país podría ser utilizado para la fabricación e importación de armas, entrando en contradicción con la Constitución de la República.

Para Merino del Río la Sala debe ser consecuente, asegurando que el territorio nacional no sea utilizado para la fabricación de armas, permitiendo que Costa Rica sea consecuente con sus predicados de política exterior a favor de la paz y para la prevención de las guerras.

CUSIMA defiende Ley para fortalecer participacion ciudadana en materia ambiental

COORDINADORA UNITARIA SINDICAL, MAGISTERIAL Y COMUNAL
CUSIMA

06 de Noviembre del 2008
Dr. Oscar Arias Sánchez
Presidente
República de Costa Rica
Casa Presidencial
S.D.

Señor Presidente:

Reciba un saludo cordial de la Coordinadora Unitaria Sindical, Magisterial y Comunal CUSIMA, a la vez para manifestarle nuestra preocupación al enterarnos que el gremio de empresarios están presionando para que no se vete la Ley Orgánica del Ambiente.

Señor Presidente, hemos analizado el proyecto de reforma a la Ley Orgánica del Ambiente, proyecto número 16.322 en la Asamblea Legislativa y aprobado en forma unánime en los dos debates a los que fue sometido en la Asamblea Legislativa y creemos que representa un enorme avance en materia de legislación y participación ciudadana. Creemos que es el primer proyecto de ley en materia ambiental que se aprobaría durante su administración que daría algo de paz a la naturaleza y vendría a incidir positivamente en la dañada imagen ambiental de nuestro país. Este proyecto de ley aprobado le permitirá al gobierno de la República a través del Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MÍNAET), convocar y realizar consultas populares ambientales con el objetivo de que las y los habitantes del país se pronuncien y decidan sobre asuntos de gran trascendencia que, por su tamaño o naturaleza, puedan tener impactos considerables en el ambiente y los elementos que lo conforman. De esta forma, el país avanza en la defensa del ambiente a través de la participación ciudadana.

A través de este proyecto Señor Presidente, Costa Rica se encamina con más fuerza hacia la constitución de una verdadera democracia participativa. Una democracia en la que las y los habitantes, tengan derecho a ser escuchadas e incidir directamente en la toma de decisiones sobre su futuro.

Por lo tanto, podemos concluir que la participación es un derecho humano fundamental que debe ser garantizado y fomentado por el Estado dada su estrecha relación con el derecho humano a contar con un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Esperamos Señor Presidente que en aras de la democracia, la conservación y uso sustentable de los recursos naturales, la defensa de los derechos de comunidades locales y Pueblos Indígenas usted haga caso omiso a la presión del sector empresarial y en su defecto de manera inmediata rubrique el proyecto de ley en mención y pueda convertirse en la ley dada la voluntad unánime de la Asamblea Legislativa. De lo contrario, la imagen que el país tiene hoy en día en materia ambiental, empeoraría aún más e iniciativas como la de paz con la naturaleza, carbono neutral o Costa Rica por siempre, se verían seriamente dañadas.

Atentamente,

Olman Chinchilla Hernández
Sub-Coordinador y Secretario Operativo

.

Cc:
Diputados (as)
Comité Operativo CUSIMA
Sectores Sindicales y Sociales de CUSIMA
Medios de Comunicación

Organizaciones intengrantes de CUSIMA:
CMTC: Central del Movimiento de Trabajadores Costarricenses.
CONADECO: Confederación Nacional de Desarrollo Comunal. SEC: Sindicato de Educadores Costarricenses. ANDE: Asociación Nacional de Educadores. CCTD: Confederación Costarricense de Trabajadores DEmocráticos. SINDICATOS NO CONFEDERADOS CGT: Central General de Trabajadores. CTRN: Confederación de Trabajadores Rerum Novarum. FETRAES: Federación de Trabajadores de la Educación Superior

Aprobadas reformas a la Ley de Conservación de la Vida Silvestre

La aprobación de este proyecto presentado en la legislatura pasada por el Diputado Gerardo Vargas Leiva y delegado a la Comisión Plena mediante una propuesta del Diputado José Merino del Río, del Partido Frente Amplio, quien desde el inicio de su gestión acogió este proyecto y lo defendió hasta llevarlo a su aprobación, constituye un gran avance para frenar las gravísimas infracciones que se cometen contra el ambiente y la vida silvestre en nuestro país y que en la actualidad están quedando impunes por causa de una gran cantidad errores y omisiones que tiene la legislación vigente.

Dentro de los principales cambios que introduce el proyecto están:

-Se reestablecen las penas de cárcel y se actualizan los montos de las multas por los delitos más graves contra la vida silvestre como la caza ilegal de especies en peligro de extinción, la caza ilegal en áreas protegidas, el tráfico ilícito de flora y fauna silvestre, la utilización de sustancias peligrosas que pongan en peligro la subsistencia de las especies, entre otros. Cabe recordar que hoy en día, la mayoría de estas conductas no reciben sanción alguna porque la Sala Constitucional anuló las penas de cárcel por errores en su redacción y las multas tienen montos absolutamente ridículos que no guardan relación alguna con la gravedad del daño social y ambiental que ocasionan.

-Se sanciona más rigurosamente a quienes contaminen o arrojen basura en manantiales, ríos, quebradas, arroyos permanentes o no permanentes, lagos, lagunas, marismas y embalses naturales o artificiales, esteros, turberas, pantanos, humedales, aguas dulces, salobres o saladas. Igualmente se castiga a quienes realicen estas conductas en los cauces de los cuerpos de agua o en las áreas de protección del recurso hídrico, tal y como lo viene proponiendo la Fiscalía Ambiental desde hace muchos años.

-Se protegen adecuadamente los humedales del país, sancionando con pena de prisión de uno a tres años a quienes drenen, sequen, rellenen o eliminen lagos, lagunas no artificiales y todos los demás humedales, declarados o no como tales.

-Se fortalece la protección de las áreas silvestres protegidas al permitir que los montos de las multas y los demás ingresos del Fondo de Vida Silvestre se giren directamente al Sistema Nacional de Áreas de Conservación sin tener que pasar por la Caja Única del Estado.