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Cómo no, si en este país son capaces de golpear a los trabajadores, pero en cinco años no se ha logrado una sola condena por fraude fiscal de los poderosos, destacó la Procuraduría.

Rocío Aguilar, ministra de Hacienda, presentó ante los diputados el plan que pretende resolver la problemática fiscal que ahoga la situación económica del país y que nos tiene en la mira de los organismos internacionales porque nos genera mala fama.

El déficit fiscal se situó en el primer trimestre de 2018 en el 1,5% del producto interno bruto (PIB), superior al 1,3% registrado en el mismo periodo de 2017.

Pero esas medidas que presentó Aguilar no convencen mucho, por el contrario, generan roces con los trabajadores del sector público, que serán los más impactados con ajustes de salario fijos anuales o con negociaciones a las convenciones colectivas.

Entre otros puntos acordados se reducirán la publicidad del gobierno, los viajes y viáticos, la reasignación de nuevas plazas, los gastos protocolarios, el pago de asesorías y otros de menos envergadura, pero el garrotazo es para la clase trabajadora.

Si bien esta era una propuesta para reducir los gastos del Gobierno central, lo cierto es que en medidas de recaudación estamos muy mal. Esta administración sabe que el dinero que requiere el país no proviene de estos ahorros, sino del cobro efectivo, que no se ejecuta funcionalmente.

Veamos el dato oficial. La evasión fiscal ronda el 8,22% del PIB, según manifestó el Ministerio de Hacienda; es decir, un poco más de ¢2 billones. ¿Leyó bien? ¢2 billones. El Estado está perdiendo esa cantidad de dinero porque a los grandes evasores no les da la gana pagar sus impuestos.

Entonces ¿cómo es que nadie tiene la valentía de poner el dedo en la llaga y cobrarles a los deudores esa plata, que tanta falta le hace al sistema? Pero además roban, pues evadir al fisco es robar en gran escala.

No hablamos de los comercios, sodas, cafés internet, tiendas… Hablamos de los peces gordos conocidos por todos, pero que se ríen en la cara de Hacienda cada mes, pues si ahora no pagan lo que deben, menos cuando la carga tributaria aumente, si es que pasa el plan fiscal.

En Costa Rica los grandes evasores y los contrabandistas son viejos conocidos, los equipos de fútbol con eso de las exenciones que no pagan por las taquillas y otros privilegiados nos tienen agarrados del gañote a los que sí pagamos al día, a los que tenemos facturas, a los que nos rebajan el impuesto de renta. A los responsables nos van a seguir dando garrote.

Veamos el colmo de la crisis fiscal de este país.

En el gobierno de doña Laura Chinchilla se firmó una directriz que impedía negociar con los evasores, en aquella lista estaban Canal 7 y La Nación con deudas de miles de millones.

Cuando empezó la administración de don Luis Guillermo Solís se firmó de manera silenciosa, pero que DIARIO EXTRA descubrió, que los grandes evasores podían conciliar para no ir a esos juicios engorrosos, caros e ineficaces. Aquella medida se tomó porque según ellos era mejor un buen arreglo que un mal pleito, pero de nada sirvió.

Vea los siguientes datos, que dan ganar de llorar.

La Procuraduría General de la República confirmó, tal como lo dio a conocer El Diario del Pueblo, que en los últimos 5 años no se condenó a ninguna persona por fraude fiscal, pese a que los gobiernos recientes informaron que se hicieron esfuerzos para batallar contra ese mal.

Este medio solicitó los datos con la intención de analizar el fenómeno de la evasión fiscal al momento en que la ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, presentó ante la Asamblea Legislativa la propuesta “Acciones para la sostenibilidad fiscal” y son poco halagadores.

De acuerdo con el Poder Judicial, en cuanto a las demandas que ha conocido por el delito de fraude a la Hacienda Pública, paradójicamente y no ajustándose a la enorme evasión fiscal, solo se han tramitado 25 expedientes en 5 años hasta 2018.

De acuerdo con datos de la Procuraduría, las 25 causas contemplan resoluciones, aplicación de medidas alternas y pendientes de trámite. Además 14 se encuentran en gestión, 5 con sobreseimiento definitivo, 1 por desestimación y 5 pendientes de implementación de medidas cautelares.

Destaca que solo hubo una sentencia condenatoria que no está en firme y contempla el pago de ¢427.451.585.636. Además dos reparaciones integrales del daño a favor del Estado por parte de las empresas Grupo Q y La Nación por la suma de ¢2.900 millones, acuerdos tomados en 2014 y 2016.

Después de eso los grandes evasores siguen haciendo fiesta, pues ya vimos que las leyes son bien flojas y todo lo que no llega a tribunales es tratado con guantes de seda en otras sedes como las administrativas.

Si la evasión fiscal en números oficiales es de un 8,22% del PIB (más de ¢2 billones), ¿dónde están esas acusaciones? ¿Dónde se llevan los procesos penales, civiles y administrativos que permitan recobrar esos dineros?

Conciliar no fue la solución al problema, ¿entonces por qué no pasar al segundo nivel? ¿Por qué no aplicar mano dura a quienes antes, hoy y siempre le robarán al fisco?

De verdad somos tan flojos que preferimos impactar a la clase trabajadora, a los que son honrados, para dejar que esos irresponsables y sinvergüenzas sigan llenándose los bolsillos con dinero ajeno. Somos tan pendejos que el crimen organizado con el contrabando sigue operando por la libre, como sucede en las zonas fronterizas.

Bien lo dijo el analista en banca y finanzas Jorge Benavides, “la evasión fiscal en Costa Rica es un deporte desde hace muchos años, hace pocas semanas 20 grandes empresas presentaron en cero la declaración y desde hace muchos años no hemos visto un allanamiento, una detención o una intervención por tema de evasión fiscal, y como esas 20, empresas cientos de compañías practican la evasión”.

A ver, doña Rocío, agarremos el toro por los cuernos. Don Carlos dejémonos de cursilerías y entrémosle de frente al problema, aunque caiga más de un reconocido empresario.