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Limón, 21 Junio de 2007
STJ-499-2007

CARTA PÚBLICA

Licenciado
Marcos Vargas Díaz
Ministro de Coordinación Interinstitucional
S.D.

Estimado señor:

Lo he escuchado y visto con mucho detenimiento a través de sus múltiples apariciones en los diferentes medios de información nacional, refiriéndose al tema de los puertos del Caribe. Es lamentable observar como el Gobierno, que tiene la facilidad de manipular la información y barajarla al estilo que le conviene, y Usted la arremeten contra una Organización Sindical y sus afiliados de manera coercitiva y amenazante.

Aún cuando es conocedor de los problemas concretos y verdaderos que enfrenta JAPDEVA; debo indicarle que es poco, por no decir nada, en lo que ha intervenido para solucionarlos. A excepción del único tema que le conviene: “la concesión”.

Hay que decirle al pueblo de Costa Rica y principalmente al pueblo de Limón, que aún con la aprobación del Tratado Libre de Comercio por parte de los países como Guatemala y El Salvador, nuestro país a ambos juntos los superó aproximadamente por 1600 millones de dólares en exportaciones en el año 2006, y que al mes de mayo del 2007 la exportaciones van creciendo en un 16% sin la aprobación del nefasto TLC por parte de Costa Rica.

Los trabajadores de este país no tenemos más protección que las mínimas que establece nuestro Código de Trabajo que data de hace más de 49 años. Cuando reclamamos nuestros derechos utilizan frases que pretenden desprestigiarnos diciendo que defendemos privilegios. Además utilizan medidas de hecho de tipo coercitivo, contrario a lo que se predica internacionalmente por el Gobierno.

¿Le han dicho al pueblo de Costa Rica quiénes son los concesionarios que se están viendo beneficiados con las concesiones del Puerto de Puntarenas, tanto extranjeros como nacionales? Le han dicho al pueblo que prácticamente le sirvieron en bandeja al concesionario extranjero lo que legítimamente le pertenece al pueblo costarricense?. Me refiero a Caldera.

Permítame con todo respeto, decirle lo siguiente: Costa Rica no está preparada para implementar el modelo de Concesiones que pretende aplicar este gobierno, al menos en las actividades esenciales y de mucho interés para este país; por la sencilla razón que no podemos arriesgar nuestros patrimonios en un modelo que, al menos, en Costa Rica a la fecha no ha funcionado.

Tenemos los casos de la CARRETERA SANTA ANA – CALDERA, AMPLIACIÓN DE LA AUTOPISTA ALAJUELA – SAN RAMÓN, la CARCEL DE POPOCÍ, MONOPOLIO PRIVADO DE RITIVE, ALTERRA y el fiasco del AEROPUERTO, la APERTURA DE LAS ESTIBAS EN LOS MUELLES DE LIMÓN, o las CONCESIONES DE LAS EXTRACCIONES DE MATERIALES DE NUESTROS PROPIOS RÍOS. Sobre este último punto, el Gobierno actual se vio en la obligación de sacar un Decreto Ejecutivo para que se le permita a los Gobiernos locales poder extraer material de los ríos para desarrollar las comunidades; ya que, en forma incomprensible los municipios tenían que comprárselo a los concesionarios.

Reitero que los trabajadores de los puertos del Caribe no han realizado ningún movimiento de presión que afecte la actividad portuaria y la eficiencia. Somos conocedores de las intenciones de este Gobierno para tener la mínima justificación y aprovecharla en contra de los trabajadores portuarios. El Gobierno quiere justificar el objetivo obsesional para aplicar el PODER POR ENCIMA DE LA RAZÓN con tal de obtener su fin último: entregarle a unos pocos lo único que le queda al pueblo de Limón y que es JAPDEVA.

Nunca renunciaremos a defender con dignidad las garantías sociales y las instituciones públicas que han hecho grandioso a este país.

Le saludo
Atentamente,

Lic. Ronaldo Blear Blear
Secretario General de Sintrajap

C/ Medios de Comunicación
Archivo.

San José, 19 de junio de 2007.
S.G. 05-07-1387-07

Licenciado
Enrique Acosta Granados
Presidente
Junta Directiva
Movimiento Solidarista Costarricense
Su Despacho
Fax No. 253 63 47

Estimado señor:

Nuestro querido país está viviendo momentos realmente históricos. El referéndum sobre el TLC marca un ejercicio democrático inédito en la vida nacional y, por lo tanto, lo mejor que podemos hacer los distintos actores de esta polémica de los últimos años, es contribuir a que esta nueva experiencia de participación ciudadana, alcance altísimos niveles de conciencia cívica, a través de la más amplia información, para que los y las votantes tomen un decisión con bases firmes.

Hemos dado seguimiento a varias de las principales notas periodísticas acerca del último congreso del Movimiento Solidarista Costarricense, en cuanto a la “contundencia” del respaldo del mismo al denominado “tratado de libre comercio” (TLC); situación ésta que no cuestionamos en lo más mínimo, pues todos tenemos el derecho de decir Sí ó decir No al respecto.

Lo que sí nos parece de enorme trascendencia es que, dadas las evidentes limitaciones que se dan en las empresas privadas para el desarrollo de una real democracia deliberativa sobre este delicado tema, considerando la audiencia cautiva que representa en estos momentos la clase trabajadora del Sector Privado; vemos con extraordinario interés la posibilidad de un debate público con el movimiento por usted liderado, don Enrique, acerca de, quizás, el tema más álgido de toda esta discusión sobre el TLC: la relación del tratado con el empleo.

En consecuencia, la presente constituye para el Movimiento Solidarista Costarricense una exhortación pública, sumamente respetuosa, para que en un marco de condiciones aceptado por las partes, el Solidarismo y el Sindicalismo, realicen un debate totalmente libre sobre el tema propuesto. Estamos seguros de que ustedes habrán estudiado tanto el asunto del empleo y del TLC, con idéntica responsabilidad, seriedad y profesionalismo, como lo hemos hecho en la ANEP; razón de sobrado peso para sentirse seguros de los respectivos argumentos.

Estimamos que no es posible rehusar un debate de tales características y dado que ambos movimientos tenemos representación en el seno de la Asamblea de Trabajadores del Banco Popular y de Desarrollo Comunal (ATBP), no habría mejor escenario que éste para un evento de esta naturaleza. La multiplicidad de los componentes de este organismo, dan la garantía plena de un debate de altura, en verdad libre y que permitiría a las partes la expresión completa de los argumentos de cada una sobre la relación TLC y empleo.

Quedamos en espera de su respuesta oficial al respecto y estamos listos para trabajar en la respectiva coordinación al respecto.

Muy atentamente,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Edgar Morales Quesada
Secretario General Adjunto

cc.: Señores y señora Directorio, Asamblea de Trabajadores del Banco Popular y de Desarrollo Popular (ATBP). Fax No. 211 76 57 – 233 24 94
cc.: Dra. Lisbeth Quesada Tristán, Defensora de los Habitantes de la República. Fax No. 248 09 91.
cc.: Medios de Comunicación Colectiva.
cc.: Junta Directiva Nacional de ANEP.
cc.: Archivo.

Explicó que los dueños de las patentes son fundamentalmente empresas transnacionales norteamericanas, como Monsanto o Dupont, que de aprobarse este proyecto venderían sus semillas al agricultor costarricense, quien después de recoger su cosecha no tendría derecho a secarlas y volver a sembrarlas, sino que debe de nuevo pagar a la multinacional para continuar produciendo.

Estas empresas manipulan las semillas, mediante cruces y selección, o mediante modificaciones genéticas, y sacan al mercado nuevas variedades que adquieren derechos de propiedad intelectual, mediante un certificado de obtentor o una patente, continuó explicando el diputado Merino.

El día 18 de junio, en horas de la noche, seis diputados/as del PLN, el PUSC y el Movimiento Libertario dictaminaron el proyecto, sin discutir 83 mociones, 49 de la representación del PAC, integrada por Nidia González, Marvin Rojas y José Joaquín Salazar, más 34 del legislador José Merino. Tampoco hubo posibilidad de justificar el voto, mediante las intervenciones por el fondo sobre el proyecto de ley.

A este proyecto que “patenta la vida”, conocido como UPOV, se le está aplicando la vía rápida y no fue consultado a las comunidades originarias, tal y como dispone el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), dijo el parlamentario frenteamplista.

Tanto este proyecto de Ley como el Convenio UPOV, que se tramita paralelamente, contribuyen a liquidar la agricultura nacional, afectando la soberanía y la seguridad alimentaria del país, manifestó el diputado Merino, para quien la respuesta de los sectores sociales debe guiarse por la sentencia bíblica que pide “expulsar a los mercaderes del templo”, lo cual se puede lograr en las urnas en el referéndum diciendo NO al TLC y en las calles exigiendo que se detenga el trámite de estos proyectos nocivos para la población, que son parte integral del tratado al estar incluidos en la agenda de implementación.
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OBEDIENCIA DEBIDA

Comentario sobre el trámite de votación del proyecto de Ley de Obtenciones Vegetales en la Comisión de Asuntos Agropecuarios

Fracción del Partido Frente Amplio

El día de ayer 19 de junio en horas de la noche se dictaminó, de espaldas a los intereses de nuestros agricultores, el proyecto de “Ley de Obtenciones Vegetales (Expediente 16.327), antesala del Convenio UPOV, rechazado este último en dos ocasiones por la Asamblea Legislativa, con votos del mismo PLN hoy en el gobierno, ayer en la oposición.

El dictamen se produjo con un trámite sin discusión y el rechazo de noventa mociones pendientes a un nuevo texto sustitutivo, entregado por el COMEX al bloque PLN, PUSC, ML. Este se publicó hace menos de veinte días, con más de 22 nuevos artículos, y la modificación de 21 de los planteados en el texto anterior en discusión. Se trata de artículos referidos a materia sancionatoria, a nulidades, a procedimientos de inscripción de estas “obtenciones” que no son otra cosa que el patentamiento de nuestras semillas criollas y nuestra biodiversidad.

Debe quedar claro para los campesinos y agricultores, que esta Asamblea Legislativa no tiene interés en mejorar sus condiciones de vida y trabajo, al promover leyes con un solo propósito: “SI AL TLC… SI A LOS INTERESES DE LA TRANSNACIONALES SEMILLERAS”.

Este bloque de mociones que la Comisión de Asuntos Agropecuarios ha rechazado sin ningún escrúpulo, es la lápida sobre nuestros agricultores. Para muestra un botón, una moción solidaria con nuestros agricultores para tratar al menos de paliar tanto atropello, presentada por el diputado José Merino del Río y rechazada por la “mayoría mecánica”:

Moción Nº 89-11, del diputado Merino del Río:

“Para que se adicione un Transitorio I al proyecto de ley en discusión, que se leerá de la siguiente manera:

“TRANSITORIO I.- Durante los primeros cuatro años contados a partir de la entrada en vigencia de esta Ley, el Ministerio de Agricultura y Ganadería deberá realizar una campaña de divulgación y educación a fin de informar a las y los agricultores de todas las regiones del país sobre las implicaciones de la presente Ley para sus derechos. Durante ese plazo y hasta tanto esa campaña no se realice, no entrará en vigencia el capítulo VI de esta Ley.”

Ni un solo argumento para decir por qué nuestros agricultores no pueden conocerlos alcances de una ley como esta, compleja y llena de tecnicismos, antes de ser aplicada. Lógica que sí se emplea cuando hablamos de las reformas que afectan a los abogados y notarios o al sistema bancario y sus inversionistas (_a los que se les ha dado plazo antes de entrar a regir la normativa, de manera que les permita tomar las previsiones y ajustes debidos_). Pero a nuestros agricultores no quieren que se les explique con que novedades se enfrentan en el insumo básico para la producción: el acceso a las semillas.

Más grave aún. No solo las mociones se rechazaron sin discusión sino que se sometió el proyecto de ley a votación sin debate por el fondo. ¡Ni siquiera el dictamen del TLC se votó sin antes permitir algún barniz de discusión por el fondo, mediante la intervención de cada diputado!

La Comisión de Asuntos Agropecuarios podía permitirse discutir hasta las 11.55 p.m. del día de ayer, el proyecto, para que al menos quedara constancia en las actas del por qué estaba a favor o en contra de este expediente cada diputado o diputada.

Pero una vez más con atropello absoluto no solo a los derechos de los diputados/as interesados/as en exponer sus razonamientos, sino a la razón y entendimiento de las personas que quieran, necesiten saber, que pensaban sus representantes, le han cercenado los derechos a la ciudadanía, porque cuando en algún momento en el futuro, para efectos de interpretación de los operadores jurídicos, se deba preguntar: ¿cuál era la voluntad del legislador?, no se encontrará ninguna discusión por el fondo o argumentos encontrados, dada esta actuación irrespetuosa del principio democrático de la_ “mega fracción muda del PLN, ML y PUSC”_.

San José, 19 de junio de 2007.
S.G. 05-07-1385-07

Señor
Rafael Carrillo Lara
Presidente
Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada (UCCAEP)
Su Despacho
Fax No. 290 55 96

Estimado señor:

Nuestro querido país está viviendo momentos realmente históricos. El referéndum sobre el TLC marca un ejercicio democrático inédito en la vida nacional y, por lo tanto, lo mejor que podemos hacer los distintos actores de esta polémica de los últimos años, es contribuir a que esta nueva experiencia de participación ciudadana, alcance altísimos niveles de conciencia cívica, a través de la más amplia información, para que los y las votantes tomen un decisión con bases firmes.

Por eso nos ha llamado poderosamente la atención, los reclamos que la entidad empresarial dirigida por su persona, ha presentado ante la Universidad de Costa Rica (UCR), expresando la molestia de su gremio por el desarrollo de un debate democrático profundo en la máxima casa de enseñanza superior del país, en torno al tema del TLC.

Afortunadamente para la vida institucional del país, la posición asumida por la UCR, ha permitido un desarrollo sólido, argumentativo y de gran base profesional del debate que, como es evidentemente notorio, fue rehusado en muchas ocasiones por los defensores del TLC, muchos de ellos ligados a la UCCAEP.

La actitud crítica, totalmente injustificada, de la UCCAEP para con la UCR no tiene el menor asomo ético. Más bien, es preocupante que uno de los gremios empresariales más connotados del país, asuma posiciones totalitarias, típicas de esa lógica de pensamiento único con que se pretende gobernar a Costa Rica. Para ventura de la democracia, miles y miles de costarricenses nos resistimos a someternos a una realidad sociopolítica que excluye el debate y que entroniza la prepotencia y la exclusión, partiendo del control del poderoso aparato mediático y económico que impulsa las principales decisiones de política pública de los últimos años en el país.

Es aquí donde queremos detenernos para indicar la imperiosa necesidad de que el debate democrático llegue al seno de las fábricas, de las empresas y de otras unidades productivas del gremio de la UCCAEP. Son bastantes los reportes que llegan a la ANEP acerca de charlas de fuerte adoctrinamiento ideológico a favor del Sí al TLC, charlas donde no se tolera la disidencia.

Es más, los contenidos del miedo y la agresión psicológica de jugar con la estabilidad en el empleo, parecen ser los ejes centrales de la prédica empresarial pro-TLC, en muchas de esas unidades productivas.

La UCCAEP debe abrirse a la democracia del debate en el seno de las empresas. Por eso dejamos constancia de que respaldamos la propuesta que le formula a su entidad, la Dra. Monserrat Sagot Rodríguez, del Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica (UCR), para que se abran espacios de libre intercambio de posiciones sobre el TLC, en auditorios compuestos por trabajadores de las empresas afiliadas la UCCAEP.

La Constitución Política nos cobija a todos y a todas. La democracia cubre a la totalidad de la sociedad. No pueden aceptarse enclaves o encierros fabriles donde la libertad de expresión es letra muerta. No es ético que en determinamos espacios productivos se funcionen como campos de concentración, ni que se elaboren listados o censos conminatorios del libre albedrío personal. No se puede matar la democracia de ese modo. UCCAEP tiene la palabra.

Muy atentamente,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Edgar Morales Quesada
Secretario General Adjunto

cc.: Dra. Yamileth González, Rectora de la Universidad de Costa Rica (UCR). Fax No. 234 04 52
cc.: Dra. Monserrat Sagot Rodríguez, Fax 234 09 04.
cc.: Honorables integrantes del Consejo Nacional de Rectores (CONARE).
cc.: Medios de Comunicación Colectiva.
cc.: Junta Directiva Nacional de ANEP.
cc.: Archivo.

San José, 14 de junio de 2007.
S.G. 05-07-1376-07

Señora
Bente Sorensen
Coordinadora
Proyecto Verificación para Centro América y República Dominicana
Oficina Internacional del Trabajo
OIT-Costa Rica
Presente
Fax No. 224 26 78 – 253 72 13

Estimada señora:

En primer término, reciba usted un respetuoso y atento saludo de parte de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP).

Hemos conocido el contenido de su oficio, RLA/05/USA-1152, fechado 8 de junio de 2007, dirigido a la ANEP, en el cual se nos pregunta acerca de nuestras necesidades de materiales de difusión para la promoción de los derechos laborales relacionados con el derecho a la igualdad de remuneración y no discriminación en el empleo (convenios 100 y 111); y, el derecho a la sindicalización y la negociación colectiva (convenios 87 y 98).

Según su nota, lo que se pretende es “apoyar la elaboración de algunos de los materiales requeridos por los sindicatos de la región y así contribuir a promover los derechos laborales mencionados, como parte del Plan de Comunicación que desarrolla el ‘Proyecto Verificación de la implementación de las recomendaciones del Libro Blanco’. Es un proyecto de cooperación técnica que desarrolla la OIT en los países de la región centroamericana y República Dominicana con el apoyo financiero del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos”.

Para la ANEP es más que evidente que estamos hablando del mismo proyecto que impulsa el Gobierno de los Estados Unidos de América, como parte de la denominada agenda de implementación del Tratado de Libre Comercio (TLC), con los países de la América Central y la República Dominicana.

Como es de amplio conocimiento público, la ANEP está conformando parte de la amplia coalición opositora costarricense a ese TLC y sería completamente antiético que tomáramos parte en un proyecto de tal naturaleza, financiado por el gobierno estadounidense; pese a que los propósitos que persigue OIT son considerados por nuestra parte como completamente válidos.

Nuestro rechazo a tal proyecto no es de ahora, sino que desde que surgió en el país la posibilidad de implementación del mismo, y que fuera planteada a varias entidades sindicales del país, la ANEP dejó clara su posición desde el principio; cuando bajo el nombre de “Cumple y Gana” se nos invitó a tomar parte en el mismo.

Respetuosamente,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Edgar Morales Quesada
Secretario General Adjunto

cc.: Junta Directiva Nacional de ANEP.
cc.: Sr. Juan Manuel Sepúlveda, Especialista en Actividades con los Trabajadores de la OIT.
cc.: Archivo.

Invitación