Alto a la emisión de gases de efecto invernadero

Este recurso lleva el número 07-3651 y fue interpuesto por la Confraternidad Guanacasteca y el Diputado Merino Del Río.

Están también en trámite dos Recursos de Amparo contra el Ingenio Taboga propiedad de Oscar Arias y su familia, y contra LAICA y otros.

Inicialmente se les ordenó suspender las quemas, pero los ministros de este gobierno desobedecieron esta orden y durante esta zafra, se otorgó permisos para quemar, en base a este decreto.

El gobierno declara todos los días su compromiso de reducir la emisión de gases de efecto invernadero, sin embargo otorga permisos para que los grandes ingenios, quemen y emitan enormes cantidades de Anhídrido de Carbono (CO2) principal gas que produce este efecto. ¡Basta ya de doble discursos!

Las noticias anuncian que don Oscar estará durante Semana Santa en su finca en Taboga. Esperemos que haga su análisis de conciencia y decida comenzar a cumplir con la Ley y dejar de contaminar el aire que todos respiramos.

Esperemos que desde ahora comiencen los ingenios y las autoridades de gobierno a preparar los planes para lograr que la próxima zafra se realice en su totalidad sin el nefasto e ilegal uso de las quemas.

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_*Para más información:* Asociación Confraternidad Guanacasteca Correo electrónico confraternidad_gte@yahoo.com o aaron.porras@gmail.com. A disposición fotos De Quema de caña y Población afectada por el humo y las cenizas, en las afueras de sus casas._

Sindicatos de trabajadores bananeros y la Standard Fruit logran acuerdo

Acuerdo macro suscrito entre Standard Fruit Company de Costa Rica S.A. y la Coordinadora de Sindicatos Bananeros de Costa Rica (COSIBA-CR).

Entre nosotros, STANDARD FRUIT COMPANY DE COSTA RICA S.A., en adelante y para todos los efectos denominada “LA EMPRESA”, y la COORDINADORA DE SINDICATOS BANANEROS DE COSTA RICA para todos los efectos denominada de ahora en adelante COSIBA, manifiestan que como resultado de las reuniones sostenidas entre las partes, dentro del marco de las conversaciones sostenidas con COLSIBA (Coordinadora Latinoamericana de Sindicatos Bananeros) hemos convenido en firmar el presente acuerdo macro para los aspectos básicos en el campo Sindical y Ambiental.

Considerando:

a) Que ambas partes comparten el postulado de la libertad sindical para los trabajadores y trabajadoras, en concordancia y aplicación de las Normas Internacionales, así como de la Legislación Nacional en esta materia, conforme lo disponen las leyes de la República de Costa Rica, los Convenios Internacionales de OIT, debidamente ratificados por nuestro País.

b) La Empresa aplicará su política corporativa de responsabilidad social.

c) Que ambas partes comparten el interés de prevenir la Contaminación de Aguas y mejorar el medio ambiente, en las plantaciones y comunidades aledañas.

Por lo tanto Standard Fruit y COSIBA-CR acuerdan el siguiente acuerdo macro de relaciones:

SOBRE LA LIBERTAD SINDICAL DE ACUERDO A LEGISLACION LABORAL DE COSTA RICA.

1) Sin ser las únicas, se aplican las normas contenidas en nuestro Código de Trabajo en sus artículos: 69 inciso k), 70 inciso c), 363; y las contenidas en los Convenios Internacionales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT): Convenios 87, 98 y 135.

2) COSIBA informará a sus Sindicatos para que en materia sindical se desarrolle con normalidad. Asimismo, Standard Fruit Company de Costa Rica S.A., velará porque los dirigentes sindicales no sean objeto de ningún tipo de discriminación y permitirá su libre ingreso a los centros de trabajo y área habitacional de los trabajadores, con el fin de que puedan tener las reuniones que consideren necesarias, siempre que no se afecte la actividad normal de la empresa y sin que se interrumpan las labores que se estén realizando.

3) En caso de existir algún diferendo por la aplicación del punto anterior, las partes se comprometen a resolver con prontitud tales diferencias, en aras de no afectar los intereses mutuos citados en este acuerdo.

4) La Empresa igualmente será respetuosa de las facultades legales que dentro del principio de representación económico-social los sindicatos pertenecientes a COSIBA ostenten en nombre de sus afiliados y atenderá las gestiones que en nombre de sus afiliados realicen cada uno de los sindicatos y/o los representantes de los trabajadores(as) afiliados. Los casos específicos deben ser analizados con la administración de cada finca, solicitando previamente una reunión por escrito.

5) Las partes se comprometen a no realizar comunicaciones o campañas internacionales que puedan afectar la imagen de la empresa o el sindicato, sin antes acudir directamente a la otra parte a ventilar el asunto, con el fin de dar cumplimiento a lo pactado en el presente acuerdo.

6) Ambas partes mantendrán un canal de diálogo abierto para lo cual nombraran un comité de seguimiento de tres personas cada una y se reunirán ordinariamente al menos tres veces al año para evaluar la marcha y cumplimiento de los compromisos adquiridos en el presente acuerdo macro. Adicionalmente, las partes se comprometen a reunirse extraordinariamente cuando fuere necesario siempre que se haya formulado una agenda de trabajo con 8 días naturales de anticipación.

7) La empresa mantendrá su posición neutral respecto a la decisión de sus trabajadores (as) en cuanto a su pertenencia a la organización de su preferencia. En consecuencia no hará actos de injerencia a través de su personal administrativo o de terceras personas o de instituciones para hacer trabajo antisindical.

PROVEEDORES
En caso de denuncias laborales de COSIBA en relación a proveedores de fruta, Standard Fruit se compromete a reunirse con el proveedor para hacerlas de su conocimiento a fin de que se le busque una solución acorde con la Ley nacional, convenios internacionales de la OIT debidamente ratificados y las obligaciones pactadas en el contrato de compra venta de fruta; La Empresa procurará una vez agotado este procedimiento reunir a las partes para tratar de buscar soluciones, acorde con el espíritu de este acuerdo macro. Para cumplir ambos procedimientos la empresa contará con un plazo máximo de 30 días naturales.

SOBRE AMBIENTE

La empresa se compromete a cumplir con la legislación local e internacional que aplique en sus operaciones en Costa Rica y a realizar su mejor esfuerzo con el objeto de mantener las certificaciones para el manejo del medioambiente, con la norma EUREP/GAP para las buenas prácticas de agricultura y manufactura. En esa línea de actuación son de máxima prioridad para la empresa, los programas para: el manejo de los desechos líquidos y sólidos, el manejo de los agroquímicos y todas las sustancias peligrosas, la protección de las aguas y la protección forestal.

AMBITO DE APLICACIÓN DE ESTE ACUERDO.

El presente acuerdo se aplicará en las fincas propiedad de Standard Fruit Company de Costa Rica S.A., y en aquellas fincas en que Standard Fruit Company de Costa Rica S.A. tenga participación.

MECANISMOS DE COMUNICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE ESTE ACUERDO
.

Ambas partes mantendrán un canal de diálogo abierto, de manera que cualquier diferencia que surja del presente acuerdo pueda ser informado entre partes y de inmediato solucionar el diferendo.

PRINCIPIOS PARA LA INTERPRETACIÓN DEL PRESENTE ACUERDO.

Se tendrán como fuentes de interpretación los siguientes principios:* LA BUENA FE, EL RESPETO MUTUO, LA CONSTRUCCIÓN DE LA CONFIANZA, LA JUSTICIA SOCIAL Y LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE.*

VIGENCIA DE ESTE ACUERDO

Este acuerdo entrará a regir una vez firmado por las partes y por un plazo indefinido, hasta tanto cualquiera de las partes manifieste por escrito su interés de modificarlo o darlo por terminado con un plazo de anticipación de treinta días naturales. Al cumplirse cada año de vigencia de este acuerdo macro las partes se reunirán para una revisión del mismo.

En fe de lo anterior, firmamos este documento en Siquírres, Costa Rica a las dieciocho horas del 27 de Marzo del 2007.

*Por Standard Fruit Company de CR: *

Danilo Román Gutiérrez

Jorge Luis Viquez Méndez

Juan Carlos Rojas Zeledón

*Por COSIBA: *

Gilbert Bermúdez Umaña

Ramón Barrantes Cascante

Jorge Luis Barboza Jiménez

René García Miranda

Por COLSIBA:
German Zepeda

Testigo:
Magne Svartbekk
BAMA GRUPPEN AS

Represión sindical en Panamá

DENUNCIA URGENTE
MÁS DE 100 TRABAJADORES PRESOS
Y VARIOS HERIDOS
MAS DE 20 PROYECTOS PARALIZADOS

Ante la insistencia de las empresas de incumplir las normas y medidas de seguridad y salud laboral y la falta de acción de las autoridades, los trabajadores hemos decidido lanzarnos a las calles y paralizar las obras que siguen presentando estas anomalías y fallas, verdaderas trampas de muerte, que han cobrado ya la vida de 10 compañeros sólo en lo que va del año 2007.

EL GOBIERNO RESPONDE CON REPRESIÓN

Frente a nuestras justas reclamaciones, el Gobierno ha salido en defensa de los empresarios y ha ordenado reprimir a los trabajadores en lucha registrándose más de 100 detenidos en la ciudad de Colón; mientras que en Chilibre, en el Proyecto de la Autopista Panamá Colón, fueron arrestados 24 compañeros.

El Proyecto de la Ingeniería REC en los 4 Altos de Colón, fue tomado por unidades de la Policía Nacional quienes lanzaron bombas lacrimógenas e hicieron disparos de bala contra los trabajadores. Se registraron 12 detenidos.

También en los 4 Altos de Colón, agentes de la seguridad del Estado (que se identificaron como PTJ) al servicio del dueño de la empresa Constructora Futuro, Ezequiel Salomón, ingresaron al proyecto agrediendo salvajemente al representante sindical y privándolo de su libertad. Hubo 5 detenidos.

Como si fuera poco, el directivo del* SUNTRACS*, David Niño y 75 compañeros más de Constructora Díaz y Guardia fueron arrestados al acudir a la Policía Nacional a exigir la libertad de los detenidos.

A esto hay que sumar el arresto en días recientes de nuestro compañero Jaime Caballero en la Provincia de Chiriquí y la huelga de más de 60 días de los obreros del Proyecto Reg-Frog en Bocas del Toro.

Denunciamos la actitud del Gobernador de la Provincia, Julio Kenion, militante del desprestigiado PRD, quien impartió órdenes a la Policía para reprimir y al Corregidor de Cristóbal para hacer los arrestos injustificados.

Frente a estos hechos, el SUNTRACS reitera que mantendrá su lucha en las calles para hacer valer nuestros derechos y que se respete lo relacionado en materia de salud y seguridad laboral consagrados en nuestra Convención Colectiva, en el Código de Trabajo, en los Convenios Internacionales de la OIT, en el Código Penal, en el Código Sanitario, en los Decretos Municipales, entre otros instrumentos legales.

Con la represión desatada, el Gobierno, además de mostrar su complicidad con los empresarios homicidas, da una vez más muestra de torpeza e incapacidad al agredir a los trabajadores que exigen seguridad y al agregar nuevos puntos de conflictos y un clima de violencia que sólo sirven para agravar la crisis y radicalizar la lucha de los trabajadores que puede concluir en una GRAN HUELGA NACIONAL.

Nos mantenemos vigilantes y en pie de lucha a fin de impedir que los empresarios homicidas y el Gobierno corrupto, que han convertido la industria de la construcción en una INDUSTRIA DE LA MUERTE, sigan ocasionando nuevas muertes de humildes panameños que buscan honradamente sostener a sus familias mediante un trabajo DIGNO Y SEGURO.

¡NO MAS MUERTES EN LA CONSTRUCCIÓN!
¡ALTO A LOS EMPRESARIOS HOMICIDAS
Y AL GOBIERNO REPRESIVO Y CORRUPTO!
¡SIN LUCHAS NO HAY VICTORIAS!

Panamá, 31 de marzo de 2007.

SUNTRACS
SINDICATO ÚNICO NACIONAL DE TRABAJADORES
DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN Y SIMILARES

Miembro: FRENADESO y PSCC

Región Brunca: Encuentro con Líderes Comunales

31 de Marzo del 2007.

Nosotros todos miembros de Organizaciones Sociales de la Región Brunca, realizamos el siguiente acuerdo:

Considerando:

1. La excelente labor institucional que realiza el Msc. Miguel Calderón Fernández, en la administración actual de la Sede Brunca de la Universidad Nacional.

2. Que con la llegada nuevamente del Decano Miguel Calderón Fernández, a la Sede, la comunidad se siente vinculada de nuevo a la Universidad Nacional.

3. Que se realza el liderazgo de la Universidad Nacional con la Presencia y administración del actual Decano.

4. Que en las luchas sociales, especialmente la que se lleva a cabo en contra del Tratado de Libre comercio, la Universidad Nacional liderada por el Decano actual abre sus puertas a la comunidad para que se lleven a cabo foros de análisis y discusión del tema en cuestión, siendo este ámbito ideal para formar criterio social.

5. Que con la llegada del decano Calderón Fernández la comunidad se ve inmersa en el quehacer universitario y la Universidad se involucra en el quehacer comunal.

6. Que el señor Decano Miguel Calderón Fernández ha mostrado ser un funcionario y ciudadano Integro y de frente en su lucha contra la corrupción ya sea institucional, comunal o nacional.

7. Que la Universidad Nacional, Sede Brunca con la presencia del decano Miguel Calderón Fernández, recupera su presencia, en el liderazgo, la organización y la calidad que todos los ciudadanos esperamos de una Universidad Publica.

Acordamos:

A. Solicitar al la Rectoría y al Consejo Universitario de la Universidad Nacional detener la campaña de acoso laboral y persecución política en contra del Msc. Miguel Calderón Fernández decano de la Universidad Nacional Sede Región Brunca.

B. Comuníquese este acuerdo a las instancias respectiva.

Firmamos en página adjunta formateada con el siguiente encabezado:

Registro de firmas
Encuentro con líderes y organizaciones comunales.
REGION BRUNCA
ACUERDO PARA RECTORIA Y CONSEJO UNIVERSITARIO
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL
Sábado de 31 de marzo, 2007

Liberacionistas emplazan al embajador de Estados Unidos

Marzo 30, 2007

Costa Rica, es un país que, con gran esfuerzo y sacrificio, ha logrado desarrollar un régimen político democrático durante los últimos cien años de historia patria.

En los últimos cincuenta años, estadistas costarricenses, sin ejército, lograron instaurar y fortalecer un Estado Social de Derecho para regular las relaciones en nuestra sociedad.

Estos logros de nuestros antepasados ilustres, han formado un pueblo costarricense con una idiosincrasia “sui generis”, que le permitió, en el período señalado, generar condiciones de desarrollo político, económico y social, con una dirección diferente a la impuesta en los países vecinos.

Durante todo este tiempo, el pueblo y gobierno de Costa Rica, ha construido, junto al pueblo y gobierno de los Estados Unidos, relaciones diplomáticas y comerciales respetuosas y mutuamente beneficiosas, siempre buscando puntos de encuentro y cooperación, relaciones que nos permiten hoy considerar a nuestros pueblos y gobiernos amigos con un destino democrático común.

Consideramos que en este momento el pueblo de Costa Rica pasa por una coyuntura política sensible, ya que la discusión de los alcances de la aprobación legislativa del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana, ha polarizado la sociedad y generado una contradicción importante que tendrá que resolver.

Consideramos como necesaria la observancia del derecho de autodeterminación de los pueblos y la independencia de estos pueblos, a resolver su futuro con base en los intereses propios y de las futuras generaciones, en nuestro caso, por medio de los mecanismos que establece nuestra centenaria democracia.

En el marco político mencionado, la visita hecha por usted a Casa Presidencial para reunirse con el presidente de la República, Dr. Óscar Arias Sánchez, y cuyo motivo y resultados fueron publicados por la prensa, consideramos que agrega elementos que distorsionan y que en nada ayudan al presidente Arias a resolver, como estadista democrático, la contradicción política y social, que existe en el seno de nuestra sociedad.

Nosotros, en nuestro carácter de liberacionistas y quienes no estamos de acuerdo con la aprobación legislativa del actual texto del TLC, permítanos solicitarle, respetuosamente, observar mayor prudencia en futuras intervenciones sobre este tema, en aras de fortalecer las relaciones de buena vecindad entre nuestros pueblos.

Asimismo, con base en algunas dudas que nos han generado sus declaraciones, con todo respeto le solicitamos explicar al pueblo costarricense los alcances de su afirmación de que sin Tratado no es posible tener relaciones comerciales con su país. ¿Acaso esto significa que Estados Unidos aplicará represalias si Costa Rica no aprueba este Tratado? ¿Ejercerá su Gobierno desviación de comercio y de inversiones? ¿Cuáles son los intereses que señala usted en que este Tratado debe ser aprobado en “este momento”? ¿Su Gobierno eliminaría a Costa Rica los beneficios de la ICC si no aprueba este TLC?

Esperamos, señor Embajador, su comprensión a este señalamiento y solicitud, quedando a la espera de sus noticias.

Suspenden desalojo de familias campesinas en Cocotales

Luego de gestiones del diputado Merino del Frente Amplio, y del diputado Jorge Méndez (PLN), ante los ministros de la Producción y Seguridad Pública el desalojo fue suspendido. Se trata de 102 familias que se refugiaron en la Escuela con el fin de evitar la confrontación con gran número de autoridades policiales.

El diputado Merino denunció que el desalojo es improcedente ya que está en curso un proceso para la compra de las parcelas, con el apoyo de un fideicomiso del Banco Nacional, y que incluso ya se formalizó la compra de 27 de las 102 parcelas.

Por otra parte informó que se trata de familias agricultoras, que todas cultivan productos para el mercado nacional e incluso algunas, desde hace varios años, producen la llamada “piña flor”, que se exporta al mercado europeo.

Resaltó el legislador del Frente Amplio que se pretende desalojar a una comunidad entera, que ha luchado por sobrevivir durante muchos años alcanzando poco a poco el apoyo estatal para tener los servicios básicos, un EBAIS de la Caja y una Escuela del Ministerio de Educación.

Cocotales es una finca de aproximadamente 550 hectáreas, que fue segregada en fincas hace más de quince años y registradas a nombre de personas extranjeras, supuestamente interesadas en un proyecto de planta procesadora de coco, que por razones desconocidas nunca llegó a funcionar. Estando en estado de abandono total fueron tomadas hace más de 10 años y puestas en condiciones de producción.

Informó el diputado Merino que después de Semana Santa se iniciarán conversaciones con el Ministerio de la Producción para resolver esta angustiante situación para las familias productoras agrícolas de Cocotales.

Los empresarios y la democracia

El trabajo de Birle, auspiciado por la Fundación Konrad Adenauer, parte de una revisión crítica de las teorías pluralistas y neocorporativistas. También examina la cultura política, las estrategias gubernamentales y el comportamiento de los empresarios actuando como grupo de poder. El estudio empírico ausculta las relaciones entre el Estado y las organizaciones empresariales en la Argentina de los años mil novecientos ochenta y noventa.

Los empresarios, definidos por el autor como el conjunto de personas que asumen funciones de conducción y decisión dentro de un sistema económico de mercado (sobre la base de la propiedad de los factores de producción) comparten intereses comunes: vocación de lucro, preservación y expansión del mercado, respeto a la propiedad privada y libertad económica.

Las asociaciones empresariales buscan ejercer influencia sobre los tomadores de decisiones gubernamentales a fin de satisfacer sus intereses.

En el análisis de las actuaciones empresariales, Birle distingue tres dimensiones: (a) los destinatarios de los intentos de influencia (presidente y ministros, parlamento, partidos políticos, opinión pública, etc.), (b) los canales por medio de los cuales los intereses empresariales son transmitidos al proceso de decisión (formales, institucionalizados o informales; directos o indirectos), y (c) los métodos empleados por los empresarios .

Desde luego, el grado de influencia que pueden llegar a tener los empresarios está determinado por factores tales como el ordenamiento jurídico, que puede ser muy estricto u otorgar derechos especiales; las estructuras del sistema de gobierno, relacionadas con las instancias que tienen poder de decisión respecto a sus demandas; la cultura política, es decir, la distribución de las actitudes políticas individuales entre los miembros de una sociedad; el estatus que el gobierno les otorga a los empresarios y a sus grupos de interés; y el sistema de partidos políticos y la forma en que los empresarios se relacionan con estos.

Una de las hipótesis sustantivas que plantea Peter Birle en cuanto a los empresarios y el régimen democrático es que “estos aceptarán las reglas democráticas cuando estas les ofrezcan posibilidades de imponer sus intereses en el marco del proceso de decisión que ellos consideren suficiente, y cuando la democracia no sea percibida como una amenaza”.

Aunque es difícil enumerar en abstracto todos los factores que pueden provocar que los empresarios se consideren amenazados, existen al menos dos que tienen un peso importante: el predominio de un estilo de desarrollo que contradiga fundamentalmente los intereses empresariales, y la existencia de un contrapoder social_ (sindicato o partido político)_ que constituya un desafío a sus intereses.

Si bien el libro que comentamos tiene como telón de fondo la realidad argentina de las dos últimas décadas del siglo XX, con golpes militares, dictadura y terrorismo de Estado, el análisis conceptual que se hace sobre el comportamiento del sector empresarial trasciende las fronteras. Al menos así me parece.

3/30/2007

Empresarios costarricenses alertan sobre Cláusula 10 del TLC

La Camara de Empresarios pro Costa Rica, alerta a sus afiliados y público en general sobre la gravedad de la Cláusula 10 del TLC y cómo lesiona a las empresas nacionales, según advertencia hecha por el Lic. Juan José Sobrado en su documento “No ha pasado por la Sala”, punto Quinto*.

Rogamos a quienes reciban el presente mensaje, dar la mayor difusión posible a su alcance, ya que este punto medular del TLC lesionaría severamente los derechos de las empresas nacionales, incluyendo las empresas grandes que no podrían recurrir a las mismas instancias judiciales, ni tendrían los mismos derechos en caso de controversias, que las empresas extranjeras, lo que es una grave discriminación contra el empresariado costarricense.

_* “ la falsa pretensión de que la cláusula 10 del TLC es constitucional, agrega la discriminación, porque esa vía –en cualquier caso ilícita– se abre discriminatoriamente sólo para inversionistas o empresarios extranjeros, pero no para el nacional, con lo cual se condena a éste a la extinción, porque nunca podría competir contra la poderosa herramienta ilícita que se le otorga a los extranjeros, según es evidente y lo puede entender cualquiera. De manera que a los empresarios nacionales –que no se han dado cuenta de la gravedad de esta cláusula en su contra– que ya de por sí tienen que competir con empresas más poderosas en lo económico y en destrezas, se los termina de amarrar para asegurar así que se extingan. Sobre esto los empresarios y sus cámaras deben prestar particular atención, ya que es evidente que no lo han advertido. _

**No ha pasado Nada*

Cámara de Empresarios pro Costa Rica
Fax 221-3128
Apartado Postal 2606 (1000)

Foro: Estado de los Derechos Sociales y Laborales de Las Mujeres Trabajadoras

EL Foro se realizará el jueves 29 de Marzo de 1:30pm a las 6pm en el Hotel Aurola Holiday-inn, situado en un costado del Parque Morazán San José.

Mucho agradeceré confirmar su asistencia con antelación, a efectos de considerarla en la logística, a los teléfonos 296-07-36; fax: 296-07-35 o correo electrónico l.mata@fesamericacentral.org; con Lina Mata de la Fundación Friedrich Ebert o con la representante de la Mesa Sindical de Mujeres de su organización.

Cordialmente

Fundación Friedrich Ebert

Nota: La Mesa Sindical de Mujeres está integrada por organizaciones sindicales afiliadas a la Coordinadora Sindical de Centro América y El Caribe y a la Plataforma Sindical Común Centroamericana. Para ser consecuentes con su amplitud y pluralismo, la estamos abriendo a la participación de otras sectores del sindicalismo independiente.

Viceministra acepta pérdida de soberanía y libertad en tema del agua

Acerca de DEBATE SOBRE AGUA Y TLC

_ (Coalición de Organizaciones Sociales contra el TLC informa)_

Con motivo de celebrarse el pasado 22 de marzo el Día Mundial del Agua, se realizó un debate acerca de los impactos del Tratado de Libre Comercio sobre los recursos hídricos de Costa Rica.

Este fue organizado por la Universidad de Costa Rica (UCR), el Centro de Derecho Ambiental y los Recursos Naturales (CEDARENA) y la Fundación para el Desarrollo Urbano (FUDEU), estas últimas integrantes de la Red Centroamericana de Acción del Agua (FANCA).

Contó con la participación de la señora Amparo Pacheco, Viceministra de Comercio Exterior; y de los señores José Miguel Zeledón, Director del Departamento de Aguas de MINAE; Henri Mora, Decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional; Jorge Mora-Portuguez, coordinador regional de FANCA y José Flores dirigente de COPREARENAS.

Luego de las presentaciones y comentarios de los distintos panelistas; en nuestro criterio, no quedó duda alguna de que el TLC sí conlleva graves impactos para los recursos hídricos. Pese a los intentos de los personeros de Gobierno y de los defensores del TLC, por ocultarlo; ha quedado muy claro que:

1. El TLC perpetúa la consideración del agua como una “mercancía” que estableció la Organización Mundial de Comercio (OMC). Noción que es inconstitucional; ya que se opone al carácter del agua como “bien de dominio público”; cuya principal característica es estar “fuera del comercio de las personas”; al contrario de las “mercancías“ que son bienes que sí están dentro del “mercado”.

Esto no quiere decir que el agua carezca de “valor económico”; tal como lo establece la de Conferencia de Dublín; valor que sin embargo, en nuestro país debe determinarse por instrumentos distintos a los del mercado, tal como se hace con todos los demás bienes de dominio público (zona marítima, biodiversidad, comunicaciones, energía, etc.).

2. Las normas y leyes que regulan la explotación comercial del agua no son consideradas para efectos del TLC, como normas ambientales, sino comerciales.

El capítulo 17 del TLC excluye de la definición de “legislación ambiental” a todas aquellas normas cuyo propósito principal sea la “explotación comercial de recursos naturales” (pág.17-9 TLC).

Por lo tanto, al contrario de lo que los promotores del TLC predican; en materia de explotación comercial de los recursos hídricos, son aplicables todas las disposiciones comunes a cualquier otra actividad comercial contenidas en el TLC; liberalizando y desregulando la protección, acceso y aprovechamiento del agua en nuestro país.

3. El TLC sí permitirá la incursión de actores privados en la prestación de servicios de agua potable y saneamiento. Costa Rica no podrá adoptar o mantener ninguna medida contraria al TLC en materia de prestación de servicios de agua potable y saneamiento. Por el contrario, deberá permitir (bajo amenaza de demandas ante tribunales arbitrales internacionales) la entrada de empresas privadas y multinacionales, desnaturalizando el carácter no lucrativo de estos servicios, y permitiendo que actores privados lucren con necesidades humanas fundamentales.

La reserva contenida en el Anexo II del TLC sobre “medidas disconformes” establece que Costa Rica se reserva el derecho de “adoptar o mantener cualquier medida” para regular los servicios de agua potable y saneamiento; siempre que se trate de “servicios sociales que se establezcan o mantengan por un interés público.”

De conformidad con la “Clasificación Central Provisional de la ONU” y la “Lista de Clasificación Sectorial de los Servicios de la OMC”; ambos documentos referidos por COMEX para determinar, en el marco del TLC, cuándo se está en presencia de un “servicio social” (oficio No. DM-0097-6 del 14-02-06), ni la provisión de agua potable; ni el saneamiento son considerados como tales.

Tampoco en nuestra legislación existe una clasificación jurídica que defina estas actividades como “servicios sociales de interés público”. Por lo que la reserva que hizo Costa Rica es una mera ficción, que no permite al país prevenir la privatización de los servicios de agua potable y saneamiento.

5. En vista de que en Costa Rica existen varios proveedores de agua potable (AyA, Municipalidades, empresas públicas; e incluso algunos de ellos privados, como las ASADAS y las Sociedades de Usuarios) tampoco se puede aplicar la reserva contenida en el capítulo 11; que establece que dicho capítulo no aplica a los servicios suministrados en ejercicio de “facultades gubernamentales”; siendo aplicables en su defecto, todas las disposiciones sobre competencia y comercio contenidas en este capítulo.

En palabras de la propia Viceministra, el TLC implica una “pérdida necesaria de soberanía”, una “pérdida de libertad” para el país (palabras textuales pronunciadas durante el debate). Sin embargo, en nuestro criterio ha quedado clarísimo que el costo de oportunidad de dicha pérdida de soberanía no se compensa con las eventuales ganancias que obtendrían unos pocos exportadores. Por el contrario, serán las grandes mayorías de nuestro país, los recursos naturales, el agua y el ambiente; quienes sufrirán las externalidades e impactos negativos que conllevará este nefasto acuerdo comercial; siendo necesario retirarlo de inmediato de la corriente legislativa para su renegociación.