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Después de cinco años de oposición por parte de nuestra organización sindical (una oposición con gran solidez profesional y con un amplio criterio político), la Contraloría General de la República otorga el refrendo a uno de los negocios más leoninos de la historia de nuestro país: el Contrato de Concesión de Gestión de Servicios Públicos de Puerto Caldera.

Hoy denunciamos que el contrato refrendado por la Subcontralora General de la República, mediante oficio DCA-0733 del 27 de marzo de 2006, mantiene los mismos vicios que provocaron su rechazo las dos ocasiones anteriores.

Asimismo, expresamos el amargo sabor que nos causa el hecho de que una vez que ingresó el contrato para refrendo, la Administración del INCOP, que públicamente hizo alarde de que mantenía conversaciones extraoficiales con la Contraloría acerca del contrato, presentó dos adendum corrigiendo varias cláusulas.

En términos generales, el contrato mantiene las siguientes irregularidades:

INEXISTENCIA DE LEY MARCO: De acuerdo al Artículo 121 de la Constitución Política, los muelles son bienes que cuentan con una afectación especial y que requieren de una ley marco para ser otorgados en concesión.

En virtud de que la Ley de Concesión de Obra Pública prohíbe expresamente otorgar en concesión las instalaciones portuarias existentes, la Administración del INCOP, incurriendo a nuestro criterio en fraude de ley, optó por la figura de la concesión de gestión de servicios públicos de los artículos 74 y 75 de la Ley de Contratación Administrativa. Sin embargo, estos artículos delimitan en términos amplios los alcances de la concesión de servicios, es decir, constituyen un tipo abierto que debe ser definido reglamentariamente.

En este caso, el Reglamento para los Contratos de Concesión de Gestión de Servicios Públicos Portuarios fue publicado en la Gaceta No. 10 del 15 de enero de 2002, pese a que el proceso licitatorio había iniciado un año antes, con la publicación de los carteles de licitación, en La Gaceta No. 68 del 5 de abril de 2001.

A nuestro criterio, este es uno de los pecados originales de este proceso, y el hecho de que la Contraloría General de la República haya otorgado el visto bueno aplicando este Decreto, podría constituir delito de prevaricato.

MODIFICACIONES AL CARTEL: Este contrato se aparta del cartel en cuestiones esenciales, lo cual lesiona los principios constitucionales de contratación administrativa y otorga ventajas desproporcionadas al adjudicatario.

Se amplió los bienes de la concesión al incluir el edificio administrativo, se amplió el objeto de la concesión porque se contempla dentro de este todos los servicios relacionados con las escalas comerciales realizadas por todo tipo de embarcaciones que soliciten atraque en Puerto Caldera; se incluye la atención a la carga atunera y a los cruceros, cuyas licitaciones habían sido declaradas desiertas.

ASPECTOS DE ÍNDOLE TARIFARIO: Las lesiones a las competencias de la ARESEP que contiene el contrato, no se originaron en el mismo, sino que son vicios que arrastra desde el cartel de licitación. En razón de la anterior, pretender corregir esta situación a estas alturas del proceso, sería absolutamente ilegal, puesto que constituye una lesión a los principios constitucionales de contratación administrativa.

Por último consideramos oportuno indicar que nuestra organización sindical, ha presentado dos denuncias penales ante la Fiscalía General de la República: una por tráfico de influencias y otra por fraude de ley. Consideramos que la única esperanza que nos queda para resguardar la institucionalidad es el Ministerio Público.

ASPECTOS SOCIALES: Serán graves las consecuencias para el costo de la vida, sobre en los sectores populares, pues habrá un encarecimiento de costos de los servicios portuarios de Caldera, a partir de la lógica de lucro y de recuperación de la inversión que reclamará el concesionario; encareciéndose, por ejemplo, el costo del pan, de las galletas, de los macarrones y otras harinas, cuyo grano de elaboración básica entra por este muelle.

Finalmente, en ANEP interpretamos que esta decisión del órgano contralor, debe interpretarse como una especie de guiño que la Contraloría General de la República le hace al nuevo gobierno, en esta delicada y polémica materia de concesión privada de servicios públicos, de que el camino marcado en tal sentido, no será variado. Esto, por supuesto, lo decimos con el mayor respeto que nos merece el ente contralor del país.

San José, 29 de marzo de 2006.

Sobre esta necesidad, nuestro sindicato ya está haciendo circular un documento, cuyo objetivo es ponerlo a discusión entre los actores sociales involucrados en el tema, para luego hacer un diagnóstico que nos permita el análisis que, posteriormente, nos lleve a formular el reclamo correspondiente a las autoridades, sobre el ministerio que necesita nuestra sociedad en los actuales momentos que estamos viviendo y los por venir; que no parecen hada halagüeños para el común de la sociedad y la generalidad del pueblo costarricense.

Paralelamente, estamos analizando algunas otras dificultades que afectan la normalidad del desempeño de las labores, deteriorando la calidad y la eficiencia del servicio de salud que requiere nuestro pueblo; pretendiendo que antes que termine la presente administración queden, si no completamente resueltas, debidamente planteadas, en beneficio de todos y de todas. Veamos:

1- TRANSFORMACIÓN DEL VIÁTICO FIJO

2- RECONOCIMIENTO POR RECARGO DE FUNCIONES

3- RIESGO DE PELIGROSIDAD

4- VERTICALIDAD DEL PROGRAMA DE NUTRICIÓN

5- PRESUPUESTO PARA EL SECTOR SALUD

Pareciera que estos son los más inmediatos retos que debemos atender, antes que lleguen los nuevos inquilinos al Ministerio de Salud.

Si usted concuerda con nosotros y considera que los temas se deben tratar cuanto antes, anótese para que colabore en la estrategia a seguir y espere nuestro llamado. Antes de un mes le convocaremos para los primeros talleres de análisis discusión y de propuestas.

Inscríbase con nuestro promotor para que nos ayude a salvar el sector salud y dignificar, cada día más, nuestro trabajo Si no ha sido visitado por nuestro promotor y desea colaborar, solamente llámenos y solicite la inscripción, pronto le estaremos convocando.

LA SALUD ES UN DERECHO UNIVERSAL
EXIGIR UNA ATENCIÓN DE ÓPTIMA CALIDAD,
ES NUESTRA OBLIGACIÓN

ASOCIACIÓN NACIONAL DE EMPLEADOS PÚBLICOS Y PRIVADOS
ANEP

01- Con suma complacencia hemos recibido la noticia de que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, rechazó el paquete tributario aprobado recientemente por la Asamblea Legislativa, al detectar graves vicios en el procedimiento del trámite parlamentario.

02- Hablamos con complacencia toda vez que esta organización sindical, junto a otros sectores sociales y productivos, participó durante un año, de forma seria y responsable, en la Comisión Especial Mixta Legislativa del Pacto Fiscal que tramitó al principio un proyecto que fuera equilibrado en cuanto a equidad y a justicia tributaria.

03- Además, la representación de la ANEP en esa comisión renunció, desde la primera sesión, a recibir un solo centavo por pago de dietas; ejemplo éste que fue seguido por las otras entidades sociales y productivas que se integraron en la indicada comisión.

04- En el seno de esa comisión, ANEP dio importantes aportes con el objeto de cambiar en algo, la injusta estructura tributaria que impera en nuestro país. Lo logramos. Y de esa comisión salió un proyecto con dictamen de mayoría, que recogía nuestros objetivos de introducir importantes disposiciones de equidad y de justicia tributaria.

05- No obstante, los políticos tradicionales pertenecientes al grupo “PLUSC”, con la adhesión de los libertarios, no conformes con los contenidos de ese plan fiscal original (puesto que gravaba los intereses de los grandes ricos y además indicaba con toda claridad, cómo y dónde deberían invertirse esos recursos); se confabularon el 1º de mayo del 2003 y tomaron la decisión de expulsar a los sectores sociales y productivos del seno de la mencionada comisión.

06- A partir de ese momento y conforme al pacto de marras (pese a que el proyecto conservó aspectos fundamentales relacionados con el gasto público, la inversión social, la evaluación y rendición de cuentas); transformaron el plan fiscal en su parte tributaria, en un paquete de impuestos para los pobres, destinando los recursos que a éstos les sacarían por tal razón, para pagar la deuda del Banco Central; fortaleciendo así el ya de por sí lucrativo negocio de la deuda interna.

07- Eso llevó a que nuestra organización retirara el apoyo a dicho plan fiscal, pues los propósitos del mismo habían sido prostituidos por el pacto politiquero antes mencionado. Por eso y sobre todo, la resolución judicial que determina como inconstitucional su trámite, nos parece una oportunidad para retomar el cauce perdido.

08- Además consideramos que tal resolución le abre una puerta de fundamental importancia, al Presidente Electo, señor Oscar Arias Sánchez, para que cumpla con las promesas de campaña (recordemos que su apretado triunfo fue por los votos de los más pobres de las provincias marginadas de Limón, Puntarenas y Guanacaste, agobiadas por un mayor deterioro social), impulsando el mismo 8 de mayo, un paquete tributario de carácter progresivo, que lleve recursos sanos al Estado.

09- Este paquete tributario progresivo, que desde nuestra organización estaremos dispuestos a apoyar, deberá ser para obligar a los grandes ricos a tributar en cuanto tales; o sea, para que los políticos-empresarios y empresarios- políticos, que se han granjeado millonarias riquezas al amparo de las políticas neoliberales, paguen lo debido, sin escapatoria alguna.

10- No obstante, el Presidente Electo a quien adversamos fuertemente por su posición favorable al tipo de TLC que nos quieren imponer, tendrá el decidido apoyo de la ANEP si quiere promover un paquete tributario para gravar a los casinos, la banca offshore, el capital financiero, los grandes exportadores, las casas de apuestas, los vehículos de lujo y los megaproyectos turísticos, por ejemplo.

11- Será bueno para la democracia, por ejemplo, que el capital financiero, la banca privada, esa que obtuvo ganancias netas el pasado año 2005, por 57 mil millones de colones, ponga algo para la equidad y la justicia tributaria

12- También, el Sr. Presidente Electo puede poner a pagar a otro grupo que ha ganado inmensas fortunas con el modelo neoliberal, nos referimos al sector exportador. Según cifras oficiales, este sector tuvo ingresos por los 6,800 millones de dólares, unos tres billones de colones. No podemos aceptar, en tal sentido, el planteamiento del nuevo mandatario en cuanto a impulsar rebajas en el impuesto de la renta, con el pretexto de atraer inversiones, sin tener claridad de cuál será su repercusión para un desarrollo social incluyente.

13- En la misma línea, los empresarios-políticos y políticos-empresarios del negocio del turismo, deben tributar conforme a sus gigantescas rentas. Sabemos que en el año pasado los empresarios turísticos tuvieron ingresos por la suma de 1,800 millones de dólares; sea, más de 900 mil millones de colones.

14- Como es de notar, este país está nadando en dólares. El Sr. Presidente Electo, Oscar Arias Sánchez, tiene una oportunidad de oro para, no más entrando a ejercer el Gobierno de la República, aproveche esta oportunidad y elabore un paquete tributario profundamente progresivo, que grave a los pocos que nadan en dólares.

15- Finalmente, hacemos un reconocimiento a la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, por posibilitarle al país la oportunidad de reformar el injusto sistema tributario que tiene en la miseria a los pobres y a la clase media al borde del colapso financiero.

San José, 27 de marzo de 2006.

JUNTA DIRECTIVA NACIONAL DE LA ANEP

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Edgar Morales Quesada
Secretario General Adjunto

Afíliese a un buen sindicato
NOS OFRECEMOS PARA DEFENDERLE

Somos ANEP, una organización sindical que por su reconocido prestigio, genera mucha polémica; prestigio que, por cierto, es muy reconocido en los más diversos ámbitos de la sociedad costarricense, incluso en aquellos que nos adversan.

Contamos con un excelente equipo de profesionales en el trabajo de defensa de los derechos laborales y sociales y contra toda forma de discriminación laboral. Son compañeros y compañeras dirigentes con aquilatada experiencia. Además, tenemos
a su servicio, personas profesionales expertas en Derecho Laboral, graduados en la Universidad de Costa Rica.

Contamos con una considerable experiencia en el manejo de conflictos laborales, colectivos, sociopolíticos, de acoso laboral en sus diferentes formas. Hemos generado mucha jurisprudencia en tal sentido que, eventualmente, usted podría ocupar.

PREVÉNGASE. PROTÉJASE.

UNASE YA A LA GRAN FAMILIA ANEPISTA

Una reciente nota periodística indicó que “Concesionario de Puerto Caldera da ultimátum”, dando cuenta de la posición del grupo que conforma el consorcio que pretende quedarse con la explotación del muelle de Caldera, indicando que se desistiría de la obra, si la Contraloría General de la República no refrenda el contrato que ha sido sometido a su conocimiento por tercera vez.

Lamentamos mucho una publicación de este tipo, precisamente en momentos en que el órgano contralor estudia si, finalmente, después de dos intentos fallidos, otorga refrendo a un contrato que en lo sustancial, mantiene los vicios que provocaron su rechazo anteriormente.

Sobretodo porque este anuncio público de los concesionarios, se da después de que en diciembre pasado, cuarenta diputados y diputadas, le solicitaran por escrito a la Subcontralora General de la República, que no permitiera otro tropiezo de este proceso y que se avocara, personalmente, a realizar todos los esfuerzos que permitieran concluirlo en forma rápida y efectiva.

Pareciera que unos y otros buscan que el órgano fiscalizador, finalmente, otorgue el visto bueno a un negocio leonino que, junto al de ALTERRA y al de RITEVE, constituirán las mayores vergüenzas y afrentas al ordenamiento jurídico, al erario público y a la institucionalidad costarricense.

Quienes defienden la privatización del INCOP, ahora justifican e insisten en que se debe aprobar el contrato, porque el puerto ha colapsado y no hay otra opción viable a corto plazo para modernizarlo. Se olvidan que han sido ellos mismos, los que han sometido al muelle de Caldera a un injusto debilitamiento, precisamente para justificar su entrega gratuita a manos privadas.

Nuestra organización, reconoce la importancia estratégica del muelle de Caldera, que hace imperioso hacerlo más eficiente y eficaz. Por eso hemos propuesto, sin que ello haya tenido eco en la clase política tradicional, una intervención inmediata y un plan de contingencia, que rescate a esta importante institución del letargo en la que la han mantenido los políticos-empresarios del clan PLUSC, que la han administrado en los últimos veinte años.

Parece que, ¡por fin!, el actual Presidente Ejecutivo de INCOP entendió que la única forma de poner a derecho este proceso, es haciendo uno nuevo, que se apegue al marco de legalidad. Es necesario iniciar un proceso con participación de todos los actores involucrados: la administración, los usuarios, los consumidores, los trabajadores y las organizaciones de la sociedad civil de la provincia de Puntarenas, que nos permita impulsar un verdadero proceso de modernización de Caldera.

Recursos existen, tal y como lo reconoció él citado jerarca en la nota periodística a la que nos referimos. Lo que falta es voluntad política para echar atrás un proceso viciado de ilegalidad desde su origen, y empezar a trabajar en un proyecto serio, que busque el fortalecimiento de la institución en beneficio de la colectividad y no el favorecimiento de intereses privados. Una vez más, respetuosamente, instamos a la Contraloría para que resuelva apegada al ordenamiento jurídico y en resguardo del interés público.

Instamos a quienes tienen en sus manos el futuro de este proceso, a que no permitan que la amenaza y el chantaje de quienes están detrás de este lucrativo negocio, logren torcer y dejar nuevamente en entredicho, a una institución tan importante para que los y las costarricenses, confiemos en la transparencia y la decencia en la función pública.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Douglas Carrillo Azofeifa
Directivo Nacional ANEP-INCOP

San José, 9 de febrero de 2006.

S.G. 05-07-0392-06

Nuestra organización sindical ANEP se complace en informar a los y a las Auxiliares de Enfermería de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), que recibirán un incremento salarial a la base, del 14.81% de manera retroactiva según se indica arriba; y que, sin duda, es consecuencia de la histórica huelga que durante 36 días libraron los trabajadores y las trabajadoras de A y A, misma que fue liderada por nuestra organización ANEP.

Debemos informar que en conversaciones sostenidas con el Ing. René Escalante González, Gerente de la División Administrativa de la institución, con el compañero Giovanni Ramírez Guerrero, Responsable de ANEP para el Sector CCSS, se ha confirmado que tal incremento salarial será cancelado a la totalidad de los y de las Auxiliares de Enfermería que actualmente laboran en la institución, aproximadamente unas 4700 personas.

En conclusión, el retroactivo será de 14.81% en el momento de su cancelación y aplica retroactivo según ya lo indicamos.

Sabemos que el aumento es más que justo, debido a que durante muchos años este grupo laboral no recibe reconocimiento económico de acuerdo a su importante labor; además de que otros grupos laborales de menor status jerárquico en la institución lograron, mediante ajustes técnicos, superar salarialmente a los Auxiliares de Enfermería. Este aumento sin duda restablecerá significativamente la brecha salarial existente.

Es nuestro deber plantear a todos los Auxiliares de Enfermería que no conviene asumir una posición conformista; debido a que en un futuro cercano debemos prepararnos para luchar y defender la Seguridad Social, bajo los históricos principios de solidaridad, equidad, universalidad y servicio que inspiran su existencia; en momentos en que la CCSS se encuentra amenazada debido a las intenciones que exhibe la clase política que impulsa el TLC en nuestra Patria.

Debemos prepararnos para defender nuestra institucionalidad, hoy seriamente amenazada por los intereses económicos de las transnacionales; las que vorazmente desean apropiarse de nuestras instituciones públicas, condenándolas a su desaparición y obligando a los costarricenses a tener que recurrir, totalmente, a servicios privados.

¡NO AL TLC!

De manera vehemente, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), lanza una fuerte exhortación respetuosa a la ciudadanía que se hará presente en las urnas electorales de mañana domingo 5 de febrero, para que en todo momento conserve el secreto del voto, especialmente a la salida del recinto electoral una vez que haya emitido el sufragio.

La ANEP ha detectado que, en las últimas horas y en importantes sectores cívicos, anida una gran preocupación ante lo que podría ser algún intento de cierta prensa oligárquica para, aún sin cerrarse las urnas, ejercer manipulación o hasta fraude mediático, indicando que a cierta hora del día la votación estaría inclinándose hacia determinado candidato; especialmente favoreciendo a aspirantes presidenciales tutelados por el gran capital y el poder económico neoliberal pro-TLC.

Dada la trascendencia histórica de las elecciones nacionales de mañana domingo 5 de febrero, no debe quedar la más mínima duda de un proceso transparente, sin inducciones perversas, que finalice en paz y sin sesgos manipuladores que podrían derivar en consecuencias impredecibles.

De darse alguna intentona de manipulación mediática, en el transcurso de la votación y con descarados fines partidistas, la ANEP plantearía ante todos los movimientos sociales una movilización de emergencia, frente a la sede de prensa que ejerza provocaciones de tan peligroso calibre.

La sagrada paz de Costa Rica necesita de un proceso de votación en total libertad y con el más absoluto respeto a la intimidad de la decisión de cada votante.

Finalmente, informamos a la prensa nacional e internacional que la ANEP dará una Conferencia de Prensa el próximo lunes 6 de febrero, a las 10 de la mañana, para referirse al resultado electoral sea cual fuere y el escenario que el mismo abriría. Desde ya expresamos nuestra gratitud si se decide atender nuestra convocatoria.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

San José, sábado 4 de febrero de 2006.
S.G. 05-07-0383-06

El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, en absoluta correspondencia con su Constitución Política, con los diversos tratados internacionales y con los preceptos propios del proyecto bolivariano que desarrollamos, ha mantenido como elemento fundamental de su política exterior y de las relaciones con los países hermanos, una profunda y expresa actitud de respeto a la soberanía de los pueblos y no injerencia en los asuntos internos de los Estados.

Estos principios se recogen y transparentan también en el modelo y praxis de integración en el cual creemos, denominado Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA), que configura un sistema de relaciones con los países latinoamericanos y caribeños, a partir de la cooperación, la solidaridad y la complementaridad.

En tal sentido, queremos dejar sentada una firme protesta y una denuncia pública frente al irrespeto para con nuestro país, nuestro pueblo, y nuestro Presidente Hugo Chávez Frías, mediante el uso de su nombre en un campo pagado por el grupo político que usted lidera, como parte de su campaña electoral.

Con este hermano país, Costa Rica, nos unen lazos de entrañable amistad así como una larga tradición de relaciones que van desde la diplomacia hasta el desarrollo de importantes tratados comerciales, como el Pacto de San José.

Creemos que este uso irrespetuoso del nombre del Presidente Hugo Chávez, en asuntos que son de estricta competencia y atención de los ciudadanos y ciudadanas costarricense, sirven sólo para empañar estos firmes e históricos lazos entre nuestros pueblos.

Como país libre y soberano, en una gesta libertadora sellada por nuestros héroes independentistas en 1821, con Simón Bolívar al frente, la República Bolivariana de Venezuela, con el liderazgo actual del Presidente Hugo Chávez, ha decidido su propio destino, al margen de quienes se sientan o no sintonizados con nuestro proceso sociopolítico.

No es la primera vez que representantes del partido que lidera ha hecho públicas declaraciones destempladas acerca del Presidente Hugo Chávez, y del proceso que el pueblo venezolano, mayoritariamente, ha escogido como camino para su desarrrollo.

Ya la Secretaria General de su grupo político, Sra. Elizabeth Fonseca, en su columna “El PAC y la Tercera República”, publicada en un conocido diario capitalino, el pasado 19 de enero de este año, nos sugiere “seguir el ejemplo de Costa Rica” para resolver nuestros problemas. Cito textualmente: “Si los Chávez citados por don Rodolfo (Saborío) hubieran seguido el ejemplo de Costa Rica, hace muchos años hubieran resuelto los problemas de sus países”, expresa la Sra. Fonseca.

Hoy, una declaración de prensa, esta vez del Sr. Alberto Cañas, dirigente del PAC, alude nuevamente al Presidente Hugo Chávez, con la gravedad de que sugiere una comparación con Manuel Antonio Noriega. Cito textual: “Bueno, pues no somos amigos de Hugo Chávez, como Óscar Arias lo fue de Manuel Antonio Noriega, que está preso en Miami por dictador y por narcotraficante y que le financió la campaña del 86”.

Como verá, y le reiteramos, es asunto de su partido cómo piensan y construyen su proyecto político de país, y decisión absoluta del pueblo costarricense, definir y construir su propia historia. En ello no participamos, ni tenemos injerencia.

Exigimos, en adelante, no utilizar al pueblo venezolano ni el nombre del Presidente Hugo Chávez, en sus debates políticos electorales, pues la República Bolivariana de Venezuela asume por convicción el respeto a la soberanía y autodeterminación de los pueblos, y el principio de no intervención, lo que nos da suficiente moral y derecho para exigir la correspondencia en estos mismos términos.

Nora Uribe Trujillo
Embajadora

San José, 03 de febrero de 2005