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01- EMPATE POLÍTICO. El resultado preliminar de las elecciones presidenciales del pasado domingo 5 de febrero de 2006, emitido por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), evidencia, prácticamente, un empate técnico, entre el candidato de la oligarquía neoliberal y pro TLC, Oscar Arias Sánchez y el señor Otón Solís Fallas, del Partido Acción Ciudadana (PAC); quien por lo visto se hizo acreedor del voto costarricense que repudió en las urnas, la implementación final del modelo neoliberal para Costa Rica y su proyecto estrella, el mal llamado tratado de “libre” comercio (TLC).

02-TRANSPARENCIA ABSOLUTA. Estos estrechos resultados exigen que el TSE, exhiba la más clara transparencia en el manejo de la información electoral, sin dejarse presionar por los poderosos intereses de alguno de los candidatos; dándose por tanto, todo el tiempo necesario para un conteo cuidadoso de los votos emitidos, de tal suerte que el resultado final de ese conteo, no permita la más mínima duda, sobre el resultado definitivo de estas elecciones.

03-INTOLERANCIA CON LAS IRREGULARIDADES. Además, esa obligada transparencia no lo será tal, si presuntas anomalías, que ya están apareciendo, por más aisladas que sean, se toleran, se intentan justificar ó lo que sería nefasto, ocultar; particularmente en potenciales episodios de irregularidades (“chorreo”), en regiones rurales que parece podrían ser documentadas con solidez en próximos días, según algunas fuentes. Todo lo anterior hace imperativo que, al menos y hacia el futuro, el TSE restablezca el uso de la huella digital a la hora de emitir el voto.

*04- PARTIDO “ABSTENCIONISTA”.*Esta demanda de un profundo y transparente escrutinio, que no deje la menor duda, es más que imprescindible si consideramos que ya un 35% de la población no cree en el sistema electoral vigente (el partido “abstencionista”), como instrumento para el relevo de los gobernantes. Pese a que muchos factores lo explican, sin duda alguna que el comportamiento histórico del denominado (casi ya inexistente) sistema político bipartidista tradicional, tiene una enorme responsabilidad por ello. De la misma forma, de esa “cultura” abstencionista en desarrollo peligroso, el propio TSE no puede esconder la responsabilidad que le compete.

05- DESLIZ FATAL. Cabe advertir que el más mínimo desliz del tribunal electoral costarricense en este escrutinio, le traerá un grave daño a la institucionalidad democrática; y puede poner en peligro la ya de por sí erosionada paz social de la familia costarricense.

06- COLAPSO BIPARTIDISTA. Es importante destacar, además, que los resultados expresados en las urnas apuntan, ineludiblemente, a la sepultura del PUSC, al estancamiento “libertario” y a la paulatina extinción del PLN. Particularmente, el partido liberacionista sale sumamente herido de este proceso y apenas sobrevive en los hombros del arismo, hoy usurpador neoliberal de la otrora gloriosa bandera socialdemócrata que, por muchas décadas, enarboló tal colectividad política.

07- GOLPE A LA OLIGARQUÍA. Ciertamente, en estas elecciones, la oligarquía neoliberal y pro TLC, ha recibido un duro golpe de parte de un pueblo que se resiste a seguir siendo burlado, robado y empobrecido. Esto debe hacernos sentir satisfechos, pero nunca triunfalistas. Estamos seguros que ese sentimiento de dolor por tanta estafa política anida, incluso, en muchísimos votantes del arismo pero que decidieron dar una “última” oportunidad.

08- CONSTRUIR Y MOVILIZAR. El futuro político del país es incierto y requiere de los movimientos sociales, estudio, prudencia y movilización en los momentos oportunos; y, sobre todo, de sólidos aportes para la construcción compartida de acuerdos patrióticos que nos lleven al fortalecimiento de las instituciones democráticas y, por ende, a la recuperación de nuestro Estado Social de Derecho, hoy diezmado y amenazado por las políticas neoliberales y el TLC.

09- “CASA DIVIDIDA”. Quien llegue a la Casa Presidencial deberá tener presente esta realidad: Ó nos ponemos de acuerdo entre todos, como debe ser en una democracia madura; ó, por el contrario, si los sectores oligárquicos insisten en imponernos un modelo ajeno al sentimiento costarricense, lamentablemente, el trastorno de la paz social estará a la vuelta de la esquina.

10-DESAFIO DE FORTALECIMIENTO. Ha quedado claro que el modelo económico de la derecha, en estas elecciones, ha sufrido un frenazo estrepitoso. Sin embargo, nos falta impulsar un vigoroso movimiento social, que sea capaz de vincular este revivir de la conciencia nacional, con un nuevo acuerdo patriótico para sentar las bases de refundación de un estado democrático y solidario, donde la producción y el mercado sean instrumentos al servicio del ser humano. Dependerá de la madurez del espectro social, darle cuerpo y vida a esta maravillosa oportunidad.

San José, viernes 10 de febrero de 2006

1. La ANEP, dentro del marco del respeto que le debe a la institucionalidad democrática, a los ciudadanos y a las ciudadanas y, muy especialmente, a nuestros afiliados y afiliadas; considerando que en estas elecciones, precisamente se juega esa institucionalidad democrática, insta, respetuosamente, a toda la ciudadanía a ejercer su derecho al voto. Nuestra respetuosa solicitud se fundamenta en lo siguiente:

2. CASTIGAR A LOS POLÍTICOS-EMPRESARIOS Y EMPRESARIOS-POLÍTICOS CORRUPTOS. Ciertamente, una de las razones por las que los hombres y mujeres nos hemos venido retirando de las urnas, obedece al hecho de la especie de fraude a que somos sometidos cada cuatro años, por una casta política tradicional dedicada a mentirnos, a engañarnos y, lo peor de todo, a saquear los bienes públicos. Para moverlos del poder, hay que movernos a votar.

3. Estos hechos han fomentado la idea de que no votando castigamos a los políticos corruptos. Nada más alejado de la verdad. Cuando una mayoría no vota, una minoría elige y la que elige es la minoría interesada en quedarse en el poder. Por tanto, con unos cuantos votos basta para que esta casta de políticos siga usufructuando de las mieles del poder. Para sacarlos y realmente castigarlos, habrá que moverlos de sus puestos y para esto hay que moverse a las urnas, a votar responsable e inteligentemente. Para moverlos del poder, hay que movernos a votar.

4. DEFENSA Y PROFUNDIZACIÓN DEL ESTADO SOCIAL DE DERECHO. Con el advenimiento de la Segunda República, gestada, creada y defendida, entre otros no menos importantes compatriotas de entonces, por el Dr. Calderón Guardia, el Lic. Manuel Mora, Monseñor Sanabria y José Figueres (“Don Pepe”), nace un núcleo fuerte y vigoroso de instituciones públicas que fomentan la producción, la inversión social y la distribución de la riqueza. En fin, un modelo de desarrollo que ha distinguido a la familia costarricense del resto de países latinoamericanos.

5. Ciertamente, en estas elecciones, más que elegir un presidente o unos diputados, lo que realmente está en juego es si seguimos los y las costarricenses apostando por un modelo de desarrollo solidario, cimentado en este bloque de instituciones democráticas; ó, por el contrario, nos amarramos, de una vez por todas, al anticristiano y antihumano modelo de desarrollo concebido en las políticas neoliberales, que hoy nos ofrecen sin ningún desvelo, los políticos-empresarios y empresarios-políticos que defienden el TLC. Para moverlos del poder, hay que movernos a votar.

6. Está dicho. Ó salimos a votar responsablemente, por la defensa de una Costa Rica solidaria e incluyente; ó permitimos la sepultura de este modelo de Estado que por sus virtudes nos ha destacado en el mundo, pese a las dificultades que enfrenta por el saqueo sistemático de los últimos veinte años. Para moverlos del poder, hay que movernos a votar.

7. VOTAR CONTRA EL TLC. Es claro que este TLC sepulta nuestra institucionalidad democrática y nos condena, por siempre, a la exclusión social, al subdesarrollo. Pues bien, si salimos a votar por los candidatos que promueven el TLC, aunque estemos en contra del TLC, estaremos dando tácitamente el apoyo a este nefasto tratado; y, si no salimos a votar, indirectamente también le estaremos dando ventaja a los candidatos que apoyan el tal tratado, pues con un número menor de votos pueden ser elegidos, para consumar el asalto final a la institucionalidad social del país. Para moverlos del poder, hay que movernos a votar.

8. Por eso nos permitimos plantear, muy respetuosamente, a todas las ciudadanas y a todos los ciudadanos salir a votar por aquellos candidatos y candidatas que se oponen a ese TLC y que, a la vez, consistentemente, estén presentando un programa de Gobierno acorde a los valores solidarios que nos fueron heredados de la concepción de Estado Social de Derecho. El voto inteligente adquiere un gran valor y el votar una gran responsabilidad.

9. GOLPE DE ESTADO TÉCNICO Y UNA CANDIDATURA ESPURIA. En ANEP no estamos en contra de la reelección presidencial; pero sí repudiamos la forma grotesca, el vergonzante subterfugio político-jurídico, por medio del cual la Sala IV restableció la reelección presidencial.

10. El procedimiento para reformar, parcialmente, la Constitución Política, está anotado en el Artículo 195 de este cuerpo normativo y se indica expresamente en su texto, que esta competencia es potestad de la Asamblea Legislativa; es decir, que no es asunto de jueces, tribunales o magistrados.

11. Esta potestad, como se indica, le pertenece a la Asamblea Legislativa y nunca jamás a la Sala Constitucional. Por eso hablamos de un Golpe de Estado Técnico, puesto que la reforma al Artículo 132 que prohíbe la reelección presidencial, debió regirse por lo estipulado en la Constitución Política y nunca por un grupo de magistrados que a juicio de no pocos expertos en la materia, invadieron un campo que por disposición constitucional les está vedado: legislar; bajo motivaciones que a muchos de nosotros nos gustaría conocer en profundidad.

12. El voto responsable e inteligente, bien puede restablecer la constitucionalidad prostituida. De lo contrario, si no salimos a votar, estaremos siendo cómplices de este caprichoso Golpe de Estado Técnico, pues el mismo puede quedar legitimado, por ejemplo, con el voto de dos de cada diez costarricenses. La jarana tarde o temprano nos saldrá a la cara. Para moverlos del poder, hay que movernos a votar.

13. Es por esto que nos permitimos exhortar a la ciudadanía, con todo respeto, a presentarse este 5 de febrero del 2006 a las urnas, a ejercer su responsabilidad y garantía constitucional: el derecho a ser elegido y elegir a sus gobernantes. Le pedimos que esta vez, cuando esté ahí, en el santuario de la urna, eleve una mirada al cielo, evoque el nombre de Dios y dé su voto por una Costa Rica solidaria, en la que quepamos todos y todas y podamos vivir con paz, trabajo y democracia.

14. Asumir nuestra responsabilidad ciudadana, es nuestra más profunda y noble tradición. Bien vale la pena, ir a votar, responsablemente. Para moverlos del poder, hay que movernos a votar.

Auditorio de la Conferencia Episcopal de Costa Rica
San José, vienes 20 de enero de 2006

De la manera más respetuosa y vehemente, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), formula un emplazamiento público a los señores candidatos presidenciales para que, pese a no estar obligados legalmente a hacerlo, le digan al electorado, previamente al día clave del 5 febrero, cuáles son las personas, hombres y mujeres, que integrarían el equipo de Gobierno que les acompañará en el arranque de la gestión 2006-2010, en caso de salir triunfadores.

Esta demanda es más que una responsabilidad cívica, pues se trata de una necesidad profundamente ética, dada las situaciones anteriores en que, prácticamente, el electorado fue estafado, políticamente hablando, cuando en la campaña se planteaba una cosa y en el Gobierno se hacía otra.

ANEP estima que la ciudadanía tiene el sagrado derecho de saber, por ejemplo, cuáles serían las personas que estarían al frente de entidades públicas tan vitales como el Banco Central de Costa Rica, el Ministerio de Hacienda, el ICE, el INS, la CCSS, el A y A, el MOPT, COMEX, la Cancillería, el MEP, el INAMU, el ICT, Trabajo y Seguridad Social; entre otras entidades cuya gestión, según su carácter, impacta positiva ó negativamente la calidad de vida de la gente.

Tener un panorama amplio de las calidades, la trayectoria, el pensamiento, la honestidad y la transparencia de esos ciudadanos y esas ciudadanas que habrán de tomar decisiones todos los días directamente relacionadas con nuestra vida; es un imperativo esencialmente moral y de decencia política a la hora de pedir votos.

Algo no menos importante que lo anterior, es conocer cuánta congruencia, cuanta empatía, cuánta lealtad habrá entre el Presidente y su esencial equipo gubernamental, para evitar espectáculos tan deprimentes como pugnas palaciegas, conflictos de intereses por asuntos de negocios con los servicios públicos, renuncias inesperadas, sensación de naufragio a mitad del camino, etc., percepciones que generan incertidumbre, desconfianza y orfandad para un pueblo noble como el tico que tan sólo busca vivir digna y tranquilamente.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Edgar Morales Quesada
Secretario General Adjunto

San José, 19 de enero de 2006.
S.G. 05-07-0351-06

El pasado miércoles 4 de enero, ANEP presentó denuncia en el despacho del Lic. Francisco Dall’Anesse Ruiz, Fiscal General de la República, para que se realice una exhaustiva investigación y se determine la eventual comisión de un determinado delito; a raíz de la carta que 40 diputados y diputadas dirigieron a la Licda. Martha Acosta Zúñiga, Subcontralora General de la República, en diciembre anterior, urgiendo dictar el acto de concesión de los contratos de privatización del Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (INCOP).

Tal circunstancia se hizo pública, luego que la oficina del diputado Carlos Ricardo Benavides, del Partido Liberación Nacional (PLN), emitiera un comunicado de prensa titulado “Diputados urgen a la Contraloría aprobar contratos de concesión”.

ANEP opina que con tal acto de presión a la entidad contralora, los legisladores y las legisladoras firmantes, podrían haber violado el Artículo 52, de la recientemente emitida “Ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito en la función pública”, No. 8422, del 6 de octubre de 2004; ley que, paradójicamente, fue aprobada por la actual Asamblea Legislativa con los votos de los diputados y de las diputadas que firmaron la carta presionando a la entidad contralora, por el negocio privatizador del INCOP. Ese artículo plantea lo siguiente:

Artículo 52.- Tráfico de influencias. “Será sancionado con pena de prisión de dos a cinco años, quién directamente o por interpósita persona, influya en un servidor público, prevaliéndose de su cargo o de cualquiera otra situación derivada de su situación personal o jerárquica con este o con otro servidor público, ya sea real o simulada, para que haga, retarde o omita un nombramiento, adjudicación, concesión, contrato, acto o resolución propio de sus funciones de modo que genere directa o indirectamente, un beneficio económico o ventaja indebidos para sí o para otro. Con igual pena se sancionará a quién utilice u ofrezca la influencia descrita en el párrafo anterior.”

Por otra parte, nuevamente y con toda vehemencia, la ANEP llama la atención de la opinión pública nacional que el costo para el país de privatizar el INCOP, a través de los contratos de concesión por el cual abogaron esos 40 legisladores; creció, del 2004 al 2005, en mil ciento sesenta y cuatro millones, trescientos veintiocho mil trescientos colones (1.164.328.300.oo), por la devaluación del colón ocurrida en el último año.

Lo anterior quiere decir que, si ya en el 2004, el costo por indemnización por desarraigo y prestaciones para los trabajadores del INCOP, a fin de que aceptaron la privatización del mismo, ascendía a catorce mil setecientos ochenta y dos millones, cuarenta y dos mil novecientos dos colones, con veinte céntimos (14.782.042.902.20); a esta cifra habrá que agregarle la anterior; con lo cual, los y las costarricenses tendremos que pagar, prácticamente, ¡16 mil millones de colones!, en este momento, si tal concesión privatizadora fuera otorgada por la Contraloría.

Por tanto, nuevamente, la ANEP expresa su más rotunda oposición al vergonzoso y leonino negocio de privatización del Muelle de Caldera, por cuanto se nos obligará a pagar una suma astronómica, irracional que habría que darle a unos 1.200 trabajadores portuarios de la planilla del INCOP.

Alternativamente, ANEP propone modernización total de dicho muelle, sin gastar del erario público esa gigantesca cantidad, empleando una cifra superior a los 5 mil millones de colones que INCOP tiene en reservas, pero que no puede usar por directrices fiscales de irracional lógica.

Llamamos, respetuosamente, a las máximas autoridades de la Contraloría General de la República y su excelente y honesto personal técnico-profesional, para que rechacen, tajantemente, las presiones legislativas de la carta en mención; para que procedan al análisis cuidadoso de esta situación delicada, dado que siguen prevaleciendo la serie de anomalías en los contratos de concesión que generaron ya, en dos ocasiones, sendos rechazos de los intentos por obtener el ansiado por quienes anhelan enriquecerse más, dejándose para sí el negocio portuario hasta ahora en manos nacionales.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Edgar Morales Quesada
Secretario General Adjunto

Douglas Carrillo Azofeifa
Directivo Nacional ANEP-INCOP

San José, 6 de enero de 2006.
S.G. 05-07-0324-06

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), se dirige con el mayor respeto a la honorable ciudadanía nicoyana, para denunciar con toda vehemencia, lo que consideramos un uso arbitrario de la autoridad concedida al actual Alcalde de la Municipalidad de Nicoya, Bernardo Vargas Quirós; quien, contra toda norma legal, ha dispuesto el despido de dos dirigentes sindicales de la ANEP en esta institución, los cuales han venido denunciando, sistemáticamente, la cadena de presuntas irregularidades, anomalías y situaciones nefastas que el citado jerarca habría estado cometiendo en el ejercicio de ese importante cargo.

Nuestros representantes laborales, los señores CARLOS JIMENEZ JIMENEZ y JOSÉ AIDER ARIAS ZÚÑIGA, fueron despedidos a partir del 1 de enero, por el Alcalde Vargas Quirós, por denunciar ante la ANEP, entre otras, situaciones como:

-El paulatino desmantelamiento del plantel municipal, dejando deliberadamente deteriorarse la maquinaria institucional, para facilitar la contratación de equipo privado, teniendo la institución dinero suficiente como para encargarse ella misma de tal labor.

-Disposición para asfaltar calles en las cuales el citado alcalde, presuntamente, es vecino y calles en las cuales vivirían varios de sus allegados políticos y/o familiares, lo cual ha generado que la propia Contraloría General de la República pida cuentas por ello.

-Presunto uso sin autorización del Concejo Municipal de un monto de 125 millones de colones para contrataciones privadas.

-Presencia de los dos compañeros despedidos en la sede de Canal 7, en San José, medio de comunicación al cual se le entregó toda la documentación del caso para efectos de elaboración de un reportaje investigativo en fecha próxima.

-Cuestionamiento a que ciudadanos del Cantón de San Ramón, ejerzan puestos claves en la Municipalidad de Nicoya; como por ejemplo, el caso del Lic. Rafael Guillén Elizondo, su hermano Miguel, su hijo y su nuera.

Apelamos a la solidaridad, al decoro cívico, a la decencia y a la ética políticas del pueblo nicoyano, para que respalde a los trabajadores despedidos, don Carlos Jiménez Jiménez y don José Aider Arias Zúñiga, Dirigentes de ANEP en la Municipalidad de Nicoya, reprimidos con el despido por enfrentarse a las arbitrariedades presuntas que en el ejercicio del cargo habría venido desplegando el Alcalde Bernardo Vargas Quirós.

Exijámosle a esta autoridad, la restitución de ambos en sus puestos, respetándose así al sistema democrático costarricense y el sagrado derecho de la ciudadanía de vigilar las actuaciones públicas y privadas, de quienes ocupan puestos de elección popular, como el citado alcalde.

Pueblo nicoyano: Recuérdele al citado alcalde que es el dinero de los contribuyentes el que paga su salario y que, por tanto, no puede pretender manejar la alcaldía cual si fuese una hacienda o un feudo particular.

Recordemos que este alcalde tiene ya dos suspensiones en el cargo por disposiciones de la Contraloría General de la República, lo cual es indicativo del carácter de su estilo de toma decisiones en ese importante puesto.

El despido de los dos dirigentes de ANEP mencionados, es una acción de represión porque se han atrevido a criticar y a denunciar las actuaciones del actual jerarca municipal; actitud valiente de denuncia que también ha venido ejerciendo el Sr. Regidor Municipal, don Ovidio Jiménez, a quien le consta todas estas situaciones anómalas; al igual que al Sr. Secretario del Concejo, don Marcos Jiménez, otro honorable ciudadano que ha venido enfrentando los desmanes del Alcalde Vargas Quirós.

MÁNTENGASE ALERTA, CIUDADANÍA NICOYANA
Y EXPRESE SU SOLIDARIDAD Y REPUDIO
CONTRA LA ARBITRARIEDAD DE LA MÁXIMA AUTORIDAD MUNICIPAL

San José, 5 de enero de 2006.

De manera enérgica protestamos por la absoluta inoperancia, el más grande irrespeto y la enorme agresión económica en que incurren las máximas autoridades políticas del país, ante lo que significa el incesante vaivén nacional en el precio de los combustibles, mayoritariamente inclinado a la alza, ya que las bajas son situaciones totalmente excepcionales.

Tanto el actual Poder Ejecutivo como la propia Asamblea Legislativa son los absolutos y únicos responsables de que una mala política fiscal, escudada en el sistema de precios vigente de los combustibles en el país, repercuta en los bolsillos de la golpeada clase media y baja del país, usuaria obligada de la energía para la movilización directa o indirecta, en los diferentes tipos de vehículos automotores.

La abusiva situación en el manejo interno de los precios de los combustibles, se conjuga, perversamente, con el deplorable estado de las carreteras nacionales pese a contarse con los recursos necesarios para que así no fuese; aumentando así el drama económico y social que a diario sufren los miles y miles de conductores y propietarios de vehículos; un aspecto grave en el actual Gobierno pero que continúa la tendencia de los anteriores al respecto.

Las oscilaciones internacionales del precio del petróleo, son excusa manipuladora para resolver al interior del país un problema fiscal pendiente y, en tal sentido, una decisión política de enorme impacto positivo en la población, como sería la disminución del impuesto único de los combustibles, no tiene aval político de los dos poderes de la República mencionados.

En esta ocasión, ante el anuncio de nuevas alzas en el precio de los combustibles, especialmente en los tipos de gasolina super y regular, conviene resaltar la existencia de un proyecto de ley en tal sentido, que tiene el número de expediente legislativo 15.857; proyecto que de aprobarse vendría a representar un serio alivio en el gasto diario de combustible.

La aprobación de dicha iniciativa representaría, sin duda alguna, una sensible disminución en el costo de la vida que tanto agobia a las grandes mayorías de la población del país.

Valga la ocasión para exigir dos puntos:

a) Al Poder Ejecutivo: el envío inmediato de tal proyecto con ocasión del reinicio de las sesiones extraordinarias de la Asamblea Legislativa, el próximo 6 de febrero; y,

b) a los diputados y a las diputadas disponer lo pertinente para su inmediata aprobación. Tan sólo con esta oportuna acción, podrían reivindicar su más que deteriorada imagen ante un pueblo hastiado de tanto engaño y de tanta alza.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General Edgar Morales Quesada
Secretario General Adjunto

San José, 3 de enero de 2006.
S.G. 05-07-0315-06

Los trabajadores y las trabajadoras de la Imprenta Nacional podrían declararse en huelga indefinida en horas de la tarde del próximo miércoles 4 de enero, si ese día no reciben la aprobación definitiva del incentivo del 15 %, comprometido por el actual Gobierno de la República, luego de un movimiento de presión realizado en noviembre anterior, el cual terminó con la firma de un acuerdo el pasado día 21 de tal mes.

Dicho reconocimiento económico está comprendido dentro del proceso de suscripción de una Convención Colectiva de Trabajo; lo cual debe ser aprobado en el seno de la Comisión Negociadora de Convenciones Colectivas para el Sector Público, adscrita al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS); comisión que debió tomar un acuerdo en tal sentido, desde el miércoles 14 de diciembre recién concluido.

Una huelga en la Imprenta Nacional en estos momentos, cortaría el eficiente proceso de impresión de las papeletas electorales, por cuanto su acabado final no se podría realizar, resultando imposible trasladar a otro ente (público ó privado), tal labor, por evidentes razones de seguridad del proceso total de elaboración del material electoral que solamente la Imprenta Nacional puede garantizar, desde una perspectiva estratégica, para la transparencia y confiabilidad absoluta de las elecciones costarricenses. La mencionada comisión se debe reunir ese mismo miércoles 4, a las 2 de la tarde y toda la población laboral de la Imprenta Nacional se trasladará hasta la sede del MTSS, en Barrio Tournón, para esperar la decisión final que habrá de determinar si habrá huelga o no, a partir de esa misma tarde de miércoles.

La ANEP reconoce que tanto el jerarca ministerial de Seguridad Pública y de Gobernación y Policía, Lic. Rogelio Ramos Martínez; como su homólogo de Trabajo y Seguridad Social, Lic. Fernando Trejos Ballestero, han mostrado un genuino interés de que tal situación se resuelva conforme lo espera el conglomerado laboral de la Imprenta Nacional, pues así lo han comprometido a nombre del actual Gobierno de la República.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Guillermo Murillo Castillo
Directivo Nacional
ANEP-Imprenta Nacional

Rudy Villalobos Campos
Presidente de la Junta Directiva
Seccional ANEP-Imprenta Nacional

San José, 2 de enero de 2006.
S.G. 05-07-0313-066