Categoría: Noticias

I. SABOTAJE AL CORAZÓN DE LA REFORMA FISCAL: LA RENTA MUNDIAL EN EL DEVENGO

01- El Ministro Carrillo Zürcher aceptó el inmenso error que consiste en eliminar el concepto de pago de renta mundial en su fuente de origen (el devengo), cambiándolo por el concepto de repatriación; lo cual hará que la injusta estructura tributaria actualmente vigente siga siendo totalmente injusta.

02- El Ministro Carrillo Zürcher ha jugado a favor de los intereses de los sectores económicos y financieros más poderosos de este país, pudiendo haber ejercido todo el poder depositado en su persona, para haber resistido la presión que al Gobierno le hizo su propia fracción parlamentaria en tal sentido.

03- El significativo avance en justicia tributaria que habría sido el concepto de aplicar renta mundial en el momento del devengo (dineros ganados en el exterior), ha sido eliminado radicalmente con la tesis de aplicación a rentas repatriadas, avalada por el Ministro Carrillo Zürcher.

SALARIOS DEL SECTOR PÚBLICO: LA MENTIRA DE “NO HAY PLATA”

04- EL Ministro Carrilo Zürcher ha sometido a un durísimo sacrificio salarial a los trabajadores y a las trabajadoras del Sector Público, con la última fijación salarial del 4 %.

05- El argumento de que “no había plata”, ha quedado descalificado con la información recién salida a la luz pública de que el Gobierno tiene en sus arcas, por el concepto de caja única, 67 mil millones de colones guardados. ¡Sí había plata!. La injusticia de tal incremento salarial tiene a miles de familias trabajadoras sumidas en un clima sociofamiliar de gran angustia, con una inflación galopante cuya velocidad ya carcomió radicalmente la raquítica fijación salarial del 4 %.

RECORTE DE INVERSIÓN SOCIAL: EL CASO DEL DENGUE

06- El recorte de la inversión social imprescindible para varios programas institucionales está generando un verdadero colapso en diversas entidades. 07- Por ejemplo, el combate a la terrible epidemia del dengue, el país lo tiene casi perdido y como razón base está la negativa del Ministro Carrillo Zürcher de transferirle al Ministerio de Salud, los mil millones de colones que la Asamblea Legislativa le restauró al presupuesto de esta entidad, en noviembre del año anterior.

Por supuesto que hay muchas más razones para pedir la cabeza del Ministro de Hacienda; sin embargo, las tres apuntadas son lo suficientemente poderosas como para que hoy exijamos su renuncia, de manera inmediata, al cargo de Ministro de Hacienda, pues la continuación de su presencia en el misma, sólo perjuicios generará para los sectores menos favorecidos de nuestro país y la población trabajadora, especialmente la del Sector Público.

A su regreso al país, el Presidente Pacheco de la Espriella, recibirá por escrito nuestra petición al respecto, igual de oficial que el presente planteamiento público.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Edgar Morales Quesada
Secretario General Adjunto

San José, 11 de agosto de 2005.
S.G. 05-07-0046-05

A) El reciente estudio que determinó que las bases salariales en A y A se encuentran por debajo del mínimo de ley, culminó señalamientos anteriores en esa dirección, formulados por destacados profesionales de esta estratégica institución; todo lo cual fue reforzado por el reciente estudio realizado por altos funcionarios del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), en la Regional del A y A de Tilarán, Guanacaste.

B) Así las cosas, es evidente y contundente que la Administración del A y A, no está a derecho con sus trabajadores en este campo; o mejor dicho, está al margen de la ley en materia de reconocimiento salarial.

C) En consecuencia, el ajuste que se tiene que efectuar (como lo demuestran los señalamientos apuntados), corresponde a todos los trabajadores y a todas las trabajadoras del A y A; independientemente de que sean operativos, técnicos ó profesionales.

D) Aquí surge una posición respetuosa pero discrepante con la Administración, pues ésta sostiene la errónea tesis de que el hecho de que se reciban pluses salariales en ciertas clases (pluses que no reciben los operativos y técnicos); significaría que esas clases tienen salarios estén por encima del mínimo de ley; criterio que adversamos pues técnicamente no sólo es ilógico sino indemostrable.

E) Por otra parte, todo los ajustes por determinar, en caso, deben de reconocerse de manera retroactiva y el carácter de tal retroactividad es innegociable.

F) Vistas así las cosas, para la ANEP están claros dos aspectos. Por un lado, el ajuste en los salarios base no debe excluir a ninguna categoría ocupacional; es decir, debe abarcar a los puestos profesionales, a los de carácter técnico y a los operativos. Por otro, es necesario que se establezca contundentemente el carácter retroactivo de tales ajustes, pues quien ha estado al margen de la ley no ha sido precisamente la persona trabajadora; por el contrario, ésta (ya sea profesional, técnico u operativo), ha sufrido una pérdida sistemática en su patrimonio económico, pues se le ha estado reconociendo un salario que ha estado por debajo de la ley.

G) La ANEP insta, de la manera más respetuosa, a las autoridades institucionales para que manifiesten con toda claridad, sí existen reservas financieras que les permitan ponerse a derecho con la prontitud del caso; pues de no existir dichas reservas de orden económico, la lógica dice que necesariamente tenderemos que someternos a los procedimientos establecidos, sea la aprobación por parte de la Junta Directiva institucional, el envío a la Autoridad Presupuestaria (AP); y, finalmente, dotación de contenido presupuestario y refrendo de la Contraloría General de la Republica.

H) ANEP no posee indicios claros y contundentes de que la fecha del 30 de setiembre, como límite para el pago de las deudas salariales que se han generado, sea efectivamente realista y tenga alguna sustentación política seria que pueda ser interpretada como un compromiso institucional contundente. Esto podría generar expectativas falsas manejadas irresponsablemente.

I) El actual panorama político nacional, con el escenario electoral encima, podría constituir una oportunidad especial a fin de que, con verdadera unidad laboral, alcanzáramos metas largamente postergadas por la clase trabajadora del A y A: la deshomologación del Servicio Civil, la Convención Colectiva de Trabajo y otras aspiraciones de crecimiento sociolaboral, son realistas en la medida en que logremos un nivel de cohesión en la acción por parte de las distintas representaciones gremiales. ANEP está lista para esto desde hace tiempo y son más que notorias nuestras apelaciones en tal sentido.

J) Lo anterior solo es posible si quienes lideramos las organizaciones sindicales, contamos con la necesaria madurez política para comprender que debemos sumar fortalezas; actuar conjuntamente para lograr mayo incidencia en el logro de los objetivos comunes; descartando las exclusiones y actuando con ética y responsabilidad.

K) Indicamos lo anterior a propósito de la exclusión de nuestra representada en las actuales negociaciones de orden reivindicativo, lo cual no significa que como ANEP, nos quedemos a la espera de ver el devenir, de manera pasiva. Contrariamente, llamamos a las trabajadoras y a los trabajadores a estar listos al llamado de lucha que formularemos de cara a defender lo que en derecho es justo.

L) Finalmente nos permitimos mostrar nuestra preocupación ante las trabajadoras y ante los trabajadores con respecto a la propuesta de reestructuración que la Administración ha planteado a las organizaciones sindicales. Creemos que ello amerita una pausada reflexión y un riguroso análisis, para determinar que no existan despidos o movilidad laboral; asegurando eficiencia en la gestión pública pero con total respeto para la dignidad de la persona trabajadora. ANEP está haciendo ya su análisis correspondiente y se pronunciará en oportuno momento.

¡Por que el Estado conserve los servicios del A y A;
por el derecho al agua, a los medicamentos, a la salud;
a la energía eléctrica y a la telefonía,
yo digo no al TLC!

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Gerardo Cascante Amador
Responsable ANEP-AYA

San José, 11 de agosto de 2005.

Mediante oficio 09396 del 8 de agosto de 2005, la Unidad de Autorizaciones y Aprobaciones de la Contraloría General de la República, niega el refrendo a los contratos por medio de los cuales se pretende entregar el INCOP a manos privadas.

Nuevamente se nos da la razón: para subsanar las barbaridades jurídicas y el atropello al interés público que contiene este proceso, hay que anular todo lo actuado y volver a la etapa de licitación.

Esta resolución constituye una luz de esperanza para quienes aún confiamos en el estado de derecho, y un nuevo mensaje para que las autoridades del gobierno, dejen de insistir en un proceso amañado e ilegal, y se planteen seriamente la posibilidad de modernizar Puerto Caldera, mediante un proceso transparente, en el que participemos todas las partes involucradas y que realmente contribuya al desarrollo económico y social de todo el país, y en particular, de la postergada provincia de Puntarenas.

Édgar Morales Quesada
Secretario General Adjunto

San José, 10 de agosto de 2005.
S.G.05-07-0042-05

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), expresa públicamente su más sincera felicitación por la oportuna crítica social que manifestó la homilía pronunciada ayer, 2 de agosto, en Cartago, por Monseñor Hugo Barrantes Ureña, Arzobispo de San José, con ocasión de la festividad religiosa de la Virgen de los Ángeles, Patrona de Costa Rica.

Sin duda alguna, la máxima jerarquía de la Iglesia Católica ha tomado plena conciencia de que el abusivo proceso de concentración de la riqueza que vive nuestro país, es un peligroso sendero de desestabilización social y de deterioro del sistema democrático.

El oportuno señalamiento del Monseñor Hugo Barrantes, acerca del crecimiento de la desigualdad social en el país, coincide plenamente con nuestra apreciación de que el problema número uno de la Costa Rica actual es el sistemático, acelerado y abusivo proceso de concentración de la riqueza.

Lástima que el atinado llamado de atención del citado prelado, no puntualizara en el señalamiento directo de los responsables de la debacle social en desarrollo: la deshumanizante política económica dominante en los últimos 20 años, impulsada por lo que hoy en día llamamos la Alianza de Negocios Grupo PLUSC, que es lo que degeneró el sistema bipartidista tradicional. Sin embargo, esta insuficiencia en la homilía de Monseñor Barrantes Ureña, no demerita la potencia de su mensaje acerca de la creciente desigualdad social que nos agobia.

Con el TLC, tal desigualdad se ha de profundizar, dolorosamente. No se necesita de mucho estudio para darnos cuenta de que el TLC no resiste el más mínimo análisis a la luz del humanismo cristiano, bajo los conceptos éticos de solidaridad y de justicia que son intrínsecos al pensamiento cristiano.

Precisamente el TLC representa la culminación del proceso de implantación total en Costa Rica, del modelo económico neoliberal que la Alianza de Negocios Grupo PLUSC viene tratando de imponernos en los últimos años; con lo cual, los males señalados valientemente por Monseñor Hugo Barrantes Ureña en su homilía de este 2 de agosto, se habrán de profundizar completamente y casi de manera irreversible.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Edgar Morales Quesada
Secretario General Adjunto

San José, 3 de agosto de 2005.

La más enérgica censura y condena, así como el más abierto repudio ciudadano, merecen las temerarias declaraciones y abusivas intenciones del actual Presidente de la Asamblea Legislativa, el Lic. Gerardo Alberto González Esquivel; de anular la potestad constitucional del Poder Ejecutivo, en cuanto al envío para el trámite parlamentario del cada vez más rechazado, tratado de “libre” comercio (TLC), que a Costa Rica le quieren imponer con los Estados Unidos de América.

Parece que estamos en puertas de otro golpe de Estado técnico, similar al que se presentó con el asunto de la reelección presidencial; ocasión ésta en la cual, la actual Asamblea Legislativa resultó totalmente violada, en cuanto a su facultad soberana para la generación de reformas constitucionales.

De materializarse la pérfida pretensión del presidente legislativo González Esquivel, que no es ni más ni menos que la sustitución de un poder por otro, representaría uno de los golpes más duros para una institucionalidad republicana ya de por sí bastante lesionada y en camino de deslegitimación total. Este trabajo sucio en contra del régimen democrático lo ha venido haciendo la Alianza de Negocios PLUSC, o Grupo PLUSC, que es como preferimos llamar al ya más que descarado bipartidismo tradicional.

El presidente legislativo González Esquivel juega con fuego y atiza la hoguera de una situación social de mucha fragilidad. Está lanzando una peligrosa provocación que incentiva el camino para hacer más sólida la consigna de la desobediencia civil en salvaguarda de los poderes constitucionales todavía vigentes; pese a que la Alianza de Negocios Grupo PLUSC, percibe a los mismos como obstáculos en su alocada carrera por el lucro fácil al amparo del tal TLC.

El presidente legislativo González Esquivel aporta un considerable elemento de peso para el fortalecimiento de la democrática tesis del Referéndum de la Calle; incentivando la sospecha de que la desesperación que anida entre algunos de los más notables congresistas de la Alianza de Negocios Grupo PLUSC, por la tramitación pronta del TLC, presuntamente tienen otras motivaciones que estamos investigando y que podrían estar relacionadas con la compra de conciencias, en dólares.

Hacemos un vehemente llamado a los juristas patriotas, a los políticos decentes, a la intelectualidad de honor, a la militancia social, a la ciudadanía de bien, a los y a las costarricenses de honestidad probada y de gran patriotismo, para que juntemos fuerzas y enfrentemos en todos los terrenos, la afrenta democrática de lo que podría ser una nueva fase del golpe de Estado técnico que sufrió nuestra institucionalidad.

Este llamado también lo hacemos a los poderes públicos, especialmente el Ejecutivo y el Judicial, que prefieren la constitucionalidad de los procesos institucionales, para que le cerremos el paso a esta condenable intención del actual presidente legislativo González Esquivel y el séquito de legisladores de la Alianza de Negocios Grupo PLUSC que le acompaña en la citada pérfida intención.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

San José, 2 de agosto de 2005.

Hoy martes 26 de julio, 50 campesinos, representantes del Movimiento Campesino de Los Sin Tierra, de la comunidad de Sixaola, protestaron frente a las oficinas centrales del Instituto de Desarrollo Agrario (IDA).

Los campesinos, afectados por las pasadas inundaciones, hasta la fecha no han recibido la atención prometida por y requerida de parte de las autoridades gubernamentales, por lo que decidieron que no se retirarán de esa institución hasta tanto no tengan respuestas claras a sus peticiones.

Los campesinos solicitan al IDA se les dote de terrenos adecuados para la producción agrícola y exigen que el Gobierno de la República, girar la suma de más de 12 millones de los 50 millones de dólares, que se supone MIDEPLAN maneja para atender la catástrofe social, generada por las inundaciones en la Zona de Limón.

Edgar Morales Quesada
Secretario General Adjunto

San José, 26 de julio del 2005.

Señor
Marco Leandro
Diario Extra
Presente

Estimado señor:

Con el respeto que usted se merece, me veo en la imperiosa necesidad de presentarle mi más enérgica protesta por el tratamiento que usted le da a las informaciones que contra el suscrito se generan en fuentes sindicales que adversan nuestro trabajo al frente de esta organización; molestia que no tiene nada que ver con que se publique lo que nuestros detractores arguyen para, de manera infructuosa afortunadamente, intentar desprestigiar el nombre de la organización que honrosamente represento y a mí en lo personal; sino que usted no me dé la oportunidad de referirme, de reaccionar, inmediatamente; como se hace cuando se elabora una noticia y se ponen las dos visiones del asunto que se está tratando. Creo que nada cuesta una llamada telefónica para consignar mi descargo.

Sinceramente, entiendo que algunos sindicalistas anden buscando minar la credibilidad que ostentamos y/o generar un asomo tendencioso y malicioso de nuestra conducta ética y moral como dirigente de la ANEP; pero no puede concebir que usted, Sr. Leandro, que nos conoce muy bien porque incontables veces conversamos de muchas cosas, pudiese andar en un juego injusto y peligroso contra una entidad laboral base esencial para la democracia.

En la primera ocasión, hará ya varias semanas, usted publicó una nota, pérfidamente tendenciosa, sobre un supuesto financiamiento de un partido político “gay” de los Estados Unidos de América, a la ANEP; situación totalmente ridícula y absurda pues dicha colectividad partidista (que reivindica muchos derechos, entre ellos el de luchar contra la discriminación por orientación sexual), atendió un llamado general publicado en la página electrónica de la ANEP, para recibir solidaridad en la lucha contra el TLC, mandándosenos un cheque por la ridícula suma de 50 dólares.

Usted publicó la información sin tomarse la cortesía de averiguar nuestra versión y no fue sino a través de su colega, Shirley Sandí, que luego pudimos descargar el infundio que usted elaboró, pero ya estaba tirada la atmósfera morbosa, tendenciosa y dañina en contra de ANEP y en contra de este servidor.

Ahora y, “curiosamente” a propósito del mismo asunto judicial entre ANEP y UPINS (que estaba en la base de su nota anterior en contra nuestra), usted vuelve a publicar, tendenciosamente, otra información a propósito del mismo caso pero sin darme la posibilidad de descargo, en la misma nota, con la misma oportunidad en que el señor Salas dijo las inexactitudes, por no decir calumnias, que se manifiestan en su nota.

Respetuosamente creo haberme hecho acreedor al derecho de respuesta que consagra el ordenamiento jurídico costarricense, pues su nota, don Marco, como no me dio oportunidad de dar mi versión, me ha causado un gran daño, situación que es imposible dejar pasar de manera desapercibida. Tómese en cuenta que su nota, Sr. Leandro, se publica en el mismo día señalado para la Asamblea General Nacional Ordinaria de la ANEP y no sé con qué propósito; pero si era el de perjudicarme, se generó todo el efecto contrario como ahora lo verá.

Así las cosas, es importante que los lectores y las lectoras de Diario Extra, conozcan mi descargo al respecto; lectores dentro de los cuales hay un elevadísimo número de personas de la clase trabajadora (contando también la casi totalidad de la afiliación de ANEP que quiere mucho a Diario Extra), quienes aprecian el trabajo que venimos realizando desde la ANEP en todos estos años:

1- Jamás la ANEP ha desembolsado la exorbitante cantidad de 7.5 millones de colones para dárselos al abogado José Antonio Román Matamoros, como pago profesional por representar a la ANEP en el caso contra UPINS. Este profesional lleva muchos casos por cuestiones penales de la ANEP y el de UPINS es tan sólo uno más. Esa cantidad él la ha recibido en varios años al servicio de la ANEP para tales efectos y no por un único caso como maliciosamente consigna la nota periodística de usted, Sr. Leandro.

2- En mi calidad de Secretario General de la ANEP ostento la representación judicial y extrajudicial de la organización, de la cual soy su Apoderado Generalísimo. Esta circunstancia me faculta para plantear demandas penales cuando la agrupación y /o sus dirigentes, tanto nacionales como sectoriales, son objeto de injurias, calumnias, difamación y similares. Sólo debo informar a la Junta Directiva Nacional de ANEP que así se actuó para defender el buen nombre del sindicato y la honra de sus dirigentes. No obstante, todo lo actuado en el caso UPINS, pasó por la dirección nacional de la ANEP, conforme a los procedimientos que la misma tiene para conocer los más diversos asuntos. Nos imaginamos que así actuó el Sr. Salas con respecto a su sindicato y el dinero que empleó para pagarle al abogado en el caso del proceso contra ANEP, salió de las arcas de UPINS; ¿O acaso salió de su bolsillo personal, estando en juego la organización misma?…

3- Como si no bastase tener el respaldo político de la Junta Directiva Nacional de la ANEP en este y en otros casos judiciales de ámbito penal; en dos asambleas generales nacionales ordinarias de la ANEP, la del 2003 y la del 2005 (que acaba de realizarse), el asunto contra UPINS ha recibido el respaldo político más que necesario; relegitimándose lo actuado en tal circunstancia. Las bases de la ANEP respaldan, sin condiciones, que la imagen de la organización se proteja a toda costa y que se proceda, de manera contundente, a salvaguardar el honor y la honra de quienes la dirigen.

4- Tan clara es nuestra conducta en tal sentido que si en determinado caso en que la ANEP fue lesionada en su imagen, el respectivo juicio se gana y se otorgase algún resarcimiento económico por ello, cualquiera que sea su monto, ha de ingresar al patrimonio de la agrupación, nunca a mi bolsillo. Esta es una política ética de la que no nos apartaremos jamás y puede la afiliación de ANEP tener la plena certeza de que su patrimonio está bien resguardado y que jamás se pretende lucrar con el mismo para beneficio personal.

5- El Sr. Salas Sarkís fue fuertemente censurado por su actuación en contra de la ANEP y de su Secretario General, durante el transcurso de nuestra asamblea general del pasado viernes 22 de julio; al punto de que tuvo que salir abruptamente del recinto donde tal asamblea se efectuaba (Salón El Tobogán), en medio de un fuerte abucheo de más de mil asambleístas presentes. La Asamblea General de la ANEP, ahí mismo, acordó suspenderle la condición de afiliación, abrirle un proceso para su expulsión definitiva de la asociación y, colateralmente, respaldar en todos sus extremos lo que la organización ha venido haciendo en el caso del asunto judicial contra UPINS.

6- Es criterio de la ANEP que el Sr. Salas Sarkís ha venido actuando cual sicario político, tratando de enlodar una carrera sindical limpia como la que ostento; aliándose con figuras perniciosas del campo político nacional (de lo cual ya tenemos información fehaciente); y lo que es más grave, guardando un silencio más que cómplice con el proceso de transformación institucional del INS, bajo el concepto de apertura-privatización presuponiendo un TLC aprobado. Quizás estaría así haciendo honra de la alianza sindical que él ha efectuado con el sindicalismo corrupto y podrido del INCOP, el cual entregó los muelles del Pacífico a cambio de unos denarios.

Respetuosamente,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

—-
c.:Sr. William Gómez Vargas, Director, Diario Extra
c.:Sr. Mario Ugalde, Subdirector, Diario Extra.
c.:Sr. Luis Salas Sarkís, Secretario General de UPINS.
c.:Junta Directiva Nacional de la ANEP.
c.:Personal de la ANEP.
c.:Seccionales de la ANEP.
c.:Movimiento Sindical y Social costarricense.
c.:Archivo.