Categoría: Noticias

Señor
Marco Leandro
Diario Extra
Presente

Estimado señor:

Con el respeto que usted se merece, me veo en la imperiosa necesidad de presentarle mi más enérgica protesta por el tratamiento que usted le da a las informaciones que contra el suscrito se generan en fuentes sindicales que adversan nuestro trabajo al frente de esta organización; molestia que no tiene nada que ver con que se publique lo que nuestros detractores arguyen para, de manera infructuosa afortunadamente, intentar desprestigiar el nombre de la organización que honrosamente represento y a mí en lo personal; sino que usted no me dé la oportunidad de referirme, de reaccionar, inmediatamente; como se hace cuando se elabora una noticia y se ponen las dos visiones del asunto que se está tratando. Creo que nada cuesta una llamada telefónica para consignar mi descargo.

Sinceramente, entiendo que algunos sindicalistas anden buscando minar la credibilidad que ostentamos y/o generar un asomo tendencioso y malicioso de nuestra conducta ética y moral como dirigente de la ANEP; pero no puede concebir que usted, Sr. Leandro, que nos conoce muy bien porque incontables veces conversamos de muchas cosas, pudiese andar en un juego injusto y peligroso contra una entidad laboral base esencial para la democracia.

En la primera ocasión, hará ya varias semanas, usted publicó una nota, pérfidamente tendenciosa, sobre un supuesto financiamiento de un partido político “gay” de los Estados Unidos de América, a la ANEP; situación totalmente ridícula y absurda pues dicha colectividad partidista (que reivindica muchos derechos, entre ellos el de luchar contra la discriminación por orientación sexual), atendió un llamado general publicado en la página electrónica de la ANEP, para recibir solidaridad en la lucha contra el TLC, mandándosenos un cheque por la ridícula suma de 50 dólares.

Usted publicó la información sin tomarse la cortesía de averiguar nuestra versión y no fue sino a través de su colega, Shirley Sandí, que luego pudimos descargar el infundio que usted elaboró, pero ya estaba tirada la atmósfera morbosa, tendenciosa y dañina en contra de ANEP y en contra de este servidor.

Ahora y, “curiosamente” a propósito del mismo asunto judicial entre ANEP y UPINS (que estaba en la base de su nota anterior en contra nuestra), usted vuelve a publicar, tendenciosamente, otra información a propósito del mismo caso pero sin darme la posibilidad de descargo, en la misma nota, con la misma oportunidad en que el señor Salas dijo las inexactitudes, por no decir calumnias, que se manifiestan en su nota.

Respetuosamente creo haberme hecho acreedor al derecho de respuesta que consagra el ordenamiento jurídico costarricense, pues su nota, don Marco, como no me dio oportunidad de dar mi versión, me ha causado un gran daño, situación que es imposible dejar pasar de manera desapercibida. Tómese en cuenta que su nota, Sr. Leandro, se publica en el mismo día señalado para la Asamblea General Nacional Ordinaria de la ANEP y no sé con qué propósito; pero si era el de perjudicarme, se generó todo el efecto contrario como ahora lo verá.

Así las cosas, es importante que los lectores y las lectoras de Diario Extra, conozcan mi descargo al respecto; lectores dentro de los cuales hay un elevadísimo número de personas de la clase trabajadora (contando también la casi totalidad de la afiliación de ANEP que quiere mucho a Diario Extra), quienes aprecian el trabajo que venimos realizando desde la ANEP en todos estos años:

1- Jamás la ANEP ha desembolsado la exorbitante cantidad de 7.5 millones de colones para dárselos al abogado José Antonio Román Matamoros, como pago profesional por representar a la ANEP en el caso contra UPINS. Este profesional lleva muchos casos por cuestiones penales de la ANEP y el de UPINS es tan sólo uno más. Esa cantidad él la ha recibido en varios años al servicio de la ANEP para tales efectos y no por un único caso como maliciosamente consigna la nota periodística de usted, Sr. Leandro.

2- En mi calidad de Secretario General de la ANEP ostento la representación judicial y extrajudicial de la organización, de la cual soy su Apoderado Generalísimo. Esta circunstancia me faculta para plantear demandas penales cuando la agrupación y /o sus dirigentes, tanto nacionales como sectoriales, son objeto de injurias, calumnias, difamación y similares. Sólo debo informar a la Junta Directiva Nacional de ANEP que así se actuó para defender el buen nombre del sindicato y la honra de sus dirigentes. No obstante, todo lo actuado en el caso UPINS, pasó por la dirección nacional de la ANEP, conforme a los procedimientos que la misma tiene para conocer los más diversos asuntos. Nos imaginamos que así actuó el Sr. Salas con respecto a su sindicato y el dinero que empleó para pagarle al abogado en el caso del proceso contra ANEP, salió de las arcas de UPINS; ¿O acaso salió de su bolsillo personal, estando en juego la organización misma?…

3- Como si no bastase tener el respaldo político de la Junta Directiva Nacional de la ANEP en este y en otros casos judiciales de ámbito penal; en dos asambleas generales nacionales ordinarias de la ANEP, la del 2003 y la del 2005 (que acaba de realizarse), el asunto contra UPINS ha recibido el respaldo político más que necesario; relegitimándose lo actuado en tal circunstancia. Las bases de la ANEP respaldan, sin condiciones, que la imagen de la organización se proteja a toda costa y que se proceda, de manera contundente, a salvaguardar el honor y la honra de quienes la dirigen.

4- Tan clara es nuestra conducta en tal sentido que si en determinado caso en que la ANEP fue lesionada en su imagen, el respectivo juicio se gana y se otorgase algún resarcimiento económico por ello, cualquiera que sea su monto, ha de ingresar al patrimonio de la agrupación, nunca a mi bolsillo. Esta es una política ética de la que no nos apartaremos jamás y puede la afiliación de ANEP tener la plena certeza de que su patrimonio está bien resguardado y que jamás se pretende lucrar con el mismo para beneficio personal.

5- El Sr. Salas Sarkís fue fuertemente censurado por su actuación en contra de la ANEP y de su Secretario General, durante el transcurso de nuestra asamblea general del pasado viernes 22 de julio; al punto de que tuvo que salir abruptamente del recinto donde tal asamblea se efectuaba (Salón El Tobogán), en medio de un fuerte abucheo de más de mil asambleístas presentes. La Asamblea General de la ANEP, ahí mismo, acordó suspenderle la condición de afiliación, abrirle un proceso para su expulsión definitiva de la asociación y, colateralmente, respaldar en todos sus extremos lo que la organización ha venido haciendo en el caso del asunto judicial contra UPINS.

6- Es criterio de la ANEP que el Sr. Salas Sarkís ha venido actuando cual sicario político, tratando de enlodar una carrera sindical limpia como la que ostento; aliándose con figuras perniciosas del campo político nacional (de lo cual ya tenemos información fehaciente); y lo que es más grave, guardando un silencio más que cómplice con el proceso de transformación institucional del INS, bajo el concepto de apertura-privatización presuponiendo un TLC aprobado. Quizás estaría así haciendo honra de la alianza sindical que él ha efectuado con el sindicalismo corrupto y podrido del INCOP, el cual entregó los muelles del Pacífico a cambio de unos denarios.

Respetuosamente,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

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c.:Sr. William Gómez Vargas, Director, Diario Extra
c.:Sr. Mario Ugalde, Subdirector, Diario Extra.
c.:Sr. Luis Salas Sarkís, Secretario General de UPINS.
c.:Junta Directiva Nacional de la ANEP.
c.:Personal de la ANEP.
c.:Seccionales de la ANEP.
c.:Movimiento Sindical y Social costarricense.
c.:Archivo.

Tal percepción se ve reforzada con el otro impactante dato divulgado por el INEC, de que la inflación interanual, julio 2004-junio 2005, fue de un 13.76 %.

Los datos podrían haber sido más dramáticos si los parámetros de medición estuviesen plenamente actualizados. Recordemos que se trabaja con la información de la Encuesta de Ingresos y Gastos que data de 1988.

Estos datos nos llevan a emitir tres conclusiones básicas sobre la política económica vigente; conclusiones que, como es lógico suponer, se elaboran a partir de una perspectiva laboral producto de nuestra naturaleza organizativa:

Primero: La alta inflación golpea, con mayor énfasis, a las personas asalariadas, tanto del Sector Privado como del Público. Los reajustes salariales ni compensan la inflación semestral vencida ni, mucho menos, aumentan el poder de compra del salario.

En el caso del Sector Público, el rezago salarial crece semestralmente; en el caso del Sector Privado, es casi imposible verificar si el empresariado honra, completamente, los porcentajes de reajuste salarial definidos que, a veces, se acercan en el papel (más que en el Estado), a la cifra inflacionaria.

Pero en cualquier caso, tan pronto como el ajuste del mínimo salarial se hace, los salarios son brutalmente golpeados por el incremento inmediato en el costo de la vida. En definitiva, la clase trabajadora asalariada vive un proceso sostenido, sistemático y casi irreversible de empobrecimiento y de deterioro de su calidad de vida.

Segundo: Los responsables de la conducción estratégica de la política económica vigente, inspirados en la filosofía neoliberal y que han servido sin problemas a los sucesivos gobiernos del PLUSC, de los últimos quince-veinte años; siguen sin dar cuentas de sus actuaciones, las cuales, evidentemente, han perjudicado el bienestar de la mayoría de la población.

Han privilegiado la satisfacción de los intereses de ciertos sectores exportadores y de grandes y concentrados grupos financieros, así como de grandes importadores, generando las condiciones macroeconómicas necesarias para apuntalar el odioso y sostenido proceso de concentración de la riqueza que vive la sociedad costarricense y que es la base del abusivo poder político que hoy ostentan tales grupos.

Tercero: Dentro de tal estrategia, hay un tema profundamente tabú en la política macroeconómica de los grupos de poder: la obsesividad por la estabilidad macroeconómica, buscada por medio de mecanismos como el de la deuda interna. Esta situación no sólo ha disminuido los salarios y ha concentrado la riqueza, sino que ha permitido y todavía facilita, la gestación de grandes fortunas altamente concentradas, producto de las necesidades fiscales del Estado costarricense.

Ese mismo Estado que tales grupos han estado controlando en los últimos años y que, paralelamente, tiene diseñada una estructura tributaria débil, laxa y cómplice de tal estado de cosas en lo fiscal.

No hay duda alguna de que la carestía de la vida, las restricciones salariales y la concentración de la riqueza son consecuencias directas de una política económica totalmente equivocada en todos estos años. Sus responsables deben ser objeto del juicio popular y cívico que está pendiente.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Edgar Morales Quesada
Secretario General Adjunto

San José, 5 de julio de 2005.

La situación en Costa Rica es radicalmente distinta. Para quienes adversamos ese TLC, se juega en nuestro país lo poco que queda de eficiente y bueno del todavía existente Estado Social de Derecho; dentro de lo cual destaca la circunstancia de que los más rentables bienes de propiedad pública que todavía quedan en manos de los y de las costarricenses, sigan siendo servicios, derechos públicos, conceptuados para el bien común.

En Costa Rica, afortunadamente, habemos miles de costarricenses, hombres y mujeres de los más disímiles estratos sociales y de las más dispares posiciones políticas, que no respiramos por los pulmones de los Estados Unidos; que sentimos profundamente el significado de haber nacido en este país y que no comulgamos con extremismos ideológicos como el que marca profundamente ese TLC: el neoliberalismo.

Tres errores estratégicos y fundamentales se dieron en el caso costarricense, con la “negociación” de ese TLC:

1- Un proceso carente de transparencia, amañado, impregnado de una única visión ideológica, de signo extremista, sobre el futuro del país; proceso que se dio sin una participación democrática plena y amplia.

2- Un proceso que nos “centroamericanizó”, poniéndonos al nivel de países como Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua, cuyos estándares sociales, laborales y ambientales son radicalmente distintos al nuestro; sin hablar de los enormes rezagos económicos que presentan sus sociedades, polarizadas completamente por la concentración de la riqueza.

3- Un proceso que fue desnaturalizado de su esencia comercial, para “resolverle” a la alianza de negocios PLUSC y el bloque de poder económico que la sustenta, su gran problema “pendiente” del ajuste estructural en Costa Rica: las grandes privatizaciones (ICE, INS, CCSS, A y A, entre otras); privatizaciones que el pueblo ha adversado de múltiples formas todos estos años.

Estos elementos, junto a otros tan relevantes como los indicados, son ejes fundamentales del trabajo de concientización que, desde hace meses, se realiza en las bases del pueblo costarricense para enfrentar la coyuntura del TLC en el momento en que la realidad de este país así lo indique.

Adicionalmente a lo anterior, la resistencia al TLC en Costa Rica no es un asunto meramente sindical. Este es un grave error que cometen nuestros detractores. La oposición al TLC es sumamente diversa, multisectorial y de distinta variedad político-ideológica.

La resistencia cívica contra ese TLC abarca desde los agricultores hasta sectores empresariales nacionales, pasando por educadores, empleados públicos, intelectuales, estudiantes, amas de casa, ecologistas, trabajadores del Sector Privado, transportistas, taxistas, ciudadanos en general; todos los cuales se vienen preparando para actuar, coordinadamente, en el momento de la llegada de la circunstancia estratégica aquí, en el país.

Los promotores del TLC tienen un problema esencial que no han podido resolver para “vender” bien su producto entre los y las costarricenses: Provienen del mismo bloque político-económico del PLUSC, altamente desprestigiado; del cual han salido figuras empresariales y políticas acusadas de corrupción y con procesos penales en desarrollo, favorecedoras de ese TLC en su momento.

Los promotores de ese TLC son los mismos de Millicom, los mismos que fracasaron con la intentona legislativa del combo ICE, los mismos de Alterra y Riteve, los mismos de las fracasadas concesiones; en fin, los mismos quienes desarrollan hoy una intensa campaña publicitaria a favor del TLC, financiada con dineros cuya procedencia no han podio explicar. Toda esta circunstancia lo ha venido entendiendo el noble pueblo costarricense, afortunadamente.

Seguimos adelante: ¡NO AL TLC!

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Edgar Morales Quesada
Secretario General Adjunto

San José, 1 de julio de 2005.

Manifiesto al País
ANEP-ASDEICE

1- Con fecha 6 de abril anterior, las organizaciones laborales ANEP y ASDEICE emitimos un Manifiesto al País, denominado “Pacto politiquero pretende prostituir la institucionalidad de la Contraloría y de la Defensoría”; denunciando que el PLUSC busca la profundización del descrédito popular en el régimen institucional costarricense, nombrando “su” Contralor y “su” Defensor. No nos habíamos equivocado.

2- La forma burda en que se violentó el proceso legislativo con relación al nombramiento para el honroso y más alto cargo jerárquico de la Contraloría General de la República, certifica la profundidad del carácter de la alianza de negocios entre las cúpulas neoliberales del PLUSC. Este nuevo episodio de su escandaloso concubinato político-ideológico, al vaivén del vil metal, fortalece la percepción del pueblo en su creencia de que la práctica de la política es sinónimo de corrupción, de antivalores, de ausencia de ética, de cinismo y de falsedades.

3- Como el PLUSC siente ya, como nunca antes, la cercanía de su ocaso, parece creer que lo mejor es garantizarse cierta supervivencia política; a través del control de las más importantes entidades públicas que le permita, de una forma u otra, seguir incidiendo en el carácter de las transformaciones del Estado costarricense, hacia una esfera integral de lucro total con la cosa pública.

4- La clase política tradicional y su segmento más reaccionario, el PLUSC, le han dado al país un indecoroso y vulgar ejemplo de minusvalidación política del otrora “primer” poder de la República; reduciendo al ridículo la capacidad soberana del parlamento para decidir en cuestiones tan importantes y estratégicas como lo son los nombramientos en la Contraloría General de la República y en la Defensoría de los Habitantes de la República.

5- Es indudable que el PLUSC, esa pérfida alianza de negocios para la facilitación del lucro privado con los servicios públicos, no está dispuesto, jamás, a renunciar al control del poder político de la institucionalidad republicana de nuestro país, sobre todo cuando están a la espera de la ratificación del TLC para asegurar, definitivamente, sus negocios con la cosa pública. Los enfrentamientos electorales son circunstancias coyunturales menores, reducidos a mecanismos de manipulación ciudadana para aparentar cambios que, a final de cuentas, mantendrán todo igual.

6- En esta ocasión, quedó en evidencia dicho juego, cuando el candidato presidencial del Gobierno le sirve en bandeja a quien estima como eventual sucesor a la cabeza del Poder Ejecutivo, la posibilidad de “controlar” la Contraloría General de la República. Este binomio mostró su capacidad de articulación estratégica para mantener el poder de la alianza de negocios PLUSC.

7- Esa alianza de negocios tiene en el sistema de concesión de obra pública una de sus más rentables fuentes de enriquecimiento y, por ende, lo mejor era consolidar ese sistema extendiendo su filosofía lucrativa hasta lograr la máxima legitimación política: la posibilidad de que desde la Contraloría General de la República se institucionalice total y definitivamente, sin posibilidad alguna de reversión política y sin tutela del interés público.

8- Esta aspiración la estaría garantizando la selección de una persona especialista en ese sistema de concesiones; sistema que le ha costado miles de millones de colones al país y que nunca ha sido auscultado. Los lamentables resultados están a la vista. En tal sentido, la Contraloría General de la República debería entregar al país, antes de que asuma la nueva jerarca, un informe sobre todos los estudios realizados por esa entidad de lo actuado en el campo de las concesiones.

9- La perniciocidad política del PLUSC para manejar el proceso de selección indicado a su entero antojo, tiene un baluarte en la ausencia estratégica de una oposición política que no existe en cuanto tal, más que para vociferar y relegitimar con su rabieta un sistema institucional que les cobija a todos y que a todos les garantiza su propia supervivencia política. Ni siquiera se es capaz para generar una crisis parlamentaria profunda, empleando eficientemente la última herramienta de poder que le quedaría a una auténtica, real y beligerante de oposición: el manejo del quórum.

10- El payaso guitarrista, el guasón de la política parlamentaria actual, con su actuación bufonesca, no hace más que facilitar la consolidación estratégica del modelo neoliberal, llevando el desprestigio de la política parlamentaria al máximo; incrementando el rechazo, el asco y la desazón del pueblo ante las ridículas actuaciones de muchos de sus representantes parlamentarios, en el propio seno del otrora sagrado recinto de formulación de las leyes.

11- Ahora, sin duda alguna, seguirá la Defensoría de los Habitantes de la República, la cual parece destinada a ser cooptada definitivamente por esa alianza de negocios, para terminar de sellar el engranaje perfecto que se necesita para la neoliberalización total de la ya pervertida institucionalidad republicana.

12- La Comisión de Nombramientos de la Asamblea Legislativa es la burla más grotesta y la pantomima más vergonzosa y repudiable que desde el propio “Primer” Poder de la República, se le puede hacer a una ciudadanía manipulada que, torpe e ingenuamente, todavía cree que los procesos de selección instituidos en el parlamento, se basan en méritos personales, en competencia profesional transparente y abierta y bajo criterios estrictamente técnicos.

13- Parece que ya no van quedando salidas institucionales válidas. Por menos cosas que las que estamos viviendo, se generaron los dolorosos fenómenos sociopolíticos del 48; aunque ahora, dichosamente, no se necesitan armas para rescatar la institucionalidad democrática que ha sido corrompida. Para eso está la democracia de la calle.

14- La esperanza sigue estando en el pueblo, en nuestro sufrido pueblo: Hastiado de tanta corrupción, empobrecido, estafado y engañado; intoxicado al máximo con la complicidad mediática cotidiana de algunos sectores empresariales; se ha de rebelar en determinado momento, para derribar, de cabo a rabo, la podredumbre política que carcome a la democracia costarricense. Esa es la fe que nos anima seguir adelante, pese a tanta adversidad. A lo mejor, las elecciones generales del 2006, podrán dar el banderazo de salida hacia el rescate histórico de la institucionalidad democrática hoy pervertida.

ANEP – ASDEICE

Albino Vargas Barrantes
Secretario General – ANEP

Fabio Chaves Castro
Presidente – ASDEICE

Edgar Morales Quesada
Secretario General Adjunto – ANEP

San José, 30 de junio de 2005.

El Gobierno de la República no ha convocado todavía a la ya casi extinta “Comisión Negociadora de Salarios del Sector Público”; pero es prácticamente imposible y extremadamente difícil que se logre un acuerdo entre el Poder Ejecutivo y las principales entidades laborales que representan a sus trabajadores y a sus trabajadoras.

El fantasma del congelamiento salarial invade la Administración Pública, situación que genera las condiciones para un conflicto social en perspectiva.

No hay la más mínima credibilidad en el argumento neoliberal de que “no hay plata”, como la ha venido sosteniendo el Ministro de Hacienda, Sr. Federico Carrillo Zurcher. Tan sólo dos datos, altamente reveladores, no solamente desmienten al citado jerarca, sino que indignan profundamente:

225 mil millones de colones, por evasión fiscal, ¡al año!

90 mil millones de colones, por contrabando de mercancías.

Vistas así las cosas, es muy probable que el proceso para definir de cuánto será el incremento salarial del Sector Público, valedero para el segundo semestre de este año, significará un gran conflicto sociolaboral.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Edgar Morales Quesada
Secretario General Adjunto

San José, 29 de junio de 2005.