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Un elevado número del personal de trabajo de campo y del ámbito administrativo decidieron suspender su trabajo a partir de hoy, jueves 28 de octubre de 2004, al considerarse que las condiciones laborales se han deteriorado al máximo, producto de la errática y prepotente gestión del máximo jerarca municipal, el Lic. Percy Rodríguez Argüello.

El cúmulo de problemas que origina esta huelga va desde el deterioro de condiciones socioambientales para desarrollar un mejor trabajo; hasta el deterioro de la legitimidad política del Sr. Alcalde Municipal, dada la serie de cuestionamientos que se le han formulado; generando no solamente la intervención de la Contraloría General de la República, sino que han llegado al Ministerio Público, el cual ya realizó una primera indagatoria al Lic. Percy Rodríguez Argüello.

Como represalia por tal situación, dicho funcionario procedió ya con acciones represivas contra quienes cuestionan su accionar; procediendo a ordenar el despido arbitrario de la trabajadora Iris Cervantes Paniagua, con casi 30 años de antigüedad en la Municipalidad de Tibás; quien es representante de la ANEP en este municipio.

Se trata de un despido arbitrario, intimidatorio e ilegal que podría generar repercusiones legales más allá del ámbito municipal; e incluso, podría generar un grave daño patrimonial a la institución pues en sede judicial la Municipalidad de Tibás, con toda seguridad, será condenada a una alta indemnización.

Los trabajadores de campo tales como recolectores de desechos sólidos, aseadores de vías y de parques, choferes y otros; carecen de uniformes (zapatos, herramientas, bolsas para recoger basura, escobones); además, algunos de ellos son obligados a montarse en los camiones recolectores de basura pese a que éstos circulan violando estipulaciones obligatorias de la Ley de Tránsito.

A todo el personal de la Municipalidad de Tibás se le adeuda el reajuste salarial del segundo semestre del presente año que ya está en etapa de conclusión. Lo más grave del asunto es que mañana viernes 29 de octubre, es el último día hábil para presentar la tramitación presupuestaria correspondiente ante la Contraloría General de la República, sin que se tenga noción alguna de cómo el Sr. Alcalde Municipal pretende resolver este problema.

Para complicar las cosas, el ente contralor ha advertido que no tramitará presupuesto alguno, si el mismo no contempla el pago de una indemnización de 3 millones de colones que se le adeuda a un vecino; plata que nadie sabe de dónde deberá salir.

Además, se ha acumulado un adeuda por la suma de 18 millones de colones en el pago de la obligatoria póliza de Riesgos de Trabajo con el Instituto Nacional de Seguros (INS); que si bien estará vigente hasta el mes de diciembre próximo, se desconoce qué pasará en el 2005 si no se cancela; Esto habrá de generar una grave desprotección para la población laboral, especialmente la de campo, de dicha municipalidad.

Como se puede observar, la actividad laboral de los trabajadores y de las trabajadoras de la Municipalidad de Tibás se desarrolla en medio de un clima de tensión, de autoritarismo y de prepotencia; además de enorme incertidumbre, inseguridad y deterioro creciente de las condiciones de Salud Ocupacional; lo cual, indudablemente, atenta contra la seguridad emocional y física de todo el personal de la institución.

Estas poderosas razones y otras más que no se puntualizan por razones de espacio, generaron el estallido de huelga que se da desde esta mañana; huelga que seguirá hasta que cese, de alguna manera, el acoso laboral del Alcalde Municipal de Tibás para con su personal, mediante intervención externa; para lo cual, en esta misma fecha, la ANEP está pidiendo la intervención urgente del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).

Los trabajadores y las trabajadoras de la Municipalidad de Tibás, así como la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), solicitan a la comunidad de Tibás disculpas por los contratiempos que esta situación de huelga habrá de generar; amén de pedirles su apoyo total para esta justa causa social que tiene relación directa con la necesidad de una gestión institucional transparente que ya no está en condiciones de garantizar el Lic. Percy Rodríguez Argüello.

San José, 28 de octubre de 2004.

Las empresas RUJAN, RUPAL Y JAPAL, agrupadas en una sociedad denominada Enjoy Hotel & Resorts S.A., todas vinculadas con el señor Rubén Pacheco y su familia, participaron como oferentes en un cartel del licitación (ver copia de cartel adjunta), a través del cual se sacó a concurso la concesión de 8 lotes libres todavía en el proyecto Papagayo. De estos lotes, Enjoy ofertó para 5 de ellos (ver PGP-296-04).

Este cartel se abrió por un mes y al cerrarse el mismo, se procedió al análisis correspondiente en lo legal, económico y técnico por parte de la Comisión Evaluadora de la Invitación a Desarrollo Turístico de las Áreas Libres del Polo Turístico Golfo de Papagayo (comisión interdepartamental integrada por siete miembros). Esta comisión dictaminó que de todos los oferentes, sólo 3 empresas lograron la puntuación requerida para optar por la concesión de sendos lotes (ver memo PGP-296-04 y PRO-0000-2004) y de estos ninguno fue para la empresa Enjoy Hotel & Resorts S.A.

A partir de este momento y como queda demostrado en memorando adjuntos, se inicia un proceso inaudito de presión por parte de la jerarquía superior de la institución sobre la Comisión Evaluadora. Tanto el Ministro de Turismo, como miembros de la Junta Directiva y del Consejo Director del Polo Turístico Golfo de Papagayo (PGP), proceden a cuestionar los resultados de la calificación de los oferentes llevada a cabo por la Comisión Evaluadora.

Esta presión culmina en acuerdos de la Consejo Director del PGP (ver acuerdos de Consejo Director del PGP – A – 273 – 2004 y 274 – 2004), en los que prácticamente se ordena una revisión o replanteamiento total de la valoración llevada a cabo por la Comisión, presumiblemente para lograr la calificación del grupo Enjoy que había quedado afuera en este proceso.

A esta presión del Consejo Director, se suma la presión directa del Ministro de Turismo, Rodrigo Castro Fonseca, quien por correo electrónico, emitido el día 22 de octubre de 2004 (se adjunta), dirigido a los técnicos de la Oficina Ejecutora del PGP, solicita a estos responder a las dudas presentadas por un miembro de Consejo Director de Papagayo sobre la calificación de las ofertas.

Toda esta presión trae como consecuencia la elaboración del memorando PRO-813-2004, firmado sólo por un miembro de la Comisión Evaluadora, en la que se justifica el permitir a la sociedad Enjoy “subsanar la información relativa a la experiencia de sus empresas integrantes RUJAN, RUPAL y JAPAL” (la experiencia es uno de los aspectos en los que no calificó), como puede leerse en el citado memorando que adjuntamos.

Por fin, el día martes 26 de octubre, en sesión del Consejo Director del PGP, la Comisión nuevamente fue sometida a cuestionamiento, presumimos que para aprobar la adjudicación de dos lotes a Enjoy, para los que en la evaluación normal y correcta no había alcanzado la puntuación mínima de 60% requerida en el cartel. Lamentablemente, el Consejo Director de Papagayo aprobó darle la oportunidad a Enjoy de reparar y adjudicarse dos concesiones.

En este sentido creemos que, independientemente de que el Consejo Director de Papagayo pudiera quebrar la decisión de la Comisión Evaluadora, o haya logrado manipular una justificación para Enjoy, surge un problema moral mayúsculo: ¿Cómo puede el Consejo Director de Papagayo premiar con nuevas concesiones a la familia Pacheco, cuando en la concesión que han poseído desde hace más de diez años, denominada Le Wafou S.A., otorgada por contrato turístico número 486 suscrito el 26 de octubre de 1992, no han cumplido con los plazos y etapas constructivas que exige el articulo 17 de la Ley de Papagayo?.

Es más, es un terreno donde no existen más que ruinas y que representa un ejemplo de irresponsabilidad y una muestra de la competencia desleal para con otros empresarios que han puesto todo su esfuerzo en sacar adelante el Polo Turístico.

Otro problema moral: ¿Por qué se nombró una Comisión Evaluadora interdepartamental y no se procedió como siempre se había hecho, asignando esta tarea a los técnicos de la Oficina Ejecutora del Proyecto Papagayo? ¿Estará esto relacionado con alguna desavenencia entre el Consejo Director y la Oficina Ejecutora?

Este proceso de descomposición lo habíamos denunciado desde mayo del 2004 (ver artículo de La Extra del martes 25 de mayo) en donde también emplazamos a don Abel, respecto a su primo. Lamentablemente, y a contrapelo de las promesas de lucha contra la corrupción realizadas por el Presidente, esta es la hora en que nada en absoluto se ha hecho para detener este flagrante tráfico de influencias ya consumado.

Todo esto se suma a los vergonzosos casos ya denunciados por la Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente (FECON), referentes a la asignación de concesiones en Papagayo y otras regiones del país y que evidencian como algunos negociantes quieren hacerse ricos con el Patrimonio Nacional.

Por todo esto, exigimos una acción inmediata de las autoridades para detener estas transacciones que, en la práctica, son comisiones en especie (en tierras con alta plusvalía), con valores en dólares más altos que los que se discuten sobre Alcatel. Exigimos a don Abel, además, que nos aclare que tipo de relaciones, además de las de tipo político y familiar, guarda con el señor Rubén Pacheco, su familia y sus empresas.

San José, 28 de octubre de 2004.

Documentos que sustentan nuestra denuncia:

1. Memorando DL-1064-2004, que contienen la calificación legal de las ofertas. Nota técnica normal.
2. Nota FOM-2725-2004, del 13 de septiembre del 2004, en la que se realiza la evaluación económica de las ofertas presentadas. Nota técnica normal.
3. Memorando PGP-296-04, del 13 de septiembre del 2004, en el que se da el informe de resultados de la evaluación técnica de las ofertas. Nótese que Enjoy no califica para ninguna concesión.
4. Memorando PRO-0000-2004, del 14 de septiembre de 2004, al cual se adjunta el expediente de la licitación “Concesión para el Desarrollo Turístico de las Áreas Libres del Polo Turístico Papagayo”, en donde se resume claramente que Enjoy no gana ninguna adjudicación.
5. Memorando PRO-813-2004, del 5 de octubre de 2004, en el que se trata de justificar un nueva reconsideración a favor del caso Enjoy (empresa compuesta por RUJAN, RUPAL Y JAPAL). Este memorando es firmado por sólo uno de los miembros de la Comisión Evaluadora, lo cual evidencia su ilegalidad.
6. Memorandos PGP-273-2004 y PGP-274-2004, ambos de 22 de octubre de 2004, en los que se evidencia la presión ejercida por el Consejo Director de Papagayo sobre la Comisión Evaluadora de la Invitación a Desarrollo Turístico de las Áreas Libres del Polo Turístico Golfo de Papagayo y en el que se aprueba el criterio dado en el oficio PRO-813-04 a favor de Enjoy Group.
7. Correo electrónico del Ministro dirigido Javier Bolaños en el que le añade un documento con preguntas que cuestionan el dictamen de la Comisión, en clara presión sobre el equipo técnico y la comisión

Nuestra organización sindical ANEP, que ha venido planteando desde hace tres años las irregularidades en el proceso de privatización del INCOP, se siente sumamente complacida por esta decisión.

Sentimos que, al fin, la Contraloría General de la República está dispuesta a ponerle freno a los negocios que un grupo de políticos-empresarios y empresarios-políticos, ha fraguado con las instituciones públicas.

Este rechazo hay que sumarlo a la correcta y oportuna posición de este órgano contralor con respecto al contrato de las líneas celulares de ERICSSON y al de RITEVE; negocios que sumados a la famosa concesión del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, tienen en entredicho la institucionalidad costarricense.

En el caso concreto del INCOP, ANEP había denunciado lo pernicioso de este contrato ante el Presidente de la República, Dr. Abel Pacheco de la Espriella. No obstante, el mandatario hizo caso omiso a nuestras observaciones y procedió a firmar los contratos; que hoy, para salvaguardia del interés público, son rechazados por la Contraloría General de la República.

Consideramos que la posición valiente de la Contraloría General de la República, de cara al interés público, abre una nueva oportunidad para que los y las puntarenenses y la comunidad nacional, nos demos a la tarea de rescatar este puerto, modernizarlo, eficientizarlo y ponerlo al beneficio del desarrollo nacional y no en manos de mezquinos intereses privados.

San José, 21 de octubre de 2004.

Ocurre que cinco meses después de haber presentado la renuncia al cargo, el Sr. Traña Calvo se retractó de la misma, ante una consulta del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) sobre si mantenía tal determinación. Durante la ausencia de dicho señor, el Concejo Municipal había designado en su sustitución a la señora Vargas Solís, quien alega ser la Alcaldesa oficial por cuanto el TSE no ha resuelto nada en definitiva.

En la sesión de anoche, martes 19 de octubre de 2004, una verdadera trifulca política se desató en el Concejo Municipal de Santa Ana, con dos alcaldes reclamando la posesión del cargo; ante lo que se considera que podría ser una inexplicable pasividad o falta de responsabilidad del citado tribunal electoral de la República.

La confusión reina hoy entre el personal de dicho municipio, el cual no sabe a quién debe obedecer. Los trabajadores y las trabajadoras se sienten amenazados, acosados, desmotivados y se sienten las víctimas visibles ante la comunidad, de las vendetas políticas que hoy tienen atascada a la Municipalidad de Santa Ana.

Un verdadero caos institucional se apoderó de la Municipalidad de Santa Ana; municipalidad que ya venía padeciendo una total paralización política porque los enfrentamientos entre los regidores, entre ellos mismos y algunos con la Alcaldesa Vargas Solís, tiene al Cantón de Santa Ana sin la realización de proyectos, pese a que dicho municipio tiene un superávit de 700 millones de colones.

Nadie sabe qué hacer en la Municipalidad de Santa Ana. La comunidad es la gran perdedora de toda esta situación. ANEP alerta a los vecinos, a las fuerzas vivas del cantón y al TSE para que se ponga orden en dicho municipio.

Además, ANEP hace un llamado a las fracciones políticas municipales (dos regidores del Partido Liberación Nacional, dos regidores del Partido del Sol y un regidor del Partido Unidad Social Cristiana) para que depongan su peleas personalistas y politiqueras en bien de la comunidad de Santa Ana.

San José, 20 de octubre de 2004.

De manera particular, la naciente coordinadora busca defender de las Convenciones Colectivas de Trabajo, en aquellos concejos donde existe; así como promover el establecimiento de las mismas en aquellas municipalidades donde aún no se cuenta con esta herramienta de paz laboral, en plena correspondencia con el rango constitucional que ostenta.

La Coordinadora Municipal de la ANEP nace, también, para contribuir al fortalecimiento de los gobiernos locales; luchar contra la corrupción en estas instituciones; y aportar en la mejora de la calidad de los servicios que se brindan a la ciudadanía de cada cantón.

La ANEP está, desde ya, exhortando a todas las trabajadoras y a todos los trabajadores municipales a formar parte de esta Coordinadora Municipal; así como a organizarse en cada centro de trabajo; de cara a la situación que para el futuro se estima alcanzarán los gobiernos locales, de gran impacto en el desarrollo de sus respectivas comunidades.

La Coordinadora Municipal de la ANEP está presidida por el señor Jorge Rojas Arias, trabajador de la Municipalidad de Tibás; acompañado en la Vicepresidencia, por el señor David Barboza Peralta, de la Municipalidad de San José.

San José, 19 de agosto de 2004.

La degeneración del mismo produjo a Miguel Ángel Rodríguez y a todos los que como él, están acusados y detenidos (en la casa o en la cárcel), por las situaciones ya de amplio conocimiento ciudadano.

La acción de la justicia, a cargo, en primera instancia, del Sr. Fiscal General de la República, Lic. Francisco Dall`Anesse,, es ejemplarizante y digna de encomio. Sin embargo, se va a quedar corta si no ocurren transformaciones legales estructurales, para que en el futuro no haya más “Migueles Ángeles”; o para reducir al mínimo la aparición de casos tan vergonzosos y repugnantes como los que estamos viviendo.

La raíz de todos estos acontecimientos de corrupción, de tráfico de influencias, de compadrazgos, de licitaciones y de concesiones amañadas, está en el desarrollo de una poderosa red de tráfico de influencias generada al amparo del sistema de repartición de cargos públicos en las instituciones, conocido como Ley 4-3; entre otras disposiciones legales y administrativas diseñadas para su degeneración moral y ética, como lo estamos sintiendo en carne propia.

Miguel Ángel Rodríguez Echeverría no es el problema; el problema es el sistema bipartidista que se corrompió y que abjuró de los principios filosóficos del bien común, enraizados en la filosofía socialcristiana y en la filosofía socialdemócrata.

El largo brazo de la ley será amputado si no ocurren esas transformaciones estructurales en el sistema de elección de las junta directivas de las instituciones. Si no de establece la obligatoriedad de hacer públicas sus sesiones deliberativas.

Además, si no se modifica, sustancialmente, la ley de la contratación administrativa; si no se establece un sólido proceso de rendición de cuentas. Si no se cambia la forma de financiación de las campañas electorales y el control riguroso de los aportes, entre otras necesarias modificaciones sustanciales que permitan el desarrollo de una nueva democracia que refuerce y que inmunice en buena medida, la institucionalidad republicana que hoy vemos lesionada.

Bienvenida la acción de la justicia, tal y como lo estamos presenciando. Enhorabuena por la restauración moral de la república y por la recuperación de la deteriorara imagen que hemos estado transmitiendo al mundo, especialmente a la América Latina. Costa Rica está dando un gran ejemplo de lucha decidida contra la corrupción.

Pero, repetimos, no basta. La degeneración política y ética del actual sistema político bipartidista es la causa profunda y estructural de la corrupción. Ese sistema es incapaz de cambiarse a sí mismo, lo cual indica que se ocupa de una nueva generación ciudadana en la política costarricense, que sí tenga la autoridad moral y el convencimiento pleno para impulsar los cambios requeridos.

San José, 16 de octubre de 2004.

La cita tendrá lugar en la Sala de Exministros del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS). La delegación del Gobierno la compone el titular del mismo, Lic. Fernando Trejos Ballestero; así como las viceministras de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN) y de Economía, Industria y Comercio (MEIC); licenciadas Florita Azofeifa y Martha Castillo, respectivamente.

La delegación del Movimiento Cívico Nacional tiene entre sus representantes, a los dirigentes laborales Fabio Chaves, de ASDEICE; Danilo Rojas, de APSE; y Albino Vargas, de ANEP. Igualmente, los dirigentes transportistas Quírico Alpízar y Rafael Quesada.

Además, el Movimiento Cívico Nacional contará, a partir de la fecha, con la asesoría del doctor en Economía, Henry Mora Jiménez.

Mientras que el Gobierno ha planteado que las propuestas sobre costo de vida que se plantearon en los acuerdos del 31 de agosto, se aborden por subcomisiones; el Movimiento Cívico Nacional estima que se deben trabajar esas propuestas de manera integral, conjuntamente, en un período de cuatro a seis sesiones, para valorar posibles resultados de un proceso. Sin embargo, esta controversia será dirimida hasta la sesión de hoy.

Además, se hizo una solicitud para registrar las discusiones y elaborar minutas que sean fieles testigos de la discusión que se habrá de desarrollar.

San José, 15 de octubre de 2004.

Se impone por parte del Gobierno de la República y, particularmente, del Presidente de la República, el Dr. Abel Pacheco de la Espriella, una acto inmediato de restauración del honor patrio ofendido de tan vil forma; que no puede ser otra cosa que la inmediata ruptura de relaciones diplomáticas con el Gobierno de Taiwán.

La deshonra del cargo presidencial por parte del Sr. Rodríguez Echeverría, es tan grave como la conducta compra-conciencias del gobierno taiwanés y solamente un acto de político de enorme impacto, como el rompimiento de relaciones diplomáticas, puede concebirse como un desagravio a la Patria mancillada en su honor.

El Sr. Presidente Pacheco de la Espriella no puede eludir, no tiene espacio moral, para no actuar en esa línea; considerando, además, que desde ese país asiático también llegaron dólares para su campaña electoral.

San José, 14 de octubre de 2004.

Este personal es responsable de la recaudación, custodia o administración de fondos y valores públicos.

Tal disposición se basa, según las autoridades, en la Ley No. 8131 de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos; así como el Manual de Normas Generales de Control Interno Para la Contraloría General de la República y las Entidades y Órganos sujetos a su fiscalización.

Preocupa a la ANEP, sobremanera, que se obligue a gente humilde y sencilla a sacar una póliza de este tipo, cuando en la gran mayoría de casos, no puede ni siquiera asegurar sus casitas en caso de que la tengan; ni mucho menos contar con una póliza de vida, dado que los salarios en esta empresa no son nada atractivos para el trabajo que se realiza.

El personal afectado se pregunta el porqué no es la empresa la que paga estas pólizas; siendo que ella misma fue la que eliminó el Salario Escolar y las Anualidades, en lo que constituye un caso de evidente discriminación salarial pese a que Correos de Costa Rica, S. A., es una empresa pública. El personal de esta institución, pese a formar parte del Sector Público, es el que recibe el aumento salarial “más pequeño” de todos los empleados públicos.

Nos preguntamos: ¿Se le pidió póliza de fidelidad a Miguel Ángel Rodríguez, a José Antonio Lobo, a los que se robaron el Banco Anglo, y a una interminable listado de políticos-empresarios y empresarios-políticos cuestionados los últimos días por actos de corrupción?. ¿Será que solamente a los “pequeños” es dable aplicar directrices como la que hoy preocupa al personal mencionado.

La ANEP estima necesario que la Gerencia General de Correos de Costa Rica, S. A., así como su Junta Directiva, deben resolver esta situación considerando la difícil situación económica del personal involucrado en la directriz institucional comentada. La falta de solución de este problema a nivel interno, obligaría a formular un planteamiento ante el propio Presidente de la República.

San José, 13 de octubre de 2004.

Desde hace mucho tiempo, el bipartidismo tradicional degeneró en un sistema neoliberal y corrupto, pervirtiendo la esencia filosófica del Socialcristianismo y de la Socialdemocracia de sus fundadores, el Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia y don José Figueres Ferrer (Don Pepe), respectivamente.

El poder político bipartidista ha sido utilizado desde la Asamblea Legislativa y desde el Poder Ejecutivo, para aumentar los bolsillos de los tagarotes insaciables, a costa de destruir el Modelo de Estado Social de Derecho que tanta paz y estabilidad nos trajo durante décadas.

Ese bipartidismo propició la formulación de la nefasta “Ley 4-3”, que le permitió repartirse las juntas directivas de las instituciones. De tal forma, se han repartido el control de las mismas, como botín político, acomodando a algunos testaferros y amigotes, para que hagan el trabajo sucio de los negocios ocultos (mordidas, “premios”, comisiones), en las principales instituciones públicas.

En la década de los 90, la aprobación de leyes, como la apertura de la Banca Nacional, la Cogeneración Eléctrica, la Concesión de Obras Públicas (entre otras no menos nefastas); han sido utilizadas por importantes segmentos de esa clase político-empresarial, para destruir las instituciones públicas y saquear sus recursos económicos, que con sudor y sacrificio hemos construido y pagado los y las costarricenses.

Hoy, comprobado está. Vemos como los Calderón, los Figueres, los Arias, los Rodríguez, por citar sólo algunos, se han aprovechado de esas leyes para hacer sus negocios a costa de las instituciones públicas, muchas veces enlodando su prestigio.

No satisfechas sus ansias de poder y dinero, en el año 2000, promovieron el mal llamado Combo Eléctrico; ni más ni menos que un vulgar intento de apoderarse de las ganancias de las industrias de las telecomunicaciones y lo que faltaba de la electricidad. Afortunadamente, tal intento fue derrotado por la mano de Dios, mediante el referéndum de la calle: el Poder Ciudadano.

La Caja Costarricense del Seguro Social, que se fundó como la institución estrella de la solidaridad social costarricense, hoy ha sido mancillada y ultrajada por políticos- empresarios ladrones, mediante la compra de servicios con contratos dudosos y hasta corruptos.

RITEVE, Alterra, cárcel de Pococí, Puerto de Caldera, el alcohol y el etanol, constituyen vergonzosos episodios de ese reparto organizado, con ropaje legal, del erario público por parte de esa camarilla política hoy cuestionada.

A esta clase política, que se ha aprovechado de la buena fe de la sociedad costarricense y que con su clientelismo y oportunismo político han sumido a la Patria en su más vergonzosa página de la historia, les informamos que no vamos a permitir que sigan usufructuando del poder político.

También esto debe quedarle bien claro a los extremistas de signo fascista, amigos de los casinos y las apuestas; que pretenden con su oportunismo y populismo barato, aprovechar el enojo social para acabar el trabajo que sus compinches del bipartidismo desprestigiado no pudieron concretar.

Sabemos que el Tratado de “Libre” Comercio con EEUU, es el último intento de esta clase política, hoy totalmente desprestigiada, para apoderarse definitivamente de las mejores instituciones públicas como la CCSS, el ICE, el INS, A y A y toda la riqueza nacional que todavía no han podido arrebatarle al pueblo costarricense.

A todos estos que sueñan en consolidar su poder político y económico, mediante el mal llamado el TLC; les informamos que lo vamos a combatir, donde sea necesario y hasta las últimas consecuencias para derrotarlo con el Poder Ciudadano.

NUESTRAS ORGANIZACIONES ESTARÁN PARTICIPANDO ESTE MARTES 12 DE OCTUBRE EN LA MARCHA POR LA DIGNIDAD COSTARRICENSE Y EN CONTRA DE LA CORRUPCIÓN, DENUNCIANDO A SUS VERDADEROS CULPABLES

AL PUEBLO COSTARRICENSE HONRADO, QUE ESTÁ ÉTICA Y MORALMENTE AUTORIZADO, NOS CORRESPONDE RECONSTRUIR LA PATRIA.

ANEP Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados
UNDECA Unión Nacional de Empleados de la CCSS
ASDEICE Asociación Sindical de Empleados del ICE
SIPROCEICE Sindicato de Profesionales del Grupo ICE
ANPE Asociación Nacional de Profesionales en Enfermería
FENTSEP Federación Nac. de Trabajadores de los Serv. Públicos

San José, 11 de octubre de 2004.