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TLC. El envío del TLC a la Asamblea Legislativa, activará todos los mecanismos de movilización que se han venido preparando, por parte de las diferentes redes organizativas que se han establecido para este enfrentamiento. La explosión social que se tiene en perspectiva, adquirirá un carácter jamás visto, de consecuencias imprevisibles.

PENSIONES IVM.CCSS. La reforma de pensiones al régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), que administra la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), es otro coctel explosivo. Si la Junta Directiva de la CCSS decide tomar una decisión únicamente con base en el apoyo del empresariado y del solidarismo, no estaría más que prendiendo una candela de dinamita; pues estamos seguros que la clase trabajadora no aguantará una reforma de pensiones cuyo costo será absorbido, totalmente, por la parte laboral, quedando exoneradas las partes empresarial y estatal.

SALARIOS. Los salarios de la clase trabajadora de los sectores Público y Privado, sin duda alguna que es otro factor de conflicto latente. Recordemos, por ejemplo, que para los empleados públicos no se ha fijado el aumento salarial del primer semestre del 2005. Los datos de este año por concluir, revelan una sensible pérdida, de casi un 6 %, del poder adquisitivo real de los salarios; los cuales anduvieron muy por debajo del índice de inflación, por demás alto como bien es conocido.

RITEVE. El asunto de la revisión técnica vehicular, en manos del ilegal monopolio privado de RITEVE, sigue en capilla ardiente. Esta empresa deberá defenderse de los cargos que le imputa el Movimiento Cívico Nacional, en audiencia oral y pública prevista para el día 12 de enero de 2005. A partir de ahí, cualquier cosa puede pasar en las calles de Costa Rica.

PLAN FISCAL. El tema fiscal es otra brasa caliente. La reforma fiscal que se discute en la Asamblea Legislativa, no es aceptada por importantes sectores sociales, por cuanto no incluye muchas de las propuestas que en su momento se hicieron para hacerla más justa y equitativa. Sin tales cambios, nunca se podría aceptar el ya famoso plan fiscal. Además, la necesidad de tal reforma se ha descalificado, aún más, ante el movimiento popular costarricense, conociendo el dato espantoso de la cuantía gigantesca anual de dinero que se evade, desde el Sector Privado, en pago de impuestos: unos 200 mil millones de colones (casi un 3 % del Producto Interno Bruto PIB).

RESTRICCIONES PRESUPUESTARIAS. Aunado a lo anterior, las restricciones presupuestarias implicarán confrontaciones sectoriales muy serias, pues ni los trabajadores ni las personas usuarias de los servicios públicos afectados, se quedarán con los brazos cruzados ante el agravamiento del deterioro de la calidad de los mismos por la supuesta falta de fondos.

Ante este panorama, no hay más que una conclusión: el 2005 promete ser mucho más intenso y confrontativo, que el no menos agitado año que está por concluir.

Solamente una combinación correcta entre responsabilidad y credibilidad políticas, con sentido estratégico, podrá posibilitar sólidos espacios de búsqueda de acuerdos sociales de alto alcance, con participación social y productiva sin exclusiones; buscando evitar así que las colisiones anunciadas no se den. Lamentablemente, en tal sentido, la clase política y económica que hoy dirige el país, como bien sabemos, no da muestras serias y responsables para apuntar en la dirección indicada de la paz social.

San José, 16 de diciembre de 2004.

Elevado al más alto pedestal de la gestión contralora del país, por un acuerdo político extraparlamentario del desacreditado sistema bipartidista “PLUSC”, incluido el beneplácito del Expresidente de la República, Oscar Arias Sánchez; el Lic. Alex Solís Fallas parece haber desatado la furia de ese sistema cuando evidenció que le imprimiría un sesgo independentista a la Contraloría General de la República, dando paso a la superioridad del interés público por encima del interés del lucro privado.

En tal estado de cosas, altamente riesgosas para los tradicionales y poderosos intereses económicos tutelados por el PLUSC, nada mejor que las revelaciones públicas de las actuaciones erráticas privadas en el campo de la actividad notarial de quien ya, hoy, es Excontralor General de la República, el Lic. Alex Solís Fallas; pese a que los resultados del tiempo en que permaneció en el mismo (seis meses), dejaron al desnudo cuán permisivo había sido el rol político contralor de los últimos años, en la construcción de la compleja red de negocios privados con la institucionalidad pública, para el favorecimiento del proceso concentrador de riqueza que vive la Costa Rica de hoy.

Ese fue el eje central de nuestra posición con respecto a toda esta situación: Observar y aplaudir resultados concretos en el corto tiempo, en beneficio de la transparencia en la gestión pública; y que el cuestionamiento legal de la irregular actividad notarial del Lic. Alex Solís Fallas, se ventilase para la sanción respectiva, en las instancias correspondientes según el ordenamiento jurídico vigente.

Desde nuestra perspectiva, tales resultados ponían en peligro la existencia útil de la poderosa red de negocios privados con los servicios públicos que, en no pocas ocasiones, recibió la bendición contralora; como ya consta en varios casos de conflicto abierto entre el interés público y el lucro privado, con las necesidades que representa la satisfacción del bien común.

Sinceramente, siguiendo el sentido que nos dicta nuestra orientación de clase, observamos cuidadosamente el ataque sistemático, persistente y hasta rabioso que la gestión del ya hoy Excontralor General de la República, estuvo recibiendo desde el periódico La Nación; como vocero de esos poderosos grupos económicos que han encontrado inspiración política en la devaluada figura del Expresidente de la República, Oscar Arias Sánchez.

Para la ANEP está más que claro que La Nación, verdadero partido político-ideológico con ropaje de medio de comunicación colectiva, decidió la suerte política de quien hasta ayer fue Contralor General de la República; creando las condiciones escénicas necesarias para garantizar su remoción; habida cuenta de que los poderosos intereses económicos que se reflejan en la línea informativa y editorial de tal periódico, se sentían incómodos con una gestión contralora que, sencillamente, “se salió de control”.

El tránsito sociopolítico y económico hacia una total neoliberalización de la sociedad costarricense, reduciendo al mínimo el papel del Estado en la conducción del país, no podía ponerse en riesgo; mucho menos, en vísperas de la concreción del más ansiado sueño de esa neoliberalización: la imposición del denominado tratado de “libre” comercio con los Estados Unidos de América.

Indudablemente que el descrédito en que ha caído el primer poder de la República, la Asamblea Legislativa (descrédito no del todo completamente genuino por sus propias obras, sino que inducido, en no pocas ocasiones), necesitaba de una acción política de impacto como la remoción del Contralor General de la República; mejor todavía si esa estratégica decisión era tomada en una atmósfera circense creada al efecto. Nuestro parlamento, acorralado para los efectos del caso, siente que logra para sí un poco de reivindicación política.

“Muerto el rey, viva el rey”. Queda para el ya casi encima 2005, la elección de la persona que habrá de encabezar la estratégica entidad contralora. Sobre el tema quisiéramos aportar en su momento.

San José, 14 de diciembre de 2004.

Que el documento denominado “Informe Final de la Comisión Social”, con relación al proceso para buscar una solución compartida, en cuanto al carácter de las reformas necesarias para la sostenibilidad financiera futura del Régimen de Pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), administrado por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS); NO RESPONDE A UN CONSENSO ENTRE LAS DIFERENTES ENTIDADES QUE TOMARON PARTE EN TAL DISCUSIÓN; considerando que, por ejemplo, nuestras dos organizaciones se vieron en la imperiosa necesidad de retirarse de tal proceso, habida cuenta de la imposibilidad política de que, particularmente, los representantes de la Gerencia de Pensiones de la CCSS y, peor aún, la persona nombrada como facilitadora del proceso, consideraran discutir sobre propuestas alternativas a las oficiales, prácticamente delineadas éstas desde una perspectiva de corto plazo, reduccionista del problema y con un único y dominante sesgo paramétrico.

Por tanto, el denominado “Informe Final de la Comisión Social”, no refleja la realidad del proceso que se dio en torno a la discusión y es irrespetuoso de las posiciones disidentes de la línea oficial; posiciones construidas con gran precisión técnica y la más seria responsabilidad profesional. Por tanto, el subtítulo que tal informe presenta, “Propuesta de Reforma al Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte”, es la propuesta de una parte de las representaciones que estuvieron discutiendo sobre el tema: esa parte, en esencia es la coalición de la cúpula empresarial tradicional, su rama laboral (el solidarismo) y la conducción tecnocrática de la Gerencia de Pensiones de la CCSS (ni siquiera su conducción institucional principal en estos momentos, que es el actual Gerente Financiero, el cual tiene la Gerencia de Pensiones como recargo). Esa conducción tecnocrática, carente de un real sustento político, impuso “su” reforma.

Vistas así las cosas, la ANEP y la ANPE (así como potencialmente otros sectores sociales que sienten la misma sensación de exclusión en esta situación), haremos absolutamente todos los esfuerzos necesarios, de las más distinta naturaleza y en la mayor cantidad de escenarios posibles; para denunciar la farsa de un falso consenso en materia de reformas al Régimen de Pensiones I.V.M. No seremos cómplices de una reversión social en esta sensible materia y creemos que la última palabra la habrá de decir la propia clase trabajadora y la población costarricense afectada por esta reforma.

Como evidencia de hasta qué punto la comisión no ha alcanzado acuerdos en aspectos fundamentales de la propuesta; adjuntamos el documento presentado por la Gerencia de Pensiones, con fecha 8 de diciembre de 2004, señalando, punto por punto, los profundos problemas técnicos que contiene esa propuesta; su desconocimiento de la legislación actual, la falta de voluntad política para cumplirla, así como su desencuentro con los principios de universalidad, equidad, solidaridad y obligatoriedad que animan nuestra Seguridad Social.

San José, 10 de diciembre de 2004.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General
ANEP

Giovanny Ramírez Guerrero
Directivo Nacional de ANEP

MSc. Virian Mejías Padilla
Secretaria General ANPE

01- El desprestigiado sistema bipartidista tradicional, golpeado duramente por las últimas situaciones de presunta corrupción al más alto nivel, ampliamente conocidas, uno de los últimos peldaños de un proceso sistemático de degeneración política; resiente la pérdida del control de dos de las instituciones de mayor trascendencia para la transparencia y la justicia de un sistema que realmente se precie de democrático: la Fiscalía General de la República y la Contraloría General de la República.

02- La designación del actual responsable máximo de la Contraloría General de la República, parece habérseles salido en el último minuto, del control esperado; luego de que en el proceso previo de designación, había recibido la “bendición” de dicho sistema, a través del respaldo de figuras poderosas, expresidenciales, del decadente “PLUSC”.

03- Independientemente de los cuestionamientos formulados al Lic. Alex Solís Fallas, en su vida previa a la asunción de tal cargo, la cadena de sus actuaciones, sus pronunciamientos y sus señalamientos puntuales desde esa posición contralora, en múltiples situaciones críticas de controversia entre política pública y negocios privados, tiene muy molestos a los abanderados de tal forma de enriquecimiento; quienes habían elaborado un tejido prácticamente perfecto entre esos dos ámbitos de la vida institucional del país (la relación política-empresarial, empresarial-política).

04- Ahora que el actual Contralor General de la República se les “salió” de control, tratan de deshacerse de su incómoda presencia, lo más rápidamente posible; sobre todo a partir de las órdenes dictadas por ese partido político con ropaje de periódico, el cual es el gran tutelador de la citada forma de hacer dinero con la cosa pública.

05- Por otra parte, sin duda alguna, que la otra “pieza” molesta, es el responsable máximo de la Fiscalía General de la República. El montaje que se le hizo en estos días, revela la profundidad del rechazo generado en esas intrincadas redes tejidas al amparo del bipartidismo tradicional, para la facilitación de negocios privados con los servicios públicos.

06- En vez de “deshacerse” del Lic. Francisco Dall`Anese Ruiz, porque su destitución es políticamente inviable, sin tener ningún punto flaco en que apoyarse para ello (como sí estaría presente en la otra situación); lo ideal es desprestigiarlo, restarle autoridad, “candidatearlo”, para disminuir el impacto de sus decisiones, que han golpeado a figuras prácticamente intocables hasta ahora de la política tradicional.

07- En uno y en otro caso, pese a la diferencia de las situaciones, el mejor de los escenarios para el bipartidismo corrupto, es que ambas figuras desaparezcan del ámbito institucional de control de la gestión pública, en sus más altos niveles. “Negocios son negocios”, parece ser la única consigna motivadora de ese nefasto accionar del hoy alicaído sistema bipartidista tradicional.

08- Hoy, en los momentos en que se ha de tomar una decisión presuntamente final en el primer caso; hacemos un vehemente pero respetuoso llamado a los honorables señores diputados y a las honorables señoras diputadas, para que sopesen de manera adecuada la decisión que habrán de tomar.

09- Por un lado, si ha de pesar más una presunta conducta errónea, asumida antes de la asunción al cargo, censurable sí, pero que no puede catalogarse de corrupta; versus, por otro lado, la ya larga lista de situaciones abordadas en estas semanas, desde la Contraloría General de la República, reveladoras de un sano y comprometido accionar de tal entidad, con respecto a la protección del interés público.

10- Esto es lo que en ANEP valoramos en su real dimensión, contrastándolo con el carácter de la gestión contralora precedente, la cual fue altamente permisiva del deterioro de la institucionalidad pública; generándose así, por ejemplo, hoy cuestionados contratos como la prestación de servicios públicos aeroportuarios y de revisión técnica vehicular, entre otros.

11- Sabemos que para varios honorables legisladores y no menos honorables señoras legisladoras, el escenario de votación no será autónomo, producto de un libre albedrío soberanamente ejercido, dada una atmósfera circense de quemas sumarias deliberadamente construidas, para castrarles esa voluntad autónoma. Aún así, les instamos a ser valientes y actuar, únicamente, con lo que su conciencia les ha de dictar. Únicamente deben tener presente su juramento constitucional, ante Dios y la Patria; y no lo que cierto periódico quiere imponerles.

12- Los señalamientos formulados desde esta entidad han dejado en absoluta evidencia, cómo se venían acumulando situaciones irregulares, ilegales y hasta corruptas, en el ámbito de la política pública y en su relación con las aspiraciones privadas de lucrativos negocios al amparo de la misma.

13- En ANEP preferimos que en la Contraloría General de la República se continúe por tal senda; y que las sanciones administrativas que han de corresponder, se tomen en las instancias adecuadas según las determinaciones procedimentales.

14- De la misma manera, deben hacerse todos los mayores esfuerzos para que el camino marcado por la Fiscalía General de la República, no sea saboteado ni descalificado, pues está en juego casi que la última oportunidad de restaurar una confianza más que lesionada en nuestra institucionalidad.

San José, 6 de diciembre de 2004.

La clase trabajadora costarricense, tanto la del Sector Privado como la del Sector Público, es la gran castigada con el triste anuncio de que la inflación del presente año, acumulada al mes de noviembre, llegó al 11.89 %; la más alta en los últimos ocho años. Al terminar el presente mes de diciembre, es de esperar un empeoramiento de tal situación, cuando se habrá de superar la barrera del 12 %.

Anuncio desesperanzador, acongojante e ingrato para una población laboral, como la clase trabajadora, que es la base fundamental de la generación de riqueza nacional.

Sin duda alguna estamos ante la más evidente muestra del fracaso de una política económica, de signo neoliberal, destinada únicamente para el favorecimiento de reducidos grupos económicos de gran poder, por su ligamen con el sector financiero; sector que ha gozado de enorme posición hegemónica en el control de los últimos gobiernos del bipartidismo tradicional, incluido el actual.

2005 será un año durísimo para las personas trabajadoras dependientes de un salario. Los reajustes salariales se quedarán cortos para hacerle frente a la alta inflación del 2004.

Nuevamente, la orientación principal de la política económica predominante castiga duramente a nuestra clase trabajadora; certificando, con dolor y angustia, el abominable proceso de concentración de la riqueza que nos lleva, de manera irreversible, hacia una polarización social de consecuencias insospechadas.

Abrigamos la esperanza de que, al menos, puedan darse algunos resultados positivos, aunque sean mínimos, del proceso actualmente en desarrollo, de conversación y eventual negociación, en materia de costo de vida, entre el Gobierno de la República y el Movimiento Cívico Nacional. En los primeros días de enero, se sabrá si algo positivo habrá salido de este proceso.

San José, 3 de diciembre de 2004.

1- El Movimiento Cívico Nacional reitera, por este medio, su rotunda oposición a la abusiva pretensión de consorcio RITEVE, de incrementar las tarifas por el servicio de la revisión técnica vehicular; en momentos en los cuales la supervivencia de dicha empresa en su condición monopólica ó su permanencia como prestataria de dicho servicio, está en serio cuestionamiento.

2- El Movimiento Cívico Nacional indica al Consejo de Transporte Público (CPT), que no se aproveche de las festividades navideñas para recetarle a los propietarios de vehículos, aumentos tarifarios en materia de revisión técnica. Esto sería inmoral y dejaría en estado de indefensión a miles de ciudadanos hastiados de los abusos que se cometen en tal sentido.

3- El Movimiento Cívico Nacional estará solicitando, en próximos días, ser recibido en audiencia por el CPT para entregar su manifiesto opositor al incremento tarifario en comentario; de la misma forma que hará una petición a la Contraloría General de la República para que enmiende los errores procedimentales en cuanto al proceso seguido para denegar las injustas pretensiones de RITEVE para aumentar sus tarifas.

4- El Movimiento Cívico Nacional hace un vehemente llamado a todos los propietarios de vehículos automotores, a que se abstengan de presentarse a la revisión técnica vehicular en los actuales momentos; pues el día 15 de diciembre vence el plazo para la decisión definitiva en este polémico asunto; cuando ha de conocerse los resultados del proceso desarrollado en el denominado Órgano Director del Procedimiento.

5- El Movimiento Cívico Nacional, como se recordará, presentó ante dicho órgano una profusa documentación tendiente no solamente a demostrar la completa nulidad del proceso adjudicatorio de dicho servicio; sino que, para solicitar la rescisión y/o resolución contractual con RITEVE S y C, a partir de la cadena de incumplimientos en sus compromisos para con la prestación de tal servicio.

6- El Movimiento Cívico Nacional lanza hoy un reto público para que las entidades empresariales socias del Consorcio RITEVE S y C, demuestren su transparencia en materia tributaria, haciendo constar de manera pública la honra al día de sus compromisos impositivos. Directamente estamos hablando de empresas como TRANSAL, S. A., TUASA, Empresa Villa Bonita, IMPORTAL, S. A., al señor Marvin Herrera Alvarado y sus hermanos. Varias de estas entidades habrían sido investigadas en los últimos meses por la Dirección General de Tributación del Ministerio de Hacienda, por presuntas evasiones fiscales.

7- El Movimiento Cívico Nacional continúa en el desarrollo de comités cívicos locales y regionales, preparando una nueva y contundente salida a las calles, si el Gobierno de la República burla las aspiraciones ciudadanas, cristalizadas por este movimiento, para liberarse de la opresión que significa el mantenimiento del ilegal e inconstitucional monopolio de la revisión técnica vehicular.

San José, 30 de noviembre de 2004.

Marjorie Lizano Páez
CCTT Eddie González Sánchez
ATICOS Albino Vargas Barrantes
ANEP

Célimo Guido Cruz
Instituto Defensa Ciudadana Hugo Chávez Miranda
SICOTA Ricardo Araya Montero
FENAC

Eligio Luna Vargas
ATIH y S.C.

El Movimiento Cívico Nacional deja constancia pública de su más rotunda oposición, a la pretensión del ilegal e inconstitucional monopolio privado de la revisión técnica vehicular, a cargo de la firma empresarial RITEVE, de lograr un aumento en las tarifas que cobra a todos los propietarios de vehículos automotores del país.

En las próximas horas entregaremos un documento, en tal sentido, ante el Consejo de Transporte Público (CPT); pidiendo, además, audiencia al mismo para expresar nuestra oposición, pues argumentos sobran para ello.

En primer lugar, no es cierto que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, haya “avalado” un aumento en las tarifas de RITEVE. Plantearlo así expresa una malintencionada manipulación que tiende a favorecer los intereses de este monopolio privado.

La Sala IV lo que hizo fue dar autorización para un proceso de solicitud de aumento tarifario, lo cual es muy distinto; pues ese proceso abre cabida para cuestionar dicho aumento, lo cual haremos en el Movimiento Cívico Nacional.

En segundo lugar, las tarifas actuales que cobra RITEVE han sido fuertemente cuestionadas por la Contraloría General de la República. Según el ente contralor, adolecen de mal cálculo y los montos actuales están distorsionados pues reflejan una gran inclinación para favorecer, únicamente, los intereses de negocios de dicha firma empresarial.

Otra razón para objetar la pretensión de aumento tarifario en el servicio de la revisión técnica vehicular, estriba en el mismo carácter de dicho monopolio privado; que está siendo cuestionado, severamente, en el proceso abierto por el denominado “Organo Director del Procedimiento”; de tal suerte que el futuro de RITEVE es bastante sombrío

El Movimiento Cívico Nacional ha presentado una sólida argumentación para establecer la nulidad total del proceso adjudicatorio; o bien, incluso, para resolver ó rescindir dicho contrato, sin detrimento alguno del patrimonio público.

Las conclusiones de dicho proceso deben estar listas, según nuestro cálculo, el próximo 15 de diciembre y dada la situación social explosiva que ha representado la lucha ciudadana contra dicho monopolio privado, la suerte del mismo parece, prácticamente, echada.

San José, 25 de noviembre de 2004.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados
ANEP
a nombre del
Movimiento Cívico Nacional

Una realidad dolorosa es la constatación de que ha aumentado la pobreza en nuestro país, según los últimos datos que brinda la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples. Los datos son contundentes: En el último año la pobreza subió del 18,5 % al 21,7; y el segmento de extrema pobreza, pasó del 5.1 % al 5.6 %.

Paralelo a lo anterior, la certificación de la caída en el poder adquisitivo de los salarios, es más que dramática. Los ingresos reales por remuneraciones del trabajo cayeron un 5.7 %. La clase trabajadora, indudablemente, se empobreció más.

No hay duda. Las consecuencias de una política económica de excesivo sesgo fiscalista, inspirada en las concepciones extremistas que pregona el neoliberalismo, nos conducen hacia una Costa Rica totalmente polarizada desde la perspectiva de la distribución del ingreso nacional.

El desdibujamiento de la Costa Rica de clase media, bastión de la estabilidad democrática tan reconocida en el exterior, es una realidad aplastante.

Particularmente, la ruta que enseña la indicada encuesta, es la del tránsito sostenido hacia la inequidad distributiva y, por ende, fácilmente se explican las muestras ostentosas de una concentración de riqueza que estamos presenciando.

En lo que respecta a las personas asalariadas de la clase trabajadora, el desafío de la conservación del empleo ha estado condicionado a resignarse a la pérdida sistemática del poder adquisitivo del salario; sin embargo, las muestras de resistencia ante tal situación han sido más que evidentes, si observamos los acontecimientos sociales de agosto del presente año.

¡Qué ironía!. En el Día Internacional de la No Violencia Contra las Mujeres, la encuesta nos muestra el menor grado de participación económica; detectándose una caída de la tasa de participación de las mujeres en cuanto a ocupación laboral.

Definitivamente no hay más opción que incrementar los niveles de lucha social, en todos los ámbitos posibles, para obligar a los detentadores del poder político y económico, a dar las primeras muestras de obligado cambio en la injusta senda de dolor, miseria e injusticia, que arrojan los datos de la Encuesta de Hogares.

San José, 25 de noviembre de 2004.

GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA INYECTA, VÍA BANCO INTERAMERICANO DE DEARROLLO (BID), LA SUMA DE $700 MIL DÓLARES, PARA LA PROMOCIÓN DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO (TLC), ENTRE COSTA RICA Y ESA NACIÓN.

TLC: una lucha abrumadoramente desigual.

01- Recientemente, los medios de comunicación colectiva de nuestro país nos anunciaron, con gran despliegue, que el Gobierno de los Estados Unidos de América (EUA), a través del Banco Interamericano Desarrollo (BID) y de la Cámara de Comercio Costarricense-Norteamericana (AmCHAM), aportaron a nuestro país la astronómica suma de 700 mil dólares (casi 300 millones de colones costarricenses al tipo de cambio actual), para la promoción del TLC entre los EUA y Costa Rica.

02- El propósito de esta millonaria inversión es “convencer” a los y las costarricenses sobre las supuestas bondades del TLC y ahogar en una abrumadora campaña publicitaria, las voces de cuantos nos oponemos a este nefasto tratado; voces que provienen de una amplia multiplicidad de sectores más allá de los meramente sindicales.

Una lucha sostenida de gran resistencia ciudadana

03- El innegable aprecio y respeto que tiene el pueblo costarricense sobre sus instituciones, nos han permitido a la organizaciones sociales y sindicales, así como a las fuerzas políticas patrióticas; resistir, desde hace bastante tiempo y con buen éxito, la implementación del modelo neoliberal, deshumanizante y privatizador, que se nos vende desde Washington.

04- Esta circunstancia, el aprecio que tiene el pueblo costarricense por sus instituciones públicas proveedoras de servicios esenciales de carácter universal, nos ha permitido a las fuerzas progresistas y democráticas realizar grandes movilizaciones sociales, de dimensión nacional; movilizaciones y acciones sociales que nos han servido para detener, momentáneamente, las intenciones privatizadoras de los grupos neoliberales de la derecha costarricense, hoy expresados en la figura del Expresidente de la República, Dr. Oscar Arias Sánchez, quien pretende volver a la silla presidencial en el 2006.

05- Sin embargo, tales manifestaciones de repudio popular a las pretensiones neoliberales, no han contenido el impulso de estos sectores, por imponer por todos los medios su modelo de desarrollo.

06- Estas fuerzas (las neoliberales), agrupadas en las cúpulas políticas y económicas del tradicional bipartidismo costarricense, hoy muy desprestigiado por los escándalos de dimensión internacional ya de sobra conocidos (con expresidentes, incluso, recluidos en cárceles); no han dejado de insistir en su intención de sepultar el modelo de desarrollo social impulsado por nuestro pueblo a partir de la años 40 y copular su ansiado proyecto: Privatizar, ahora vía TLC, nuestras instituciones y empresas de servicios públicos (telecomunicaciones, energía, agua, combustibles, bancos, puertos, salud y seguridad social).

07- Debemos anotar que el modelo de desarrollo social que hemos disfrutado la familia costarricense en los últimos 60-70 años se sustenta, precisamente, en la pujanza de sus instituciones y empresas públicas, como motores y columnas vertebrales de desarrollo económico, distribución de la riqueza y de la inversión social. Capital éste que es reconocido en el mundo, por nuestro sistema político de respeto a la institucionalidad democrática, desarrollo humano y convivencia pacífica.

TLC, una oportunidad para los intereses de las fuerzas más retrógradas de nuestra sociedad.

08- Hoy, las fuerzas retrógradas, neoliberales, de la derecha más recalcitrante de nuestro país, se han reagrupado políticamente, como indicamos, en la figura del Expresidente de la República y Premio Nóbel de la Paz, Dr. Oscar Arias Sánchez (abanderado de las políticas neoliberales); así como en la firma del TLC, para relanzar su estrategia política y económica, la implementación, total, del modelo neoliberal en nuestro país. Implementación que pasa y requiere precisamente el traslado de esa institucionalidad a manos privadas y, con ello, el entierro del modelo social de desarrollo construido por nuestro pueblo, a partir de los años 40 del siglo pasado y aún antes.

09- No sobra señalar que, precisamente, dos expresidentes de la República, defensores e impulsores de las políticas neoliberales, hoy se encuentran en prisión, acusados de recibir supuestas dádivas de parte de empresas transnacionales que buscan la privatización de la institucionalidad costarricense; igualmente, otro connotado expresidente se niega a regresar a Costa Rica a responder ante las autoridades publicas, por cargos de similar naturaleza.

10- Es obvio que estos sectores requieren de la aprobación del TLC, para darle careta jurídica a los negocios que se traman con los bienes públicos. Paralelamente, con dicho TLC se habrá de provocar un verdadero colapso en el sistema productivo nacional, acabando con lo poco que queda de la agricultura nacional; segmento poblacional que ha sido clave en la promoción de una sociedad de mayor inclusión y movilidad social como lo constata nuestra trayectoria histórica.

11- Es claro: El pueblo de Costa Rica y sus organizaciones sociales, así como sectores patrióticos decentes, nos encontramos en una lucha abrumadoramente desigual contra ese TLC y todo lo que representa, que no es ni más ni menos que la liquidación total del Estado Social de Derecho de Costa Rica.

Reclamamos la Solidaridad Internacional

12- Sin embargo, con la ayuda material y el apoyo solidario de los movimientos sindicales, sociales y políticos del mundo, que se resisten y se oponen a al globalización deshumanizante y anticristiana que promueve el modelo neoliberal, podemos derrotar a este nuevo Goliat

13- Les instamos a crear redes de solidaridad y comunicación internacional con las organizaciones sociales y sindicales de nuestro país.

14- La lucha es abrumadora, abismalmente desigual; pero tenemos una ventaja, el pueblo, nuestro pueblo, el cual ama y defiende sus instituciones democráticas, porque éstas les han sido útiles para su bienestar y paz social.

15- Si la solidaridad y el apoyo llega con tiempo y oportunidad, estos nefastos propósitos serán derrotados; sino el continente latinoamericano habrá perdido la ventana de resistencia social, que hemos exhibido los y las costarricenses en los últimos 20 años.

Viva la solidaridad internacional de los pueblos
Con ella en Costa Rica saldremos adelante

San José, Costa Rica, 23 de noviembre del 2004.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Edgar Morales Quesada
Secretario General Adjunto

Diversos líderes comunales, vecinales, deportivos y hasta religiosos, han venido motivando a varias de las comunidades más humildes de Santa Ana; con la finalidad de exigirle a su gobierno local más política pública a favor del desarrollo del cantón, pues la mencionada municipalidad es muy solvente desde el punto de vista económico.

La parálisis política que vive el Concejo Municipal, por los líos partidarios de sus integrantes; así como los pleitos por la posesión de la silla de la alcaldía, han llegado a tal extremo que se cuenta con un superávit de 700 millones de colones para este año; los cuales no se pueden poner al servicio de la comunidad, por falta de acuerdos políticos a lo interno del citado gobierno local.

La población, especialmente sus segmentos más pobres y de clase media, exige mayor obra comunal y no entiende cómo es posible que habiendo suficiente plata para la misma, la politiquería impida que se gasta en beneficio del desarrollo cantonal.

La manifestación, que es avalada y orientada por la ANEP, será totalmente pacífica a pesar de que se habría pedido ya la intervención de la Fuerza Pública; lo cual consideramos totalmente innecesario.

San José, 18 de noviembre de 2004.