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Estas entidades han sido el engranaje que permitió un modelo de desarrollo basado en inversión social del que dichosamente, a pesar de los problemas que presenta, hemos disfrutado hasta el día de hoy.

Dentro de tal visión social, las 1.700 ASADAS, representan un modelo mixto: El A y A, por un lado, realiza los estudios e inversión; y, por el otro, la comunidad aporta mano de obra y administra los acueductos. Es así como los lugares más recónditos del país cuentan con agua potable, lo que se traduce en salud y, obviamente, en buena calidad de vida.

Probablemente el A y A (al igual que el ICE, cuando lleva electrificación y telefonía a estos alejados pueblos), nunca recupera en términos económicos las millonadas invertidas. Esto es lógico, pues no fueron instituciones concebidas para hacer negocios.

Sin embargo, tenemos que tener presente que este modelo de Estado Solidario ha venido, en lenta agonía, dando paso a la imposición de otro modelo de desarrollo, conocido como neoliberal. Este nuevo modelo, totalmente deshumanizado, ha venido en los últimos años, debilitando y asfixiando a toda la institucionalidad democrática.

Es así como se han venido cercenando la función vital de instituciones como el A y A, el INS y la CCSS; instituciones a las que se le obliga a ser eficientes y a competir, con reducidos y escuálidos presupuestos, con la finalidad de que el usuario perciba un mal servicio; preparándose así, la antesala de la privatización y el libre mercado. Por tal razón, la inversión social es vista hoy por nuestros gobernantes como “gasto” social.

Es esta la explicación que encontramos cuando cada ASADA, siente que el A y A, no atiende, de manera oportuna y satisfactoria, sus necesidades en distintos aspectos; pues como dice un popular refrán, “la cobija no da para tantos”. Así que lo que corresponde a cada uno de ustedes, es organizarse para obligar al Estado a dotar de mayor presupuesto al A y A; de tal manera que permitan, no sólo el fortalecimiento de las ASADAS ya existentes, sino que continúe realizando mayor inversión.

En otro orden de cosas, pero relacionado con el presente y futuro del agua y del A y A, se encuentra en la Asamblea Legislativa, el Proyecto de Ley No. 14.585; mismo que si bien tiene aspectos positivos, su fondo es privatizador, mediante las concesiones públicas y privadas.

De tal manera que no dudamos que los grandes emporios empresariales, que han convertido el agua en un lucrativo negocio a nivel mundial, se instalarán en nuestro país. Dígase empresas como Vivendi, Suez, Aguas de Barcelona (de la cual se sospecha tiene acciones en RITEVE); además de otras empresas multinacionales como Nestlé, Bechtetl y Perier.

En otro apartado de cosas, pero relacionado con la pérdida de ese modelo de Estado Social y Solidario, que no pudieron desmantelar al máximo, por la resistencia social; distintos sectores empresariales y políticos han encontrado en el tratado de “libre” comercio de Estado Unidos, la fórmula ideal para dar cristiana sepultura a la Caja Costarricense de Seguro Social, al ICE, INS, al sector agropecuario y, por ende, al AyA.

Es decir, poner fin al modelo solidario de inversión social, despedazando la institucionalidad democrática, para dar libertad total al libre mercado; convirtiendo en mercancías negociables, servicios hasta ahora concebidos como públicos a cargo del Estado, por su impacto social y solidario.

Es por todo esto que, respetuosamente, llamamos a cada uno de ustedes, a que impidamos que monopolios transnacionales del agua, al amparo de una Ley de Recurso Hídrico anticipada para el Tratado de Libre Comercio (TLC), se adueñen de nuestra agua y desaparezcan la función vital del A y A y de las ASADAS.

Lo anterior solo será posible con la desobediencia civil, la protesta y la movilización ciudadana, para impedir la aprobación por parte de la Asamblea Legislativa, tanto del proyecto de recurso Hídrico en los términos actuales; pero, sobre todo, impedir la aprobación del Tratado de Libre Comercio (TLC); exigiendo, a la vez, mayor presupuesto para nuestra emblemática A y A.

Solamente la convicción y la organización de la sociedad civil, de los múltiples sectores sociales, hará posible el contrapeso necesario para poder garantizar la paz social en nuestra querida Costa Rica.

San José, 30 de enero de 2004.

En las próximas semanas y meses, Costa Rica vivirá, intensamente, una serie de acontecimientos sociopolíticos que, de una manera u otra, marcarán nuestro destino futuro como país. Pero, sin duda alguna, el acontecimiento fundamental será el resultado final del denominado tratado de “libre” comercio, cuyo proceso “negociador” acaba de concluir.

El TLC, desde nuestra perspectiva, representa el asalto final que promueve la propuesta neoliberal de desarrollo, para desarticular, completamente, los elementos de solidaridad que han animado lo que, comúnmente, conocemos como el Estado Social de Derecho; postulados sociales y humanistas inspiradores de la institucionalidad costarricense, desarrollando importantes empresas públicas de alta calidad y rentabilidad y, por ende, largamente codiciadas.

El grupo neoliberal en el poder político y económico de nuestra sociedad, se encuentra desbocado, creyendo que, por fin, le ha llegado la hora de repartirse entre sí, el preciado patrimonio público de la institucionalidad democrática costarricense, que si no representara un buen negocio, no lo pretendieran.

Luego de haber prostituído y corrompido los ideales socialdemócratas del Partido Liberación Nacional (PLN); de la misma forma en que lo ha hecho con la filosofía del humanismo cristiano que, alguna vez, se dijo era la fuente de inspiración del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC); tal grupo ha logrado poner a su servicio a, prácticamente, toda la élite del poder institucional establecido.

Como si fuera un único partido, pero con dos corrientes electoralistas internas (PLN-PUSC), el grupo neoliberal de negocios ahora se siente mucho más que fortalecido. Por un lado, ahora tienen a su servicio a un grupo de enfermizos sicarios de la política, constituido por cierta representación parlamentaria adicta al juego de naipes y a las fichas de casinos; por otro, tiene el control absoluto (si es que alguna vez no lo tuvo), del Gobierno de la República, dado que el Presidente Pacheco de la Espriella, terminó adoptando toda la agenda neoliberal y “libertaria” que, alguna vez, hipócritamente, rechazó.

El grupo neoliberal en el poder encontró en la propuesta del TLC, la “fórmula mágica” para resolver, definitivamente, su “problema” con las privatizaciones en Costa Rica; larga y ferozmente resistidas por una ciudadanía activa y militante, hastiada del engaño electoral sistemático; de gobiernos y de políticos que hoy, ardorosamente, se suman al pillaje.

Esto es más claro y evidente si comprobamos los resultados que ya se han venido exponiendo del famoso proceso “negociador” del TLC. Los vendepatrias que nos representaron entregaron, cualitativamente hablando, mucho más que sus homólogos centroamericanos; y a la vez, lo que los estadounidenses nos ofrecieron dar, en nada compensa el valor de la rendición en cuanto a los lucrativos mercados costarricenses de telecomunicaciones, seguros, salud (genéricos) y agua, por ejemplo. (sigue…)

¡Todavía no se repartan nada!. Tenemos enorme confianza y un fundamentado optimismo en el sentido común del costarricense y su percepción crítica de las propuestas y planteamientos de la clase gobernante de los últimos años; considerando que, una vez sí y otra también, la gente ha sido estafada políticamente, con relación a las formulaciones de campaña electoral; lo cual explica el alto y creciente abstencionismo y el surgimiento de opciones distintas.

Esta vez no ha sido la excepción pues el actual mandatario, vergonzosamente, traicionó su ética como gobernante y deshonró su palabra y su firma, en cuanto a las privatizaciones, incluso las que se pretenden por la vía de las “aperturas”.

Patriotismo sobra, afortunadamente, en nuestra querida Costa Rica. La respuesta al salvaje ataque neoliberal, vía TLC, está en las calles. Los que apreciamos el valor real del sistema democrático, sabemos que la democracia es algo más que la circunstancia del ejercicio electoral cuatrienal.

Por el contrario, la democracia es una experiencia fundamental de vida y, en casos como el que nos ocupa, la democracia de la calle tiene sobrada legitimidad como para apelar a su uso. Los ejemplos latinoamericanos recientes lo demuestran y hasta presidentes han caído por traidores a los intereses populares.

El legado del fundador del Instituto Nacional de Seguros (INS), el ilustre Expresidente, don Ricardo Jiménez Oreamuno (cuyo retrato, de manera humillante, colgó en su despacho el mandatario actual); el legado del Dr. Rafael Angel Calderón Guardia, del respetado dirigente social, don Manuel Mora Valverde y del ilustre líder religioso, Monseñor Vïctor Manuel Sanabria Martínez, con la creación de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS); el legado de don José Figueres Ferrer, Don Pepe, con la creación del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE); no serán negociados como una vulgar mercancía, para la satisfacción codiciosa de un grupúsculo económico que ya de por sí acumula enormes fortunas, pero que aún así, no se siente saciado y quiere apropiarse de rentables bienes patrimoniales de la nación, del país, de la sociedad como un todo.

¡Sépanlo bien!. Todavía no se repartan nada. Dejamos constancia de nuestro compromiso público de luchar, incansablemente, con todos los medios a nuestro alcance, por todas las vías posibles, con todas las formas de lucha; para evitar que la plutocracia neoliberal, atosigada de plata y de dineros de dudosa procedencia, en algunos casos; termine por adueñarse, completamente, de Costa Rica; condenándonos a los que somos la inmensa mayoría, al dolor de una vida de exclusión,

San José, 29 de enero de 2004.

FRENTE INTERNO DE TRABAJADORES Y DE TRABAJADORAS
DEL INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD (FIT-ICE)
UNION NACIONAL DE EMPLEADOS DE LA CAJA Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL (UNDECA)
ASOCIACIÓN NACIONAL DE EMPLEADOS PUBLICOS Y PRIVADOS (ANEP)
FEDERACIÓN NACIONAL DE TRABAJADORES DE LOS SERVICIOS PUBLICOS (FENTSEP)

Pese a que, reiteradamente, se le ha pedido atender esta deplorable situación, la Dirección de dicho centro hospitalario, se ha negado a poner la atención debida a la cadena de problemas denunciados por los trabajadores y por las trabajadoras, a cargo de la preparación de los alimentos y de las bebidas que necesita la infancia internada en el Hospital Nacional de Niños.

Entre las dificultades acumuladas destacan: Fugas en todas las tuberías de vapor; exceso de ruido; fugas en el sistema de drenajes de agua; el sistema eléctrico no sirve; el aire acondicionado está malo; levantamiento de los pisos a raíz del bloqueo para deshacerse de los desechos; malos olores y riesgos de contaminación por no evacuación adecuada de los mismos; no existe la “autoclave”, que es el nombre de la máquina para la esterilización de los chupones de los niños; las neveras no enfrían adecuadamente; las plantillas de cocinar están malas; falseadas las bases de las marmitas (ollas grandes para cocinar comida); deterioro general de todo el equipo auxiliar de cocina (máquinas picadoras de alimentos, extractores de jugos, lavadoras de vajillas); etc.

Lo paradójico e indignante de esta penosa situación, estriba en la circunstancia de que la misma no se debería a problemas presupuestarios; dado que, según informes extraoficiales en poder de la ANEP, unos 523 millones de colones del presupuesto del año 2003, no se habrían podido gastar por una presunta falta de capacidad de gestión estratégica y administrativa.

La paciencia del personal del Servicio de Nutrición del Hospital Nacional de Niños se agotó y cansados de tanta burla a sus justos reclamos, decidieron la paralización de labores, hasta tanto no haya un compromiso, políticamente válido y fehacientemente cumplible, de parte de autoridades institucionales con real poder decisorio, sobre la actual Dirección del mencionado hospital; a la que se acusa de no darle la importancia debida a la serie de problemas indicados, sobre los cuales no puede argumentar el mínimo desconocimiento.

No se están pidiendo prebendas, ni incrementos salariales, ni ningún tipo de beneficios gremiales; tan sólo, una mejora de las condiciones del indicado servicio para el bienestar directo de la población infantil internada en ese hospital.

Pese a la paralización de labores, el servicio a los niños y a las niñas que permanecen en condición de internamiento en este importante centro médico, se mantendrá al mínimo, pues hay conciencia plena de la importancia del restablecimiento pronto de su salud.

La ANEP hace responsables directos de esta penosa situación a los doctores Rodolfo Hernández Gómez y Alberto Sáenz Pacheco, Director y Subdirector actuales del Hospital Nacional de Niños; quienes no han actuado con la celeridad requerida, pese a que, de manera insistente, el personal del mencionado servicio nutricional, les ha pedido acciones en tal sentido.

San José, 19 de enero del 2003.

Violando toda la legalidad y la ética, una mayoría de diputados y de diputadas aprobó, por presión del Gobierno Neoliberal del Presidente Pacheco, en el último presupuesto extraordinario tramitado por la Asamblea Legislativa, en diciembre pasado, una escandalosa cifra de 3.500 millones de colones, aproximadamente, para financiar la compra de conciencias laborales en el Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (INCOP); con la finalidad de que sus trabajadores fuesen “indemnizados”, para que no lucharan contra la privatización, vía concesión, de los muelles puntarenenses.

En su momento, se le dijo a la opinión pública que esa enorme cantidad de dinero le sería devuelta al Estado, una vez que las empresas privadas beneficiadas con esa privatización-concesión, pasaran a administrar dicho patrimonio público. ¡Mentira!, nada más alejado de la realidad, pues así lo reconoce la propia Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR).

La ANEP tiene en su poder copia del Oficio Ref. PR.127-03, fechado 1 de agosto de 2003, dirigido por el Ing. Rafael Carrillo L, Presidente de dicha cámara, al diputado del Partido Liberación Nacional (PLN), Carlos Ricardo Benavides; documento en el cual se afirma lo siguiente:

“No en vano se ha buscado la concesión del puerto ya que la situación es verdaderamente insostenible. Puerto Caldera está verdaderamente colapsado. Por esa razón y porque si no se elimina primero el sindicato portuario no hay solución posible a esta situación, es que hemos estado de acuerdo con el pago que el concesionario tendrá que hacer de $23 millones para resolver el problema laboral. Ese monto, desde luego, tendrá que ser retribuido a los concesionarios vía tarifa en el corto plazo, como parte de la inversión”.

Más clara y contundente no podía haber hablado, el líder empresarial de la Cámara de Industrias de Costa Rica: Seremos los consumidores finales de los productos importados, especialmente granos, que entran al país por Puerto Caldera, quienes paguemos la factura de la privatización del INCOP. ¡23 millones de dólares!, es la suma que habrá que devolverles, vía incremento de tarifas, a las empresas concesionarias de dicha entidad.

Otro monstruoso engaño a la opinión pública es lo que ha ocurrido en el tema del INCOP. Se trata de una especie de privatización “al revés”: pagamos nosotros, el pueblo, por privatizar un ente público; cuando se supone que el catecismo neoliberal de la privatización indica que los dineros provenientes de una venta-concesión de activos estatales, son para “beneficio” del patrimonio público.

Pese a la aprobación legislativa del pago de la especie de soborno de conciencias laborales en el INCOP, las acciones jurídicas contra este proceso licitatorio y contra los contratos que se pretenden firmas con las firmas privadas concesionarias, no se han agotado. En ANEP preparamos nuevas acciones al respecto para los próximos días.

San José, 9 de enero del 2003.

Partimos de la circunstancia de que el Gobierno del Presidente Abel Pacheco de la Espriella, que juraba, un día sí y otro también, inspirarse en el pensamiento del humanismo cristiano; se ha entregado, totalmente, al proyecto neoliberal.

Pruebas sobran. Por ejemplo, el hoy mandatario renegó de su firma en cuanto a un compromiso suyo, formulado en campaña electoral, contrario a cualquier forma de privatización y aceptó la vía de las “aperturas”; así como le dio luz verde al pago del soborno para privatizar el Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (INCOP).

Veamos tres de las áreas donde su vislumbra mayor conflictividad social, indicándonos que tendremos un año caliente.

TLC. Sin duda alguna que el tema estratégico de enorme potencial confrontativo, será el tratado de “libre” comercio que pretenden imponerle al pueblo costarricense. Tal y como se vislumbra su redacción final, Costa Rica quedará, prácticamente, anexada a los Estados Unidos de América; pues las concesiones de este país para con el nuestro, no guardan la más mínima proporción ni equidad, con relación a lo que nuestra clase política dirigente decidió entregar a los estadounidenses.

Estamos seguros que la multiplicidad de organizaciones y entidades del amplio universo de los movimientos sociales costarricenses, trabajará en una única dirección: impedir la aprobación legislativa de un tratado que solamente es comercial en su fachada. En realidad es un proyecto de necesidad geoestratégica para los Estados Unidos de América; y, de paso, da viabilidad política a la clase política bipartidista de nuestro país, para realizar sus anhelados negocios, largamente postergados, con los fundamentales servicios públicos de telecomunicaciones, energía, seguros, agua, combustibles, banca, salud y otros.

Salarios. Gran repudio genera la decisión gubernamental de imponer un indignante reajuste salarial para la clase trabajadora del Sector Público. El 3.5 % decretado en diciembre, dejó al desnudo la jugarreta gubernamental de una negociación que jamás pretendió realizar, con honestidad y transparencia; pues gracias a la negativa sindical de prestarse a tal maniobra, pudo verse con absoluta contundencia, que nunca tuvo el Gobierno del Presidente Pacheco, ni la más mínima voluntad de buscar un acuerdo.

Los sindicatos del Sector Público analizarán la situación planteada en estos días, consultando a sus respectivas bases, para desarrollar una respuesta callejera de protesta contra el actual Gobierno en los próximos días.

Impuestos. Habrá bastante agitación social en torno a la Ley del Pacto Fiscal que habrá de discutir, próximamente, la Asamblea Legislativa, desde el punto de vista de mantener y de profundizar todas aquellas propuestas destinadas a cargar de impuestos a los sectores más adinerados y de mayor poder económico. Por ejemplo, se hará férrea defensa para mantener los impuestos a los casinos, casas de apuestas y similares y gravamen para la banca privada off shore, contenidos dentro de tal proyecto.

Vistas así las cosas, 2004 promete ser un año caliente desde las perspectivas de lucha de los movimientos sociales. ANEP, como parte de los mismos, trabajará intensamente para dar un aporte sustancial en tal sentido.

San José, 5 de enero del 2004.

Tal anuncio no nos toma por sorpresa, sino que confirma lo expresado por el Ministro de Hacienda, señor Alberto Dent Zeledón, quien había adelantado, desde octubre pasado, que su Ministerio había presupuestado un 3.5% de ajuste salarial para el primer semestre del año 2004.

Las organizaciones sindicales firmantes hemos recibido este anuncio, como una clara provocación de parte del Gobierno Pacheco de la Espriella, no solamente porque reniega del diálogo y la negociación; sino porque, además, este ajuste resulta ridículo, miserable y humillante para toda la gente que labora en el Sector Público ya que el porcentaje no cubre siquiera la inflación acumulada de los últimos seis meses del año 2003 que está por concluir.

Por lo visto, Alberto Dent, Ministro de Hacienda, el que manda y el Presidente Abel Pacheco el que pone la cara, con este nuevo decreto salarial están provocando y midiendo la capacidad de respuesta de los sindicatos y trabajadores del Sector Público, ante la inminente centroamericanización de las condiciones de trabajo y de salarios que conlleva para nuestro país la firma del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos.

En las nuevas reglas de “competencia” que, supuestamente, implica la firma del TLC, no debe haber salarios mínimos, ni obstáculos en la contratación del trabajo. Estos asuntos deben quedar al libre juego de la oferta y la demanda y, por tanto, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social no debe inmiscuirse en estos asuntos.

Jamás compartiremos esta idea, dado que en la época actual, más que nunca, la clase trabajadora ocupa un MTSS fortalecido, con capacidad de decisión política y con perfil propio; no con el desteñido papel que hoy juega, contando, incluso con la pasividad y la complicidad de sus propios jerarcas.

Este decreto anunciado no hace más comprobar esta posición, ya el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, no juega en materia de políticas de empleo y de salario; únicamente es el mandadero del Ministro de Hacienda.

Para detener la precarización del empleo, el estrepitoso empobrecimiento de la gente del trabajo, la centroamericanización de los trabajadores y trabajadoras costarricenses, llamamos desde ya a toda la gente que labora en el Sector Público, a prepararse para que en los primeros días de enero, salgamos a las calles a reclamarle al que manda, Alberto Dent, Ministro de Hacienda, abrir la negociación salarial.

Esta nueva provocación no quedará impune. Los trabajadores y trabajadoras, saldremos, nuevamente, a las calles a reclamar justicia y una equitativa distribución de la riqueza. Ya es hora de que quienes contribuimos al crecimiento de la riqueza, recibamos una paga justa por nuestro trabajo.

San José, 19 de diciembre del 2003.

Asociación Nacional de Educadores (ANDE)
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)
Asociación Sindical de Empleados del ICE (ASDEICE)
Confederación de Trabajadores Rerum Novarum (CTRN)
Federación Nacional de Trabajadores de los Servicios Públicos (FENTSEP)
Frente Interno de Trabajadores y de Trabajadoras del ICE (FIT-ICE)
Unión Nacional de Empleados de la Caja y de la Seguridad Social (UNDECA)

A partir de ahí, han ocurrido muchos acontecimientos relevantes que mejoraron la condición del servidor de la Fuerza Pública; logros que para hacer justicia se han obtenido con el diálogo y la apertura que al respecto han venido mostrando las máximas autoridades del Ministerio de Seguridad Pública, empezando por el Sr. Ministro, el Lic. Rogelio Ramos. Así se han resuelto muchos problemas en beneficio de este importante sector laboral de la Administración Pública de nuestro país.

En tal dirección podemos señalar factores positivos como la promulgación de una nueva Ley General de Policía, que mejoró sustancialmente la condición del servidor y de la servidora policial. Hasta el derecho de usar bigote, para los varones que lo prefieren para afianzar su personalidad. Igualmente, la abolición de los despidos políticos y arbitrarios que se practicaban, masivamente, al inicio de cada nueva administración.

No obstante, nuestra organización no está satisfecha con estos logros, toda vez que la propuesta de ANEP para los servidores y para las servidoras de la Fuerza Pública, es mucho más ambiciosa e integral. La promesa que le hemos hecho a este valioso personal del Estado costarricense, tiene que ver con el respeto absoluto a su persona, como autoridad y como ser humano.

Estamos hablando de un salario de calidad de vida digna, del derecho a la vida en familia, a las condiciones de salud ocupacional e higiene laboral mínimas, que establece el Código de Trabajo; estamos hablando de roles coherentes con la función y no con la disposición antojadiza de una jefatura o jerarca de turno; de horarios apegados a la ley; de un trato decente por parte de los superiores para con los subalternos y de un equipo logístico que le permita al funcionario, ejercer su labor con eficiencia y seguridad.

Esta es la esencia de las condiciones laborales que exigimos y serían los principales puntos a negociar, en una eventual carta de intenciones, que urge poner en manos del señor Ministro de Seguridad Pública, para que se respete al servidor; porque esos puntos señalados arriba, como añoranzas de los y las policías de nuestro país, se cumplen la Fuerza Pública, con la necesaria eficacia, firmeza y plenitud.

¿Cuál es la realidad?

* Comandos, comisarías, comandancias y demás dependencias del país, con dormitorios que no son eso, sino cuchitriles, donde no se duerme porque hay carencia de colchones y camas; porque el hacinamiento es tal, que se tienen que turnar unos con otros, para recostarse en el lecho caliente que deja el compañero que recibe.

* Insuficiencia de servicios sanitarios para el personal de guardia; policías que tienen que trasladarse en vehículos que son un verdadero peligro para la vida del servidor de la Fuerza Pública, destapados llevando sol y agua sin importar el clima ni la hora, la mayoría rodando en “pellejos” en vez de llantas, conseguidos en cualquier lugar donde salgan más baratos (preferiblemente regalados).

* Policías que hacen guardia llevando sol y agua, porque el policía debe “formarse así”; con uniformes raídos y desteñidos por el sol, porque a veces se pasa uno o dos años sin recibir un pantalón o una camisa y ni que decir del calzado; indumentaria especial que deben mantener siempre limpios, aunque permanezcan en zonas pantanosas, de lo contrario reportes van y reportes vienen, con las excepciones del caso, donde el policía tiene la dicha de contar con una jefatura que lo respeta y considera.

* Existen jefaturas que se creen dueños de almas y personas, estos son los que tienen atemorizados a los humildes policías, en su feudo, donde el que habla o trata de reclamar sus derechos es un 55 (“comunista”); entonces es trasladado a los lugares más recónditos, mientras los acólitos del comandante no salen del comando, si no es con su superior para hacer las diligencias más importantes, y ganar los ascensos por méritos incuestionables.

* Por otro lado, policías de zonas alejadas de la capital, cada quince días tiene que viajar sin un centavo en la bolsa, para cubrir puestos de alta peligrosidad en San José. Allí llegan y no encuentran donde dormir, con suerte hallan algo que comer (dependiendo de la hora en que reciben o entregan); y, luego, para regresar a su zona deben esperar todo el día hasta que entregue el último compañero, así pierden el “franco” (jornada libre), por que nadie les reconoce el sacrificio.

¡Insólito!. Esto no lo debe conocer a plenitud el señor Ministro de Seguridad Pública, a juzgar por su actitud y sus palabras, cuando asegura que se han entregado uniformes a la Fuerza Pública, que se mejora la alimentación y sobre todo cuando permite que se rebaje el presupuesto de su ministerio.

Invitamos al señor Ministro Ramos, para que, de sorpresa, visitemos algunas comisarías o comandos, allí se enterará de esta realidad.

Por último, nos han solicitado una gran cantidad de policías, que manifestemos, que aún así, ellos están orgullosos de servirle a la Patria y que desean continuar en el servicio, pero que temen ser despedidos porque no reúnen los requisitos que exige la nueva Ley General de Policía: el tercer año de Enseñanza Secundaria aprobado. Es necesario, en consecuencia, que se plantee cuanto antes y se tramite con urgencia, una reforma a ley, para que diga que aquellos servidores que han demostrado idoneidad en el trabajo, sean incluidos en el régimen para que haya justicia laboral.

Necesariamente, la ANEP ha considerado plantear, públicamente, todas estas reflexiones, porque la ciudadanía debe conocer que muchos de sus servidores en la ingrata y difícil tarea de la Seguridad Ciudadana, le sirven en condiciones deterioradas y esto puede hacer la diferencia entre valorar con justicia lo que el humilde personal de la Fuerza Pública de Costa Rica, hace por el bien de todos.

San José, 18 de diciembre del 2003.

Por el contrario, para hacerse acreedores al honor nacional y para disipar la especie que ya empieza a crecer, de que podríamos estar al frente de una acción manipuladora de la sensibilidad nacional en este asunto del TLC; se hace necesario, imprescindible y fundamental, ahora con mucha más razón, que el Gobierno de la República y, particularmente, el COMEX, procedan a:

1. Entregar, con toda transparencia y sin restricciones, los textos de lo que hasta ahora se ha negociado;

2. Indicar, sin eufemismos ni rodeos, sin dobles lenguajes, qué fue lo que pidió Estados Unidos, como para que se diera la negativa de una firma por parte de Costa Rica, en lo que se creía era la finalización del proceso de negociación. Paralelamente, es de obligada ética política que se expliqué la posición asumida por Costa Rica ante cada una de esas exigencias estadounidenses, como para que se hayan “rechazado”.

3. Ya que se dio tal acto “heroico” de no firmar ahora, tampoco firmar nada en enero, sin antes permitirle a la gente conocer cómo, finalmente, quedaría este asunto del TLC; de forma tal que se dé el más amplio debate ciudadano, considerando que lo que se decida impactará a la generación presente y a las futuras, del pueblo costarricense.

Actuar en contrario significaría alimentar la sensación de que podríamos estar al frente de una pérfida maniobra de manipulación, para que cuando en enero próximo se decidan, definitivamente, los asuntos pendientes del TLC; darnos como premio de consolación que se hizo la resistencia debida, pero que dado el poder de la contraparte, hubo que cederle en todo lo que ésta pidió y exigió.

Finalmente queda comprobado: Costa Rica tiene mucho más que perder en este asunto del TLC, que los otros cuatro países centroamericanos, prácticamente anexados ya a los Estados Unidos de América.

San José, 17 de diciembre del 2003.

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), convocará a declararse en huelga, a todos aquellos empleados públicos y a todas aquellas empleadas públicas que, en varios ministerios y otras entidades, se quedarían sin salario a partir de la primera quincena del presente mes de diciembre; a raíz de los problemas legales que tendría el último presupuesto extraordinario que conoce, actualmente, la Asamblea Legislativa, al incluirse en el mismo el tema del INCOP.

Efectivamente, por medio de una burda maniobra del actual Gobierno de la República, que la ANEP condena enérgicamente; el pago del soborno para que los empleados del INCOP no lucharan contra la privatización de esta institución (3.280 millones de colones), fue incluido en ese último presupuesto extraordinario; lo que obligó a que un importante número de legisladores y de legisladoras elevara una nueva consulta de constitucionalidad sobre el tema ante la Sala IV.

Jugando con el hambre de cientos de empleados públicos y de empleadas públicas, el Gobierno Pacheco de la Espriella, chantajeó a la Asamblea Legislativa, obligándole a aprobar ese presupuesto extraordinario, que incluye la vulgaridad de lo del INCOP; pues de lo contrario no habría pago salarial en diciembre para un importante número de servidores del Estado.

Lo que no midió el Gobierno es que, aunque logre la aprobación de dicho presupuesto en las próximas horas, la consulta de constitucionalidad sobre lo del INCOP, haría imposible su ejecución total; afectándose así a ese considerable número de empleados públicos y de empleadas públicas de los ministerios de Salud, de Trabajo y Seguridad Social, de Educación Pública, Seguridad Pública y de otras instituciones; así como de varios grupos de pensionados con cargo al Presupuesto Nacional.

La ANEP convocaría a declararse en huelga, inmediatamente, a los potenciales afectados y a las eventuales perjudicadas. Como el Gobierno amenaza con rebajar salario a quienes se sumen a movimientos sociales; hoy debemos decirle al Gobierno que sin paga salarial no se puede trabajar.

La ANEP, nuevamente, condena el burdo chantaje del Gobierno de la República para con la Asamblea Legislativa, conminándola a aprobar ese presupuesto extraordinario con la inclusión del soborno del INCOP; jugando para ello con el hambre y con las necesidades familiares de cientos de servidores públicos y de servidoras públicas, quienes no recibirían su salario en este mes de diciembre.

San José, 10 de diciembre del 2003.

Así, se han ido a los tribunales constitucionales, para pedir la abolición de varias Convenciones Colectivas de Trabajo, vigentes en la Administración Pública al amparo de preceptos legales estipulados en nuestro Cogido de Trabajo, en la Constitución Política de Costa Rica y en el ordenamiento jurídico internacional, como el de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), de la cual nuestro país es un Estado miembro.

Los libertinos, obnubilados por tanta baraja de naipe que manipulan, tantos dados que lanzan en los casinos y tantas tragamonedas que atosigan sus gargantas; hacen gala de una doble moral insigne en este asunto de las Convenciones Colectivas de Trabajo.

Como abanderados que son de la eliminación a mansalva del Derecho Laboral, de la privatización irracional y extremista y de la abolición total del papel social del Estado en nuestra vida democrática-institucional; nada les importan sus “principios” libertinos, cuando de negocios se trata.

Efectivamente, en el caso de la vergonzosa privatización del INCOP y del subsecuente pago de conciencias laborales a través de un soborno colectivo de 3.280 millones de colones; se les “olvidó” que la Administración Rodríguez Echeverría le dio barniz jurídico a tal vulgaridad, por medio de una cláusula adicionada a la actual Convención Colectiva de Trabajo del INCOP.

El Gobierno actual del Presidente Pacheco de la Espriella, cohonestó tal adefesio jurídico, presupuestando ese asalto a las finanzas públicas, tal y como le gusta llamar a los libertinos, el “costo” de las convenciones colectivas de trabajo.

He aquí la doble moral “libertina”. Si las convenciones colectivas sirven para privatizar, ¡bienvenidas!, pues a fin de cuentas, son los negocios de los amigos y compadres libertinos lo que importa. Aquí jamás podría cuestionarse su legalidad constitucional.

En la noche del martes 9 de diciembre de 2003, en la sesión de la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa, la alianza del desprestigiado bipartidismo neoliberal y privatizador, con los libertinos de doble moral, quedó consumada.

Por el contrario, se rechazó una digna moción, de alto contenido ético y moral, que pretendía evitar que los y las costarricenses, a través de la deuda pública, tuviéramos que financiar de nuestros bolsillos, el pago del soborno de las conciencias laborales del INCOP.

Los libertinos han quedado completamente desnudados. Como furgón de cola del bipartidismo privatizador, han asumido las orientaciones de éste, comportándose como sus matones ideológicos, promoviendo la confrontación a mansalva entre costarricenses y “renunciando” a sus “principios”, en aras de los buenos negocios.

San José, 10 de diciembre del 2003.