Categoría: Noticias

Esta nueva alza, aunada a la que se espera en los combustibles, en las tarifas de buses, en el arroz y otras, indican la naturaleza perversa de un sistema de liberalización total de precios que afecta, con mayor intensidad y dureza, a quienes menos se pueden defender: la clase asalariada.

Condenamos, enérgicamente esta cadena de alzas; denunciando, con toda nuestra fuerza y vehemencia, la gran estafa política que se cometió, una vez más, contra los sectores populares, en la recién pasada campaña electoral.

El Gobierno del Presidente Pacheco de la Espriella, es tan neoliberal como los anteriores: Insensible al dolor de los sectores pobres y trabajadores, afectados duramente con la carestía de la vida; cuyo ascenso inmisericorde es incapaz de parar o de, al menos, atenuar, la administración actual.

Esta cadena de alzas en contra de los intereses populares, constituye una verdadera bofetada a la dignidad de la clase trabajadora; particularmente ofensiva en momentos en los cuales está por aprobarse un paquete de reformas fiscales que dada las carencias que presenta y la negativa a introducirle los cambios sugeridos por varios sectores sociales; está destinado a convertirse en un paquetazo tributario más, contra el bolsillo de los que menos tienen.

Sin duda alguna, los procesos de fijación salarial que se avecinan, tanto para el Sector Privado como para el Sector Público, estarán sumamente candentes; particularmente en este último sector, donde las posibilidades de organización para la acción y la movilización activa son mucho mayores. ANEP se alista desde ya para llamar a la lucha decidida contra el acelerado empobrecimiento salarial.

San José, 5 de abril de 2004.

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), deja constancia pública por esta vía, de su más ferviente muestra de solidaridad y de apoyo para con los periodistas de Diario Extra; condenados a penas de prisión a raíz de su actividad profesional, en un campo de tanta importancia estratégica para el país, como el de la comunicación colectiva.

Para la ANEP está claro que Gabriela Chávez Pérez, Marco Leandro Camacho y José Luis Jiménez Robleto, experimentados y distinguidos profesionales periodísticos, cumplían una labor profundamente ética y con gran contenido humanista; pretendiendo tan solo que los lectores de Diario Extra tuviesen conocimiento de informaciones justas, equilibradas y apegadas a la realidad de los acontecimientos que estaban reportando.

Nuestro respaldo solidario para con los citados periodistas, debemos hacerlo extensivo a Diario Extra y a toda la empresa periodística del Grupo Extra (La Prensa Libre, Radio América y Extra TV 42); pues estos medios de comunicación colectiva se han convertido en una sólida garantía democrática para garantizar la verdadera equidad informativa, permitiendo la difusión amplia y justa de la noticia que se origina en la actividad de los sectores organizados del movimiento popular costarricense.

Ha llegado la hora de las necesarias y contundentes transformaciones jurídicas que no solamente garanticen al comunicador y a la comunicadora, plena seguridad de que el ejercicio responsable de su profesión no implica la sanción penal, como sucede ahora; sino que quede la certeza de que la propiedad privada de los medios de comunicación colectiva, está estrechamente relacionada con una responsabilidad social, para el acceso igualitario a la difusión y recepción de información, de todas las voces actoras del escenario político y social nacional.

San José, 1 de abril de 2004.

Ni la más mínima sorpresa causa en los sectores del amplio y diverso movimiento social costarricense, la encuesta que publica el periódico La Nación, en este fecha, acerca del supuesto“amplio” respaldo de la población costarricense al TLC (tratado de “libre” comercio), entre Costa Rica y los Estados Unidos de América. Hechas las consultas de rigor en este día, sobresalen los siguientes argumentos:

Primero: El Grupo Nación y sus periódicos La Nación, Al Día y EL Financiero constituyen un actor ideológico y político claramente definido en el asunto del TLC; al cual apuestan sistemática y militantemente, pues lo consideran como la solución definitiva para entronizar en Costa Rica, su proyecto neoliberal de desarrollo. Difícilmente es posible que tales medios divulguen una encuesta contraria a los intereses económicos de sus propietarios.

Segundo: La encuesta en mención sale luego de una intensa y millonaria campaña propagandística, que no tiene nada de informativa; por medio de la cual se ha estado agrediendo psicológicamente a la gente, en una especie de terrorismo ideológico, al plantearle que el país se enfrenta a la maniquea disyuntiva de “TLC o morir”. Bajo tal premisa, es muy difícil para el común de la gente, liberarse de tal acorralamiento.

Tercero: Lo anterior tiene relación directa con la imposibilidad material que resulta para la amplia gama de sectores opuestos al TLC, difundir la tesis contraria, en condiciones de equidad de acceso a los distintos medios de comunicación colectiva y a los mecanismos publicitarios que se necesitan y que son de alto costo económico.

Cuarto: Precisamente, esta situación hace profundamente legítimo el reclamo público formulado días atrás por varias organizaciones sindicales, cuestionando el empleo de fondos públicos, pagados por todos, en una única dirección. Un mínimo factor ético del Gobierno de la República, debería considerar una divulgación equilibrada de las tesis contrapuestas, a fin de que la ciudadanía pudiera formarse un criterio propio a partir de su autónoma reflexión; no una opinión condicionada por una propaganda falaz y abusiva.

Quinto: Vistas así las cosas, dejamos constancia de que no creemos en las encuestas pagadas por el Grupo Nación sobre el TLC, pues es obvio que las mismas se inscriben en la campaña propagandística diseñada al efecto, para acorralar a la opinión pública; buscando acosar a la Asamblea Legislativa a que tome la decisión conveniente a los intereses de negocios de tal grupo que no son los del país.

San José, 17 de marzo de 2004.

Trabajadores y trabajadoras:

Las autoridades Médico-Administrativas del H.N.N. han declarado una abierta persecución contra nuestro compañero, dirigente sindical de la ANEP, DANNY GARBANZO ALFARO; a quien se le separó de su puesto arbitrariamente y haciéndole señalamientos muy serios en su contra; señalamientos que resultan todo un montaje que hace tiempo venían planeando. La realidad es que desean desaparecer del Hospital Nacional de Niños, cualquier forma de organización de los trabajadores.

¿QUÉ LE COBRAN A DANNY GARBANZO?

* Le cobran su participación, en primera línea, en la defensa del parqueo para el personal NO Médico.
* No le perdonan su respaldo a las funcionarias de Nutrición en su lucha por salir de los grandes problemas en que los tiene la Dirección y la Administración; problemas que todavía persisten.
* Le cobran defender mejoras para la alimentación de los niños y de las niñas y del personal, en general.
* No aceptan que Danny apelara un “concurso” que ya tendría nombre, situación que nos obligó a presentar una denuncia ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), por presuntas Prácticas Laborales Desleales, contra todas las jefaturas involucradas. Tal tipo de prácticas están tipificadas como delito penal, según la Ley No. 7360.
* Es criterio de la ANEP que se busca nombrar gente que sea “consecuente” con la Dirección Médica. Eso nos consta, ya que el Dr. Hernández Gómez se dejó decir en presencia de la Seccional de la ANEP que “…él solo ayuda a quienes están con él…” ¡INCREÍBLE!

Como Danny decidió estar con los trabajadores, lo quitan, siendo Bachiller en Administración de Empresas, con 24 materias ganadas en la carrera de Ingeniería en Sistemas; con 10 años de laborar interino en el hospital. Puede decirse que está a escasas 8 materias de ostentar un segundo Bachillerato en una carrera universitaria distinta.

Una persona, un profesional como Danny, con tan brillante record académico, con una trayectoria limpia como trabajador y, además, con lealtad y compromiso para con sus iguales, es decir, los trabajadores; constituye un “peligro” para la Administración; por tanto, debían deshacerse de él.

Presuntamente, según fuentes creíbles, el reciente cambio en la Jefatura de Informática habría obedecido a la necesidad de sacar a Dany de dicho departamento. A la nueva jefatura se le “habría” encomendado tal misión. Por cierto, que en la Presidencia Ejecutiva de la Caja, ya tienen conocimiento de que esta persona utiliza el correo electrónico interno para pasar bromas y/o chistes; es decir, basura, sin que sepamos, hasta el momento, si ha habido alguna llamada de atención.

PRESIDENTE AJECUTIVO DE LA CCSS
ADMITE QUE SE TRATA DE PERSECUCIÓN SINDICAL

La Dirección Nacional de ANEP se ha reunido, en dos ocasiones, con el Dr. Eliseo Vargas García, Presidente Ejecutivo de la CCSS y este admitió que es evidente que lo que se está presentando en el H.N.N. es una clara persecución sindical. Además, se comprometió a intervenir, situación que no ha provocado ningún resultado a este momento. Tal resultado no puede ser otro que la inmediata reinstalación en su puesto del compañero Danny Garbanzo.

¿QUÉ BUSCAN LAS AUTORIDADES MÉDICO-ADMINISTRATIVAS DEL H.N.N?

Quieren impedir que los trabajadores se organicen, que tengan representantes que luchan por sus derechos. Estos señores sienten que el Hospital les pertenece y no soportan que queden en evidencia sus errores, y los yerros en la gestión que les fue encomendada. Quieren silenciarnos y desean una lealtad con ellos, no con la institución.

¿QUÉ HARÁ NUESTRO SINDICATO ANEP?

De ahora en adelante, tanto la ANEP-Nacional, como nuestra Seccional tiene claro el escenario y el marco de relaciones con la Dirección del Hospital. No será este desafortunado acontecimiento el que nos detendrá; todo lo contrario, entraremos a examinar todas las actuaciones del Hospital y haremos las denuncias que ya estamos trabajando.

Que se tome nota de que ANEP MANTENDRA, REFORZARÁ, LEGITIMARÁ nuestra presencia. Haremos valer los derechos de asegurados y trabajadores ¡cueste lo que cueste!. Por eso requerimos del apoyo decidido de todos y cada uno de Ustedes.

Quienes creen que descabezan la lucha, eliminando al dirigente Danny Garbanzo se equivocan. No vamos a permitir que sigan haciendo y deshaciendo a su antojo en el Hospital, ya tenemos una larga lista de asuntos que vamos a denunciar. Si permitimos que se despida a nuestro dirigente ¿Qué no se atreverán a hacer, después?.

No permitamos que persigan a nuestro compañero dirigente por defender la causa de los trabajadores.

Deseamos impedir que en el H.N.N una “cúpula” maneje a su antojo las relaciones de trabajo. Si se viola el derecho a la libre actividad sindical, todos los demás derechos están en riesgo.

¡Hoy es Dany… Mañana puede ser usted!

San José, 15 de marzo de 2004.

Con el mayor respeto, la ANEP expresará a tan alto jerarca judicial y, por su digno medio, a los restantes colegas del más alto tribunal de la República y a los otros señores magistrados de la Corte Suprema de Justicia; queja y preocupaciones en torno a delicadas situaciones como las siguientes:

1. Rechazo absoluto por el tribunal constitucional, a la tesis sindical contraria al proceso de reestructuración de la Municipalidad de Alajuela; cuyo jerarca, el Lic. Fabio Molina, presuntamente estuvo haciendo alarde de una “coordinación” con el Magistrado don Luis Paulino Mora Mora, según denuncia de trabajadores, a propósito de los recursos de amparo interpuestos por la ANEP, contrarios al despido arbitrario de 43 trabajadores y trabajadoras de la citada municipalidad. Además, resaltar un proceso inusual de la Sala IV para notificar este tipo de fallos, nunca antes empleado en procesos de similar naturaleza.

2. Aval constitucional al cuestionado proceso de “indemnizar” a los trabajadores del Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico ((INCOP), vía modificación de la Convención Colectiva de Trabajo todavía vigente en dicha entidad; considerando que se ha venido criticando, fuertemente, la existencia de presuntas irracionalidades, desproporcionalidades y abusos en ciertas cláusulas de otras convenciones colectivas; tal y como es el caso de varios artículos abolidos por la propia Sala IV en el caso de la Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE). (pasa…)

La ANEP no encuentra lógica alguna para avalar algo parecido en el caso del INCOP, con una segunda indemnización laboral, por vía convencional, dado el proceso de privatización.

Además, sentimos preocupación por la negativa de la Sala Constitucional a tutelar el derecho de libertad sindical, considerando que la ANEP es discriminada en el INCOP, a raíz de su rechazo al proceso privatizador,.

3. Preocupación por eventuales fallos constitucionales contrarios al rompimiento del tope de cesantía más allá de lo establecido en el Código de Trabajo; como lo es el caso de los municipios que en sus respectivas convenciones colectivas de trabajo, establecen reconocimientos de 10, 12, 15, 20 ó más años.

La ANEP considera que darle razón a quienes cuestionan esta ampliación de derechos, sería un contrasentido con lo estipulado en la Ley de Protección al Trabajador que, aunque parcial, rompió el tope de cesantía sin límite de años, tanto en el Sector Público como en el Privado. Igualmente, la ley solidarista establece estipulaciones parecidas, amén de la usual práctica empresarial de reconocer cesantía de manera anual, rompiendo la barrera de los ocho años. También es de resaltar que en este asunto del rompimiento del tope de cesantía, cuando se trata de reestructuraciones en el Sector Público, se paga la totalidad de los años servidos (por ejemplo, bajo el sistema del Servicio Civil).

Se trata, en consecuencia, de puntualizar, con el mayor respeto, ante la honorable Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, preocupaciones serias que surgen desde el ámbito laboral sobre el rumbo de la práctica dinámica de impartir justicia constitucional en Costa Rica.

San José, 1 de marzo de 2004.

Aunque se mantendrá en manos del Estado la compra de tales medicamentos de delicado manejo, a través de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS); así como que esta institución abastecerá a los centros de salud bajo su tutela; no parece conveniente la intervención de estructuras paralelas, de carácter privado, en las sensibles redes de distribución de tales medicamentos de manejo tan sensible; por más confianza y seriedad que generen y muestren las empresas privadas que se seleccionen para tal fin.

Para nadie es un secreto que productos estupefacientes como morfina, clorhidrato de cocaína, codeína, ritalina, entre otros, sustancias altamente adictivas, son fuente constante de controversia social; e incluso, para países como los Estados Unidos de América, se trata de cuestiones de alto interés político y materia de su propia seguridad nacional.

Es necesario una explicación pública de las razones que han fundamentado una decisión como la indicada, abriendo paso a la realización de una nueva fuente de lucro privado, con una responsabilidad social de intrínseca naturaleza pública.

Si la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), será, a partir de ahora, la compradora directa de todos los fármacos estupefacientes; y si ella misma abastecerá las respectivas necesidades de los centros de salud bajo su administración; cómo explicar que no pueda ella misma hacerse responsable de la distribución a los entes de salud de carácter privado, de esos estupefacientes, dándole paso a un tercero para que lucre con tal propósito.

Indudablemente que las autoridades gubernamentales involucradas en este asunto, deben dar suficientes explicaciones.

Particularmente, debe establecerse, con claridad absoluta, cuál es la base legal que da fundamento para abrir la intervención de la empresa privada, en el manejo de los estupefacientes indicados; considerando, no solamente su calidad de productos de alta adicción, sino los poderosos intereses políticos y criminales que se mueven en torno a esta dinámica.

San José, 24 de febrero de 2004.

Para nuestra organización, la violencia no puede explicarse a partir de enfoques patológicos y/o reduccionistas, bajo categorizaciones de comportamientos individuales inadaptados.

Todo lo contrario, la violencia social está asentada en una concatenación de factores, dentro de los cuales el cierre de oportunidades, la sensación de exclusión social, el atosigamiento consumista y el facilismo como forma de vida, la ostentación y la opulencia que exhiben los que más tienen, el deterioro de las condiciones de vida y la estrechez económica, por ejemplo; aportan trascendentales pistas explicativas, científicamente demostrables, de las conductas delictivas que presenciamos en la actualidad.

Sin duda alguna, las inequitativas relaciones de poder económico, social y de género, perpetúan esa forma de violencia.

Lamentablemente, en este marco de condiciones, las mujeres están llevando la peor parte; las mujeres de los sectores populares, las mujeres trabajadoras, dentro y fuera del hogar; las mujeres humildes, básicamente.

A pesar de entender las causalidades de la violencia, no hay forma de justificar la agresión psicológica, verbal y/o física, de un ser humano para con otro ser humano; mucho menos, no hay forma de justificar la agresión doméstica, cruel e hiriente para todo el tejido social, de un hombre para con una mujer.

Es por eso que la sociedad debe tomar medidas, de distinto orden, a través de la institucionalidad que la rige.

Por eso, en el caso de la violencia doméstica en Costa Rica y considerando la creciente tendencia a que las mujeres sean las principales víctimas de tanta agresión, dolor y sufrimiento; es que en ANEP apoyamos, la aprobación del proyecto de Ley de Penalización de la Violencia Contra las Mujeres; exhortando, a los honorables señores diputados y a las honorables señoras diputadas, para que le den su voto afirmativo, en el menor plazo posible.

San José, 16 de febrero de 2004.

La cadena de publicaciones periodísticas al respecto, ha generado una justificada acción de repudio ciudadano ante tal despilfarro, en momentos de una supuesta crisis fiscal, lo cual ha repercutido en las altas esferas políticas del país, principalmente en la Asamblea Legislativa.

Luego de la comparecencia de este jueves 12 de febrero, de los integrantes de la Junta Directiva del Instituto Costarricense de Turismo (ICT), ante la Comisión de Control del Gasto Público del Primer Poder de la República; quedó claro que hubo una repartición de entradas para tal evento, entre integrantes de dicha junta directiva; aspecto éste que aparte de representar un golpe a la ética en la función pública, es susceptible de ser reclamado en sede penal, a partir de las figuras jurídicas que habrían sido violentadas por los citados jerarcas.

Según cálculos extraoficiales, el valor de las entradas repartidas entre parte de la máxima cúpula jerárquica del ICT, estaría entre los 15 y los 30 mil dólares (entre 6 y 12 millones de colones).

Vistas así las cosas, es criterio de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) y de su Junta Directiva Seccional en el Instituto Costarricense de Turismo (ICT), que los directivos de esta institución involucrados y/o receptores de tales entradas, deben renunciar de manera inmediata, como un acto de restauración de la lesionada ética en la función pública en este caso en particular.

Si ello no ocurriere, es deber del propio Presidente de la República y del Consejo de Gobierno, proceder a la destitución inmediata de tales personeros, so pena de convertirse en cómplices pasivos de tal irregularidad; que ha herido, sensiblemente, a la opinión ciudadana, harta de tanto abuso, por parte de las estructuras máximas de las jerarquías políticas institucionales, con la cosa pública.

San José, 13 de febrero de 2004.

El monto de la misma asciende a la astronómica cifra de US$ 1.964.849.00 (un millón novecientos sesenta y cuatro mil ochocientos cuarenta y nueve dólares sin centavos). Al cambio del día de hoy, martes 10 de febrero de 2004, es cantidad representa casi 832 millones de colones (más exactamente, ochocientos treinta y un millones, quinientos cuarenta y tres setecientos cuarenta y cinco colones, con veintinueve céntimos).

La firma privada de tal consultoría es Ingenieros Consultores S. A. (IMNSA), Cédula Jurídica 3-101-091498. Así consta en la publicación del caso, en el Alcance No. 63 al Diario Oficial “La Gaceta”, No. 244, de fecha jueves 18 de diciembre de 2003.

Según se indica en esa publicación, la contratación indicada se financiará de la siguiente forma: 19 millones de colones, tomados del Presupuesto Ordinario del 2003; 32.400.000, del Presupuesto del 2004; 450 millones, en el Presupuesto Extraordinario del 2004 y los restante millones, en el Presupuesto Ordinario del 2005.

¿Cuál crisis fiscal?… Por un lado, el actual Gobierno del Presidente Pacheco destina casi 4 mil millones de colones, del último presupuesto extraordinario del año pasado, tramitado por la Asamblea Legislativa, para financiar la compra de conciencias laborales en el INCOP; situación ésta bastante denunciada por ANEP en varias oportunidades.

Por otro lado, ahora nos quieren sacar otra millonada más, 832 millones de colones, para que una consultora privada diga cómo “completar el personal de la Unidad de Fiscalización de los Contratos de Concesión de Puerto de Caldera”; contratos de por sí ya sumamente cuestionables y que todavía no han sido refrendados por la Contraloría General de la República…¡Qué barbaridad!.

Exigimos la más minuciosa, profunda y completa investigación de todo este nefasto proceso de privatización del INCOP, pues le está costando una millonada al pueblo costarricense, en momentos en que á este se le pretende sacar, de donde no tiene, más impuestos para ayudar a solventar la supuesta crisis fiscal, de que tanto el Presidente Pacheco.

Nos preguntamos: ¿Es que la plata que quieren es para seguirla despilfarrando en privatizaciones y en consultorías multimillonarias?…

Anhelamos, vehementemente, que tanto la Asamblea Legislativa, como la propia Contraloría General de la República, se decidan, de una vez por todas, a meter el bisturí a fondo, en lo que consideramos un vergonzoso y multimillonario negocio con un patrimonio público, a beneficio de unos cuantos.

Indudablemente que el Ministro del MOPT, Javier Chaves Bolaños y el propio Presidente de la República, le deben una explicación al país; pero no “técnica”, sino de carácter político, aunque creemos que es injustificable semejante erogación.

El noble pueblo costarricense, el pueblo trabajador, la gente sencilla de nuestra Patria, no puede seguir siendo burlada por este tipo de transacciones. Esos cientos de millones de colones, deberían servir, por ejemplo, para arreglar todas las escuelitas y colegios de los sectores populares, cuyas deterioradas instalaciones han salido a la luz pública en estos días.

San José, 10 de febrero del 2004.

Ha llegado el momento histórico, esperado durante mucho tiempo, para iniciar los necesarios y largamente postergados cambios estratégicos en, la hasta ahora injusta, estructura tributaria costarricense.

El plan fiscal del Gobierno de la República necesita profundos cambios para que reciba un pleno respaldo político y social. Tales cambios deben incluir aspectos como:

1. Impedimento de utilizar los nuevos recursos para pagar deuda pública; con aprobación de las propuestas de rendición de cuentas que contiene el proyecto.
2. Eliminación del secreto bancario para fines tributarios.
3. Exoneración del pago de impuesto sobre la renta a las empresas públicos cuyos servicios cubren a toda la población.
4. Exoneración del pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA), para la construcción de viviendas de interés social.
5. Ampliar la Canasta Básica Exonerada del pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA), a más artículos y más servicios necesarios para una calidad de vida digna de la clase media; y no solamente, que tal exoneración beneficie a los sectores más empobrecidos (20% de la población como está planteado en el proyecto).
6. Diferenciar la naturaleza del Banco Popular y de Desarrollo Comunal, el banco de la clase trabajadora, para no gravarlo como si fuese un banco comercial y/o financiero.
7. Gravar fuertemente los capitales financieros, por ejemplo, la banca off shore.
8. Mantener la propuesta para el establecimiento de la renta mundial, mecanismo de control de los capitales con asiento jurídico en el país pero que están en el exterior, evadiendo responsabilidades tributarias; especialmente cuando hay dudas de su origen ético (lavado de dólares).
9. Mantener, pese a la presión que ejerce el filibusterismo parlamentario ya plenamente identificado, los impuestos a las salas de juego, casas de apuestas, mesas de casino y vehículos de lujo, tal como quedó plasmado en el proyecto original.

El Gobierno se desespera, se precipita y chantajea a la Asamblea Legislativa con su propuesta de un fuerte e irracional recorte en el Gasto Público, según lo anunciado ayer. El Gobierno debería hablar más y denunciar con contundencia a la opinión pública nacional que, en realidad, la oposición filibustera a la transformación tributaria estructural obedece, básicamente, a dos aspectos:

1. Que se graven los vicios;
2. Que se establezca la renta mundial, con lo cual se abre paso al control de capitales de dudosa procedencia.

El Gobierno debe convencer, no debe chantajear. A pesar que adversamos, profundamente, esas posiciones reaccionarias de defensa a ultranza de intereses subterráneos; rechazamos, de manera tajante, el empleo, como argumento, de armas innobles para desacreditar al adversario, tales como el linchamiento político y la satanización psicológica de las opiniones disidentes.

En la utilización de esa intolerancia, que atiza la polarización social y la intransigencia, el Presidente Pacheco y el Movimiento Libertario resultaron ser idénticos.

El Gobierno debe aceptar los cambios que apuntan a una reforma fiscal y tributaria realmente progresiva; el Gobierno no debe imponer su tesis, gravando más duramente a la gente que menos tiene, que es la mayoría.

San José, 10 de febrero de 2004.