El 15, la calle, la Caja, los salarios: hacia un mismo punto…

Para de hoy en ocho, miércoles 15 de febrero, habrá una manifestación de personas trabajadoras asalariadas quienes laboran para distintas instituciones del Estado: Protestarán molestas por cuanto desde la llegada del presente Gobierno encabezado por la Licda. Laura Chinchilla Miranda, como Presidenta, las fijaciones salariales semestrales en la Administración Pública han sido por decretazos (cuatro para ser exactos), impuestos de manera unilateral, sin un proceso de diálogo y negociación efectivos, como suele suceder en democracias supuestamente maduras.

Los sindicatos, gremios y asociaciones que representan los intereses económico-sociales y reivindicativo-gremiales de los empleados públicos y de las empleadas públicas, se han unido ante tal situación y están formulando una convocatoria a la calle, compartida y unitaria, para, como indicamos, de hoy en ocho, miércoles 15 de febrero.

Partiendo de los principios y las visiones que animan a la organización sindical para la cual laboramos, es imposible ver la anterior situación como otro “_decretazo_” salarial contra el cual hay que protestar y punto. La cosa va más allá.

La señora Presidenta y su Gobierno defienden su arbitrario proceder alegando lo que en su seno conceptúan como el déficit fiscal; popularmente hablando, el “_no hay plata_”.

La gran diferencia es cómo nos explicamos el porqué “_no hay plata_”, según se trate del Gobierno ó según se trate de la visión sindical. Y es en este punto, el del “_no hay plata_” donde se marcan las distancias entre la visión gubernamental y la visión sindical (por la menos la que expresamos en esta columna, sin arrogarnos representaciones que no tenemos). Veamos:

La semana pasada quedamos atónitos, impresionados, indignados y asustados: se hizo público que la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), por primera vez desde que fue fundada en 1943, ¡pidió prestado! Sí, así como se oye: le pidió a dos bancos estatales 35 mil millones de colones para funcionar en lo básico: salarios, pago a proveedores e incapacidades, así como atención médica. Por esos préstamos, deberá pagar 612 millones de colones en intereses mensuales. ¿Quién se iba a imaginar que la Caja, la más emblemática institución de la democracia costarricense, tendrá que vivir de a prestado?

¿Por qué esto? Hay varias razones. Pero entremos en lo que interesa. Es tan grande el “_perro amarrado_” que el Gobierno le tiene a la Caja que le pagó parte de la gigantesca cantidad que le debe con papeles, llamados bonos, que la CCSS no pudo convertir, como se suponía, en “plata blanca”, contante y sonante.

Son tantos los papeles que el Gobierno le dio a la Caja que los metieron en un cuarto, con llave, pero que ahí se quedarán porque, supuestamente, no se vendieron o cambiaron por dinero en efectivo, en el mercado financiero.

El “_no hay plata_” del Gobierno afectó, también, a la Caja y la seguirá afectando, profundizando su crisis y su viaje hacia la quiebra, hasta que el Gobierno le pague con plata en efectivo, hasta que se deje de argumentar que “_no hay plata_”. (La historia del otro “_perro amarrado_” que afecta a la Caja, el de la empresa privada, es otro tema para otra ocasión).

Entonces, hasta que no se supere la coyuntura del “_no hay plata_”, la seguiremos pasando fea y peor. Sí, por supuesto, hay una interrelación entre los cuatro decretazos salariales impuestos para el sector Público en lo que va de este Gobierno y los papeles con los cuales éste le paga a la Caja parte de su gran deuda con ella. Todo tiene que ver con un sistema tributario completamente injusto que necesita ser transformado, estructural y radicalmente.

Mientras las grandes mayorías, especialmente, los sectores asalariados, pierden doblemente con el “_no hay plata_” (deterioro del salario y deterioro de la Caja); grupos poderosos roban impuestos, por medio de triquiñuelas legales ó sin ellas, afectándonos en nuestra calidad de vida.

Humildemente creemos que hasta tanto no ocurra en el país una “_Revolución Tributaria_”, una Transformación Tributaria Estructural (así, en mayúsculas), el “_no hay plata_” nos llevará al precipicio, al abismo profundo de la desigualdad sin retorno, a la violencia absoluta sin control y a la corrupción más desenfrenada.

A usted, que labora para el sector Público; a usted que lo hace en la empresa privada y que cuando llega el ajuste raquítico al salario mínimo no se lo aplican porque le dicen que usted gana “_por encima_” de ese mínimo; a ambos que ocupan (que ocupamos) de la Caja; a todos y a todas que no evadimos impuestos porque nos “_cazan_” directamente en la planilla, en la pulpería, en el super, en la tienda, etc.; nos concierne, nos urge, es cuestión de vida ó muerte, cambiar ese “_no hay plata_”; porque hay unos 3 billones de colones, sí, tres millones de millones, en dineros potencialmente frescos y sanos que el Gobierno puede captar para cambiar el estado actual de las cosas, por uno en el que impere el bien común. ¿Ven, cómo el 15, la calle, la Caja, los salarios, van hacia un mismo punto?…

Esa es la esencia que, en lo personal, nos motiva para salir a la calle de hoy en ocho, miércoles 15 de febrero. Ojalá también la motive a usted.

¡La plata está! Y hay 3 billones de donde cogerla

Perdone usted. Seguimos con esta terquedad (_“telele_”, en lenguaje popular).

A las personas trabajadoras asalariadas del sector Público, se les impuso un “_reajuste_” salarial de 5 mil colones, valedero para el primer semestre de este año 2012. La principal razón que dio el Gobierno: “_no hay plata_”.

El señor Ministro de Hacienda, el distinguido caballero don Fernando Herrero Acosta, anunció recortes en estratégicos servicios sociales como Educación y Salud, argumentando que “_no hay plata_”.

En los centros carcelarios la situación es altamente precaria, tanto para las personas que en ellos trabajan como para quienes están privados de libertad. “_No hay plata_” es la excusa.

Muchas comisarías de la Fuerza Pública están en condiciones deplorables. Se tuvo que pedir un préstamo para hacer algo porque “_no hay plata_”. Además, solamente los mandos altos del personal de la Fuerza Pública tienen salarios justos en este momento. El resto, la gran mayoría, los y las policías de a pie, los “_rasos_” siguen esperando por una mejora salarial que no llegará porque “_no hay plata_”.

Muchas madres solas jefas de hogar, por lo general de los sectores más pobres de nuestra sociedad, llevan sus chiquitos y chiquitas para que los cuiden en los CEN-CINAI mientras ellas trabajan. Pero, ¿en qué condiciones?… “_No hay plata_” es ahora la excusa para empezar a privatizarlos, solapadamente, con el programa “_Cecudi_” (Centros de Cuido y Atención Infantil).

¿Cuál es el grado de saturación de los maestros y de las maestras en las aulas escolares porque el número de educandos que deben atender es altísimo, dado que como “_no hay plata_” los grupos de estudiantes deben ser mayor de lo que pedagógicamente se recomienda para una educación integral.

La Caja va hacia la quiebra. La altísima deuda del Estado con ella, la están pagando con papeles (bonos), al punto de que ya empezaron a llenar, literalmente hablando, un segundo cuarto con esos papeles. ¿Y por qué el Gobierno le paga con bonos? Porque “_no hay plata_”.

Y así podríamos seguir citando ejemplos de cómo el pueblo trabajador ha empezado a sufrir por este grave problema de que el Gobierno “_no tiene plata_”; sufrimiento que abarca tanto a quienes son sus asalariados porque laboran para él, como para quienes ocupamos de sus importantes servicios en campos como los de la Seguridad, la Salud, la Educación, la Atención Social, etc.

Nos dicen en el Ministerio de Hacienda que por cada dos colones que se ocupa para que el Gobierno funcione, hay que ir “_a la calle_” a buscar uno prestado. Parece que es cierto. Pero aquí uno se pone a sospechar de que para algunos sectores poderosísimos, especialmente del capital financiero-bancario, es mejor que no se arregle el problema del déficit fiscal porque su plata se sigue incrementando (pago de intereses), gracias a que el Gobierno necesita que se la presten.

Y como esto parece ser un “_negocio redondo_” para algunos sectores financieramente fuertes, uno incrementa la sospecha de ello porque no existe una voluntad política férrea, contundente, dura, para atacar de raíz el problema de que “_no hay plata_”, metiendo la mano gubernamental donde están las fuentes frescas de ingresos sanos que, a nuestro criterio, no se quieren tocar como es urgente hacerlo en las actuales circunstancias. Veamos.

Si nos fijamos en las cifras anuales de robo de impuestos a través de las diversas formas de elusión y de evasión tributarias; si esas cifras las unimos a las que el Estado deja de percibir por los 188 regímenes existentes en materia de exoneraciones y de exenciones fiscales; y, si, nos fijamos en un tercer bloque que es de los superávit institucionales; todo junto, produce un ámbito de “_plata fresca_” de una cantidad tan grande, tan astronómica, del orden de los 3 billones de colones; un tres y doce ceros; así: 3.000.000.000.000.

Esta cantidad es diez veces superior a lo que espera recaudar el Gobierno si le aprueban el plan fiscal que está tramitando en estos momentos en la Asamblea Legislativa, es decir, 300 mil millones de colones (un tres y once ceros; así: 300.000.000.000). Los estudios en estos tres casos están. Son serios y nada sospechosos de ser “_pro-sindicales_”.

Además, el Gobierno podría partir en dos su proyecto actual de plan fiscal y tramitar, únicamente, la parte progresiva que el mismo tiene en cuanto a justicia tributaria. Por ejemplo: 1) La renta mundial (para poner a pagar impuestos a quienes ganan plata en el exterior). 2) La renta global (sumarle a una persona sus diversos ingresos que por distintos conceptos percibe y así ponerle el impuesto que verdaderamente le corresponde pagar). 3) El impuesto a las transacciones financieras, a los grandes movimientos de capital inter-bancos, que se hacen todos los días.

Como vemos, la cantaleta de “_no hay plata_” no es sostenible. Pero, se requiere mucha fuerza social, en movimiento, organizada, del pueblo trabajador, de los y de las abajo para esta especie de Revolución Tributaria: recuperar para el bien común parte de esos 3 billones de colones. Por todo ello saldremos a las calles el próximo miércoles 15 de febrero. ¡Apúntese!

Producción piñera: un caso de derechos humanos

La institución laboral en la cual nos desempeñamos ha estado incursionando en la organización sindical de las personas trabajadoras asalariadas que son contratadas para la producción piñera, específicamente en la zona norte del país. Otras corrientes sindicales hacen lo mismo en el sur y en el atlántico del territorio costarricense.

Se ha logrado constatar que la producción piñera es en estos días un problema de Derechos Humanos que merece la máxima atención de las autoridades políticas del país en los campos del Gobierno, de la legislación y del sistema judicial.

A la vez, se debe concitar la atención por parte de entidades, tanto nacionales como internacionales que velan por la defensa de los derechos de los y de las habitantes, tanto como lo requiere la plena vigencia de los Derechos Humanos en un país como el nuestro que ha firmado todas y cada una de las declaraciones y tratados que al efecto ha producido la comunidad internacional, en el plano global y en el continental.

La circunstancia de la intervención sindical en la producción piñera surge a partir de la necesidad de las propias personas trabajadoras que ante condiciones laborales adversas buscan en el sindicato, el mecanismo apropiado para reclamar por un trato humanitario y por el pleno respeto de sus derechos laborales, al vender su fuerza de trabajo a las empresas que les contratan; para que quienes consumen piña en los Estados Unidos y en la Unión Europea (UE) degusten la sabrosísima fruta costarricense que con gran esfuerzo y sacrificio se produce en el país con la mano de obra nacional y migrante, especialmente la nicaragüense.

Tuvimos la oportunidad recientemente de viajar hasta una de las zonas geográficas de mayor expansión de producción piñera, San Carlos, para constatar que su relación con el pleno respeto a los Derechos Humanos debe ser ya una cuestión de Estado.

Los testimonios de trabajadores piñeros con los cuales nos reunimos nos hablan de que si bien las empresas, a regañadientes estarían “_respetando”_ la libertad de organización sindical, en lo subterráneo, solapadamente, los mandos medios y altos de esas firmas, ejercen toda clase de artimañas para impedir la consolidación de la legítima organización natural de la clase trabajadora: el sindicato.

La situación se hace más grave cuando la persecución sindical se desenmascara y se hace más cruel. El despido abierto del dirigente sindical es uno de los casos más emblemáticos de que la producción piñera y los Derechos Humanos están íntimamente ligados.

Esta situación se vuelve más indignante e insultante cuando tal despido se da porque se rechazó el ofrecimiento de dinero a cambio de abandonar la lucha sindical. Es el caso en estos momentos de un joven trabajador costarricense, padre de tres hijos (el mayor de los cuales tiene apenas siete años), quien corre el riesgo de ser un “_condenado_” para siempre a no tener trabajo porque se hizo más que notorio que abrazó la bandera sindical y abogó por el mejoramiento de sus propias condiciones laborales y la de sus compañeros y compañeras.

Despedir a un trabajador porque se afilió a un sindicato y luego darle su nombre a otras empresas piñeras de la zona para que no le den trabajo, lo que se conoce como las “_listas negras_”, es otro de los crímenes sociales más repudiables de la explotación piñera.

Estupefactos quedamos cuando varios trabajadores nos pidieron, casi que nos rogaron, que elimináramos del sitio web de la agrupación en la cual laboramos, un video en el que se hace evidente su participación en un evento sindical; porque las empresas se dedicaron a analizarlo, identificaron los rostros de los asistentes a las reuniones sindicales y cuando llegan a pedir empleo, les muestran el video y les indican que por estar en ese video, por ser sindicalistas, no les darán trabajo. Impresionante que esto ocurra en la “_democrática_” Costa Rica. En verdad que en esto de la democracia, somos especialistas en doble moral.

Por eso resulta imprescindible y verdaderamente importante que desde la Asamblea Legislativa se continúen formulando denuncias de los episodios de violación a los Derechos Humanos que están ocurriendo en las plantaciones piñeras de Costa Rica. Está práctica no se debe abandonar.

Igualmente, es preciso que las diversas corrientes sindicales que ya tienen expresiones organizativas en esas plantaciones se articulen de manera estratégica, consoliden procesos unitarios y unifiquen esfuerzos y recursos para lograr el pleno respeto a los Derechos Humanos, incluido el de la Libertad Sindical, para quienes laboran con gran sacrificio en las piñeras.

De la misma manera, debemos incrementar los procesos de denuncias en los mercados consumidores para obligar al empresariado piñero a emigrar a procesos productivos de producción limpia, tanto en lo laboral, como en lo ambiental-ecológico y en lo social.

En este punto, los sindicatos deben suscribir convenios de cooperación y asesoría técnica con entidades que se dedican a la protección del entorno para la capacitación en denuncia de la agresión a la ecología en la producción piñera.

Finalmente, deberíamos tener un protocolo de aplicación práctica para que se dé la plena vigencia de los Derechos Humanos en la producción piñera, generado a partir de un acuerdo social entre empresas, sindicatos, sectores ecológicos, entidades protectoras de tales derechos, Gobierno y parlamento. Nos parece que los sindicatos estamos listos para esto.

El decretazo de los 5 mil colones y la Revolución Tributaria: Hacia la movilización general

Se da así un nuevo paso en el perverso camino que los sectores dominantes quieren imponerle al pueblo trabajador, cual es del crecimiento de la desigualdad, el ensanchamiento de la brecha social entre ricos y pobres, el estrujamiento de los sectores medios; y, por ende, potencian la confrontación social.

Siempre hemos confiado en el poder de la movilización ciudadana. Todo el tiempo hemos estado convencidos de que la clase trabajadora en movimiento, desplegando todo su poder, es capaz de conquistar altísimas metas de justicia social y de liberación económica.

Con amplitud, sin dogmatismos, sin objetivos ocultos, con pleno respeto a la diversidad, sin imposiciones ideológicas, la hegemonía política dominante, la del capital financiero-neoliberal, ha de retroceder en su afán egoísta de empobrecernos completamente, cuando construyamos nuestra necesaria unidad.

Admitamos que el Gobierno “_no tiene plata_”. Pero, ¿por qué no la tiene? Porque el sistema tributario costarricense necesita transformaciones profundas para las cuales se requiere extraordinaria voluntad política que permita un enfrentamiento abierto con los poderosos sectores empresariales de diverso signo que, de un modo u otro, tienen el control real de la institucionalidad que debería estar al servicio de esta transformación tributaria profunda. Pero quienes nos han venido gobernando no tienen esa voluntad política.

Esta transformación tributaria estructural profunda que la democracia maltrecha requiere para relegitimarse ante una ciudadanía cada vez más desencantada con sus gobernantes, de uno y otro partido (al final, en esencia, lo mismo); solamente será posible con la fuerza que dará la movilización general de la gente “_de abajo_”, del pueblo trabajador, de la ciudadanía esperanzada en un buen vivir con integración social, con oportunidades renovadas, con futuro seguro.

Quienes laboran para el sector Público, luego de este decretazo de los 5 mil pesos, deben entender lo siguiente: 1) Estamos ya en épocas de congelamiento salarial; 2) la posibilidad de que se impongan rebajas salariales para sectores profesionales, por ejemplo, ya dejó de ser un pensamiento descabellado; 3) el despido de personal interino (al menos en el Gobierno Central), es un acontecimiento inminente; 4) más deterioro de diversos servicios públicos, de por sí ya en condiciones precarias, se ha de acentuar; 5) habrá un incremento del autoritarismo institucional empleándose como arma de chantaje el despido ó la conservación del empleo; 6) que los pensionados del Estado serán víctimas segurísimas en el mediano plazo; son entre otros, riesgos inminentes de desestabilización brutal de la situación familiar y social de quienes laboran para el Estado; de la misma forma que será la afectación de cientos y cientos de personas y familias que dependen de los diversos servicios públicos afectados por la circunstancia de esas visiones fundamentalistas de signo neoliberal sobre el déficit fiscal.

Vistas así las cosas, el escenario salarial para mediados de año pinta peor que el actual. Por eso resulta sumamente acertado y dejamos constancia pública de todo nuestro respaldo, el llamado unitario sindical para que se manifiesten las más diversas acciones de repudio a estos decretazos salariales, de rechazo al empobrecimiento que se agudiza, de desafío a la convivencia democrática y de fomento de la violencia, que no otra cosa son este tipo de decisiones que fomentan y profundizan el crecimiento de la desigualdad.

Paralelamente, es importante que comprendamos que atacar el deterioro en que ya están sumidos diversos servicios públicos, algunos esenciales para una convivencia en paz; que la defensa del empleo público y en contra de la profundización del deterioro salarial (y, por ende, del empobrecimiento de las mayorías); pasa necesariamente por una transformación tributaria estructural, por una verdadera Revolución Tributaria; aquella que, por ejemplo, ataque frontalmente el robo anual de impuestos que anda por el orden de los 600 mil millones de colones; ó que, le entre duro a los 188 regímenes de exenciones/exoneraciones, que hacen que el fisco deje de percibir un 6 % del Producto Interno Bruto (PIB).

Fíjese usted que en estos momentos, si un punto del PIB, representa unos ¡200 mil millones de colones!, entonces por esta vía de exenciones/exoneraciones (que no todas son perniciosas contra el bien común), el Estado deja de percibir, ¡Un billón, doscientos mil millones de colones! No podemos imaginar qué significa esta cantidad que en números sería así: 1.200.000.000.000.

Note usted, entonces, tan sólo dos de las razones por las cuales el Gobierno “_no tiene plata_”. Nosotros hemos dado propuestas al efecto para ayudar a que se dé esta transformación tributaria estructural. Otras personas especialistas en estos temas, así como otras importantes organizaciones, tienen también sus propuestas, quizás más atinadas que las nuestras.

Pero ese poder dominante, esa hegemonía política que tiene el control de la cosa pública, no tiene el menor interés en arreglar, con perspectiva de futuro y con visión estratégica, este grave problema nacional de injusticia tributaria. Solamente cuando seamos miles y miles, en movilización persistente y constante, que mueva los cimientos de ese poder, se nos pondrá atención. Ojalá que no nos coja tarde.

Plan fiscal y chantaje político

El distinguido jerarca anunció ya, sin pelos en la lengua, que por tal razón se avecinan recortes en ámbitos tan importantes de la política pública, por demás sensibles, como Educación, Seguridad y Salud, mencionando claramente que habrá despidos.

Efectivamente, información fidedigna en nuestro poder da cuenta de que la primera “_víctima_” en esta materia será el personal interino de la administración central del Estado y de entidades adscritas a la misma. Por tanto, sirva esta vía para alertar a estas personas trabajadoras asalariadas del Gobierno de que por su situación de interinato, próximamente serán lanzadas a la calle. Les recomendamos organizarse con urgencia para que defiendan su derecho constitucional al Trabajo.

En esta misma línea de sacrificar a quienes menos tienen puesto que como suele suceder, el hilo se rompe por su parte más delgada, el señor Ministro de Hacienda nos amenazó con que, por ejemplo, ya no habrá plata para el programa de becas escolares ni para otros programas sociales que, como sabemos, son necesarios para atenuar el estado de pobreza de muchas familias trabajadoras costarricenses, gran parte de las cuales están encabezadas por mujeres solas, jefas de hogar.

El Gobierno y, particularmente, el señor Ministro de Hacienda se aferran a una única alternativa en este asunto del déficit en las cuentas del Gobierno que, si bien preocupante, no sentimos que estemos a las puertas del apocalipsis fiscal y que, por tanto, ha llegado el “_fin de los tiempos_” para Costa Rica.

Nuevamente, una vez más (y usted discúlpenos por parecernos a un disco rayado), tenemos que indicar que sí hay alternativas al paquete de impuestos que impulsa el Gobierno. Sí puede haber un plan B, sin necesidad de seguir estrujando a quienes menos tienen, porque no se quiere cambiar de rumbo en cuanto a la dirección de siempre de la estructura tributaria costarricense, cual es la de la regresividad.

Por el contrario, si el Gobierno impulsara proyectos de ley que vayan, exclusivamente, en la línea de la progresividad tributaria, es muy seguro que los sectores sindicales, sociales, populares y cívicos cerremos filas para apoyarle en esa dirección. Por ejemplo, se pueden impulsar iniciativas de ley como las siguientes:

A) Aprobar el proyecto No. 17.677, para, sin romper el secreto bancario, la administración tributaria puede tener información de cuentas bancarias cuando se presume robo de impuestos. B) Un proyecto de ley de contingencia fiscal para gravar el consumo suntuario, por uno ó por dos años. C) Aprobar el proyecto para regular la banca costarricense en el exterior (banca “_off shore_”). D) Partir, dividir el actual proyecto fiscal para que, por ejemplo, solamente se apruebe lo referido a renta mundial y renta global, así como un impuesto a las transacciones financieras (esta propuesta tiene ahora más “_espacio político_”, pues a nivel de la Unión Europea UE, tanto Angela Merkel como Nicolas Sarkozy, gobernantes de Alemania y de Francia, respectivamente, están de acuerdo en impulsarlo ante la severa crisis que enfrentan en Europa). E) Se puede impulsar una ley para gravar, por una única vez, un impuesto al patrimonio a las grandes fortunas, a los abultados capitales. F) Dictar la ley para la pensión-consumo, como fórmula de estímulo para tributar pidiendo la factura. G) Solicitar la cooperación de las universidades públicas para enfrentar el robo de impuestos, con ropaje legal ó sin él, que representa la evasión, la elusión, las exoneraciones y las exenciones fiscales.

En este último sentido tenemos que ser tercos, majaderos, reiterativos y hasta “_aburridos_”. Es imposible ocultar datos técnicos de alto calibre al respecto. La Contraloría General de la República (CGR), indicó que en cuanto a las distintas formas de evasión, se deja de recaudar un 2.5 % del Producto Interno Bruto (PIB); y el propio Ministerio de Hacienda reconoce que los 188 regímenes de exoneraciones-exenciones, representan un 6 % del PIB. Entonces, ¿cómo nos piden apoyo para un nuevo paquete de impuestos, sin corregir estas escandalosas situaciones de fraude fiscal?…

No, señor Ministro de Hacienda, doña Carmen Mora Arrieta, trabajadora doméstica de los CEN-CINAI, no es responsable del déficit fiscal. Tampoco lo es, don Mario Vargas Ruiz, oficinista 4 del MAG; ni mucho menos, doña Olga Duarte Badilla, quien con muchos costos se hizo profesional en Derecho, le pagan como tal y mes a mes, le rebajan el impuesto sobre la renta; pese a que un amigo de ella, quien ejerce “_liberalmente_”, sólo paga 36 mil colones por año por el mismo impuesto. Igualmente, ni Oscar Pérez Solís ni Marcelo Murillo Herrera, el primero oficial de la Fuerza Pública y el segundo, de la Policía Penitenciaria, tienen que ver con el robo de impuestos. Tampoco María Eugenia Fernández Castro, secretaria en Migración, ni Francisco Otárola Esquivel, chofer del Ministerio de Salud. Mucho menos, la querida niña Alicia Montoya Rojas, abnegada maestra de una escuela primaria en zona marginal de Pavas. No, señor Ministro de Hacienda, es por el otro lado de la acera, donde se ha generado el problema que a usted tanto le agobia y donde está la plata que a usted la hace falta para que su Gobierno haga una buena obra. No es justo, es más bien repudiable, este chantaje político para con “_los y las de abajo_”.

Construyamos un puente solidario sobre las aguas turbulentas del río neoliberal

Hoy nos hemos inspirado en ella para el titular del presente artículo, el primero de este año 2012, dejando expresa nuestra profunda gratitud a Diario Extra por permitirnos, semanalmente, este espacio de opinión.

La amplitud de Diario Extra le ha convertido no solamente en el medio de prensa escrita de mayor circulación, sino en el más consecuente, democráticamente hablando, en materia de libertad de expresión.

Definitivamente, tenemos que transitar hacia la “_otra orilla_”, la que muy genéricamente podemos denominar como la del bien común. En la orilla que estamos, la del “_río neoliberal_”, no hay futuro ni para la Humanidad, ni para nuestra querida Patria.

No hay más destino que construir ese puente, cruzarlo sobre esas aguas tormentosas, llegar a la “_otra orilla_” y adentrarnos en el territorio del bien común, alejándonos del río neoliberal que todo lo está arrasando.

La catástrofe social que estamos presenciando en los países de la Unión Europea (UE), es espeluznante, tanto como lo que estamos constatando que está ocurriendo en los Estados Unidos; país éste cuyo último censo nacional determinó que una de cada dos personas que lo habitan, está en la pobreza o va a caer en ella próximamente.

Se ha terminado el “_sueño americano_” (el “_american dream_”) y en próximo artículo compartiremos con usted una serie de datos que en Costa Rica se nos ocultan y que dan cuenta del declive del otrora famoso “_american way of life_” (algo así como el “_estilo gringo de vida_”).

En casi todos los países de la UE, como Grecia, Portugal, Irlanda, España, Italia, Reino Unido, Francia y otros (que siempre se nos dijo que eran países “_desarrollados_”), está ocurriendo un proceso involutivo, una reversión generalizada de derechos que conduce hacia formas de esclavitud laboral que se consideraban superadas, o que eran cuestiones típicas de los países “_atrasados_”, o “_tercermundistas_”.

Despidos masivos en el sector Público, privatizaciones a mansalva, rebajas y congelamientos salariales, recortes salvajes de presupuestos públicos, aumento en la edad para pensionarse, drásticos incrementos de impuestos entre otras medidas impensadas hasta hace un año en esos países, están causando mucho dolor a millones de trabajadores y de trabajadoras, a las clases medias, en fin, a hoy esos atormentados pueblos europeos.

El sistema capitalista, basado en la perversa lógica de la codicia sin freno, en la carrera loca por la acumulación más voraz y lo más rápida posible, en la mayor rentabilidad al menor costo y en la explotación laboral más exacerbada, se ha degenerado a tales niveles que pretende llevar a las clases trabajadoras a los niveles de miseria del siglo XIX; cuando precisamente, las difíciles condiciones de vida de aquellos momentos, generaron revoluciones sociales cuyo legado de derechos había llegado, en términos generales, hasta la actualidad. Hoy, todo ha sido puesto en reversa.

La fracción más criminal de ese sistema capitalista, el capitalismo neoliberal de signo bancario-financiero, ha tomado el control total, de manera descarada, de los sistemas democráticos de los países de la UE, imponiéndoles a sus pueblos, como lo indicamos, tormentos sociales que ni siquiera nos imaginamos. Cuesta creer que eso esté ocurriendo, por ejemplo, en un país como Grecia, cuna de la democracia occidental, inventora de las olimpíadas y hasta no hace poco, en el 2004, organizadora de juegos olímpicos.

Esas corrientes capitalistas criminales se alistan para devorar sistemas sociales en otras regiones del globo y en una zona como la nuestra, la latinoamericana, sus apetencias son más que evidentes.

De manera afortunada en varios países de la América del Sur, hay una serie de gobiernos decentes, con presidentes y con presidentas que son como la gente de “_abajo_” y que han adoptado una serie de políticas que, si bien no son anticapitalistas, han permitido generar una serie de medidas de una especie de blindaje contra el ataque criminal de ese anticristiano capitalismo neoliberal de signo bancario-financiero.

Para hacer alusión a lo que indicamos al inicio de este comentario, son países en los que sus gobiernos y sus pueblos, en cierta forma, han construido el puente sobre esas aguas turbulentas del río neoliberal y están transitando ya hacia la otra orilla, para adentrarse en el territorio libre del bien común.

Es esa, en nuestra modesta percepción, la gigantesca tarea patriótica que tenemos que asumir la riquísima variedad de las organizaciones populares costarricenses, la potencial diversidad de las agrupaciones sociales y cívicas de toda naturaleza, incluyendo una amplia gama de sectores productivos y empresariales decentes que, de una manera u otra, están amenazados de ser sacados de la actividad económica y lanzados a la precariedad.

Aquí también tenemos que asumir el reto de construir nuestro propio puente nacional para transitar hacia la otra orilla, que nos permita adentrarnos en el territorio del bien común.

En la orilla neoliberal en la que nos tienen forzadamente, no hay espacio para las oportunidades de integración social. Sino que lo digan (para citar unos poquísimos ejemplos), los 100 mil jóvenes que tenemos en condición “_ni-ni_” (ni trabajan ni estudian porque para ellos y ellas en esta orilla se les excluyó); las 300 mil familias que, si acaso, solamente hacen una comida al día; las personas trabajadoras de 35-40 años y más que el mercado laboral las declaró como “_desechables_”; que lo digan… mejor no sigamos. En este 2012, ¡Juntémonos, nosotros y nosotras, la “_gente de abajo_”!

El paquetazo fiscal “huele a lirio”… pero, ¿y la alternativa?

…especialmente ahora que la Sala Constitucional ha admitido para su estudio un serio cuestionamiento procedimental y de fondo a su tramitación parlamentaria. Según los entendidos, el paquetazo tributario de la Administración Chinchilla Miranda (con el apoyo de una parte del PAC), podría estar ya desechado en la práctica, por una cuestión de realismo político.

Ahora bien, pensamos que este puede ser el gran momento para que distintas fuerzas cívico-patrióticas, sociolaborales y sindicales, académico-intelectuales, junto a sectores productivos y empresariales honestos (entre otros); nos pongamos a trabajar en el diseño de un planteamiento tributario estratégico con visión de mediano y largo plazo, más allá de los gobiernos de turno y lejos de los vaivenes electoralistas de corto plazo que tanto daño le hacen a nuestra ya maltrecha institucionalidad republicana.

Esta aspiración, que sabemos será compartida por mucha gente realmente preocupada por el severo problema nacional número uno que es el crecimiento de la desigualdad; está siendo potenciada por un reciente pronunciamiento del Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica (UCR), la institución de estudios superiores de más prestigio en nuestro país; mismo que ha indicado que el paquete fiscal del Gobierno “_no es conveniente para el país_”; y, por el contrario, lo que corresponde es que nos pongamos a fortalecer la administración tributaria y reducir la evasión fiscal.

“_El Consejo Universitario considera que este proyecto no constituye una propuesta integral de reforma fiscal que venga a resolver los problemas hacendarios del Gobierno Central; en ese sentido, antes de aprobar un proyecto de este tipo, el Gobierno debe emprender una acción efectiva contra la evasión fiscal, en particular, en el caso de los sectores de mayores ingresos y más ricos del país_”, señala el pronunciamiento del Consejo Universitario de la UCR.

¡Impresionante! La máxima casa de altos estudios de nuestro país da la razón a los sectores sindicales que desde este espacio y por otras vías venimos “_pegando el grito al cielo_” en cuanto a que el robo de impuestos en sus diversas manifestaciones, debe merecer la más alta prioridad de la política pública en este campo; declarando una especie de “_emergencia nacional_” en cuanto a la recaudación y lanzando la más feroz campaña gubernamental en contra de la delincuencia tributaria de cuello blanco, especialmente. Por tanto, ¿para qué más impuestos?… ¡para que se los sigan robando! ¡No!

Nuestros compañeros y nuestras compañeras sindicalistas de la ANEP en el Ministerio de Hacienda han sido bastante insistentes en ello y que ahora desde la propia UCR se les dé la razón, pues es una forma de honrar su larga lucha en tal sentido. ¡Enhorabuena por todo el Movimiento Sindical Costarricense!

Quienes roban no son precisamente, por ejemplo, las personas trabajadoras asalariadas en planilla, tanto del sector Público como del Privado, a las cuales y luego de la barrera exenta, de una vez, mes a mes, le descuentan su aporte impositivo al país, en el ámbito de la renta. Pero también, la parte asalariada que no tributa renta salarial, también la “_cazan_” cuando hace las compras, al aplicársele el impuesto de ventas, por ejemplo.

La semana pasada hablamos de las cuatro “_E_” del grave problema tributario nacional: Evasión, Elusión, Exoneraciones y Exenciones; planteando así un primer eje de trabajo de un análisis compartido y multisectorial en búsqueda de un gran acuerdo nacional al respecto. En materia de exoneraciones y exenciones estamos hablando ya de un 6 % del Producto Interno Bruto (PIB); y en el campo de la evasión y la elusión, las cifras que se manejan son del orden del 2.5 del PIB (aquí está el caso de los 800 mil furgones que, al año, entran y salen del país sin ningún tipo de revisión) ¡Qué relajo!

Entonces, estamos hablando de que al Gobierno se le “_escapa_” recaudar un ¡8.5! del PIB. En consecuencia, su plan fiscal, ahora reducido prácticamente a un “_mamarracho_”, queda en el más absoluto ridículo pues ya se resignaron, luego de múltiples concesiones, a solamente recaudar un 1.5 % del PIB; es decir, casi una sexta parte de lo que se roban por la vía de las cuatro “_E_”.

Luego podríamos pasar a un segundo eje de trabajo, en dos partes. Por un lado, ¿cuáles son las medidas de diversa naturaleza que hay que emitir para fortalecer la administración tributaria, de modo tal que como país, como sociedad, como nación, como Estado, lleguemos a un punto tal en que robar impuestos equivalga a matar a un ser humano, ó, al menos, constituya un delito de tanta gravedad que encierren al evasor?

Por el otro lado, ¿cuáles serán las medidas para estimular el pagar impuestos, para exigir la factura? Como lo hemos dicho ya varias veces, proponemos la pensión-consumo, la recompensa por denunciar evasión (una vez comprobada ésta), la lotería fiscal ligada a la de la Junta de Protección Social, la introducción curricular de la responsabilidad de tributar desde la niñez escolar y otras.

Pasaríamos luego a ver nuevos impuestos. Sí, ¡nuevos impuestos!, pero por el lado “_de los de arriba_”: renta mundial, renta global e impuesto a las transacciones financieras; pero en los tres casos, ¡de a verdad! No “_cosméticamente_”, de “_mentirillas_”.

A este nivel, deberíamos aprobar la ley para eliminar, parcialmente, el secreto bancario solamente ante la presunción administrativa de robo de impuestos. Después de todo este proceso, veríamos si el IVA (impuesto al valor agregado) sería necesario y si así fuese, ¿cuál IVA?…

Como vemos, no se ocupan más impuestos. Hay que combatir su robo. ¡Pongámonos a trabajar en ello! A la UCR, así como a las otras prestigiosas universidades públicas, patrióticamente les pedimos, ¡ayuden al pueblo!

Otro “paquete” fiscal… ¡no este!

…pues no se vale que se siga fortaleciendo, robusteciendo, potenciando, el injusto carácter regresivo del sistema tributario costarricense. Regresivo porque pagan más impuestos, proporcionalmente hablando, quienes menos plata tienen.

Este proyecto, si bien tiene componentes muy importantes que van en la dirección opuesta, es decir, por el lado de la progresividad (para sacarle más plata a los que más tienen); la verdad es que quedó descalificado, satanizado, inviable y repudiable ante la ciudadanía, ante la gente, ante “_los y las de abajo_” por habérsele incluido su más perverso componente, la transformación del impuesto sobre las ventas, en impuesto al valor agregado (IVA), por más exoneraciones, exenciones que a su eventual aplicación se le hayan incluido.

Sin embargo, nos parece que la oposición del movimiento sindical y social organizado a este paquete de impuestos, no ha sido lo contundentemente explicada como para que el pueblo pueda diferenciar la naturaleza distinta de la oposición que se generó desde las poderosas cámaras empresariales, versus la oposición que se ha generado en los sindicatos y en otras expresiones del amplio y diverso movimiento social costarricense.

En nuestro criterio, son varias las alternativas que se pueden considerar a un paquete de impuestos como el que hoy está siendo cuestionado por “_tirios y troyanos_” aunque, como indicamos, con motivaciones distintas.

Pensamos que tanto el Gobierno como el Partido Acción Ciudadana (PAC), debieron haber acordado el trámite de un proyecto de impuestos que incluyese, únicamente, las medidas necesarias por el lado de la progresividad tributaria.

Es decir, debieron indicarle al país que se tramitaría una ley únicamente conteniendo los artículos sobre la renta mundial, sobre la renta global y sobre las transacciones financieras. Debieron mandar un potente mensaje de que, por primera vez y no sabemos en cuántos años, se impulsaría un cambio estructural tributario para que los que más tienen aportaran más.

La renta mundial es aquella que personas y empresas costarricenses generan por su actividad en el exterior, sólo que obligándoles a pagar impuesto de la renta en el mismo momento en que generan su ganancia y no cuando ésta ingresa al país.

La renta global es la suma única de todas las entradas que tienen las personas y las empresas por su actividad en el país: salarios, intereses, bonos, alquileres, etc.

El impuesto a las transacciones financieras es un monto que se cobra por mover la plata, por ejemplo, de un banco a otro y luego de cierto monto para no afectar a los pequeños y medianos ahorrantes y cuentahabientes bancarios.

Jamás se debió incluir la transformación del impuesto de ventas a IVA en un mismo proyecto de ley que contuviera medidas como la renta mundial y la renta global.

Creemos que la lucha popular de las próximas semanas en torno a la cuestión tributaria debe diferenciarnos, radicalmente, de las objeciones del gran empresariado, del gran capital, de las grandes fortunas que se niegan a ser gravadas con más impuestos; y no caer en la trampa de hacerles el juego, con una oposición “_per se_”, consignera, panfletaria y que a final de cuentas nada cambie en la estructura tributaria injusta que pesa sobre el pueblo trabajador y otros sectores populares y sociales.

Si lográramos articular nuestras propuestas para una ley tributaria por el lado de la progresividad (sin IVA); además de incluir la renta mundial, la renta global, el impuesto a las transacciones financieras (con los cambios de contenido que se necesitan en los tres casos); debemos incluir disposiciones y estrategias jurídicas en esa ley para estos tres aspectos centrales.

Uno: el combate a las cuatro “_E_” del “_apocalipsis tributario_” que amenaza con la quiebra del Estado costarricense: Evasión, Elusión, Exenciones y Exoneraciones.

Dos: La naturaleza de las medidas del fortalecimiento estratégico de la gestión tributaria: más personal especializado, más recursos, más tecnología.

Tres: Incentivos para tributar, para pedir la factura, para incrementar la responsabilidad cívica de pagar impuestos; implementando, por ejemplo, la pensión-consumo y la recompensa por denunciar a las personas y empresas evasoras.

Además, esa ley tributaria por “_el lado de los de arriba_” (repetimos, sin IVA), debería incluir la apertura parcial del secreto bancario únicamente bajo suposición de evasión fiscal y sin arriesgar su esencia (aquí ya hay un proyecto en la corriente legislativa, el número 17.677).

Igualmente, deben incluirse dos disposiciones transitorias que podrían regir por un período entre los 18 y los 24 meses: una ley de contingencia fiscal que grave, por ejemplo, el consumo suntuario; y un impuesto al patrimonio, por una única vez, similar al adoptado por don Pepe Figueres cuando impuso la Junta Fundadora de la Segunda República.

Como vemos, ojalá podamos construir una articulación popular con sentido estratégico para la revolución tributaria que ocupa nuestra querida Patria; de manera tal que el pueblo trabajador, que “_los y las de abajo_”, distingan, con claridad, porqué el gran capital no quiere que se le pongan más impuestos; pero, que a la vez, distingan cuáles son los cambios por los que sí vale la pena luchar completamente unidos para que tengamos la transformación estructural que sí ocupamos con urgencia.

Evasión de impuestos: el poder de las grandes empresas constructoras

Primero: La parte positiva del proyecto “_Ley de Solidaridad Tributaria_” (expediente legislativo No. 18.270), sus componentes progresivos (como renta mundial, renta global e impuesto a las transacciones financieras por más “_tímidas_” que fueran), debieron tramitarse primero, en proyecto aparte; de manera tal que la gente, que “_los y las de abajo_”, que la ciudadanía, percibiera que, por vez primera y en muchos años, habría una ley centrada en gravar a las grandes fortunas, a los abultados capitales, a las ganancias generadas en el exterior.

Aquí, también, debió considerarse la aprobación del expediente legislativo No. 17.677, para que la administración tributaria tuviera acceso a las cuentas bancarias en caso de presunción de robo de impuestos, sin que por ello se pusiera en riesgo el secreto bancario.

Es decir, jamás debió mezclarse estos avances tributarios hacia la justicia y hacia la progresividad, con algo tan regresivo como la transformación del impuesto de ventas en impuesto al valor agregado (IVA).

Segundo: Debió tramitarse un proyecto de ley de “_contingencia fiscal_”, similar al que se tramitó en la Administración Pacheco de la Espriella (2002-2006), gravándose, transitoriamente, altas rentas, consumo suntuario y similares, de forma tal que se habría captado unos dos puntos del Producto Interno Bruto (PIB); cantidad suficiente para atenuar el impacto actual del déficit fiscal, dando tiempo así a la construcción de soluciones tributarias estructurales profundas con participación ciudadana efectiva.

Tercero: Deberían tramitarse, parlamentariamente hablando, las iniciativas de ley de reforzamiento de la gestión tributaria y de la efectividad, para la satisfacción real de la población, de la inversión y del gasto. Adicionalmente, dentro de estas iniciativas, o bien, separadamente, convendría legislar sobre lo siguiente. A) La creación de una gran comisión político-social, con mandato definido y con término establecido para analizar y emitir recomendaciones y directrices sobre el tema de la evasión y de la elusión tributarias en todas sus manifestaciones, es decir, el robo de impuestos que, según la Contraloría General de la República (CGR), andaría por una cifra entre el 2 y el 2.5 % del PIB. Paralelamente, sobre el tema de las exoneraciones y exenciones de todo tipo, que hoy en día alcanza la escandalosa cifra del 6 % del PIB, según investigaciones de la Universidad Nacional (UNA); dato éste que es validado por el propio Ministerio de Hacienda.

Finalmente, luego de todo este proceso, si hiciera falta, se pondría en discusión lo del IVA, una vez que las señales de que la reforma tributaria se hizo por “_arriba_”, quedaron constatadas debidamente como “_insuficientes_”.

En este asunto del robo de impuestos, impresiona muchísimo la valiente denuncia del señor diputado del Partido Unidad Socialcristiana (PUSC), don Wálter Céspedes Salazar, acerca de la conducta presumiblemente delictiva y evasora, tributariamente hablando, de varios consorcios empresariales del ramo de la construcción, de “_renombre_” en el mercado y que ostentan gran poder político.

El indicado legislador señaló su dedo acusador como grandes deudoras de impuestos a las constructoras Sánchez Carvajal, con 714 millones de colones de “perro amarrado” al fisco; a la empresa Hernán Solís, con 531 millones de colones de deuda; a la firma Pedregal, con 142 millones de colones de deuda.

Igualmente, el diputado Céspedes Salazar mencionó el caso de empresas constructoras que pese a estar en condición de morosas con respecto a sus obligaciones tributarias para con la sociedad, siguen recibiendo contratos de obra pública. Por ejemplo, está el caso de la firma FCC, la cual pese a deber unos 85 millones de colones, se benefició con la adjudicación de la ampliación y rehabilitación de la ruta nacional número 1, en el tramo Cañas-Liberia. O bien, la licitación para el mejoramiento nacional de la ruta No. 152, sección 27 de Abril-Villarreal, se le dio a varias empresas, dentro de las cuales están las firmas RAASA, con una deuda por impuestos de 885 millones de colones; la firma TRAESA, con 324 millones de deuda tributaria y la misma FCC-ALBOSA, con 133 millones de deuda impositiva.

Si bien reconocemos que la gestión tributaria de cobro de impuestos y en contra de la evasión está haciendo un trabajo notable, lo real es que pareciera que tales “_poderes empresariales_” parecen intocables a la hora de demandar cuentas por deudas de impuestos pendientes. Toda la clase política tradicional sabe que este tipo de consorcios empresariales son, por lo general, grandes contribuyentes en campañas políticas para todos los lados, de forma tal que así es como compran una especie de “_inmunidad tributaria_” que hace que el Ministerio de Hacienda les ande de “_larguito_”.

En tal sentido, es inadmisible aceptar que se le pongan más impuestos a “_los y las de abajo_”, si en las alturas ha de continuar el robo, la evasión, la elusión, la exoneración tributarias; y, muy especialmente, la “_inmunidad_” de estos poderes reales para librarse del pago de impuestos.

Sistema Político y Ciudadanía: creciente distancia entre ambos

Concretamente, ante una pregunta periodística sobre la reciente agitación social que estamos presenciando, dijimos que “_el sistema está alejado de las necesidades de la gente. Es por eso que hay tanto malestar e indignación en ascenso_”.

Esta opinión generó que el ministro de Comunicación del Gobierno, don Roberto Gallardo Núñez, se nos viniera “_a patada limpia_”, insultándonos, con un ataque al cuerpo, indigno para un jerarca de su nivel y que, en términos generales, lo que hace es mostrar una pobreza argumental para entender el entorno sociopolítico que se mueve a su alrededor, de lo cual parece que él no se da cuenta cabal. Pero bueno, ese es el problema de él y el de su gobierno, si éste no quiere ver cómo se está moviendo el suelo que pisan.

Lo interesante de nuestra apreciación acerca de que el sistema político se divorció de la ciudadanía, también es compartida por ilustres personas que, ni por la más mínima, son sindicalistas; y que desde otras perspectivas también están notando que el “_estado actual de las cosas en Costa Rica no está nada bien_”, puesto así, “_en bonito_”, para ver si el indicado ministro puede “_digerir_” mejor lo que a su alrededor está ocurriendo, aunque es notable que tiene limitaciones para apreciar su significado real.

Don Luis Mesalles Jorba, economista de renombre en los círculos empresariales, escribió en su columna de “_La Nación_” que “_nuestra democracia va en retroceso_”; que “el Estado costarricense ha perdido capacidad de implementar políticas que aseguren bienestar y eficiencia económica”; que “_la cantidad de pobres va en aumento y la brecha de ingresos entre ricos y pobres va en aumento_”; que “la poca efectividad del Estado para resolver los problemas de la ciudadanía es evidente”; que “_en campaña política los candidatos prometen, casi mesiánicamente que ellos tienen la solución. Pero, cuando llegan al Gobierno, nos entregan otra realidad_”; que “_ante las promesas incumplidas, la ciudadanía se decepciona cada vez más; que a este paso, nuestra democracia va para el despeñadero_”.

Más o menos lo que nosotros venimos planteando desde hace ya bastante tiempo. Pero el ministro Gallardo Núñez no agarrará “_a patadas_” al señor Mesalles Jorba por lo que dijo. Al sindicalista sí, porque es eso, un “_sindicalista_”, entre comillas, porque es así, despectivamente, como la gente igual a él concibe el trabajo que se hace desde las tiendas del movimiento sindical.

Sigamos. Otro ilustre señor, ligado al partido oficialista, muy respetado en esos y similares círculos, don Enrique Obregón Valverde, recientemente publicó, en el mismo periódico mencionado, un artículo titulado “_Algo nos están robando_”. Este costarricense tiene un palmarés impresionante pero dentro del mismo no incluye ser “_sindicalista_” (para “_ventaja_” de él).

Sin embargo, lo que don Enrique ahora dice, ya muchos otros, desde hace tiempo, lo venimos diciendo. Veamos: que “_…alguien puso en un platillo la ley de los mercados, y en otro la ley de la democracia, pero excluyendo el derecho de los pueblos a escoger_”; que “_los pueblos democráticos del mundo están siendo sometidos a una nueva forma de opresión_”, a raíz de que se nos impuso “_un sofisticado proyecto que allana los caminos para la más amplia libertad empresarial, aun cuando tengan que destruir totalmente las bases de la democracia_”; que “_la democracia tiene como sustento la educación, la moral y la cultura, y estos valores (principios o bienes del alma colectiva) se desvanecen arrasados por las privatizaciones, los mercados y las desregularizaciones_”. Que “_la democracia…, desde los tiempos griegos, se decía que era el ‘gobierno con ventaja de los pobres’, en contraposición de la oligarquía que era el ‘gobierno con ventaja de los ricos’… Entonces, nos encontramos, al cabo de veinticinco años, con un sistema que cambia la forma de gobernar con ventaja para los pobres, por otro que desborda ventaja para los ricos_”.

Bueno, don Enrique lo que nos está diciendo es que nuestro sistema político tradicional se ha divorciado de la ciudadanía porque es más que notorio que “_desborda ventaja para los ricos_”. ¡Ah!, pero el ministro Gallardo Núñez, ¡jamás!, se le iría a patadas a tan destacado ciudadano porque no es “_sindicalista_”.

Cuando nosotros planteamos que hay un divorcio creciente entre el sistema político y la ciudadanía es porque, como dice don Enrique, “_es preciso regresar a la idea de la defensa de lo público, de lo que pertenece al pueblo_”. Las protestas sociales de estos días, las que vendrán en el “_enero caliente_” que se avecina, las que puedan darse aisladamente, las que podamos ayudar a articular multisectorialmente a través de una agenda de lucha compartida… nos indican de que estamos en tiempos en los cuales el sistema político se divorció de la ciudanía, por más que esta apreciación le moleste al ministro Gallardo Núñez. Con tal visión seguiremos desarrollando nuestro trabajo de sindicalistas, así, sin comillas… a mucha honra.