Categoría: Opinión

Sí, efectivamente, el robo de impuestos en Costa Rica es, si se quiere, el más grande delito que se comete en el país; tanto por las cantidades de dinero involucradas, como por los impactos negativos que para el bien común tiene semejante crimen social.

Las más altas autoridades políticas del citado ministerio, avaladas por sus “_jefaturas transnacionales_” (en este caso, por el Fondo Monetario Internacional, FMI), indicaron, públicamente, que en Costa Rica, solamente en el año 2010, el robo de impuestos fue del orden del ¡billón cien mil millones de colones!

A riesgo de equivocarnos, en números, tan astronómica cantidad se escribiría así: 1.100.000.000.000. Si usamos una medición muy utilizada en el mundo económico-financiero, lo que llaman el PIB: Producto Interno Bruto, esa gigantesca cantidad equivale a casi 6 puntos porcentuales del PIB (un punto de PIB es, más o menos, unos 200.000.000.000 doscientos mil millones de colones)

Para que tengamos noción de la magnitud de las cifras de las que estamos hablando, ¿recuerdan ustedes todo el “_bochinche_” nacional que se armó por el paquetazo de impuestos que la señora Presidenta quería que la Asamblea Legislativa le aprobara? Pues bien, el Gobierno lo que quería recaudar con esos nuevos impuestos era, únicamente, un 1.5 de PIB; unos 300 mil millones de colones (300.000.000.000).

Es decir, que el Gobierno de doña Laura Chinchilla Miranda habría “_salidos de apuros_” financieros, sin paquete de impuestos, con solamente haber recaudado la cuarta parte del billón cien mil millones de colones que se robaron en impuestos solamente en el año 2010.

Nosotros pensamos que las autoridades de Hacienda se quedaron cortas con el reconocimiento que hacen acerca de la magnitud del robo de impuestos que se da en Costa Rica. Nosotros pensamos que es muchísimo mayor si, por ejemplo, hablamos de todos los tipos de exoneraciones y de exenciones de impuestos producto de una serie de regímenes de privilegio tributario al respecto. Estudios realizados conjuntamente entre el propio Ministerio de Hacienda y la Universidad Nacional (UNA), nos hablan de que por esta vía el fisco pierde, prácticamente, otro 6% de PIB.

Ahora bien, está claro que no todas las exenciones ni todas las exoneraciones son malas para las finanzas públicas; sin embargo, es real que en este ámbito de la política tributaria e impositiva del país, ha habido una verdadera fiesta para beneficio de determinados grupos.

Dice un refrán que “_a confesión de parte, relevo de prueba_”. Las causas estratégicas del déficit fiscal están, en esencia, en el robo de impuestos bajo todas sus formas; especialmente, la evasión pura y simple; en la elusión (utilización de maniobras y artimañas legales para no pagar lo que corresponde); en las exenciones y las exoneraciones, por ejemplo.

Mal hace el señor Ministro de Hacienda, el señor Ayales Esna, en atacar a las personas trabajadoras asalariadas del sector Público que devengan algún tipo de plus salarial, intentando ponerlas ante la opinión pública como las culpables del déficit fiscal.

“_Olvida_” dicho jerarca que si hay personas que en este país pagan puntualmente sus impuestos, son las personas trabajadoras asalariadas que no tienen “_escapatoria_” alguna para no honrar sus responsabilidades tributarias para con el bien común.

Un profesional del Gobierno Central que con esos pluses puede ganarse un salario de poco más de un millón de colones, mensualmente paga su impuesto sobre la renta porque se lo deducen del salario. Una trabajadora oficinista, también del Gobierno Central y quien solamente tiene como plus salarial sus anualidades, tiene un salario que no le hace pagar renta pero sí impuesto sobre las ventas cada vez que va al supermercado o a la pulpería a comprar comestibles. Y en el caso del profesional, también paga este impuesto. Paga, rigurosamente, al menos, dos impuestos. Esto mismo pasa con las personas trabajadoras asalariadas del sector Privado.

En esta lucha por la Transformación Tributaria Estructural que ocupa nuestra Patria no descansaremos. El tema ha sido abordado desde nuestro lado de la acera con bastante responsabilidad. A este Gobierno le ha importado un bledo los aportes sindicales en tal sentido, motivados por la imperiosa necesidad de que la política pública costarricense vuelva por sus senderos originales: la promoción del bien común.

En este país, es la “_gente de abajo_” es la que lleva el grueso, proporcionalmente hablando, de la carga tributaria. Bien haría el señor Ministro de Hacienda, que se le “_vino a patadas_” a la gente asalariada del sector Público por tener pluses e incentivos salariales; en explicarnos cuánto tributarán los banqueros, ahora que se ha dado a conocer que solamente en los primeros seis meses de este año, han tenido utilidades por el orden de los ¡95 mil millones de colones! Bien haría en explicarnos, si siempre han tributado en correspondencia directa a tan escandalosas ganancias.

Debemos reconocer que el combate a la evasión tributaria es ahora más difícil que antes ante el enojo ciudadano por el desastre nacional con la “construcción” de la trocha norte fronteriza con Nicaragua; proyecto en el cual se perdieron, se esfumaron, se desaparecieron, se robaron, unos ¡40 mil millones de colones! ¿Pagar impuestos para que se los roben de tal forma? Es lo que muchos se cuestionan, lastimosamente. Sin embargo, pese a ello, la sostenibilidad fiscal del país pasa por la Transformación Tributaria Estructural por la cual venimos luchando hace ya bastante tiempo.

Durante toda la semana se realizaron las audiencias de las demandas presentadas por el sindicato de Japdeva, SINTRAJAP y por la Cámara Nacional de Bananeros contra el Estado Costarricense y la empresa transnacional APM Terminals.

Fue intensa porque lo que en condiciones de un juicio ordinario se habría llevado meses; en este caso, se abordó en una semana. Y de la mayor trascendencia porque se debatió un tema-país: Nada más y nada menos que la defensa de los puertos estatales, por donde pasa entre el 80 y el 85% de las importaciones y exportaciones de Costa Rica. Además, se estaban defendiendo los principios de transparencia, el interés nacional, la sana competencia y el trabajo digno.

Se aportaron pruebas documentales y testimoniales que dejaron claro que el contrato de concesión está promoviendo un monopolio al otorgarle a esa empresa transnacional, la exclusividad en la atención de los buques portacontenedores; y al darle, vía contrato, la facultad de ser la única en todo el Caribe costarricense para los próximos 56 años (33 de concesión, más 3 previos de construcción, más 20 de prórroga que prevé la ley) con posibilidad de construir una terminal para buques portacontenedores.

Esto quiere decir que ninguna empresa, ni pública ni privada, podrá operar buques portacontenedores en todo el Caribe de nuestro país, porque la APM Terminals tiene la exclusividad otorgada por el Gobierno. Cabe destacar que en el tema de los servicios públicos portuarios el negocio está en los contenedores.

También es importante destacar que durante la audiencia provocó mucha indignación y dolor patrio el hecho de que instituciones como la Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la República, JAPDEVA, ARESEP y el Consejo Nacional de Concesiones, se esmeraran tanto en la defensa de una empresa como la APM Terminals. Uno espera que esas instituciones defiendan los intereses del Estado y no los de una transnacional. Defender a JAPDEVA frente a la APM Terminals es, indudablemente, defender los intereses patrios.

No queremos que nadie se confunda. En este punto SINTRAJAP ha sido claro en que lo que se está pidiendo es que haya libertad para competir. Que si construyen la TCM los usuarios de los servicios portuarios puedan ir libremente con su carga donde se les dé el mejor servicio, más rápido, más seguro y más barato. Que el cliente escoja. Parece algo elemental y así debería serlo.

Pero resulta que en el contrato firmado entre el Gobierno y la empresa APM Terminals queda clarísimo que no será posible la competencia. El proyecto no es para que haya competencia, es para traspasarle a una empresa privada los servicios que actualmente brinda JAPDEVA. Así lo confirmaron en el juicio los demandados y los testigos que llevaron. Lo más interesante aquí es que quedó clarísimo que los trabajadores portuarios de Japdeva no le tienen ni el más mínimo temor a la competencia. Es claro que APM Terminals le tiene pavor.

En este juicio el señor Allan Hidalgo Campos, Presidente Ejecutivo de JAPDEVA, más bien parecía gerente y representante de la APM Terminals y no de la institución que le paga su salario como lo es JAPDEVA. La actitud de este jerarca nos trajo a la mente el célebre pensamiento del gran patriota costarricense don Joaquín García Monge, hoy en total olvido por parte de la hegemonía dominante (dentro de la cual don Allan es uno de sus “_mejores_” cuadros). Decía don Joaquín García Monge que “_Si es sumamente grave que aventureros extraños se atrevan a comprar la patria, es mucho más grave, e ignominioso, que hijos del país de bruces se la vendan_”.

Don Allan, con tal de defender los intereses de la transnacional, no escatimó en afirmaciones imprecisas y hasta falsas que peligrosamente pueden inducir a los altos tribunales a cometer error si las toman por válidas. Hizo afirmaciones temerarias como que la Fase 1 del Plan Maestro está muy avanzado; que están aseguradas las inversiones para esa Fase producto del acuerdo firmado entre SINTRAJAP y el Gobierno para el levantamiento de la huelga de junio pasado; que los puertos de Limón y Moín son de lo peor del mundo porque ocupan un puesto 137 de 139 en el ranking de puertos; o que JAPDEVA no tiene un solo muelle especializado en contenedores. No son solo más que impresiones, verdades a medias o incluso mentiras desesperadas para inducir a error a los jueces. A raíz de este reprochable proceder y por lo grave de sus consecuencias, en SINTRAJAP se están valorando acciones penales pertinentes.

Otro aspecto que interesa resaltar es que la representación de la ARESEP confirmó que esa institución no tuvo nada que ver en la fijación final de una tarifa de US$223 por movimiento de contenedores, ya que ellos habían autorizado una de US$252 y no participaron en ninguna negociación para rebajarla. Tampoco tuvieron nada que ver con las 15 concesiones adicionales otorgadas por el Estado posteriormente a haberse abierto y adjudicado la única oferta. ARESEP aseguró que no conocía qué aspectos técnicos se utilizaron para esa rebaja, ni qué se había negociado a cambio.

Se demostró a los jueces que aparte de entregarles la exclusividad del manejo de contenedores y tarifas jugosas, posteriormente a la apertura de la única oferta, el Estado se comprometió a construirles una carretera asfaltada de 4 carriles por el monto de US$22 millones; a ser coadyuvante en la obtención de todos los permisos que se requieren incluyendo los Estudios de Impacto Ambiental; a facilitar visas para los trabajadores extranjeros que traerán; y a facilitarles tierras de la zona marítimo terrestre para que monten sus instalaciones y edificios. Realmente una verdadera vergüenza nacional.

…con respecto a las actuaciones de dos de los más importantes jerarcas políticos de su Gobierno: los señores Luis Liberman Ginsburg (Segundo Vicepresidente de la República) y Leonardo Garnier Rímolo (Ministro de Educación Pública).

Ambos funcionarios, en el ejercicio político de sus altos cargos emitieron sendas cartas de recomendación a fin de que la estatal empresa de hidrocarburos, la Refinadora Costarricense Petróleo (Recope), le otorgara una de esas famosas consultorías a una firma empresarial ligada, familiarmente, al anterior Ministro de Hacienda, el señor Fernando Herrero Acosta; quien tuvo que dejar su cargo en medio de cuestionamientos por no pago de tributos cuando, precisamente, abogaba él por un “_paquetazo_” de impuestos de gran impopularidad en casi todos los sectores sociales y productivos del país.

Según la Procuraduría de la Ética, “_las cartas no son sólo la certificación de experiencia, que es lo que autoriza la ley. Son recomendaciones de las que están prohibidas por la Contraloría General de la República (CGR) y Poder Ejecutivo y como consecuencia es una violación a directrices y principios éticos de la función pública_”.

Los jerarcas Liberman Ginsburg y Garnier Rímolo incurrieron, según la indicada entidad, en una falta al deber de probidad, el cual es una regla de principio básico para que el funcionario público procure, en sus actuaciones, proteger y defender el interés público frente a los intereses particulares o propios.

La persona directamente beneficiada con las cartas de recomendación que cuestionó la Procuraduría de la Ética había sido, nada más y nada menos, que asesora en comunicación de la propia Presidenta Chinchilla desde el inicio de su Gobierno hasta que se dio la caída del exministro Herrero Acosta (esposo de esa asesora).

Por las “_cartitas_” de recomendación se generó una contratación directa de 17 millones de colones provenientes de fondos públicos que fueron a parar a los bolsillos familiares privados de esas personas amigas de doña Laura.

El Gobierno dijo que no hará nada en contra de los dos indicados altos funcionarios pues no hubo mala fe. Además, dijo que las normas jurídicas en las que se basó la Procuraduría de la Ética son confusas y tienen contradicciones entre sí. ¡Qué barbaridad!

Ahora resulta que cuando “_los de arriba_” violan las normas éticas elementales de la función pública, lo hacen de buena fe. Pero sí son _“los de abajo_”, la normas que estarían violentando no son confusas, son clarísimas.

La señora Presidenta se ha dado un autogolpe moral. Pareciera ser que esta situación es como la gota que derramó el vaso para mucha ciudadanía. Desde las redes sociales de internet, costarricenses que sienten gran indignación están llamando a una marcha llamada “_Golpe de Estado simbólico_”. Será para el próximo domingo 15 de julio y se han de congregar, pacíficamente, en diversos parques del país, según están indicando.

Desde que tenemos uso de razón, nadie había pensado en que quien ocupara la silla presidencial, debía abandonarla. Hoy son muchas las personas que hablan de adelantar las elecciones presidenciales, de “_Golpe de Estado simbólico_”.

El Gobierno y, particularmente, la señora Presidenta deben dar un golpe de timón estratégico en esto del combate a la corrupción. La más poderosa señal que se puede enviar en estos momentos en los cuales la indignación popular es, si se quiere, la más alta de los últimos 25 años, es que los señores Liberman Ginsburg y Garnier Rímolo dejen el Gobierno.

A fin de cuentas el primero es un banquero proveniente del grupo de negocios más poderoso del país. Así que si se va del Gobierno no por ello dejará de tener poder: el poder real, aunque el formal lo decline. En el caso del señor Garnier Rímolo fácilmente ha de encontrar otra colocación dado su notable curriculum político-profesional.

En el Gobierno piensan que este asunto de las tales cartas de recomendación son “_pecata minuta_” (algo sin importancia, que no trasciende lo que está sucediendo). Son apenas 17 “_milloncillos_” que no son nada comparados con los más de 20 mil millones involucrados en el desastre de la trocha.

Sin embargo, el punto es que este asunto se agrega a una cadena de acontecimientos de política pública en los que la ética y la transparencia no están imperando, lo cual desmoraliza a una ciudadanía más que harta de tanta cosa sucia en la Administración Pública, especialmente con el escándalo de la trocha.

Nosotros, que no estamos en ninguna ubicación político-partidista ni pensamos estarlo, vemos esta delicada cuestión sin el prisma electorero del momento y el que está por venir. Sin creernos dueños de la ética ni propietarios de la moral, sí percibimos cuán grande es el nivel de enojo popular, de indignación ciudadana, de cólera creciente en la gente, por los malos ejemplos que salen desde la clase gobernante.

Poco a poco, aunque todavía no haya aparecido ese liderazgo político convocante, “_los de abajo_” empezamos a entender que cuando nos decidamos a actuar con sentido estratégico, “_los de arriba_” comprenderán que tal estado de cosas vergonzoso es insostenible y que, por tanto, se necesita de un nuevo orden institucional.

Hemos escuchado en diversos círculos sociopolíticos en los cuales por razones de nuestro trabajo nos movemos, que la actual Presidenta de la República, Licda. Laura Chinchilla Miranda, podría no terminar su mandato.

Públicamente, un connotado periodista nacional, don Edgar Espinoza Rodríguez, le ha pedido la renuncia y que deje su cargo en manos de una “_Junta de Gobierno_”. En lo privado, escuchamos cosas más fuertes: “_ocupamos un Golpe de Estado_”, “_se necesita otro Don Pepe_”; “_estamos al borde de una revolución_”; y otras cosas por el estilo.

No creemos que la señora Presidenta renuncie. Ni que tampoco le den un Golpe de Estado. Ni que la “_revolución_” esté a la vuelta de la esquina.

Lo que sí pensamos es que doña Laura llega a la Presidencia en un momento en el cual la degeneración política de la clase dominante tradicional, misma que ha controlado el sistema institucional que nos dejaron los hechos bélicos de 1948, está más que clara. Por esto la sensación de “_despelote_” de Gobierno que a todos nos invade.

Precisamente, esta degeneración es lo que esa clase política tradicional (mucha de la cual ya está hoy totalmente corrupta y no es redimible), llama “_ingobernabilidad_”.

Desde nuestro lado de la acera, entendemos que esa tal “_ingobernabilidad_”, no es más que la dificultad que tiene ahora, hoy en día, la “_gente de arriba_” para seguir controlando como hasta hoy lo venían haciendo, a la “_gente de abajo_”.

La “_gente de abajo_” se niega a ser relegada socialmente, excluida de los beneficios del crecimiento económico, a ser lanzada al abismo de la pobreza, a la miseria salarial; a ser condenada a diversas formas de violencia; a ser la “_paganini_” de los escandalosos casos de corrupción que representan los robos de los fondos públicos: tal y como los que se hacen descaradamente (la trocha de la frontera norte, por ejemplo), como los que se hacen legalmente (las famosas “_consultorías_”).

A todo esto se suma una enorme fragmentación sociopolítica que se expresa en, prácticamente, todos los espacios en que se dan relaciones de este tipo. Usted nota la fragmentación de los partidos políticos, tanto de los añejos, como de los nuevos, los que son de carácter “_express_” (duran poquísimo), como los que presumen de una “_base ideológica_” (algunos de los cuales tienen tantos militantes como personas caben en una cabina telefónica o en una ermita).

Usted ve esa fragmentación en el propio parlamento, en el cual las fracciones tienen subfracciones. Igualmente, vea usted la alta magistratura del Poder Judicial, fragmentada por un viaje a China.

Tal fragmentación se nota, también, en las organizaciones de la sociedad civil. La histórica articulación con visos de vocación de poder y de carácter estratégico (el Movimiento Patriótico del No al TLC), sucumbió ante los personalismos, los celos de protagonismo, los mesianismos (“_todos vengan a mí_”), acabando así con las esperanzas ciudadanas de un cambio estratégico que no se veía posible desde hacía muchas décadas.

Evidentemente este Gobierno parece que pasará a la historia como el que generó el escándalo de corrupción más grande de toda la historia del país; pero, también, como un gobierno proclive al fortalecimiento de los negocios estratégicos transnacionales, luego del TLC. Pero esto no lo hará caer.

A modo de ejemplo, bajarle la tarifa de luz a cinco gigantescas empresas transnacionales para que sea el pueblo el que pague la diferencia; ampliar por una década el monopolio de la revisión técnica vehicular, pese a tanto repudio ciudadano; ampliar, por decreto, el campo de acción de la generación eléctrica privada (incluso, a costa de los sistemas cooperativos en este campo que son de larga data en el país); son situaciones de grave exclusión social para las amplias mayorías pero no para que caiga la Presidenta.

La Presidenta no caerá, ni por renuncia, ni porque la boten. La degeneración política del sistema tradicional necesita que siga ahí; la fragmentación sociopolítica del campo patriótico posibilita que tal degeneración se recambie en el 2014, se oxigene y se reedite. Y esto se ve venir desde ahora…

Las posibilidades de revertir este proceso, es decir la prolongación de un sistema político degenerado y que no está al servicio del bien común ni del progreso de las grandes mayorías; dependen (entre otras condiciones) de la voluntad de muchas de las personas que, de un modo u otro, estuvieron ya en un proceso articulador estratégico como el del No al TLC. Sin embargo, pareciera que ello no será posible habida cuenta de la fortaleza de muchas subjetividades encontradas entre sí… Pero se podría intentar.

La posibilidad de que surja un “_outsider_”, es decir una persona “_mágica_”, totalmente nueva en estas cosas y con gran poder de captación de la gente inconforme, tampoco se ve en el horizonte.

Un grupo golpista que cancele el orden constitucional vigente por un tiempo para “_arreglar de una vez por todas esta carajada_”, (aunque tiene ya no pocos adeptos), no ha de lograr apoyo popular puesto que reproducirían un mismo esquema hegemónico para fortalecer la inserción total de las trasnacionales en nuestra vida económica. ¿Qué nos queda, entonces?… Este es el dilema.

A nuestro modesto entender tres de esos grandes problemas “_alimentan_” un cuarto problema, que es el más grande de todos: el sistemático proceso de concentración de la riqueza y su “_hermano gemelo_”, sea, el crecimiento de la desigualdad.

Los tres problemas que potencian a éste, son la corrupción pública y privada (con vestimenta legal ó sin ella); la penetración del narcotráfico y del crimen organizado en todos los niveles de la sociedad; y, la inseguridad y la violencia en todas sus manifestaciones, especialmente el ataque a las personas y a sus bienes y posesiones materiales.

Cada uno de esos cuatro problemas tiene muchas explicaciones, se escenifican de múltiples formas, derivan en gran número de consecuencias negativas y generan gran malestar social.

Nos vamos a concentrar en esta ocasión en el asunto de la inseguridad y la violencia en todas sus manifestaciones, especialmente el ataque a las personas, con pérdida de vidas valiosas e inocentes; así como la sustracción de bienes y posesiones materiales intermediando violencia, especialmente la física.

Y es aquí donde, por lo general, ante un ataque a un ciudadano inocente, ante el robo de sus pertenencias, ante el asalto descarado intermediando agresión física, que nos invade un profundo sentimiento de enojo, de indignación, de reclamo que, por lo general, termina en una frase injusta como “_…y no había ni un policía cerca_”.

Pues bien, aquí las críticas se dirigen, por lo general, al cuerpo policial más numeroso del país, la Fuerza Pública, misma que integran unas 14 mil personas trabajadoras asalariadas integradas en la planilla del Ministerio de Seguridad Pública (Gobierno Central).

Pero, ¿habremos dispuesto algún ratito, sacado un momento, para pensar en estas personas, costarricenses como nosotros, hombres y mujeres que decidieron optar por servir a la Patria, a la ciudadanía, desde la Fuerza Pública?; ¿nos hemos puesto a pensar acerca de las condiciones que como sociedad les damos para su delicada y peligrosa labor?… Probablemente no.

Es tal el enojo y la furia que nos generan los episodios cotidianos de inseguridad y de violencia que, no pocas veces, el “_culpable_” es la policía por no estar ahí, cuando tales episodios se escenifican. Parece que hay algo de injusticia en este subjetivo análisis, efectuado al calor del momento; por tanto, merece que reflexionemos sobre ello.

Para una reflexión justa al respecto, debemos pensar en dos ámbitos del trabajo de la Fuerza Pública: las condiciones en que éste se ejecuta, por un lado; por otro, la paga, el salario que reciben.

En cuanto a condiciones de trabajo, de espacios físicos, infraestructura; de equipo y maquinaria; de tecnología, de alimentación, de horarios y jornadas de trabajo; de trato y maltrato; de facilidades para superación técnica, profesional y académica; de acoso laboral y sexual; de las demandas judiciales que reciben, etc., etc., el balance es deficitario, deteriorado, precario, cruel y muchas veces hasta inhumano.

El país, la sociedad, el Estado, el sistema político, está en gran deuda con estos hombres y con estas mujeres; especialmente con el o con la policía de a pie, la que recorre las calles, tugurios, zonas marginales, por ejemplo.

Si lo vemos por el otro lado, la paga, el salario que reciben por esta estratégica tarea de Seguridad Ciudadana, la cosa tampoco anda bien. Hoy en día, hay “_dos_” Fuerza Pública. Una, la que gana bien y muy bien. Los mandos medios y altos: el subjefe y el jefe de “_Delta_” (así se llama el centro laboral policial); el subdirector y el director regional; el subdirector general y el director general de la Fuerza Pública. Aplaudimos que ganen bien. Nadie está en contra de ello. Es justo. Es merecido. Pero es la Fuerza Pública minoritaria.

Está la otra Fuerza Pública. La abrumadoramente mayoritaria. La de a pie. La que recibe la agresión verbal, la agresión física, la demanda judicial; la que recibe el balazo; la que debe enfrentarse cuerpo a cuerpo con la delincuencia, con el crimen organizado, con el narcotraficante (el pequeño, el grande); incluso, cuando en situaciones de total injusticia social, la mandan a desalojar humildes campesinos, gente pobre, labriegos sencillos abandonados de toda política pública, que deben “_devolver_” al propietario de la tierra el terreno invadido con el cual se mantienen sobreviviendo. Así de cruel, es la labor del policía raso, del policía de base: La Fuerza Pública mayoritaria, la mal pagada, la exprimida al máximo, la que es agredida, ella misma, por una política pública que la tiene en condiciones precarias. Aquí también se repite la historia: los de arriba… los de abajo.

En esto de los salarios de la Fuerza Pública, analice este ejemplo para que entienda porqué decimos que hay “_dos_” Fuerza Pública. Si hoy contrataran a un nuevo Director General de la Fuerza Pública, totalmente nuevo, venido de la calle, entra ganando de salario base, prácticamente un millón quinientos mil colones (1.500.000); y si este mismo día entrara un nuevo recluta, un raso o agente de policía, también venido de la calle, entra ganando 239 mil colones (239.000).

Entre ambos extremos de puestos, la diferencia es de 1.261.000 (un millón doscientos sesenta y un mil colones). El máximo jefe entra ganando seis veces más que el puesto más humilde. ¿Es esto justo?… Ve usted como hay “dos” Fuerza Pública. ¿Podemos entender ahora una de las grandes fallas de la política pública en materia de Seguridad Ciudadana? Esperamos que sí. ¿Puede esto continuar siendo así?… El tema de para más y hemos de volver ampliándolo.

Nada más y nada menos que de 20 a 25 mil millones de colones, prácticamente tirados a la basura, mejor dicho al río, al Río San Juan, en lo que podemos denominar como una gran estafa política de una “_emergencia_” nacional que nunca tuvo razón de ser, porque los “_invasores_” del Norte jamás pisarían suelo nacional, “_violentando_” nuestra soberanía.

No es que seamos defensores oficiosos del gobierno sandinista de Nicaragua, pero con cinco o menos dedos de frente, una correcta lectura de la realidad geopolítica regional y continental, y hasta mundial, podía definir como absolutamente inviable que Tiquicia fuera pisoteada por el pueblo heredero del cacique Nicarao, del gran escritor Rubén Darío, del ilustre e inmortal nacionalista Augusto César Sandino.

Desde nuestra niñez recordamos una frase muy usada en nuestros juegos infantiles para traspasar responsabilidades particulares hacia otra persona indeterminada: “_Yo no fui… fue Teté_”. Así es como estamos percibiendo como varias dependencias y funcionarios se tiran la pelota en esto de la “_piñata regalona_” de la trocha norte, mal llamada carretera Juan Rafael Mora Porras. Sí, mal llamada así porque pensamos que es inmoral que el nombre de uno de los costarricenses más emblemáticos, más insignes, más inmortales de toda nuestra historia patria, se haya asociado con la más escandalosa gestión de infraestructura pública jamás vista, donde desde el robo descarado hasta la más vulgar impericia se muestran en toda su plenitud; para ofender la dignidad de miles y de miles de costarricenses que en condiciones de precariedad social, económica y salarial, bien podrían haber aliviado su cruel situación, aunque fuera un poco, si tal cantidad de dinero, tantos millones y millones, no hubiesen sido mal empleados como ya ha quedado en total evidencia.

Entre el Conavi, la CNE, el Ministerio de Hacienda, la Casa Presidencial, el MOPT, la cancillería, el Ministerio de Seguridad, el de la Presidencia, el de Ambiente (Minaet), se pasan la pelota del “_yo no fui… fue Teté_”; sin que se tenga noción directa de nombres precisos y claros, más allá de los dos o tres pillos que se compraron casas y carros lujosos con la plata del pueblo, de la ciudadanía.

El escándalo, a su vez, contiene otros escándalos en su interior. La “_piñata regalona_” de la trocha tuvo también una “_piñatita_” de privilegio: 6 mil millones de colones fueron manejados ¡confidencialmente! Y fueron gastados antes de que se declarara la tal “_emergencia_”. 6 mil millones de colones manejados, seguramente, por una única persona, desde el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), para la clase de contrataciones de equipo y de maquinaria que, como ya sabemos, generó un camino de tierra, de barro en invierno y de destino final fijo: las aguas del Río San Juan.

Una obra vial que se hizo sin planos, sin estudios, sin previsiones de ninguna especie; ni ambientales, ni ecológicos, ni de nada. Un camino lastreado que, seguramente, habrá que reparar en seis meses o en un año para, nuevamente, sacarle un montón de plata a la gente y para que, otra vez, se la roben descaradamente.

Aparte de los 6 mil millones de colones gastados “_confidencialmente_”, hay otros 2 mil 500 millones también que están en esfera de lo fantasmal: Salieron de la CNE para el ahora tristemente célebre Conavi y, tampoco, se saben en qué fueron gastados. Es decir, de toda la plata gastada, botada, robada, también hay otra plata “_desaparecida_”: ¡8 mil 500 millones de colones! que no sabe adónde fueron a parar.

Por eso es que afirmamos que estamos presenciando el más grande escándalo con finanzas públicas de las últimas administraciones; por eso es que repudiamos que a ese camino lastreado que de seguro ha de terminar barrido por las lluvias en el fondo del Río San Juan, se le ponga el nombre de Juan Rafael Mora Porras; por eso es que el “_yo no fui… fue Teté_”, merece la más enérgica condena ciudadana a la hora de sentar responsabilidades desde lo político hasta lo ejecutivo y penal, pasando por señalar a las personas inescrupulosas del sector privado empresarial que salieron “_premiadas_” con la “_piñata regalona_” de la trocha, alquilando en no pocos casos chunches viejos y maquinaria obsoleta por cifras astronómicas.

Mientras todo esto pasa en la esfera de la “_los y las de arriba_” (que son los menos en nuestra sociedad); a “_los y las de abajo_” (que somos los más), nos tocará pagar semejante estafa vial. ¿Cuándo será el día en que decidamos que todo este relajo debe terminar de una vez por todas?; ¿cuándo será el momento en que decidamos que ya no queremos ser manejados como hasta ahora lo han venido haciendo?… Hasta el último aliento de nuestras vidas hemos de seguir pregonando que ocupamos de una nueva hegemonía para acabar con todo este orden podrido de las cosas vigentes; una nueva hegemonía que, desde abajo, deberá construirse con gente fresca, la que no está contaminada. Seguir soñando es no perder la esperanza.

…y desde que fuera fundada en el año 1943, como parte de las reformas sociales de la década de los cuarenta del siglo pasado.

Diversos grupos sociales han venido analizando esta situación y han preparado un documento que ya ha empezado a circular: “_10 medidas para comenzar a ordenar la Caja_”. De él hablaremos en sucesivas entregas. Como adelanto comentamos que se han detectado tres grandes conflictos que carcomen a la Caja: 1) El conflicto existente entre el interés público y los intereses político-partidistas. 2) El conflicto existente entre el interés público y los intereses mercantiles de quienes hacen jugoso negocio con la salud (o más bien, con la enfermedad) de las personas. 3) El conflicto existente entre el interés público y el interés gremial.

El conflicto existente entre el interés público y los intereses mercantiles, según el citado documento, “_…ha producido, por ejemplo, que se siga contratando servicios privados a un altísimo costo, como en el caso de la radioterapia, en lugar de realizar las inversiones que permitan a la Caja prestar esos servicios de forma directa a un menor costo. Incluso ocurre que en muchos casos, la Caja contrata servicios a las mismas personas que trabajan para la Caja. Se genera así un negocio redondo: el no resolver problemas durante el horario de trabajo permite luego venderle servicios a la Caja…_”. En realidad, es mejor llamar esto con la palabra que emplea el pueblo: “_chorizo_”.

Esta barbaridad, esta monstruosidad contra el interés público representado en la Caja, estuvo ocurriendo durante mucho tiempo en el Hospital México con su servicio de radioterapia, tan imprescindible para el tratamiento del cáncer.

Manos criminales, con poderosos tentáculos políticos, especialmente vinculados a lo que podemos denominar como la “_realeza médica_”, obligaron a que la Caja pagara durante los últimos nueve años, unos 15 millones de dólares a una empresa privada para que atendiera pacientes con necesidades de servicios de radioterapia; pudiendo la institución misma haber construido su propio servicio, como ahora lo está haciendo, con una inversión parecida: 15 millones de dólares, unos 7 mil 500 millones de colones.

El que la Caja brinde tal servicio de manera directa tiene un costo por paciente, entre los 600 mil y los 800 mil colones. Por el contrario, la Caja está pagando por ese mismo servicio, comprado a una empresa privada, millón y medio de colones por paciente. ¡Negocio redondo! con la salud (más bien enfermedad) de las personas. Y lo más grave de todo: personal médico y técnico que labora para la Caja (Hospital México) en ese servicio, es el mismo que ha estado trabajando para esa empresa privada. ¡Qué más constatación que ésta del conflicto existente entre el interés público y los intereses mercantiles de quienes hacen negocio con la salud de las personas!

Pero aquí no para el asunto… más bien, el negocio. Resulta ser que la Dirección Médica del Hospital México prorrogó el contrato con esa firma privada, que se llama Radioterapia Irazú, pese a que la Junta Directiva de la CCSS emitió un mandato para que no lo hiciera.

Según parece se habían detectado fallas en la calidad de servicio que tal empresa venía brindando, lo cual generó que se determinara que no convenía prorrogarle el contrato. Nos preguntamos: ¿cuál es la naturaleza de ese poder médico que desacata una orden de la máxima autoridad política de la Caja: su Junta Directiva? Según nota periodística aparecida en el diario La Nación, la empresa privada de radioterapia “_…no contaba con Contraloría de Servicios, ni se tramitaban las quejas, además de la inexistencia de controles de calidad sobre los tratamientos. También se detectó que un grupo de los pacientes no tuvo citas de seguimiento ni hubo control radiográfico posterior a los tratamientos en acelerador lineal_”. ¿Entonces? ¿Cómo es que la Dirección del Hospital México le pasó por encima a estos “_detalles_” de incumplimiento de la empresa privada en algo tan vital en el tratamiento de pacientes con cáncer?…

Autocríticamente debemos asumir nuestras propias responsabilidades gremiales siendo cómplices por omisión (para decirlo lo más “_suavemente_” posible) de que esto estuviera pasando, durante tanto tiempo, ante los ojos de prácticamente todas las agrupaciones sociolaborales y profesionales que tienen vida al interior de la Caja. Algunas agrupaciones hemos decidido asumir nuestra responsabilidad histórica en el actual marco de condiciones críticas que enfrenta la CCSS y proponer medidas correctivas a todo esto, pero sin quitar derechos laborales consolidados que ya tiene la inmensa mayoría de la población trabajadora institucional que no es integrante de los “_estamentos reales_” del gremialismo corporativo que forma parte del segmento más rico del país. Ha llegado la hora de hablar claro de todo esto: la Caja es del pueblo, no de los dirigentes sindicales.

…el camino paralelo al Río San Juan, que la Presidenta Chinchilla Miranda ordenó ejecutar como respuesta a la “_invasión_” nicaragüense. Este asunto amenaza con convertirse en el más grande escándalo de corrupción del presente Gobierno. Estamos hablando de que se habrían gastado ya unos ¡20 mil millones de colones! Pero podrían ser más, mucho más.

Nadie sabe todavía los nombres de esas personas; nadie sabe quién las escogió, quién las designó; que atestados reunían; si tenían vínculos, directos o indirectos, con empresas constructoras, consultoras y otras del mismo tipo. No se conocen sus actas, no se sabe cómo procedían para determinar qué se pagaba y qué no se pagaba. Todo indica que las respuestas a estas y otras preguntas conexas están en la propia Casa Presidencial.

Lo más importante de esta indignante y vergonzosa situación es que no la dejemos en el olvido. Sería un crimen contra toda la sociedad que el asunto se desvanezca con el tiempo y que los verdaderos responsables, los gestores políticos, los que tomaban las decisiones del gasto de tanta plata, queden en la impunidad.

Aunque ya se conocen los tres nombres de los presuntos implicados, pareciera que no son los peces “_gordos_” en todo esto. Falta mucho por salir a flote. Que la junta directiva del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), ente público encargado directo de la obra, haya sido dejado de lado, “_ninguneada_” como diría nuestro pueblo, es una de las más delicadas situaciones de esta “_piñata regalona_” que debe ser esclarecida.

El Conavi debería ser intervenido por una junta ciudadana sin vínculos partidistas ni gobiernistas y su junta directiva destituida. Si ya estaba “_ninguneada_” para qué mantenerla.

El exministro del MOPT, don Francisco Jiménez Reyes, debe explicar demasiadas cosas. Es difícil de entender cómo la Presidenta Chinchilla Miranda lo echó del Gobierno si fue él quien le dijo del chorizo, de la “_piñata regalona_” en que se estaba convirtiendo la construcción de la trocha norte. Al indicado jerarca siempre se le consideró una de las figuras ministeriales más poderosas del presente gobierno, razón de más para considerar que su conocimiento del asunto es profundo y que es imposible creer que sus subalternos en el Conavi procedieran tan a la libre como para que él no estuviera al tanto de sus movimientos.

Y qué decir con relación a las empresas constructoras contratadas, muchas de las cuales no estaban registradas como lo ordena la ley, por ejemplo, ante el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA). ¿Qué fue lo que pasó aquí? Los pocos datos que se tienen indican que el tortón ya se veía venir, al punto de que una viceministra del MOPT y el jerarca ejecutivo de máximo nivel del Conavi salieron de sus cargos, así como en carrera, pocos días antes de que quedara en evidencia hasta qué punto habría llegado la “_piñata regalona_” de la trocha norte y sus 20 mil millones de colones evaporados.

Bien es sabido la especie de triángulo perverso que se ha venido desarrollando en este asunto de la infraestructura pública: el MOPT, la política tradicional y las empresas constructoras privadas. La figura de la concesión y la figura de la desconcentración vía consejos ha generado una especie de negocio redondo para ciertos grupos de gran poder económico cuyos tentáculos han llegado hasta las mismas instancias de control del gasto público y contaminado la transparencia con que éste debe ser manejado.

Parece que como país hemos protagonizado un ridículo internacional ante la controversia que este gobierno desató con su homólogo del norte con respecto a la isla Calero; un asunto que por suerte no involucró a los respectivos pueblos más preocupados en la lucha por su sobrevivencia diaria que en esos pleitos de palacio generados para desviar la atención de los verdaderos problemas nacionales de ambos países.

Seguimos sin comprender cómo es que la manipulación patriotera de esta situación que hizo el gobierno costarricense, haya llegado al punto de que la construcción de esa trocha fuese declarada como un asunto de “_emergencia nacional_”; a sabiendas de que cuando se emplea esta figura para disponer de recursos públicos quedan eliminados todos los procedimientos de contratación y todos los controles quedan, prácticamente anulados, quedando en poquísimas manos el manejo de cuantiosas sumas de dinero con todos los riesgos que ello conlleva.

Una buena acción investigativa de parte de los órganos judiciales competentes debe mostrar profunda contundencia e implacabilidad. Si la “_piñata regalona_” de la trocha norte generó tantas dádivas, el pueblo necesita saber toda la verdad de quienes son sus protagonistas directos e indirectos.

En esto de las dádivas queda mucha tela que cortar. Recordemos, por ejemplo, que el propio Oscar Arias Sánchez, en su gestión gubernativa anterior, ofreció una de 80 mil millones de colones a la clase trabajadora de Japdeva para que ésta aceptara la privatización de los muelles de Limón y de Moín. Una acusación al respecto duerme el sueño de los justos en la Fiscalía General de la República. Ojalá que no pase lo mismo con las dádivas de la “_piñata regalona_” de la trocha norte.

Según notas de prensa, al parecer debido al golpe, “_las bolsas de aire se activaron y la golpearon_”; situación ésta que pone en riesgo a personas al volante, especialmente si son de baja estatura o que conducen el vehículo muy pegadas al volante. Respetuosamente expresamos a la familia doliente un sincero pésame.

Se está desarrollando una polémica sobre esta cuestión de las bolsas de aire (“_airbag_”, en inglés), a propósito de la discusión parlamentaria de la nueva ley de tránsito, con la pretensión de algunos legisladores oficialistas de insistir en que su uso, sea totalmente obligado; cuando, en un principio la moción original de rigor aprobada al efecto, estableció su carácter voluntario, a juicio de la persona que decidiera comprar un vehículo usado o uno nuevo.

Confesamos que en lo personal ni tenemos vehículo ni sabemos manejar. Por eso para hablar del tema buscamos información al respecto, sorprendiéndonos de la cantidad de argumentaciones técnico-medicas, totalmente alejadas de lo político, que indican que el mejor dispositivo de seguridad al volante es el cinturón y no la bolsa de aire. Todas las personas que nos hacen el honor inmenso de leernos, semana a semana, en esta columna, saben de la naturaleza de nuestro trabajo social. Así que no representamos interés de negocio alguno en esta cuestión.

Por ejemplo, una entidad de gran respeto y prestigio planetario, como lo es la Organización Mundial de la Salud (OMS), ha recomendado a los países el “_establecimiento y aplicación de leyes que exijan el uso de cinturones de seguridad y de sillas de seguridad infantiles para los ocupantes de los vehículos motorizados_”.

Otra entidad de credibilidad al respecto como el Colegio Americano de Médicos de Emergencia (Estados Unidos), “_considera el uso de cinturones de seguridad y sistemas de retención infantil como la mejor protección contra la expulsión del vehículo en caso de accidente…_”.

Por otra parte, el Instituto de Seguros para Seguridad en Carreteras de Estados Unidos, hizo un estudio al respecto determinando que “_la investigación sugiere que en comparación con las versiones que sustituye, las bolsas de aire nuevas, necesarias en todos los vehículos a partir de 2008 y en algunos ya en 2004, puede generar a los conductores un mayor riesgo de muerte_”.

En Costa Rica, la Defensoría de los Habitantes de la República, le indicó a la Asamblea Legislativa que “_al considerarse que, desde el punto de vista técnico, las bolsas de aire constituyen un sistema de protección supletorio a los cinturones de seguridad, no resulta conveniente que dicho dispositivo se constituya en una obligación para los y las habitantes. Obligatoriedad que sí se debe mantener en lo referente a la exigencia de los cinturones de seguridad_”.

Además, el Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica emitió su criterio, “_…al no considerar necesaria la implementación obligatoria de sistemas de bolsa de aire para protección de los pasajeros de los asientos delanteros en vehículos_”.

Los argumentos indicados (entre otros), generados por esas entidades de tanta seriedad y credibilidad, nos han motivado a pronunciarnos al respecto; considerando, además, que no todas las personas en este país pueden comprarse un vehículo nuevo para viajar al trabajo todos los días, un camioncito nuevo para acarrear productos agropecuarios al mercado, un tráiler nuevo para transportación de grandes cantidades de mercadería, un “_chuzo_” para pasear con la familia en fines de semana.

Estamos hablando de la generalidad de la gente ciudadana, de la clase trabajadora de este país que solamente ha tenido acceso a este tipo de vehículos en condición de usados y que así seguirá siendo, dada la concentración abusiva de la riqueza que experimentamos como país; que hace que el “_gajo_”, la “_cacharpa_”, el carrito humilde y sencillo (sin decirlo despectivamente), es la única posibilidad de este tipo de familias y personas de tener su propio vehículo para necesidades de transporte cotidiano, para el comercio de sobrevivencia, para una modesta traslación recreativa en fines de semana y en días festivos.

Los costos de las bolsas de aire, por otro lado, son altos para este tipo de población que es la mayoritaria en el país. El costo de las dos bolsas delanteras, en promedio, asciende a dos millones de colones; y son tan sensibles que en este país donde no faltan los malos caminos y carreteras, un golpecito activa el par de bolsas conjuntamente, echándose a perder; y, nuevamente, ¡a pagar otros dos millones para reponerlas porque serían obligatorias! Si no hay plata para pagar las primeras, ¿de dónde se cogerá para pagar su reposición?… Estas bolsas son desechables y ante “_un mirame no me toqués_” quedan inservibles.

Algunas otras informaciones en nuestro poder indican que, presuntamente, podría haber aquí una especie de “_mar de fondo_” en cuanto a cierta y poderosa presión empresarial para imponer el uso obligatorio de esas bolsas de aire; partiendo de ciertas preferencias electorales de algunos hombres de negocios interesados en un nuevo nicho de lucro mercantil y quienes habrían sido contribuyentes de campaña.

Nosotros esperamos que esto no sea así. Sin la obligatoriedad y considerando quiénes realmente pueden comprarse un “_auto nuevo de paquete_”, siempre habrá mucha plata para ganarse; sin que se tenga que exprimir más al pueblo trabajador, imponiéndole tal medida. Con lo que pasó en San Ramón, casi que estamos ante un dilema: “_la bolsa ó la vida_”.