Categoría: Opinión

Estas fuerzas se mueven (entre otros), en los espacios sociales, sindicales, populares, cívicos, ambientalistas, agropecuarios, campesinos, estudiantiles, eclesiales, de mujeres, académicos, de los sectores cuentapropistas… y hasta empresariales.

En diversos espacios intersectoriales, según nuestras fuentes de información dignas de todo crédito, y por nuestra propia experiencia directa; están en desarrollo diversas sensibilidades que van conjuntándose, unas con otras, manifestando la urgente tarea de una recomposición y de una rearticulación de fuerzas para asumir una convergencia de acciones en pro del bien común.

Hay un consenso, a veces tácito, a veces explícito, acerca de que la actual hegemonía política dominante en nuestra Patria, esa que podríamos denominar como la de “los de arriba”; sigue apostando por la corrupción, por el tráfico de influencias, por la venta total del patrimonio institucional propiedad del pueblo, por la concentración abusiva de la riqueza, por el deterioro de valores morales y éticos, por la anulación de la división republicana de poderes, por los bajos salarios casi congelados, por la violencia criminal en desarrollo, y por el avance en el tejido social del crimen organizado y su principal expresión, el narcotráfico.

Desde “los de arriba” insisten en la perpetuación de la injusticia tributaria y por una permisividad cómplice con la evasión de impuestos; por obligar a pagar más impuestos a los y a las de abajo, quienes pagan más proporcionalmente hablando. Sí, pretenden perpetuar la injusticia de que más de un 70 % de los impuestos que se recaudan son indirectos y solamente menos del 30 % son directos (a las grandes rentas, a los grandes capitales).

Efectivamente, se está gestando esa rearticulación patriótica y cívica pero desde abajo, desde la gente, desde los y las de abajo, desde sus organizaciones; sin ningún “agente contaminante” proveniente del escenario electorero tan usual en nuestra cotidianeidad politiquera.
Como sabemos, estos procesos de convergencia de la gente y de sus organizaciones civiles, han mostrado gran efectividad en importantes momentos de la historia de nuestra querida Patria, algunos de gran significado en los últimos 25 años.

Con contundencia ha quedado claro que no es cierto que seamos un pueblo domesticado y que no seamos capaces de entender cuál es la profundidad de los cambios que requiere nuestra sociedad si logramos que el eje central de toda acción política, pública y privada, se inspire en la senda del bien común, del bienestar del mayor número; especialmente en estos “tiempos de TLC’s”.

Ahora lo que estamos viendo, viviendo, sintiendo, sufriendo y experimentando, es todo lo contrario: pocos, que se siguen volviendo más pocos cada día que pasa, siguen en incontenible fiesta de acumulación, con tanta soberbia y ostentación que han decidido pasarle por encima a todo lo que ose desafiarles y a todo lo que les obstaculice, incluida, la mismísima institucionalidad republicana.

Resulta más que necesario recordar que nuestras rearticulaciones, nuestras convergencias, nuestras recomposiciones de fuerzas, cuando han cristalizado, generan profundo miedo en esa hegemonía dominante, la de los excluyentes de arriba; al punto de que son capaces de hacerle trampa a la institucionalidad democrática con el único afán de lograr su propia perpetuación en el poder y, por ende, darle más velocidad a su voracidad concentradora de la riqueza.

Hubo trampa cuando se aprobó la reelección presidencial; hubo trampa en las elecciones del 2006; hubo trampa en el referéndum del 7 de octubre de 2007; hubo trampa en el trámite parlamentario de la agenda de implementación del TLC; hubo trampa intentando lo de Crucitas; hubo trampa intentando la privatización de los muelles de Limón y de Moín. Ahora hay trampa en el proceso de apertura de las telecomunicaciones; como trampa hubo para aprobar la apertura de los seguros de Riesgos del Trabajo…

Y así podríamos seguir hablando de trampas y trampas y más trampas; todas con una única finalidad estratégica: acabar con la legendaria tradición histórica del desarrollo de nuestra institucionalidad preocupada por el bien común y por el bienestar del mayor número, pese a factores excluyentes y diferenciaciones de clase inocultables, siempre existentes.
Del lado de los y de las abajo, que es nuestro lado, las experiencias nos han enseñado muchísimo. Sin duda alguna, habrá riquísimos aportes para hacerle frente a las nuevas trampas, ya en desarrollo, que pretenderán abortar la regeneración cívica en proceso pero que no lo lograrán. Vienen grandes luchas en estos “tiempos de TLC’s”. ¡Alistémonos!

…dándonos cuenta de un asunto que, en su momento y durante la gesta histórica del Movimiento Patriótico del No al TLC con Estados Unidos, muchísimas personas y organizaciones planteamos, en aquellos momentos de tan relevante lucha cívica, como uno de los aspectos más graves, dañinos y perniciosos de dicho “_tratado comercial_” que, finalmente, se le impuso al pueblo costarricense.

Desde el pasado día 1 de enero, según ese TLC, el sistema de Riesgos del Trabajo (RT), sufrirá una transformación profunda, pasando de ser concebido como una de las más importantes Garantías Sociales a favor de la clase trabajadora, a ser visto como un asunto mercantil, como una cuestión de negocios, generadora de lucro privado para unos cuantos emporios empresariales, por lo general transnacionales.

Como sabemos, éstos, uno a uno, están llegando al país para apropiarse de todas aquellas joyas institucionales que conformaron lo que conocimos como el Estado Social de Derecho, generador de mucha paz social a lo largo de varias décadas, desde que quedara establecida la Constitución Política actualmente vigente, el 7 de noviembre de 1949. Es más, este seguro ya estaba contemplado desde la propia promulgación del Código de Trabajo, como parte esencial de las Garantías Sociales, surgidas a la luz de los derechos laborales en los años 1942 y 1943.

Nos indica el citado legislador, tal y como fuera advertido en su momento, que se autoriza a empresas privadas a hacer negocios con el seguro de Riesgos del Trabajo (RT), sin ninguna garantía de cobertura universal como ha sido hasta hoy en día. Se venderá este tipo de seguros, por ejemplo, para ejecutivos de corporaciones y otros sectores de ingresos altos pero con riesgos bajos; pero no habrá interés mercantil en asegurar a gente trabajadora de bajos ingresos y riesgos altos, como los obreros agrícolas, industriales o de la construcción, para indicar solamente algunos de los amplios grupos laborales que no son “_nichos de mercado_” rentables en materia del seguro RT en el marco del TLC.

La denominada “_apertura_” del mercado para los seguros RT destruye varios de sus históricos principios como el de Obligatoriedad para los patronos, el de Universalidad (todas las actividades laborales), el de Servicio al Costo (destinar los excedentes anuales para mejorar la prestación médica de atención en salud por accidentes de trabajo). Todo esto le fue ocultado al pueblo costarricense por los más fanáticos y acérrimos defensores del Sí al TLC, muchos de los cuales hoy ocupan puestos relevantes en la Administración Chinchilla Miranda. A toda la clase trabajadora, a la que estuvo concientemente con el No, tanto como a la que manipulada y obligadamente estuvo con el Sí, se le mintió descaradamente al respecto.

Nos imaginamos que los espíritus del expresidente Rafael Ángel Calderón Guardia, de monseñor Víctor Manuel Sanabria Martínez, así como el del licenciado Manuel Mora Valverde, arquitectos de esas Garantías Sociales, junto al movimiento sindical de la época, deben estar furiosos por este ataque mortal al RT que anuncia lo que le pasará, finalmente, a todo el Código de Trabajo.

Lo del RT es tan grave que en lo que respecta al principio de Universalidad, prácticamente ya no habrá obligación de dar atención ilimitada e inmediata a personas trabajadoras accidentadas que no están aseguradas por sus respectivos patronos (aunque a éstos se les cobra después esa atención), como ha venido sucediendo a lo largo de estos prácticamente 70 años de tener en Costa Rica el RT bajo la concepción de Garantías Sociales.

El diputado Villalta se encarga de proporcionarnos algunos datos que indican el tamaño de la maldad ejecutada por los negociadores de ese TLC, pues, por ejemplo, solamente en el 2010, se tuvo que atender a 6 mil personas trabajadoras accidentadas o con enfermedades laborales, que no estaban aseguradas y, sin embargo, tuvieron esa atención ilimitada e inmediata pese a que sus respectivos patronos eran evasores de su responsabilidad para con el seguro RT.

Con un seguro RT bajo concepción mercantil, de lucro privado, de negocio empresarial, esas personas accidentadas quedarán abandonadas a su suerte, sin esa atención, considerada como de altísima calidad según la han venido brindado la medicina laboral a cargo del Instituto Nacional de Seguros (INS).

Esta alta traición a uno de los derechos más sagrados de la clase trabajadora costarricense (y también migrante porque el RT solidario les cubría), llevó en su momento a que el mismísimo Presidente Ejecutivo del INS en ese entonces, don Germán Serrano Pinto, denunciara que tal “_negociación_”, más bien entrega a lo malinche, fue realizada a sus espaldas, sin ningún tipo de consulta.

Bien haría el jefe de don Germán en aquellos momentos de traición, el hoy expresidente don Abel Pacheco de la Espriella, salir a rendir cuentas de si él también fue “_engañado_”, ó fue con su complicidad y su autorización que se cometió este atroz crimen (como lo llama el señor diputado Villalta), en contra de las Garantías Sociales.

Afortunadamente, el señor diputado del Frente Amplio presentó una acción de inconstitucionalidad contra las normas de ese TLC que obligan a tratar el seguro de Riesgos del Trabajo como un seguro comercial más. El alto tribunal constitucional de la República, la Sala IV, tiene en su conocimiento este asunto y esperamos que, como se trata de una aberración jurídica de calibre mortal para la Seguridad Social costarricense (o lo que queda de ella), resuelva a favor de la clase trabajadora.

No obstante, le toca al pueblo trabajador, de los sectores Privado y Público, así como a sus organizaciones de todo tipo, asumir la tarea histórica de rescate del asalto al Seguro de Riesgos del Trabajo (RT). Con la Democracia de la Calle, siempre, siempre, válida y legítima, podemos parar esto.

De los 50 estados de la llamada “_unión americana_”, 46 van para la quiebra en el 2011 si no reciben rescate desde el gobierno federal. California, la economía estatal gringa más grande de ese país, llegó al colmo de liberar presos antes de que terminaran su condena, por no poder mantenerlos dentro de las prisiones, dada su situación fiscal de práctica quiebra.

Se acortan cursos lectivos, se despiden profesores, muchas ciudades quedan por las noches iluminadas a medias para abaratar la factura del alumbrado público municipal.

El desempleo afecta, según datos oficiales, a casi el 10 % de la población trabajadora asalariada estadounidense, aunque se dice que ya está por el 17 %, considerando otros millones de personas que se resignaron a su suerte y ya no buscan trabajo, por tanto, desaparecieron de las estadísticas oficiales.

El avance de la desigualdad en lo que para muchos ya es “_la otrora potencia hegemónica del planeta_”, es espantosamente brutal, descarnadamente inhumano, violentamente anticristiano.

Pese a ese dramático panorama de injusticia social que nadie creyó jamás que pudiera manifestarse en los mismísimos Estados Unidos de América (el modelo de “_democracia_” que se nos impuso para imitar); dos poderosísimos sectores de desorbitada influencia en el gobierno USA están sin control alguno, desaforados, expoliando y explotando al máximo al hoy empobrecido pueblo trabajador gringo, dejándolo completamente exangüe, sin ninguna fuerza, prácticamente aniquilado.

Por un lado hablamos de su sector bancario radicalizado al máximo, en procura de la reproducción abusiva del capital financiero en niveles jamás vistos. Este sector fue el generador fundamental de la gigantesca situación de crisis que vive Estados Unidos, al dar pie a una cadena de quiebras bancarias, todas impunes, por supuesto.

Sin pudor alguno acudió al otrora odiado Estado y recibió cantidades inimaginables, orgiásticamente astronómicas, de fondos públicos que tendrán que aportar quienes nada tuvieron que ver con esa crisis: la clase trabajadora. Se estableció así el más grande monumento político a la perversa tesis neoliberal de “_privatización de las ganancias y socialización de las pérdidas_”.

Los banqueros, “_banksters_” (alusión a la palabra “_gánster_”), que llevaron a la quiebra casi total a Wall Street, siguen en libertad, recibiendo jugosísimas prebendas pese a su irresponsabilidad descomunal por su codicia insaciable. Esto ha indignado tanto a la ciudadanía honesta estadounidense que hasta el Premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, acaba de sentenciar que si no van a la cárcel esos banqueros delincuentes, la economía no se recuperará, porque habrán de cometer, otra vez, los mismos delitos en su carrera desenfrenada por los tórridos senderos de la avaricia; arrastrando, como ya lo hicieron, a millones, pero millones, de inocentes como esos 43 millones que comen una vez al día “_gracias_” a un cupón de beneficencia.

El otro sector de perniciosa influencia en el seno del decadente poder oligárquico gringo, es el militar. Éste recibirá en el 2011, un presupuesto de 708 mil millones de dólares, recibiendo 159 mil millones más que en el 2010, cuando gastaron 549 mil millones en las guerras intervencionistas de Afganistán, Irak y Pakistán; así como para mantener sus bases militares, unas 800, a lo largo de todo el planeta.

Y es que el sector militar gringo es la única _“fuente de poder_” que les queda para seguir intimidando pueblos y gobiernos que no se les someten. Esto está generando gran preocupación en sectores planetarios del más diverso orden y procedencias, por cuanto la desesperación de la élite de poder gringa ante el deterioro de su incidencia global y la disminución de su nivel de influencia, vuelve a sus militares y políticos más cavernícolas y reaccionarios, altísimamente peligrosos, capaces de cualquier locura bélica; destacándose no pocas provocaciones militares que vienen mostrando, como las que estamos viendo por la América Latina, con distintos disfraces.

Muchos analistas coinciden en que la bancarrota estadounidense es profunda y hay muchos datos que así lo estarían testimoniando. Es abundante la información que al respecto se puede obtener por medio de la internet, pues a nivel tradicional casi nada de esto sale a la luz pública, dado que los conglomerados mediáticos monopólicos u oligopólicos globales, forman parte de esa élite estadounidense gobernante en decadencia.

Fíjense ustedes que cada 24 horas, la economía gringa necesita una inyección de dinero fresco del orden de los 3 mil millones de dólares que, por lo general, los obtiene colocando bonos del tesoro en países como China y los árabes, dando como resultado que hoy en día Estados Unidos es la economía más endeudada del planeta.

Mucho se está analizando, estudiando, escribiendo sobre el proceso de decadencia de la “_otrora potencia hegemónica del planeta_”. Quizás estemos en las puertas de un fenómeno histórico de trascendental importancia para el futuro de la Humanidad. Ojalá que si se da, sea con base a una lógica en pro de la vida; no, como parece, desdichadamente, con una lógica a favor de la muerte… de la muerte de millones. Las conciencias sanas del planeta representan la esperanza.

Las autorizadas encuestas del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC); el reporte del 2010 emitido por la Comisión Económica para la América Latina (CEPAL), de las Naciones Unidas (ONU); el más reciente informe del Estado de la Nación; y para que no nos falte, el informe último del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), no dejan lugar a dudas al respecto: Costa Rica no solamente no reduce la pobreza, sino que ésta crece; aumenta el número de familias en situación de vulnerabilidad de pobreza; y, crece, sin freno, la desigualdad. Estamos involucionando en materia de integración e inclusión social.

Si consideramos que casi la mitad de la población económicamente activa del país en estos momentos, genera sus ingresos producto de su trabajo en el mercado informal y el cuentapropismo; si consideramos que una de cada tres personas trabajadoras asalariadas en empleo formal en el sector Privado, gana por debajo del mínimo de ley o en la línea de éste; si consideramos que el actual nivel de esos salarios mínimos es insuficiente y empobrecedor; si consideramos, también, que la gran mayoría del personal al servicio del sector Público ha vivido una política salarial restrictiva durante los últimos gobiernos; y si consideramos que la política pública ha dejado a su suerte, estratégicamente hablando, a las micro, pequeñas y medianas empresas, siendo que éstas constituyen casi el 90 % del parque productivo nacional; entonces aquí hay que ser contundentes e indicar que la pretensión de subir el impuesto de ventas, del 13 al 15 %, representa una agresión económica descomunal, aceleradora de ese pernicioso proceso de crecimiento de la desigualdad y, por tanto, de obligado rechazo ad portas ante las necesidades y realidades económicas actuales de la familias de la clase trabajadora. La “gente de abajo” ya ha sido suficientemente castigada con el profundamente regresivo sistema tributario costarricense.

Es por el lado de la acumulación de riqueza que deberían considerarse ciertos cambios tributarios, como por ejemplo, sobre las ganancias de capital, sobre generación de intereses a partir de montos relevantes, sobre los ingresos de costarricenses en el extranjero. Nosotros somos del criterio de que el país ocupa una profunda transformación tributaria estructural y ésta debe ser la orientación principal de cualquier reforma tributaria: hacia la progresividad en los impuestos, únicamente.

Es más que urgente una especie de declaratoria de emergencia nacional en este asunto de la recaudación tributaria. La Contraloría General de la República ha formulado, de manera reiterada, señalamientos estratégicos para el fortalecimiento de la gestión de cobro de impuestos y para atenuar la escandalosa evasión en todas sus formas, tanto la tolerada y admitida por razones de corrupción; como aquella que se da por las debilidades de gestión. Por ejemplo, se ha llegado a niveles de tanta irresponsabilidad en esta materia, que la Policía Fiscal del país, ni siquiera llega a las ochenta personas.

Importantísimo es que se genere un proceso de consulta con el especializado personal tributario y aduanero, abrumadoramente honesto, el cual tiene extraordinaria experiencia acumulada como para generar propuestas correctivas, de fondo, en el combate a todas las formas de evasión, teniendo claro cómo idear el desenmascaramiento de la amplia gama de triquiñuelas que se implementan para eludir la responsabilidad tributaria que obliga la convivencia democrática en paz social. En el Ministerio de Hacienda existe una dirigencia sindical de alto profesionalismo, aquilatada honradez y alta conciencia social, deseosa de dar su aporte en tal sentido.

Rechazamos caer en el histerismo neoliberal sobre la reducción fundamentalista del déficit fiscal. Una sociedad puede manejar ciertos niveles de déficit combinando una serie de variables de política fiscal y económica con sesgo redistributivo y con real justicia tributaria. Igualmente, hay que empezar a denunciar los chantajes a que países como los nuestros son sometidos por las calificadoras de riesgo-país convencionales, las cuales quedaron muy desacreditadas ante las realidades dejadas por la crisis financiera e inmobiliaria internacional de 2008 y 2009. Debemos empezar a considerar las posibilidades que nos ofrece el IRPA: Índice de Riesgo País Alternativo, dado a conocer este año, con el que nos iría mejor ante los desafíos de la inversión extranjera.

Queremos alertar contra los falsos defensores del pueblo trabajador que en el parlamento y fuera de él, trabajan a favor del gran capital y que en el caso de transformaciones impositivas por el lado de las grandes rentas, asumirán falsas posiciones a favor de “los y las de abajo”. Ya los hemos de ver pegando el grito al cielo, manipulando ante la opinión pública las necesidades y congojas económicas de las clases populares, para de tal forma encubrir su real defensa de los intereses de los grandes grupos económicos que, de una manera u otra, están representando en el parlamento. Estas personas fariseas deben ser denunciadas fuertemente a la hora en que salgan contra la necesidad de justicia tributaria por el lado del gran capital y de las grandes rentas. Es_ “la gente de arriba”_ la que ahora debe asumir responsabilidades tributarias plenas.

En el caso de nuestro país, donde la palabra “sindicato” es sinónimo de despido, ipso facto, en no pocas empresas privadas, esta lucha es de profunda esencia democrática. Es más, es una lucha por la defensa de los Derechos Humanos.

El próximo viernes 10 de diciembre, celebraremos el Día Internacional de los Derechos Humanos, recordando la proclamación planetaria de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, precisamente ocurrida el 10 de diciembre de 1948.

Es éste uno de los mayores logros de la Humanidad, pues se trata de un conjunto de reglas básicas de convivencia y de valores que toda sociedad que se precie de democrática debe respetar.

Esta histórica declaración se dio en el marco del surgimiento de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Costa Rica fue estado fundador de la misma y uno de los países originalmente firmantes de ese valioso instrumento del Derecho Internacional, como lo es la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Esta declaración proclama en su artículo 23, inciso 4 que “Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses”. Es decir, afiliarse a un sindicato, ser delegado, ser dirigente del mismo, es tener acceso a un derecho humano que es universalmente reconocido ya no sólo por esa histórica declaración de 1948.

Después de la misma y en el caso de nuestro continente, América, se han dado otras proclamas, convenciones y protocolos en materia de Derechos Humanos que hacen hincapié, refuerzan, explicitan que es un derecho humano ser integrante de un sindicato.

Por ejemplo, en ese mismo año de 1948, se emitió la “Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre”, indicando en su artículo XXIII que “Toda persona tiene el derecho de asociarse con otras para promover sus intereses legítimos de orden político, económico, religioso, social, cultural, profesional, sindical o de cualquier otro orden”. Resaltamos la palabra “sindical” que indica su carácter de derecho humano fundamental.

Por tanto, el sindicalismo tiene rango universal de derecho humano fundamental, de la misma estatura jurídica que es el tener derecho a una nacionalidad; a la propiedad (individual y colectivamente); a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; a la libertad de opinión y de expresión; en fin, el tener derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad.

Esta circunstancia es producto de relevantes antecedentes desde varias corrientes filosóficas, ideológicas, políticas y hasta religiosas. En este último caso, nos interesa hablar un poquito sobre el pensamiento de la Doctrina Social de la Iglesia Católica, el humanismo cristiano, con respecto a los sindicatos.

El actual Papa Benedicto XVI nos recuerda la histórica encíclica social del Papa Juan Pablo II, Laborem Exercens, de 1981, en la cual se indica que los sindicatos tienen una importancia estratégica pues son “un elemento indispensable de la vida social”.

De ello habló el actual jefe máximo del catolicismo universal con ocasión de un discurso suyo ante el movimiento sindical de Italia, el sábado 31 de enero de 2009, afirmando y refiriéndose a los y a las sindicalistas de que “el mundo necesita personas que se dediquen con desinterés a la causa del trabajo respetando plenamente la dignidad humana y el bien común” y agregando que la Iglesia “aprecia el papel fundamental de los sindicatos…”.

En el Día Internacional de los Derechos Humanos debemos señalar con el dedo acusador a quienes persiguen a los sindicatos, a quienes despiden a una persona trabajadora por afiliarse a un sindicato, a quienes calumnian a los sindicatos y los difaman y los injurian. Debemos ser enérgicos e indicarles que están actuando en contra del Derecho Internacional, en contra de los Derechos Humanos, en contra de los principios del humanismo cristiano. En esencia, estas conductas son antidemocráticas, son dictatoriales, son autoritarias.

Hablando en términos del catolicismo, podríamos decir que esas personas que combaten el sindicalismo desde el seno de la misma Iglesia Católica están, en consecuencia, actuando en contra de su Doctrina Social, en contra de los dictados papales que resaltan el papel de los sindicatos en defensa de la clase trabajadora.

Por tanto, son apóstatas, es decir, reniegan de esa doctrina al promover organizaciones obreras de corte antisindical, instigando para despedir a quienes se afilian a un sindicato o deciden formar uno. Se convierten en agentes del capital con ropaje clerical y van en contra, por tanto, del verdadero sentido y significado filosófico del humanismo cristiano en defensa de los derechos de las personas trabajadoras asalariadas.

En el Día Internacional de los Derechos Humanos, resaltamos nuestro orgullo de ser sindicalistas.