Sra. Presidenta: Ó los negocios de la electricidad; ó plata para sus promesas

Es decir, solamente se discutirá lo que diga la Casa Presidencial. Bueno, desde el punto de vista del poder formal, porque desde el poder real la directriz ya fue dictada.

Dentro de las metas estratégicas de los sectores de gran poderío económico que tienen tentáculos de peso en el propio Gobierno, en la Asamblea Legislativa y en otras instituciones del sistema republicano; el negocio con los servicios de electricidad es un manjar tan apetecible como lo está demostrando ser, el de las telecomunicaciones y el de los seguros comerciales. Y el del agua que ya se asoma.

Más allá de los detalles técnicos envueltos en este asunto de la electricidad, el capital y el potencial del país al respecto que, básicamente, se ha desarrollado al amparo del ICE, es el mejor de toda la América Central. De ahí que la posibilidad de que se exporte electricidad a los países vecinos es algo sumamente tentador.

Por eso, lo que llaman la “apertura” eléctrica, en realidad, no es más que buscar una ley para desarrollar al máximo, sin misericordia, el llamado “mercado” eléctrico. Ni más ni menos que una nueva fuente de acumulación y de concentración de riqueza, a partir de un bien público que fue conceptuado, construido y desarrollado para servir a toda la población, bajo criterios de universalidad y de costo solamente necesario para su mantenimiento y reproducción. Ya habrá oportunidad para que ahondemos en los aspectos y en los detalles de este negocio que, sin duda, será en detrimento del bienestar de la mayoría de la población.

Tenemos entendido que la Presidenta Chinchilla pondrá en la agenda legislativa de agosto, el proyecto de ley de electricidad, como su iniciativa “estrella”, altamente prioritaria para así saciar la glotonería de ese poder económico urgido de tal legislación a su favor. Bien fuerte debió haber sido el golpe dado en el escritorio de doña Laura por parte del señor Rodrigo Arias Sánchez, integrante del dúo presidencial del gobierno anterior y con interés directo en el asunto, como para que esta ley tenga prioridad en el debate parlamentario.

Por el contrario, desde nuestra perspectiva, no hay cosa más urgente en este país que entrarle duro al tema de la ya prolongada injusticia tributaria, cuyo sistema es altamente regresivo (pagan impuestos proporcionalmente más, los que menos tienen: entre éstos, las personas trabajadoras asalariadas, así como las micro, pequeñas y medianas empresas).

Esta situación es la causa principal para que estemos viviendo en carne propia las consecuencias de un acelerado proceso de concentración de riqueza y de crecimiento de la desigualdad. Las brechas sociales entre los poquísimos que tienen demasiado y la enorme mayoría que tiene muy poco, está generando toda esa tensión social que se manifiesta, por ejemplo, en una enorme cadena de hechos violentos: robos, asaltos, estafas, crímenes, violencia doméstica intrafamiliar; y, hasta ayuda a explicar la creciente y preocupante manifestación violenta de la juventud estudiante.

Doña Laura hizo promesas de políticas públicas correctas, para, precisamente, atenuar la profundización de esa brecha social creciente. Destacan el supuesto fortalecimiento de los CEN-CINAI y las “redes de cuido”, especialmente de corte infantil. En materia de seguridad ciudadana, ella hasta se atrevió a dar una cifra de inversión y la puso en sus vallas publicitarias. Habló de nada menos que de 57 mil millones de colones para seguridad. Mencionó el problema de los salarios mínimos fortaleciendo la inspección laboral.

Ahora nos dicen que las arcas fueron dejadas “vacías” por el dúo Arias Sánchez y que no hay plata para nada. Por ejemplo, es tan grave la situación en el Sistema Penitenciario cuya crisis plena está en desarrollo, que tan sólo se han atrevido a hablar de la promesa de un empréstito para enfrentarla, algo así como ofrecer el “paraíso terrenal” a lo que hace aguas por todo lado… Y del aumento salarial para el sector Público, “mejor ni hablemos”.

Lo más lógico hubiese sido entrarle de lleno a un proyecto de ley para empezar a caminar el necesario sendero que necesita la democracia para recuperar su integración social; es decir, un proyecto de reforma tributaria para obligar a esos pocos que tienen demasiado, a que paguen lo debido.

Pero no.

Hablar de reforma tributaria estructural es tocar los mismos intereses que están detrás del proyecto de ley de electricidad. Ese poderío económico de signo neoliberal golpea escritorios presidenciales y diputadiles y con su propia prensa, intimida, amenaza, extorsiona, chantajea. Por lo general logra salirse con la suya: más beneficios para la gente de arriba (que son los menos); más sacrificio para la gente de abajo (que somos la mayoría).

Si se ve “riesgoso” comprarse la bronca de una ley de transformación tributaria estructural por el lado de los de arriba; se puede optar por una especie de ley de “contingencia fiscal”; sacándoles un poco de plata (que no los empobrecerá, por supuesto), para darle recursos frescos a las necesarias inversiones de política pública, tan urgentes como la atención integral infantil, el mejoramiento de la seguridad ciudadana, la inspección de trabajo y las inversiones que no pueden esperar en la cuestión penitenciaria (no sólo es abrir más espacios para encerrar a más gente. Es más que eso).

En consecuencia, pareciera que la señora Presidenta está optando por su propia desacreditación en cuanto a sus ofrecimientos de campaña. Pero, ¿es que podríamos esperar algo distinto de parte de lo mismo?…

¿Qué pasa en Panamá?

En los últimos días la hermana Panamá, tierra centroamericana como la nuestra, ha sufrido una enorme conmoción social que nos ha impactado muchísimo, considerando que la organización para la cual trabajamos, tiene extraordinarias relaciones desde hace bastante tiempo con agrupaciones como el Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales del Pueblo de Panamá (FRENADESO), que es una gran coalición sociocívica con gran base social entre la población panameña, especialmente entre los sectores populares.

Igualmente, nos enorgullece nuestros lazos político-sindicales con el Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (SUNTRACS), la organización laboral más beligerante del pueblo de Panamá, la cual, incluso, ya ha ofrendado vidas, asesinadas por el aparato policial, en sus luchas por desarrollar más la democracia y al amparo de los principios de los Derechos Humanos universalmente reconocidos.

El actual gobierno de Panamá, encabezado por el acaudalado empresario Ricardo Martinelli Berrocal (asediado por una serie de controversias que han puesto en duda la legitimidad real de su ascenso al poder), ha promovido una brutal ola represiva contra los derechos humanos, laborales, sindicales y ambientales que, de consolidarse, generarán una involución, un retroceso, en el desarrollo de la democracia panameña.

La coalición gubernamental de Martinelli (por cierto con un pensamiento estructural muy parecido a la que aquí rige, la coalición “_Li-Li_” –Liberación-Libertario-), promovió dos paquetes de leyes, totalmente abusivas y que violenta uno de los principios fundamentales del Derecho, cual es el de la conexidad de las leyes. Es decir, al amparo de una ley diz que para “_impulsar_” la aviación comercial y de _“mejoras_” al sector financiero, Martinelli se “_le fue a patadas_” al Código de Trabajo de Panamá y otras leyes relacionadas, en lo que constituye la ofensiva antisindical y en contra del derecho obrero más brutal desde que ese país conquistó su independencia de Colombia, en 1903.

El pueblo le puso a ese mamotreto la “_ley chorizo_”, “_ley nueve en uno_”. Tal es la mezcla irracional de legislación con un propósito central único: acabar con los sindicatos panameños.

La “_ley chorizo_” reduce a su mínima expresión el derecho de huelga (que en Costa Rica tiene rango constitucional); elimina la obligación patronal de deducir del salario de la persona trabajadora la cuota que decidió pagar al sindicato de su preferencia (que en nuestro país está por ley del Código de Trabajo); autoriza a la patronal a contratar esquiroles (rompehuelgas) en caso de movimientos de este tipo.

Este tipo de disposiciones pretenden eliminar del mapa político-social panameño a su movimiento sindical, especialmente al que es independiente, al que tiene pensamiento propio, al que trabaja ligado con la ciudadanía, al que está insertado en el corazón del pueblo.

Semejante atentado a la democracia, a los Derechos Humanos, a los principios fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), a la Constitución y las leyes laborales panameñas, no podía pasar sin que hubiese la necesaria, justa e imprescindible reacción popular obrera. Protestas de todo tipo, incluyendo prolongadas huelgas, han puesto a Panamá en los escenarios internacionales; movimientos de presión en los cuales tanto FRENADESO como SUNTRACS, junto a un altísimo conglomerado de agrupaciones de todo tipo, han jugado un papel fundamental.

Al régimen autoritario de Martinelli no le quedó más que acudir al expediente represivo: violencia policial, garrote para el pueblo, gases, órdenes de aprensión para dirigentes, detenciones arbitrarias extrajudiciales; típica reacción del capital opresor cuando éste se siente acosado por la fuerza laboral; cuando se queda sin argumentos; cuando pierde la batalla de las ideas como en este caso. Esto es importante que lo tengamos presente. Hemos venido indicando que estos son tiempos de la hegemonía del capital, pero del capital más agresivo, más codicioso, más destructor del ambiente y de la ecología. Un capital agresivo que es capaz de pasar por encima de las conquistas sociales y laborales de los pueblos; un capital agresivo que es capaz de comprar conciencias, atropellar la institucionalidad jurídica, violentar constituciones y leyes; y, si es necesario, reprimir a sangre y fuego el ascenso y el desarrollo de las democracias si éstas amenazan su estabilidad para acumular más y más a costa de mayores niveles de explotación obrera.

¿O es que acaso ya se nos olvidó cómo es que se comportó este tipo de capital con ocasión de la histórica y patriótica gesta popular costarricense como lo fue la lucha contra el tipo de TLC que finalmente lograron imponernos con los Estados Unidos? ¿O lo que pasó con la legítima dirección del sindicato de Japdeva, a la cual le dieron un Golpe de Estado? ¡No!, definitivamente sería un grave error estratégico olvidar cuál es la naturaleza de los tipos que están manejando las políticas del capital neoliberal en Costa Rica.

Supuestamente, la altísima presión popular estaría obligando a Martinelli a desdecirse, aunque sea transitoriamente, de la imposición de los artículos más repudiados de la brutal “_ley chorizo_”. Sin embargo, estamos seguros de que el pueblo trabajador de Panamá y sus organizaciones más representativas, como FRENADESO y SUNTRACS, tienen la claridad política necesaria, la estatura moral y ética de la cual carece su contraparte y la legitimidad real de su inserción en el tejido social de ese hermano pueblo, para saber discernir la nueva estratagema del régimen autoritario de Martinelli. Desde Costa Rica reciban toda la solidaridad del pueblo trabajador tico.

La intervención militar gringa en Costa Rica

Más grave todavía es que el personal militar gringo tendrá total libertad de movimiento en suelo costarricense, además de tener el privilegio de no sujetarse a las leyes nacionales lo que, en caso de comisión de infracciones legales y penales, le dejaría impune.

La excusa de que tan descomunal despliegue armamentista obedece a operaciones contra el narcotráfico y para realizar actividades humanitarias, ofende la inteligencia del pueblo tico. En parte cierto pero aquí hay mar de fondo. Es bien sabido de que el régimen de Washington nunca _“arranca pelos sin sangre_”, especialmente cuando se trata de reforzar su control hegemónico sobre los pueblos de la América Latina; algunos de los cuales, afortunadamente, con gobiernos dignos a la cabeza, se han rebelado a seguir siendo considerados como el patio trasero de dicha potencia en decadencia.

La verdad es que Estados Unidos es el primer consumidor de droga del planeta pero ellos no hacen lo suficiente, o no parecieran estar verdaderamente interesados en combatirlo de raíz, a rajatabla. “Business” primero. En América Latina, sus principales proveedores de droga son sus mejores aliados políticos: México, Colombia y Perú. ¿Entonces?

Bien nos dice el ciudadano Álvaro Fernando López Báez que el país más intervenido del mundo, con el mayor número de armas, aviones y soldados como lo es Afganistán, sigue siendo el mayor productor y exportador de opio en el mundo, lo que viene a demostrarnos que el frío no está en las cobijas.
Censuramos fuertemente, con toda energía, a los diputados y diputadas de la coalición gobiernista Li-Li (partidos Liberación-Libertario), por su humillante doblez, su prosternación indigna y su desprecio total por nuestra herencia soberana como nación, en un acto que bien podría ser calificado como de Traición a la Patria.

En medio del estupor y de la gigante indignación que genera ser testigos de tal afrenta a nuestro legado histórico de la Gesta de 1856, cuando el gobierno de la época, encabezado por el insigne patricio Presidente don Juanito Mora Porras, se enfrentó al naciente intervencionismo imperialista de los Estados Unidos; alegra saber que un distinguido grupo de legisladores y de legisladoras costarricenses tuvieron firme entereza moral, enorme gallardía cívica y alto decoro patrio, negándose a cohonestar tan vil acto de afrenta soberana a la patria costarricense. Fracciones parlamentarias como las del PAC, de la Unidad y del Frente Amplio merecen un amplísimo reconocimiento ciudadano por ello.

Bien dice el señor diputado don Luis Fishman Zozinski que con esta intervención militarista gringa en suelo tico se violentó el “acuerdo de cooperación” para patrullaje conjunto firmado por Costa Rica con el gobierno de los Estados Unidos, en el año 1999. Tal “convenio”, al parecer, habló de aceptar la “ayuda” del servicio de guardacostas gringo pero hoy nos imponen todo un armamento de guerra.

La coalición gobiernista y su fracción parlamentaria le facilitaron al gobierno guerrerista del Presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, la inserción de Costa Rica en una estrategia militarista que Washington impulsa en nuestra región latinoamericana, para no solamente detener la corriente progresista de gobiernos decentes que hoy defienden la soberanía de nuestros pueblos en la América del Sur; sino para crear todas las condiciones para una invasión militar a algunos de esos gobiernos que con más firmeza enfrentan la histérica lógica militarista gringa ante la irrefutable realidad de que están, como imperio, en incontenible decadencia, aunque por tal razón, mucho más peligrosos y agresivos que nunca. La vienen armando: bases militares en Colombia, en Panamá y ahora nosotros, “Tiquicia”.

Hacemos un llamado a todas las fuerzas patrióticas y cívicas del pueblo costarricense para que, de manera conjunta, aunemos esfuerzos e impulsemos todas las acciones posibles en defensa de la soberanía de nuestra nación, completamente mancillada por los parlamentarios gobiernistas de la coalición Li-Li.

¡Cómo se ha olvidado a nuestros gigantes patricios forjadores de la nacionalidad tica! Basta uno. El benemérito de la Patria, don Joaquín García Monge, ante el Monumento Nacional el 15 de setiembre de 1921, proclamó: “…Si es sumamente grave que aventureros extraños se atrevan a comprar la patria, es mucho más grave, e ignominioso, que hijos del país de bruces se la vendan”.

La Rebelión de la Democracia

Esa codicia desenfrenada y desorganizada de poseer riquezas por la sola obsesión de atesorarlas. Pero esta aberración de la conducta humana no es de los pueblos, no es de la gente, no es de la ciudadanía, no es de la clase trabajadora.

Estamos hablando de que tal aberración de la condición humana es de pequeños pero poderosísimos grupos económicos, ligados profundamente con la actividad financiera de los grandes megabancos y consorcios de igual especie, que están controlando el poder político en el planeta; especialmente los gobiernos de las superpotencias tradicionales como los Estados Unidos, la Unión Europea (UE), Japón.

Como nunca antes en la historia de la Humanidad (así con mayúscula), la tiranía banquero-financiera internacional nos está llevando a una debacle planetaria acabando con lo poco que había de justicia social, atacando inmisericordemente el ambiente y la ecología (que es atentar contra la vida misma), generando los más escandalosos procesos de concentración de riqueza nunca antes presenciados en la vida de nuestros pueblos.

Hemos estado leyendo sobre lo que está pasando en estos momentos en la Unión Europea (UE). Si lo conectamos con lo que ocurrió y sigue pasando en los propios Estados Unidos, vemos que todas las principales decisiones políticas de los gobiernos de esos países, están influenciadas por la parte más criminal, más genocida, más asesina de ese capital financiero: los especuladores que manejan todopoderosos bancos.

La acción política de gobiernos tan importantes en la economía mundial como el gringo, el británico, el alemán, el francés, está determinada por la hegemonía del capital financiero bancario-especulador que controla sus bancos centrales, sus ministerios de finanzas y de economía.

Esta hegemonía política dominante está incubando convulsiones sociales insospechadas, ante el cada vez más creciente número de seres humanos hambrientos y el aumento de las diferencias entre los auténticamente ricos y las gigantescas mayorías ciudadanas empobrecidas; a la vez que presenciamos la destrucción del planeta, con cada vez menos opciones de comunicación democrática, pues los grandes medios de información siguen concentrándose en pocas manos.

Los grandes sacrificios que le están recentando a las clases trabajadoras de Grecia, de España, del Reino Unido, de Italia, de Francia, de Alemania, de otros países europeos, de Estados Unidos, muestran a plenitud que la “devoción” política por el dios mercado, en particular, los mercados financieros, ha dejado a esos pueblos a su propia suerte, habida cuenta de que sus dirigencias políticas, no importa que sean de derecha o de izquierda, se arrodillan ante los dictados del capital financiero especulativo.

Tendrá que ocurrir una verdadera y extendida rebelión de la democracia para que la vida en el planeta se preserve. Debe desarrollarse una gigantesca ofensiva de subversión cívica de los pueblos amantes de la paz y de la vida, para enfrentar a esos malditos banqueros que generaron la crisis que azota a millones de nuestros congéneres de las clases trabajadoras; y que, insaciablemente, incrementando las dosis de sufrimiento y de dolor de estos pueblos trabajadores, siguen acumulando riquezas desenfrenadamente, sin control alguno, sin el mínimo pudor, sin asco.

Por eso nos ha llamado poderosamente la atención un movimiento mundial en desarrollo para, al menos, pellizcarle algo a tan abusivos capitales especulativos: es la propuesta de un impuesto sobre las transacciones financieras internacionales (ITF, por sus siglas en inglés); algo así como el inicio de un proceso planetario de rebelión de la democracia.

El ITF ha sido defendido desde hace más de una década por la ATTAC: Asociación por la Tasación de las Transacciones y por la Ayuda a los Ciudadanos, que es su nombre oficial. La ATTAC es un movimiento internacional que promueve el control democrático de los mercados financieros; movimiento que se originó en Francia, en 1998, según tenemos entendido.

Figúrense ustedes que es tan gigantesco el poder político de ese capital financiero especulativo que se mueve sin control alguno que, cada 24 horas, cada día, circula de un lado a otro, de un país a otro, sin el menor control, ¡3 billones de dólares!. Datos de ATTAC nos indican que de esa sideral cantidad, menos del 2 % se utiliza en el comercio mundial o en inversiones productivas. Más del 98 % restante se dedica a operaciones especulativas en especial sobre las monedas, los títulos de la deuda de un país o las materias primas. En un dos por tres, un país puede ser quebrado sin la menor capacidad de defensa.

El justo movimiento de ATTAC aboga por crear una nueva disciplina financiera internacional; para poner bajo control social a ese moderno jinete apocalíptico que está devorando pueblos y democracias: el capital financiero especulativo Se trata de gravar con fuertes impuestos a esos irresponsables banqueros del capital especulativo, el que está destruyendo nuestro planeta. En Costa Rica, a partir de los datos que se manejan de las ganancias de “nuestros” banqueros, nos urge divulgar más este movimiento y volveremos en fecha próxima sobre el tema.

Una agenda compartida de lucha hacia una Central Unica Sindical

Así nos lo demuestra, con miras a las elecciones del 2014, el activismo político-ideológico del otrora “presidente real”, el señor Rodrigo Arias Sánchez, anterior Ministro de la Presidencia, aunque parece que se sigue creyendo tal cual.

La pretensión del citado político de “coronarse” como Presidente de la República en el 2014, reafirma con toda contundencia que la transformación estructural de la institucionalidad republicana costarricense, es un objetivo profundamente estratégico de parte de los que, por ahora, ostentan la hegemonía política a partir del poder que les otorga el capital que tienen, que controlan, que influencian, que representan.

La presencia del señor Rodrigo Arias Sánchez en Casa Presidencial en estos días, en que se reunió con la primera mandataria, doña Laura Chinchilla Miranda; es para que nadie tenga duda alguna de que, efectivamente, la meta oligárquico-neoliberal es no dejar piedra sobre piedra de lo que ha sido el Estado Social de Derecho instaurado con la Constitución Política de 1949. Dos interpretaciones hemos escuchado de tal encuentro.

Por un lado, que el señor Arias Sánchez le llegó a golpear el escritorio a doña Laura acusando a su gobierno de torpeza, de falta de olfato, de “lentitud” en el impulso de leyes que son “necesarias” para apuntalar nuevos negocios con los servicios públicos, como la ley general de electricidad, el golpe mortal para el ICE.

Por otro, que, efectivamente, el “débil” carácter que podría estar mostrando la presente administración, motivó a la señora Presidenta Chinchilla Miranda para solicitar una especie de intervención política de los hermanos Arias Sánchez en su propia gestión gubernativa; ya no vista ésta como continuidad de la ejercida por ellos (tal y como fue denunciado en campaña electoral), sino como labor ejecutiva en el día a día ante la presunta “incapacidad” de sus “propios” cuadros políticos, como el actual Ministro de la Presidencia, el señor Marco Antonio Vargas Díaz.

En todo caso, los “vaivenes de palacio” solamente parecen ser controversiales en cuanto a las formas de impulsar la institucionalidad pública hacia su completa conversión en negocios privados; en cuanto a la velocidad de tal transición; en cuanto a las alianzas utilizables de corto plazo; en cuánto hay que repartir para comprar conciencias y asegurarse votos parlamentarios y otros “detalles” similares.

Por eso es que resulta igual de estratégico una rearticulación, una recomposición, un reencuentro, una reconstrucción con visión de corto, de mediano, de largo plazo; de toda la estructura organizacional ampliamente diversa que ha venido constituyendo la resistencia a la banda política asaltante de la institucionalidad pública, y su desenfrenada carrera hacia la máxima acumulación de riqueza, en su insaciable objetivo de apropiación total y privada de un patrimonio público que había venido siendo de toda la sociedad.

Pensamos que al respecto, el Movimiento Sindical Costarricense puede dar un extraordinario aporte si consigue, por un lado, pasar a un nuevo nivel de unidad ya no solamente en la acción sino con sentido estratégico. Esto puede ser viable si nos abocamos a considerar lo que puede significar en la actual circunstancia histórica de nuestra Patria, el concepto de “Central Única”; para lo cual sabemos que, por ejemplo, tanto en la Confederación de Trabajadores Rerum Novarum (CTRN), como en la Central Social Juanito Mora Porras (CSJMP), hay mucha motivación para hablar de ello. Sería extraordinario que otras instancias sindicales-sociales como CUSIMA e importantísimas agrupaciones gremiales-laborales se insertaran en esta construcción social. Imaginemos qué potencia puede lograr una iniciativa de este tipo si, a la vez y paralelamente, propiciamos una agenda compartida para la acción, para la lucha, que nos convoque y que nos articule; que nos junte y que nos reconstruya.

Imaginemos el potencial aglutinador de aspectos como la municipalización de la educación, la ley del salario único, la privatización de todos los servicios municipales, la ley general de electricidad, la cuestión de los salarios mínimos, la transformación tributaria estructural, el tema de las personas interinas en el sector Público, las libertades sindicales, entre otros puntos que pueden convertirse en un polo de lucha articulada como para pensarnos en, al menos, contraponerle a la hegemonía del capital, la hegemonía de la gente.
Soñar no cuesta nada y es lo que nos mantiene con vigencia. Al fin y al cabo, las transformaciones sociales no se dan por generación espontánea ni por filantrópica concesión; surgen desde abajo, desde la gente y sus organizaciones. Estamos de cara a una enorme oportunidad histórica. Ojalá podamos tomarla.

CEN-CINAI, Red de Cuido, la mordida de Japdeva y el enojo de la Ministra Ávila

Tamaña regañada le dio a la Dra. Ávila la propia Contraloría General de la República (CGR). Ésta decidió “hacer un llamado de atención al Ministerio de Salud en el manejo de la planificación de este tipo de compras y de la verificación de los inventarios; en la medida que la promoción inoportuna de los procedimientos de compra afectó en este caso a sectores de la población sumamente sensibles, pese a que es una circunstancia que se pudo evitar bajo una lectura ordenada de los procesos de compra” (División Jurídica de la CGR, oficio 05195-DJ 2154). La CGR le “salvo la tanda” a la Ministra Ávila y le aprobó en tiempo record, en atención a la urgencia negligentemente presentada, la compra de leche.

Este asunto del programa CEN-CINAI (Centros de Educación y Nutrición-Centros Infantiles de Nutrición y Atención Integral), debe ser uno de los más importantes de la agenda política legislativa, ejecutiva y social. La Presidenta Chinchilla habló mucho de ello en campaña y prometió la instauración de una Red Nacional de Cuido Infantil, algo totalmente correcto pero que necesita de decisiones con muchísima voluntad política de por medio, porque, para empezar… “no hay plata”.

Empecemos por revisar la gestión político-ejecutiva del programa CEN-CINAI pues con lo que pasó con el faltante de leche y los señalamientos críticos que hace la CGR en su Memoria Anual 2009, todavía quedan muchas cosas que explicar por parte de la señora Ministra de Salud. Solamente dos datos extraídos de este importantísimo documento contralor nos debe llamar a la reflexión.

Durante los primeros cuatro años de la Dra. Ávila al frente del Ministerio de Salud, 2006-2010, las “grandes” metas de beneficiarios de CEN-CINAI, en niñez de 3 meses a 2 años de edad, ¡fueron reducidas de 480 a 260 personitas!; lográndose al cierre de 2009, alcanzar la cifra de ¡140! nuevos beneficiarios. ¡”Impresionante! meta y no menos “impresionante” cumplimiento.

Veamos este otro dato. Para el mismo período, la meta de atención de niños y niñas de 7 a 12 años, fue de ¡1.260 personitas!… cuando se habló en el Plan Nacional de Desarrollo (PND). de 5 mil. Pero lo más impresionante de todo es que en el 2009, solamente se atendieron ¡80! más; sí, como usted lo lee: ¡ochenta! personitas de las 440 previstas en ese año para “llegar” a las 1.260 de 5 mil originales establecidas en el PND. En su memoria, la Contraloría le dijo al Ministerio de Salud que esto era un “atraso crítico”.

Efectivamente, pareciera que los CEN-CINAI no han sido un programa políticamente prioritario y, mucho menos, en el gobierno anterior. Si ahora se le quiere relanzar, conectándolo con la promesa de la señora Presidenta Chinchilla sobre las Red de Cuido Infantil, pues hay que darle un socollón a toda la estructura político-jerárquica del indicado programa y el enojo de la señora Ministra Ávila debe irse para otro lado. Es más, ese enojo debe contagiar a la propia primera mandataria de la República, a todo su gabinete, a toda la Asamblea Legislativa, en fin, a toda la ciudadanía. Es más enojémonos todos, fuertemente, por lo siguiente.

Para hacer realidad la promesa presidencial de las Redes de Cuido Infantil, hay que ampliar la cobertura de los CEN-CINAI, es decir fortalecerlos. Tienen el sueño de llegar a atender a 33 mil menores. Sólo tienen 2 mil millones de colones y se ocupan 28 mil. Pero, por el contrario, el Ministerio de Trabajo (MTSS), le da luz verde (homologación), a la renegociación de la nueva Convención Colectiva de Trabajo de JAPDEVA, luego de que los hermanos Arias, al final de su gobierno, le dieran un golpe de Estado a la legítima dirección sindical de SINTRAJAP; para conseguir una directiva dócil, dispuesta a aceptar la privatización-concesión de los muelles de Moín y de Caldera, mediante la compra de las conciencias de la población trabajadora de JAPDEVA, unas 1400 personas, destinándose para ello de las arcas públicas, ¡80 mil millones de colones!; arcas públicas que, según se nos dice ahora, están “vacías” porque “no hay plata”.

Pongan cuidado: van a sacar de las arcas públicas 80 mil millones de colones para que se los repartan 1.400 personas. Con esa inmensa cantidad de plata, se podría reforzar los CEN-CINAI, ampliar su cobertura, realizar la Red de Cuido Infantil, y atender a casi ¡100 mil niños y niñas! Si con 28 mil millones de colones se pueden atender a 33 mil personitas, ahora imaginemos con esos 80 mil millones, prácticamente se puede triplicar esa cifra y alcanzar las casi 100 mil personitas beneficiadas por los CEN-CINAI y las Red de Cuido Infantil. No, señora Presidenta Chinchilla, no tiene lógica lo que van a hacer.

Por eso felicitamos al señor diputado José María Villalta, por haber interpuesto una acción de inconstitucionalidad contra la renegociación abusiva de la nueva convención de JAPDEVA, realizada además con una directiva ilegítima. Así que, Dra. Ávila, unamos su enojo al nuestro, aunemos esfuerzos en pro de los CEN-CINAI y de la Red de Cuido Infantil de la señora Presidenta. Es mejor que la plata de la “mordida”, del soborno más grande de la historia republicana costarricense, tenga un fin lícito y socialmente justo: 100 mil niñitos y niñitas de la gente del pueblo.

CEN-CINAI: Una gestión que deja mucho que desear

La convocaron (interpelación política), para que se presente ante la Asamblea Legislativa y explique las razones por las cuales en los CEN-CINAI faltó leche para los chiquitos en estos días.

La Ministra Ávila indicó que su obligada presencia en el parlamento en próximos días, es porque los diputados necesitan limpiar su imagen ante la intentona fallida del aumentazo salarial. La distinguida jerarca se salió de sus casillas.

Nosotros pensamos que es una excelente oportunidad para debatir qué ha venido pasando en un programa social tan importante como CEN-CINAI (Centros de Educación y Nutrición-Centros Infantiles de Nutrición y Atención Integral); programa diseñado para la niñez en situación de profunda desventaja y vulnerabilidad social, mucha de la cual son infantes de madres solas, solteras, jefas de hogar. El CEN-CINAI es un programa sumamente sensible para la vida en democracia.

La señora Ministra de Salud recibió una regañada de parte de la Contraloría General de la República (CGR), por un faltante de leche que recientemente se produjo en los CEN-CINAI, algo que jamás debió ocurrir, pese a que la distinguida jerarca se excusó alegando que en materia de provisión de leche para tal programa, “no hay forma de hacer previsiones”. ¡Por favor! Se ofende la inteligencia con tal “explicación”.

El ente contralor “estima hacer un llamado de atención al Ministerio de Salud en el manejo de la planificación de este tipo de compras y de la verificación de los inventarios; en la medida que la promoción inoportuna de los procedimientos de compra afectó en este caso a sectores de la población sumamente sensibles, pese a que es una circunstancia que se pudo evitar bajo una lectura ordenada de los procesos de compra” (División Jurídica de la CGR, oficio 05195-DJ 2154). Entonces, ¿qué estaba haciendo la señora Ministra de Salud a la hora de su gestión política al frente de los CEN-CINAI? ¿Será que su más cercano círculo colaborar está compuesto de incapaces?; y, ¿el “Desarrollo Organizacional”, cuya “consultoría” le costó a la población casi mil millones de colones?…

Pensamos que es bueno que la señora Ministra de Salud explique en el plenario legislativo, el carácter de su gestión como máxima autoridad política del programa CEN-CINAI.

Muchas cosas se deben ventilar públicamente, señaladas ya en la Memoria Anual 2009 de la Contraloría. Nosotros no estamos inventando nada. El ente contralor está señalando que las cosas no han ido bien en los CEN-CINAI.

Si habla de metas de niñez desnutrida con comida servida para superar su estado nutricional; o niñez desnutrida con distribución de leche para superar tal estado de desnutrición; el Ministerio de Salud indica un incumplimiento por cuanto aparece con un valor de 0 (cero) en el resultado. Así lo registra la memoria del ente contralor. ¡Cero resultados!

Durante los primeros cuatros años de la Dra. Ávila al frente del Ministerio de Salud, 2006-2010, las “grandes” metas de beneficiarios de CEN-CINAI, en niños y niñas de 3 meses a 2 años, ¡fueron reducidas de 480 personitas a 260!, lográndose cubrir al cierre del 2009, ¡140! ¡Impresionante meta y no menos impresionante cumplimiento! Fíjese usted.

Para ese período de cuatro años, la meta de atención de niños y niñas de 7 a 12 años, fue de ¡1.260 personitas!… cuando se habló en el Plan Nacional de Desarrollo de 5.000. Pero lo más impresionante de todo es que en el 2009, solamente se atendieron ¡80!, sí como usted lo lee, ¡ochenta! personitas de las 440 previstas en ese año para “llegar” a las 1.260 de 5 mil originales. La Contraloría, “elegantemente” le dijo al Ministerio de Salud que esto era un “atraso crítico”.

En materia de niñez intramuros entre los 2 a 7 años, aunque se alcanzó una cobertura de 14.819 personitas en el 2009 (86.3 % acumulado); toda la meta del cuatrienio 2006-2010, era de 19.605 niños-niñas (100 %). Puede parecer un alto cumplimiento pero la meta fue rebajada porque estratégicamente hablando correspondía atender a 29.323 personitas.

En materia de infraestructura los datos pueden parecer engañosos. Hubo “rebaja” de metas. Debieron realizarse 66 construcciones pero se rebajó como meta, hacer 24. En materia de ampliaciones, según el Plan Nacional de Desarrollo (PND) correspondía 149, pero la meta quedó en 15. En reparaciones, el PND indicaba hacer 396, quedando como meta para el 2006-2010, 54.

Esta rebaja de metas fue autorizada por MIDEPLAN a petición del Ministerio de Salud, indicando la Contraloría que si se hubiesen respetado las metas originales, apenas el Ministerio de Salud habría logrado, en infraestructura de los CEN-CINAI, un 14 %. Claro, la rebaja de las metas da un engañoso resultado “halagüeño”.

La verdad es que si la señora Presidenta de la República, doña Laura Chinchilla Miranda, quiere ver realizada una de sus más publicitadas promesas de campaña, la “Red de Cuido”, deberá producir un profundo remezón en cuanto al carácter de la gestión del programa CEN-CINAI; tanto en el propio plano político como en el de la planificación, ejecución, supervisión y rendición de cuentas.

Si a como tienen los CEN-CINAI en la actualidad, se pretende que sean la base “estratégica” de la “Red de Cuido”, pues a ésta no le auguramos ningún futuro, tan sólo aquel en que quede constando que se trató de una promesa de campaña presidencial más.

En verdad, tiene mucho que explicar la señora Ministra de Salud al respecto. Ahora entendemos sus razones para enojarse tanto porque la llamaron de la Asamblea Legislativa para que dé cuentas. Por nuestro lado, pensamos que es hora de fortalecer estratégicamente a los CEN-CINAI como esfuerzo nacional concertado.

Doña Laura lo sabía y le dió luz verde al inicio

Nosotros tenemos un gran respeto por la señora Presidenta de la República, doña Laura Chinchilla Miranda y, precisamente por eso, nos sentimos con autoridad para ante la opinión pública manifestar nuestra propia visión de la decisión del veto que ella anunció en contra de la ley que haría realidad esa intentona. Como sabemos, la intentona cayó en desgracia, fundamentalmente (y esto hay que recalcarlo una y otra vez), por la oportuna reacción adversa del pueblo, de la gente, de la ciudadanía y de sus organizaciones más consecuentes; junto a un importante sector de la prensa nacional que dio expresión libre a las voces opuestas a semejante atropello a la dignidad de la clase trabajadora en todas sus acepciones.

Fue la propia jefa de fracción de la coalición gobiernista (la alianza “Li-Li”), la diputada Viviana Martín Salazar, quien confesó que, desde un inicio, la Presidencia de la República, la Casa Presidencial, estuvo de acuerdo con que se impulsara el proyecto de ley del pretendido aumentazo salarial diputadil.

La mencionada legisladora, hoy caída en desgracia ante otras fracciones legislativas, indicó una y otra vez que, efectivamente, estuvo hablando con la señora Presidenta del tema y que ella le dio luz verde al asunto.

Posteriormente, el propio Ministro de la Presidencia, con Marco Antonio Vargas Díaz, refrendaba este acuerdo político al más alto nivel del Poder Ejecutivo para que tal proyecto se hiciera realidad.

Así que las razones del veto anticipado de doña Laura (porque esa ley tan solo había recibido primer debate), es un asunto de estricta consideración política, sobre el costo que ya estaba implicando sostener un asunto generador de tanto rechazo popular y de creciente movilización ciudadana como se manifestó, como se veía venir y como ya estaba en preparación a gran escala.

Doña Laura adujo que el veto lo interpondría porque cuando ella fuera expresidenta de la República, el 9 de mayo de 2014, su pensión en cuanto tal quedaría altísima dado que el aumentazo salarial diputadil hubiera repercutido en el cálculo de la misma. Nosotros le aceptamos a la señora Presidenta este argumento que nos parece éticamente correcto.

Sin embargo, éste fue el punto “diplomático”, elegante, para salir del embrollo en que ella misma se metió, metió al Gobierno y generó un altísimo riesgo de sufrir una sensible pérdida de credibilidad y un enorme nivel de deslegitimación, como sí lo sufrieron los diputados y las diputadas de la coalición gobiernista “Li-Li” (Liberación-Libertarios), más los “cristianos” evangélicos y algunos del PUSC.

Entonces, sí, el veto de doña Laura se lo aplaudimos; pero que conste, se da en un marco de condiciones donde el propio gobierno, la coalición parlamentaria “Li-Li” y sus turecas, menospreciaron la reacción popular, el sentir de la gente, la disposición social hacia la movilización de calle que se manifestó con enorme fuerza moral y con un potencial creciente que lesionaría seriamente al mismo Gobierno.

Así es como debe constar. Ahora lo que corresponde es que la propia Presidencia de la República, es decir doña Laura y su Ministro de la Presidencia y la mismísima Asamblea Legislativa (con las honrosas excepciones que ya sabemos), se laven la cara ante la gente con este vergonzoso acontecimiento del ahora fallido aumentazo salarial diputadil.

¿Cómo? Entrándole duro a la dolorosa realidad de que hay 600 mil personas trabajadoras asalariadas que ni siquiera ganan el mínimo de ley. Hay una base de partida en el seno del propio parlamento: dos proyectos de ley pueden ayudar a corregir semejante injusticia; uno que presentó ahora exdiputado liberacionista don Carlos Pérez y otro promovido por el actual legislador don José María Villalta.

Empecemos ya a hacer justicia salarial pero hagámoslo a favor de quienes más sufren y a favor de quienes son más explotados. Esa misma voluntad política, la presidencial y la legislativa, que se vio al inicio del trámite del proyecto salarial diputadil, es la misma voluntad que se necesita para empezar a corregir la ofensiva realidad de los salarios mínimos. Entrémosle a esta tarea.

Aumento Salarial Diputadil: electores estafados y el papel de doña Laura

Ganarán ahora 150 mil colones al día, si contamos sábados y domingos; o _“mejor_”, 190 mil colones cada veinticuatro horas, contando de lunes a jueves que, en realidad, son los días hábiles parlamentarios. Cada seis meses, su salario tendrá un reajuste automático de 5% (10% anual), de forma tal que cuando terminen su mandato, en el 2014, el salario habrá llegado a los casi 7 millones de colones.

En descomunal contraste y según el decreto de salarios mínimos vigente para el primer semestre del 2010, un trabajador no calificado gana 6.904 colones diarios; un trabajador semicalificado, 7.517 cada veinticuatro horas; un calificado 7.662; y, un especializado 9.204. ¿Es ó no es abusivo el autoaumentazo salarial diputadil?…

La pasada noche del lunes 24, día en que se consumó esta especie de “_asalto legalizado_” a las finanzas públicas desde la sede del propio “_primer poder_” de la República, en un programa televisivo al que fuimos invitados, hablamos de que el presente parlamento está “_prostituido_”.

Este calificativo fue catalogado por el diputado Luis Fishman Zonzinski, que también participó en tal programa, como sumamente fuerte y que hace una generalización injusta. Tiene razón este legislador y nos disculpamos, públicamente por nuestro exabrupto. No solamente pensando en los señores diputados y las señoras diputadas de los partidos Acción Ciudadana y Frente Amplio que, desde el mismo momento en que surgió esta infeliz iniciativa de ley, anunciaron su fuerte oposición a la misma.

También pensamos en los “_arrepentidos_” que, enhorabuena, reconocieron su error (aunque facilitaron la tramitación acelerada, antidemocrática y autoritaria de esta repudiada ley), pero que tampoco merecen tal calificativo.

Lo que sí debe quedar claro es que para los parlamentarios libertarios, para la mayoría de liberacionistas, para los dos “_cristianos_” y para los de PUSC que sí votaron, legislar para autobeneficiarse no pareciera generarles ningún conflicto ético-moral y, por tanto, pareciera ser que _“recuperar_” lo invertido en alcanzar la curul legislativo es argumento suficientemente válido para “_legalizar_” lo que el pueblo ha deslegitimado por múltiples formas.

Por la tarde de este miércoles 26, la ciudadanía presente en las afueras de la Asamblea Legislativa el pasado lunes, se autoconvocó para visitar hoy la Casa Presidencial y entregarle a doña Laura Chinchilla Miranda, Presidenta de la República, una respetuosa pero vehemente petición de que vete esta ley, aunque luego quienes la votaron la resellen, incrementando así su escarnio y repulsa popular.

Doña Laura, firme y honesta según el lema principal de su campaña electoral, no puede dejarse “_embarrar_” cuando uno de sus propios diputados, el exministro de Hacienda don Guillermo Zúñiga Chaves quien, al arrepentirse y reconocer su error, indicó, de manera brillante, que es más fuerte de lo que se pensaba el impacto en las finanzas públicas del autoaumentazo salarial diputadil; desmintiendo así el propio criterio de la fracción parlamentaria oficialista.

El parlamento actual, pese a las honrosas excepciones que ya conocemos, cometió un error político garrafal, absolutamente predecible por cualquier joven estudiante del primer año de Ciencias Políticas. Ha quedado desprestigiado, deslegitimado, aislado de la ciudadanía; aumentando así el grado de deterioro de la institución republicana legislativa; de cara a una ciudadanía que, nuevamente, se siente estafada políticamente, especialmente aquella que, consciente o manipuladamente, dio su voto para que esas curules las ocuparan esas 35 personas legisladoras que, finalmente, decidieron consumar tal “_asalto legal_” a las finanzas públicas, aunque absolutamente nada comentaron al respecto en la campaña, mientras pedían sus votos.

Varias enseñanzas estamos ya sacando de esta triste experiencia con la cosa pública. El sistema se carcome a sí mismo pero no le “_ayudamos_” lo suficiente para que se caiga más rápido. Pese a la indignación generalizada que esta situación está causando, no nos estamos movilizando en la medida en que tal desafío lo requiere. Por eso ellos se sienten tranquilos, actuando con tal nivel de cinismo, insensibilidad y desfachatez. En corrillos ellos lo comentan: “_son cuatro gatos_” y algunos “_estridentes_” sindicalistas. “_De hablar no pasan_”. A nosotros se nos lanzaron fuertes emplazamientos para que “_hiciéramos algo_”. Lo hicimos y lo seguiremos haciendo. Por ejemplo, hoy por la tarde iremos a la oficina de doña Laura a dejarle la petición de veto. Hablemos menos. Hagamos más. Menos quejas. Más acción. Este es el desafío.

El «efecto Constenla»en acción: El aumento salarial diputadil

Este sistema está tan corrupto que ya no solamente la ley no importa sino que, de manera impresionante, el cinismo más repugnante del comportamiento de los políticos tradicionales (los reales y los turecas), llega a niveles de profunda ofensa a la dignidad de la gente, sin asco; sin la más mínima sensibilidad para los miles de trabajadores asalariados, los desempleados y los de cuenta propia, que viven en enorme estrechez económica, en ámbitos cargados de miedo, bajo el chantaje del desempleo y la miseria.

Lo que sucede con la imposición del aumento salarial abusivo promovido por una abrumadora mayoría de diputados que acaban de iniciar su período constitucional, no es más que el reflejo de lo que llamamos el “efecto Constenla”. A pocas horas de terminar el gobierno del binomio Arias, en el INS le aprobaron a su Presidente Ejecutivo, Guillermo Constenla, un aumento salarial del 72 %, para quedar ganando unos 8 millones de colones mensuales.

El señor Constenla señaló así el camino del “asalto legal” a las finanzas públicas vía incrementos salariales exorbitantes para la cúpula gobernante y sus acólitos, turecas y similares, entre ellos los usurpadores de la fe que han hecho del mensaje salvador de Cristo, un negociazo. Con honrosas excepciones (partidos Frente Amplio y Acción Ciudadana), se decretan las personas legisladoras para sí mismas un 60 % de aumento salarial, pasando de 2.5 a 4 millones mensuales: ¡un millón y medio de aumento de un solo tiro!.

En la Defensoría no se quedaron atrás: ya se plantearon incrementos salariales de hasta un 33 %. No dudamos de que la gente que labora en tal entidad tiene una altísima calidad profesional y realizan una labor de enorme relevancia para la democracia. Sin embargo, la defensora Ofelia Taitelbaum muestra una enorme insensibilidad con relación al grueso de la realidad salarial de la clase trabajadora, en importantes segmentos del sector Público y, especialmente, con la generalidad de quienes trabajan para el Privado. Ella pensó en sí misma, en “su” gente, pero no en el grueso de la población habitante que es asalariada.

Ahora, estamos seguros, vendrán los ministros y los viceministros. Si los diputados alegaron ganar menos que los magistrados, entonces los máximos jerarcas ministeriales del Poder Ejecutivo alegarán quedar por debajo de los salarios de los parlamentarios. Ya lo verán.

Mientras tanto, y hay que repetirlo cientos de veces más, uno de cada tres trabajadores asalariados del sector Privado, no gana el mínimo de ley, muy bajo por cierto. Los policías siguen con salarios bajos pero se les demanda lo imposible: que paren la criminalidad creciente producto, precisamente, de un proceso sostenido de concentración de la riqueza y de crecimiento de la desigualdad que tiene mucho sustento por la miseria salarial de miles de personas trabajadoras.

Cientos de choferes de autobús deben trabajar hasta 18 horas al día, 7 días a la semana, para ganarse un poco más del mínimo de ley y si se sindicalizan para un poco de justicia en sus empleos, son despedidos como sucedió en la empresa TUASA. En el INS, a mansalva, despiden gente y ni siquiera le dicen el porqué. Cínicamente les ponen “despido sin justa causa”.

Nuestra clase gobernante tradicional ya perdió totalmente la vergüenza y ni siquiera se cuida de las apariencias. Ahora una empresa puede comprar un estudio y obtener un fallo constitucional a la medida de sus necesidades: caso Crucitas.

Le inventan una embajada ficticia a un allegado al poder para que siga “representando” al país y, por tanto, devengando el salario de diplomático: caso del señor Jorge Urbina, a quien nombraron en un país llamado “Reino Unido de los Países Bajos”, que no existe porque Holanda no se llama así. El señor Urbina, embajador ficticio en un país ficticio, se ganará 13 mil dólares mensuales: unos 7 “milloncillos” de colones, nada más.
Para privatizar los muelles del Atlántico, sobornan a 1.400 personas (la población laboral actual de Japdeva) y ofrecen pagar, en promedio, unos 60 millones por cabeza, más las prestaciones de ley, más pensión juvenil a los 50 años.

Miles de trabajadores municipales, de los segmentos más humildes, perderán sus empleos si se consolida la ley No. 8828, aprobada a hurtadillas, a escondidas, de espaldas a la gente y a las comunidades, que privatiza todos los servicios municipales entregándolos al capital privado.

El poder de la gente tiene que manifestarse de nuevo: con potencial, con civismo, con fuerza pacífica para ordenarle a nuestra clase gobernante que vuelva por su fueros: el bien común. Hay que restaurar le hegemonía del bien común como norma central de toda política pública.

La hegemonía del capital está haciendo estragos en el estado de situación del pueblo y éste tiene que hacer valer todo su poder. Ellos saben que somos más, ellos saben que cuando nos organizamos los ponemos a temblar, ellos saben que solamente comprando conciencias y metiendo miedo pueden mantenerse en el poder. Es hora de superar esto y enfrentarlos.

Por lo pronto, yo iré el próximo lunes 24 de mayo, a partir de las 4 de la tarde, a las afueras de la Asamblea Legislativa. Esperará hasta el lunes para atender y respetar el llamado que está circulando por internet, de un grupo de ciudadanos que nos piden protestar ante lo que pasa con el abusivo aumento salarial diputadil. No me importará si ya lo han aprobado, pero yo protestaré, manifestaré mi enojo, mostraré mi indignación. Estoy harto pero hay que seguir luchando.