Categoría: Opinión

Albino Vargas Barrantes, Secretario General

Suele ocurrir que a la nueva administración ejecutiva del país que asume el 8 de mayo, previsto en la Constitución, se le hace una evaluación de sus primeros 100 días de gestión; análisis que son siempre subjetivos dependiendo del cristal con que se realicen.

En el caso nuestro, haremos algo distinto. Empecemos. La distinguida ciudadana Isabel Román Vega, coordinadora del Informe del Estado de la Nación, publicó un artículo titulado: “¿Por qué preferimos la desigualdad?”, del cual citamos:

“El crecimiento de la desigualdad en Costa Rica, en los últimos 25 años, ha generado una sociedad con mayor exclusión y menos integrada en la que el principio de solidaridad es cada vez menos común. Como consecuencia, se han ido perdiendo significativas cuotas de cohesión social que el país requiere recuperar para hacer frente a los complejos desafíos que tiene por delante”.

Esos 25 años, están entre 1996 y 2021: son las Administraciones Figueres Olsen, Rodríguez Echeverría, Pacheco de la Espriella, Arias Sánchez (la segunda), Chinchilla Miranda, Solís Rivera y Alvarado Quesada. Los partidos: PLN, PUSC y PAC.

Le hicimos llegar al Presidente Chaves Robles, durante el acto oficial de los 100 días de su gobierno, carta en la cual le puntualizamos a él nuestro temario de varias problemáticas socioeconómicas derivadas de ese crecimiento de la desigualdad generada por los gobernantes anteriores.

Y, conforme a nuestra visión-país centrada en el ejercicio de un sindicalismo sociopolítico, el nuevo Gobierno debe atender con urgencia, al menos, lo siguiente para atajar el crecimiento de esa perversa desigualdad. Veamos:

– Renegociar el obsceno pago diario de intereses de la deuda pública, por una parte; por otra, medidas drásticas de combate a todas las formas de evasión fiscal-tributaria.

– Congelar la entrada en vigencia de la Ley Marco de Empleo Público. Abrir una mesa de trabajo al respecto para discutir la grave problemática del salario en los sectores más vulnerables de la Administración Pública.

– Impulsar un nuevo salario mínimo para el sector privado conforme a lo ordenado constitucionalmente; y, descartar el imprudente proyecto político-ideológico de eliminar la histórica jornada de 8 horas.

– No debe insistirse en la Alianza del Pacífico y, en su defecto, llamar a las entidades legítimas de la producción agropecuaria nacional para entrarle duro al tema de la soberanía y seguridad alimentaria nutritiva.

– Fortalecer la defensa del agua, ahora que es Derecho Humano Fundamental y prohibir, totalmente, el clorotalonil.

– Detener la entrada en vigencia, en el 2024, de la injusta reforma de pensiones del régimen IVM-CCSS pues no todo está dicho.

– Tomar acciones políticas contundentes para que impere la transparencia en el manejo del ROP a lo interno de la SUPEN.

– Instalar el proceso para implementar la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre Libertad Sindical, Negociación Colectiva y Derecho de Huelga.

– Fortalecer la inversión en Educación Pública sin recortes presupuestarios ideológico-fiscalistas.

– Consolidar el modelo eléctrico nacional manteniendo el CENCE dentro del ICE.

El Gobierno del Presidente Rodrigo Chaves Robles está anunciando que impulsará un proyecto de ley para que el valor del litro de gasolina se congele en ₡900; y, el del diésel, en ₡800.

Sin duda, nada más oportuno en los actuales momentos de gran estrechez económica de la mayoría abrumadora del pueblo costarricense, especialmente el asalariado en los sectores público y privado.

El congelamiento y el alto endeudamiento salarial agobian a las familias trabajadoras, provocándoles mucho estrés y sufrimiento. Prácticamente, la inflación interanual está ya en el 12%.

La combinación de ambos factores (altísimo costo de la vida que se ve indetenible, más una precariedad y un congelamiento salarial cruel), se han vuelto ingredientes perfectos para un “coctel” que propicie una explosión social.

Es archi-sabido que cuando suben los precios de los combustibles, sube todo lo demás. Son un disparador del costo de la vida que muestra toda su crueldad con los que menos tienen que son la mayoría de la población. Controlar la subida “loca” en el precio de la gasolina y del diésel es más que urgente.

¡Plata sobra! Congelar el valor del litro de gasolina en 900 colones y el del diésel en 800, es completamente factible pues sobran las fuentes de financiamiento para reponer los dineros que el Ministerio de Hacienda dejaría de percibir por concepto de impuesto a los combustibles al reducirse-congelarse el precio de los mismos.

PRIMERO: Según el Banco Central de Costa Rica (BCCR), los bancos comerciales atesoraban al 30 de abril de 2022, la inimaginable cantidad de, prácticamente, 38 mil millones de dólares ($38.000.000.000). En colones: unos 25 billones de colones (25.000.000.000.000). Un subsidio de 6 meses para mantener congelado el precio de la gasolina y del diésel, apenas representaría el 1% de tal cantidad (250 mil millones de colones). Se puede tramitar un impuesto extraordinario-especial y excepcional a pagar por los banqueros, específicamente, para que la gente pueda tener un respiro ante la incesante subida de precios de bienes y de servicios producto del altísimo precio de los combustibles.

SEGUNDO: El pago diario, cada 24 horas, de intereses de la deuda pública, durante el pasado año 2021, ascendió a unos 5.500 millones de colones. Se pagaron 4.8 puntos porcentuales del PIB en ese año y, a razón de 400 mil millones de colones por cada punto PIB, el Estado tuvo que erogar 1 billón 920 mil millones de colones para los agiotistas que lucran con la deuda pública, o sea, 160 mil millones de colones cada 30 días; es decir, casi 5.500 millones cada 24 horas. ¡Renegóciese ese pago de intereses, crimen social terrible y se tendrá plata fresca para cubrir los supuestos 250 mil millones de colones que es el “hueco” fiscal que en 6 meses dejaría legislar para que el litro de gasolina quede fijo-congelado en 900 colones y el del diésel en 800!

TERCERO: Se debe establecer un impuesto especial y solidario para las grandes fortunas y capitales acumulados, considerando que la evasión fiscal-tributaria es del orden de los 300 millones de dólares al mes, según estimaciones del propio Presidente de la República (3 mil 600 millones de dólares anuales). Son los “grandotes” los que roban impuestos, lo cual asciende a unos 200 mil millones de colones mensuales; y, presuntamente, se ocupan 250 mil millones en 6 meses para rellenar el “hueco” fiscal del congelamiento del valor del litro de la gasolina y del diésel. Aunque pueda parecer un escenario “utópico”, el margen de maniobra es cuantitativamente factible.

Lanzamos una fuerte y vehemente exhortación a todas las señoras diputadas y a todos los señores diputados, sin excepción, para que emitan la urgentísima legislación del congelamiento del precio de los combustibles: 900 colones para la gasolina y 800 colones para el diésel. ¡Plata hay y de sobra para subsidiar esos precios en beneficio de la gente!

Es contundente e incontenible el clamor obrero-laboral y social que está ya posicionado en el mundo del trabajo acerca de que la señora Rocío Aguilar Montoya, actual jerarca de la Superintendencia de Pensiones (SUPEN), debe renunciar a este relevante puesto público, por demás, retribuido con un multimillonario salario.

Las personas trabajadoras asalariadas que, en el día de ayer, lunes 8 de agosto de 2022, se apersonaron en las afueras de la sede de la SUPEN, dejaron claro ese sentimiento generalizado, resumido en este cántico-consigna: “Rocío Aguilar tiene que jalar”.

Las recientes informaciones periodísticas acerca de las abultadas pérdidas de rendimientos en las cuentas individuales de cada persona afiliada al Régimen Obligatorio Pensiones (ROP), han generado incertidumbre, desconfianza en las operadoras de pensiones e indignación.

La señora Aguilar Montoya debe entender que se está perdiendo, o ya se ha perdido, la credibilidad en el manejo de los dineros de ROP de cuya supervisión es ella directa y políticamente responsable.

Cada persona trabajadora que está recibiendo los reportes de su respectiva operadora, al ver los datos que se le proporcionan, siente un enorme estado de indefensión pues no puede explicarse qué está pasando.

Bien sabemos que la señora Aguilar Montoya integra un selecto grupo de gran poder en este país, el sector financiero-bancario. Es más, no hay otro poder con tanta incidencia en el devenir actual del acontecer nacional como el de este sector financiero-bancario. Recordemos que ella es, además, la cabeza político-ejecutiva de la Superintendencia de Seguros (SUGESE). En consecuencia, en sí misma ella concentra un poder fuera de todo control político, tanto del Ejecutivo como del Legislativo.

De manera imprudente, creemos nosotros, se ha venido sacando los dineros del país, los dineros del ROP para llevarlos a los mercados bursátiles internacionales. No sabemos, exactamente, cuáles son esos mercados bursátiles, cuánto se ha invertido en cada uno, las condiciones de inversión, etc. Especulamos que se pudo haber ido a la bolsa de valores de New York, en Estados Unidos, lo que conocemos como Wall Street. O, ¿habrá ido, también, la plata obrera del ROP a los mercados financieros de Londres, Reino Unido, la City?

Lo real es que la falta de transparencia se ha posicionado con fuerza en torno a la gestión de la señora Rocío Aguilar Montoya. Ella tiene antecedentes que han vulnerado, seriamente, su credibilidad. Su participación en la comisión de inversiones y en la cúpula gestora de la ya quebrada firma ALDESA; así como una gestión que hizo al margen de la Constitución y de la propia Asamblea Legislativa para disponer ella misma, a su discreción, de cualquier cantidad de millones de colones para atender compromiso estatal de deuda pública, no nos permite pensar distinto sobre su proceder en la gestión de las altas finanzas del ROP.

Tenemos la certeza de que no hay en este momento ni un solo sindicato, ni tampoco una sola asociación solidarista que meta “las manos al fuego” por la gestión de la señora Rocío Aguilar Montoya al frente de la SUPEN. Muy conscientes estamos de que, aunque ella se vaya de la SUPEN, otra persona con su ideología del extremismo neoliberal la ha de sustituir.

Es el sistema lo que ha enfermado y la voracidad de acumulación de capital en que han caído las operadoras de pensiones, cuyos jerarcas parecen querer jugar como banqueros a los Wall Street, es lo que hay que intervenir; y, la verdad, sin acción obrero-laboral y social movilizándose, la plata del ROP podría tener sus días contados.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

38 mil millones de dólares ($38.000.000.000), es la cantidad de plata que, al 30 de abril anterior, estaba en poder de los bancos comerciales del país, tanto los públicos como los privados. El dato sale del mismísimo Banco Central de Costa Rica (BCCR).

Todo mundo está calladito en el sistema político. Gente bien informada y que se mueve en el mundo de las finanzas, nos comentan que una buena cantidad de esa plata es dinero proveniente del crimen organizado, del negocio del narcotráfico. Dicho de otra forma, ese dinero sucio tiene a la economía costarricense a flote pues hace tiempo debió haber quebrado.

¿Hablarán del tema en la Asamblea Legislativa? ¡No lo creemos! El narco está ya metido en la política nacional de corte tradicional, muy a pesar de la gente buena y honesta que todavía sigue en ella.

64 mil millones de dólares ($64.000.000.000), es el monto actual del valor del Producto Interno Bruto (PIB) de la economía costarricense. ¡Esto es de locura!: Los 38 mil millones de dólares atesorados por los bancos comerciales, equivalen a, prácticamente, el 60% del valor del PIB de hoy.

45 mil millones de dólares, al menos (sino más), es el espeluznante monto de la deuda pública que golpea, duramente, a la gran mayoría de la ciudadanía; especialmente, a su clase trabajadora, a sus sectores medios pauperizados, a las micro-pequeñas y medianas empresas. Las sucesivas administraciones del tripartidismo PLN-PUSC-PAC nos tienen al borde del precipicio, según diversos especialistas.

¿Habrá alguien en el seno de la clase política de corte tradicional que, sensatamente, plantee que hay que auditar esa monstruosa deuda pública? ¡No lo creemos! La deuda pública, así visto, estaría ya rondando el 70% del valor del PIB.

Y si la deuda pública es ya de 45 mil millones de dólares; entonces, la plata que está en los bancos comerciales (los 38 mil millones de dólares), equivale a casi el 85% del monto actual de esa deuda pública. ¡También esto es de locura!

El déficit fiscal y la venta de bonos que hace el Gobierno para sobrevivir, más la autorización que le pide al parlamento que le aprueben para pedir más prestado en el exterior (eurobonos), representa un gigantesco y oscuro negocio en los mercados financieros nacionales, donde están personajes y entes privados que poseen capitales en cifras inimaginables, que se enriquecen con la deuda pública.

Por otra parte, 10 millones de dólares diarios, 300 millones de dólares al mes, 3 mil 600 millones de dólares al año, es el monto estimado promedio en la evasión fiscal según cifras del Presidente Chaves Robles. Hablamos de un 5.62 puntos PIB anuales en robo de impuestos. Otras voces autorizadas y fuentes especializadas plantean que es mucho más. Valiosas iniciativas de ley para empezar a cambiar toda esta putrefacción tributaria, están congeladas en nuestro parlamento (ver informe legislativo sobre Los papeles de Panamá).

Si tomamos como base el dato presidencial, en los últimos diez años se habrían evadido unos 36 mil millones de dólares: cifra ésta que representa casi un 95% del valor de la plata que hay en los bancos ahorita, los 38 mil millones de dólares que nos indica el BCCR. Esto, por una parte. Por la otra, ese gigantesco monto evadido, representaría un 80% del monto actual de la deuda pública del país, por el orden de los 45 mil millones de dólares.

Con sinceridad, son datos duros como para digerirlos. Son datos duros que, para gran parte de las personas integrantes de la actual clase política tradicional del país, no interesan o, peor todavía, ni siquiera los manejan. Y para quiénes en las esferas del real poder que sí reparan en cada una de estas cifras, es porque viven de ellas y se enriquecen con ellas.

En buena medida, estos datos duros nos explican las razones por las cuales Costa Rica está, actualmente, dentro de los diez países más desiguales del planeta. En buena medida, estos datos duros pueden alimentar en un futuro no muy lejano, diversos tipos de explosiones sociales.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General de la ANEP

La señora Marta Acosta Zúñiga está en la máxima cúpula política de la Contraloría General de la República (CGR) hace 18 años. Los primeros ocho, de 2004 a 2012, como Subcontralora y, ahora, ajusta ya diez, desde 2012 a la fecha, como Contralora.

Cuando ella llegó a la cúpula contralora, la deuda pública de Costa Rica en relación con el Producto Interno Bruto (PIB) estaba cercana a la cifra del 38% (37,44%, para ser exactos). La fuente es esta:  HYPERLINK «https://datosmacro.expansion.com/deuda/costa-rica»

https://datosmacro.expansion.com/deuda/costa-rica. Hoy, tal relación se acerca al 70%, según la misma fuente y, para ser más exactos, en un 68,34%, al cierre de 2021.

Podemos verlo, también, de esta forma: desde que doña Martha está en la cúpula política contralora del país, la deuda pública en relación con el PIB creció en un 82,5%, pues pasó de un 37,44% a un 68,34%.

¿Y qué ha estado haciendo ella, desde el 2004 a la fecha, mientras la crisis de las finanzas públicas costarricenses se manifestaba y se profundizaba? Nosotros pensamos que doña Martha estaba viendo para otro lado.

Ahora que esa relación deuda/PIB es, prácticamente, del 70%, las vocerías y sectores políticos, con más histeria que razonamiento, están hablando de una reforma del Estado, pero erráticamente conceptuada e ideológicamente impulsada. Doña Marta también está en ese patín.

En la Comisión para la Reforma y Modernización del Estado de la Asamblea Legislativa, la señora Contralora “recomendó volar machete”, o, “pasar la podadora” a seis áreas del servicio público en aras de esa reforma del Estado: infraestructura vial, sector agropecuario, sector energía, sector protección social, sistema de pensiones y sector ambiente.

En cuanto al personal, se mencionó que sobra gente en ámbitos como los de proveeduría, asesoría legal, recurso humano, auditorías internas, entre otros. “Es al perro flaco al que se le pegan las pulgas”; o, “el hilo se revienta por lo más delgado”.

Si consideramos que el altísimo endeudamiento público del país aumentó en relación con el Producto Interno Bruto (PIB) en un 82,5% en la época contralora con sello Marta Acosta Zúñiga, uno hubiera esperado “recomendaciones” de ella en materia de Reforma del Estado en cuanto a la institucionalidad relacionada con los diversos ámbitos de lo fiscal-tributario y hacendario.

Hubiésemos esperado que hiciese planteamientos concretos para reducir en algo los estratosféricos montos de evasión fiscal-robo de impuestos que, según el propio y actual Presidente de la República, don Rodrigo Chaves Robles, es de, en promedio, 10 millones de dólares diarios.

O, si es que no quería ella “metérsele al tren” del poderío político de la evasión; al menos, cuáles serían pautas de Reforma del Estado propuestas por la Contraloría para atender el servicio de la deuda pública por su lado correcto: auditándola, renegociándola, reestructurándola, condonando, postergando; y para redefinir sobre su pago obsceno de intereses, etc.

En cada uno de los 18 años de gestión contralora de doña Martha, el fraude fiscal y la evasión tributaria crecían y crecían; el endeudamiento público subía y subía; las grandes corrupciones con fondos públicos en colusión con mega-consorcios privado-empresariales le pasaban a ella por sus narices y nada de nada… Doña Martha estaba viendo para otro lado. Mientras, los cientos de personas trabajadoras estatales que ahora sobran, según doña Martha, pagaban y pagaban puntualmente sus impuestos: el de ventas, en la caja registradora del supermercado al momento de la compra; y el de renta, deducido puntillosamente, quincena a quincena, del salario. Señora Contralora: usted está sin autoridad moral para hablar de Reforma del Estado.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General de ANEP

Es difícil imaginarse esta cantidad de plata: 38 mil millones de dólares. En números se escribe así: 38.000.000.000. 

En realidad, la cantidad exacta es 38 mil millones 477 mil 700 dólares. En números: 38.000.477.700.

La cifra la sacamos de la carta que a la ANEP le envió la señora Hazel Valverde Richmond, gerente del Banco Central de Costa Rica (BCCR). Se trata de su oficio GER-0158-2022, fechado 23 de junio de 2022.

Doña Hazel le respondió la pregunta que le formuló la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), en carta de ésta fechada 15 de junio de 2022 (oficio S.G. 21-25-0701-22).

La ANEP tenía «curiosidad» de conocer el dato acerca de «los depósitos del público en moneda extranjera en los bancos y tenencias de los bancos de activos en moneda extranjera».

Aunque la ANEP pidió ese dato con corte al 31 de mayo de 2022, se lo dieron con corte a abril 2022. Sin embargo, es espectacularmente impactante.

El BCCR nos da el informe en dos partes. 

Una que nos habla de la siguiente cifra: 16 mil millones 268 mil dólares. 

La otra nos expone la cantidad de 22 mil millones 209 mil 700 dólares.

Como ven, sumadas ambas dan 38 mil millones 477 mil 700 dólares. 

Y si esa gigantesca cantidad de plata nos causa asombro, más asombroso es que todo ese dinero está en suelo nacional. Está en poder de los bancos comerciales (públicos y privados).

Doña Hazel nos explica en su carta que la primera cantidad arriba mencionada, los 16 mil millones 268 mil dólares, corresponde a «depósitos del público en moneda extranjera».

Pero nosotros nos preguntamos: ¿Cuál «público» es el que tiene depositados en los bancos comerciales 16 mil millones de dólares? De manera contundente podemos afirmar que la clase trabajadora no es ese «público» con semejante cantidad de plata depositada en los bancos comerciales.

Ahora, vamos a la otra parte. Son 22 mil millones 209 mil 700 dólares los «activos en moneda extranjera en poder de los bancos comerciales». En consecuencia, estos están, literalmente, inundados, requetecontrainundados de plata.

Figúrense ustedes que, hablando de manera redondeada, esos 38 mil millones de dólares que en estos momentos atesoran los bancos comerciales equivalen a unos 26 billones (millones de millones) de colones. En cifras así: 26.000.000.000.000.

Esos 26.000.000.000.000 de colones nos da un per cápita de 5 millones 200 mil colones por cada costarricense vivo en estos momentos, sin importar su edad, asumiendo que ya somos 5 millones de personas ticas habitantes del país.

¿Quién se atreverá, ahora, a afirmar que somos un país al borde de la quiebra?

¿Cuál fuerza política se quiere atrever a preguntar cómo fue que los bancos comerciales han llegado a manejar/poseer/custodiar esas hipergigantescas cantidades de dólares?

¿Cuánta relación existe para que tal realidad nos ayude a entender la dolorosa circunstancia de la desigualdad que ya reina a plenitud en el país, al punto de estar en el deshonroso octavo puesto del escalafón mundial en tal sentido?

No hay que ser experto para concluir que una buena parte de esos 38 mil millones de dólares son fondos sucios, lavado de dinero producto del crimen organizado y del negocio del narcotráfico.

¿Es que acaso es el dinero del narco lo que ha impedido que el país quiebre? 

¿Se atreverán en la actual Asamblea Legislativa a abordar este sensible y delicado asunto?

¿Podría alguien atreverse a determinar si el actual precio del dólar se fundamenta en una especulación financiera criminal que empobrece a los sectores de la otrora pujante clase media y, por otro lado, expolia aún más a una clase trabajadora asalariada estrangulada económicamente hablando? 

¡Qué va! Es este un tema tabú. Sin embargo, desde el campo de lo popular hay que entrarle. Y aunque sea «en solitario» lo vamos a hacer, como lo venimos haciendo con la impagable deuda pública y su criminal y obsceno pago de intereses.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General de ANEP

Se va acercando la fecha del 9 de marzo de 2023. Es el día fatídico para todas las personas trabajadoras asalariadas estatales, pues es la fecha de entrada en vigencia de la perversa Ley Marco de Empleo Público (LMEP), número 10.159.

La corriente sindical en la cual militamos, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), está realizando un fuerte proceso de información y de sensibilización en el seno de los diversos grupos laborales del empleo público, acerca de las graves consecuencias económico-salariales y sociales de esta perversa ley.

Perversa es la más adecuada palabra-concepto que hemos encontrado para definirla, dada la magnitud de sus efectos negativos en los núcleos familiares del empleo público y más allá del mismo.

«Curiosamente», los principales partidos políticos de la clase gobernante tradicional le dieron sus votos; siendo que los mismos y sus diez administraciones consecutivas son los responsables directos de que la deuda pública del país esté en un 70 % con relación al Producto Interno Bruto (PIB).

Es precisamente este dato-circunstancia el que impone el congelamiento salarial brutal por una década, 2023-2033, a quienes trabajan para el Estado; y, ni siquiera habrá reajuste semestral salarial por costo de vida en esos diez años.

Según los «ideólogos» de la perversa LMEP, habrá reajustes por costo de vida hasta que el nivel de la relación deuda pública/PIB, baje del 70 % al 60 %. Y eso demoraría, en el mejor de los casos, una década: 2023-2033.

Esas diez administraciones gubernativas se dieron entre los años 1982 – 2022.

Hubo 5 gobiernos del PLN, 3 del PUSC y 2 del PAC.

Al final de tal período, mayo 2022, la deuda pública que dejaron esos 10 gobiernos va hacia el espantoso monto de 50 mil millones de dólares ($50.000.000.000).

Nosotros estamos rechazando, de manera categórica y contundente, esa perversa LMEP.

Razones sobran y de diverso orden: constitucional-jurídico, ético-moral, de Derechos Humanos (DD. HH.), fiscal-tributario, jurisprudencial-administrativo.

El que más rechazo nos genera, es del congelamiento salarial brutal.

La clase trabajadora, ni la pública ni la privada, es responsable de esa monstruosidad del endeudamiento público de los casi ya 50 mil millones de dólares.

Por eso que se le cobre el mismo, vía brutal congelamiento salarial (entre otros espantosos efectos que ya se están manifestando y otros que vienen próximamente), no tiene perdón de Dios.

Es nuestro mayor desvelo que esto lo entienda, lo comprenda, lo interiorice quien es policía, quien es persona educadora y trabajadora del Magisterio Nacional, quien labora para la Caja y la Seguridad Social, quien lo hace para las municipalidades, quien trabaja en todos los ministerios y sus entes adscritos, en las instancias judiciales y de la universidad pública.

Esto es muy pero muy grave. Y es que no solamente es la cuestión de la deuda pública; la cuestión es más profunda: es el ataque más ideológicamente artero al orden de convivencia que se pactó, luego del conflicto armado entre costarricenses, en 1948; orden de paz que es la Constitución Política del 7 de noviembre de 1949.

La Ley Marco de Empleo Público (LMEP), en su esencia perversa representa un Golpe de Estado parlamentario a la Constitución de 1949.

Primero le dijeron al país que el proyecto del tren eléctrico costaría 1.265 millones de dólares. Y que, para financiarlo (en parte), el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), prestaría 400 millones de dólares. El resto, sería plata aportada por el país. Pero, en realidad, nos tocaría a todo el pueblo pagarlo, en su totalidad (préstamo, intereses, plata “nacional”).

Varios meses después, se anunció que el proyectito ese sería más caro: unos 265 millones de dólares más para, finalmente, quedar en 1.550 millones de dólares. Al menos, estos son los números oficiales que se dieron a conocer en su momento.

En unos cuantos meses, el tren eléctrico, de sopetón, elevó su costo en 150 mil millones de colones más (150.000.000.000). ¿Qué pasó? Veamos:

Todo esto ocurrió en el gobierno anterior encabezado por el estafador político Carlos Alvarado Quesada y fue su Presidenta Ejecutiva del Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer), Elizabeth Briceño Jiménez, quien a nombre del Poder Ejecutivo anterior firmó el acuerdo de ampliación del proyecto original del tren eléctrico.

Pero, Alvarado y Briceño, ¿con quién firmaron? Pues lo hicieron nada más y nada menos que con el señor Carlos González Jiménez, director del Grupo Nación, ¡sí!, el consorcio corporativo-empresarial propietario del mencionado intensamente por estos días Parque Viva.

Toda esta situación se hizo del conocimiento público en su momento mediante varios medios de prensa. Uno de ellos, de carácter digital, reseñó que el gobierno (el anterior) y el Grupo Nación buscan “establecer relaciones específicas de cooperación entre Incofer y Grupo Nación que propicien a futuro, la habilitación del corredor ferroviario en la zona de la Guácima de Alajuela…”.

Este convenio lo vieron en sesión de la Junta Directiva de Incofer, el 9 de junio de 2019 y, en la del día 17 siguiente fue ratificado.

En el medio de ambas fechas, concretamente, el 13 de junio de 2019, el periódico La Nación sacó una nota bajo la responsabilidad de la periodista Patricia Recio, con este título: “Tren llegará hasta Parque Viva en la Guácima”.

Es obvio que doña Elizabeth Briceño Jiménez tenía comunicación directa con personeros de Grupo Nación y del propio periódico La Nación, a fin de que éste pudiera dar cuenta pública del convenio, “calientito, apenas salido del horno”. Y, por supuesto, sin duda alguna, bien enteradito estaba Carlos Alvarado Quesada.

Nosotros nos preguntamos y exhortamos a los juristas conocedores plenos de este tipo de situaciones: ¿No representa todo lo anterior un tráfico de influencias más que vulgar? ¿Cómo es posible explicarse que un proyecto con fondos públicos, con endeudamiento público, sea ampliado y a un altísimo costo para favorecer los intereses de negocios de un consorcio empresarial privado de gran poderío económico en este país?; y que, descaradamente, se firme entre el personero público y el jerarca privado. ¿Qué espera el Ministerio Público para actuar? ¿Qué esperan en la actual Asamblea Legislativa para investigar al respecto?

Desde que se anunció este leonino contrato, nuestra corriente sindical anunció su posición contraria al mismo y, por supuesto, mucho antes de que se supiera quién ganaría las elecciones presidenciales y diputadiles recién pasadas. Reconocemos el mérito del gobernante actual, Rodrigo Chaves Robles, en empezar a destapar actividades corporativo-empresariales de “alto vuelo” mediando la utilización del tráfico de influencias y de los recursos del propio Estado. Ojalá las destape todas y cada una y se asienten las responsabilidades.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

Aunque parezcamos una “voz en el desierto”, una vez más volvemos con el tema. Parece que estamos condenados a no tener otro futuro que no sea el de atender el infernal servicio de la deuda pública; o, más bien, el barril de pólvora que representa una impagable deuda pública que viaja hacia los 50 mil millones de dólares ($50.000.000.000).

Gigantesca e impagable deuda pública, deuda eterna, generada en los 40 años transcurridos entre 1982 y 2022; diez administraciones gubernativas distribuidas así: 5 del PLN; 2 del PUSC; y las 2 más recientes del PAC (aunque este, en esencia, terminó siendo “seccional” del liberacionismo).

Lo que queremos resaltar es que es el Partido Liberación Nacional (PLN) el responsable fundamental de la catástrofe del endeudamiento público y de su contracara: el fomento y la tolerancia de la complicidad política con el doblemente perverso sistema tributario costarricense: cruelmente injusto y criminalmente corrupto.

Una a una, cada persona que llegó a la Presidencia de la República en estos 40 años debe ser sometida, al menos, a un juicio político de corte popular por tenernos al borde del precipicio; pues, aunque en él no caigamos, nos obligan a la abrumadora mayoría ciudadana a vivir con un terrible miedo social de irnos a ese indescriptible abismo de una quiebra-país: el cataclísmico “default”.

Luis Alberto Monge Álvarez (q.d.D.g.), Óscar Arias Sánchez, Rafael Ángel Calderón Guardia, Miguel Ángel Rodríguez Echeverría, José María Figueres Olsen, Abel Pacheco de la Espriella, Laura Chinchilla Miranda, Luis Guillermo Solís Rivera y Carlos Alvarado Quesada son los nombres y son los rostros de las personas responsables políticas fundamentales de la desigualdad social que ya se ha entronizado en el país; pues los necesarios recursos públicos para combatirla se los devora el infernal servicio de la deuda pública que en sus respectivos gobiernos fue creciendo y creciendo.

Por otra parte, ni la legislativa izquierda socialdemócrata actual ni mucho menos el variopinto abanico de la derecha parlamentaria del momento, tienen interés genuino en tocar el punto con la profundidad multifactorial requerida. Lo que pasó en el 2021 con el servicio de la deuda pública es dramáticamente cruel.

Durante cada uno de los 365 días de ese año 2021, se pagaron 5 mil 200 millones (¢5.200.000.000.000), cada 24 horas, solamente por concepto de intereses.

Un total de 1 billón 900 mil millones de colones (¢1.900.000.000.000), equivalentes a unos 2 mil 700 millones de dólares ($2.700.000.000).

Recalcamos: solo por concepto de intereses de la deuda pública hubo que cancelar 2 mil 700 millones de dólares, en el pasado año 2021, sacados del presupuesto central del Estado.

Imaginen ustedes que esa gran cantidad de dinero público hubo que quitársela a diversos programas sociales, educativos, a la seguridad ciudadana, al fomento agropecuario, a vivienda social.

Y esa circunstancia de que se debe darle prioridad política a atender el infernal pago de la deuda pública y de sus intereses; causa que las personas trabajadoras del sector Público sean “castigadas” con un brutal congelamiento salarial total durante, al menos, la década comprendida entre los años 2023-2033; según lo ordena la perversa Ley Marco de Empleo Público, No. 10159, cuya entrada en vigencia está señalada para el 9 de marzo del año entrante.

Nos parece que ahora se puede comprender mejor que el infernal servicio de la deuda pública puede ser calificado, también, como el barril de pólvora del servicio de la deuda pública.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

Con toda seguridad podemos afirmar que la abrumadora mayoría de la clase trabajadora asalariada que labora en el sector privado de la economía, con empleo formal y salario fijo, está sumamente molesta con la lamentable decisión tomada por el Consejo Nacional de Salarios (CNS), de aumentar el salario mínimo en un 1,24%, a partir de este 1 de julio de 2022.

Este reajuste se definió como extraordinario para esta ocasión, dada la alarmante alza de precios de los últimos meses. Recordemos que el repudiado gobierno anterior impuso (incluso con respaldo-complicidad sindical), una única fijación anual por variaciones en el costo de vida al salario mínimo. Miserable fue el mejor término calificativo que encontramos para referirnos a esta decisión del CNS, tomada esta vez sin la complacencia sindical representada en su seno.

Sin duda alguna, y visto con lente obrero-sindical esta situación, es la primera decisión errónea del actual Gobierno, considerando que varias de las más connotadas actuaciones del Presidente don Rodrigo Chaves Robles han venido concitando gran apoyo social, lo cual nosotros reconocemos.

Valga esta triste circunstancia para los hogares trabajadores que deben sobrevivir con el salario mínimo, de tan poco poder adquisitivo en un país tan caro como el nuestro, para compartir las siguientes tres consideraciones fundamentales, aunque se nos quedan otras en el tintero que comentaremos después.

PRIMERA: Vayamos al postulado fundamental que sobre el salario mínimo quedó establecido en la Constitución Política de Costa Rica, la cual entró en vigencia el 7 de noviembre de 1949 y que todavía está “vivita y coleando”, aunque a sus 73 años ya cuenta con no pocos enemigos. “ARTÍCULO 57.- Todo trabajador tendrá derecho a un salario mínimo, de fijación periódica, por jornada normal, que le procure bienestar y existencia digna”. ¡Ponga cuidado!: “bienestar y existencia digna”. Por supuesto que el actual nivel del salario mínimo en Costa Rica no le está procurando a la persona trabajadora que lo recibe ni a su familia, ni bienestar ni existencia digna.

SEGUNDO: La ideología económica dominante, la del todo mercado-nada Estado, inspirada en el fundamentalismo fiscalista-extremista de signo neoliberal, no concibe que la gran desigualdad que ya está entronizada en nuestra sociedad, puede y debe ser combatida-atenuada-revertida con otra política salarial. Es decir, ya no solamente hay que hacer obligado honor, a plenitud, al mandato constitucional del artículo 57 ya citado (procurar bienestar y existencia digna a la persona trabajadora); sino que, necesitamos que se amplié el poder de compra, el poder adquisitivo del salario como un fuerte estímulo al desarrollo del mercado interno que tanto necesita una reactivación económica integral y no solamente la que se promueve de darle prioridad al mercado externo.

TERCERO: Se requieren fuertes mecanismos institucionales y para-institucionales para fiscalizar el respeto pleno al pago del salario mínimo que establece el Consejo Nacional de Salarios (CNS), pese a la precariedad del mismo y su incapacidad técnico-política (y hasta ideológica), para procurar bienestar y existencia digna. Esto, por una parte. Por la otra, permitir el respeto pleno al ejercicio de las Libertades Sindicales de organización obrera, a fin de que sean las propias personas trabajadoras que, sin temor a ser represaliadas, fiscalicen el respeto al salario mínimo. Aunado ello a un papel más estratégico y más fortalecido de la política pública de inspección del Trabajo.