Categoría: Opinión

Por Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

3.541.908 (3 millones 541 mil 908 personas): este es el número total de personas con derecho a votar en las actuales elecciones nacionales. En cuanto a la primera ronda de elecciones presidenciales, resaltamos este dato: 571.518 personas votaron por don José María Figueres Olsen para la Presidencia de la República. Y, el segundo más votado, don Rodrigo Chaves Robles, obtuvo 351.453 votos. Juntos, es decir, sumados ambos, lograron 922.971 votos del total del padrón electoral nacional.

Esto quiere decir que hubo un total de 2.618.937 (2 millones 618 mil 937) personas que no votaron por Figueres y tampoco votaron por Chaves. Es decir, no fueron a votar del todo (41% abstencionistas); votaron por otros o por otras; votaron nulo; votaron en blanco.

Don José María y don Rodrigo, juntos, apenas lograron el 26.05% del total del padrón electoral. O bien, al 73.94% no les gustó ninguno de los dos.

Veámoslo de esta manera: los 571 mil 518 votos que obtuvo don José María, apenas representan el 16.13% del total de votantes del padrón nacional. Su contrincante de segunda ronda, don Rodrigo, apenas logra el 9.92% del total nacional de personas habilitadas para ejercer el voto.

Estamos absolutamente de acuerdo en que, en ambos casos, el resultado electoral es legítimo. O más bien, formalmente legítimo. Sin embargo, estos números marcan gran distancia entre legitimidad formal y legitimidad real.

El próximo 3 de abril, las 3.541.908 personas electoras, por segunda vez, están convocadas para las elecciones presidenciales en segunda vuelta. Finalmente, sabremos cuál de los dos (Figueres o Robles), será el nuevo Presidente de la República.

Visto el asunto con un lente social, un elemento contundente que causa gran preocupación serán las nuevas cifras del abstencionismo; especialmente, si éste puede superar las que se mostraron en primera ronda. El abstencionismo surgió ya como el “partido más votado” y, necesariamente, merece un profundo estudio.

Como bien se sabe, en segunda ronda bastará un solo voto de diferencia para que haya ganador. La contundencia de la victoria de uno sobre el otro, emerge como un segundo elemento de gran incógnita para poder definir cuál será el nivel de legitimidad real que obtendrá el nuevo presidente de la República.

Terminada la elección presidencial, sea cual sea su resultado; y, quedando establecida ya la naturaleza político-ideológica dominante en el nuevo parlamento, se abre un tercer elemento dentro de este conjunto de incógnitas que lanza el proceso electoral nacional: ¿habrá algún nivel de re-articulación de la amplia diversidad de sectores sociales, considerando que el desafío estratégico de atajar el crecimiento de la desigualdad y de la exclusión será imposible sin movilización ciudadana responsable?

El período gubernativo por abrirse, 2022-2026, encuentra a las nuevas autoridades con las inmorales obligaciones financieras de la deuda pública por el orden de, en promedio, 7 mil millones de colones diarios.

Mantenerse dentro de los ámbitos ideológicos de sesgo totalitario que en lo fiscal-tributario ha impuesto la tiranía neoliberal dominante en las últimas administraciones, va a generar fuertes colisiones en la sociedad, gústenos o no.

Por: Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

¡Contundente! La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), emitió el pasado 5 de mayo de 2021, su Opinión Consultiva OC-27/21, sobre los Derechos a la Libertad Sindical, Negociación Colectiva y Huelga, y su relación con otros derechos, con Perspectiva de Género (subrayado nuestro); estableciendo que las personas líderes sindicales que se dedican a la defensa de los derechos e intereses laborales de los trabajadores y de las trabajadoras, realizan funciones como defensoras de Derechos Humanos.

Por diversas razones, la función sindical en Costa Rica ha sido profundamente desvalorizada, descalificada, denigrada, calumniada, injuriada, difamada y satanizada.

Ser persona dirigente sindical en nuestro país, ha sido convertido en uno de los “peores” quehaceres del desarrollo de la sociedad; particularmente, en los últimos años, la acción de prensa ejercida por el oligopolio de la hegemonía mediática del capital, ha convertido la función sindical como una actividad de sesgo cuasi-mafioso, como si fuese un ejercicio en el ámbito de la ilegalidad.

Este fallo de la Corte IDH llega, por tanto, en un momento más que oportuno pues dada la naturaleza del compromiso histórico y sociopolítico del país con los Derechos Humanos, no tiene más remedio Costa Rica que acatar, en todos sus extremos, los contenidos de la Opinión Consultiva OC-27/21 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Estamos en las puertas de un interesante y más que necesario proceso para que la figura y el rol de la persona líder o lideresa sindical, sea reivindicada, sea limpiada, sea justipreciada en el seno de la sociedad costarricense; particularmente, librada del lodo mediático que se le ha echado encima por tantas campañas de corte antisindical desplegadas en varias circunstancias y coyunturas históricas, dentro de las cuales, por ejemplo, la del empleo público ha estado y sigue estando al rojo vivo.

Costa Rica ha firmado todos y cada uno de los tratados, tanto universales como continentales en materia de Derechos Humanos (DD.HH.). En todos ellos, se estipula el ejercicio de la Libertad Sindical como Derecho Humano fundamental.

Ahora, la Opinión Consultiva OC-27/21 de la Corte IDH, materializa el poder político de este tipo de tratados en materia de Libertad Sindical, declarando a la persona líder o lideresa que defiende derechos laborales, como persona defensora de Derechos Humanos. Es éste el significado trascendental de lo que estamos comentando.

Merece destacarse que, a nivel del continente americano, la pertenencia del país al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, le obliga a un acatamiento rigurosísima de los contenidos de los fallos y/o de las opiniones consultivas como la que ocupa el presente comentario.

Costa Rica, con sus compromisos con los DD.HH. ha avanzado a tal nivel que, no solamente los diferentes tratados los ha ratificado, parlamentariamente hablando, convirtiéndolos en leyes de la República; sino que, ha legislado para indicar, sin reparo alguno, que se somete a los dictados judiciales que deriven de esos tratados, respetándolos a cabalidad. Por lo menos, a nivel del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, esto es así.

Es de tal calibre y profundidad los compromisos de Costa Rica con los DD.HH., que al país se le ha otorgado la sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), físicamente ubicada en el barrio Los Yoses, de la capital, San José.

El impacto de esta decisión de la Corte IDH que, repetimos es de obligado acatamiento para todas las autoridades políticas del país, tiene alcances insospechados pues se extiende al tema de la huelga, al tema de la negociación colectiva; y, además, plantea el ejercicio de la acción sindical activa con perspectiva de género.

Sin duda alguna, quienes practicamos el sindicalismo de manera cotidiana, tenemos sobrados motivos para celebrar; y, por supuesto, tendremos que escribir más para posicionar el tema con toda su fuerza, así como sus impactos en las conciencias obreras y en las mentes cívicas sanas de nuestro país. Estamos en puertas de un cambio profundo en la vida sindical del país.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

La próxima administración gubernamental tendrá 1.460 días de acción ejecutiva. Pero, cada 24 horas deberá estar desembolsando, en promedio, 6 mil 850 millones de colones (6.850.000.000), abonando a la gigantesca deuda pública que está estrangulando al país; deuda pública que nosotros estimamos es impagable.

El Ministro de Hacienda, Elián Villegas Valverde (neoliberal por los cuatro costados), ha indicado que en los 4 años de ejercicio del Presidente de la República que se elegirá el próximo domingo 3 de abril, 2022-2026, los compromisos de pagos de deuda pública ascenderán a los ¡10 billones de colones! En cifras es así: 10.000.000.000.000.

Usted toma esa cantidad, 10 billones de colones, y la divide entre el total de días que ejercerá el próximo gobierno (ya sea don José María Figueres Olsen ó don Rodrigo Chaves Robles); y, en promedio, casi 7 mil millones de colones diarios se deberán desembolsar para atender la deuda pública que, repetimos, es impagable a nuestro juicio.

Y estamos hablando de esa espantosa cantidad, ¡sin incluir pago de intereses! En realidad, no encontramos ni las palabras ni las frases adecuadas para describir la monstruosidad del problema en que nos han metido los últimos gobiernos.

Si la próxima administración ejecutiva del país debe estar, en promedio, atendiendo vencimientos de deuda pública que promedian, cada 24 horas, casi 7 mil millones de colones (y, sin incluir pago de intereses); entonces qué plata es la que quedaría para atender ofrecimientos de campaña electoral de ambas candidaturas en materia de, por ejemplo, política social y/o en materia de política pública para apoyar la reactivación económica.

Por ello es que titulamos este artículo así: ¡No mientan!… Prácticamente no podrán hacer nada.

Y, prácticamente, no podrán hacer nada porque es imposible atacar, de raíz, el crecimiento de la desigualdad y/o atacar a rajatabla, la exclusión económica y social, si toda la plata del Gobierno Central se va en pagar ese altísimo nivel de deuda pública y su obsceno pago de intereses.

El tiempo nos está dando la razón. Llevamos meses y meses planteando la urgencia de efectuar en el país una Auditoría Ciudadana de la Deuda Pública para determinar las razones de haber llegado hasta este punto de casi quiebra del Estado; para determinar con precisión qué grupos están ganando con la deuda pública y cuánto han venido acumulando al respecto; para construir caminos de salida que pasan por una reingeniería, estratégicamente integral, de esa deuda pública.

Por otra parte, es evidente que haber llegado hasta este punto de quiebre con la deuda pública del país, tiene que ver -entre otras causas-, con la no menos catastrófica situación del perverso sistema tributario que, por una parte, es completamente injusto; y, por la otra, es corrupto.

Los sucesivos gobiernos nunca se decidieron a atacar de raíz el problema gigante de, por ejemplo, el fraude fiscal y tributario; optaron, entonces, para medio funcionar, por el camino pantanoso del endeudamiento público y, vean ustedes, ya nos estamos hundiendo porque, según nuestra perspectiva, la deuda pública es impagable.

Finalmente, que este problema haya llegado hasta aquí, tiene una nefasta motivación ideológica: nos plantearán que como la deuda pública es impagable, habrá que vender activos. ¡Ya lo verán!

Albino Vargas Barrantes

Secretario General

Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)

Lamentablemente, la campaña electoral para la segunda ronda de las elecciones presidenciales que se efectuarán el domingo 3 de abril, está ya muy enlodada.

Las cuestiones de fondo, las de verdadera profundidad, la realidad de los riesgos que amenazan al mismo sistema democrático, no se están abordando.

Hay amenazas serias al sistema democrático cuando tenemos compatriotas que se acuestan sin comer; que no tienen para desayunar; o que, en el “mejor” de los casos, solamente pueden hacer una comida al día.

Hay amenazas serias al sistema democrático cuando la sociedad, su sistema político y su clase gobernante, no le pueden garantizar a los y a las compatriotas el sagrado Derecho Humano al Trabajo; tal y como lo expresa el primer apartado del artículo 23, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que plantea lo siguiente:  “Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo”.

Hay amenazas serias al sistema democrático cuando a la gente trabajadora del campo en actividades agropecuarias, se le continúa estrujando y arrinconando; perdiendo sus casas y sus terrenos porque se les dejó en total abandono, y pese a que hay posibilidades reales de condonar sus deudas bancarias, no hay voluntad política en el seno de la clase gobernante para posibilitarlo.

Hay amenazas serias al sistema democrático cuando para competir por el logro de puestos públicos de relevancia, como las diputaciones y o la Presidencia de la República; es la inequidad y el poder del dinero lo que impera en la determinación de cuáles opciones puede elegir la ciudadanía y cuáles no.

Hay amenazas serias al sistema democrático cuando tenemos tantos jóvenes desesperanzados, desilusionados, desempleados; cuando constatan que el país que les vio nacer no les da oportunidades al salir de la secundaria; y, lo que es más grave todavía, su clase gobernante solamente les ve con ocasión del proceso electoral; y, cuando, contemplan que éste es un cruce de mensajes denigrantes y sucios entre quienes quieren llegar a la Presidencia de la República, como se está observando en estos momentos.

Hay amenazas serias a la democracia cuando el sistema educativo público tiene un estado calamitoso a tal punto que los valores cívicos que pretende transmitir a las personas educandas, chocan con la realidad socioeconómica de los hogares de muchas de ellas, lo cual les lleva a concluir que democracia que se les enseña en las aulas, es la misma que les está excluyendo.

Hay amenazas serias al sistema democrático cuando la deuda pública del país ha generado un empoderamiento exagerado de quienes manejan la cuestión financiero-fiscal de la República, al punto de que están ejerciendo una incidencia política de tal calibre que les permite influenciar, a su antojo, decisiones legislativo-parlamentarias y gubernativo-ejecutivas.

Hay amenazas serias al sistema democrático cuando el mismo está siendo penetrado en sus diversos niveles de institucionalidad republicana, por las nefastas influencias del dinero sucio del narcotráfico y del crimen organizado; notándose una complicidad tácita de la clase política tradicional que le facilita su avance y/o que se prosterna ante el mismo para conseguir puestos relevantes de elección popular.

Estas sí son reales y alarmantes amenazas al sistema democrático. Pero, nuestra tradicional clase gobernante y sus partidos políticos, aunque lo saben muy bien el potencial riesgo de tales amenazas, prefieren mirar para otro lado… Hasta que la realidad les estalla en la cara. Varias naciones latinoamericanas lo han evidenciado en los últimos tiempos. Sin embargo, “nadie escarmienta en cabeza ajena”…

Albino Vargas Barrantes, Secretario General de la ANEP

Si uno se pone a pensar en cuáles han sido los valores fundamentales para la integración social que se defendieron durante la década de los años cuarenta del siglo pasado; así como los que inspiraron la conformación de la República luego del conflicto armado de 1948, debemos concluir que el próximo Parlamento que inicia sus funciones el 1 de mayo venidero muestra diputaciones que, en contundente mayoría, no parece que serán guardianes de esos valores, en uno y otro caso.

El “todo mercado-nada Estado” entra por “la puerta grande” a la Asamblea Legislativa electa el pasado domingo 6 de febrero, pues pareciera que la excepción serán las medidas tendientes a la reducción drástica de la desigualdad; misma que a esta altura de la historia nacional parece que llegó para quedarse por mucho tiempo, es decir, se nos hizo sistémica.

Quisiéramos estar equivocados, y superar el tono pesimista de estas líneas. En tal sentido, tenemos que renovar la fe en el enorme potencial que significa la organización civil de base para reclamar de las nuevas autoridades nacionales, tanto ejecutivas como legislativas, correcciones estratégicas en el rumbo del país. Correcciones que marcan la imperiosa necesidad de la aplicación de un conjunto de políticas y medidas hacia la recomposición de la integración social y económica de nuestra sociedad, tan venida a menos en las últimas administraciones gubernativas.

Estimamos que una buena parte de las nuevas diputaciones comulga, ya sea por convicción, ya sea por intereses personales, ya sea porque deban de honrar a sus financiadores de campaña, con ese caminar atroz que lleva el neoliberalismo global; ese, el que ha propiciado la más espantosa concentración de la riqueza en toda la historia de la Humanidad.

Y es que en Costa Rica este fenómeno de la concentración de la riqueza, abusiva y ofensiva, no es la excepción. Cuando se nos informa que los bancos, las cooperativas y mutuales financieras lograron el año pasado las mayores utilidades de los últimos cinco debido a que les pagaron a sus ahorrantes intereses muy bajos por el dinero que les confiaron cuidar, nos es dable imaginar la naturaleza de tal fenómeno en nuestro país.

Obvio resulta, según nuestro entender que, sin una presión civil organizada, extendida a lo largo y ancho del país, sólidamente fundamentada en la gran cantidad de estudios realizados a lo largo de los últimos años, la sistémica desigualdad no va a retroceder. 

Las comunidades que están en las zonas donde se vive con dramatismo la exclusión económica; las comunidades que presentan patologías sociales desintegradoras de la vida en familia, agobiadas por el desempleo y el crimen organizado; así como las comunidades que en áreas metropolitanas están al borde de una u otra situación, o ya están experimentando problemas al respecto; son todas ellas terreno potencial para arar la ansiada reivindicación cívica que obligue a la clase detentadora del real poder hegemónico a impulsar, por la vía de sus operadores políticos (en el Ejecutivo y el Legislativo), los cambios urgentes para una sólida estabilidad democrática de la República. Esta es la tarea de los movimientos sociales dispuestos a renovarse a sí mismos y a impulsar nuevas estrategias para el empoderamiento civil.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

Somos miles de personas en este país que pensamos que la Asamblea Legislativa actual, misma que termina su gestión constitucional el próximo 30 de abril, se caracterizó por una muy marcada tendencia anti-obrera y a favor de los intereses del gran corporativismo empresarial, el de los mega-negocios.

Ahondando un poco más, este parlamento estuvo volcado hacia orientaciones ideológicas contrarias a los postulados sociales y de bien común que están en la actual Constitución Política del país, la del 7 de noviembre de 1949; y, peor aún, a los contenidos de las mismísimas Garantías Sociales contenidas en nuestra Carta Magna, las cuales se obtuvieron durante las fuertes luchas socio-obreras de la década de los años 40 del siglo anterior.

No es de extrañar, por tanto, que la imperiosa necesidad de la clase trabajadora por tener la mayor regulación posible en materia de acoso laboral, no tenga ambiente político como para que el presente parlamento dé su aval, vote, ratifique legislativamente hablando, el Convenio No. 190, emitido por la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el 10 de junio de 2019, en su 108 sesión anual.

Este Convenio 190 sobre la violencia y el acoso en los ambientes laborales tiene fuerte asidero en todos los instrumentos internacionales que plantean la cuestión de los Derechos Humanos. Conviene mencionarlos para dar una idea de la doble moral del país en esta delicada materia, pues nuestra clase gobernante pregona, urbi et orbe, que Costa Rica es un país celoso protector de los Derechos Humanos.

El Convenio 190 responde a los contenidos pertinentes de la Declaración Universal de Derechos Humanos, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; de la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las formas de Discriminación Racial, de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, de la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares; y de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Comprender bien las bases del Convenio 190 y que el parlamento costarricense esté a punto de rechazarlo, solamente vergüenza y estupor causa en todos los ámbitos de la lucha social y sindical enmarcada en la defensa de los Derechos Humanos.

Tenemos la oportunidad de ser país-vanguardia en tal sentido, pues solamente 10 países han ratificado este convenio: Argentina, Ecuador, Fiji, Grecia, Italia, Mauricio, Namibia, Somalia, Sudáfrica y Uruguay.

Nuestra experiencia sindical cotidiana nos da la oportunidad de conocer la enorme cantidad de dramas personales a raíz de las más disímiles conductas de acoso patronal que se dan en las instituciones públicas y en las empresas privadas.

Muchos casos llevan a la persona trabajadora acosada a estados de estrés gravísimo, con repercusiones familiares y sociales, generando afectaciones de salud físico-mental y psicoemocional de consecuencias impensadas y, en algunos casos, con fuertes intenciones de suicido.

Le hemos solicitado a los señores candidatos presidenciales de la próxima segunda ronda de elecciones, don José María Figueres Olsen y don Rodrigo Chaves Robles, en carta abierta que está circulando de parte de la corriente sindical en la cual militamos, que alcen su voz y que conminen al actual parlamento a que vote, sin mayor dilación, el Convenio No. 190 de la OIT; el cual, según esta entidad mundial, es el primer tratado internacional que reconoce el derecho de toda persona a un mundo laboral libre de violencia y acoso, incluidos la violencia y el acoso por razón de género.

Para dar una magnitud de la imperiosa necesidad de que el país tenga este Convenio 190 incorporado a la normativa del mundo del trabajo, les transcribimos dos definiciones clave consignadas en este importante instrumento jurídico que, un día sí y otro también, expresan el fenómeno del acoso laboral:

a) la expresión «violencia y acoso» en el mundo del trabajo designa un conjunto de comportamientos y prácticas inaceptables, o de amenazas de tales comportamientos y prácticas, ya sea que se manifiesten una sola vez o de manera repetida, que tengan por objeto, que causen o sean susceptibles de causar, un daño físico, psicológico, sexual o económico, e incluye la violencia y el acoso por razón de género, y

b) la expresión «violencia y acoso por razón de género» designa la violencia y el acoso que van dirigidos contra las personas por razón de su sexo o género, o que afectan de manera desproporcionada a personas de un sexo o género determinado, e incluye el acoso sexual.

¡Rectifiquen! Señores diputados y señoras diputadas: ¡no avergüencen al país! Miles de personas trabajadoras asalariadas, en los ámbitos público y privado, sufren graves episodios de acoso. La ratificación del Convenio 190 puede ayudarles a aliviar su dolor.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General de ANEP

No podemos dejar pasar desapercibido, como un dato más del proceso electoral del pasado domingo 6 de febrero, la circunstancia de que 4 de cada 10 costarricenses, no hiciera uso del sagrado derecho al sufragio.

Pensamos que en todas las instancias político-partidistas y en las de las diferentes organizaciones de la denominada sociedad civil, se debe reflexionar, como nunca antes, sobre este fenómeno del abstencionismo; mismo que, según nuestra visión, no se puede abordar sin considerar el estado actual de la realidad socioeconómica de nuestro país.

Muchas personas estudiosas han logrado puntualizar, mediando las más diversas investigaciones, que las zonas costeras, del Pacífico y del Atlántico, así como las zonas fronterizas, muestran indicadores de pobreza y de extrema pobreza más que alarmantes.

De hecho, la vergonzosa situación de que Costa Rica ocupe el octavo lugar del listado de países más desiguales del planeta, tiene mucho origen en esas áreas geográficas del territorio nacional en las cuales, precisamente, parecen estar los niveles más altos de abstencionismo.

Entonces, el abstencionismo, por una parte, parece que no puede desvincularse de procesos de exclusión y de ruina económica. Además, muestra vínculo con importantes servicios públicos deteriorados o insuficientes, por una parte; y, por otra, no es despreciable asociarlo con el creciente fenómeno de la delincuencia y del crimen organizado del narcotráfico, especialmente en ciertos niveles territoriales.

El fenómeno del abstencionismo guarda relación con el grado de legitimidad de las autoridades electas. No es lo mismo que un gobernante obtenga un mandato por mayoría producto de una altísima votación; que un mandato procedente de, apenas, la mayoría de la mitad del universo electoral establecido.

Y, si esos altos abstencionismos debilitan la legitimidad de la autoridad del gobernante electo, es previsible que su acción ejecutiva presente problemas de gobernabilidad; es decir, el grado de aceptación de ese mandato en el seno de la población, podría restringirse a la votante; mientras que la abstencionista puede sentirse liberada de someterse a la nueva autoridad gubernativa.

Para el proceso electoral en desarrollo, dado que habrá segunda ronda de votaciones presidenciales, es dable esperar un mayor nivel de abstencionismo.

Si en la ciudadanía abstencionista los sentimientos de decepción, de frustración, de desesperanza y de enojo arrojan puntos clave para explicarse el fenómeno; las opciones partidistas finalistas harían muy bien si realizan una ofensiva de sensibilización de la importancia del voto de segunda ronda presidencial; no solamente para procurar que la cifra del 40% de abstencionismo de primera ronda, se redujese; sino que, por el contrario, esta segunda elección brinde una mayor legitimidad a la opción triunfante.

Ahora bien, si ese abstencionismo del 40% será mucho mayor para el domingo 3 de abril, fecha de las segundas votaciones presidenciales, el gobierno saliente de las mismas tiene la ineludible obligación de realizar algún tipo de intervención integral en las comunidades de mayor dramatismo abstencionista, mediando la organización comunal de base existente o por crearse, con la finalidad de comprender bien las causas y proceder a combatirlas.

Finalmente, el abstencionismo tiene relación directa con la calidad de la democracia. No es posible, repetimos, dejarle pasar desapercibido; si, además, tomamos en cuenta que las limitaciones que está demostrando la democracia electoral, la cual se sustenta, cada vez más, en una cuestión de poderío económico de las opciones en pugna; la misma estabilidad democrática de la República es la que está en juego, llevándonos por el camino peligroso del Estado fallido si no hacemos algo al respecto. Todavía hay tiempo.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

De una manera muy “sospechosa”, estando al rojo vivo la campaña electoral con motivo de los comicios presidenciales y diputadiles del próximo domingo 6 de febrero, el Banco Central de Costa Rica (BCCR), anunció con toda pompa (bombos y platillos incluidos), que el crecimiento de la economía costarricense en el pasado año 2021, fue un 7.6% del Producto Interno Bruto (PIB).

Además, para incrementar la suspicacia acerca del indicado anuncio en estos momentos cruciales de la vida del país, Alvarado se ufana y pregona que es el más alto crecimiento desde el año 2008; es decir, según el mensaje que nos quiere enviar, es en los dos períodos gubernamentales del Partido Acción Ciudadana (PAC), que la economía tica alcanza tan “notable” éxito.

Más allá de la oportunidad politiquera del anuncio del BCCR en estos días electorales tan intensos, es absolutamente necesario e inevitable que nos pongamos a reflexionar sobre la cuestión de la distribución de los beneficios de un crecimiento de la economía, al 7.6% y, en tiempos de pandemia.

Desde una perspectiva objetiva, sin apasionamientos con respecto a la política electoral de estos momentos, no se puede negar que es de resaltar tal cifra de crecimiento y si, permítanos ser desconfiados, no existe algún manejo “especial” para tal alarde de manejo de la economía por parte del gobierno de Alvarado; siendo él el presidente más impopular y de la menor credibilidad desde que se hacen encuestas que miden el grado de aceptación de la figura presidencial.

Así las cosas, las organizaciones obreras del mundo sindical laboral que revindicamos los derechos económico-sociales de las personas trabajadoras asalariadas del sector privado, que cuentan con empleo formal y salario fijo; el dato oficial de un crecimiento de la economía el año pasado de un 7.6%, obliga a replantearnos, de manera profunda, toda la política del reajuste salarial por costo de vida para este 2022 y, a la vez, la cuantía institucional fijada para el salario mínimo.

Si tal crecimiento de la economía es objetivamente real, sin manipulación con fines electorales y/o con la intención de lavarle la cara “sucia” al mandatario, los sindicatos estamos más que legitimados para plantear una revisión extraordinaria del monto establecido para el salario mínimo que ha de estar vigente en todo el presente año 2022, como reajuste por costo de vida; y, acudir ante el Consejo Nacional de Salarios (CSN), a abrir la respectiva discusión.

En octubre del año anterior 2021, el CNS fijó un reajuste por costo de vida a los salarios mínimos del sector privado, en un 2.09. Sin embargo, la inflación final de ese año fue de 3.30. Es decir, la persona trabajadora de este sector tendrá un “déficit” en el salario mínimo de este 2022, de un 1.21%.

Uno podría colegir, entonces, que es conveniente, necesario y justo que haya un reajuste salarial extraordinario por costo de vida, en esa cifra, 1.21, con base en el dato del BCCR de que hubo el año anterior un crecimiento económico del 7.6%.

En realidad, nuestro énfasis en todo este planteamiento, tiene que ver con la necesaria e imperativa discusión de que, en materia de salarios mínimos, debe imponerse una nueva política y su correspondiente metodología de cálculo; que, por lo menos, relacione y vincule, el crecimiento económico, la reactivación económica del mercado interno a partir del incremento del poder de compra del salario y, para aportar en la reducción de la cruel desigualdad que se ha entronizado en el país; a partir de decisiones de política pública en el nivel macroeconómico-fiscal que tienen totalmente en el cajón de la basura, la cuestión de la distribución sana y justa de los beneficios del crecimiento económico, el cual, es más que notorio que solamente ha servido para impulsar la concentración de riqueza.

En lo inmediato, creemos que, con la correspondiente ayuda profesional especializada, podríamos acudir ante el CNS con una solicitud de revisión del monto fijado como reajuste por costo de vida para este 2022 (ese escuálido 2.09%); al menos, en algunos sectores obreros como el agrícola bananero-piñero, el de los choferes de autobús y el de los servicios de seguridad privada.

Finalmente, este tema del salario mínimo será muy cuidadosamente abordado por la corriente sindical en la cual militamos, con ocasión de la, prácticamente segura, segunda ronda de las elecciones presidenciales para abril próximo.

Vemos muy necesario emplazar a las dos personas candidatas que pasarán a disputar las votaciones de abril próximo con este asunto del salario mínimo con perspectiva integradora.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General (ANEP)

Trate usted de comprender bien la magnitud de esta cantidad: 50 billones. ¡Difícil!, ¿verdad? Se escribe así: 50.000.000.000.000. El número 50 seguido de 12 ceros. También se puede decir 50 millones de millones. Hablamos de plata. De dinero en colones. Sin duda, es una cifra extraordinariamente grande, muy compleja para comprenderla, para asimilarla: 50 millones de millones de colones.

El ciudadano don Rodrigo Arias López, profesional experto en Matemática Actuarial, académico de la Universidad de Costa Rica (UCR) y quien ha sido profesor en la Escuela de Matemática, ha estado estudiando por mucho tiempo el problema de la sostenibilidad financiera del régimen de pensiones Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), administrado por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

Según su acendrado conocimiento en este campo de la Matemática Actuarial, al IVM-CCSS le hacen falta esos 50 billones de colones que deberían estar en sus reservas financieras en estos momentos, pero que no es así.

¿Por qué tan grande, enorme y de difícil comprensión para las mentes sencillas como las nuestras, esa cantidad de plata no está, en la actualidad, en las reservas financieras de este fondo de pensiones? ¡Es éste el corazón del problema!

Es cruel realidad socioeconómica comprobar que cuando la persona trabajadora se pensiona por el IMV-CCSS, se empobrece. Un altísimo porcentaje de las pensiones que este régimen otorga quedan por debajo del monto del salario mínimo y éste, como bien sabemos, en Costa Rica es un muy bajo confrontado con el alto costo de la vida.

El IVM-CCSS siempre fue conceptuado como un sistema de capitalización. Es decir, el aporte obrero, el patronal y el Estatal, al caer en un fondo común, se empezaron a capitalizar, a reproducirse los dineros depositados. Sin embargo, los sucesivos gobiernos y administraciones de las últimas, al menos durante las últimas 4 décadas, le empezaron a meter mano, a repartir la plata capitalizada; dictando resoluciones de política pública, ejecutiva y legislativa, para que, con los dineros acumulados en el IVM, se financiaran diversos programas, en el mejor de los casos. En otros casos, se manejaron los fondos de maneras inapropiadas, como malas inversiones que le acarrearon más pérdidas.

Con el paso del tiempo y con la acumulación de los desvíos de fondos y las malas decisiones de gestión, al IVM solamente le quedó una reserva de menos de 3 billones de colones cuando debió tener, repetimos, cerca de 50 billones. Es éste el fondo del problema; no es la edad para pensionarse. Por el contrario, subir la edad para pensionarse, es una medida facilona e injusta, socialmente hablando, para tratar de enmendar el gran error cometido a lo largo del tiempo con la plata IVM.

Con la guía experta e intelectual de don Rodrigo, la corriente sindical en la cual militamos se ha propuesto luchar porque la verdad del problema del IVM salga a la luz, que se puedan determinar las personas responsables del colapso y, desde luego, se puedan implementar alternativas de solución, aunque el grueso del daño ya está hecho. Estamos en el plano legal, dando la pelea correspondiente; pero, a la vez, apostamos a que la gente trabajadora dé su apoyo activo a esta causa, en el momento oportuno.

La directiva política de la Caja, una vez más, mediando un falso diálogo con sectores, impuso medidas más injustas para tratar de salvar al IVM: edad de retiro de 65 años para hombres y 63 años para mujeres; reducir el monto a recibir por la pensión en hasta un 15% de la actualidad; y, en el futuro cercano, no se descarta, aumentar la cotización obrera y poner a pagar a las personas pensionadas, seguro de enfermedad.

En tal marco de cosas, nos llena de satisfacción la posición de la Defensoría de los Habitantes de la República, en la persona de su titular, la señora Catalina Crespo Sancho, de interpelar a la Gerencia de Pensiones de la Caja al respecto de este tema; interpelación que podríamos resumir en una frase: el pueblo trabajador necesita saber toda la verdad sobre el colapso financiero del IVM.

La Defensoría, a la vez, critica el falso proceso de diálogo promovido por la directiva política de la Caja y del propio gobierno actual, cuando plantea las siguientes conclusiones de su interpelación:

Primera: El proceso de socialización que culmina con la audiencia pública de la reforma al Reglamento del IVM, le deja a la Defensoría un sin sabor de poca transparencia y de irrespeto al principio de participación ciudadana. Segunda: Las propuestas de reforma en análisis son una solución temporal e incompleta que solamente procrastina la solución para el futuro, cargando la responsabilidad de la sostenibilidad financiera del sistema en los actuales cotizantes y obviando que hay decisiones país que ni si quiera se discuten. Tercera: Las propuestas en análisis tienen debilidades desde el punto de vista de equidad y progresividad, razón por lo cual al Defensoría de los Habitantes no está acuerdo con su aprobación.

De alguna manera, el pronunciamiento de la Defensoría nos valida el camino de lucha que hemos decidido transitar en esto del Régimen IVM-CCSS. Nos negamos a cohonestar este otro ataque neoliberal contra los derechos de las personas trabajadoras asalariadas.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

Ya se decidió a votar? ¿Tiene dudas de presentarse a las urnas el próximo domingo 6 de febrero? ¿Todavía no sabe a quién darle su voto en la elección presidencial?

¡Estamos a 10 días! Una inmensa cantidad de ciudadanía votante está dispuesta a PASAR FACTURA, así, en mayúscula, a los partidos del bipartidismo tradicional, conocido como el PLUSC (Liberación-Unidad); ahora tripartidismo PLUSC-PAC.

A partir de 1990, ajustan 8 gobiernos sucesivos: Calderón Fournier, Figueres Ferrer, Rodríguez Echeverría, Pacheco de la Espriella, Arias Sánchez, Chinchilla Miranda, Solís Rivera y Alvarado Quesada. Y este último incluso ha contado con el respaldo y el apoyo del partido religioso que se partió en dos: el de Cruickshank y el de Fabricio. ¿Y cómo nos tienen?

Nos tienen metidos en un proceso acelerado de polarización, desde el punto de vista de concentración de la riqueza: cada vez son menos los que tienen más, por un lado; por otro, cada vez son más los que tienen menos. La clase media, sostén de la democracia en los mejores tiempos de esta, está en desaparición. Estamos ya en el octavo lugar del planeta en desigualdad. ¡Y tienen el cinismo de pedirnos que les volvamos a dar nuestro voto!

Nos tienen con un sistema tributario perversamente corrupto. Su profunda injusticia se ha hecho más crónica desde que todos ellos juntos nos impusieron un ajuste fiscal en contra de los y de las de abajo, para favorecer a la gente de más arriba; acostumbrada esta a evadir sus responsabilidades tributarias, a eludirlas, a escamotear su pago y a mantener mucho capital fuera de nuestras fronteras, en paraísos fiscales. ¡Y tienen el cinismo de pedirnos que les volvamos a dar nuestro voto!

Nos tienen bajo el gobierno real, con todo su peso político, de la plutocracia (el grupo de los más ricos dentro del segmento de los ricos). No es la agenda de la verdadera inclusión social, ni de la necesaria reactivación económica, ni la de generación de trabajos decentes, ni tampoco la de la justicia salarial, la que han venido impulsando los gobiernos del PLUSC-PAC y sus adláteres. ¡Y tienen el cinismo de pedirnos que les volvamos a dar nuestro voto!

Nos tienen con una amplia presencia político-delictiva del crimen organizado y del negocio del narcotráfico, avanzando en el control social-territorial de una manera espeluznante; y, por el contrario, unos cuerpos policiales debilitados, mal pagados, agredidos salarialmente, con dramáticos casos de hambre familiar y de gran precariedad de existencia. ¡Y tienen el cinismo de pedirnos que les volvamos a dar nuestro voto!

Nos tienen con, prácticamente, la mitad de la Población Económicamente Activa (PEA) en el desempleo, en la informalidad, en el “cuenta-propismo”, en el “come cuando hay”; al margen todos estos grupos laborales de la Seguridad Social.

La otra mitad de la PEA, en la cual está la gran masa de gente trabajadora con empleo formal, el salario está congelado, va a la baja, no compensa el alza en el costo de la vida y se atreven a decir que el salario mínimo debe ser rebajado en un 10 %. ¡Y tienen el cinismo de pedirnos que les volvamos a dar nuestro voto!

El espacio es pequeño y las razones para PASAR FACTURA son demasiadas. Han venido renegando de las Garantías Sociales conquistadas en los años 40 del siglo pasado, así como de la propia Constitución Política de 1949.

Quebraron el Estado y nos endeudaron tantísimo que hasta los no nacidos ya deben demasiado. ¡Y tienen el cinismo de pedirnos que les volvamos a dar nuestro voto!