Categoría: Opinión

Albino Vargas Barrantes, Secretario General (ANEP)

“ARESEP archivó estudio tarifario de oficio para el servicio de acueducto del AyA”, es el título del comunicado de prensa que, con fecha 20 de enero en curso, emitió la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP), en el cual leemos esta especie de sentencia política que, con toda sinceridad, nos causa escalofríos:

“…la ausencia total o parcial de la información solicitada al AyA, específicamente en materia de inversiones, atenta contra la prestación óptima y continuidad del servicio de acueducto”.

Nos preguntamos: ¿Se le oculta información a la ARESEP? ¿Existe alguna conjura contra la estabilidad y contra la transparencia institucional? ¿Será que, de manera deliberada, habrá alguna orientación política perversa para que AyA no preste en condiciones óptimas y con la necesaria continuidad el servicio de acueducto?

Estamos obligados a pensar lo peor, considerando que la hegemonía política dominante en el seno del actual Gobierno de la República es la del todo mercado-nada Estado, de manera tal que un fracaso estratégico de AyA, por una parte; y que, por otra, tal fracaso se vuelva irreversible, es una extraordinaria oportunidad para privatizarlo.

Esta presunción nuestra exhibe toda su potencia cuando leemos en el indicado comunicado de la Aresep lo siguiente: “… de continuar la situación descrita representa un riesgo muy alto para la continuidad del servicio y la atención de nuevas inversiones en el mediano plazo, dado que esas inversiones realizadas en los últimos cinco años no han sido capitalizadas vía tarifa, significando una carga financiera excesiva por el alto costo de la deuda y la demanda de flujos para el repago de la obligación, y que de continuar con esta práctica le restará capacidad de gestión de nuevas inversiones para atender la gran cantidad de problemas de infraestructura que aquejan al servicio que prestan”.

Particularmente, para la ARESEP es muy necesario realizar una fiscalización técnica, financiera y de gestión de todos los proyectos de inversión que fueron aprobados por la Junta Directiva de AyA para el período 2016-2020; es decir, durante los gobiernos de Luis Guillermo Solís Rivera y de Carlos Alvarado Quesada, ambos del Partido Acción Ciudadana (PAC).

¿Será el PAC el “enterrador” de AyA, aunque bien sabemos del gran poder que tienen en la gestión institucional, mandos de alto relieve y de gran peso jerárquico muy afines al bipartidismo tradicional PLUSC?

¡Qué va! La conjura contra la institucionalidad de AyA tiene fuerzas oscuras muy enraizadas en esta entidad, considerando que el agua representa un negocio de gigantescas ganancias. Si no, cómo nos explicamos que nunca se ha viabilizado que la institución venda agua embotellada.

Por el contrario, de sus propias fuentes y manantiales se nutre el actual alto corporativismo empresarial privado, que realiza ese gran negocio que es el servicio de provisión privada de ese vital líquido para todas las formas de vida, especialmente la humana.

En lo concreto inmediato, ARESEP archivó el reciente estudio tarifario de AyA, puntualizando tres razones que, al analizarlas de manera concienzuda, nos muestran que es imposible que haya tal impericia en sus niveles de alta gerencia y de selecto profesionalismo, a no ser, repetimos, de malas intenciones ocultas. Dice ARESEP:

• No se justificó ni se dio trazabilidad a los proyectos de inversión que realizó el AyA durante los últimos 5 años.

• No capitalizó el 54,7% de los recursos aprobados vía tarifa para proyectos de inversión para el periodo 2019 (₡14.560 millones), además de que no aportó la debida justificación o su aplazamiento para periodos subsiguientes.

• No presentó las justificaciones técnicas que permitan respaldar las variaciones significativas entre los montos proyectados de las inversiones y el monto real ejecutado.

Lleva ya bastantes meses la corriente sindical en la cual militamos, a través de su expresión concreta a nivel interno de AyA, denunciando de manera sistemática y con fuerte solidez argumental y documental, la gravedad de la situación que está viviendo el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados; al punto de que creemos que es la grave de toda su historia, desde que éste fuera establecido mediante la ley de la República No. 2726, de 14 de abril de 1961, bajo la administración Echandi Jiménez.

Conscientes de que AyA está ante el peligro más grave de toda su historia, damos fe de nuestro compromiso sindical para aportar, con sentido estratégico, todo lo que podamos en su defensa, ofreciendo al apoyo más decidido en tal sentido a sus fuerzas internas sanas, en el plano obrero, técnico-profesional y político, de la mano con las comunidades y bajo el alero inspirador del Sindicalismo Ciudadano que hemos adoptado para esta parte de nuestro quehacer por una verdadera Democracia.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

Durante las últimas semanas hemos venido haciendo un gran esfuerzo, para sensibilizar en el ámbito de la lucha social y sindical que ocupa nuestro quehacer diario, el significado de la palabra plutocracia.

Al colocar este vocablo en el buscador digital Google, encontramos las dos siguientes definiciones: “Forma de gobierno en que el poder está en manos de los más ricos o muy influido por ellos”. Y, “Clase social formada por las personas más ricas de un país, que goza de poder o influencia a causa de su riqueza”.

Muchas personas en este país, incluido quien esto escribe, tenemos la certeza de que las políticas públicas, especialmente las económicas, que se han venido impulsando en las últimas administraciones gubernativas, responden a los intereses de grupos plutocráticos; interesados éstos en una apropiación total, por diferentes mecanismos, de servicios públicos y de empresas públicas que ofrecen jugosas rentas. Esto, por una parte.

Por otra, hay una concatenación ideológica entre esa finalidad y lo que viene planteando el neoliberalismo como plataforma político-programática para la asunción plena de las relaciones sociales en la comunidad, por parte del mercado y, por ende, del retiro del Estado de la mayor cantidad posible de ámbitos de desempeño, directo e indirecto.

Para el caso costarricense, la plutocracia ha logrado permear los otrora principales partidos políticos que han venido administrando la cosa pública en los últimos 30 años; básicamente a Liberación Nacional y a la Unidad Socialcristiana. Pero, lo que a no pocos sorprendió, ha logrado controlar al Partido Acción Ciudadana, notablemente así constatable con la gestión presidencial del señor Carlos Alvarado Quesada.

Pero, ¿es posible saber con exactitud quiénes son esas personas, de carne y hueso, que forman parte de la plutocracia en Costa Rica? ¡Sí! Por ende, se podría constatar que, de un modo u otro, tendrían responsabilidades políticas directas en el desastre nacional actual que nos tiene como uno de los diez países más desiguales del planeta.

Ahora bien, pensamos que esto de personalizar a la plutocracia es una tarea que va a quedar pendiente, dado que requiere de mucho cuidado y de gran exactitud. Lo que sí es real es que es algo urgente acometerla.

A los y a las plutócratas, gente de carne y hueso como uno, sí resulta posible empezar a identificarles a partir de las actividades económico-lucrativas en que se vienen desempeñando; destacando las mismas por su impacto en la sociedad. Veamos algunos pocos ejemplos, aunque “sustanciosos”:

Sin duda alguna, la plutocracia se muestra desde algunas corporaciones del negocio de las noticias, lo que hemos dado en llamar latifundios mediáticos.

En el sector financiero-bancario y su expresión de operación cotidiana, el mercado bursátil, la plutocracia tiene gran presencia. De hecho, se considera a este sector el realmente hegemónico-político dominante y de gran peso en los gobiernos de turno. En Costa Rica, se señala a la denominada Asociación Bancaria Costarricense (ABC), como la expresión de organización formal de la plutocracia financiera.

En el Régimen de Zonas Francas, la plutocracia encuentra una fuente de poder que ha venido incidiendo muy fuerte en los gobiernos de turno y en los sucesivos parlamentos. Las zonas francas son un tema tabú. Ni una milésima de impuesto tributario solidario, al menos, tiene viabilidad política.

Encuentra uno poderes plutocráticos en los procesos de compras del Estado. Particularmente, una reconocidísima marca de carros suele ganar todas y cada una de las licitaciones y a la familia dueña de la franquicia se le considera de mucha influencia en la esfera política tradicional.

En el negocio inmobiliario, la plutocracia tiene bastante asidero. Alquileres de edificios al Estado, proyectos multimillonarios de vivienda, la construcción-venta de condominios y edificios inteligentes, muestran a personajes que, aunque se esfuerzan por permanecer ocultos, algunos son bastante conocidos, pues han dejado en la ruina a no pocos inversionistas pequeños y medianos.

La evasión de impuestos, la elusión del pago de tributos, el sistema de exenciones y exoneraciones, ha generado poderes plutocráticos. Es indudable que a algún lado van a parar los, al menos, 6 puntos de Producto Interno Bruto (PIB), que al año el fisco no puede captar, considerando que el sistema tributario costarricense es radicalmente injusto y vergonzosamente corrupto. Hay plutocracia aquí, sin duda.

En la gestión de construcción y de infraestructura vial, se generaron plutocracias, las que, por presunta corrupción y comisión de ilícitos quedaron con sus principales rostros en el ojo público durante muchos días del año pasado 2021. Ya se conocía cómo ejercían influencia en los gobiernos de turno, incluido el actual.

Como es lógico suponer, la identificación plena de los y de las plutócratas, los nichos de mercado que controlan, así como la vastedad y la profundidad de sus influencias políticas, es una cuestión que no ha sido investigada con plenitud.

Lo aquí indicado parte de una percepción producto del cotidiano seguimiento que procuramos hacer de la evolución de los más relevantes movimientos dentro de la realidad nacional. Sin duda, estamos de cara a una tarea cívica de corte estratégico.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

Al digitar la palabra tabú, el buscador Google nos muestras estas dos definiciones: 1) Prohibición de comer o tocar algún objeto, impuesta por algunas religiones polinésicas. 2) Prohibición de hacer o decir algo determinado, impuesta por ciertos respetos o prejuicios de carácter social o psicológico.

Quienes en Costa Rica mandan, realmente, muestran una gran hipersensibilidad política cuando el asunto del régimen de Zonas Francas aparece en la agenda del debate público.

A quien lo plantee, se le vienen en contra como en manada, desplegándose una jauría de escribidores, de amanuenses que le lapidan, metafóricamente hablando. El tema de las zonas francas es un tema tabú en el país.

Semanario Universidad publicó por estos días un reportaje que, rompiendo tal tabú, abre muchísimo espacio para que nos preguntemos muchas cosas acerca del tema de las zonas francas: “Presidente de UCCAEP estrenó 4 empresas de Zona Franca en histórico ingreso al régimen libre de impuestos”, por una parte; y, por otra, “12 de 20 empresas que migraron de pagar impuestos hacia Zonas Francas son ticas”. Son estos los titulares de las dos notas de prensa del reportaje en mención.

En el seno del mundo de los y las de abajo, que somos la mayoría en este país, siempre se ha creído que el Régimen de Zonas Francas es para que vengan al país inversionistas del exterior; capitalistas extranjeros que reciben grandes “estímulos” en cuanto a exonerarlos de que paguen impuestos (especialmente, el de la renta), a fin de que, básicamente, generen trabajos y bien remunerados.

En principio, no habría por qué oponerse ni criticar que eso sea así. Aunque, como ya se sabe, los niveles de concentración de riqueza a nivel planetario son tan descomunales, especialmente en el ámbito de las empresas multinacionales, que algo de eso podría estar cambiando en los próximos años. Y las megacorporaciones ubicadas en zonas francas podrían ser gravadas para que paguen alguito en materia de impuestos en los países donde explotan fuerza obrera.

Cuesta, entonces, comprender que empresarios criollos, capitalistas nacionales, instalen sus negocios en esas zonas francas y, por tanto, queden exonerados de pagar los impuestos que han venido cancelando (y si es que lo han venido haciendo como se debe), por estar sus empresas en lugares geográficos del territorio nacional que están sujetos a tributos como el de la renta.

Luego de tantos meses y meses de un furibundo ataque contra el sistema salarial del empleo público, dentro de lo cual ha sido satanizado el asunto de los pluses salariales; que un empresario nacional pase su negocio a un régimen de zona franca exonerado de impuestos, ¿no es acaso un plus de otro tipo para que agrande la cuantía de plata en su bolsillo y el monto de su capital?

Bien haría el presidente de la UCCAEP, gremio empresarial muy militante en contra del sistema salarial del empleo público, explicarle a la opinión pública eso de que su presidente “…estrenó 4 empresas de Zona Franca en histórico ingreso al régimen libre de impuestos”, según nota de prensa de Semanario Universidad. Él, don José Álvaro Jenkins, no pudo ser localizado para que diera su versión pues estaba “en un lugar con poco acceso a Internet”. ¿Han de creer ustedes esto?

Esto es parte del tabú que implica, en Costa Rica, hablar del tema del Régimen de Zona Franca, el cual, por cierto, tienen grandes defensores dentro de la clase política del PLUSC-PAC y “partidos” adjuntos a la misma.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General (ANEP)

Al considerar la actual realidad política, social y económica de la Costa Rica del Bicentenario; y, a las puertas de unas elecciones presidenciales y diputadiles que, con sinceridad hay que admitirlo, nada bueno prometen para la abrumadora mayoría del pueblo costarricense; conviene posicionar el accionar obrero-social organizado en sindicatos como una poderosa y oportuna herramienta de lucha a fin de que, al menos, le cerremos el paso al avance impetuoso de la desigualdad social y económica que nos han impuesto los y las de arriba; gente, que pertenece a la plutocracia, que quiere lanzarnos al abismo de la desesperanza total que supondría el triunfo definitivo de las fuerzas del mercado totalitario.

Pero, ¿cuál debe ser el accionar obrero-social organizado en sindicatos? He aquí el punto que marcan nuestras convicciones luego de tantos años de participación activa en las luchas sociales de estos tormentosos tiempos contemporáneos, bajo bandera sindical.

Hablamos, en consecuencia, de lo que podemos denominar como Sindicalismo Sociopolítico a fin de diferenciarlo del sindicalismo corporativo-gremialista que solamente ve el árbol y no el bosque; aunque éste, a veces, haga gala de una palabrería y de una fraseología desafiante del dogma neoliberal, pero termina acomodado, alineado, a él.

Adicionalmente, es absolutamente incuestionable que el monopolio de la política dejó de ser patrimonio exclusivo de los partidos políticos. Se sabe de esto ya desde hace bastante tiempo y, por tanto, no estamos descubriendo el agua tibia.

Lo que pasa es que si consideramos que hay 25 partidos políticos disputándose la Presidencia de la República para las elecciones del próximo domingo 6 de febrero de 2022; la relevancia de la organización obrero-social que trasciende lo corporativo-gremial, emerge con toda potencia.

Al menos, en el tránsito hacia la construcción del nuevo sujeto histórico destinado a relevar el totalitarismo de mercado, para dar paso a una sociedad de real inclusión social y económica, inspirada en el bien común.

Así planteado, ¿qué es el sindicalismo sociopolítico que practica la ANEP?

Es la acción centrada en el fomento, en la defensa y en la promoción de los derechos laborales, económicos y sociales de las personas trabajadoras, asalariadas o no asalariadas; con base en el sistema jurídico-legal nacional y el derecho internacional en la materia. Además, buscamos incidir en el rumbo del país hacia la conquista de una sociedad realmente democrática, de buen vivir, con sólido fundamento en la doctrina universal de los Derechos Humanos; a través del estudio, de la propuesta alternativa, de la formación y de la capacitación político-sindical; de la construcción de organización de base, de la promoción del diálogo social real y/o de la movilización sustentada en los conceptos de la Democracia de la Calle y de los fundamentos del Sindicalismo Ciudadano.

Noten ustedes que el Sindicalismo Sociopolítico que practica la ANEP, está integrado por dos elementos fundamentales.

UNO: el tema de los derechos laborales, económicos y sociales: fomento, defensa y promoción, según nuestras leyes y el Derecho Internacional en la materia.

DOS: la incidencia en el rumbo del país para que tengamos una sociedad realmente democrática: estudiando, proponiendo alternativas, formación y capacitación político-sindical, organización de base, movilización y alianza con la ciudadanía.

Ante el fuerte ataque que vivimos hacia las conquistas sociales que (como dato ya aceptado por todo mundo), nos tiene como uno de los diez países más desiguales del mundo; la doctrina fundamental de los Derechos Humanos (de primera generación, así como los de segunda y hasta los de tercera y cuarta), nos dan una fuerte base de lucha de contenido sólido para estos duros tiempos del todo mercado-nada Estado.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), el año 2021 terminó con una inflación del 3.30%, que es la más alta desde el año 2014, cuando llegó al 5.13%.

Curiosamente, del 2014 a la fecha solamente un partido político ha estado a la cabeza del Poder Ejecutivo: Acción Ciudadana, con los señores Luis Guillermo Solís Rivera y Carlos Alvarado Quesada; aunque, como es público y notorio, es el mismo grupo ideológico-hegemónico y político-económico el que ha tenido las riendas del país: la plutocracia.

La publicación de este dato nos genera diversas preocupaciones que, según nuestra perspectiva obrero-social, siguen sin ser planteadas de la manera más dinámica y más contundente, en el marco de una sociedad como la costarricense de la actualidad que, casi sin reversión posible, ya está en el cruel escenario de una desigualdad sistémica.

Si hablamos del salario mínimo de aplicación para el sector privado de la economía, las personas trabajadoras del mismo con empleo formal, tuvieron pérdida de poder adquisitivo en ese salario del 3%.

Durante todo el año 2021, su reajuste por costo de vida fue del 0.30%, así establecido en octubre del 2020, según lo resolvió el Consejo Nacional de Salarios (CNS), órgano adscrito al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).

En octubre pasado, tal entidad resolvió que el reajuste por costo de vida en el salario mínimo para todo el año 2022, sea de 2.09%. Uno puede concluir que quien en la empresa privada está en salario mínimo, inició este nuevo año con un balance negativo de su poder adquisitivo del 4.21%: 3 que es lo que se le habría quedado debiendo del 2021 por una inflación de 3.30 y un reajuste definido del 0.30. A ello agréguese, empieza el año 2022, con un reajuste del 2.09, debiendo haber arrancado este período con 3.30%; es decir, se le quedó debiendo un 1.21%.

Lamentablemente, debemos reconocer lo siguiente, sin ambages, pero planteado como un reto: es que en el mundo obrero del momento no existe la fuerza laboral suficientemente organizada como para forzar el desarrollo de una discusión, abierta y de peso, con el frente patronal-empresarial, en este ámbito de la política salarial.

Es sumamente débil la representación sindical en el Consejo Nacional de Salarios (CNS), supuesto órgano técnico, adscrito al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), mismo que también tiene representación gubernamental y patronal.

Tal debilidad no solamente es por la realidad del carácter de la representatividad de las siglas sindicales que ocupan un escaño en el CNS; sino porque se adolece de fuerte basamento político-técnico y estructural-metodológico, como para que se tengan indicadores independientes de medición de las variaciones en el costo de la vida, diferentes a las del INEC.

Para los datos de inflación anual correspondiente al 2021, se le critica al INEC que no habría considerado la cadena de aumentos en el precio de los combustibles, la cual anda alrededor de un 50%. Y esto, colateralmente, golpeó el precio de los fertilizantes y de los agroquímicos, de imprescindible consideración en la producción de alimentos para la canasta básica.

Así que, el 3.30% de inflación para el 2021 que nos da el INEC, sin descalificar la extraordinaria calidad profesional de su personal experto, debemos ponerlo en duda, considerando que tiene un superior jerárquico máximo que está por encima de sus fronteras institucionales, como lo es la Casa Presidencial, junto con el Banco Central de Costa Rica (BCCR).

Otros más desconfiados (en la sociedad actual donde el actual gobierno tiene cero credibilidad), plantean que bien podría haberse dado orientación política superior para la consideración metodológica de la medición; estando de por medio un convenio en trámite con el Fondo Monetario Internacional (FMI), al cual no le simpatizaría mucho embarcarse con un país que no puede manejar su inflación.

Adicionalmente, el país no tiene una política integral, objetivamente concertada y construida por un diálogo social verdaderamente real que vincule, estratégicamente hablando, la reducción de las desigualdades con una política salarial amplia que esté asociada a la reactivación económica para el mercado interno y que contemple la productividad y la competitividad, especialmente.

En lo inmediato, parece emerger la necesidad de impulsar procesos sindicales de reivindicación salarial, en esto del salario mínimo, para segmentos obreros específicos, como el agrícola (bananero-piñero), el de la conducción de autobuses del transporte colectivo de personas, el de la prestación de servicios de seguridad privada.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General de la ANEP

¿Conoce usted una legislación costarricense que se llame Código de Colaboración? ¡Por supuesto que no! Lo que existe es el Código de Trabajo.

¿Conoce usted que exista una entidad a nivel mundial que se llame Organización Internacional de la Colaboración? ¡Tampoco! Existe la Organización Internacional del Trabajo; siglas, en español, OIT.

¿Existe en Costa Rica el Ministerio de la Colaboración? ¡No! Existe el Ministerio de Trabajo; más exactamente, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, siglas MTSS.

En la Universidad Nacional (UNA), existe un centro de investigación sobre las cuestiones laborales, llamado Instituto de Estudios del Trabajo, siglas IESTRA. Que sepamos, no le han cambiado el nombre como para que se llame Instituto de Estudios de la Colaboración.

Hace un tiempo venimos criticando lo que consideramos como un elemento notable dentro de la estrategia político-ideológica del neoliberalismo, en su descomunal lucha por las mentes de la gente: sustituir la palabra trabajadores o, trabajadoras, por el vocablo colaboradores o, colaboradoras.

Sin duda alguna, dado el altísimo nivel de explotación obrera que se da en estos tiempos de neoliberalismo, la contradicción capital-trabajo se expresa de manera más aguda, cruel e inmisericorde.

El capital, buscando incrementar las ganancias, pretende pagarle al obrero lo menos posible; el obrero, en su lucha por la supervivencia y por mejores condiciones de vida para él y para su familia, está en constante lucha por ganar más y más decentemente. ¡No hay colaboración! Hay venta de fuerza de trabajo de por medio.

Debemos cerrarle el paso a esta tendencia perversa de decodificar (creo que es éste el concepto correcto desde la Sociología y desde la Antropología), el significado real y profundo de la palabra trabajador; que, además, tiene una carga filosófica-ideológica y político-histórica socioeconómica que el neoliberalismo y su pléyade de amanuenses insisten en desconocer.

En la lucha sin fin de las personas trabajadoras asalariadas por dignificarse, mucha sangre ha mediado, dolorosamente; como muchas vidas de liderazgo obrero han sido sacrificados por la causa del trabajador.

La persona trabajadora que tiene un empleo formal y un trabajo relativamente fijo, recibe una paga por ello; ya sea en forma mensual, quincenal o semanal. Tanto en los sectores público y privado. Esto ha sido así por muchísimos años: se vende la fuerza de trabajo, física o mental-intelectual, a cambio de un dinero conceptuado como salario. Y se da tanto en el sector privado como el público.

Procurando ser más enfático en este posicionamiento acerca de la defensa política del concepto-palabra trabajador, les comparto el siguiente texto:

“Cada vez es más frecuente escuchar en las empresas la palabra “colaboradores” en lugar de “trabajadores”; o de “líderes” en vez de “jefes”. El eufemismo podría ser inocente, pero no lo es. Detrás de este lenguaje opera un verdadero cambio en la forma de presentar a los trabajadores en la empresa moderna, que busca demostrar que no existen diferencias, que no hay subordinados, dependencias, asimetrías y explotación, sólo una gran familia donde todos colaboran y comparten las mismas condiciones”.

(Tomado del artículo La hipocresía de llamar a los trabajadores “colaboradores”. Karina Norbona. https://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/2010/12/24/la-hipocresia-de-llamar-a-los-trabajadores colaboradores/ )

Veamos esta otra cita: “Un colaborador es una persona que realiza un aporte personal de manera voluntaria donde no existe relación de subordinación o dependencia respecto de otra persona, o sea un colaborador no se encuentra obligado a colaborar y no reconoce jefatura superior; en cambio, un trabajador tiene relación de subordinación o dependencia respecto de su empleador”.

(Tomado de https://www.elemprendedor.pe/columnas/colaborador-o-trabajador/ )

El empleo del concepto colaborador como sustituto del concepto trabajador,se da a partir de la ideología neoliberal con su tesis política fundamental del todo mercado-nada Estado.

En este mundo del alto corporativismo empresarial de los macronegocios, también se da asidero a planteamientos como la eliminación de la histórica jornada de las 8 horas; contra la regulación del salario mínimo y por la reducción del monto actual que éste tiene en Costa Rica. También, en el mundo del colaboracionismo, hay posiciones que reniegan de las responsabilidades patronales para con la Seguridad Social y son enemigos del papel inspector de la cartera ministerial de Trabajo y Seguridad Social.

El fundamento profundo de la sustitución del concepto trabajador por el de colaborador, es precisamente ese: mercado libre en las relaciones obrero-patronales. ¿A quién pretenden engañar?

Finalmente, algo que también es muy detestable es el empleo del concepto colaborador por parte de políticos y jerarcas del mundo del empleo público.

Inadmisible es, también, que una persona militante o dirigente sindical caiga en esa trampa ideológica. Y si se trata de gente asalariada en sentido estricto que lo hace, pues gran labor de re-educación obrera tenemos por delante.

Albino Vargas Barrantes

Secretario General

Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)

El desprestigiadísimo y aporofóbico-neoliberal gobierno de Carlos Alvarado Quesada insiste en cargar con más impuestos a la clase trabajadora del país, especialmente a la que todavía sigue ubicada en los sectores medios: ahora trata de imponer la ley de la renta global dual que es parte de lo que él pactó con el Fondo Monetario Internacional (FMI). ¡Siguen volándole garrote a las capas medias!

Antes de entrar directamente al tema, la verdad hay que decirla tantas veces como sea posible: Alvarado no ha estado solo en su cruzada anti-obrera y pro-plutocrática.

Solamente recordemos lo que sucedió con el combo fiscal, en el 2018, cuando “se estrenó” la coalición parlamentaria político-ideológica que ha venido apoyándole hasta el día de hoy: básicamente, su propio partido PAC, junto a los dos del bipartidismo “clásico” (Liberación-Unidad), así como las dos vertientes del “evangelismo politiquero”: Cruickshank (Restauración) y el fabricismo (Nueva República).

La “renta global dual” no es más que otra iniciativa de impuestos contra las capas medias del país y contra la clase trabajadora (asalariada e independiente). Busca poner a pagar tributos a estos dos segmentos de la ciudadanía productiva del país, a partir de un ingreso de 683 mil colones mensuales.

Si bien es cierto sabemos que miles de personas trabajadoras asalariadas, especialmente en el sector privado, el salario mínimo que ganan no llega a los 683 mil colones mensuales como para que les cargue con impuesto sobre la renta; muchas de ellas la pulsean por fuera, buscando un ingreso adicional para llevar la pesada carga del sostenimiento familiar en un país como Costa Rica de altísimo costo de la vida.

Lo que estos neoliberales aporofóbicos pretenden es que, por ejemplo, el monto del salario mínimo mensual más los ingresos extras pulseados por fuera se sumen, se haga una sola cantidad, a la cual se le pondrá ese nuevo impuesto: por eso se llama renta global dual. Es éste en un solo ejemplo.

Igual sacrificio le espera a quienes se están desempeñando, asalariadamente hablando, en el sector público. En este ámbito de la actividad productiva del país, grandes cantidades de personas trabajadoras, con sus salarios congelados desde que entró Alvarado Quesada al gobierno, también tienen ingresos extras. La renta global dual les espera “gustosamente”.

Aprobar el proyecto de renta global dual es darle más fuerza al perverso sistema tributario del país que es injusto y que es corrupto. Como lo hemos venido apuntando, tiene dos características fundamentales: profundamente regresivo (pagan más los que proporcionalmente tienen menos), por una parte. Por otra, los que sí deben pagar proporcionalmente con base a lo que tienen, eluden, esconden, evaden los impuestos que les competen.

Ahora bien, como ya estamos al rojo vivo en la campaña electoral, pareciera que la renta global dual, como la quiere Alvarado Quesada y su aporofóbico Ministro de Hacienda, tendrá que esperar para su aprobación legislativa a que pasen las elecciones del 6 de febrero. ¡Cálculo electoral a la orden del día!

Por cierto, estamos ya a 31 días de tal fecha, recordándole a usted que la corriente sindical en la cual militamos está en la recta final de su campaña PASAR FACTURA; precisamente señalando con el dedo acusador a los partidos políticos integrantes de la coalición parlamentaria que ha venido apoyando a Alvarado Quesadda hasta la fecha, los cuales no merecen su voto.

El proyecto de renta global dual no debe ser aprobado. Por el contrario, debe mandársele un fuerte mensaje al Fondo Monetario Internacional (FMI): Alvarado pretende hipotecar todavía más al país sin tener base social alguna, pues toda la perdió al adoptar el ideario ideológico y macroeconómico-fiscal de la plutocracia reinante en el país. Esto, por un lado.

Por otra parte, siguen siendo totalmente válidas alternativas de atender el grave problema fiscal del país sin acudir al FMI. Ha sido demostradísimo por excelentes y expertos profesionales costarricenses con posiciones partidistas diferentes.

El indicado proyecto está en la Comisión de Asuntos Hacendarios. De sus once integrantes actuales, solamente la honorable diputada Shirley Díaz Mejía, no responde a los intereses hegemónico-ideológicos de la plutocracia aporofóbica que gerencia Alvarado Quesada. De los otros 10, Liberación tiene 3 votos bien identificados con esa plutocracia: Ana Lucía Delgado Orozco, Yorleni León Marchena y Gustavo Viales Villegas. Las diputadas PAC, Nielsen Pérez Pérez y Laura Guido Pérez funcionan como furgón de cola del PLN.

De los 5 restantes, póngales el ojo a estos 3. Dos restauracionistas: Eduardo Cruickshank Smith y Carlos Avendaño Clavo; así como al fabricista Harllan Hoepelman Páez. Ahorita están diciendo que “objetan” el proyecto de renta global dual, pero, de aquí al 6 de febrero, falta por pasar mucha agua debajo del puente. Igual lo dicen Otto Roberto Vargas Víquez (Republicano) y María Inés Solís Quirós (PUSC).

¡Qué va! La decisión político-ideológica, como suele suceder en este tipo de proyectos macroeconómico-fiscales de corte neoliberal-aporofóbico, ya fue tomada desde afueras de la Asamblea Legislativa. Por eso recuerde pasar factura este 6 de febrero.

Albino Vargas Barrantes

Secretario General

Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)

El pasado día sábado 1 de enero de 2022, mediante nuestra cuenta digital en twitter, escribimos el siguiente mensaje, mismo que transcribimos tal cual cupo en el espacio respectivo: “ALVARADO SE VA EL 8 MAYO: Proponemos q’ representaciones de lucha sindical-social y cívico-patrióticas lo celebremos el 7 MAYO, idea q’ lanzamos desde este 1 ENE. sin saber ningún resultado electoral, ni presidencial ni diputadil. Si pega nos ponemos de acuerdo en detalles ANEP”.

Un día después, el domingo 2, escribimos, igualmente por esa misma vía digital este otro mensaje: “Nuestra propuesta de celebrar que Alvarado se larga, al entregar la banda presidencial, el 8 de mayo, PEGÓ!!! Importantes agrupaciones se apuntan y una inmensa cantidad de ciudadanía. El evento debe hacerse el día previo: SÁB. 7. Piden algo festivo: Cimarrona, payasos, bombetas…”.

Efectivamente, las respuestas iniciales en las primeras 24 horas de divulgación digital de nuestra iniciativa, expresan una variedad de sentimientos que nos ha impresionado muchísimo. De procedencias personales-ciudadanas y de organizaciones sociales muy distintas entre sí, podríamos resumirlas en dos reacciones fundamentales: repudio y regocijo.

Por supuesto que, al formular la propuesta tenemos mucha conciencia con relación al significado sociopolítico de la presencia del señor Carlos Alvarado Quesada en la Presidencia de la República de Costa Rica. ¡Solamente eso! Nada personal y, mucho menos, nada familiar.

Aclarado lo anterior, desde nuestra propia perspectiva de lucha social y sindical, estando al frente de una organización obrera que siempre ha estado en férrea línea crítica, sólidamente argumentada, de la gestión política impulsada por él; al promover que celebremos que se va de la Casa Presidencial (para nunca más volver, ¡esperamos!), consideramos lo siguiente, indicando que motivaciones sobran:

Desde que entró a regir la actual Constitución Política del país, el 7 de noviembre de 1949, Carlos Alvarado Quesada es el ciudadano presidente de la República más repudiado, más rechazado, más detestado, más impopular en ocupar ese honroso cargo.

La Casa Presidencial de Costa Rica, para vergüenza mundial y golpeando durísimo el prestigio internacional del país, nunca había sido allanada por autoridad judicial alguna; ni desde el 7 de noviembre de 1949 a la fecha, por una parte. Por otra, no sabemos de un antecedente igual antes de esa fecha y desde que se definió la independencia del país hace 200 años.

El señor Alvarado Quesada tiene varios procesos penales-acusaciones en trámite. Creemos que, si bien le cobija el sagrado principio constitucional de presunción de inocencia, no existe antecedente alguno parecido en figuras presidenciales anteriores a la suya. Gran pregunta al respecto: ¿se irá del país terminado su mandato sin que se aclaren todos esos procesos penales-acusaciones judiciales? Ese sábado 7 de mayo, las recordaremos una a una.

Prácticamente, desde el inicio de su mandato nos atrevimos a calificarle como un estafador político.

Ateniéndonos al ideario del partido político que le llevó a la Presidencia; ateniéndonos a contenidos de su propuesta de gobierno que iban dirigidos a la inclusión social y económica y a la recuperación de la senda del bien común en cuanto al impulso del desarrollo; y, muy especialmente, a las conversaciones que él sostuvo, en su condición de candidato presidencial, con gran cantidad de dirigentes sindicales al visitar importantes sedes de agrupaciones obrero-sociales; se constató, mediando mucho dolor y sufrimiento, que sus principales decisiones macroeconómicas y fiscales le llevaron al otro lado de la acera: al de la plutocracia reinante, mostrándose un perverso contenido de aporofobia en las mismas.

La convicción de que Alvarado Quesada cometió la estafa política más relevante de los últimos tiempos, es hoy criterio sumamente generalizado en diversos estratos sociales, incluyendo empresariales.

Creemos que este evento, la celebración de que el señor Alvarado Quesada deja la Presidencia de la República, debe representar un acto cívico-patriótico, de sentido histórico, además, que sepamos, nunca antes ciudadanía activa pensó en organizar y ejecutar un evento abierto y público, con regocijo explícito por la salida del Poder Ejecutivo de un presidente.

Ni es resentimiento, ni es “sacada de clavo”. Pensamos que todas las personas que participarán de la actividad, van a ser portadoras de un sentimiento nacional de repudio, ampliamente extendido por todo el país, por lo que significó este señor en Casa Presidencial y lo que él decidió representar, traicionando al grueso contundente de sus votantes, tanto en primera como en segunda ronda.

Como nos hemos esforzado en puntualizarlo de manera contundente, esta propuesta de celebrar la salida de Carlos Alvarado Quesada de la Casa Presidencial, se hace pública el mismísimo día de inicio de año 2022, el 1 de enero. Es decir, sin siquiera imaginar cuál sería el resultado de las elecciones presidenciales del domingo 6 de febrero próximo; y, tampoco, en caso de segunda vuelta, la persona ganadora de las mismas.

A la vez, sin conocer la composición de la futura Asamblea Legislativa que entra en funciones 1 de mayo de 2022. Aunque, ya para el sábado 7 de mayo, fecha de la celebración civil y obrero-social de la salida de Alvarado Quesada de la Presidencia, nos imaginamos que podríamos acompañarnos en este evento algunas personas diputadas recién estrenadas en sus cargos parlamentarios.

Albino Vargas Barrantes

Secretario General

Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)

Insistimos en que para poder comprender cuál es la característica principal de la circunstancia sociohistórica y político-económica que estamos viviendo en la Costa Rica del Bicentenario, necesitamos entender, con la mayor precisión posible, el significado del concepto plutocracia, sobre lo cual venimos insistiendo en las últimas semanas.

En el sitio web Economipedia (www.economipedia.com/definiciones), hallamos esta definición técnica de plutocracia: “La plutocracia, al igual que la democracia o la dictadura, es una forma de gobierno. Ésta se desarrolla cuando la sociedad más enriquecida ostenta el poder y, por ende, dirige el Estado”.

La fuente consultada nos ilustra más al respecto: “En territorios que exista una plutocracia, las clases dominantes, que poseen las riquezas, también controlan el poder del Estado. Así pues, hablamos de un sistema en que la sociedad que posee los recursos materiales, de la misma forma, posee el poder político”.

Además, note usted, reafirmando nuestro predicar de todas estas últimas semanas que (continúa Economipedia), “…la plutocracia es aquel sistema en el que los que tienen el poder económico, de forma directa o indirecta, controlan el poder del Estado. Y es que el nombre de este sistema proviene del concepto Pluto, que es, en la mitología de la Antigua Grecia, el dios de la riqueza”.

Nosotros tenemos el convencimiento de que, con la llegada de Carlos Alvarado Quesada al ejercicio formal de la Presidencia de la República, se conformó una especie de coalición político-parlamentaria de Gobierno, cuya agenda-país, especialmente en el campo de lo estratégico macroeconómico-fiscal, responde a los intereses de los grupos plutocráticos costarricenses.

Destaca sobremanera el abultado apoyo diputadil que la gestión ejecutiva de Alvarado Quesada ha tenido: una impresionante coalición parlamentaria que ha venido co-gobernando con él, compuesta por los partidos Liberación, Unidad y Acción Ciudadana, junto a las dos vertientes del “evangelismo en política”: Restauración y Nueva República. Y, también, el Frente Amplio estuvo en buena parte de esta antipopular administración.

Ha sido constatado por diversas mediciones estadísticas de la opinión ciudadana costarricense que, “…los políticos en el poder únicamente atienden los intereses de aquellos que poseen el poder económico. Todo ello, a cambio de que éstos, con su dinero e influencia, los mantengan en el poder el máximo tiempo posible, o, en ocasiones, a cambio de dinero y financiación para sus campañas electorales”. Así nos lo explica Economipedia.

Nuestra valoración del desarrollo ejecutivo-legislativo (y hasta judicial, con heroicas excepciones), del período constitucional ya próximo a concluir, 2018-2022, nos ha convencido de que, tal y como lo indica el título del presente comentario, la plutocracia tiene el poder y no soltará el gobierno.

La plutocracia viene dando golpe tras golpe, en su camino político-ideológico hacia la imposición total de su visión-país: no al Código de Trabajo, no al salario mínimo, no a las empresas públicas exitosas, no al Empleo Público, no a la Caja, no a la jornada de 8 horas, no a la Educación Pública…

Nuestra convicción acerca de que la plutocracia que ya tiene, prácticamente, el control total del poder, no soltará el control total del Gobierno que logró, exitosamente, con Alvarado Quesada a su servicio; tomó mucha fuerza cuando notamos cómo la vocería oficial mediático-cotidiana de la plutocracia, puso contra la pared a las candidaturas presidenciales preferidas por ella; las cuales “osaron”, muy tímidamente, manifestar que la relación con el Fondo Monetario Internacional (FMI), podría ser un “asunto más” en sus eventuales gobiernos; candidaturas presidenciales que, a juicio de ella, son las llamadas a continuar la gestión de Alvarado Quesada: hablamos de don José María Figueres Olsen y de doña Lineth Saborío Chaverri.

Ahora bien, si la plutocracia, como lo viene ya haciendo, lograra su principal cometido en las elecciones presidenciales del domingo 6 de febrero de 2022 (a no ser que ocurra una tragedia para sus intereses), jamás podríamos considerar que su perversa finalidad se consumará, fácil y totalmente si, al menos, se pudiera manifestar lo siguiente:

1. Que la plutocracia no logre el control de la próxima Asamblea Legislativa para lo cual se requiere que el pueblo vote por candidaturas diputadiles decentes, limpias, sanas, contestatarias y hasta rebeldes. Las hay bastantes.
2. Que las que lleguen puedan tener la madurez político-estratégica de articularse para conformar una especie de grupo parlamentario de la decencia, favorecedor de la real Democracia y la plena Justicia Social, atendiendo la desigualdad que ya está reinando en el país.
3. Que, desde las propias bases ciudadanas, en los planos rurales y urbanos, arrinconadas contra la pared por esa desigualdad y por la exclusión económica generada por el empobrecimiento, el alto endeudamiento, la ruina productiva, el desempleo y el hambre, surja un fuerte brazo social que se articule con el grupo parlamentario de la decencia.
4. Que las organizaciones de los movimientos sociales (incluyendo sindicales), se entreguen a este noble fin: juntarse con el pueblo excluido o en proceso de serlo, para la recuperación plena de la senda de desarrollo inspirada en el bien común y en la plena inclusión socioeconómica.

Albino Vargas Barrantes

Secretario General

Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)

Tan solamente fueron unas ideas de impulsar políticas públicas de inclusión social y de restauración del bien común en la sociedad chilena, para que sus mercados bursátiles-financieros reaccionaran, de manera violenta, a la baja y el precio de dólar subiera, a partir del discurso en la noche de su elección, del señor Gabriel Boric Font, como nuevo Presidente de Chile, obteniendo él una victoria muy holgada y sin el menor asomo de duda sobre la transparencia de la misma.

Chile, sufrido pueblo latinoamericano, experimentó a sangre y fuego, con cientos de personas muertas, asesinadas, desaparecidas y exiliadas, políticas económicas en los últimos tiempos que le ubicaron dentro de las diez naciones más desiguales del planeta, según diversas publicaciones nada sospechosas de ser de “izquierda”. Por cierto, nuestra querida Costa Rica, en la actualidad, también está “compartiendo honores” en esa lista.

Al pueblo chileno le fue impuesto, mediando dictadura y luego una democracia restringida y controlada, un totalitarismo de mercado, con base en los más relevantes postulados del pensamiento económico neoliberal.

En Chile, el todo mercado-nada Estado, generó tal acumulación de desigualdad social y de exclusión económica que, a todo mundo consta, no solamente generó uno de los estallidos sociales más profundos e impactantes de las últimas décadas en América Latina; sino que, además, tiene en desarrollo un proceso constituyente para una nueva carta magna que estará inspirada por ideas del bien común y de la inclusión social. Es decir, el todo-mercado-nada Estado podría perder su hegemonía ideológico-política y económica, de origen y contenido sangriento, en la sociedad chilena.

Tenemos que ser muy contundentes y absolutamente firmes para contener el avance perverso del totalitarismo ideológico del todo mercado-nada Estado; totalitarismo ideológico que ha sido capaz de engendrar perversas dictaduras con miles de muertes a su haber.

Varias de las corrientes político-partidistas de la actualidad, que aspiran a llegar al gobierno y al parlamento, de un modo u otro, abrazan ese totalitarismo ideológico del todo mercado-nada Estado; mismoque, en la cotidianeidad de todos los días se expresa en el poder que muestran los mercados financieros y sus operadores bancarios, llegándose al punto de tener el total control de los poderes Ejecutivo y Legislativo y en el Judicial hacen sentir su predominio.

La titánica tarea cívico-popular y patrióticamente decente de desenmascarar la esencia antidemocrática del totalitarismo ideológico del todo mercado-nada Estado, nos lleva a defender, por ejemplo (pero sobran postulados), con incuestionablemente firmeza, la primacía absoluta para la convivencia en una sociedad realmente democrática, de los 30 postulados fundamentales de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el 30 de diciembre de 1948.

El perverso mensaje del totalitarismo ideológico de los mercados financiero-bancarios con su consigna criminal del todo mercado-nada Estado, muy pronto podría plantear que tal declaración se derogue pues la misma contiene artículos “comunistas”, “izquierdistas”, “socialdemócratas”, “cristiano-humanistas”, “ecologistas”, etc.

“¡Alerta! ¡Alerta! ¡Mucho ojo mercados financieros costarricenses!”. Si ven, si notan, si se percatan de que a algún partido político se atreve (abierta o encubiertamente), a incluir en su programa político algo como esto: “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros”; entonces, amenacen con que el dólar subirá de precio tanto como las tasas de interés. ¡Eso es “comunismo puro”!

¡Por Dios Santo, hablamos del artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos!; y, por cierto, firmada por Costa Rica, que fue uno de las 26 naciones originalmente firmantes de la misma.

En la Costa Rica de estos momentos, el totalitarismo del capital financiero-bancario, del todo mercado-nada Estado, se muestra sin pudor alguno, en prensa escrita, radiada y televisiva; en los partidos políticos controlados por la plutocracia; en una pléyade de amanuenses a sueldo, escribidores por paga, calumniadores de la disidencia y fomentadores de la intolerancia satanizante.

Si seguimos la lógica del totalitarismo ideológico del todo mercado-nada Estado, el cual se pone “nervioso” y reacciona con la subida del precio del dólar, con la subida de las tasas de interés y hace bajar a las bolsas, únicamente porque se anuncian políticas sociales; algo fuerte tendrán que hacer los pueblos para que se respete a plenitud su voluntad soberana cuando eligen gobiernos que, al menos, y no de la boca para afuera, hablan de políticas públicas reales para atajar el crecimiento de las desigualdades, para imponer la promoción del bien común en las relaciones sociales, para el fomento productivo interno de cara a la inclusión económica, para establecer salarios mínimos justos en relación estrecha con ese fomento productivo. Afortunadamente, la disidencia en muy vasta y hay pruebas ya de que puede convertirse en la nueva hegemonía.