Categoría: Opinión

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

Hemos escrito las siguientes líneas a primera hora del día de ayer, martes 12 de octubre de 2021, luego de enterarnos la noche anterior del delicado estado de salud y de su internamiento hospitalario del extraordinario ciudadano patriota costarricense, don Dionisio Cabal Antillón; cantautor, escritor, folclorista, investigador cultural e histórico acerca de las raíces de nuestra nacionalidad.

De gran relevancia es el aporte de don Dionisio a la tarea histórica de reivindicación plena para el resarcimiento moral y ético que todavía tiene Costa Rica pendiente con la figura, la obra de gobierno y el legado del Héroe Nacional y Libertador de la Patria, Expresidente de la República don Juan Rafael Mora Porras, el célebre don Juanito Mora; quien ha sido el gobernante más relevante de toda la historia de los primeros 200 años de vida “independiente” de nuestro país. Rogamos a El Creador por el pronto restablecimiento de la salud de don Dionisio.

Citamos a don Dionisio pues él nos nutrió con varios fragmentos de la serie de trabajos de investigación histórica por él realizados, acerca del pensamiento social de don Juanito Mora, a fin que la corriente sindical en la cual militamos le diera sustento al documento principal que establece en Costa Rica un Sindicalismo Morista; tal y como lo reseñamos en nuestro artículo de la semana pasada en este mismo espacio. (Por cierto, fue el artículo número 1.000 que Diario Extra nos honra en publicarnos, cada miércoles, desde el 8 de mayo de 2002). Entremos en materia.

-El Presidente don Juanito Mora propuso: “El Gobierno fortalecerá las potestades del Estado que garantizan la obtención de recursos en pro de los intereses generales de la nación y de la obligada equiparación de la ciudadanía económicamente menos favorecida”. (Creación de Fanal y proyecto de ley para estatización de la exportación del café). Contrastemos el significado de este pensamiento de don Juanito Mora con la situación actual, especialmente la socioeconómica, de la amplia mayoría del pueblo costarricense: los sectores hegemónicamente dominantes y del poder mediático del periodismo de odio, mediando sus partidos neoliberales, están en abierta ofensiva contra los mejores postulados y la más relevante institucionalidad que habíase establecido para “la obligada equiparación de la ciudadanía económicamente menos favorecida”. 

-El Presidente don Juanito Mora propuso: “La organización del poder del Estado debe darse en función del bien y la felicidad general, para ello es imprescindible institucionalizar tribunales que tengan su origen en el pueblo, a fin de que se garantice realmente la equitativa administración de justicia”. (Carta publicada en marzo de 1843 en El Mentor Costarricense). Pongámonos, por un instante, qué está sucediendo con el Poder Judicial en estos momentos. Sin duda habremos de notar que, en lo que respecta a su máxima y alta magistratura, el bien común no parece ser ya el eje central para “la equitativa administración de justicia”. Destacadísimas voces obreras del propio personal judicial vienen planteando y denunciando lo concerniente.

-El Presidente don Juanito Mora propuso: “La banca de concurso estatal será una herramienta que limitará, regulará y fiscalizará el mercado especulativo particular y, a través de políticas justas e intereses proporcionados, promoverá el crédito para el fomento del mercado nacional”. (Creación del Banco Nacional de Crédito Hipotecario). Sin duda alguna, don José Figueres Ferrer, al nacionalizar la banca en 1949, tuvo en mente este pensamiento de don Juanito Mora. ¿Qué queda de ella? Es obvio que los postulados originarios y fundacionales de una banca para “el fomento del mercado nacional” han desaparecido. 

-El Presidente don Juanito Mora propuso: “Se pondrá a disposición de los agricultores y de los potenciales productores nacionales todos los recursos que propicien su exitoso desempeño, tales como tierras, semillas, créditos y mercados”. (Distribución de tierras para la siembra de café y nuevos cultivos). Este pensamiento de don Juanito puede considerarse la base de un proyecto nacional, totalmente auténtico, en materia de soberanía y seguridad alimentaria nutritiva. Sin embargo, lo que queda del conglomerado social de productores agropecuarios nacionales, está en estado de extinción.

Quienes continuamos aferrados a los postulados filosófico-políticos de distinta procedencia ideológica que, en uno u otro aspecto, centralizan la vida en sociedad en la priorización de la búsqueda y de la promoción del bien común, de la inclusión social y productiva, del fomento fuerte a la reducción de las desigualdades; e, incluso, los planteamientos para una sólida protección ecológica de nuestro entorno; podemos coincidir en que esos cuatro pensamientos sociales de don Juanito Mora nos sirven para señalar con el dedo acusador a los partidos políticos que en la actualidad se han arrodillado ante el altar neoliberal del dios mercado. Este miércoles 13 de octubre de 2021, ya estamos a 115 días de PASAR FACTURA. 

Albino Vargas Barrantes, Secretario General de la ANEP

Diez y medio millones de dólares… ¡al día!, es la gigantesca cantidad de dinero que deberá pagar el próximo gobierno de la República que asuma el 8 de mayo de 2022. ¡Sí!: $ 10.547.945, para ser exactos.

Este dato fue tomado de una publicación digital denominado El Economista (https://www.eleconomista.net/economia/Proximo-presidente-de-Costa-Rica-requerira-15400-millones-para-pagar-deuda-publica-en-su-gobierno-20210923-0014.html).

El título del artículo en comentario es éste: “Próximo presidente de Costa Rica requerirá $15.400 millones para pagar deuda pública.

Entre el 8 de mayo de 2022 y el 8 de mayo de 2026, que llegue a la Presidencia de la República gestionará la cosa pública durante 1.460 días y si “requerirá $ 15.400 millones para pagar deuda pública”, son 10 y medio millones de dólares por día con tal fin.

¿Qué país, con el tamaño de la economía que tiene el nuestro, podría vivir con ese exorbitante pago de su deuda pública sin golpear, brutalmente, a su población, especialmente, la de las clases trabajadoras y sus sectores medios?

En cuanto a la fuente de esta espeluznante información se nos dice: “Un análisis macroeconómico elaborado por la firma Consejeros Económicos y Financieros S. A. (CEFSA), con base en información del Ministerio de Hacienda, estimó que el país afrontará vencimientos de deuda por $15.400 millones (¢9,6 billones) entre el 2022 y el 2026”.

Esta firma CEFSA tiene gran credibilidad en los sectores del capital neoliberal y sus mercados financieros, cuya hegemonía político-ideológica es la que ha venido controlando los últimos gobiernos, incluido el actual.

Los 15.400 millones de dólares, convertidos a 9 billones 600 mil millones de colones, están calculados con un tipo de cambio de 623 colones.

Nosotros estimamos que, a la entrada del nuevo gobierno, mayo de 2022, ese tipo de cambio podría andar por los 640 colones, siendo “benignos” en la previsión que desde la llanura de la percepción obrera hacemos al respecto.

Tenemos entonces que, por cada uno de los 1460 días de la nueva gestión del Poder Ejecutivo a su máxima autoridad, el Presidente de la República, deberá afrontar pagos diarios de 6 MIL 750 MILLONES, 684 MIL 931 COLONES… 281 MILLONES 278 MIL 538 COLONES, ¡POR HORA!

CEFSA aclara que esta cifra de 15.400 millones de dólares de la deuda pública que se deben pagar en el cuatrienio 2022-2026, no incluye el pago de intereses. Entonces, ¡la situación es más que explosiva para las finanzas públicas según nuestro entender!

Nos preguntamos: ¿cada una de las actuales 27 personas candidatas a la Presidencia de la República tiene noción de esta realidad? ¡Pensamos que no! Nuestra insistente tesis de que urge una Auditoría Ciudadana de la Deuda Pública es más actual que nunca.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

El pasado jueves 30 de setiembre se cumplieron 161 años del, quizás, más grande crimen político de la historia costarricense: el fusilamiento de don Juan Rafael Mora Porras, conocido como Don Juanito, quien gobernó al país entre los años 1849-1859; llegando a ser reconocido, hoy día, por muchas personas y sectores como el más relevante e importante Presidente de la República de todos los primeros 200 años de vida independiente del país con respecto a España. Ha sido declarado por la Asamblea Legislativa como Héroe Nacional y Libertador de la Patria.

La obra del gobierno de Don Juanito sigue sin ser posicionada como el más alto grado de relevancia que presidente alguno nos dejó. Liderar él, la rebelión nacionalista y soberanista contra la incursión por estas tierras de la primera acción seria de carácter expansionista por la América Latina de la naciente potencia estadounidense, lo cual le permitió a Costa Rica asentarse como nación, por un lado; y, por otro, su contenido esencial de pensamiento social, bien podría catalogársele, en este Siglo XXI, como un político insumiso al “orden” que el neoliberalismo le está imponiendo a nuestra Patria, con el ataque a mansalva al Estado Social de Derecho, cuyas piedras angulares, podríamos decir, él nos dejó.

Para la corriente sindical en la cual militamos, ante la agresividad del capital financiero de corte extremista que ha venido controlando a los últimos gobiernos de los partidos Unidad, Liberación y Acción Ciudadana; estamos “redescubriendo” el enorme legado de Don Juanito; constatando la vigencia de su pensamiento social al contrastarlo con las principales políticas extremistas de los neoliberales en el poder, como (entre otras), la regla fiscal y la prioridad fundamentalista a atender el pago de la deuda interna aunque sea a costa de políticas públicas en servicios básicos de Salud y de Educación.

Es por ello que dos importantes organizaciones obreras del complejo mundo de los movimientos sociales costarricenses han adoptado para sí mismas la denominación de SINDICATO MORISTA, pues estiman sus máximas dirigencias que el legado y el pensamiento social de Don Juanito Mora tiene extraordinaria relevancia para la Costa Rica de estos momentos; atormentada por la desigualdad, por el crecimiento de la pobreza, por la corrupción, por el ataque a mansalva contra las mejores de las institucionalidades republicanas diseñadas para la promoción del bien común y de la inclusión social; así como ante el avance del “nuevo invasor”: el crimen organizado y el negocio sucio del narcotráfico incursionando en la política.

Es doloroso afirmarlo, pero nos están llevando a la circunstancia de un Estado fallido, luego de décadas de haber sido ejemplo para la América Latina y para el mundo de sociedad de notable equidad y movilidad sociales.

Tanto la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), como la Asociación Sindical de Empleados Industriales las Comunicaciones y la Energía (ASDEICE), como ya indicamos, el pasado 30 de setiembre de 2021, y ante el propio lugar del fusilamiento de don Juanito Mora, en Puntarenas; dieron a conocer el documento titulado Legado, vigencia e influencia del pensamiento social del Presidente y Libertador Juan Rafael Mora Porras, expresado en principios de acción política que orienten el quehacer sindical; dando así origen a un renovado esfuerzo de promoción de los valores de la lucha sindical, con contenidos afines a lo mejor de la obra y del pensamiento del ilustre Héroe Nacional y Libertador de la Patria.

Del documento que les mencionamos líneas arriba, mismo que da punto de salida a la corriente socio-obrera de lucha social SINDICALISMO MORISTA, extractamos el siguiente párrafo: “Entre más se olvide nuestro pasado, nuestras raíces y nuestro ser nacional, entre menos nos apropiemos de la importancia de la independencia para afrontar los retos del presente, más fácil será que impongan su  particular visión de modelo, los intereses del individualismo exacerbado, el sálvese quien pueda, el “austericismo” frenético de programas sociales y el fanatismo de todo mercado y nada Estado. Por ello no se equivocó don Joaquín García Monge al afirmar que: “la libertad hay que conquistarla y reconquistarla cotidianamente, que sólo se pierden los pueblos que se cansan de ser libres; porque si importa saber cómo fuimos libres, importa más saber cómo conservarnos libres”.

Don Joaquín García Monge (1881 – 1958) fue otro ilustre y excelso patriota costarricense cuyo pensamiento, también, al redescubrirlo, veremos que también ha de nutrirnos la concepción de lucha social que denominamos SINDICALISMO MORISTA.”.

La semana próxima detallaremos cuáles son esos principios del pensamiento social del Expresidente de la República Juan Rafael Mora Porras, Don Juanito Mora, que constituyen de lo que denominamos SINDICALISMO MORISTA. A esta nueva orientación para renovar la práctica sindical actual, pueden adherirse otras agrupaciones de lucha obrera y social que estimen la pertinencia de acudir al legado de Don Juanito Mora en la Costa Rica actual.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

Contando para ello con el apoyo y respaldo de sus actuales autoridades políticas, la corriente sindical en la cual militamos, decidida a darle un nuevo contenido a la lucha obrera y social en estos duros tiempos de reversión de conquistas sociales en los más diversos órdenes; está planteando una especie de plataforma de principios éticos movilizadores del actuar cotidiano de sus dirigencias, de sus militancias de base, de sus afiliados y de sus afiliadas, en general; e, incluso, que pueden ser adoptados por otras agrupaciones, especialmente las sindicales, que por diferentes medios, resisten la implantación total de los anti-valores del neoliberalismo en la sociedad costarricense de actual, especialmente en contra de las clase populares y medias de la misma.

A) Que estamos plenamente conscientes de que la hegemonía política no está del lado de los sectores populares, ni de las amplias mayorías de la población costarricense que, por una diversidad de factores, está quedándose por fuera de los beneficios del crecimiento económico y de la integración social. La pandemia del covid-19 tan sólo vino a mostrar la dureza de la involución social del desarrollo económico del país, aumentándose el proceso de deterioro ético-moral mostrado por la clase política tradicional desde hace ya bastante tiempo.

B) Que siendo así, la Junta Directiva Nacional (JDN), de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), la del Bicentenario; re-lanzamos la declaración inspiradora de SINDICATO REBELDE, formulada con ocasión del cincuentenario de la ANEP, en 2008, como proclama de motivación ética de nuestro accionar sociopolítico, ahora potenciado con la inserción a todo nivel en nuestra práctica sindical, de la promoción y de la defensa de los Derechos Humanos (DD.HH.), integralmente conceptuados; los cuales, de un modo u otro, nos darán una mayor y mejor capacidad de defensa obrero-social ante la necesidad de incrementar la resistencia popular a la implantación plena en el país del modelo neoliberal, por una parte; y, por otra, aportar para la construcción de la nueva hegemonía que necesita la Democracia.

C) Que así planteado, proclamamos:

1. Somos SINDICATO REBELDE porque no aceptamos un orden económico concentrador abusivo de la riqueza y que exhibe sus episodios de corrupción con el más descarado cinismo, sin pudor cívico alguno. En consecuencia, la lucha cotidiana por los DD.HH. nos da nuevos bríos para el aporte constructivo hacia una Democracia alternativa.
2. Somos SINDICATO REBELDE porque no aceptamos la perversión de la división republicana de poderes, tal y como lo hemos venido viviendo en carne propia; solamente para favorecer el insano egoísmo y el desenfreno en la acumulación de capital, del pequeño grupo económico que domina la iniciativa política del país en estos momentos. En consecuencia, la lucha cotidiana por los DD.HH. nos da nuevos bríos para el aporte constructivo hacia una Democracia alternativa.
3. Somos SINDICATO REBELDE porque rechazamos aceptar la circunstancia de que la sociedad haya hecho de la exclusión, en sus múltiples formas, una cultura de vida ajena al Humanismo, incluyendo el Humanismo Cristiano; y que tiene el templo de la Democracia lleno de mercaderes que deben ser desalojados, para lo cual hay que enarbolar las banderas de la Justicia Social, del respeto a la diversidad en todos sus órdenes y de la inclusión social sin excepciones, ni siquiera la de esos mercaderes. En consecuencia, la lucha cotidiana por los DD.HH. nos da nuevos bríos para el aporte constructivo hacia una Democracia alternativa.
4. Somos SINDICATO REBELDE porque no aceptamos que, sin renunciar a procesos de Diálogo Social realmente congruentes con conceptos de Democracia Participativa de resultados constatables y verificables; nos convoquen a procesos de “acoplamiento” en el orden autoritario-totalitario del pensamiento único como lo pretende imponer la hegemonía económica dominante, buscando legitimarse. En consecuencia, la lucha cotidiana por los DD.HH. nos da nuevos bríos para el aporte constructivo hacia una Democracia alternativa.
5. Somos SINDICATO REBELDE porque creemos en la igualdad y en la equidad de género, pero a todo nivel de la sociedad y no solo en el de la élite político-económica hegemónica; conscientes de que nos falta mucho camino por recorrer para que la corriente sindical que motiva nuestro accionar supere la cultura patriarcal que descarga todas sus consecuencias en las mujeres de la clase trabajadora, especialmente. En consecuencia, la lucha cotidiana por los DD.HH. nos da nuevos bríos para el aporte constructivo hacia una Democracia alternativa.
6. Somos SINDICATO REBELDE porque la práctica real de un ambiente nacional y sindical de la más amplia diversidad y de tolerancia en todos los órdenes de la vida en sociedad sin excluir a ninguno) es, en no pocos casos, una quimera; y, es imprescindible para una dignificación plena de la clase trabajadora que representamos y, en general, de toda esa población asalariada que, por lo general, no puede expresar libremente lo que sueña, que luchemos contra toda forma de exclusión. Las bonitas declaraciones no alcanzan para lograrlo. En consecuencia, la lucha cotidiana por los DD.HH. nos da nuevos bríos para el aporte constructivo hacia una Democracia alternativa.
7. Somos SINDICATO REBELDE porque, como creyentes en la Democracia, no aceptamos que el Derecho Constitucional de Libertad Sindical en las empresas privadas, pese a tímidos avances, se violente de manera sistemática; siendo que el mismo postulado que permite al empresariado formar sus propios sindicatos, las cámaras, es el mismo que les faculta a sus propios trabajadores y trabajadoras, para tener acceso a la organización sindical. En consecuencia, la lucha cotidiana por los DD.HH. nos da nuevos bríos para el aporte constructivo hacia una Democracia alternativa.
8. Somos SINDICATO REBELDE porque nos negamos a acomodarnos al quehacer sindical inocuo para la hegemonía dominante; por tanto,  seguiremos trabajando, estudiando, invirtiendo, buscando las mejores asesorías, para profundizar nuestro camino propositivo (en todos los órdenes de la vida cotidiana: tributario-fiscal, salud-seguridad social, seguridad y soberanía alimentaria nutritiva, seguridad ciudadana, ecológico-ambiental, autonomía energética -entre otros-); coadyuvando para generar la propuesta político-social alternativa; en solitario, en alianzas naturales, en coaliciones atípicas, en convergencias inesperadas; siempre que la promoción del bien común y el bienestar de la clase trabajadora asalariada, especialmente la que representamos, esté de por medio con fin esencial y estratégico. Además, dándole sentido estratégico a la formación sociopolítica de las actuales y venideras dirigencias de nuestra organización. En consecuencia, la lucha cotidiana por los DD.HH. nos da nuevos bríos para el aporte constructivo hacia una Democracia alternativa.
9. Somos SINDICATO REBELDE porque no aceptamos la perversión de las visionarias intenciones de las nobles personas patriotas costarricenses que nos precedieron para garantizarnos un ambiente ecológicamente sano a carta cabal, de preservación plena de la riquísima naturaleza verde que la Providencia nos dio; resistiéndonos a mirar para otro lado ante las peligrosas tendencias de abandono de la política pública en su resguardo para proceder a su privatización-comercialización. En consecuencia, la lucha cotidiana por los DD.HH. nos da nuevos bríos para el aporte constructivo hacia una Democracia alternativa.
10. Somos SINDICATO REBELDE porque ante el estrechamiento y la perversión de la institucionalidad democrática, levantamos la concepción política de la Democracia de la Calle, como mecanismo legítimo de acción cívica cuando la clase gobernante lo es para sí misma, en detrimento del bien común. En consecuencia, la lucha cotidiana por los DD.HH. nos da nuevos bríos para el aporte constructivo hacia una Democracia alternativa.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General (ANEP)

Una de las fundamentales esencias de los valores constitutivos del Régimen de Servicio Civil, siempre fue su desvelo para brindar un buen nivel de estabilidad en el cargo a las personas trabajadoras estatales que han estado cubiertas por el mismo.

Efectivamente, el artículo primero del Estatuto de Servicio Civil puntualiza lo siguiente: “Este Estatuto y sus reglamentos regularán las relaciones entre el Poder Ejecutivo y sus servidores, con el propósito de garantizar la eficiencia de la Administración Pública, Y PROTEGER A DICHOS SERVIDORES” (las mayúsculas son nuestras).

Así lo ha sido desde la promulgación legal de dicho Estatuto, en 1953. Pues bien, 68 años después, se pretende una transformación radical en el concepto original del sistema de Servicio Civil que, incluso, a partir de la Constitución Política del 7 de noviembre de 1949, quedó con rango constitucional.

Las diputaciones actuales que, de un modo u otro en diversas circunstancias del actual proceso parlamentario, impulsan decisiones legislativas contrarias al bien común y a la inclusión social, introdujeron en el Expediente Legislativo 21.336, Ley Marco de Empleo Público, la siguiente modificación al Estatuto de Servicio Civil:

“Este Estatuto y sus reglamentos regularán las relaciones entre el Poder Ejecutivo y sus servidores, con el propósito de garantizar la eficiencia de la Administración Pública”.

Como se nota, la frase-concepto, “Y PROTEGER A DICHOS SERVIDORES”, fue eliminada.

Si ya, de todas formas, la estabilidad protectora del empleo público bajo el Régimen de Servicio Civil (que nunca fue inamovilidad en el cargo), tiene fuertes cuestionamientos de parte de los sectores político-ideológicos y económicamente hegemónicos; la modificación que estamos denunciando estaría cerrando el ciclo histórico de 68 años de este tipo de seguridad en el empleo para personas trabajadoras estatales cubierto por el mismo.

Con fuerza de vehemente denuncia, tenemos que condenar la acción estratégicamente coordinada por los partidos Liberación Nacional, Acción Ciudadana y Unidad Socialcristiana, junto a los dos partidos religiosos (Restauración y Nueva República), para:

Seguir incrementando el odio de clase en contra de las personas trabajadoras estatales; odio de clase que tiene ya un carácter recalcitrante.

Incrementar en grado sumo el riesgo de estabilidad en el empleo para unas 120 mil personas trabajadoras empleadas públicas: los conglomerados laborales de Educación Pública, de los otros ministerios del Poder Ejecutivo, así como las diversas entidades adscritas a los mismos; e, incluso, para entidades que, de un modo u otro, tienen sistemas de personal que se guían por los postulados del Estatuto de Servicio Civil.

Retrocedernos en el tiempo y potenciar el carácter del empleo público como botín politiquero, por una parte; y, por otra, garantizarse lealtades electorales circunstanciales de turno: Cambiar voto por empleo, como sucedía antes de la Constitución de 1949.

Debemos condenar, drásticamente, esa “variante” del ataque estructurado a las personas trabajadoras del sector público del Gobierno Central y entes adscritos, ataque que es dirigido, también a sus propias familias.

La corriente similar en la cual militamos se encargó de destrozar, radicalmente, la perversa tesis esgrimida al inicio por los neoliberales y su “escuadrón sicario de orden parlamentario”, en el sentido de que el déficit fiscal obedecía a los salarios pagos en el empleo público; y, mucho menos, a quienes los devengan desempeñándose en el Poder Ejecutivo central y sus entes adscritos, “cubiertos” por el Régimen de Servicio Civil, hasta el día de hoy.

Es necesario reafirmar nuestra oposición rotunda al nefasto proyecto Ley Marco de Empleo Público, verdadera intentona de “Golpe de Estado parlamentario”, cargada de inconstitucionalidades, inconexidades, ocurrencias y, por supuesto, con la fuerte carga ideológica de odio de clase de los neoliberales que han venido gobernando en los últimos tiempos con sus diversos partidos políticos.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

1: Que la desigualdad ha venido creciendo, de manera sistemática y peligrosa… Es totalmente aceptado.

2: Que Costa Rica ocupa, para deshonra nacional, uno de los diez puestos de los países más desiguales del planeta. Ahí está documentado.

3: Que, prácticamente, la mitad de la Población Económicamente Activa (PEA), no tiene en la actualidad ni empleo formal ni salario fijo. ¿Quién lo desmiente? ¡Nadie!

4: Que el salario mínimo en Costa Rica es miserable mientras que somos un país sumamente caro para vivir en el cual el costo de la vida potencia la pobreza y la exclusión. Es cuestión de constatarlo visitando barriadas populares de la Gran Área Metropolitana y fuera de la misma.

5: Que quienes tienen suerte de tener empleo, digamos que estable y con salario fijo, éste está congelado y sufren de un altísimo endeudamiento que les da poca liquidez… ¡Sobran ejemplos!

6: Que la ley del combo fiscal, No. 9635, golpeó duramente, la estabilidad financiera de cientos de pequeños y de medianos emprendimientos empresariales. Muchísimos locales comerciales cerrados, con el rótulo “se alquila”, dan cuenta de ello.

7: Que la mitad del presupuesto, mal llamado de la República, el que pasa por la Asamblea Legislativa, es para atender la deuda pública. ¡Incuestionable realidad, completamente cruel!

8: Que la mortífera regla fiscal está empezando ya a golpear los presupuestos de entidades públicas que desarrollan programas sociales diversos para, precisamente, atajar el crecimiento de la exclusión económica y de la desigualdad social; así, como empieza ya a restringir acciones de inversión de entidades institucionales con suficiente dinero para hacerlo; ya se está sintiendo. El dramático caso de la Educación Pública apenas empieza a enseñarnos su colapso venidero.

9: Que hemos derrotado el discurso ideológicamente perverso de que el déficit fiscal se debe a los salarios devengados por las personas trabajadoras asalariadas del sector Público. ¡Cierto! Ni siquiera el periodismo de odio se atreve a sostenerlo al día de hoy.

10: Que la seguridad ciudadana, a cargo de los diversos cuerpos policiales, retrocede en todos los órdenes; versus, el poder del narcotráfico y del crimen organizado que sí tiene suficientes recursos para burlar toda nuestra legislación diseñada para combatir el mal. Todos los días las noticias dan cuenta de esto.

De una manera u otra, en cada una de estas circunstancias, subyace el más profundo problema de la sociedad costarricense de la actualidad: tenemos un sistema tributario con dos perversidades intrínsecas: por un lado, es completamente injusto; por otro, está muy corrompido. Entonces, ¿cuál candidatura presidencial le pondrá el cascabel al gato?

Como electorado, parece que tendremos de 25 a 27 personas aspirando llegar a la Presidencia de la República; aunque, en realidad, buen número de éstas tienen doble aspiración pues, en el fondo de sus conciencias, saben que no lo lograrán. Y, por tanto, su verdadera intención es lograr una diputación en el próximo congreso.

Ahora bien, al momento de escribir este artículo, nota uno que las matrices mediáticas dominantes (especialmente, las que controla la plutocracia), así como las encuestas que se acomodan a las mismas, quieren hacernos creen que solamente hay 3 opciones (las coloco en orden alfabético por su nombre de pila): Fabricio Alvarado Muñoz, José María Figueres Olsen y Lineth Saborío Valverde. Seguramente, meterán a la del PAC, ahora que se supo que la persona ganadora es Welmer Ramos González. Las veintitantas restantes, según esa matriz mediático-plutocrática, no contarán. La gran masa del electorado será sometida al bombardeo según esta manipulada realidad.

Esperamos que haya cambios sustanciales en próximas semanas, ante el avance del electorado rebelde, dispuesto a PASAR FACTURA, de modo tal que, hasta las encuestadoras asalariadas del capital, se vean obligadas a reconocer procesos que se salen de la matriz que nos quieren imponer para un voto totalmente direccionado.

En todo caso, nuestro interés fundamental con este comentario es señalar que, según nuestra perspectiva de lucha social y sindical y nuestra propia experiencia en tal sentido, el problema número uno de la Costa Rica del Bicentenario, es su sistema tributario: completamente injusto y que está muy corrompido.

Lamentablemente, las candidaturas presidenciales que contarán con el beneplácito político y mediático de la plutocracia, no tocarán este punto. Eso creo. El orden macro-económico y fiscal tributario que se ha venido imponiendo está centrado en la potenciación al máximo de la concentración de la riqueza, por una parte; y, por otra, que sean los golpeados sectores medios y pobres los que sostengan los servicios públicos que ocupan para su propia sobrevivencia.

No vemos a la clase plutocrática controladora de las matrices mediáticas dominantes y sus diversas candidaturas presidenciales, aceptando reformas tributarias que les obligue a aportar más, por ejemplo, para: a) fortalecer las policías dedicadas a los diversos órdenes de la seguridad ciudadana; b) para potenciar más el impacto de los programas sociales (como el CEN-CINAI), en hogares sumidos en el desempleo y la precariedad en las barriadas urbano marginales y rurales; c) para fortalecer la vigilancia tributaria de manera estructural, sacando la corrupción de su seno; d) el fortaleciendo la institucionalidad pública dedicada al relanzamiento de la actividad productiva del agro nacional para garantizarnos una soberanía y una seguridad alimentaria nutritiva: e) impulsar una nueva política del salario mínimo para que éste incremente su poder de compra, ayude a la reactivación económica y desacelere la pauperización de las familias trabajadoras que dependen de él. Como ven ¿y con cuál cacao harán chocolate?

Por: Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

Vistas las cosas desde el escenario de la lucha social y sindical, tal y como éste se ha venido presentando en las diversas coyunturas sociopolíticas y económicas de los últimos dos gobiernos a cargo del Partido Acción Ciudadana (PAC), aunque con fuerte antecedente en las administraciones precedentes a éstos, a cargo de Liberación Nacional (PLN) y de la Unidad Social Cristiana (PUSC); uno puede plantear varias consideraciones al momento de dar el voto para la conformación de la nueva Asamblea Legislativa, misma que funcionará en el nuevo período constitucional, a partir del 1 de mayo de 2022 y hasta el 30 de abril de 2026.

Primera: La Asamblea Legislativa actual, que terminará su (desafortunada) gestión el próximo 30 de abril de 2022, ha sido la más anti-obrera desde que rige la actual Constitución Política, misma que entró en vigencia el 7 de noviembre de 1949. Tanto por la conformación partidaria que ha tenido, como por la calidad de la legislación emitida, los sectores mayoritarios de la población costarricense, han sido las víctimas socioeconómicas del trabajo parlamentario del presente período constitucional, 2018-2022.

Segundo: Como nunca antes se había manifestado en el plano parlamentario, en los últimos 72 años de vida institucional del país, a partir de la imposición de la llamada “Segunda República”, en 1949; la mayoría de la actual integración de la Asamblea Legislativa en funciones todavía, actuó políticamente bajo el dictado de los denominados poderes fácticos; es decir, entregaron su soberanía autonómica-constitucional como representantes populares y se entregaron a promover medidas legislativas facilitadoras de la concentración del capital. La única ideología que imperó en el presente parlamento costarricense fue la de la plata, la del mercado total, la de la exclusión económica… en síntesis, la de la corrupción desenfrenada a partir de mantener y fortalecer la estructura perversa y corrupta de la fiscalidad tributaria del país.

Tercero: Efectivamente, nunca antes se vio la tendencia política de “legislar desde afuera” tan fuerte, clara y cínica como en el actual período parlamentario; es decir, diputados y diputadas que, congruentes con su docilidad entreguista al gran capital, actúan en el seno parlamentario según el titular de prensa, el comentario televisivo o la estridencia radiofónica de los medios de comunicación oficiales de la plutocracia.

Cuarto: La presente Asamblea Legislativa, anti-obrera y pro-capital, ha estado promoviendo legislación que cuestiona las piedras angulares de la Constitución Política de 1949, como la división de poderes. Igualmente, han estado bajo ataque sagradas legislaciones conquistadas con sangre, como la jornada de ocho horas. Particularmente, el nefasto proyecto Ley Marco de Empleo Público, por su contenido de fondo vino a representar una especie de Golpe de Estado parlamentario. Éste, tan abiertamente detectable y por su tendencia de fuerte autoritarismo-totalitarismo fue, de alguna manera, frenado por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia… por ahora.

Quinto: Dentro de las 57 diputaciones actuales, y como era de esperarse, ha habido algunas de enorme dignidad y de lealtad firme a los valores de la Constitución de 1949. Son la excepción, ¡la gran excepción! No llegan a diez las personas legisladoras que han tenido diversos comportamientos que merecen destacarse, frente al poder político de la plutocracia y sus medios que han venido “legislando desde afuera”. Sin embargo, a estas diputaciones les faltó una mayor articulación estratégica con los movimientos sociales y a éstos entre sí, como para haber establecido el contra-poder fáctico que requería la ofensiva de la plutocracia que, de una manera u otra, ha contado con unas 50 diputaciones fieles; sin hablar de lo que ha representado la acción ejecutiva de Carlos Alvarado Quesada. Hubo intentos y no pueden menospreciarse; hubo acciones que respondían a la necesidad de esta articulación, intra y extra-muros parlamentarios, pero no fue suficiente. Gran autocrítica está pendiente para muchos de nosotros y de nosotras.

Sexto: A pocos días de que arranque la campaña electoral de manera oficial (pues ya todos los partidos están en campaña), ya han empezado a hacerse notar las personas aspirantes que pretenden darle continuidad a la nefasta gestión parlamentaria actual; tanto las que responden a los partidos de la plutocracia con representación parlamentaria en la actual Asamblea Legislativa (Liberación, Unidad, PAC, Restauración, Nueva República); como otros que, también ideológicamente plutocráticos, buscan ansiosamente el “hueso” parlamentario para garantizarse un ingreso económico atractivo y la posibilidad de incrementarlo actuando a favor de intereses de alto corporativismo que suelen comprar votos diputadiles.

Sétimo: Así las cosas, el voto ciudadano para el próximo parlamento revista enorme importancia estratégica para la propia paz de la República, para la misma Democracia, para el fortalecimiento de la institucionalidad deteriorada, para el retorno del bien común a la cosa pública que no es más que la aplicación integral de los Derechos Humanos. Tenemos una gigantesca obligación ético-moral con Costa Rica, ahora que ha llegado al Bicentenario (y ya tenemos absoluta noción en qué condiciones están las mayorías ciudadanas de hoy), de que las próximas personas diputadas que vayamos a elegir, antes que todo, se le paren duro a la plutocracia y a su prensa de odio; por una parte; y, por otra, que conformen (o que ayuden a conformar), el necesario músculo social-popular, la fuerza cívico-patriótica que les ayude en el impulso de esa legislación multifactorial que requiere la introducción estratégica de la promoción del bien común en todas las líneas.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

Hoy, miércoles 15 de setiembre de 2021, llegamos a los 200 años de vida “independiente” (intencionadamente entrecomillado), con respecto al decadente imperio español de entonces. La noticia de este acontecimiento llegó a nuestras tierras hasta el día 29 de octubre de 1821 y para muchos estudiosos de nuestra historia ésta, en realidad, debería ser la verdadera fecha magna de la nación costarricense. Nosotros pensamos lo mismo.

Llega el Bicentenario y nos encuentra sumidos en varias crisis que, de un modo u otro, indican que somos un país fragmentado. Al menos, consideramos que hay tres de enorme relevancia y profundas consecuencias negativas para la mayoría de la población costarricense.

Empecemos por plantear que desde el punto de vista del desarrollo socioeconómico parece que tenemos dos países en uno: el de las costas (Puntarenas, Limón y Guanacaste), rezagados completamente; el del Valle Central (San José, Alajuela, Cartago y Heredia), con aparentes mejores condiciones de vida, pero la calidad de ésta va en retroceso para miles de compatriotas de esta zona geográfica del país. Esto indica que somos un país fragmentado y que hay una crisis en cuanto a políticas públicas que no logran nivelar, hacia arriba, esa gran diferenciación geográfica en el plano socioeconómico. Todo lo contrario: todas las zonas van hacia abajo.

Llega el Bicentenario y, también, parece que somos dos países, si nos fijamos en la concentración de la riqueza. Está el país de los ricos y de los mega-ricos: la plutocracia. Ésta tiene el control real de las políticas públicas y, de un modo u otro, ha venido imponiéndonos su visión de mundo, centrada ésta en la exclusión social y económica. Ha logrado esta plutocracia influenciar a la abrumadora mayoría de los partidos políticos actuales, especialmente los que han venido administrando la cosa pública: Liberación, Unidad y PAC. Se ha generado así lo que conocemos como la clase política que operativiza el control social a favor de los ricos y de los mega-ricos.

En la contracara del proceso de la distribución-concentración de la riqueza, está el otro país: el de los ya excluidos y los que van en camino de serlo, como la muy golpeada clase media. Aquí están, por ejemplo, las personas trabajadoras asalariados que tienen su ingreso congelado y que gran parte de él se los consume su alto endeudamiento; y están las que están en el desempleo y en la informalidad: prácticamente, la mitad de la Población Económicamente Activa (PEA).

Tal y como lo planteó la encuesta internacional Ipsos, en esta otra Costa Rica, la ciudadanía piensa“que la élite política y económica no se preocupa por las personas trabajadoras”, por una parte. Por la otra, “que la principal división en nuestra sociedad es entre personas comunes y la élite política y económica”.

Esto indica que somos un país fragmentado y en crisis por la gran desigualdad que se ha generado a partir del proceso de concentración de la riqueza.

Llega el Bicentenario y nos encuentra con la más alta deuda pública de la historia de estos 200 años de vida “independiente”. Y también en este asunto podríamos decir que hay dos países: el que recibe los beneficios del pago exorbitante, escandaloso, obsceno y abusivo de los intereses de esa deuda pública y que es de los más altos de la región latinoamericana. Se trata de los sectores bancario-financiero que ganan capital de manera escandalosa a través del negocio privado de la deuda pública. En este caso, este tipo de sectores son parte esencial de lo que llamamos la plutocracia y, paradoja de paradojas, están entidades del sector público que uno no logra comprender su rol en este caso.

La contracara de esto, el otro país, se caracteriza por la circunstancia de que la abrumadora cuantía de la plata que están utilizando para tal pago de intereses, la cogen de los dos impuestos más relevantes en cuanto a potencial recaudatorio: el de ventas, que es el más injusto de todos pues se lo cobran a la gente por igual sin discriminar su capacidad de ingreso, por una parte. Por la otra, el de renta que, se carga sobre las espaldas de los golpeados sectores medios puesto que los sectores de la plutocracia o cercanos a ésta tienen múltiples formas de evasión tributaria y de elusión fiscal. Como vemos, en este asunto de la deuda pública y del pago indecente de sus intereses, la crisis de la misma nos tiene fragmentados en cuanto a la carga que ésta representa: quienes pagan la deuda y sus intereses (la mayoría), y los que ganan con ella (la minoría).

Llega el Bicentenario y nos encuentra con una democracia representativa muy descalificada, muy desacreditada, muy desprestigiada. En término generales, la ciudadanía no tiene confianza en los partidos políticos, está sin una tendencia clara con respecto a las elecciones presidenciales y diputadiles de febrero entrante. La mencionada encuesta Ipsos, apunta que “los políticos siempre terminan encontrando maneras de proteger sus privilegios” y que “los partidos y políticos tradicionales no se preocupan por la gente común”. El país, desde el punto de vista de la democracia representativa está no solamente en crisis; sino, peor aún, fragmentado: el país de la clase política tradicional no es el país de la gente común.

He aquí un amplio escenario de actuación para que las fuerzas sanas de la sociedad, que son muchas pero que no están articuladas, entren en acción cívica contundente para evitar la caída al precipicio de lo que algunos denominan Estado fallido. Desde el escenario en que desarrollamos nuestra lucha, hoy estamos proponiendo el Manifiesto del Sindicalismo Sociopolítico del Bicentenario.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

De hoy en ocho, miércoles 15 de setiembre, Costa Rica (y nuestras hermanas naciones centroamericanas de Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua), llegan a los 200 años de vida “independiente” con respecto al entonces decadente, por esos años (1821), del imperio español. Hablamos del llevado y traído Bicentenario.

Pero, ¿y cómo nos tienen, aquí, en Costa Rica, los sectores hegemónicamente dominantes, a la llegada del Bicentenario? Creemos que conviene puntualizar, con el fin de que nos hagan reflexionar, de manera crítica, en el marco de la conmemoración del Bicentenario, cuáles son los aspectos políticos, socioeconómicos, ecológicos y culturales que muestra la realidad de nuestro país en estos momentos.

Los citaremos como se nos vienen a la mente al momento de escribir este comentario, pero es que sentimos una enorme obligación ético-moral de disentir de la fanfarria patriotera, de falso civismo, que ha venido vendiéndosenos por estos días como si estuvieran en un paraíso terrenal de felicidad total.

Llega el Bicentenario y nos encuentra con una Costa Rica en proceso acelerado de polarización desde el punto de vista de concentración de la riqueza: cada vez son menos los que tienen más, por un lado; por otro, cada vez son más los que tienen menos. La clase media, sostén de la democracia en los mejores tiempos de ésta, está en desaparición.

Llega el Bicentenario y nos encuentra con un sistema tributario perversamente corrupto. Su naturaleza de profunda injusticia, se ha hecho más crónica desde que en la actual gestión gubernativa se impuso un ajuste fiscal en contra de los y las de abajo, para favorecer a los y las de arriba; acostumbrados éstos a evadir sus responsabilidades tributarias, a eludirlas, a escamotear su pago y a mantener mucho capital fuera de nuestras fronteras, en paraísos fiscales.

La anterior circunstancia ha venido consolidando el peso político de la plutocracia (el grupo de los más ricos dentro del segmento de los ricos), al punto de imponerle a la sociedad una ideología fanática en materia de fiscalidad; llevándonos al extremismo peligroso de, por ejemplo, la preponderancia absoluta del pago abusivo y extorsionante de los intereses de una deuda pública impagable, contra toda racionalidad de salvaguardar programas sociales que con gran necesidad ocupan grandes segmentos de la población afectados, de un modo u otro, precisamente por esa ideología fanática en materia de fiscalidad.

Dentro de este tétrico escenario de la institucionalidad que fuera diseñada, en otro momento de nuestra historia, para la inclusión y la movilidad sociales, hoy emerge con terrorífico poder destructivo la tal regla fiscal, misma que fuera aprobada con la ley del combo fiscal, en 2018, por parte de la actual Asamblea Legislativa: la más anti-obrera y desde la fundación de la denominada “Segunda República”, en 1949, dado su arrodillamiento ante el poder de la plutocracia.

Esta circunstancia se conecta con la dura realidad sufrida por los sectores mayoritarios de la población costarricense, al tener el mandatorio más impopular y más detestado desde que se tienen registros de opinión; criterios ciudadanos desdeñados con la grotesca frase de que él no gobierna para las encuestas. ¡Cierto! Ha venido gobernando para la plutocracia y en acuerdo con los partidos políticos operativo-funcionales a la misma: Liberación, Unidad, PAC y los religiosos.

Llega el Bicentenario con una amplia presencia político-delictiva del crimen organizado y del negocio del narcotráfico avanzando en el control social-territorial de una manera espeluznante; y, por el contrario, unos cuerpos policiales debilitados, mal pagados, agredidos salariales con dramáticos casos de hambre familiar y gran precariedad de existencia.

Llega el Bicentenario que tiene a la clase trabajadora con “suerte” de tener empleo formal y salario fijo, con su ingreso congelado, precarizado y altamente endeudado. Además, con un fuerte ataque empresarial al salario mínimo, al que se le quiere imponer una reducción de, al menos, el 10%, para así incrementar los niveles de explotación obrera, por una parte; y, por otra, la orgía de acumulación desenfrenada de capital en que está la plutocracia gobernante.

Llega el Bicentenario con, prácticamente, la mitad de la Población Económicamente Activa (PEA), en el desempleo, en la informalidad, en el cuenta-propismo, en el “come cuando hay”, al margen de la Seguridad Social.

Llega el Bicentenario con la crisis educativa más profunda desde la promulgación de la Constitución Política de 1949, con un deterioro sistemático que ya venía dando señales perversas desde antes de la llegada de la pandemia; tratando de justificar la plutocracia ese magno retroceso, echándole la culpa a los movimientos sociales de los años 2018, 2019 y 2020, por una parte; y, por otra, con lo del covid. Tendremos una generación de gran pobreza intelectual en el futuro inmediato.

Llega el Bicentenario a la tierra que proclamó ante el mundo tener el 25% de su geografía como áreas de conservación; pero, hoy, sus parques nacionales son guarida al narco y del crimen organizado, coto de la caza furtiva, con un equipo humano de protección al borde de la extinción para facilitar la privatización de nuestra herencia ecológica.

Llega el Bicentenario con ausencia total de políticas urgentes y visionarias en materia de soberanía y seguridad alimentarias, las cuales se supone que deben tener un carácter estratégico ante riesgos de hambrunas en medio del severo proceso de deterioro del planeta producto del cambio climático para el cual, tampoco, hemos tomado previsiones como nación y como sociedad. Entonces, ¿podemos conmemorar este Bicentenario como si todo estuviera “normal”?…