Categoría: Opinión

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

Parece ser que el señor presidente del Banco Central de Costa Rica (BCCR), don Rodrigo Cubero Brealey, vive en otro planeta; en realidad, actúa como viene funcionando esta entidad en los tiempos del neoliberalismo: como república independiente. Proponer que el impuesto al valor agregado (IVA) suba al 15% es una gran desconsideración (para decirlo de manera de manera elegante), para con la gran mayoría del pueblo costarricense hoy más agobiado en el plano económico y en plano social, por la crisis sanitaria de la pandemia.

Es sumamente conocido que el Impuesto al Valor Agregado (IVA) es el más injusto de los impuestos que puede tener un sistema tributario, dado que se le aplica a todo el mundo sin discriminar capacidad de ingreso de las personas, de manera tal que el IVA empobrece más a quienes menos tienen. Eso es tan cierto como lo que nos ha venido pasando luego de la imposición de la ley del combo fiscal, especialmente para el caso de las personas trabajadoras asalariadas, por una parte; y por otra, la afectación negativa que han sufrido las micro-pequeñas y medianas empresas. El covid-19 no ha hecho más que agravar las penurias de ambos segmentos de la comunidad nacional.

Lo que nos propone don Rodrigo en consecuencia es echarle leña a la hoguera de las desigualdades; dándole la razón, nada menos y nada más que a la “bendita” OCDE que desde el 2018 había advertido que Costa Rica era ya muy desigual tanto o más que México y que Chile, que habían ingresado a esta organización y que todo el mundo sabe en América Latina de las desigualdades de ambos países. Costa Rica parece que hará el ridículo, sentándose en la mesa del “club de los países ricos”, quedando como el más pobre y el más desigual de los mismos.  

“Gran favor” le está haciendo al país el jerarca bancario-fondomonetarista con su propuesta de trepada del IVA.

Pero nuestra indignación no termina ahí, decir que hay que subir el IVA al 15% para salvar a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) de la quiebra y al propio IVM de un destino igual de desafortunado, es creer que los y las costarricenses tenemos una inteligencia disminuida; o bien que no estamos a la altura de la mente brillante de don Rodrigo. Aparte de mostrar con esta propuesta una gran manipulación emocional de los sentimientos de la población costarricense para con la CCSS no deja de representar un gran irrespeto a una conquista social enraizada en el alma nacional, que debemos censurar. Seguramente don Rodrigo, al igual que su tocayo hacendario, si se enfermase iría a un hospital privado porque su ingreso le permite pagar ese tipo de atención, “olvidando” el señor presidente del BCCR que más del 90% del pueblo tico no podría financiarse un endeudamiento en la medicina privada.

A tales desventuras tenemos que enfrentarnos los viles mortales que dependemos de la CCSS, pues la república independiente del BCCR parece estar por encima del bien y del mal. Resulta imprescindible acabar con este modelo económico excluyente que puso al BCCR a impulsar concepciones económicas contrarias al bien común; cual es más grave en tiempos de pandemia, las personas entendidas, especialmente las versadas en economía que creen que ésta debe estar al servicio de las personas y no al revés, esperarían de un Banco Central volcado hacia la reactivación económica, utilizando sus reservas monetarias en tal sentido y preocupado por atacar las causas estructurales del déficit fiscal y del alto endeudamiento público que precisamente están en la base de los problemas de la CCSS, como lo es la alta evasión tributario-fiscal, y el abusivo y dispendioso sistema de exenciones-exoneraciones.

Si hubiera congruencia con una afiliación consecuente a la OCDE, tal y como lo pregona esta entidad, el BCCR debería estar ya diseñando modificaciones estructurales tributarias y tomando medidas para atajar el crecimiento de la desigualdad. Además, impulsando las reformas legales del caso para que interviniera en la política pública de generación de empleo. Sin embargo, a don Rodrigo lo único que se le ocurrió es recetarnos más impuestos indirectos, como el IVA o sea más evasión fiscal. Hay que acabar con esa república independiente, lo cual constituye una gran tarea de enorme necesidad ciudadana.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

Desde antes de la llegada oficial de la pandemia el país mostraba ya peligrosos signos del avance de conductas autoritarias, más allá de la prepotencia, como forma fundamental del ejercicio de la acción gubernativa; autoritarismo que bajo la formalidad democrática pareciera haber contaminado la toma de decisiones en temas de altísimo calibre en los diferentes poderes fundamentales del Estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Pareciera que, lejos de amainar, el autoritarismo en tiempos del coronavirus tiende a incrementarse.

La gestión gubernativa desde los ámbitos del real poder hegemónico dominante que tira línea a los indicados tres poderes acude al autoritarismo ante el descrédito constante de la clase político-ejecutiva que da la cara a nombre de esa gestión gubernativa, dado que la legitimidad de muchas de sus decisiones, por su carácter contrario al bien común, ha venido decayendo notablemente en los últimos tiempos. Por supuesto que en el camino se han venido dando excepciones, pero no tienen mayor impacto en el viajar del autoritarismo por el tejido institucional-republicano en la toma de decisiones de potencial conflictivo en lo económico y en lo social.

Precisamente hemos venido notando que transitar la ruta del autoritarismo está encontrando un fuerte valladar, un gran obstáculo, un impensado escudo democrático: la Constitución Política todavía vigente, también conocida como Carta Magna, que entró a regir en 1949, teniendo ya 70 años de vida política activa. 

La imposición de la reelección presidencial en 2003 (precisamente para facilitarle a Óscar Arias Sánchez una segunda presidencia de la República -lo cual se dio, finalmente-) abrió ese camino del autoritarismo; camino que ha tenido varios episodios de descalificación constitucional impresionantes y que, con ocasión de la tramitación-imposición-aprobación parlamentaria de la hoy Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (No. 9635), refrendó que el autoritarismo se impuso a la construcción democrática de las relaciones político-sociales (hubo un fallo constitucional de compadre hablado, se torció el reglamento legislativo para obtener los votos diputadiles suficientes a fin de imponer tal legislación, y el propio tribunal guardián de la Carta Magna dijo que lo fiscal está por encima de lo constitucional). Luego vino la ley mordaza y la eliminación del derecho constitucional de huelga, que por cierto ha iniciado ya su proceso de litigio en el plano internacional.

Cuando creíamos haberlo visto todo nos llega el proyecto Ley Marco de Empleo Público, cargado con tales niveles de autoritarismo que sus promotores ideológico-políticos y sus redactores concretos dejan en evidencia, prácticamente en cada uno de sus articulados, un desprecio profundo por los valores que impregnaron la Constitución Política de 1949, especialmente aquellos que validaron la descentralización institucional del poder público.

Prácticamente pretenden imponernos un todopoderoso Estado central, de corte autoritario y antidemocrático, con el cuentito de regular las relaciones de empleo público; con su superministerio, el Mideplan, ya no “rector”, sino con un rango de comisario político-institucional para definir, diszque a futuro, las relaciones obrero-laborales en el seno de la Administración Pública, de toda la Administración Pública del país.

No se trata del salario único; no se trata de eliminar un plus en particular ni de las anualidades; no se trata, incluso, de derogar uno de los derechos humanos fundamentalmente reconocido, como es el de la negociación colectiva; ¡qué va! Es más profundo que todo eso junto.

Mideplan es el parlante ideológico y el megáfono político de esos sectores antidemocráticos que, bajo ese modelo del ejercicio del poder político con formas autoritarias cada vez más densas y descaradas, desean una derogatoria de facto de la Constitución Política de 1949 porque ya ésta les es evidentemente molesta e incómoda para la instauración final de la desigualdad social total y del mercado como único mecanismo de legitimación de la vida en sociedad. Es demasiado grave lo que está ocurriendo.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

Si antes de la aparición oficial en el país, con el primer caso reportado el 6 de marzo de 2020, de la pandemia del coronavirus covid-19, la urgencia de una profunda transformación tributaria estructural era ya imposible de eludir, ¡ahora lo es más!

Creemos que no existe en los actuales momentos un desafío político-histórico y económico-social más relevante que, de una vez por todas, asumir una beligerante y militante acción cívica en tal sentido: la transformación tributaria estructural del sistema fiscal-impositivo costarricense.

Las fuerzas sindicales y sociales, así como político-partidistas que todavía están sanas, tienen una obligación moral ineludible para crear nuevas bases de sustentación sólida con la finalidad de que las generaciones venideras pueden tener acceso a las diferentes ofertas de política pública diseñadas para la inclusión social en materia de salud, de educación, de asistencia y promoción social, entre otras.

La pandemia y sus efectos perversos para la integración y para la movilidad sociales, sólo nos están mostrando que todavía podemos caer más bajo en los respectivos indicadores económico-sociales como los del desempleo (especialmente, el juvenil), de la informalidad, de la criminalidad, de la violencia, entre otros.

Prácticamente, la mayoría de la población costarricense sentimos que gracias a las herencias institucionales del mejor patrimonio de lo que, por lo general, es asumido como el Estado Social de Derecho, el país está enfrentando la pandemia en mejores condiciones que otras naciones cercanas e, incluso, supuestamente superiores en cuanto a desarrollo.

Si tales herencias institucionales del patrimonio público destinado a la promoción del bien común y de la inclusión social nos están permitiendo, como sociedad, sentirnos un poco más seguros de que el covid-19 puede ser “vencido” en suelo nacional; con más razón el reto cívico-popular y patriótico para la preservación de tales herencias institucionales ha adquirido una nueva dimensión.

Esa nueva dimensión tiene dos perspectivas que conviene precisar. Una es la de la hegemonía ideológica y político-económica dominante que se siente frustrada pues su tesis de privatización-venta de tales herencias institucionales del patrimonio público, al menos, lo mejor de la misma, no están contando ya en estos tiempos de pandemia con el mejor ambiente, si es que antes del covid-19 tenían esperanzas al respecto.

Sin embargo, no renuncian a esta parte del catecismo ideológico en tal sentido y nos recetan préstamos internacionales con cláusulas de venta de activos que debemos rechazar radicalmente; y, ponen al país contra la pared forzándole a endeudarse a niveles que podrían ser tan inmanejables como para llevarnos a las puertas del default (cesación de pagos), antesala de una declaratoria de quiebra estatal de consecuencias demoledoras para las mayorías. Uno no deja de pensar que, efectivamente, ciertas maquinaciones políticas en el averno del poder, consideran eso como una “salida” a la crisis.

La otra dimensión es la más responsable, la más sensata y la más segura: debemos actuar con base en las cuantificaciones estructurales ya oficialmente aceptadas en materia de evasión y elusión tributarias, así como en materia de exenciones y exoneraciones (incluyendo las de las zonas francas que muestras casos de “prostitución” de los objetivos macro-económicos con las cuales se promovieron en el país).

A la llegada al país de la pandemia, casi 15 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto (PIB), están en espera de un abordaje integral por parte de ese gobierno que aún no ha llegado: el gobierno de nuevo tipo que se necesita para retar a esos poderes detrás de esos 15 puntos; poderes que, incluso, son los que han acumulado la más grande parte de los 35 mil millones de dólares que, al último día de febrero 2020, están depositados en los bancos del país y en otras entidades del sistema financiero nacional.

Esta tarea cívica de tanta trascendencia no empezará de cero. Al contrario, estudios y propuestas están a la orden del día; incluso, hasta han salido de informes de la propia Asamblea Legislativa, sin hablar de experiencias de corte sindical-social tanto en el plano interno como en el internacional. Paradójicamente y con todo el dolor que la circunstancia representa, la pandemia nos da un nuevo aire, nos aporta renovados bríos y, lo más importante, le da a la tarea de la transformación tributaria estructural del sistema fiscal-impositivo costarricense un contenido ético-moral imposible de confrontar y/o de descalificar. Somos optimistas: ¡El tiempo está de nuestro lado!

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

Pese a las fuertes presiones provenientes de los principales sectores y vocerías de la ideología política hegemónicamente dominante, la del neoliberalismo excluyente y depredador, el Presidente Alvarado firmó la ley que saca a las municipalidades del país de la regla fiscal; expediente legislativo No. 21.922 que recibió una votación más que suficiente como para haber garantizado un resello si el veto exigido por tales sectores y vocerías se hubiera dado.

La regla fiscal es considerada uno de los dogmas fundamentales de la ideología neoliberal del mercado totalizante; y, valga la acotación, la aplicación de la regla fiscal con sus programas de austeridad rigurosamente presupuestaria, encontró a muchos sistemas sanitarios totalmente en ruinas al momento de la llegada de la pandemia del coronavirus covid-19, como se está constatando en varios países del mundo, generándose así miles de personas muertas.

El asunto central es que a pocas horas de la votación de segundo debate de dicho expediente el Ministro de Hacienda, don Rodrigo Chaves Robles, le mandó una carta, más que abierta, al Presidente Alvarado, solicitando la interposición del veto a dicha legislación, acabadita de salir del horno, empleando él la instantaneidad de la comunicación digital de hoy en día, la de las redes sociales, para que todo el mundo supiera de su inconformidad con la aprobación de tal ley y, por ende, su tácita exigencia de interposición del veto presidencial.

Tal acción evidenció que en cuanto a lealtades la prioridad del ministro Robles no era hacia el mandatario; sino hacia esos sectores político-económicos y mediáticos, guardianes ideológicos del neoliberalismo de la regla fiscal.

Tenemos entendido de que lo usual y lo correcto es que la inconformidad de un ministro de Estado para con una ley ya aprobada en el parlamento, es discutirlo en privado antes de dar a conocer a la opinión pública la decisión oficial del Poder Ejecutivo si el veto se interpondrá.

Es evidente que la ley aprobada derivada del expediente 21.922 contó con una fortaleza política que el Presidente no podía desconocer pues, como nunca antes, toda la comunidad municipal nacional respaldó tal iniciativa defendida fuertemente por la ANEP. Ya desde antes de la aprobación del combo fiscal, hoy Ley de la República 9635, estuvimos denunciando que esta legislación violentaba la autonomía constitucional del régimen municipal, lo cual, por cierto, continúa debatiéndose todavía en sede judicial-constitucional.

Lo cierto del caso es que, por segunda vez, el Ministro Robles recibió una segunda desautorización política en el corto período de dos meses, de parte de su jefatura superior, el Presidente de la República; al menos, de parte de la autoridad política formal, puesto que para este señor su lealtad real está en otro lado, como apuntamos líneas arriba.

Nos preguntamos: si el cargo de Ministro de Hacienda viene siendo el más importante desde el punto de vista de la ideología dominante: la del fundamentalismo del mercado neoliberal; si el señor Robles es un cuadro tecnocrático de uno de los pilares de tal ideología en el plano internacional como lo es el Banco Mundial; y, si es la segunda vez que es la propia autoridad presidencial de la República la que le serrucha el piso (la primera fue cuando propuso un impuesto a los salarios que, al instante, explosionó las redes sociales en contra y el mandatario tuvo que salir a desautorizarlo, de manera inmediata); repetimos, nos preguntamos: ¿no es lo lógico que se vaya, que renuncie, que deje el cargo?

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

Pésimo momento escogió el Gobierno para poner en la Asamblea Legislativa a discutir su propia versión de un proyecto de empleo público, en momentos en los cuales el país está conmovido por la crisis de salud, social y económica que representa la pandemia del coronavirus Covid-19 en suelo nacional.

Evidentemente los entretelones palaciegos mediante comunicaciones entre Casa Presidencial, Cuesta de Moras y las vocerías del sindicalismo empresaurial están mediando en todo esto; de suerte que, de entrada, el proyecto y su propio proceso de gestación adolece de un gran problema: ausencia de transparencia.

Hay demasiados aspectos para abordar y destacar en torno a esta nueva fase del retorno del tema del empleo público a titulares de primera plana. Y, precisamente, es ese tema de la transparencia, más bien, de la ausencia de transparencia, lo que queremos resaltar en esta oportunidad. 

Para empezar, la propia jerarca política máxima de Mideplan no está diciendo toda la verdad en cuanto a la supuesta consulta a sectores para llegar a la redacción del proyecto presentado a la opinión pública, en conferencia de prensa gubernamental, este pasado lunes 18 de mayo.

Hace un año la emplazamos, mediando documentación oficial que canalizamos por los medios de rigor, para que nos diera copia de las minutas elaboradas a partir de reuniones con personas que, presuntamente, eran dirigentes sindicales, de unas “conversaciones” sobre el tema del empleo público. Nos respondió que no existían, aunque esos encuentros se habían dado. En una segunda comunicación ante tal respuesta, le pedimos que, al menos, nos diera la lista, el registro de asistencia, de esas personas representantes sindicales y, ¡oh sorpresa!, tampoco se llevaron registros. Tenemos los documentos que respaldan lo anterior y que pueden localizarse en www.anep.cr.

Es decir, aquí pudieron pasar una de las dos siguientes situaciones: a) que la ministra Pilar Garrido Gonzalo se reunió con “fantasmas” y/o ella se inventó que hubo negociaciones-conversaciones sobre el proyecto de empleo público con personas dirigentes sindicales. b) Que ella se “complotó” con esas presuntas representaciones sindicales para que no quedara registro alguno de sus encuentros que definirían, de manera clandestinamente compartida, la suerte de miles de personas trabajadoras del sector público de aquí a la eternidad.

Como vemos, hay aquí, de entrada, un grave problema de transparencia que se subsanaría, aunque fuera de manera torpe, si la ministra Garrido Gonzalo se atreviera a dar una declaración pública indicando que ella se reunió con fulano y con zutana, quienes le habrían “bendecido”, desde el plano laboral-sindical, el proyecto gubernativo de empleo público. Evidentemente, no lo hará.

Un segundo problema de transparencia en este delicado asunto tiene que ver con lo que en corrillos legislativos se está afirmando, en secreto a voces, de que hay negociaciones subterráneas y oscuras en el intercambio de votos diputadiles: se le da al gobierno de Alvarado Quesada la aprobación de los créditos internacionales que hacen fila en la agenda la legislativa a cambio de que este enviara el ya contaminado proyecto de empleo público que fue lo que hizo este pasado lunes 18. 

El dedo acusador se dirige, especialmente, a las figuras neoliberales más prominentes de la fracción parlamentaria liberacionista, especialmente a su “cerebro intelectual”, Carlos Ricardo Benavides Jiménez. El PLN neoliberal se siente gobierno a partir del 2022 y desea que le limpien la cancha: librarse de la brasa caliente del empleo público, al que tanto ha golpeado en los últimos años; y, además, jugar con un supuesto control del problema fiscal del país a costa del hoy también neoliberal PAC. “En medio”, la Unidad, “agazapada” cree que saldría bien librada del calamitoso crecimiento del descrédito ciudadano ante la inconsecuencia filosófica-ideológica de sus principios fundacionales; algo en lo que compite con el PLN y con PAC. Seguiremos con el tema la próxima semana.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

Imposible es aceptar que el tema del empleo público se aborde sin conectarlo con las cuestiones relativas al sistema tributario y el endeudamiento público del país.

Hasta la saciedad nos hemos encargado de demostrar que no hay relación alguna entre el déficit fiscal y empleo público. Pero sí hay relación estratégica entre el déficit fiscal, el sistema tributario y la deuda pública.

Ni los más fanáticos y extremistas ideológicos, del neoliberalismo fiscalista tienen cómo justificar que este país tenga 8.5 puntos PIB de evasión-elusión tributaria; como tampoco resulta defendible, 6 puntos PIB en exenciones-exoneraciones.

Estas dos situaciones son suficientes para explicarnos las razones por las cuales hay grandes capitales depositados en la banca comercial del país, en moneda extranjera (dólares), capitales cercanos a una cifra tan gigantesca como los 35.000.000.000 de dólares.

Esto lo sabe muy bien el gobierno de Alvarado Quesada. También lo tuvieron siempre claro los gobiernos Solís Rivera, Chinchilla Miranda y los otros que les antecedieron.

De la misma manera, el endeudamiento público del país, creciente, insostenible y “catastrófico”, tiene los mismos orígenes: un sistema tributario perversamente injusto, una acumulación de capital realmente obscena y una clase empresaurial que ha hecho clavos de oro a través de sus negocios con la Administración Pública.

La cuestión del empleo público no ha podido ser debatida de cara a la sociedad con total libertad, necesaria trasparencia y total integralidad. La campaña ideológico-mediática de los últimos tiempos en contra del empleo público durante los últimos años, así lo ha impedido. Consta para la historia nuestra denuncia sistemática y multifacética en tal sentido.

Pero un nuevo factor entró en el escenario de la cuestión del empleo público, que es la respuesta de las instituciones estatales, al desafío de salud que está presentando la pandemia; reto mayúsculo que está pasando a los ámbitos social y económico, con consecuencias desastrosas cuya magnitud están por verse a plenitud. Entonces, nos preguntamos: ¿Queremos seguir como sociedad precarizando el empleo público todavía más de lo que se ha venido haciendo por parte del sistema gobernante inter-partidos? ¿Queremos tener técnicos y profesionales en el empleo público con una cualificación salarial que desconozca los años de fuerte esfuerzo educativo individual universitario y parauniversitario?

Adicionalmente, ¿cuál es la valoración que ya debería estarse haciendo de los roces constitucionales, de las inobservancias jurisprudenciales e incluso, de normativa jurídica internacional para justificar la existencia, de dos personas empleadas públicas, ubicadas ambas en la misma unidad laboral y realizando las dos idénticas laborales; pero, con regímenes jurídico-laborales radicalmente diferentes?

Definitivamente, no cuenten con nosotros ni con nosotras para abordar el tema del empleo público, sino es bajo una integralidad como la que aquí hemos desarrollado.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

A partir de datos oficiales provenientes del Banco Central de Costa Rica (BCCR), información solicitada en su momento por la ANEP (oficio No. GER-0337-2018, fechado 14 de diciembre de 2018, firmado por el señor Eduardo Prado Zúñiga, Gerente del BCCR), sacamos la conclusión de que en el período comprendido que va del 1 de enero de 2011 al 30 de setiembre de 2018 (93 meses, en total), la cantidad de depósitos del público y tenencia de activos de los bancos comerciales del país (públicos y privados), en moneda extranjera (dólares), creció, en promedio mensual, a razón de 160 millones 65 mil dólares (160.065.000).

¿Por qué afirmamos lo anterior? El BCCR nos indica que, al 31 de diciembre de 2010, los depósitos del público y tenencia de activos de los bancos comerciales del país (públicos y privados), en moneda extranjera (dólares), estaban en 17.933 millones 900 mil dólares. Y, 93 meses después, al 30 de setiembre de 2018, la cantidad por tal rubro era de 32 mil 820 millones de dólares.

Esos 93 meses (31 diciembre 2010 – 30 setiembre 2018), siete años y nueve meses, representaron, por tanto, un aumento de 14 mil 886 millones 100 mil dólares (14.886.100.000), de más, en poder de las entidades públicas y privadas del sistema financiero-bancario del país.

Tal cantidad, 14 mil 886 millones 100 mil dólares, dividida entre esos 93 meses (siete años y nueve meses), nos da el promedio mensual de 160 millones 65 mil dólares (160.065.000)

Si lo pasamos a colones, en ese período de 93 meses (1 de enero de 2011 a 30 de setiembre de 2018), la cantidad se torna impresionantemente grande: 8 billones 485 mil 77 millones de colones (8.485.077.000.000).

Son números de locura. Si hablamos en moneda nacional, tenemos que cada uno de esos 93 meses representó un incremento, promedio, de 91 mil 237 millones de colones, cada (91.237.000.000), cada 30 días.

Sigamos y, de seguro, enredándonos más. Partamos del dato de que durante los 93 meses indicados (1 de enero 2010 – 30 de setiembre de 2018), el promedio de crecimiento de los depósitos del público y tenencia de activos de los bancos comerciales del país (públicos y privados), en moneda extranjera (dólares), fue de 160 millones mil dólares (160.065.000), por mes.

Tomemos ese promedio,160.065.000 millones de dólares y multipliquémoslo por el número de meses comprendido entre el lapso de tiempo del 1 de octubre 2018 al 29 de febrero de 2020: un total de 17 meses. Entonces, 2 mil 721 millones, 105 mil dólares (2.721.205.000).

¿Por qué al 29 de febrero de 2020? Porque fue el cierre de mes antes de la llegada oficial de la pandemia del coronavirus covid-19 al país, señalada como el 6 de marzo siguiente.

¡Continuemos complicándonos! A los 32 mil 820 millones de dólares que había en depósitos del público y tenencia de activos de los bancos comerciales del país (públicos y privados), en moneda extranjera (dólares), al 30 de setiembre de 2018 (informe oficial del BCCR dirigido a la ANEP); le agregamos 2 mil 721 millones, 105 mil dólares (2.721.205.000), del período que va del 1 de octubre del 2018 al 29 de febrero de 2020 (17 meses), para así tener un gran total de 35 mil 541 millones 105 mil dólares (35.541.105.000).

Ese gran total de 35 mil 541 millones 105 mil dólares (35.541.105.000), traducido a nuestra moneda nacional representa la inimaginable e incomprensible cantidad de 20 billones 258 mil 429 millones 850 mil colones; que sería la suma total de los depósitos del público y tenencia de activos de los bancos comerciales del país (públicos y privados) al 29 de febrero de 2020.

El período explicado de tantos y tantos millones de dólares y de colones en poder de las entidades financieras del Sistema Bancario Nacional, arrancó, a partir del 31 de diciembre de 2010, con la suma de 17 mil 933 millones 900 mil dólares (10 billones 222 mil 323 millones de colones: 10.222.323.000.000); para transformarse en 35 mil 541 millones 105 mil dólares: 35.541.105.000 (20 billones 258 mil 429 millones 850 mil colones), al 29 de febrero de 2020, en un período de 110 meses (poco más de 9 años). Ese capital bancario, en consecuencia, aumentó en un 50.45% en ese período.

¿Cuáles son esos 110 meses?: 40 meses de la Administración Chinchilla Miranda, 48 meses de la de Solís Rivera y 22 de la actual Alvarado Quesada.

Esos 35.5 billones de colones que podrían constituir suma total de los depósitos del público y tenencia de activos de los bancos comerciales del país (públicos y privados), al 29 de febrero de 2020; alcanzaría para pagar la totalidad de la deuda del Gobierno con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), misma que anda en los 2 billones de colones. También alcanzaría para financiar el tren eléctrico cuyo costo actual es de unos 883 mil 500 millones de colones (que no es 1 billón de colones).

Tampoco habría necesidad de que se contrajesen créditos externos en condiciones desfavorables para el país, como los que se vienen mencionando para endeudarse con el Fondo Monetario Internacional (FMI), y otras entidades financieras globales y continentales.

La deuda de los productores agrícolas y agropecuarios nacionales (cuya lucha merece el más grande apoyo ciudadano), con el sistema bancario-financiero del país, apenas está representando un 0.084 centésimas de los 35.5 billones de colones que habría a la llegada de la pandemia depositados en el mismo.

¿Y cómo fue que hemos llegado a esto? Es muy profundo y tiene que ver con la matriz político-ideológica fundamental del neoliberalismo, centrada en la reproducción del capital financiero-bancario a costa de lo que sea. Entender esto nos ayudará, muy apropiadamente, a comprender la naturaleza perversa del actual modelo económico que nos han impuesto a nivel-país por parte de los gobiernos del tripartidismo PLUSC-PAC.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

EMPRESAURIO: Se trata de un nuevo vocablo o palabra (neologismo) producto de la fusión (acronimia) de las palabras EMPRESARIO y DINOSAURIO. El concepto está en construcción: 

Dícese de una persona empresaria (por lo general, del sexo masculino), sumamente adinerada, de negocios multimillonarios, con conexiones políticas al más alto nivel (a veces, son co-gobernantes, de facto), de dudosa reputación tributaria, declarante de “cero” ganancias y/o “pérdidas”. Evasor-elusor fiscal. Rabiosamente antisindical y de tendencia totalitaria. Usuario de paraísos fiscales. Hizo gran parte de su capital al amparo del Estado mediante exenciones-exoneraciones. No pocas veces es beneficiario de amnistías tributarias y de incentivos fiscales de diversa naturaleza, otorgados por el Estado que tanto odia, paradójicamente. También gana, repetidamente, licitaciones públicas nada despreciables en cuanto a rentabilidad corporativa. Disfruta y abusa del secreto bancario y de la figura jurídica de las sociedades anónimas. El empresaurio puede presentar o reunir todas estas características o algunas de ellas.

Gran parte de los intereses del empresauriado nacional está aglutinado en sindicatos patronales, conocidos como cámaras y hasta una unión de las mismas tienen. 

El empresauriado tiene a su servicio un conjunto de personas para que escriban sobre la visión de mundo que tienen: la de la concentración de la riqueza, la de la desigualdad, la de la promoción del odio de clase, especialmente en contra de quienes trabajan en el sector público. 

Somos conscientes de que el empresauriado (conjunto de empresaurios), no es representativo genuino de la clase empresarial del país. Si bien es cierto los empresaurios ejercen, lamentablemente, un gran poder en el seno de los últimos gobiernos cuyos presidentes les han tenido miedo (incluido el actual); lo real es que la clase empresarial del país ha estado compuesta por emprendimientos corporativos micro-pequeños y medianos, cumplidores cabales de sus responsabilidades patronales para con la Seguridad Social y atentos a observar las obligaciones tributarias que las leyes les han impuesto. Sin embargo, no tienen gran peso político. 

Por otra parte, se tiene conocimiento de que existen corporaciones privadas, empresas, de tamaño económico relevante que honran, también, sus responsabilidades sociales, tributarias y fiscales. 

Las generalizaciones son odiosas y conducen a que se cometan injusticias, muchas veces sumamente graves. Es necesario que en el análisis de la actual composición de fuerzas y de sectores en la sociedad costarricense, los sindicatos hagamos una consistente distinción cuando nos referimos al sector empresarial del país, remarcando la existencia del empresauriado.

Es mejor, por ejemplo, empezar a hablar del empresauriado evasor fiscal, del empresauriado que le roba a la Seguridad Social, del empresauriado que subdeclara y comete defraudación aduanera, del empresauriado que lleva dos contabilidades. Así les diferenciamos con relación al empresariado honesto.

Con ocasión de la lucha cívico-patriótica que el pueblo costarricense libró en contra del tratado de “libre” comercio (TLC) con Estados Unidos, dos prestigiosos intelectuales y académicos costarricenses, Mauricio Castro Méndez y Juliana Martínez Franzoni, elaboraron un estudio denominado El TLC y el empleo en Costa Rica, del cual se destacó el dato de que poco más del 90% del parque productivo nacional estaba constituido por micro-pequeñas y medianas empresas. 

Al momento actual y a la llegada de la pandemia tal situación se mantenía. Lamentablemente, las micro-pequeñas y medianas empresas han sido muy golpeadas por el Covid-19 y es hacia las mismas que debe centrarse toda la política pública de emergencia y de salvamento económico-financiero para ellas; a pesar de que los grandes intereses del empresauriado lo ha venido impidiendo.