Categoría: Opinión

El actual Ministro de Hacienda, don Rodrigo Chaves Robles, acaba de hacer explotar una bomba política: 22 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto (PIB), provienen del lavado de dinero, del dinero sucio que estaría pasando por el circuito financiero-económico del país, anualmente.

Lo afirmó durante una entrevista radiofónica de un programa de opinión asociado a uno de los latifundios mediáticos integrantes de la hegemonía político-ideológica dominante.

Dado el calibre, el impacto y las consecuencias de esta denuncia, resulta imposible dejarla pasar desapercibida. Es más, debe ser un tema fuerte, de alta relevancia política para la lucha social de los diversos sectores que, de un modo u otro, están siendo víctimas de la más cruel desigualdad desde la fundación de la Segunda Pública, en 1949; y, paralelamente, de la exclusión económica.

Particularmente, para el caso de la corriente social y sindical de lucha en la cual ejecutamos nuestro quehacer diario, el decir del ministro Robles potencia, enormemente, la fuerza moral, ética y argumental del reiterado reclamo que venimos formulando acerca de que Costa Rica requiere de una Transformación Tributaria Estructural; una especie de revolución tributaria profunda, por una parte.

Por otro lado, la gravedad de que se tenga que aceptar que hasta 22 puntos del PIB en la economía costarricense tiene procedencia sucia, nos lleva a formular varias conclusiones que, aunque apriorísticas y con gran carga subjetiva, nos sentimos obligados a plantearlas de manera pública:

¿Cuál es la naturaleza, la profundidad y el espesor de las conexiones político-gerenciales y tecnocrático-administrativas que se han venido conjuntando y conspirando para que tal cantidad de dinero esté circulando en el sistema bancario-financiero nacional, prácticamente de manera impune?

¿A qué niveles ha podido llegar la penetración de ese dinero sucio en el sistema político del país, particularmente en los segmentos de la clase política-tradicional (el tripartidismo PLUSC-PAC), gran parte de la cual está corrupta; como para financiar partidos y personas candidatas?

¿Qué tentáculos posee ese dinero sucio como para formular tráfico de influencias a fin de inducir o sesgar la toma de decisiones político-gubernativas, ejecutiva y parlamentariamente hablando, en una determinada dirección?

¿Y qué podría estar sucediendo con esos otros partidos que, de un pronto a otro, emergen con gran potencia económico-financiera en el escenario electoral pero que, de un momento a otro se disipan o se disminuyen pese a multimillonarias inversiones en publicidad y propaganda?

¿Estamos viviendo en una economía que, en realidad, está quebrada y que, por tanto, está a flote “gracias” a esas monstruosas cifras de dinero sucio proveniente del narcotráfico y del crimen organizado? ¿Somos ya una narco-economía?

¿Cómo está jugando en todo esto el Banco Central de Costa Rica (BCCR), así como el propio sistema bancario-financiera nacional, el público y el privado? ¿Está la supervisión financiera viendo para otro lado?

Es que eso de 22 puntos PIB de dinero sucio, de lavado de dólares, es algo monstruoso. El Ministro de Hacienda viene de laborar por muchos años en el Banco Mundial y esto quiere decir que sus estudios, su conocimiento, su experiencia, sus conexiones y saberes del mundo financiero global, le deben dar sustento para afirmar semejante cosa y decirlo de manera pública.

Estamos hablando de una cantidad en colones del orden de los 7 billones 700 mil millones de colones, ¡al año! Lo que se nos está diciendo es que hay un 1.83 punto porcentual de PIB, 642 mil millones de colones que, ¡cada mes!, estaría ingresando al circuito económico-comercial y financiero-bancario.

642 mil millones de colones mensuales es un arma política, un instrumento de presión capaz de pulverizar cualquier proceso o sistema de toma de decisiones políticas por más bunkerizado que éste esté.

En esa misma ocasión y circunstancia, el indicado jerarca reiteró que la evasión fiscal en Costa Rica anda entre el 6 y el 8 % del Producto Interno Bruto (PIB); un tema-denuncia planteado por ANEP, de manera sumamente reiterada durante muchos meses y a lo largo de las últimas tres administraciones gubernativas.

¡Siempre hemos tenido razón!: El déficit fiscal no se debe a los salarios pagados a las personas trabajadoras que laboran para el Estado, ni aún en los pocos casos de remuneraciones escandalosas que, pese a lo anterior, sí pensamos deben ser eliminadas.

¿Cómo no va a darse el fracaso de la reforma fiscal impuesta, de manera tramposa, a la gente, en el 2018, si las verdaderas fuentes, las reales, de allegar recursos frescos a las finanzas públicas no fueron tocadas?

¡Qué va! La abrumadora mayoría del pueblo costarricense, incluido uno mismo, no tiene la menor idea de la profundidad y de los tentáculos de la red de corrupción, prácticamente sistémica, que está carcomiendo la institucionalidad republicana y minando las bases de la paz social. Es en este marco de circunstancia que se puede empezar a escudriñar las verdaderas razones de decisiones políticas de alto nivel como la ley mordaza.

Albino Vargas Barrantes

Secretario General

Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

El tripartidismo gobiernista, Liberación, Unidad y PAC, ha sufrido una gran derrota en las pasadas elecciones municipales del domingo 2 de febrero. Los discursos y las interpretaciones triunfalistas que sus respectivas dirigencias se esfuerzan en remarcar no son más que un vano intento por desconocer que para gran parte de la población electora ha dejado de significar lo que en determinado momento representó su principal soporte: ilusión y esperanza. Sin duda alguna, el combo fiscal-ley 9635 pesó en muchas conciencias y mentes ciudadanas.

Liberación viene cayendo desde hace una década. Eso es inobjetable. Desde que los hermanos Arias Sánchez lo neoliberalizaron desterrando de él su esencia socialdemócrata, vienen siendo derrotados en elecciones presidenciales, mermando sus fracciones parlamentarias y perdiendo alcaldías. En esta ocasión, al pasar de 50 alcaldías y quedarse con 42, es un 16% lo que cedieron en materia de gobiernos locales. Y, casi un 30% menos de lo que controlaban hace una década.

Es muy notorio que varias alcaldías que siguen controlando responden a esfuerzos más aislados, muy individuales, producto de motivaciones clientelares locales y no de militancia política. El PLN ya no es más el partido de inspiración ideológica de sus orígenes. Además, quienes le pregonan hoy como el partido “más grande”, es porque solamente contabilizó en esta elección el 10% del padrón electoral de la actualidad. El gane que pregonan es con más sabor a hiel que a miel. Sin duda alguna, mucha ciudadanía electora le pasó la factura votando contra el PLN y ni se diga la que se abstuvo de ir a las urnas el pasado domingo.

Para el PAC, ya de por sí con presencia municipal raquítica, quedarse con 4 alcaldías de las 6 que ya tenía es un bajonazo de 33%. Muy mal augurio para una colectividad que pretendió ser el relevo socialdemócrata y levantar la bandera de los sueños y de las aspiraciones de la otrora pujante clase media, abandonada por el PLN al neoliberalizarse. El PAC, consumido por los vicios y las prácticas indecorosas que le criticaba al bipartidismo tradicional, el PLUSC, hoy paga duramente ser el furgón de cola de éstos, el pone-votos parlamentarios, para el desmontaje final del Estado Social de Derecho. Aquí también podemos afirmar que le pasaron una fuerte factura una buena cantidad de su electorado original, y también el abstencionista.

En relación con el tercer pilar que está sosteniendo al gobierno actual (cuya hegemonía política la tiene el periodismo violento, el del odio, en binomio político con el sindicato patronal-empresarial más connotado del país), el Partido Unidad Social Cristiana, los cánticos de victoria por dos alcaldías adicionales son de poca sustentación política; es decir, no hace más que fortalecer la visión que tenemos de que la clase política tradicional, la de ese tripartidismo, se mueve en arenas movedizas y su hundimiento podría ser cuestión de tiempo para que tan solo quedara algún vestigio simbólico.

Con respecto a otros partidos que entraron a la contienda municipal, sus respectivos resultados palidecen al contrastarlos con los logros muy visibles de las fuerzas electorales vecinales, los partidos cantonales que, cada cual a su manera y con sus voluntades más consecuentes, han generado fuerte remezón para el orden establecido e impuesto por el bipartidismo tradicional PLUSC y ahora tripartidismo, PLUSC-PAC. La verdadera estrella de las elecciones municipales pasadas son los partidos cantonales y un eventual accionar coaligado, con perspectiva nacional electoral para el 2022, podría ser un terremoto político insospechado.

Con ojo sindical y perspectiva social, nos atrevemos a decir lo siguiente: Pareciera ser que a tres colectividades partidarias con mínima representación parlamentaria en la actualidad pero que han mostrado gran consecuencia con la herencia que nos dejaron los padres y las madres fundadoras y gestoras del Estado Social de Derecho (hoy en ruta a su sustitución por el Estado Neoliberal), les debería haber tocado mejor suerte en estas elecciones municipales. O, por lo menos, a lo mejor les faltó una mayor iniciativa de acercamiento con la multiplicidad de sectores sociales muchos de los cuales andan en busca de “algo”.

Los partidos Integración Nacional (PIN, excluyendo a sus desertores excretados, por supuesto), Republicano Social Cristiano (calderonismo que reclama para sí ser el auténtico), y Frente Amplio (una izquierda progresista de corte socialdemócrata) han mandado fuertes señales de que, de un modo u otro, están confrontados con la hegemonía neoliberal del capital que controla el PLUSC-PAC; sin embargo, esas conductas político-parlamentarias tan cercanas a la gente, a la ciudadanía, no se concatenan, por ejemplo, con ese gran conglomerado cívico que ya no vota en este tipo de elecciones. 

Particularmente, al Frente Amplio no pocas gentes de amplia conciencia social y consecuente militancia para con las aspiraciones de una democracia real no le perdonan la dilapidación del capital político que representó el período constitucional 2014-2018, cuando lograron 9 curules legislativas. Para estas elecciones la única alcaldía que tenían la perdieron y redujeron en un 50% la cantidad de regidurías que tenían en 2016.

En cuanto a los partidos Restauración y Nueva República (avendañistas y fabricistas), gran “sensación” juntos en el 2018, pero ahora separados parecen haber sido “borrados” del escenario electoral, pagando el precio de su división, por una parte; por otra, ¿será flor de un día…? A lo mejor, ya hay gran cantidad de electores que ya no se están comprando el discurso original que les dio un gran boom.

Las anteriores consideraciones son parte del conjunto de lecturas y de interpretaciones político-ciudadanas que se están formulando, desde distintas visiones, al conocerse parte (falta todo lo concerniente a las regidurías), de los resultados de estas elecciones municipales. Los duros tiempos que ha empezado a vivir el pueblo trabajador, los tenemos ya encima; y, por tanto, la lucha social está más vigente que nunca.

Por: Albino Vargas Barrantes, Secretario General de la ANEP

Tuvimos conocimiento de un pronunciamiento público recientemente emitido por el sindicato empresarial más grande del país, la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado, siglas UCCAEP; comunicado titulado “Hay que bajar el elevado déficit fiscal a como sea”, a propósito del anuncio del actual Ministro de Hacienda, don Rodrigo Chaves Robles, reconociendo éste que el déficit fiscal, al final el año recién pasado 2019, llegó a un 6.9 puntos de Producto Interno Bruto (PIB), prácticamente un 7%.

De manera indudable que, si nos enfocamos en solamente el titular del pronunciamiento de la UCCAEP, “…bajar el déficit fiscal a como sea”, nos alimenta el pensamiento para puntualizar cuán peligrosa resultaría seguir la ruta política y socioeconómica del “…a cómo sea”; misma que, aplicada a otras realidades muy similares a la nuestra, ha provocado mucho sufrimiento y dolor a los pueblos (especialmente, los latinoamericanos), a los cuales se les ha aplicado el “…a cómo sea”.

En verdad, muchísimas consideraciones se pueden formular a partir del deseo de la UCCAEP de bajar el déficit fiscal “…a cómo sea”.

Sin embargo, en esta ocasión queremos llamar su atención en el siguiente punto del comunicado del indicado sindicato patronal:

“El costo de la deuda -que urge reestructurar-, será mayor y la tasa de riesgo país que se autoimpondrán los inversionistas extranjeros, restará competitividad en el esfuerzo por atraer inversiones productivas a Costa Rica”.

¡Eso es lo que hemos venido planteando, de manera insistente y durante largo tiempo: la reestructuración de la deuda, de la deuda pública! Ha sido una de las principales formulaciones estratégicas de la ANEP en estos tiempos de la desigualdad social y de la exclusión económica; tesis también compartida por sectores cívico-patrióticos de nuestra sociedad.

Tal vez, a lo mejor, la dirigencia de la UCCAEP tomó conciencia de que destinar de las escuálidas finanzas públicas, 5.1 puntos del PIB, en el 2020, solamente para pagar intereses de la deuda, representa un verdadero golpe a la estabilidad democrático-social de nuestra muy golpeada institucionalidad republicana.

En ANEP pensamos que eso es así, de contundente. Tal vez, UCCAEP lo conceptúe de otra forma; sin embargo, que este grupo patronal de gran calibre económico, por su posición política de ser controlador de las principales decisiones de la actual hegemonía legislativo-ejecutiva gobernante, hable de reestructuración de la deuda, de la deuda pública y, que, además, diga que eso es urgente, ¡señoras y señores!, esto no puede dejarse pasar desapercibidamente.

Eso pensamos en ANEP: es urgente reestructurar la deuda. Es más, hasta pensamos que esa deuda es ya impagable. Pero, en lo inmediato, resaltemos la coincidencia: la UCCAEP y la ANEP coincidimos en ello: que es urgente reestructurar la deuda.

Es que ese pago de intereses, por el orden de los 5.1 puntos PIB para este año 2020 es, realmente, escandalosamente obsceno. Repare en esto, ¡por favor!

Cada segundo, le toca al pueblo costarricense desembolsar 57 mil 388 colones (57.388.oo). Cada minuto, 3 millones 443 mil 287 colones (3.443.287.oo). Cada hora, implica esta cantidad por ese pago exagerado de intereses: 206 millones 597 mil 222 colones (206.597.222.oo). Al día, es decir, cada 24 horas, lean bien, ¡por favor!: 4 mil 958 millones 333 mil 333 colones (4.958.333.333.oo). Al mes, hay que sacarle del bolsillo a la gente trabajadora que sí paga sus impuestos, nada más y nada menos que, 148 mil 750 millones de colones (148.750.000.000.oo).

Y, por ende, para el año 2020, solamente en pago de intereses por esa deuda que, repetimos es impagable según ANEP, 1 billón 785 mil millones de colones (1.785.000.000.000.oo).

De tanta cifra citada, tratemos de fijar en nuestra mente ésta: prácticamente son 5 mil millones de colones diarios que se deben erogar de las golpeadas finanzas públicas para, repetimos, solamente pagar intereses de la deuda, de la deuda pública; esa deuda que, desde hace bastante tiempo, en la ANEP; y ahora, en la UCCAEP, creemos que debe ser, urgentemente reestructurada.

Por: Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

Nos llamó poderosamente la atención el reportaje que en La República apareció publicado este miércoles 15 de enero, titulado “Constructores piden intervención para revertir golpe del IVA en la actividad”, partiendo de la circunstancia de lo que ha sido nuestra posición sindical en cuanto a que el Impuesto al Valor Agregado (IVA), vino a perjudicar a quienes menos responsabilidad tienen en el problema fiscal nacional, por una parte; y, por otra, que está representando un serio inconveniente para abordar, con urgencia, la reactivación económica por la cual “Raymundo y todo el mundo” está clamando.

A lo largo de todo el año pasado 2019, los efectos negativos de la imposición, aprobación con forceps y con trampas legislativas, de la hoy Ley de la República No. 9635, mal denominada Fortalecimiento de las finanzas públicas, hicieron mucho daño a la economía de miles de familias costarricenses; y, el deterioro de las finanzas de las mismas, ha sido la tónica generalizada.

El gobierno presidido por Carlos Alvarado Quesada y sus soportes políticos más inmediatos, provenientes de los partidos Liberación y Unidad, erraron en cuanto a promover una legislación, como la 9635, que hoy podemos catalogar de fracasada si nos atenemos a lo siguiente, empezando por el reclamo de la Cámara Costarricense de la Construcción. Veamos algunos datos:

11 mil despidos solamente en el sector de la construcción, encareciéndose ésta en un 10 % en cuanto al costo de las obras y observándose una caída de un 12,7 % en los proyectos.

El endeudamiento público con relación al Producto Interno Bruto (PIB), está rondando el 60 %.

El déficit fiscal está en, aproximadamente, un 6 %.

El desempleo abierto, el de carácter oficial, se acerca al 12 %. Juntando el encubierto, estaremos en el doble de esa cifra, a juicio de algunos especialistas independientes.

El poder de compra del salario sigue a la baja y los reajustes por costo de vida no lo recuperan en la proporción necesaria para impulsar una reactivación del consumo.

En nuestro criterio, el problema fiscal del país no fue resuelto con la Ley 9635. Por el contrario, esta legislación golpeó a la mayoría de la población trabajadora costarricense y a diversos sectores empresariales de gran peso económico como lo es la propia Cámara Costarricense de la Construcción, si nos atenemos a su queja y a su apelación al apoyo estatal: que les aprueben un proyecto de ley para una aplicación gradual del IVA en su sector.

En nuestro criterio el grave problema fiscal del país tiene dos explicaciones que, de un modo u otro, están interconectadas y que deberían abordarse en paralelo mediando un profundo Diálogo Político-Social como nunca antes se había dado en el país.

Por un lado, la deuda pública contraída con acreedores internos y externos y su escandaloso y obsceno pago de intereses; por otro, la realidad, que ya es oficial, de los altísimos niveles de defraudación fiscal en todas sus manifestaciones (con ropaje legal o sin él), del orden del 6 a 8 puntos porcentuales PIB, según el estudio que lo sustenta pero que en todo caso son cifras igualmente escandalosas y obscenas.

Complementariamente a ello, “una verdadera reforma del empleo público” es sumamente necesaria. Lo puse entrecomillado porque así lo señala la Cámara Costarricense de la Construcción en el reportaje que venimos comentando. Por el concepto, tenemos una coincidencia.

Esto de “una verdadera reforma del empleo público” ha estado afrontando un verdadero tropiezo, un día sí y otro también: haberse ideologizado al máximo con el ya insostenible argumento de que el empleo público es el responsable del déficit fiscal. Superado este falaz argumento y poniendo en mesa las dos vertientes del verdadero problema fiscal nacional, puede haber espacio, mediando voluntad política de las partes, para un encuentro de posiciones, en franco debate y por el bien del país.

A partir de este artículo y así sucesivamente en días viernes, el período La República nos publicará un comentario  nuestro sobre aconteceres nacionales vistos desde el prisma de la lucha social y sindical. Agradezco a sus personeros don Fred Blaser, CoPresidente, así como a don Esteban Arrieta, Editor, el inmenso honor que nos han dado.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General

Les confieso que me costó creer que estaba leyendo algo así. Pero es real. “Antes de que sea demasiado tarde” (en inglés, “before it’s too late”), es una frase, muy significativa, incluida en una especie de manifiesto dado a conocer con motivo de la reciente reunión anual del Foro Económico Mundial (por cierto, con ocasión de su edición No. 50), que todos los años tiene lugar en la ciudad suiza de Davos.

Como se sabe, a esta reunión concurren lo más selecto de las personalidades con más poder económico, político, intelectual y mediático del planeta, eso sí bajo los postulados ideológicos de la globalización neoliberal; para discutir (según lo pregonan), los problemas mundiales más apremiantes, entre ellos la salud, el medioambiente y la ecología… y últimamente la desigualdad.

Esta edición No. 50, “la sacó del estadio”, como popularmente decimos en Costa Rica cuando se trata de resaltar algo muy sobresaliente, actuado por alguien o por un grupo de personas. Figúrese usted que un grupo de los magnates más adinerados de la actualidad, agrupados bajo el nombre de Millionaires Against Picthforks (algo así como Millonarios contra rastrillos; siendo el rastrillo un tipo de arma blanca punzo-cortante muy usada en épocas pasadas por campesinos rebelados contra sus opresores); lanzó un manifiesto especialmente dirigido a sus colegas megamillonarios para instarles, oigan bien, a que paguen impuestos más altos y más justos, “antes de que sea demasiado tarde”.

¡Impensado! Un grupo de súper-ricos, dentro del conglomerado de los más archi-ricos del planeta, ¡ay Dios!, se han “conmovido” y han llegado a la conclusión de que es mejor prevenir que lamentar; y que, por ende, a fin de evitar un “desastre para todos” (así lo afirman en su manifiesto), se deben transformar, profundamente, los sistemas tributarios, nacional y globalmente.

Una de los más espectaculares datos jamás dados a conocer en nuestra querida Costa Rica, al menos de manera pública es que, según este grupo de archi-ricos “conmovidos” por la brutalidad de la desigualdad de hoy en el mundo, en los diversos paraísos fiscales alrededor del mundo hay, al menos, ¡escuchen bien!, 8 billones de dólares escondidos, tributariamente fraudulentos. ¡Pero es mucho más!

Monstruosa cantidad que se escribe así: 8.000.000.000.000; y más monstruosa sería si tratáramos de pasarla a colones. Entonces (si no nos equivocamos), 4.584.000.000.000.000 (a un tipo de cambio de 573 colones por dólar), 4 mil 584 billones de colones.

En el inédito manifiesto de los Millionaires Against Pitchforks, según la traducción en español que conocemos, quienes lo firman indican ser “miembros de la clase de seres humanos más privilegiada que jamás haya caminado sobre la Tierra”. Hace tiempo (nosotros incluidos), mucha gente alrededor del globo está diciendo que esta es la época, la que estamos viviendo, de la más espantosa desigualdad y de la más indescriptible y archi-indignante concentración de riqueza de toda la historia de la Humanidad.

Y admiten, el grupo de los más ricos de los súper-ricos, que la “desigualdad extrema y desestabilizadora” está creciendo en todo el mundo, ya que cada vez hay más multimillonarios y sus fortunas son mayores, mientras que los ingresos de las personas pobres apenas han cambiado. Así se lo compartimos a usted, con base en el sitio web de noticias RT (https://actualidad.rt.com/actualidad/340854-millonarios-pagar-impuestos-evitar-desastre-todos).

Ponga cuidado al párrafo siguiente de la nota de prensa de RT que publicó el ya “archi-famoso” (aunque aquí las matrices mediáticas ticas dominantes nos lo oculten), manifiesto de los Millionaires Against Pitchforks : “En la misma línea, el comunicado sostiene que en muchas naciones las tensiones causadas por la desigualdad han alcanzado niveles de crisis, y destaca que la baja confianza social y un sentimiento general de injusticia están socavando la cohesión social básica y aumentando las tensiones entre países”.

Noten, por tanto, cómo esta conclusión “mea culpa” de los mega-millonarios del planeta, se puede aplicar a la realidad costarricense actual. Efectivamente, nuestra sociedad está muy atormentada por dos aspectos fundamentales: la espantosa desigualdad que sigue creciendo, que se ha vuelto sistemática y que está acabando con la otrora pujante y baluarte democrático, clase media, por un lado. Por otro, la gravedad de la injusticia que implica la preservación de un sistema tributario que hace pagar más a los que proporcionalmente hablando tienen menos; y los que tienen más, no pagan lo que deben o no pagan del todo, roban impuestos a lo loco y sus riquezas las han venido escondiendo en paraísos fiscales.

Como sabemos y lo sentimos en carne propia, ambos aspectos fueron agravados con la imposición de la ley del combo fiscal, 9635, por parte del tripartidismo gobiernista neoliberal (PLN, PUSC, PAC).

Una vez más debemos decirlo, con perdón de la inmodestia: ha sido correcta la línea sindical transparente que hemos venido siguiendo en cuanto a levantar las banderas de la lucha contra la desigualdad y en pro de una transformación tributaria estructural.

Bien nos ha explicado el ciudadano economista de renombre, don Luis Paulino Vargas Solís, que Costa Rica no tiene noción, más o menos exacta, de la realidad financiera de los súper-ricos criollos, los cuales tienen estilos de vida tan impenetrables que no pueden ser incluidos en las estadísticas de la desigualdad; una de las razones por las cuales ésta podría no estar siendo medida en su real dimensión, aunque lo que ya sabemos al respecto es suficiente para decir que la abrumadora mayoría de la población tica no la está pasando bien y/o la está pasando muy mal.

Por: Albino Vargas Barrantes, Secretario General

2 mil 581 millones de colones será el monto de los recursos presupuestarios que diversos gobiernos locales del país no podrán utilizar en este año 2020, a raíz de la imperativa orden emitida por la Contraloría General de la República (CGR), con base en la detestada y hoy cuestionada Ley No. 9635, mal denominada de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, popularmente conocida como combo fiscal.

De ello nos enteramos con la lectura de nota de prensa aparecida en Diario Extra, en su edición del pasado sábado 25 de enero, sorprendiéndonos muchísimo que, de todo ese monto, 1.305 millones de colones se le “congelan”, más bien se le quitan a la Municipalidad de Buenos Aires, uno de los cantones de menor desarrollo económico y social del país. Es decir, el 50% del monto financiero mutilado por la CGR corresponde a esta municipalidad.

Se aduce por parte del ente contralor, la aplicación de la denominada regla fiscal, incluida como uno de los apartados esenciales de dicha legislación; además de que se procedió a girar tal orden-imposición, por indicación expresa a partir de una certificación expresa emitida por la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria (STAP), dependencia del Ministerio de Hacienda.

Esto representa un grave precedente, si se quiere histórico, de la pérdida de la autonomía municipal por culpa de la Ley 9635, la cual (a nuestro juicio y según calificados expertos jurídicos), violentó la autonomía constitucional del mismo. Las finanzas de los gobiernos locales están ya siendo controladas desde el Gobierno Central (Ministerio de Hacienda). Por ello, precisamente, esto está debatiéndose en el seno de la Sala IV.

Según la indicada nota de prensa, otras municipalidades sufrieron el “tijeretazo” presupuestario cometido por la dupla fiscalista neoliberal Hacienda-Contraloría: San Pablo, Naranjo, Escazú, Talamanca, Puriscal, Guácimo, Puntarenas, Parrita, El Guarco y Atenas.

Hacemos notar que, para el caso de San Pablo, el recorte por la tal regla fiscal, es de 783.5 millones de colones, un 30% del total cercenado a las municipalidades según la lógica neoliberal imperante hoy en materia de finanzas públicas.

A pocos días de las elecciones municipales del país, este venidero domingo 2 de febrero, anhelamos que todas las personas aspirantes a los diferentes cargos políticos en disputa, reflexiones con verdadera cultura cívica y con plena conciencia del deterioro socioeconómico de la convivencia en el nivel local; la circunstancia de que las municipalidades no pueden someterse al arbitrio de los políticos y tecnócratas del fiscalismo neoliberal, contrario al bien común y a la inclusión social, que supone esta regla fiscal de la ley 9635.

En esos dos cantones, Buenos Aires y San Pablo (ambos concentran el 80% del tijeretazo neoliberal presupuestario para este año 2020), con índices de desarrollo económico-social diametralmente opuestos, la anti-constitucional orden contralora, en nuestro criterio, representa un duro golpe para sus habitantes, para su calidad de vida, para las oportunidades económicas de su proceso de desarrollo.

Nos preguntamos: ¿Se han puesto a pensar las personas aspirantes a los cargos municipales del cantón de Buenos Aires, el obstáculo que representará para el éxito de su gestión, 1.305 millones de colones menos en su presupuesto, sólo en este 2020? ¿Cómo será tal recorte en los años siguientes del mandato gubernativo 2020-2024? ¿Han pensado en cómo tal recorte y los subsiguientes, puedan seguir ahondando la exclusión económico-social del pueblo del cantón de Buenos Aires cuya pobreza está más que certificada?

Por el contrario, en el caso del cantón de San Pablo, reconocido por su alto estándar de vida y su buen nivel de inclusión social y económica, ¿cuánto afectará ya no solamente mantener esos indicadores positivos de la convivencia cantonal, sino evitar su involución, si no se cuenta con esos 783 millones de colones recortados al presupuesto 2020 y los nuevos tijeretazos presupuestarios por venir en el nuevo mandato 2020-2024? ¿Están pensando en ello las personas candidatas que aspiran a quedar electas en el cantón de San Pablo este domingo 2 de febrero?

Afortunadamente, diversas autoridades municipales actuales (aunque tardíamente), comprendieron bien el impacto radicalmente adverso de la Ley 9635 en cuanto a la autonomía de la que, por orden constitucional, siempre disfrutaron; particularmente del nefasto impacto en el desarrollo de las comunidades y sus respectivos gobiernos locales, de esa regla fiscal.

En sede de la jurisdicción constitucional, también de manera afortunada, el tema está siendo analizado y, para bien de la propia Democracia y de su institucionalidad republicana, es nuestro deseo de que se determine la inconstitucionalidad de la intromisión de la cartera ministerial de Hacienda (Gobierno central), en los gobiernos locales.

Ya son demasiadas las consecuencias sociales y económicas negativas que tiene para Costa Rica, el fundamentalismo fiscalista de corte neoliberal impuesto y aplicado a la sociedad en las últimas administraciones gubernativas de lo que hoy denominamos como tripartidismo (PLN, PUSC, PAC).

Peor será la consolidación político-ideológica de ese fundamentalismo a nivel de los gobiernos locales, los gobiernos más cercanos a la gente. Es de enorme responsabilidad democrático-cívica impedirlo.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

Sin duda alguna, el régimen municipal costarricense enfrenta el más grande desafío de su historia republicana, al menos, desde la promulgación de la Constitución Política del 7 de noviembre de 1949.

El neoliberalismo y su estrategia política de instauración de una democracia autoritaria para nuestro país, no tolera la posibilidad de un mayor nivel de desarrollo autónomo de los gobiernos locales, mismo que por su naturaleza (aunque con grandes problemas), son los más cercanos a la gente, a la ciudadanía; por tanto, ésta, bien empoderada y consciente de su papel, podría dar paso al surgimiento de la democracia participativa que como bien sabemos, supera en mucho a la maltrecha y ya desprestigiada democracia representativa.

La imposición de la inconstitucional regla fiscal que quebrantó la autonomía municipal en materia de finanzas y desempeño laboral, se junta, ahora, con la escalofriante posibilidad del establecimiento de un poder sobredimensionado y absoluto en la figura de la Alcaldía; a partir de la desafortunada y tramposa aprobación, en un ambiente de gran opacidad, del expediente legislativo 20.968, que le posibilita a dicha autoridad “disponer de vidas y haciendas” de quienes laboran en los municipios, pues tendrá para su uso discrecional (y antojadizo), el arma del despido obrero.

El equilibrio de poderes en el seno del gobierno local municipal, se quiebra, pues las personas regidoras de los Concejos, pasan a ser “convidadas de piedra” ante la magnitud de la soberbia prepotente del alcalde o alcaldesa para disponer del recurso humano, en un escenario adverso de calamidad financiero-presupuestaria que impuso la regla fiscal.

El gran perdedor, quien “no tiene vela en el entierro”, es la ciudadanía comunitaria; la cual, por un lado, verá deteriorase la calidad de los servicios públicos que demanda de su municipio, a la vez que presenciará una serie de vicios en el manejo de los recursos humanos al quedar éstos sin garantía de estabilidad, por cuanto ésta será determinada por las percepciones de lealtad que tenga dicha autoridad de parte de sus subordinados y subordinadas.

Imposible resulta descontextualizar estas afrentas políticas a los gobiernos locales, de lo que está ocurriendo de manera estructural con relación al histórico modelo de organización republicana que venía imperando en el país, y que ahora está siendo modificado desde el parlamente pro-empresarial que tenemos en estos momentos; la mayoría de sus integrantes estarían tomando decisiones cuya legitimidad es precaria, porque algunas de las mismas implican cambios constitucionales que no han observado el sendero jurídico en cuando tales.

Sinceramente, anhelamos que la comunidad municipal reaccione cuando todavía tenemos tiempo de revertir ese peligroso sendero del autoritarismo en democracia que pretende también contaminar la vida institucional de los gobiernos locales.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

El pasado jueves 12 de setiembre, el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) emitió un comunicado de prensa que, como era lógico suponer, pasó inadvertido.

Nosotros confiamos en la gran objetividad e imparcialidad con que esta entidad ha venido analizando el estado de las finanzas públicas de los países de la región centroamericana y, por supuesto, el nuestro.

Con solo ponerle cuidado al título de dicho comunicado, podemos llegar a la conclusión de que ellos, la tradicional clase política y su soporte fundamental del poder económico, han fracasado estrepitosamente, en cuanto a darle sosiego a nuestra sociedad sobre el problema fiscal, por ellos mismos generado. Veamos. 

“Icefi: el proyecto de presupuesto para 2020 evidencia que las finanzas públicas costarricenses continúan por el camino de la insostenibilidad.

La primera revisión realizada por el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) al Proyecto de presupuesto ordinario y extraordinario de la República para el ejercicio económico 2020 presentado por el Ejecutivo a la Asamblea Legislativa el 30 de agosto de 2019, revela que, a pesar de la implementación de la reforma fiscal, la insostenibilidad de finanzas públicas persiste y se evidencia en una baja carga tributaria, altos niveles de déficit y un crecimiento acelerado de la deuda pública, elementos que ponen en riesgo la continuidad del modelo de protección social y gobernabilidad democrática que ha caracterizado a Costa Rica”. 

¡Impresionante! Reparemos en estos cuatro señalamientos básicos de esta prestigiosa entidad: 1) La insostenibilidad de las finanzas públicas persiste pese a la imposición del combo fiscal. 2) Baja carga tributaria. 3) Altos niveles de déficit. 4) Crecimiento acelerado de la deuda pública. 

Ellos, la tradicional clase política y su soporte fundamental del poder económico, han fracasado estrepitosamente. Nos llevan a la debacle. El Icefi nos advierte que esos cuatro elementos perversos sobre la cuestión tributario-fiscal del país “…ponen en riesgo la continuidad del modelo de protección social y gobernabilidad democrática que ha caracterizado a Costa Rica”.

Ellos, la tradicional clase política y su soporte fundamental del poder económico, han fracasado estrepitosamente. Pero, ¿cuáles son sus rostros? Es imperioso que procedamos a desenmascarar a las personas integrantes de los grupos de poder económico y sus operadores políticos en las sucesivas administraciones gubernativas (de los poderes Ejecutivo y Legislativo) de Liberación, de la Unidad y del PAC, como responsables directos de la debacle fiscal en desarrollo.

Por lo pronto estas personas deben ser señaladas con el dedo cívico y popular acusador: Óscar Arias Sánchez y Miguel Ángel Rodríguez Echeverría, los cuales están muy activos y siguen moviendo sus fichas en el actual Parlamento. Tenemos a Carlos Alvarado Quesada, Rocío Aguilar Montoya, Nogui Acosta Jaén, André Garnier Kruse y Víctor Morales Mora, como figuras notables impulsoras del fallido combo fiscal que tiene a tanta gente sufriendo en estos momentos.

Ese mismo dedo acusador debe apuntar, directamente, a estos individuos con curul parlamentaria en estos momentos: Carlos Ricardo Benavides Jiménez, Pedro Muñoz Fonseca y Pablo Heriberto Abarca Mora. Destacan ellos dentro del conjunto de la mayoría mecánica neoliberal que en el seno de la actual Asamblea Legislativa vienen dando pasos fuertes para el desmontaje final del Estado Social de Derecho que surgió a partir del 7 de noviembre de 1949, cuando entró en vigencia la actual Constitución Política; misma que, por cierto, sufriera varias modificaciones de facto (en una especie de “Golpe de Estado técnico”), con la promulgación de la ley 9635, errónea y perversamente denominada de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.

Sin duda alguna, el grupo de los fracasados en el manejo económico fiscal del país incluye a connotados líderes del mega-“empresauriado” nacional como Gonzalo Delgado Ramírez, Enrique Egloff Gerli y el banquero Leonel Baruch Golberg, aunque aquí la lista es mucho más grande. 

Por supuesto que la lista de los responsables del fracaso económico en desarrollo quedará incompleta si no metemos en ella a connotadas figuras promotoras del periodismo de odio; esa estructura mediática que desde salas de redacción y desde estudios de noticias por televisión se han encargado en los últimos tiempos de sembrar cizaña entre costarricenses en aras de proteger los meganegocios con la cosa pública (los que ya se han hecho y los que están por realizarse), culpabilizando a la clase trabajadora del déficit fiscal cuando es a ellos mismos a los cuales les compete la cuota de responsabilidad máxima al respecto. Se merecen un comentario aparte que próximamente les compartiremos. Es definitivo, ellos, la tradicional clase política y su soporte fundamental del poder económico, han fracasado estrepitosamente.

Pese al odio sembrado por estas personas y otras más que debemos señalar de manera contundente, coincidimos en la sabia recomendación del Icefi que debería ocuparnos ya, ahora mismo, como sociedad, antes de que la debacle macro-fiscal en desarrollo llegue a un punto de no retorno:

El Icefi reitera la urgente necesidad de buscar un acuerdo fiscal de largo plazo que dé respuesta a los “desafíos de crecimiento económico, desarrollo social y gobernabilidad democrática”.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

El lunes 20 de enero de 2020 quedará marcado como el día en que Carlos Alvarado Quesada firmó la categorización histórica que muchas personas le hemos de otorgar una vez que deje la Casa Presidencial: es el presidente en cuyo gobierno se impuso la más fuerte contrarreforma laboral y social desde el establecimiento de la Segunda República, en 1949; categorización contraria a la que hoy se le otorga al Expresidente de la República, Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, reconocido como el Gran Reformador Social de Costa Rica, allá en la década de los años 40 del siglo XX.

Si bien es cierto, Calderón Guardia no hizo lo que nos legó en tal sentido, en cuanto él como persona, “solito”, pues respondió a un conjunto de personas humanistas, fuerzas y sectores cívicos, así como grupos de lucha obrero-sindical que se manifestaron en lo que hoy denominamos como la Democracia de la Calle; lo real es que la Historia, así en mayúsculas, lo asumió como el Gran Reformador Social de Costa Rica.

Esto mismo le pasará a Alvarado Quesada, pero a la inversa; quien, luego de engañar-estafar políticamente hablando a un electorado que fue mediáticamente manipulado como nunca antes había ocurrido, pasó a ser la cara visible de un conjunto muy pequeño de personas pero de gran poderío económico-político y mediático, al cual, comúnmente denominamos clase política tradicional; misma que se expresa en las cúpulas de los partidos Liberación, Unidad y Acción Ciudadana y en este caso como gobierno, de sus altos cargos ejecutivo-legislativos y sus redes de cuido y de influencia. Adicionalmente, a esta “troika” gobiernista se adicionan algunos partidos turecas que, desesperadamente, pujan por estar en esa cúpula, transando sus conciencias y traicionando a sus electores.

Con la aprobación legislativa “exprés” y su súbita firma, este lunes 20 de enero, apenas despuntando el alba (como escondiéndose de la auscultación pública), la ya popularmente conocida como ley mordaza o ley antihuelgas surge a la vida jurídico-institucional del país con la finalidad político-ideológica de imponer un mayor control a la protesta y a la movilización social; misma que viene siendo protagonizada por los diariamente crecientes segmentos poblacionales y ciudadanos que quedan excluidos de una mejor distribución de la riqueza; y que, habían venido mostrando niveles de organización, articulación y movilización que le metieron gran miedo a esa clase política, a su soporte ideológico-mediático del periodismo de odio, y al sindicato empresarial más grande del país, la Uccaep.

Y esa clase política cuenta con una impresionante cantidad de fichas colocadas en instancias vitales para la institucionalidad republicana y democrática de nuestro país, que dejan atónitos a miles con sus dictámenes, resoluciones y fallos que no empatan con la búsqueda de la promoción del bien común y de la inclusión social.

Ha sido proscrito el Derecho Humano Constitucional de Huelga, universalmente reconocido y que en Costa Rica se había vuelto real con la aprobación de la Ley de la Reforma Procesal Laboral (RPL). La lógica del Derecho Laboral es que evoluciona, no que involuciona. Esa clase política tradicional se aprovechó de una determinada coyuntura, completamente circunstancial y difícilmente repetible y, de un porrazo, decidió eliminar tal derecho, en el gobierno de Carlos Alvarado Quesada, el de la contrarreforma laboral y social.

Este deplorable acontecimiento, es la más reciente agresión a las pretensiones legítimas de la mayoría ciudadana de vivir en una sociedad donde la desigualdad esté al mínimo y donde se cierren los espacios al avance de la exclusión social y económica. Veamos, seguidamente, las siguientes situaciones que ejemplifican (aparte de la ley mordaza), un todo armónico de ataque de clase a los, de por sí, ya muy golpeados sectores medios de nuestra sociedad, especialmente.

En el gobierno de Carlos Alvarado Quesada, el de la contrarreforma laboral y social, miles de personas trabajadoras asalariadas, prácticamente de todo el sector Público, han comenzado a sufrir disminuciones cuantitativas en sus salarios; cuando se supone que el poder de compra del salario debe tener un buen poder adquisitivo como pilar de cualquier proceso de reactivación económica para apuntalar el mercado interno.

Esto se agravará con la imposición de una única fijación anual por costo de vida, sin importar la cifra de inflación a mediados de año. Esto se debe a la implantación de la ley del combo fiscal, número 9635, hermana ideológica de la ley mordaza. Esta misma legislación asestó un golpe duro a la seguridad laboral del empleo estatal, volviéndolo incierto (evaluación del desempeño, cierre de programas y fragmentaciones institucionales, nuevas privatizaciones, más concesiones, fusiones liquidacionistas, etc.).

En el gobierno de Carlos Alvarado Quesada, el de la contrarreforma laboral y social, la micro, pequeña y mediana empresa nacional, especialmente la dedicada al mercado interno, ha sufrido gran acoso gubernativo en materia impositiva debido al plan fiscal-ley 9635, que impuso el impuesto al valor agregado (IVA); razón esta que ha provocado el cierre de una enorme cantidad de negocios y que, por tanto, ha dejado sin empleo a miles de personas, al punto de que entre la cifra oficialmente aceptada, más la real que se vive en el día a día, indica que estaremos llegando en poco tiempo al 25% de la Población Económicamente Activa (PEA), sino más, de personas sin ingreso y/o empleo formal o fijo. Golpe durísimo a lo que denominan reactivación económica sin ninguna luz al final del túnel, a no ser los favorcitos que le hacen al actual gobierno de parte del Banco Central de Costa Rica en cuanto a que la economía “mejora”. 

A 20 meses de la llegada a Zapote el Gobierno de Carlos Alvarado Quesada, el de la contrarreforma laboral y social, tiene asegurada tal categorización con solamente los elementos apuntados.