Categoría: Opinión

Por Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

Sin duda alguna, el acontecimiento obrero más relevante de los últimos tiempos en el plano político-jurídico, es la promulgación de la Ley de la República, No. 9343, conocida como la Reforma Procesal Laboral (RPL); misma que superó 17 años de un largo y sinuoso camino sociopolítico, lleno de altibajos; más 18 meses de preparación para que entrara a regir a plenitud.

A nivel sindical, y hay que plantearlo sin falsas humildades, le correspondió a la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), llevar sobre sus espaldas la principal carga de tal proceso; incluso, en momentos de enorme soledad política a nivel del Movimiento Sindical Costarricense, prácticamente escéptico (cuando no crítico negativo), de que tal legislación pudiera darse en nuestro país.

Una de las cosas más espectaculares y uno de los logros más extraordinarios de la RPL, consistió en la posibilidad de la materialización real y concreta del Derecho Constitucional de Huelga, sin que las personas trabajadoras asalariadas que lo invocaran y que hubiesen seguido los procedimientos de esa novedosa legislación, pudieran accesar a tal derecho sin recibir ningún tipo represalia (ni siquiera el rebajo del salario correspondiente al tiempo holgado), una vez declarada legal la huelga; y, por el contrario, si no fuese así, se otorgó un período de gracia de 24 horas para el retorno a labores, sin riesgo de sanción alguna.

Durante la gran lucha sindical, social y popular del año pasado 2018, con ocasión del enfrentamiento de clase ocurrido por la tramitación legislativa del proyecto comúnmente conocido como combo fiscal, Fortalecimiento de las finanzas públicas (hoy ley de la República No. 9635); varias de las huelgas que tuvieron lugar en diversos servicios públicos alcanzaron la categoría de legalidad según la RPL, destacándose los casos de la educación y de la empresa pública estatal ligada al combustible.

Evidentemente, la furia y la iracundia del capital y sus agentes mediáticos ante tales circunstancias nuevas con relación al ejercicio real del derecho constitucional de huelga, no se hicieron esperar y, con gran carga de odio hicieron lo correspondiente para que en el parlamento dos de sus integrantes (Carlos Ricardo Benavides Jiménez y Yorleny León Marchena, del hoy neoliberal Partido Liberación Nacional -PLN-), muy afines a la visión de mundo de ese gran capital, impulsaran iniciativas de ley, gemelas y paralelas, para acabar, de un solo porrazo legal, el avance de notable carácter progresivo que representó la RPL en materia de huelga.

Envalentonados, el dúo diputadil Benavides Jiménez-León Marchena parece estar a pocos días de alcanzar su perverso objetivo antidemocrático, considerando la proclividad de la mayoría legislativa hacia la agenda del gran empresariado del país, especialmente el de carácter “empresaurial”.

Empoderados, además, por la matriz mediática del periodismo de odio (verdadero poder real en la sociedad actual costarricense); rabiando de ira enfermiza por el movimiento huelguístico ocurrido en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), tienen todo el contexto y la correlación de fuerzas (momentánea), para imponerle a la Democracia la ley anti-huelgas y abrir paso, a la proscripción-ilegalización de los sindicatos.

En tal sentido, nos debemos preguntar: ¿qué necesidad había para que cierta dirigencia sindical nacional le legitimara a todo lo que representa el dúo diputadil Benavides Marchena, su artero ataque a la Democracia con la castración del contenido constitucional del Derecho de Huelga y su arrasar con su materialización concreta en la RPL?

Ese dúo diputadil, en realidad verdaderos operadores políticos con curul legislativa del gran capital, tiene ahora una verdadera excusa para vender la idea de que su artera ley anti-obrera es producto de un “consenso” con el Movimiento Sindical Costarricense, pues la manipulación mediática lo expondrá así al público ciudadano indefenso y objeto de informaciones subjetivizadas, de carácter tóxico.

Nuestra experiencia nos indica que los neoliberales no negocian, imponen. La dignidad obrera, aún en su mínimo nivel, no ameritaba ser mancillada por un pragmatismo (“es que ellos tienen los votos”), tan vacío de contenido y más cercano al entreguismo que a una real negociación con verdadero logro para la parte trabajadora.

Y para peores, pretendieron que las respectivas bases sindicales no se dieran cuenta, pues el secretismo, el mutismo y la encerrona cuatro-paredes fue lo que imperó en esas negociaciones con el neoliberalismo. Se dio sustento así a lo que será un grave error que ha de llenar de oprobio para siempre a las personas representantes sindicales que firmaron la derogatoria de facto para la desconstitucionalización del derecho de huelga; para borrar de un porrazo el más grande avance jurídico-legal que el derecho de huelga había logrado en nuestra legislación obrera, mediando la RPL, desde que el Código de Trabajo se emitiera en 1943.

De 1943 al 2017, mediaron 74 años (casi tres cuartos de siglo) para haber logrado la legalidad plena de la huelga; tan solo fue necesario para que transcurriera un período de unos 24 meses para que el capital lo eliminara (tal y como se ve venir). Pero lo más indignante y lo más doloroso, es que desde el propio lado obrero se le diera le legitimación que el neoliberalismo ocupa para quitarse su esencia autoritaria-totalitaria y mostrar una mascarada “negociadora”.

Por Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

La ofensiva patronal del gran empresariado (y su sector más recalcitrante, el de corte fascista), está decidida a acabar con la última frontera de resistencia que queda para evitar el desmantelamiento absoluto del Estado Social de Derecho, del Estado de Bienestar: los sindicatos.

Nadie, en los movimientos sociales de distinto carácter, debe llamarse a engaño: prácticamente la totalidad del parlamento está al servicio de esos intereses contrarios al bien común; y, por el contrario, están en la línea de potenciar todavía más el cruel proceso de concentración de riqueza que venimos sufriendo, con sus secuelas dolorosas de congelamiento salarial, de la precarización del empleo, de reversión de derechos laborales, de reducción del salario mínimo, de institucionalización de la informalidad y de aumento en la carga de impuestos de naturaleza regresiva.

La alta carga política pro-empresarial, que ya es más que notoria en la actual Asamblea Legislativa, es inversamente proporcional a la ausencia de una poderosa articulación de lo social y popular, puesto que la resistencia que se ha venido expresando, es de manera fragmentaria y sectorial; imposible de mostrar un fuerte polo de oposición estratégica al desafío de clase lanzado por los reales detentadores del poder.

Tal dificultad se debe a factores completamente subjetivos, determinados por fuertes personalismos en pugna entre sí.

El odio de clase que se muestra en vocerías notorias al servicio del gran capital desde varias curules legislativas, es de tal calibre que se han atrevido a impulsar un proyecto de ley de profundo sesgo antidemocrático: legislando para la ilegalización, la proscripción, el exterminio de la organización sindical. Solamente habíamos tenido noción de esta barbaridad tiránica en países latinoamericanos bajo sangrientas dictaduras.

El proyecto de ley que lo permitiría avanza a paso firme en su tramitación parlamentaria; avance que se consolidó con la aportación colaboracionista de representaciones sindicales del más alto nivel del sector magisterial, haciéndose nugatorio en la práctica cualquier mecanismo huelguístico en el futuro, incluido en el propio sector Educación.

La ley en trámite final para castrar de contenido el derecho constitucional de huelga, representa una fuerte acción jurídica de disciplinamiento obrero a fin de eliminar, de raíz, el contenido de avanzada que tuvimos, como país y en fecha reciente, en materia de legislación obrera, con ocasión del surgimiento a la vida legal de la ley de la Reforma Procesal Laboral.

Está sumamente demostrado que el neoliberalismo, a falta de argumentos convincentes, recurre a las más diversas formas de autoritarismo (incluido el de corte sangriento como el de Chile con Pinochet). Se trata de imponer un disciplinamiento obrero, liquidando o reduciendo al mínimo, a su más natural y legítima organización: el sindicato.

Noten ustedes que, en materia de potenciamiento político para que el gran empresariado materialice su agenda excluyente y haga real su cruzada antidemocrática, prácticamente todos los partidos políticos están coincidiendo en la Asamblea Legislativa actual: el desprestigiado bipartidismo clásico, ahora tripartidismo (PLN-PUSC-PAC), más las dos vertientes partidistas del evangelismo.

Este primer y duro golpe que le pretenden dar a la Reforma Procesal Laboral, con la castración del real contenido del derecho constitucional a la huelga, aunado a la posibilidad de la proscripción-ilegalización de sindicatos; consolida el papel nefasto del gran “empresauriado” en el control de la agenda política del país, contraria al bien común y a la integración y movilidad sociales.

Castrado el derecho constitucional a la huelga y abierta la posibilidad legal para disolver sindicatos, esa agenda del macro-corporativismo empresarial de corte neoliberal, incluye la relativización de la histórica jornada de 8 horas, la revisión a la baja del salario mínimo, la anulación del fuero de protección sindical, todo ello con especial énfasis en la actividad productiva privada.

En el caso del sector Público es dable esperar un fuerte cuestionamiento al salario escolar, así como entrarles duro a privatizaciones de gran calado que están pendientes desde hace mucho tiempo, en materia de las empresas estatales que todavía quedan en manos de propiedad pública y que siguen mostrando una fortaleza rentable sumamente codiciada.

Uno de los aspectos de mayor relevancia en la aportación de pensamientos y de ideas en aras de un nuevo proceso para la recuperación de la senda del bien común, tiene que ver con el sensible asunto de la soberanía y la seguridad alimentarias.

La corriente sindical en la cual militamos, logró concitar el mayor esfuerzo realizado hasta el momento en este aspecto, mediando el atinado y conocimiento de integrantes del Sindicato de Trabajadores y de Profesionales del Consejo Nacional de Producción (CNP) y de la Fábrica Nacional de Licores (FANAL), cuyas siglas son SIPRO-CNP.

Esta entidad obrera forma parte del conglomerado asociativo Colectivo Sindical PATRIA JUSTA, mismo que incluye a la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP).

La nueva cadena agroalimentaria costarricense es posible y necesaria representa un conjunto de planteamientos formulados en marzo de 2015. Se propone una producción sostenible de alimentos, libre de transgénicos, por cuando Costa Rica necesita una auténtica seguridad alimentaria.

Se nos insta en esta propuesta a que “…los costarricenses tomemos el control sobre la producción, almacenamiento, procesamiento, calidad e inocuidad, transporte y consumo; certificando la verdadera inocuidad de los alimentos”.

Uno de los puntos de mayor énfasis de la propuesta es su enlace directo con la necesidad de imperio de un buen proceso de nutrición de la población, planteado de la siguiente manera: “El costo social de la malnutrición, medidos por los años de vida perdidos -por muerte prematura o discapacidad-, a causa de la malnutrición infantil y materna y del sobrepreso y la obesidad, es muy alto”.

Por otra parte, para ese año en que se formuló la propuesta La nueva cadena agroalimentaria costarricense es posible y necesaria, las cifras en cuanto a la seguridad alimentaria costarricense nos hablaban de que el país estaba importando el 100% del maíz amarillo, el 100% de la soya y el 90% del maíz blanco, pero de carácter transgénico en los tres productos. Se citó que se importaba el 80% del frijol y el 60% del arroz. Además, se indicaba que toda la producción de lácteos, cárnicos (cerdo, pollo, res), y hasta la tilapia, resultaban alimentados con productos de origen transgénico. Estas cifras y estas proporciones no deben haber variado mucho a cuatro años de la presentación de la indicada propuesta. Por el contrario, la validez de la misma se ha acrecentado.

Ahora bien, según los proponentes, con la nueva cadena agroalimentaria está sustentada en tres principios: sostenibilidad ecológica, viabilidad económica y responsabilidad social.

Lo que nos interesa dejar claro es que la preocupación sindical en cuanto a la generación de propuesta ha abarcado hasta este sensible ámbito de la soberanía y de la seguridad alimentarias; es decir, teniendo en mente una visión-país centrada en la recuperación de la senda del bien común y de la integración y la movilidad sociales, buscando que los y las costarricenses produzcamos lo que nos debemos comer como alimentación básica y realmente nutricional; se muestra así un esfuerzo sindical responsable, el que no es del interés de los mass-media comerciales e ideológicamente matriculados con el fracasado neoliberalismo.

Por: Albino Vargas Barrantes

Ante la inminente aprobación legislativa del proyecto popularmente denominado “ley mordaza”, cuyo nombre oficial es Ley para brindar seguridad jurídica sobre la huelga y sus procedimientos”, expediente legislativo No. 21.048; dado que el pasado viernes 9 de agosto, se aprobó en comisión parlamentaria, con una especie de “mayoría mecánica” de 5 votos a 1, han de escribirse muchas líneas, párrafos, páginas y libros.

Con el valor que da tener criterios de la más alta especialización en la materia, nuestras primeras impresiones ante esa nueva realidad político-social que se está abriendo paso, le compartimos a usted algunas impresiones, compartiéndoles que nuestro nivel de indignación es de tal calibre, como el nivel de resistencia que ejecutaremos en defensa de la Democracia misma.

El expediente aprobado, 21.049, incorpora los contenidos de su “gemelo”, el 21.097, el de la prohibición del ejercicio constitucional de huelga en la práctica totalidad de los servicios públicos que se estaba tramitando de manera paralela. Se fusionaron en uno solo.

El proyecto fusionado, como sus versiones originales paralelas, parte de un enfoque autoritario de las relaciones laborales, el cual concibe la huelga como una actividad antisocial que debe ser reducida a su mínima expresión, imponiéndole una serie de medidas represivas y sancionatorias.

Desde este enfoque, el proyecto lo que propone es profundizar el esquema prohibicionista de la huelga ya vigente en el Código de Trabajo; sometiendo el ejercicio de este derecho fundamental a un sinfín de requisitos y condicionamientos que no son otra cosa que verdaderos impedimentos que hacen nugatorio el derecho.

El ensañamiento contra este derecho de los trabajadores es tan encarnizado que no han quedado por fuera las medidas tendentes a criminalizar a las organizaciones sindicales por actos de huelga, estableciendo una serie de causales de disolución para los sindicatos que organicen movimientos de huelga.

Del contenido del proyecto destaca la prohibición a las huelgas contra políticas públicas, buscando con ello la criminalización del derecho ciudadano a la protesta.

Se refuerza la incorporación de una extensísima lista de actividades consideradas servicios públicos esenciales, en las que se cercena por completo el derecho que tiene los trabajadores de ejercer la huelga.

Para donde no llega la prohibición absoluta del derecho, se crea una categoría novedosa de servicios llamados de “trascendental importancia”en los que se incorporan una larga lista de actividades donde la huelga queda sujeta a fuertes limitaciones, para que en caso de darse su manifestación sea absolutamente inofensiva a los intereses del patrono y, por ende, ineficaz para la defensa de los derechos de los trabajadores.

Los condicionamientos que el proyecto de ley impone para el ejercicio de la huelga son tantos y tan abigarrados que hacen imposible a los trabajadores lograr que una huelga sea declara legal; pero por si acaso tal cosa llega a darse, no se permite que la huelga legal en servicios públicos dure más de 8 días.

Algo parecido sucede con la huelga en el sector educación. En este caso con la venia de los sindicatos del Magisterio Nacional, la huelga de los trabajadores de la educación pasa a ser un remedo de protesta que   sujetada a servicios mínimos y se limita a 21 días naturales de duración, es decir, a tan solo 15 días efectivos, cumplidos los cuales todos los docentes deben, sí o sí, reincorporase a sus puestos, so pena de despido sin responsabilidad patronal y desde luego, rebajándoles el salario.

El proyecto no deja resquicio alguno a través del cual los trabajadores vean la luz del derecho de huelga.

En definitiva, el texto de este nuevo proyecto supone la muerte del derecho de huelga en Costa Rica.

Este proyecto de ley constituye una afrenta a los valores y principios democráticos que inspiran el sistema político del país, razón por la cual nos oponemos a su aprobación; ya no solo desde nuestra posición sindical sino desde nuestra posición ciudadana, esto es, como ciudadanos de un país libre y democrático, habituados a las reglas de convivencia social propias de este sistema.

Con este proyecto de ley, los señores diputados no sólo limitan o coartan la libertad sindical y el ejercicio del derecho de huelga. También restringen las libertades públicas básicas y elementales del sistema democrático. Esta es en definitiva la labor que llevan a cabo el sicariato político-parlamentario, liderado por el señor legislador Carlos Ricardo Benavides Jiménez.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

Trate usted de imaginarse lo que representa esta cantidad de plata: 12 mil 351 millones 200 mil dólares ($12.351.200.000). Ahora, haga lo mismo con esta otra: 20 mil 468 millones 800 mil dólares ($20.468.800.000). Sumemos las dos: 32 mil 819 millones 800 dólares ($32.819.800.000). Recuerde: estamos hablando en dólares y, para mayor comprensión, hablemos en números redondos: 33 mil millones de dólares: $33.000.000.000.

Convirtamos semejante cantidad de plata, en dólares, a un tipo de cambio de, digamos, 580 colones por dólar. Entonces tenemos, 19 billones 140 mil millones de colones: ¢19.140.000.000.000.

Tomemos esta gigantesca cantidad de plata en colones y hagamos la relación de esta con respecto al Producto Interno Bruto (PIB), mismo que en Costa Rica anda por los 350 mil millones de colones por punto porcentual. Entonces, ¡pongan cuidado!: prácticamente estamos hablando de 55 puntos PIB. ¡Sí, 55 puntos PIB!

¿A dónde queremos llegar? ¿Qué pretendemos que usted comprenda? ¿De qué estamos hablando? ¡Atención!:

Don Eduardo Prado Zúñiga, gerente del Banco Central de Costa Rica (BCCR), por petición nuestra, nos dirigió con fecha 14 de diciembre de 2018, su oficio No. GER 0337-2018, en el cual nos dio a conocer el dato por él denominado “Depósitos del público y tenencia de los activos de los bancos comerciales en moneda extranjera, en millones de dólares”. 

El primer dato de arriba, los 12 mil 351 millones 200 mil dólares, se catalogan como “Depósitos del público en moneda extranjera en los bancos”; y el otro, los 20 mil 468 millones 800 mil dólares, se clasifican como “Tenencia de los bancos de activos en moneda extranjera”. Atesoran unos 33 mil millones de dólares.

Conclusión: ¡Los banqueros están boyantes! Están en una situación próspera, muy favorable, de gran felicidad.

Tomemos nota de la contracara de esta realidad: La neoliberal Ministra de Hacienda, la señora Rocío Aguilar Montoya, nos ha anunciado que la deuda pública del país llegará, este año, a la peligrosa cifra de los 59 puntos porcentuales del PIB; y, además que, si avanza hasta los 60 puntos PIB, para el año entrante 2020, la paralización del sector público llegará hasta la grave situación de detener cualquier tipo de inversión en obra pública. 

Es decir, la deuda pública del país está llegando a la también gigantesca cantidad de los 20 billones 650 mil millones de colones (20.650.000.000.000), lo que en dólares representa la cifra de 35 mil 603 millones de dólares; redondeando, 36 mil millones de dólares. Conclusión: ¡la deuda es estrangulante!

Hagamos, en consecuencia, la siguiente relación para dimensionar, desde nuestra perspectiva obrero-social, la magnitud de la desigualdad en Costa Rica: Por un lado, la deuda pública del país llega ya a los 36 mil millones de dólares; mientras que la plata que tienen los bancos comerciales, en moneda extranjera, es muy similar: 33 mil millones de dólares, a setiembre del año pasado 2018. ¿Cómo estarán a un año después? 

Por supuesto que nadie, en su sano juicio, podría pensar que, ante la magnitud de tales cifras y el contraste entre ellas, se pudiera pensar que habría que impulsar medidas estatistas de expropiación de capitales privados depositados en los bancos en moneda extranjera para hacerle frente a esa deuda pública que nos está estrangulando. Ni con esta finalidad ni con ninguna otra.

Sí nos interesa abrir el debate público al respecto, especialmente ante la ciudadanía trabajadora y ante la población altamente endeudada en dos sentidos. Por un lado, la urgencia de que se proceda con una Auditoría Ciudadana de la Deuda Pública, así, indicado en mayúsculas, pues llegar a los 60 puntos PIB de deuda el año entrante 2020, implicará tormentos sociales y familiares de mayor impacto confrontativo.

Por otro, queremos empezar a preguntar, en alta voz, cómo es que los bancos comerciales, públicos y privados, han llegado a acumular tanta cantidad de plata en moneda extranjera. ¿Cuáles son las medidas de política económica, fiscal, monetaria, tributaria y similares adoptadas en los gobiernos de los últimos tiempos, los del tripartidismo PLN-PUSC-PAC, como para que estos grupos financieros, incluyendo los bancos estatales, estén en condiciones tan boyantes en contraposición a las condiciones que tienen las mayorías populares y ciudadanas?

El que la deuda del país sea estrangulante y el que los banqueros estén más que boyantes solamente tiene una explicación: la adopción del perverso dogma neoliberal en cuanto a las políticas macroeconómicas y macrofiscales de las sucesivas administraciones gubernativas de los últimos 35 años, a partir de la implementación del primer programa de ajuste estructural, en 1984, durante la presidencia Monge Álvarez. 

Desde ese momento a la fecha, los mismos grupos de poder económico-financiero han tenido la hegemonía estratégica del control sobre los gobiernos hasta hoy en día con el ya descarado neoliberal partido PAC: el balance es atroz para el pueblo, para las mayorías: Deuda pública representando el 59% del PIB… y creciendo; banqueros boyantes con plata acumulada por el orden del 55% del PIB… y creciendo. ¿Cuánto más aguantaremos?

¡5 MIL EMPLEOS EN RIESGO! Esta es la cifra que ha venido dando el sector empresarial exportador piñero del país, en cuanto a probables despidos en esta actividad productiva, si se mantienen las altas tarifas impuestas por el consorcio transnacional APM Terminals, al cual le fue casi que regalada la jugosa actividad de operación de los muelles portuarios de Limón que durante casi 60 años operó Japdeva.

Ahora nos encontramos con un nuevo grito de desesperación al respecto, esta vez proveniente de la Corporación Bananera Nacional (Corbana), la cual denuncia que la tarifa por mover una caja ha crecido en 23 centavos de dólar, afectando uno de los más “sagrados” preceptos del libre mercado: la “competitividad”.

Y lo que es peor, Corbana nos está diciendo que ahora los muelles del Atlántico costarricense son los más caros de la región centroamericana. ¡Qué va! Lo que están reconociendo de manera implícita y ya lo habíamos apuntado en otro comentario nuestro, es que con Japdeva la operación era mejor y más barata.

De la cruda realidad que nos está mostrando la imposición del contrato de operación portuaria a cargo de la transnacional holandesa, destacamos que mover una caja de banano en los muelles de Limón ahora cuesta un 109%. Se pasó de 0.21 centavos de dólar que costaba con Japdeva, a los 0.44 centavos actuales, un incremento absoluto de 0.23 centavos, más del doble.

Lo más llamativo del grito de auxilio de Corbana es que invocan el interés público, pues le piden intervención al Consejo Nacional de Concesiones (CNC), para que les ayude ante el poder público político e institucional (MOPT-Aresep), a bajar las tarifas y, por tanto, no se pongan en peligro de riesgo financiero a las exportadoras de banano y de piña.

El interés público señalado por Corbana tiene una enorme proyección social: las familias trabajadoras asalariadas dependientes de la producción exportable de banano y de piña. Hace un tiempo el empresariado piñero, pegando el grito al cielo también como Corbana, indicó que 5 mil empleos podrían estar en riesgo de perderse si APM sigue cobrando tarifas abusivas.

Al respecto pensamos que todas estas personas trabajadoras, ya sean las 5 mil que podrían perder su trabajo, según el empresariado piñero; o bien, otros posibles empleos en riesgo en la propia actividad bananera, deben hacerse sentir; es decir, deben expresar su opinión ante el país e introducirse en el debate acerca de las altas tarifas que cobra APM y que, repetimos, ha generado el grito desesperado de Corbana.

¿Y qué tal si los obreros bananeros y piñeros salen a la calle? Tendrían más que justificadas razones, con fundamento en la invocación al interés público que formula Corbana. ¡Pues sí! Lanzamos esta iniciativa para que todas las personas trabajadoras del banano y de la piña se tomen un ratito y reflexionen sobre su propia estabilidad en el empleo, la estabilidad social y familiar, así como su bienestar, en el marco de las altas tarifas que está cobrando APM Terminals; en el marco de la confesión de Corbana de que estas son las tarifas más caras de la región y que, por tanto, los puertos de Limón y de Moín ya no serían competitivos.

Es posible organizar un evento de calle en domingo, creemos nosotros. Dejamos esta iniciativa en manos de esos valientes compañeros y compañeras que ostentan niveles de representación sindical en las distintas fincas, de las diversas empresas productoras del banano y de la piña, de las varias representaciones obreras para que, sin mediar sigla de por medio, se haga manifestación pública y pacífica de la gran preocupación obrera y familiar si APM Terminals insiste en esas altas y desmesuradas tarifas.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

El déficit fiscal nunca se corregirá sin… una TRANSFORMACIÓN TRIBUTARIA ESTRUCTURAL. Noten que lo pusimos todo en mayúsculas. Así de grave vemos la situación.

Nuevamente se gesta una ofensiva ideológico-psicológico-mediática para asustar a la población, pues el Banco Central de Costa Rica (BCCR) anunció que, al terminar el presente año 2019, el déficit fiscal llegará a los 6,3 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto (PIB).

Según los neoliberales, esto ya es una tragedia para la economía nacional y algo desestabilizante para la misma. Entre otras cosas, argumentan que la orden que le da al país la Organización para el Desarrollo y la Cooperación Económicos (OCDE) es que no se debe superar la barrera del 3% en materia de déficit fiscal; por tanto, duplicarlo y más es algo trágico.

Nosotros pensamos que lo realmente trágico y desestabilizante para la economía nacional es, por una parte, que sigamos sin realizar la TRANSFORMACIÓN TRIBUTARIA ESTRUCTURAL (otra vez, lo ponemos en mayúsculas), la cual debe pasar a ser de carácter progresivo: que paguen más los que más tienen, que paguen lo correcto y que no lo escamoteen, que no se dejen lo que recaudan, que no lo escondan en paraísos fiscales.

Por otra parte, lo realmente trágico y desestabilizante para la economía, para la convivencia social y para el mismo sistema político, es que el país siga endeudándose más y más, por tanto, pagando cada vez más altos intereses.

El déficit fiscal nunca se corregirá sin que, precisamente, se haga una auditoría ciudadana de la deuda pública, mediando ley de la República, para que la generación actual de costarricenses y las siguientes sepan cómo fue que llegamos a esta peligrosa y espantosa situación.

El déficit fiscal nunca se corregirá si no se modifica la vergonzosa y cruel circunstancia de tener entre 8,2 y 8,5 puntos PIB de evasión-elusión de impuestos en todas sus manifestaciones legales y/o ilegales; y si se sigue tolerando que en cuanto a exenciones-exoneraciones haya 6 puntos PIB.

¡Qué barbaridad! ¡Sumen! Hay 14 puntos PIB, al menos, para conseguir bajar los 3 puntos PIB de exceso del déficit fiscal ordenado por la OCDE; sin más tributos para nadie, ni siquiera para esos grandes “empresaurios” archi-enriquecidos con todos los mecanismos de robo de impuestos.

El déficit fiscal nunca se corregirá si no ventilamos de manera totalmente pública cómo es que los banqueros tienen depositados en el sistema financiero nacional casi 33 mil millones de dólares; gigantesca cantidad de plata que si la convertimos a colones equivale a unos 55 puntos del Producto Interno Bruto (PIB) del país.

¡Impresionante! 55 puntos PIB es, cifras más, cifras menos, igual a 18 veces el porcentaje de déficit fiscal que la OCDE pide que rebajemos, pues esta solamente autoriza al país a 3% y al terminar el 2019, superaremos los 6 puntos.

Hace tiempo venimos insistiendo en que deberíamos, como país, como sociedad, lograr un gran acuerdo nacional en materia de déficit fiscal, en el sentido de que se debe establecer un porcentaje de este con el cual podríamos vivir y, paralelamente, el porcentaje con el cuál no se podría vivir.

Jugando con la cifra “alarmante” de 6,3 puntos PIB de déficit al terminar este año, ¿por qué no buscar un acuerdo para ver cómo se buscan ingresos fiscales frescos por el orden del 3%, o del 3,1% PIB, mediando ese gran acuerdo nacional, de tal suerte que nos quedemos con 3% para vivir en el entretanto se llega a la ansiada y necesaria TRANSFORMACIÓN TRIBUTARIA ESTRUCTURAL (una vez más, en mayúsculas)?

Nosotros pretendemos abordar este sensible tema de cara a los interlocutores gubernamentales del proceso de diálogo-negociación que, en próximas horas y días, sostendrá la articulación de grupos de la sociedad civil Encuentro Social Multisectorial, con autoridades políticas del actual gobierno de la República. 

Con todas las reservas, dudas, incredulidades y desconfianzas que genera desde ya un proceso así, en el marco de las condiciones sociopolíticas y económicas en que está el país en estos momentos; vamos a dar nuestro mejor esfuerzo para posicionar una visión alternativa en esta sensible materia del déficit fiscal y todas sus cuestiones conexas.

Que nos perdonen los especialistas de uno y de otro bando, incluso los amigables con la lucha social, pero es que este tema del déficit, de los impuestos, del robo de los mismos, de los banqueros, de la deuda y sus abultados intereses, está afectando a “Raymundo y a todo el mundo”; a “los y las de abajo” más que nadie. Entonces, el asunto debe ser de interés general, especialmente de interés popular.

Porque si esto estalla, como nos lo están pronosticando ellos mismos, “los y las de arriba”, sencillamente se irán del país con su plata y nos dejarán a las mayorías en mayores niveles de sufrimiento, de empobrecimiento, de esclavitud económica y de precarización social al máximo. ¡Qué va! Llegó la hora de que “los y las de abajo” hablemos con contundencia al respecto y con esa lógica de pueblo, cuyo sentido común se viene imponiendo ante los desmanes de los todavía poderosos. 

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

La serie de colocación de artefactos explosivos en espacios públicos, en las últimas semanas, tuvo un notable episodio el pasado sábado 27 de julio de 2019, con lo acontecido en las afueras de las instalaciones de Televisora de Costa Rica (la empresa), junto a las instalaciones físicas del medio, Telenoticias de Canal 7.

Los otros dos ocurrieron en las afueras del bulevar de la Asamblea Legislativa, al pie de la ventana de una oficina diputadil; y el otro, en las afueras de la entrada principal de la sede central del Ministerio de Hacienda, en la Avenida Segunda de la capital.

Desde la corriente sindical en la cual militamos nos aprestamos a expresar nuestra condena por ese acto, indicando mediante un texto twitter lo siguiente: “Debemos condenar enérgicamente el lanzamiento del artefacto explosivo frente a las instalaciones de Canal 7. Las ideas se combaten con ideas. Ojalá las autoridades competentes sean contundentemente eficientes. ANEP”. ¡Lo sostenemos!

“Las ideas se combaten con ideas”. Es innegable que el actual debate sociopolítico y económico que se da en nuestra sociedad actual, está mostrando una confrontación entre ricos y pobres. ¡Duélale a quien le duela! Y se vienen definiendo posiciones en los más diversos ámbitos de la comunidad costarricense, según la ubicación de clase y/o la proximidad o afinidad, por oportunismo o por convicción, hacia un lado o hacia el otro.

Lo que hemos venido notando es que las ideas del campo popular están cogiendo más fuerza por estos meses; contrario a lo que sucede en el campo hegemónicamente dominante y su prensa afín, especialmente la del periodismo del odio y la que le chupa rueda a éste.

Con ocasión de otro episodio confrontacional fuerte vivido en los últimos tiempos, el asunto del tratado de “libre” comercio (TLC) con Estados Unidos (mismo que culminó con el “frauduréndum” del 7 de octubre de 2007); gran acontecimiento fue el Memorándum del Miedo, uno de cuyos autores fue el entonces Vicepresidente de la República, señor Kevin Casas Zamora, quien tuvo que renunciar a ese cargo, de manera humillante.

En aquel momento se descubrió que el documento que defenestró para siempre al señor Casas Zamora, (por cierto, hoy “refugiado” en un importante cargo internacional pues su futuro político en el país se castró dado el indicado acontecimiento), resultó producto de una planificada conjura urdida en los ámbitos del real poder, ante la inminente derrota que sufrirían los abanderados de ese TLC, quienes venían perdiendo la lucha en el campo de las ideas.

Acudir al expediente del miedo fue lo que se les ocurrió para evitar perder su apuesta política máxima en ese entonces por dicho tratado que, por cierto, y a poco más de una década de su imposición, salta a la vista que más bien perjudicó al país.

En esta ocasión, la del explosivo que estalló en las afueras de Canal 7, el director del medio de comunicación colectiva impreso más fervientemente partidario del gobierno de don Carlos Alvarado Quesada, al comentar lo acontecido espetó, sin pelos en la lengua y sin conectar la misma al cerebro, que ello tiene explicación en la “retórica violenta” de los líderes sindicales; mostrando así su orientación ideológica que ha convertido a su periódico, no solamente en la vocería oficial gubernamental, sino en militante del periodismo de odio que se ha venido imponiendo en nuestro país por parte de la prensa de ese señor y de quienes le chupan rueda.

Cualquiera puede argumentar, entonces, siguiendo la línea de odio confrontativa de dicho director de ese medio llorentino, que los artefactos explosivos de los últimos días, son montajes por parte de personas o grupos pagados por los dueños del poder real en nuestra sociedad, con la intención de meter miedo a la ciudadanía a fin de que ésta no exprese su descontento de manera militante; y, por el contrario, se apiade de la integridad de los atacados y de lo que ellos representan y significan en el confronto de clase que está ocurriendo en nuestra sociedad en estos momentos.

Es decir, que estaríamos ante una especie de estrategia de conjura del miedo por parte de los sectores dominantes, para que los dominados, cuya movilización y cuestionamiento está in crescendo estratégico, no atiendan más llamados convocantes para el ejercicio libre de la Democracia de la Calle.

La irresponsable temeridad de lengua floja del periodista-director llorentino estimula la construcción popular de la conjura del miedo que impulsarían los sectores dominantes que él representa con su práctica del periodismo de odio, con sus presuntos auto-atentados.

Por: Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

Escribimos el siguiente comentario en la tarde del domingo 28 de julio, a pocos días de la apertura, este jueves 1 de agosto de 2019, de un proceso de diálogo y de negociación entre las representaciones del Encuentro Social Multisectorial (ESM), con autoridades políticas gubernamentales.

Los acontecimientos de protesta social de las últimas semanas y de los últimos días son expresiones inobjetables de una sociedad marcada por la pobreza, por la exclusión, por la desigualdad, por la corrupción, por el engaño y la estafa político-electorales prolongadas; y, por un proceso concentrador de riqueza que va de la mano con el desmontaje de la institucionalidad del otrora fuerte e incluyente Estado Social de Derecho; generador éste de movilidad y de inclusión, pese a sus desatinos, desviaciones, asaltos, corruptelas y secuestro corporativo-gremial en algunos casos.

Por si todo ello no fuera poco, tenemos un sistema tributario perversamente injusto y regresivo; un endeudamiento-país de inconmensurables cantidades para un pequeño Estado de 5 millones de habitantes; un pago de intereses derivado de ello que carcome el presupuesto de la República arrasando con todos los servicios públicos del Estado central; y un déficit fiscal de proporciones “apocalípticas” (superior al 6% del Producto Interno Bruto -PIB-, al finalizar el presente año 2019), según el decir económico-neoliberal dominante.

Además, existe un sistema bancario-financiero cuyos depósitos en moneda extranjera y en pocas manos, nos muestra una cantidad de dinero de tanta magnitud, muy similar al de la deuda pública que nos estrangula como sociedad.

Por otra parte, en cuanto al sistema político de la democracia representativa, el contexto nos muestra al presidente de la República más impopular desde que se hacen encuestas de medición de la gestión de los gobernantes ejecutivos; un gobierno sin credibilidad y con una desconfianza de la ciudadanía en el mismo que no para de crecer; un parlamento que dramatiza como ninguna otra institución republicana la lejanía entre el gobernante y los gobernados; y un sistema judicial muy criticado y cuestionado en cuanto a sus cúpulas de la alta magistratura como la constitucional.

¿Se podrá negociar justas peticiones sociales con un gobierno en estado calamitoso? ¿Se podrá creer que, si tan solamente se diera un acuerdo, éste sería plenamente honrado? ¿Se podrá confiar en una mediación endeble con una Defensoría a la que algunos le critican por tener, presuntamente, un sesgo parcializado hacia posiciones gobiernistas, por un lado; y, por otro, con una Iglesia Católica que primero quería ser actora, luego se esquineó para ser “mediadora”, y finalmente, salió en carrera ante la primera gritería que le pegó el capital mediático?

El Encuentro Social Multisectorial (ESM) está plenamente consciente de que es éste el escenario en el cual se abrirá tal proceso de diálogo y de negociación, mismo que (si nada cambia en las próximas horas), sería instalado por el señor Carlos Alvarado Quesada, como cabeza del Poder Ejecutivo.

Pese a todo ello, nosotros pensamos que estamos en presencia de una oportunidad para la paz social.

En de gran relevancia, en tal sentido, que la mayor parte de la población pudiera tomar nota y adquirir plena conciencia de la importancia del temario objeto del proceso. Dentro de él destacamos el impulso a legislación contra los intereses de usura y contra el altísimo precio de los medicamentos; la desactivación de los nefastos proyectos contra el derecho constitucional de huelga y de la manifestación y contra la precarización al máximo del empleo público.

Se pretende evidenciar el estado de ruina de miles de agricultores costarricenses para los cuales urge proceder con la compra de sus deudas. Tanto la autonomía del régimen municipal como la del sistema cooperativo, urgen de ser restablecidas; tanto como el que no se puede esperar más ya que el país dignifique a sus cuerpos policiales cuyos salarios y condiciones de trabajo han sido precarizadas.

El daño magno a las economías personales y familiares con la imposición del injusto impuesto al valor agregado (IVA), es otra prioridad, al contrastarle en mesa con lo que está en el plano de la transformación tributaria estructural (informe legislativo Los Papeles de Panamá); como no deja de ser de gran interés del EMS que podamos entrarle, como país, a una auditoría ciudadana de la deuda pública. La precaria situación del transportista nacional y del sector pesquero, están como puntos centrales del proceso negociador mencionado.

El nuevo actor social que emergió de una manera impresionante e impactante, el estudiantado de secundaria, necesita una discusión política de fondo sobre temas sensibles como la educación dual y las pruebas FARO (entre otros), de tal suerte que estos procesos deben detenerse si se quiere transparencia y sinceridad en un diálogo real y efectivo como el importante sector social aglutinado en el ESM.

Aspiramos a potenciar el marco de acción para mayores procesos unitarios, considerando que la aglutinación en el Encuentro Social Multisectorial es solamente una expresión de unificación de acciones de lucha y de agregación de agendas, para lograr audición calificada de quienes toman decisiones en las instancias de poder formal. Al menos, esa es la aspiración.

El otro lado de la acera de la confrontación, esa parte del poder real escudado en matrices mediáticas impulsoras de prácticas periodísticas de odio y con fuerte control de la institucionalidad republicana formal, no tolera el disenso y desea el exterminio de toda forma civil activa de resistencia.

A pesar de que los diferentes liderazgos sociales tenemos plena claridad de ello, el proceso de articulación unitaria general, sigue pendiente. Si superamos esto, podríamos estar ante escenarios estratégicos de enorme impacto para las mayorías obreras, laborales, sociales y ciudadanas.