Categoría: Opinión

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

Nunca como en los tiempos actuales, apelar a la Legitimidad Democrática de La Calle (así, en mayúsculas), se vuelve una necesidad estratégica para la sobrevivencia misma de la convivencia social.

El próximo PRIMERO DE MAYO, que cae miércoles, es una oportunidad de enorme relevancia con tal propósito, dado el mal estado de las cosas en este país que, sin duda alguna, está afectando a la mayor parte de la población.

La democracia representativa ya hace aguas y se queda corta para satisfacer la necesidad de que en esta sociedad impere, de nuevo, la promoción del bien común, la inclusión y la integración sociales; la ética y la decencia plena en el ejercicio de la política. Por ejemplo, esto no es lo que está percibiendo la joven generación actual, gran parte de la cual está desempleada.

El sistema de partidos políticos es mera formalidad de tramitología electoral. Se han reducido a escaleras agarra-puestos. En la actualidad, la gente es llevada a la urna electoral a votar, no a elegir.

Eso fue lo que pasó hace un año cuando fuimos testigos, y luego víctimas (como sucede en estos momentos), de la más grande estafa electoral de los últimos tiempos.

Nos toca, en consecuencia, de ahora en adelante, apelar a la Legitimidad Democrática de La Calle, para que tome vida real en la institucionalidad republicana cotidiana, el precepto constitucional del artículo 9 de nuestra Carta Magna, mismo que nos indica lo siguiente: “El Gobierno de la República es popular, representativo, participativo, alternativo y responsable” (según la reforma constitucional-Ley de la República No. 8364, de 2003).

Considerando que en estos momentos el poder real de nuestra sociedad no es el de la institucionalidad formal, sino que sufrimos una especie de autoritarismo ideológico impuesto por fuerzas económicas de muchísimo capital; esos dos conceptos claves que debe tener un gobierno de la República, POPULAR y PARTICIPATIVO, no funcionan sino se reclaman mediando la Legitimidad Democrática de La Calle.

El año pasado, con ocasión de la Huelga Patriótica Contra el Combo Fiscal (hoy la funesta ley de la República No. 9635), fue de tal calibre la apelación a la Legitimidad Democrática de La Calle que la institucionalidad formal tuvo que hacerle trampa al pueblo para imponer tan detestada legislación; trampa que consistió en torcer el reglamento legislativo, en la negativa diputadil para efectuar la consulta legislativa por el fondo de la constitucionalidad de tal proyecto; y, luego, con la emisión del fallo constitucional de compadre hablado.

Es por tal razón que, con ocasión de la fiesta obrera mundial de la clase trabajadora del planeta, este Primero de Mayo de 2019, debemos realizar un nuevo y renovado esfuerzo para impulsar, en el actual escenario sociopolítico y económico post-combo fiscal, el extraordinario papel de la Legitimidad Democrática de La Calle, como el instrumento cívico idóneo para concretar en la vida de la gente los conceptos de que el gobierno de la República debe ser POPULAR y PARTICIPATIVO, según ese artículo 9 constitucional.

La Legitimidad Democrática de La Calle se está practicando, en la actualidad, en muchos países cuyos pueblos reclaman a sus gobernantes el darles la espalda con sus políticas de exclusión social y económica.

Es más, es tan estratégica que, por ejemplo, en Venezuela, las fuerzas en pugna acuden a la Legitimidad Democrática de La Calle como el escenario fundamental que estaría determinando el posicionamiento final de una determinada hegemonía política.

Es real que, por una parte, en la actualidad política costarricense, la hegemonía económico-ideológica dominante, afín al todo mercado-nada Estado, tiene el control de la institucionalidad republicana formal, como el parlamento (cuya mayoría cuantitativa responde a los intereses de esa hegemonía, tanto como lo hacen entes como la Procuraduría y la Contraloría, sin hablar del gobierno neoliberal).

Por otro lado, la amplia gama de sectores sociales de toda variedad, los cívico-patrióticos, los nacionalistas-soberanistas, los político-electorales decentes, constituyen una fuerza en latencia que, aunque hoy en día disgregada, muestra un potencial amenazante para los pocos sectores político-económicos que sí la están pasando bien.

Precisamente, es esa disgregación lo que facilita el control social de la actual hegemonía ideológico-económica dominante; misma que, por cierto, tiene tanto miedo de que la Legitimidad Democrática de La Calle le desplace de ese control (o, al menos, se lo atenúe),por lo que está impulsando peligrosa legislación antidemocrática, antisindical, castradora del derecho constitucional de huelga; y, lo que hasta hace era inimaginable, ilegalizar la presencia juvenil en las manifestaciones cívicas.

Realmente, solamente apelando a la Legitimidad Democrática de La Calle, con sentido estratégico y congregante de la civilidad en resistencia y en exclusión, la Costa Rica que nos fue heredada podrá retener sus mejores valores de bien común y de inclusión social, completamente devaluados por las matrices hegemónicas del poder económico-mediático promotor del odio en la sociedad. Este PRIMERO DE MAYO resultará clave en tal sentido.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General (ANEP)

“¡Es la economía, estúpido!” La célebre frase de James Carville, asesor del demócrata Bill Clinton, en la exitosa campaña que en 1992, le impulsó desde su modesto sillón de gobernador de Arkansas hasta el Despacho Oval de la Casa Blanca, descolocando a su contrincante republicano, George Bush, padre, que seguía volcándose en los éxitos de la política exterior estadounidense como el fin de la Guerra Fría o la Guerra del Golfo Pérsico; olvidándose de los problemas cotidianos y de las necesidades más perentorias de los ciudadanos, vuelve a estar de plena actualidad cuando los gobiernos de cualquier Estado o nivel, ya sea regional o local, tienen como única obsesión los recortes presupuestarios para rebajar su deuda, dejando en desuso instrumentos de reactivación económica y provocando una contención de las inversiones (http://www.gaindegia.eus/es/es-la-economia-estupido)

Releamos esta parte: “cuando los gobiernos de cualquier Estado o nivel, ya sea regional o local, tienen como única obsesión los recortes presupuestarios para rebajar su deuda, dejando en desuso instrumentos de reactivación económica y provocando una contención de las inversiones”. Entonces decimos, de manera fuerte y crítica: “¡Es la economía, estúpido!”

Don Carlos Alvarado Quesada: guardando las distancias de espacio y de tiempo y apelando a las normas por todos aceptadas del debido respeto, adaptamos la famosa frase del señor James Carville:

“¡Es la economía, estúpido!; para señalar, con toda vehemencia que, en cuanto al desempleo ¡es el modelo, no la huelga!… Ni tampoco el cambio climático.

¿El modelo?, ¡Sí! El modelo neoliberal que se basa en la promoción a ultranza del mercado como regulador de las relaciones sociales; reniega del papel del Estado como interventor para la equidad y la inclusión social, aunque el sector privado lo invoca cuando lo ocupa; que promueve la concentración de la riqueza; que desdeña la producción agropecuaria para el mercado interno; que abandona la micro-pequeña y mediana empresa; que fomenta la acumulación abusiva de capital con los altísimos intereses financiero-bancarios; que es incapaz de controlar los déficit fiscal pero sí habilidoso en generación de deuda pública pero apropiación privada de sus beneficios; etc., etc.

En la presente gestión gubernativa (continuación del PAC, pero ahora PLUSC-PAC), el desempleo está superando la dramática cifra del porcentaje del 12%; es más, los datos que da al respecto la Universidad Nacional (UNA), podría estarse superando el 20% si todas las personas sin empleo, a la misma vez, aparecen en la calle o gestionando un puesto de trabajo.

En el desempleo tenemos una de las constataciones fundamentales del fracaso de las políticas neoliberales basadas en el Consenso de Washington, aplicadas en nuestro país (aunque a medias, gracias a la resistencia popular de tantos años), a partir del primer programa de Ajuste Estructural, en 1984.

Todavía tenemos muy fresco lo que al respecto decían quienes ansiaban la suscripción de un TLC con Estados Unidos, hablando que con este tipo de tratado se generarían hasta ¡500 mil empleos! La soberana mentira está estallándoles en su cara en estos mismos momentos.

La cantidad oficial de personas sin trabajo nos habla de 294 mil personas, más de la mitad de los empleos “prometidos” con ese TLC.

El desempleo, una de las más crueles estafas políticas de las últimas administraciones gubernativas, todas con una misma orientación ideológico-económica, está mostrando la imperiosa necesidad de una reformulación estratégica del rumbo de la economía que hasta la fecha se le ha impuesto al país y a la sociedad.

Si la sana aspiración por un desarrollo con inclusión social y productiva, teniendo como pensamiento central la promoción del bien común, y buscando al máximo la reducción de las desigualdades y un más justo esquema de distribución de los beneficios del crecimiento económico; las crueles cifras de desempleo que han salido a la luz recientemente, señalan fuertemente que el rumbo está equivocado.

De verdad que da pena ajena escuchar al señor Alvarado Quesada, considerando la posición política que ostenta, afirmando él que las dramáticas cifras del desempleo se deban a la circunstancia de la Huelga Patriótica contra el Combo Fiscal la cual, durante tres meses del pasado año 2018, conmocionó al país.

La indicada lucha social duró tantos días como el gobierno que encabeza, ejecutivamente, el señor Alvarado Quesada, quiso que durara.

Por la responsabilidad que nos compete asumir con relación al indicado movimiento, por la convicción que siempre nos animó de que fue completa y totalmente justo; además, por la profunda indignidad que nos invade (como a la mayoría de la población del país), acerca del carácter de la gestión del gobierno neoliberal actual; con toda contundencia debemos rechazar el falaz y turbio argumento de Alvarado Quesada de culpar a la huelga del año pasado por el altísimo desempleo que azota a miles y miles de familias de la clase trabajadora.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General (ANEP)

“¡Es la economía, estúpido!» La célebre frase de James Carville, asesor del demócrata Bill Clinton, en la exitosa campaña que en 1992, le impulsó desde su modesto sillón de gobernador de Arkansas hasta el Despacho Oval de la Casa Blanca, descolocando a su contrincante republicano, George Bush, padre, que seguía volcándose en los éxitos de la política exterior estadounidense como el fin de la Guerra Fría o la Guerra del Golfo Pérsico; olvidándose de los problemas cotidianos y de las necesidades más perentorias de los ciudadanos, vuelve a estar de plena actualidad cuando los gobiernos de cualquier Estado o nivel, ya sea regional o local, tienen como única obsesión los recortes presupuestarios para rebajar su deuda, dejando en desuso instrumentos de reactivación económica y provocando una contención de las inversiones (http://www.gaindegia.eus/es/es-la-economia-estupido)

Releamos esta parte: “cuando los gobiernos de cualquier Estado o nivel, ya sea regional o local, tienen como única obsesión los recortes presupuestarios para rebajar su deuda, dejando en desuso instrumentos de reactivación económica y provocando una contención de las inversiones”. Entonces decimos, de manera fuerte y crítica: “¡Es la economía, estúpido!”

Don Carlos Alvarado Quesada: guardando las distancias de espacio y de tiempo y apelando a las normas por todos aceptadas del debido respeto, adaptamos la famosa frase del señor James Carville:

“¡Es la economía, estúpido!; para señalar, con toda vehemencia que, en cuanto al desempleo ¡es el modelo, no la huelga!… Ni tampoco el cambio climático.

¿El modelo?, ¡Sí! El modelo neoliberal que se basa en la promoción a ultranza del mercado como regulador de las relaciones sociales; reniega del papel del Estado como interventor para la equidad y la inclusión social, aunque el sector privado lo invoca cuando lo ocupa; que promueve la concentración de la riqueza; que desdeña la producción agropecuaria para el mercado interno; que abandona la micro-pequeña y mediana empresa; que fomenta la acumulación abusiva de capital con los altísimos intereses financiero-bancarios; que es incapaz de controlar los déficit fiscal pero sí habilidoso en generación de deuda pública pero apropiación privada de sus beneficios; etc., etc.

En la presente gestión gubernativa (continuación del PAC, pero ahora PLUSC-PAC), el desempleo está superando la dramática cifra del porcentaje del 12%; es más, los datos que da al respecto la Universidad Nacional (UNA), podría estarse superando el 20% si todas las personas sin empleo, a la misma vez, aparecen en la calle o gestionando un puesto de trabajo.

En el desempleo tenemos una de las constataciones fundamentales del fracaso de las políticas neoliberales basadas en el Consenso de Washington, aplicadas en nuestro país (aunque a medias, gracias a la resistencia popular de tantos años), a partir del primer programa de Ajuste Estructural, en 1984.

Todavía tenemos muy fresco lo que al respecto decían quienes ansiaban la suscripción de un TLC con Estados Unidos, hablando que con este tipo de tratado se generarían hasta ¡500 mil empleos! La soberana mentira está estallándoles en su cara en estos mismos momentos.

La cantidad oficial de personas sin trabajo nos habla de 294 mil personas, más de la mitad de los empleos “prometidos” con ese TLC.

El desempleo, una de las más crueles estafas políticas de las últimas administraciones gubernativas, todas con una misma orientación ideológico-económica, está mostrando la imperiosa necesidad de una reformulación estratégica del rumbo de la economía que hasta la fecha se le ha impuesto al país y a la sociedad.

Si la sana aspiración por un desarrollo con inclusión social y productiva, teniendo como pensamiento central la promoción del bien común, y buscando al máximo la reducción de las desigualdades y un más justo esquema de distribución de los beneficios del crecimiento económico; las crueles cifras de desempleo que han salido a la luz recientemente, señalan fuertemente que el rumbo está equivocado.

De verdad que da pena ajena escuchar al señor Alvarado Quesada, considerando la posición política que ostenta, afirmando él que las dramáticas cifras del desempleo se deban a la circunstancia de la Huelga Patriótica contra el Combo Fiscal la cual, durante tres meses del pasado año 2018, conmocionó al país.

La indicada lucha social duró tantos días como el gobierno que encabeza, ejecutivamente, el señor Alvarado Quesada, quiso que durara.

Por la responsabilidad que nos compete asumir con relación al indicado movimiento, por la convicción que siempre nos animó de que fue completa y totalmente justo; además, por la profunda indignidad que nos invade (como a la mayoría de la población del país), acerca del carácter de la gestión del gobierno neoliberal actual; con toda contundencia debemos rechazar el falaz y turbio argumento de Alvarado Quesada de culpar a la huelga del año pasado por el altísimo desempleo que azota a miles y miles de familias de la clase trabajadora.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

El día de hoy cedemos el espacio de opinión que nos brinda Diario Extra, desde el año 2002, a la Mesa Sindical de Mujeres, misma que está convocando a la Manifestación “Ollas Vacías”, para mañana jueves 4 de abril de 2019, a partir de las 2:00 p.m., en el Ministerio de Hacienda.

Reconocemos la importancia de esta convocatoria contra la canasta básica tributaria que impone el neoliberal gobierno Alvarado-Piza. Igualmente, reconocemos el trabajo que desde este espacio de articulación de lucha social de las secretarías de Género realizan, desde hace más de cuatro años, las centrales-confederaciones sindicales; representadas por las compañeras María Laura Sánchez Rojas, de la Central Social Juanito Mora Porras (CSJMP-ANEP); Rose Mary Rodríguez Bustos, de la Confederación de Trabajadores Rerum Novarum (CTRN); Olga Serrano Serrano, de la Central del Movimiento de Trabajadores Costarricenses (CMTC); y,  Tatiana Otto Golovina, de la Confederación Unitaria de Trabajadores (CUT).

A continuación, el Manifiesto “Ollas Vacías” de la Mesa Sindical de Mujeres.

La Mesa Sindical de Mujeres (MSM) manifiesta su disconformidad con la manera en que el Ministerio de Hacienda ha conformado la canasta básica tributaria, ya que a los productos excluidos se les aplicarán impuestos del 13%, convirtiéndolos en artículos incomprables para algunos sectores. 

En el mes de octubre del año 2018 la Mesa Sindical de Mujeres participó, en la Huelga General que se desarrolló en este país contra el Proyecto de Ley número 20.580 “Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas”, conocido popularmente como “Combo Fiscal” que favorecía a los ricos y cargaba de impuestos al pueblo trabajador. Con gran indignación fuimos testigos de que, a pesar del gran clamor ciudadano en contra del Combo Fiscal, el gobierno no se dignó a atender a las personas huelguistas, a pesar de que proponían importantes puntos para que se realizara un Plan Fiscal menos agresivo contra el pueblo como el que se aprobó. 

Los resultados están hoy a la vista, una serie de medidas impositivas que ya empiezan a agobiar a los costarricenses. 

A partir del mes de junio del 2019, empezara a regir una serie de impuestos a todos los servicios públicos, a los ahorros y a los productos alimenticios, y es que este gobierno, por medio de su Ministerio de Hacienda, en una forma perversa han excluido de la canasta básica, alimentos nutritivos que han sido tradicionales en la mesa de nuestras familias.

Esta maniobra del gobierno de sacar productos de la canasta básica tributaria ocasionará que en las familias más pobres no puedan adquirir los alimentos necesarios para una alimentación nutritiva, sana y adecuada en cantidad y calidad, golpeando aún más a las familias compuestas por mujeres jefas de hogar que históricamente han hecho milagros con el presupuesto familiar para alimentar a sus hijos, hijas, nietos y nietas.  

Para nosotras como Mesa Sindical de Mujeres (MSM) es inaceptable que se excluyan de la canasta básica frutas, verduras y legumbres, necesarias para una alimentación y nutrición sana; ya que al estar fuera de la canasta básica su precio se incrementará porque serán castigados con el 13% de impuestos, además porque esa acción golpea a nuestra agricultura, ya que, al encarecerse las frutas, verduras y legumbres, no se podrán consumir, debido a que nuestros bolsillos ya están bastante castigados y esto aumentará con este tipo de medidas y por supuesto al bolsillo de los y las agricultoras. 

Circula en la prensa  escrita  una denuncia del diputado José María Villalta Flórez-Estrada, de que el gobierno ha omitido para la conformación de la canasta básica los estudios proporcionados por los especialistas de la Unidad de Análisis Permanente de Salud (UAPSS) del Ministerio de Salud que fue emitido desde febrero, y en el que recomendaban de manera clara la presencia de productos saludables en la canasta básica tributaria, para salvaguardar el acceso de las personas de los estratos económicos de menor ingresos a alimentos con características nutricionales superiores. Esta recomendación incluía panes integrales y productos libre de gluten, cereales integrales y pastas integrales (para personas celiacas y diabéticas) así como queso fresco, yogurt y productos deslactosados, embutidos de pavo, el atún en agua y lo aceites de oliva y canola. 

Sobre este mismo tema se ha pronunciado la CCSS, la Universidad de Costa Rica, varios diputados y diputadas, el Colegio de Nutricionistas, el Ministro de Agricultura, entre otros grupos, alertando a la ciudadanía de que los productos de la canasta básica impuesta no son nutritivos. 

Carlos Alvarado Quesada y María del Rocío Aguilar Montoya, Ministra de Hacienda en lugar de atender la recomendación de las personas expertas, promueven la desigualdad creciente de nuestro país, por medio de una de las peores formas de ella, con la alimentación, incumpliendo con el Derecho Humano a la alimentación, la seguridad alimentaria y nutricional.

La Mesa Sindical de Mujeres (MSM) exige al presidente Carlos Alvarado Quesada que escuche al pueblo y legisle para las personas más desposeídas que también son ciudadanos y ciudadanas de este país.

¡No más ollas vacías en nuestros hogares! Esta es la motivación central que nos anima para hacerle partícipe de esta importante jornada de lucha promovida por compañeras trabajadoras-mujeres y madres sindicalistas, con el apoyo total de sus organizaciones matrices; y con la solvencia moral y ética que les da saberse depositarias de una gran molestia ciudadana, principalmente del sentir de mujeres trabajadoras, muchas de ellas madres jefas de hogar, las cuales viven, día a día y hora tras hora, las angustiosas circunstancias de una sociedad de exclusión social y económica; exclusión que, dramáticamente, tiene en las mujeres sus principales víctimas. 

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

A poco más de un mes, el señor Carlos Alvarado Quesada cumplirá un año de estadía en Zapote, circunstancia que nos permite compartir con usted, estimada y respetada persona lectora de esta columna, algunas consideraciones que surgen de la práctica cotidiana de la concepción de Sindicalismo Sociopolítico en la cual creemos.

En tal sentido, lo primero que nos viene a la mente es que el actual gobierno que encabeza Alvarado Quesada, como su rostro formal, expresa un evidente contenido de clase, excluyente y sectario; dándole prioridad a la tutela y defensa de los intereses mega-corporativos del gran empresariado del país, gran parte del cual enfrenta cuestionamientos éticos-morales y legales en lo que respecta al cumplimiento real de sus responsabilidades tributarias para con la sociedad.

En tal sentido, el gobierno encabezado formalmente por Alvarado Quesada, muestra una congruencia ideológica clara con la ya, en muchas partes cuestionada, globalización neoliberal, la del imperio inmisericorde de las empresas transnacionales (ETN), uno de cuyos críticos más reconocidos es el propio papa Francisco.

El segundo elemento esencial, es que este gobierno muestra su proclividad para un ejercicio autoritario de su acción gubernativa, de fuerte prepotencia y arrogancia, con una subjetividad soberbia para la exclusión de la diferencia.

Ello le lleva a considerar la naturaleza del diálogo social como una mera formalidad y no como algo consustancial a una democracia que se definió como participativa, según la reforma introducida en la Constitución Política, en su artículo 9. ´

Esto quedó en absoluta evidencia con ocasión de la ahora histórica Huelga Patriótica contra el Combo Fiscal, cuando la intolerancia gubernamental llegó a increíbles niveles de perfidia, como para dejar que el conflicto se prolongase por el mayor número de días y semanas posibles; al punto de que la ciudadanía mayoritaria que le dio su apoyo al inicio, se lo quitara en gran medida; para darle tiempo a la acción no menos pérfida del periodismo de odio contra los y las huelguistas, sus organizaciones y el movimiento en sí.

El tercer elemento que denota el carácter de clase del gobierno de Alvarado Quesada es que en torno a él, como vehiculizador político, se juntaron personajes políticos de otros partidos neoliberales, como Unidad y Liberación; de forma tal que el gran capital (especialmente el financiero-bancario), consolida el «asalto» ansiado de la conducción estratégica de la cosa pública, para la apropiación privada de aquellos activos y servicios públicos que, todavía y gracias a la férrea resistencia popular, siguen siendo patrimonio estatal.

El carácter de clase viene potenciado, además, con la gran carga subjetiva de odio de clase; muy bien expresado a través del periodismo de odio afín a Alvarado Quesada (como lo mencionamos arriba), en contra de las personas trabajadoras asalariadas del empleo público.

Éstas han sido criminalizadas, estigmatizadas, vilipendiadas, injuriadas, calumniadas en el marco de este gobierno de falsa «unidad nacional», que no es más que el gobierno de la unidad del capital neoliberal y su parte hegemónica, la financiero- bancaria.

Un cuarto elemento es que el gobierno de Alvarado Quesada es antisindical ya no solamente por su esencia de clase, sino por su comportamiento práctico. Algunos elementos sanos en su interior, no hacen más que resaltar tal carácter de clase, tal y como lo acabamos de señalar.

La ofensiva antisindical que se desarrolla en estos momentos en el parlamento, con dócil mayoría pro-capital-neoliberal, es indicador contundente de un rabioso antisindicalismo visceral, expresado «magistralmente» por el legislador Carlos Ricardo Benavides Jiménez, del neoliberal PLN; reforzado por su compañera de bancada, Yorleny León Marchena (antes ella era del PAC); por el diputado de la Unidad, Pedro Miguel Muñoz Fonseca; por la diputada del PAC, Paola Viviana Vega Rodríguez, entre otros.

¿Un año de qué? Un año de autoritarismo, de falso diálogo, de prepotencia, de soberbia; un año de fomento de la exclusión social y económica; un año de mayor fraude fiscal en todas sus manifestaciones; un año de reversión de derechos salariales y sociolaborales; un año de más desempleo y precarización salarial; un año de más impuestos para quienes menos tienen; un año de más fracaso macroeconómico, de más endeudamiento público y de mayor pago de intereses obscenos de una deuda impagable; un año de ausencia de decoro y de hidalguía en el concierto de las naciones; un año de desprecio del Derecho Internacional; un año de feroz antisindicalismo… y un año de lucha… ¡La lucha continúa!

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

El problema del déficit fiscal tiene otras razones de fondo y muy superiores a la cuestión salarial del empleo público. Su manejo tiene otra forma de ser abordado, radicalmente distinta a la que le están imponiendo a la sociedad.

Resulta repugnante constatar que las necesidades más inmediatas del país en materia fiscal, según la ideología dominante de corte neoliberal de la tríada gobiernista PLUSC-PAC, se mezclen en una negociación política mediando derechos laborales como los que competen al empleo público, en cuanto fuerza de trabajo del futuro inmediato y mediato de los servicios estatales.

Tanto Alvarado como su réplica política en el parlamento, el diputado Benavides (quien, por ahora, ostenta el control político total de lo que se gestiona en la Asamblea Legislativa), reconocen, sin pudor alguno, que se desarrollan negociaciones entre ambos en lo que para nosotros representa un trueque turbio entre el Ejecutivo y el Legislativo: yo te entrego un empleo público de “nuevo tipo” (léase precarizado, altamente vulnerable al despido, incluyendo al actual y todavía vigente); y tú me das los 6 mil millones de dólares que ocupo para administrar el gobierno por los 3 años que quedan de aquí al 2022.

La monumental irresponsabilidad de gestión macroeconómico-fiscalista que está mostrando el sectario grupo gobiernista actual, no se había observado en administraciones anteriores.

Dejar al país con un nivel de endeudamiento que superaría los 40 mil millones de dólares, revela la perversa y maquiavélica estrategia de que quedemos, en el corto plazo, en bandeja para entregar al país en las garras del Fondo Monetario Internacional (FMI); pues no lleva ninguna sana intención ese malévolo trueque de empleo público por eurobonos.

En realidad, eso fue lo que pasó con ocasión de la imposición de la ley del combo fiscal-9635, oficialmente bautizada con el pomposo nombre de “Fortalecimiento de las Finanzas Públicas”.

Nosotros preferimos entrecomillar tal denominación oficial de esa detestada ley 9635, porque no es cierto que con la misma haya ocurrido un “fortalecimiento” de las finanzas públicas, habida cuenta de que las mismas están con espantosos niveles de endeudamiento y con una carga de pago de intereses sumamente perversa y criminalmente obscena: ¡oígase y escúchese bien, de casi 4 mil millones de colones por cada 24 horas!

Tal legislación para lo único que ha servido es para hacer daño a quienes menos tienen responsabilidad en esto del déficit y de la deuda pública. Es el   mismísimo FMI, así como las agencias calificadoras de riesgo (“la policía financiera del planeta”), los que indicaron que, prácticamente, esa ley no sirvió de nada y que en el corto plazo el pueblo deberá ser sometido a más presión tributaria; y, por ende, a que pague más impuestos; dentro de lo cual el ahora Impuesto al Valor Agregado (IVA), debe subirse del 13 al 15 %, sino más.

Ninguno de los políticos fanáticos del enfoque fiscal y macroeconómico de corte neoliberal, ni tampoco sus cuadros dizque técnicos en entidades como la Contraloría y/o la Procuraduría, pudieron sostener la pérfida especie de que el déficit fiscal se debía a los salarios devengados en el sector Público, independientemente de las correcciones y excesos que nunca fueron regla sino más bien excepción.

El problema del déficit fiscal tiene otras razones de fondo y muy superiores a la cuestión salarial del empleo público. Su manejo tiene otra forma de ser abordado, radicalmente distinta a la que le están imponiendo a la sociedad.

Las alternativas existen; pero, verdad sea dicha, no está la hegemonía política necesaria que abra paso a esa vía alternativa, pues es la desarticulación de los sectores cívico-patrióticos, sociales, sindicales y populares, la base del actual y real poder que ejerce la tríada gobiernista PLUSC-PAC con el binomio político Alvarado-Piza como su gerencia fundamental.

En tal sentido y considerando que el trueque político de entrega de derechos del empleo público a cambio de los eurobonos, se está resolviendo en el más alto nivel de la indicada hegemonía macroeconómico-fiscal de corte neoliberal; mal haríamos como organización sindical prestarnos a un juego de negociación del “nuevo” empleo público, dándole a este gobierno legitimidad de gratis cuando ha quedado harto demostrado que esta gente no cree en procesos de diálogo social realmente transparentes y con negociación efectiva. Los neoliberales no negocian… imponen.

La destitución del Presidente Ejecutivo de Japdeva nos muestra a las claras que la naturaleza de la esencia política de la hegemonía en el seno del actual Gobierno de la República está ya más que ideológicamente definida… si es que alguien tenía dudas al respecto.

La “lealtad” política de la línea dominante al interior del Poder Ejecutivo es aquella que facilita la realización de los meganegocios, especialmente los que se materializan a través de la operación mercantil de las empresas transnacionales. 

Ejemplos sobran y citemos este otro: el “error administrativo” del Ministerio de Hacienda que le evitó a la Standard Fruit Company pagar al fisco una enorme cantidad de millones de colones en impuestos que debía honrar. 

La entronización de la actividad portuaria en los puertos del Atlántico del país, en manos de APM Terminals, ha sido, desde que fue pensada, una finalidad estratégica del proceso sostenido de la transición impuesta a la sociedad para que el “todo mercado”, finalmente, se imponga como regulador supremo de la convivencia nacional.

Seamos más claros todavía. El proyecto neoliberal para Costa Rica está recibiendo un fuerte impulso a partir de la colusión política de la tríada gobiernista actual, compuesta por los “propietarios” de los partidos del bipartidismo tradicional, Liberación y Unidad, más el recién llegado a la santa cruzada contra el Estado Social de Derecho, Acción Ciudadana (PAC).

Hace tan solamente un año, la ingenuidad del inconsciente colectivo de la sociedad creía que el PAC sería el nuevo albergue de la Socialdemocracia traicionada por los renegados y apóstatas del pensamiento de sus padres fundadores en Costa Rica.

La constatación de una de las mayores equivocaciones electorales de los últimos tiempos tiene en lo que acontece con Japdeva una flagrante realidad con todas sus negativas consecuencias.

El pueblo de Limón merece mejor suerte. Esto lo hemos afirmado en otros espacios y circunstancias. 

Se puede sostener que el pueblo de Limón está, en los actuales momentos, totalmente huérfano en cuanto a que sus intereses sean, realmente, tutelados por algún partido político. 

Pese a contadas excepciones, la realidad es que el electorado caribeño solamente ha sido escalera de ascenso para todo tipo de oportunismos inmediatistas, los cuales priorizaron en el beneficio personal-familiar inmediato, más que en el de la colectividad porteña y, en general, de toda la provincia.

Nada extraño tiene que haya personas y grupos cívicos que estén planteando proyectos autonomistas y hasta independentistas de Limón con respecto al resto del país.

Esto debería de servir de alarma a la cúpula hegemónica de los meganegocios que controla toda la acción política del país en estos momentos; en cuanto a que la percepción y constatación del abandono de Limón puede estar llegando a un punto muy álgido que luego podría ser difícil de manejar.

Recientemente, se hizo pública la conformación de un nuevo esfuerzo de articulación de las diferentes instancias que aglutinan a la sociedad civil limonense, a propósito del ataque gobiernista a Japdeva, esfuerzo que también cuenta con parte de la institucionalidad pública de la provincia y del cantón central de esta.

De manera modesta nos atrevemos a plantear que, si ese notable esfuerzo articulador no expresa una conducta activa de carácter militante, de gran y sensible expresión cívica del enojo acumulado por tanto engaño político, manipulación electoral y expoliación económica; a la cúpula gobiernista neoliberal actual, la suerte del pueblo limonense no les merecerá atención real alguna; tan solo para repartir alguna que otra migaja de asistencialismo social de cortísimo plazo, mientras todo vuelve a su nivel.

Pareciera que estamos de cara a las oportunidades de que la representación parlamentaria de origen limonense asumiera un rol protagónico en aras de la defensa de los intereses sociales y económicos del electorado caribeño que los puso en una curul legislativa.

Sin embargo, debemos confesar nuestro pesimismo si nos atenemos a las primeras declaradas dadas por esos señores diputados ante la humillación que sufre Japdeva.

La soberbia neoliberal es de tal calibre como para que el jerarca ministerial del MOPT plantee, con un escalofriante cinismo, que lo que iba a pasar en Limón no solamente ya se sabía, sino que no se previó.

Como si él no fuese parte de esa estructura política sórdida del bipartidismo neoliberal PLUSC-PAC que fraguó con gran premeditación el asalto de Japdeva. 

Tal parece que el pueblo limonense está en la encrucijada más difícil desde la fundación de Japdeva, hace 56 años.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General de ANEP

Cunde la indignación en no poca cantidad de expertos jurídicos acerca de que autonomía constitucional del régimen municipal fue violentada, con la promulgación-imposición de la Ley de la República No. 9635, Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (según su nombre oficial), popularmente conocida como combo fiscal.

Es más, apelando a toda la connotación sensible del término, podemos afirmar que fue ultrajada.

Para algunos entendidos en la materia, si el autoritarismo que se nos está imponiendo como sociedad bajo una especie de control único de pensamiento político, requería deshacerse de tal autonomía, lo que correspondía era reformar la Constitución primero; para, luego, legislar a fin que las municipalidades quedaran sujetas a los dictados políticos de parte del Estado central, tanto en su gestión de recursos humanos como en cuanto a la disposición de sus finanzas.

La verdad es que con la controvertida y detestada ley de la Republica No. 9635, la percepción generalizada ya a nivel de las municipalidades, es que éstas tendrán una especie de “supervisión política” (para decirlo con la mayor suavidad posible), de parte de los ministerios de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan) y de Hacienda.

¡Esto es sumamente grave! Siempre hemos pensado que es el municipio (en su calidad de gestor de administración local de política pública en lo que por ahora es su ámbito de competencias legales), el gobierno más cercano a la gente, más accesible para la ciudadanía en la comunidad.

Se supone que la municipalidad está destinada a aumentar su presencia determinante para la convivencia democrática en comunidad, de tal suerte que la intrusión en ella de determinaciones tomadas a nivel de Gobierno Central, va a representar un serio retroceso.

Retroceso ya no solamente en cuanto a la concepción de posibilidad de un gobierno más cercano a las personas; sino que de nada serviría la voluntad popular en cuanto a la designación de sus autoridades si, a final de cuentas, los ejes fundamentales del caminar de ese gobierno local, estarán determinados por los jerarcas políticos de dichos ministerios, que no es más que decir, que serán controlados por la mismísima Casa Presidencial.

Lo que está ocurriendo con la autonomía constitucional del régimen municipal, tanto como el ultraje en contra de la autonomía institucional de otras entidades como la de la Caja; nos llevan a afirmar que esa ley, en realidad, vino a representar una especie de Golpe de Estado técnico; ¡sí!, Golpe de Estado técnico pues, en esencia, será desde la Casa Presidencial, y más exactamente, desde el Ministerio de Hacienda, desde donde saldrá la línea política de gestión de finanzas públicas para todo el aparato del Estado.

Aunque ya lo habíamos mencionado en otra parte, sí parece necesario resaltar lo incomprensible que resulta el silencio de entidades conformadas para la preservación de la institucionalidad municipal; silencio que nos lleva a presuponer que se está de acuerdo con el ultraje a la autonomía del régimen municipal.

A la fecha de escribir este artículo, ni la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL), ni la Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias (ANAI), han dicho esta boca es mía, para salir en defensa del régimen municipal.

Al parecer, le corresponderá al honorable cuerpo laboral municipal y sus legítimas organizaciones obreras, los sindicatos, levantar la bandera de la autonomía constitucional del régimen municipal.

Afortunadamente, hay una ciudadanía honesta que, con profesionalismo y conocimiento experto en la materia, también alzará esa bandera.

Igualmente, esperamos que, desde la sede legislativa, las sanas presencias parlamentarias acojan nuestro planteamiento de promoción de una legislación específica para revertir el ultraje cometido a la autonomía municipal.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General de ANEP

Hace unos meses la actual Ministra de Hacienda, señora Rocío Aguilar Montoya, empleó el concepto “obsceno” para referirse a la cuantía del costo de las tasas de interés que los inversionistas exigen a la hora de que el Gobierno les plantee que le presten plata.

Al considerar la monstruosa cifra del monto de la deuda pública que nosotros sostenemos es estrangulante de la economía nacional y, además, que no se puede pagar, el pago de intereses de la misma es, a la vez, obsceno también.

El pasado viernes 22 de marzo, con ocasión de la realización del Consejo Consultivo Nacional (CCN) de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), don Ernani Goelzer, integrante del Grupo Transparencia Nacional (GTN), abordó -aunque brevemente, por razones de tiempo-, el impactante tema del endeudamiento público y de su pago de intereses, haciendo énfasis en la tesis de la necesidad de una auditoría ciudadana al respecto.

En ANEP, que hemos estado abordando el tema hace ya bastantes meses, tratando de posicionarlo como uno de los ejes fundamentales de la lucha social y del proceso de sindicalismo sociopolítico que practicamos, los datos que nos da el GTN son realmente impactantes; casi al punto de hacer indescriptible la reacción que pudiera generar su conocimiento, en cualquier costarricense con un mínimo de sensibilidad social en estos momentos.

Que cada día del año pasado 2018, los intereses de la deuda que hubo que pagar ascendieran a los 3 mil 891 millones, 666 mil 666 colones (3.891.666.666), tiene una connotación obscena innegable para un país que está sufriendo los problemas sociales más graves desde la proclamación de la Constitución Política de 1949.

Prácticamente, son 4 mil millones de colones, ¡cada 24 horas!, el pago de intereses de la deuda pública, si nos dedicamos a leer con cuidado los datos del Grupo Transparencia Nacional, que nos indican de la cuantía de 3 billones de colones, como servicio de la deuda pública en el año pasado; de los cuales, un 46.7 % fue por pago de intereses; es decir, un billón 401 mil millones de colones (1.401.000.000.000).

Evidentemente, si tuviésemos una clase gobernante que hegemonizara todo su accionar en la promoción del bien común y de la integración social real, un paso trascendental a dar tiene que ser el de auditar la monstruosa deuda pública del país, misma que anda por alrededor de los 34 mil millones de dólares.

Los casi 21 billones de colones de colones de deuda pública, gran parte de la cual fue generada en los gobiernos de los partidos Liberación y Unidad (y ahora el PAC, que quiere aumentar esa deuda en 6 mil millones de dólares más); merece que la ciudadanía pueda tener la más real y transparente información de toda una acción política continuada desde la esfera gobernante de los últimos tiempos, para haber llegado a la trágica realidad de que se tenga que sacar casi 4 mil millones de colones diarios para pago de esos intereses, más que obscenos, que implica el monto actual de la deuda pública nacional.

Bien harían las universidades públicas que poseen el más elevado conocimiento académico-profesional del país, impulsar un proceso cívico-auditor de la deuda pública, involucrando en el mismo a las agrupaciones sociales más militantes en el tema.

Prácticamente es imposible que el estamento político-tradicional decida entrarle al tema, pues sería auditarse a sí mismo, desde el punto de vista de que es causante, en grado sumo, de esa erogación diaria de intereses; suma tan enorme por sí misma que podría estar supliendo cualquier cantidad de necesidades sociales cruelmente postergadas en cuanto a su atención integral y efectiva.

No menos crítica es la situación de tener la ciudadanía noción clara de los beneficiarios diarios de esos casi 4 mil millones de colones diarios de pago de intereses de la deuda pública; tanto del ámbito público como del privado y de las entidades de correduría financiera y jurídico-legales que intermedian ganando con ese pago de intereses tan obsceno. ¡Qué clase de tarea cívica tenemos por delante!

Estaremos ya en los albores de la caída del neoliberalismo? ¡No lo creemos! Sin embargo, hay que resaltar acontecimientos sociopolíticos relevantes que están ocurriendo en ciertos países que, de una manera u otra, marcan pautas y abren senderos. Comentamos ahora los casos de México y de Reino Unido.

Para el caso latinoamericano, lo que acaba de ocurrir en México, con el ascenso al gobierno del señor Andrés Manuel López Obrador (AMLO), debe obligarnos a seguirle la pista en sus actuaciones y en sus decisiones, para quienes durante tanto tiempo hemos luchado contra el perverso, criminal y suicida-homicida “sistema” neoliberal.

Tan importante es lo que está pasando ahorita en el México de AMLO que la propia cadena de noticias CNN, vocería mediática oficial global del sistema neoliberal, ya ha empezado a poner a sus comentaristas a criticarle, descalificarle e, incluso, insultarle.

En nuestro país, el latifundio mediático del capital, la expresión más connotada del periodismo de odio en Costa Rica, también está publicando artículos siguiendo la matriz CNN. Los movimientos sindicales y sociales de nuestra amada América Latina tenemos que reaccionar al respecto.

Según varios reportes de la prensa alternativa que, muy eficientemente, se expresa por la internet, el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador pronunció un crucial mensaje a su país: “…Declaramos formalmente desde Palacio Nacional el fin de la política neoliberal, aparejada con una política económica de pillaje, antipopular y entreguista”. ¡Sencillamente impresionante!

El Presidente López Obrador propuso un plan alternativo post-neoliberal basado en ocho conceptos sobre economía, honradez y honestidad. Veamos (transcripción literal del documento al cual tuvimos acceso):

1. Honradez y honestidad.

2. La economía para el bienestar. “Pensemos que hay crecimiento de la economía, pero también distribución de la riqueza y el ingreso, que siempre pensemos en el desarrollo”, dijo.

3. El mercado no sustituye al Estado. “Esa fue una patraña para imponer la política neoliberal, el Estado tiene la finalidad de que mejoren las condiciones de vida de todos los mexicanos”.

4. No hay paz sin justicia. “Tenemos que crear políticas que atiendan a los jóvenes, adultos mayores y todos los ciudadanos”.

5. Regresar a conceptos como el respeto al derecho ajeno es la paz y el principio de autodeterminación de los pueblos.

6. No más migración por hambre o por violencia. “Que la migración sea opcional, no forzada, no por falta de oportunidades”, dijo.

7. La democracia que significa el poder del pueblo. “El pueblo tiene en todo momento el derecho de cambiar la forma de su gobierno, por eso también es importante el que podamos dejar el principio de la revocación del mandato”, indicó el Presidente.

8. Ética, libertad y confianza. “Vamos al renacimiento de México, a la búsqueda del bienestar material y del alma, haciendo uso de la gran reserva de valores que tenemos en el país”.

Sin duda alguna y con semejante anuncio y con el planteamiento de esos ocho puntos antineoliberales, el mandatario mexicano va a ser excomulgado y echado de la iglesia del dios mercado.

Será catalogado como renegado y como hereje por creer, por ejemplo, que el crecimiento económico sin distribución real y justa de la riqueza ofende uno de los dogmas más sagrados de los adoradores del dinero y de la fácil acumulación de capital sin piza de moral alguna.

El otro caso que nos llama la atención y donde el neoliberalismo enfrenta cuestionamientos fuertes es el Reino Unido. La conocida y problemática del “Brexit” tiene que ver mucho con ello. Eso del “Brexit” parece de nunca acabar y la actual clase gobernante británica está como el dicho de esa canción ranchera que indica “porque estás, que te vas, que te vas y no te has ido”; dado que un día dice que se van de la Unión Europea, otro día que tal vez y todas las veces rechazan el plan de salida-divorcio de sus hasta ahora pares países de la UE.

Sin embargo, para efectos de lo que centralmente comentamos aquí, lo que podríamos llamar (y pidiendo respeto a ambos), el “AMLO del Reino Unido”, el señor Jeremy Corbyn, líder del Partido Laborista (y el cual podría estar a las puertas del gobierno en próxima fecha), anda por la misma senda del desafío al dogma neoliberal.

En la prestigiosísima publicación Le Monde Diplomatique (en español), de la edición del pasado mes de febrero, nos encontramos un artículo de primera página titulado “‘Brexit’ de izquierdas: una vía estrecha”; y leemos lo siguiente:

“Desde que Jeremy Corbyn asumiera las riendas del Partido Laborista en 2015, la formación ha retomado los combates que durante mucho tiempo había abandonado: renacionalizar los servicios públicos deteriorados tras su privatización, rehabilitar la inversión pública, en particular dentro del sector industrial para generar empleo; controlar las finanzas para que dejen de dictar su ley a la ciudadanía…”.

En nuestro país, el fracaso estrepitoso de los gobiernos sucesivos de la ahora tríada gobiernista PLUSC-PAC, bien matriculada con la ideología neoliberal, abre espacio para que “a lo AMLO y a lo Corbyn”, el pueblo costarricense se decida a una sustitución político-estratégica de quienes renegaron de los ideales nacionalistas ticos, de la real socialdemocracia y del verdadero humanismo cristiano para convertirse en adoradores del templo del dios mercado.