Categoría: Opinión

El combo fiscal-paquetazo de impuestos, expediente legislativo 20.580, pretende que se apruebe este texto: “Artículo 39.- Auxilio de cesantía. La indemnización por concepto de auxilio de cesantía de todos los funcionarios de las instituciones contempladas en el artículo 26 de la presente ley se regulará según lo establecido en el Código de Trabajo, y no podrá superar los 8 años”.

Y, precisamente, el indicado artículo 26 del combo fiscal establece: “Las disposiciones del presente capítulo y de los siguientes se aplicarán a: 1. La Administración Central, entendida como el Poder Ejecutivo y sus dependencias, así como todos los órganos de desconcentración adscritos a los distintos ministerios, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, el Tribunal Supremo de Elecciones, así como las dependencias y los órganos auxiliares de estos. 2. La Administración Descentralizada: Autónomas y Semiautónomas, empresas públicas del Estado y Municipalidades”.

Aparte de atropellar y violentar históricos procesos de diálogo y de negociación, incluso protegidos estos constitucionalmente, con los cuales en varios ámbitos de la Administración Pública hay reconocimientos de cesantía de más de 8 años; el ataque del capital neoliberal, vía este proyecto-combo fiscal, a las cesantías mayores a 8 años en el caso del empleo público, tiene consecuencias sociales y políticas aún mayores. ¿Por qué? Porque se atacarán otros sistemas de cesantía superiores a 8 años que no surgieron a partir de procesos de negociación con sindicatos y que, por tal razón, han sido los preferidos del corporativismo político-empresarial antiobrero y antisindical.

Efectivamente, analizando palabra por palabra y frase por frase del pretendido artículo 39 que citamos arriba, se colige que la cesantía superior a 8 años según el sistema solidarista, aplicado al sector público, tendría sus días contados si el combo fiscal-paquetazo de impuestos se descarga sobre las espaldas del pueblo trabajador.

Veamos: Si para el funcionamiento de dicho sistema solidarista a nivel del sector público, se requiere un aporte patronal (con fondos públicos), de un 5.33%, la limitación indicada en ese artículo 30 de que la cesantía “se regulará según lo establecido en el Código de Trabajo, y no podrá superar los 8 años”, nos indica que ya no habría más cesantía sin tope de 8 años en el sistema solidarista aplicado para el caso del empleo público, dado que a los presupuestos institucionales les queda prohibido dar aportes para cesantía que superen los 8 años.

Lo impresionante de todo esto es que, según tenemos entendido, dentro del conjunto de las asociaciones solidaristas, las más representativas y sólidas son aquellas que se anidan en el sector estatal, el del empleo público; por lo cual, el indicado combo fiscal las estaría dejando en severo riesgo de estabilidad financiera pues ya no podrían continuar con el sistema sin tope de cesantía que hasta ahora les ha dado un gran éxito.

Es tal el odio de clase contra el empleo público que anida en ese proyecto de combo fiscal impulsado por el gobierno Piza-Alvarado con el abierto apoyo del Partido Liberación Nacional, que en su cruzada de antisindicalismo enfermizo están socavando las bases solidaristas (al menos, las del sector público), pues tanto las cesantías de más de 8 años estipuladas en convenciones colectivas y otros procesos de negociación bilateral-sindical, así como las que se fundan en el sistema solidarista, quedarían derogadas por el combo fiscal.

La antisindical y, como vemos, ahora también antisolidarista agresión del gobierno Piza-Alvarado, junto con el PLN, contra las cesantías superiores a 8 años y para el caso del empleo público, expresa un profundo sesgo antiobrero de empobrecimiento de las familias trabajadoras asalariadas que laboran para el Estado; sesgo que está en todo el contenido del expediente 20.580-combo fiscal.

Este tema del virulento ataque antisindical y antisolidarista en este caso de las cesantías superiores a 8 años, para el caso del empleo público como ya vimos; es parte de la guerra psicológica y del terrorismo ideológico que en los últimos tiempos se ha desatado contra quienes laboran para el empleo público, por parte de esas matrices mediáticas que difunden odio de clase en sus “informaciones” subjetivizadas.

Llamar “cesantías de lujo” a aquellas que en el empleo público superan los 8 años, solamente porque estas fueron establecidas mediante convenciones colectivas o negociación bilateral directa; y no llamar “cesantías de lujo” a aquellas que también superan los 8 años pero se obtienen según el sistema solidarista, no es más que la violencia verbal y el odio de clase de esos sectores hegemónica y económicamente dominantes que se expresan, todos los días, por la prensa difusora de odio en la sociedad.

Pero el tema no termina aquí. Otro sistema de cesantía superior a 8 años que también está en peligro por el combo fiscal es de la Ley de Protección al Trabajador. De ello hablaremos en próxima entrega.

Si tuviéramos que encontrar dos conceptos-adjetivos para calificar el Expediente Legislativo 20.580, conocido oficialmente como “Ley para el fortalecimiento de las finanzas públicas”, estas serían las palabras: mamotreto y mamarracho.

Buscando los significados más apropiados de ambas palabras para aplicárselas al proyecto muy detestado, por cierto popularmente conocido como combo fiscal o paquetazo de impuestos, tenemos lo siguiente:

*Mamotreto: “libro muy voluminoso”; “objeto, en especial una máquina o un mueble, grande, pesado, tosco y poco útil, o demasiado grande o pesado para la utilidad que presta”.

*Mamarracho: “Figura, adorno u otra cosa que resulta fea, mal hecha y de ningún valor”.

¡Pues sí! El proyecto de ley paquetazo de impuestos-combo fiscal ha resultado ser un mamotreto y un mamarracho.

Mamotreto porque es sumamente extenso, muchísimos artículos, muy denso, cargado de tecnicismos que suelen ser tramposos o susceptibles de generan confusión, manipulación, tergiversación, burla.

Además, será poco útil pues en nada ha de resolver (abriendo al menos un camino seguro), el grave problema del déficit fiscal. Más bien, lo empeorará pues la única utilidad de su aprobación es para el Gobierno, que ocupa que se apruebe para endeudar más al país.

Se asegura por parte de especialistas y fuentes bien documentadas que este mamotreto es como una especie de requisito fundamental para una nueva solicitud de crédito, por la cantidad de 4 mil millones de dólares más, a emplear mil millones de dólares por año por cada uno de los cuatro que ha de durar la presente administración gubernativa. Es aumentar el espantoso nivel de la deuda pública nacional que ya ha superado la barrera de los 27 mil millones de dólares ($27.000.000.000.); o sea, más de 15 billones de colones: ¢15.000.000.000.000.

Mamarracho porque ese proyecto es un revoltijo de temas, a cada rato es cambiado (eso que llaman “texto sustitutivo”), y demuestra mucha impericia negociadora por parte del equipo económico de inspiración neoliberal, que es el que lo gestiona a nombre del presidente Alvarado. Como dijimos ya, este mamarracho de proyecto tiene poco valor habida cuenta de que su único fin no es más que un requisito para endeudar más al país; aparte de hacer mucho daño al pueblo costarricense.

Efectivamente, es un proyecto muy feo desde la perspectiva de agresión económico-financiera a los escuálidos y mermados ingresos de las personas trabajadoras asalariadas de ingresos medios y bajos que están altamente endeudadas y con problemas de liquidez; se agrede a quienes aun teniendo empleo fijo están con el salario congelado, con el mínimo de ley insuficiente en un país tan caro para vivir como el nuestro, o por debajo de ese miserable mínimo; se agrede a quienes están en la informalidad, en el cuentapropismo, al margen de la Seguridad Social; se agrede a quienes están sufriendo el flagelo del desempleo y/o en situación de precariado laboral; golpea y eleva el costo de operación de las micro, pequeñas y medianas empresas, reduciendo su nivel de ganancia y aumentando su riesgo de exclusión del mercado; etc., etc.

Adicionalmente, agrede derechos laborales, incluso algunos de ellos legitimados constitucionalmente; amén de instaurar con rango de ley el autoritarismo y el verticalismo en materia de las futuras relaciones obrero-patronales del Estado con su personal trabajador y las organizaciones que le representan, dado que nunca más habrá negociación sobre temas salariales en el sector Público; tal y como sucede ya en el sector Privado, en el cual el dúo gobierno-empresarios siempre termina imponiendo el reajuste (ahora anual, ya no semestral), por costo de vida.

Este mamotreto-mamarracho que significa el proyecto 20.580, combo fiscal, tiene ya demasiadas voces y agrupaciones sectoriales en contra. Bien haría el gobierno del presidente Alvarado en comprender que cada día que pasa hay más intensidad y potencial confrontativo al pretender pasar, abruptamente, con fórceps, esta impropia legislación de impuestos, de reversión de derechos y de anulación del diálogo social en el ámbito obrero-patronal.

Hay alternativas más justas, más inclusivas, más responsablemente pensadas y de mayor abordaje integral sobre el problema del déficit fiscal. La que han propuesto los sindicatos del país está despertando interés en sectores más allá de la frontera gremial que anima el quehacer de estos.

Sin embargo, el estilo autoritario del Gobierno en esta materia se vuelve mucho más crónico ante el anuncio de dos nuevos proyectos de presupuesto que, con carácter extraordinario, se están poniendo en conocimiento de la Asamblea Legislativa para su aprobación en el cortísimo plazo y antes de que termine el presente año 2018, por un total conjunto de 900 mil millones de colones, equivalentes ambos a 2,57 puntos PIB.

Se nos dice que es para hacerle frente a una “impresión de cálculo tributario” (o algo así) del Gobierno anterior Solís Rivera. Esto es poco creíble porque, como bien lo apunta en su artículo “Crímenes de política económica”, el ciudadano economista don Luis E. Loría, del Instituto de Desarrollo Empresarial y Acción Social (IDEA):

“Las decisiones importantes de política económica en Costa Rica emanan, normalmente, del Ministerio de Hacienda, del Banco Central de Costa Rica (BCCR) y de la Presidencia de la República. En todos los casos, los encargados de las decisiones son personas con una excelente formación profesional y con amplia experiencia en el análisis de política económica. Por esto, resulta muy difícil argumentar que las consecuencias de una medida de política económica no eran previsibles. Si ese es el caso, quienes tomaron las decisiones deben hacerse responsables por sus consecuencias. Si se cometió un crimen de política económica, este no debe quedar sin castigo”.

Al respecto, apuntamos nosotros: ¿No habrá llegado el momento para una intervención de parte de la Fiscalía General de la República y de su jerarca máxima doña Emilia Navas Aparicio? El combo fiscal-paquetazo de impuestos, como mamotreto y como mamarracho que es, ¡no debe pasar!

*Secretario General Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)

Todavía estamos esperando que aquellas personas y sectores que enarbolan un día sí y otro también, el recorte del gasto público para atacar el grave problema del déficit fiscal, nos especifiquen qué recortar.

Aparte de atacar con perversa maledicencia y saña criminal el salario de miles de empleados públicos acudiendo a odiosas e injustas generalizaciones, los abanderados del recortismo fundamentalista no ponen los puntos sobre las íes en otros ámbitos del gasto público que no sea el salario.

Tengamos presente que con relación al déficit fiscal solamente es una parte del Estado que lo sufre. No todo el Estado está viviendo este problema. La zona de déficit es lo que conocemos como Gobierno Central. En esencia así: A) Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial y la serie de entidades adscritas a cada uno. Por ejemplo, en el caso del Ejecutivo, los ministerios e instituciones y programas adjuntos. En el caso del Legislativo, la Defensoría y la Contraloría.

B) El financiamiento del sistema de pensiones con cargo al presupuesto, incluidas las de lujo. C) La serie de transferencias a otras entidades, siendo las más relevantes las que van destinadas a financiar el funcionamiento de las universidades públicas. D) La amortización de la deuda pública y el pago de los intereses de la misma, fundamentalmente.

En esta zona del déficit, la población trabajadora asalariada muestra dos grandes segmentos laborales: maestros y policías. ¿Qué recortamos aquí? ¿Qué recortamos más?, ésta viene a ser la pregunta correcta por cuanto en el caso de los policías, a los de la Fuerza Pública, ya les congelaron el pago de su nuevo manual de puestos que les haría un poco más de justicia salarial largamente postergada.

¿Qué más recortar en las policías penitenciaria, migratoria, fiscal, aeroportuaria, antidrogas, ecológica-guardaparques, judicial, tránsito? ¿Rebajarles el salario? ¡Ya empezaron a sufrir congelamiento salarial y de anualidades! Entonces, ¡dígannos!, qué más recortar aquí.

¿Qué más recortar en los programas preventivos de salud, ya de por sí muy precarizados? ¿Qué más recortar en comedores escolares y en CEN-CINAI? ¿Qué más recortar en el sistema carcelario o qué más recortar en los ya casi extintos programas de apoyo al sector agropecuario? Nos preguntamos: ¿más recortes para las alicaídas administraciones tributaria y aduaneras? Entonces, ¡que siga la robadera de impuestos y el fraude fiscal en su festín loco!

¿Qué recortar en el Poder Judicial? ¿Los salarios de los magistrados? ¿Afectar seriamente la operatividad cotidiana de la justicia? ¿Cuánto aportarían estos recortes a la reducción del déficit? Y, ¿qué nos aporta a bajar el déficit si se hacen recortes en la Contraloría y en la Defensoría? ¿O en la Procuraduría? Entendemos que ya todas estas entidades han venido sufriendo recortes presupuestarios y aún sí, el déficit sigue en desbocada carrera.

¡No, señores! Es la deuda pública y son los intereses del pago de esa deuda, la causa medular del déficit. En esencia, la gran responsabilidad del déficit la tienen los partidos históricos del bipartidismo tradicional: Liberación y Unidad; especialmente el primero, en cuyas administraciones la monstruosa deuda pública creció enormemente.

¡No, señores! El déficit fiscal tiene raíz en la complicidad tácita y abierta de ese bipartidismo con el fraude fiscal y el robo de impuestos a lo largo de todos sus gobiernos, pues nunca se decidieron a enfrentarlo como correspondía, para no afectar los poderosos intereses económicos representados en esos partidos.

Ni despidiendo a todos los maestros, ni despidiendo a todos los polícias, ni despidiendo al restante personal de los ministerios se resolverá el déficit fiscal. Ni “cerrando” los poderes Judicial y Legislativo se logrará.

Sin atacar el gravísimo problema del endeudamiento público y el pago de intereses que el mismo demanda a diario, será imposible atender con seriedad el problema del déficit. Sin atacar, como se hace en Estados Unidos, la evasión de tributos y el robo de impuestos, no se resolverá el problema del déficit.

Como sabemos, siempre tendremos que vivir con déficit y la parte que urge resolver para efectos inmediatos, se puede lograr con medidas que no sean ni rebajos salariales, ni eliminación de derechos, ni despidiendo personal, ni cerrando o precarizando aún más programas sociales destinados a la población marginada y/en situación de exclusión social.

La grave coyuntura del déficit está instrumentada con un profundo sesgo ideológico antiobrero, planteándose reversión de derechos sociales y laborales, de lo cual ahora se ha encargado el Partido Acción Ciudadana (PAC), para ejecutar este trabajo sucio en el marco del proyecto combo fiscal-paquetazo de impuestos.

¿Qué tiene que ver, por ejemplo, el sector municipal del país, el cual no está en la zona del déficit fiscal, como para que en el paquetazo de impuestos se pretenda cercenar derechos a su población trabajadora asalariada?… Definitivamente, la gente tiene que defenderse y hacemos un llamado al respecto.

En el marco de la conmoción político-cívica que nos embarga en estos momentos, a raíz de la peor crisis de confianza de toda la historia de la vida republicana costarricense que está sufriendo el Poder Judicial, debemos plantear con toda contundencia el papel que viene desempañando la Sala Cuarta o Sala Constitucional en materia de derechos laborales; especialmente en cuanto al empleo público y, en este ámbito, el tema de los derechos de cesantía.

Uno ha venido contemplando cómo en los últimos tiempos el más alto tribunal del país, la Sala IV, ha venido fallando, en tales materias, en un irresponsable bamboleo, mostrando un vaivén peligroso; creando ya no solamente graves injusticias y crueles discriminaciones; sino lo que es más preocupante todavía, inseguridad jurídica, descrédito y desconfianza popular en cuanto a la probidad y la transparencia del actuar de los máximos jueces de la República.

El tope de cesantía, establecido en 8 años con la promulgación del Código de Trabajo, en 1943, hace ya mucho superó ese límite. Por cierto, no hay registro histórico alguno, realmente verídico, de las razones de ese tope de 8 años, en vez de uno de 9, o de 7, o de 10, etc.

En 1984, con la aprobación parlamentaria de la ley de la República No. 6970, Ley de Asociaciones Solidaristas, en el gobierno de Luis Alberto Monge Álvarez, la cesantía pasó a ser un derecho real superior a ese límite de 8 años, con base en el sistema solidarista.

En este caso, la cesantía no tiene tope.

En 2000, mediante la ley de la República No. 7983, Ley de Protección al Trabajador, en el gobierno de Miguel Ángel Rodríguez Echeverría, el tope de cesantía sufrió otra transformación, para reconocerse sin tope de años, aunque fuera parcialmente: el 3% distribuido en dos partes: el Fondo de Capitalización Laboral (FCL) y el Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP), establecidos en un 1.5% cada uno. En este caso, la cesantía tampoco tiene tope de 8 años.

Muchísimos años antes, el Estatuto de Servicio Civil (materia de empleo público) estableció una indemnización laboral en caso de pérdida de empleo producto de una reestructuración institucional, reconociéndose como auxilio de cesantía cada uno de los años laborados por el servidor afectado por la misma.

Si se han acumulado 40 años de servicio continuo y llega una reestructuración con despido, esos 40 años deberán serle reconocidos a la persona servidora pública que dejará de serlo si en su ministerio esa reestructuración se da.

En este caso, tenemos rompimiento de cesantía y sin tope alguno.

Paradójicamente a lo que hoy está resolviendo la Sala Cuarta en materia de cesantía, ella misma legitimó una doble cesantía cuando se privatizó el Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (Incop). No solamente fue reconocida la que estaba en la Convención Colectiva de Trabajo que en tal entidad regía (20 años), sino la adicional por 50 mil dólares para cada trabajador, a cambio de que no lucharan contra esa privatización. ¡Impresionante! La Sala Cuarta no solamente dijo que esa cesantía doble era constitucional, sino que, al haber sido metida en la convención mediante un addendum, ya tenía rango de ley de la República, según el artículo 62 constitucional.

El vaivén y el bamboleo de la Sala IV en esta materia de reconocimiento del Derecho de Cesantía no parece detenerse pues de un reconocimiento de 20 años que tiempo atrás había dictado, ahora pretende imponer uno de 12; pero solamente para el caso de cesantías incluidas en acuerdos bilaterales entre sindicatos y patronos públicos, vía convenciones colectivas y/o acuerdos de partes previamente negociados.

Se está en espera del contenido argumental de fondo sobre esta nueva posición de la Sala IV en materia de cesantía en empleo público. No sabemos si afectará a la propia ley solidarista o a la propia la ley de protección al trabajador. Si no lo hace, emergerá uno de los más grandes fallos de discriminación antisindical jamás visto en la historia del derecho laboral costarricense.

Este vaivén o bamboleo de la Sala IV en cuanto a la cesantía para el empleo público vía negociaciones con sindicatos, nos lleva a compartir con usted que nos lee dos grandes interrogantes:

La primera: ¿Por qué será que este tipo de fallos de la Sala IV se emiten en momentos del despliegue más intenso de la rabiosa campaña injuriante, calumniante, difamatoria contra la clase trabajadora asalariada del sector Público? ¿Sentencia la Sala Cuarta en “coordinación” previa con esas matrices mediáticas que exudan odio contra el empleo público? ¿Se “negocian” fallos constitucionales a cambio de seguridades presupuestarias institucionales para el Poder Judicial?…

La segunda: ¿Quién redacta este tipo de fallos constitucionales antiobreros y de gran carga discriminatoria? ¿Cómo podemos saber si es el alto juez y su presumible sapiencia jurídica, el emisor directo del fallo y no el asistente-letrado que no tiene todavía esa visión magna del derecho que la experiencia y la cultura jurídica da luego de mucha actividad juzgadora en lo concreto?

Para hacer más cruel la dinámica juzgadora de corte discriminatorio que en esto de la cesantía viene ejecutando la Sala IV, ninguna persona trabajadora, ni sus respectivas organizaciones sindicales, fue llamada, consultada, tomada en cuenta para dar su visión y su defensa. Autoritarismo puro que legitima acudir a la autodefensa obrera.

El gobierno Piza-Alvarado viene mostrando un peligroso desprecio por el diálogo político-social en la materia. Tanto es así que quienes podrían ser sus aliados “naturales” en la actual Asamblea Legislativa, para darle los votos parlamentarios necesarios para la aprobación de ese paquetazo de impuestos, se sienten discriminados, ignorados, burlados.

El gobierno Piza-Alvarado le da prioridad política a alguna prensa para que esta conozca primero su más reciente versión de ese combo fiscal, ignorando a personas legisladoras electas constitucionalmente, y estas conocen las intenciones gubernamentales del día al respecto, vía interpósita-mediática. Es en salas de redacción periodística donde se tejen las presuntas negociaciones clave sobre el expediente legislativo 20.580.

Este lunes 30 de julio de 2018 las principales corrientes sindicales del país, aunadas en defensa del pueblo trabajador contra tal paquetazo de impuestos, le presentaron al propio presidente de la República, el señor Carlos Alvarado Quesada, su propuesta fiscal-tributaria alternativa al combo fiscal, ahora más integral, además de las siete inicialmente planteadas.

“Una reforma fiscal justa y solidaria para Costa Rica” es el documento-propuesta que hasta podría darle al gobierno Piza-Alvarado 4.2 puntos PIB para enfrentar en el cortísimo plazo el grave problema del déficit fiscal; sin necesidad de someter a la sociedad a mayores niveles de tensión, producto de que en el ambiente se siente que habría una confrontación social por este problema del paquetazo de impuestos.

En sucesivas entregas, por diversas vías y con la urgencia que la situación impone, vamos a poder compartirle a usted los contenidos principales de la “Propuesta Sindical Común”, que es la frase-emblema que caracteriza a la propuesta obrera alternativa al combo fiscal.

Hay que insistir, incansablemente, que este grave problema del déficit fiscal requiere un gran diálogo político-social.

Hay que insistir que el gobierno Piza-Alvarado debe retirar de su trámite el detestado expediente legislativo 20.580 para darle paso a ese diálogo político-social, pues la magnitud del problema en que Costa Rica está metida en estos momentos (y no por culpa de su clase trabajadora) impone una decisión lo más consensuada y participativa posible; considerando que la institucionalidad parlamentaria muestra graves deterioros en cuanto a la confianza ciudadana y desde hace ya bastante tiempo, aunque le corresponde a esta tomar las decisiones políticas finales y correspondientes, de conformidad con la institucionalidad republicana constitucional.

El diálogo político-social en materia fiscal-tributaria no es algo que podríamos llamar novedoso. Hay una experiencia al respecto durante el periodo parlamentario 2002-2006 y en el propio escenario legislativo, respetando la institucionalidad parlamentaria y, por ende, la propia Constitución.

Hablamos de la Comisión Especial Legislativa Mixta para el Pacto Fiscal, que en aquel entonces arrojó un gran acuerdo validado multisectorial y políticamente. Un error procedimental, aprovechado por un francotirador filibustero, echó a perder la experiencia, pero el contenido de fondo, los productos fiscales-tributarios compartidos, demuestra que sí resultan posibles acuerdos nacionales en la materia.

Estamos absolutamente convencidos de que la carrera loca del gobierno Piza-Alvarado por la aprobación de este combo fiscal no conduce a nada bueno a la sociedad. La gente de a pie (ya no solamente la clase trabajadora directamente atacada por los contenidos del combo fiscal) está ya moral y éticamente legitimada para su autodefensa.

Mandar al cajón de la basura la propuesta del diálogo político-social, mantener contra viento y marea y a rajatabla el trámite del expediente combo fiscal 20.580 no solo es un insulto a la inteligencia ciudadana, sino también un llamado provocador a la confrontación social.

Precisamente hoy miércoles 25 de julio de 2018, la Ley de la Reforma Procesal Laboral (RPL), Ley de la República No. 9343, cumple su primer año de entrada en vigencia. Nosotros celebramos tal acontecimiento.

El largo y sinuoso camino de esta histórica y trascendental ley obrero-social, duró unos 17 años de altibajos, a lo largo de cinco administraciones gubernativas (1998-2015), más 18 meses (año y medio), del período previo a su entrada en vigencia, luego de convertirse en ley.

En ese escabroso andar, la RPL tiene momentos deplorables y memorables. Recibió las dos votaciones de rigor según el procedimiento parlamentario, en el cuatrienio 2010-2014 (44 votos en primer debate y 40 en el segundo), para luego ser vetada por la mandataria de entonces, Laura Chinchilla Miranda.

Asumido como compromiso de campaña con una importante cantidad de sectores sindicales, el entonces candidato presidencial del momento, don Luis Guillermo Solís Rivera, decidió quitarle tal veto y para la historia quedará que fue en su administración gubernativa, 2014-2018, que la RPL se hizo Ley de la República, desafiándose poderes fáctico-mediáticos, como esos a los cuales siempre les es usual pretender gobernar desde salas de redacción.

Muchos pensamos que la Reforma Procesal Laboral viene a ser como una especie de segundo Código de Trabajo. Este, mediante la RPL, fue modificado en más de la mitad de su contenido; por tanto, sufrió la transformación estructural más profunda desde su nacimiento a la vida jurídica del país, en 1943.

Es decir, pasaron casi tres cuartos de siglo (exactamente, 72 años), para que se diera una congruencia estratégica entre los originales y preclaros postulados del Código de Trabajo, con los que se establecen en materia de Derechos Humanos, dado que la Libertad Sindical se considera un derecho humano fundamentalmente reconocido; y es, precisamente, con la RPL que la posibilidad de organizarse en un sindicato sin temor o riesgo de perder el empleo por hacerlo, adquiere más seguridad jurídica al existir menos espacio para la represión patronal de carácter antisindical.

Efectivamente, ahora que el tema de los Derechos Humanos parece que tiene un altísimo nivel en la política pública, conviene resaltar que la Libertad Sindical es parte intrínseca de los Derechos Humanos; cuya partida de nacimiento es, precisamente, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamada en la ciudad de San Francisco, Estados Unidos, por la naciente Organización de las Naciones Unidades (ONU), el 10 de diciembre de 1948. Precisamente, este año 2018 es el aniversario 70 de su emisión. Costa Rica fue firmante original de la misma.

“Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses”. Así lo establece el numeral 4 del artículo 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Con la RPL, este derecho humano fundamental y universalmente reconocido, está en una transición para su respeto pleno en nuestro país.

La experiencia práctica de la vigencia de la RPL en este, su primer año, ofrece, fundamentalmente, tres perspectivas: la patronal-empresarial, la obrero-sindical y la institucional. Esta a su vez, en dos ámbitos básicos: el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) y el Poder Judicial. Y, este, a su vez, en otros dos: la defensa pública obrera y la del proceso judicial en sí.

Desde la perspectiva obrero-sindical, que es la nuestra, pues la RPL está mostrando su potencial para la concreción real del diálogo social patrono-trabajador, con logro de acuerdos mínimos pero que plantean el desafío del respeto pleno a las leyes laborales ya establecidas, mucho antes del nacimiento de la RPL.

En empresas agrícolas, especialmente de banano y piña; en empresas autobuseras, en consorcios de seguridad privada, por ejemplo, el diálogo obrero-patronal, con funcionamiento abierto de sindicatos, empieza a ser una realidad a un año de la entrada en vigencia de la RPL.

Hemos notado que, a regañadientes, los patronos privados empiezan a asumir la realidad de que su personal asalariado puede tener una voz abierta, cubierta por la institucionalidad jurídica del país; y que, además, esta voz abierta puede ser expresión colectiva en el marco de la Libertad Sindical, cubierta del más que legítimo manto de los Derechos Humanos.

Desde la corriente sindical en la cual militamos, conocemos de varios casos en los cuales la arbitrariedad patronal en imponer un despido laboral de corte antisindical ha tenido que retroceder ante el imperio de la ley que dicta la Reforma Procesal Laboral, en cuanto a que nadie debe perder su trabajo por invocar el Derecho Humano fundamental y universalmente reconocido de afiliarse a un sindicato y/o fundar uno.

Como es lógico suponer, las otras dos perspectivas producto de la aplicación práctica de la RPL en este su primer año de vigencia, ofrecen elementos de análisis sumamente ricos para poder formular un balance lo más justo y comedido de lo que ha significado esta histórica legislación en el fortalecimiento de la Democracia costarricense.

No hay Democracia que se precie de serlo, sin sindicatos en su seno. Y sin sindicatos, no hay Democracia. En este primer año de vigencia de la RPL, ha llegado un poquito de democracia al mundo de la relación obrero-patronal, especialmente en el sector privado de la economía. Y, además, el diálogo social obrero-patronal, realmente efectivo, promete mucho más para el desarrollo de esa misma Democracia.

En el año 2003 la Asamblea Legislativa aprobó la Ley de la República No.8364, consistente en una reforma constitucional a la Carta Magna del país, para que en adelante el artículo 9 de esta se leyera de la siguiente forma: “Artículo 9. El Gobierno de la República es popular, representativo, participativo, alternativo y responsable. Lo ejercen el pueblo y tres poderes distintos e independientes entre sí: el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial”.

Si consideramos la tramitación atropellada, opaca, carente de transparencia, con graves riesgos de violaciones constitucionales al procedimiento parlamentario y con contenidos de potenciales incongruencias e inconexidades jurídicas que está teniendo el expediente legislativo 20.580, conocido popularmente como combo fiscal o paquetazo de impuestos, resulta muy conveniente que relacionemos tal tramitación atropellada con el contenido del mencionado artículo 9 constitucional.

Efectivamente, tomemos nota de lo siguiente. “El Gobierno de la República es popular, representativo, participativo, alternativo y responsable”. Resaltemos los conceptos “popular” y “participativo”.

Es evidente que el actual gobierno no está siendo nada “popular” con su tesis neoliberal de imponer el paquetazo de impuestos-combo fiscal. Es más, seguros estamos de que quienes le votaron, especialmente en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, jamás pensaron tener que enfrentarse a un desafío de tal calibre que, sin duda, representa más desigualdad, más inequidad y, especialmente, más robo de impuestos, habida cuenta de lo desastrosa que son tanto la administración tributaria como la aduanera, pese a que en ambas la abrumadora mayoría de su debilitado cuerpo laboral-profesional en cada caso intenta sacar la tarea en medio de grandes dificultades y de saboteadores especializados en evasión y elusión fiscales.

Por otra parte, el proceso parlamentario que se está imponiendo para forzar, a como dé lugar, la aprobación del expediente legislativo-paquetazo de impuestos 20.580, es cualquier cosa menos “participativo”.

El actual parlamento, que sepamos, no ha escuchado a ningún sector organizado de nuestra sociedad en relación con emitir criterio sobre las consecuencias de una ley de tal calibre que, como se debe repetir hasta la saciedad y de manera incansable, solamente ha de incrementar las fortunas mal habidas vía concentración de la riqueza por procedimientos innobles, como es el robo de impuestos.

Con las honrosas excepciones de rigor, el parlamento está “atrincherado” en sus cuatro paredes, tramitando el texto final de dicho proyecto en cuya elaboración se da una coordinación política abierta entre los poderes Legislativo y Ejecutivo, en contradicción a la filosofía política del artículo 9 constitucional, que proclama que ambos son “distintos” e “independientes” entre sí; pues con descaro sabemos que es en el propio despacho ministerial de Hacienda donde se “cocinan” las estipulaciones finales del contenido del paquetazo de impuestos contra la gente, negociándose con algunas fracciones parlamentarias, excluyéndose a las demás.

En tal sentido, si es la opacidad, si es la oscuridad, si es la ausencia de transparencia y la carencia participativa lo que está marcando la tramitación del indicado paquetazo de impuestos, está más que legitimada la acción, ojalá concertada, de todas cuantos han sido excluidos e invisibilizados de decir su palabra y de expresar sus posiciones, a la hora de indicar las razones que tienen para rechazar, tajantemente, de manera radical, dicho proyecto 20.580.

Porque es esta una realidad contundente: estamos hablando de un proyecto de impuestos de rechazo popular y ciudadano generalizado, de repulsa multisectorial; un proyecto que hace mucho daño a mucha gente y, especialmente, a la gente trabajadora que nada tiene que ver con el déficit fiscal.

Además un proyecto que no aborda este grave problema con profundidad, con seria responsabilidad, con visión de mediano y largo plazos, tan solo para que el presente gobierno “sobreviva” su periodo de gestión, dejándole al próximo un problema realmente catastrófico.

Es en este marco de condiciones que lo llevan a uno a pensar en la necesidad del pronunciamiento civil organizado y pacífico que hemos venido conceptuando como la democracia de la calle. Aunque ya ha habido dos episodios cívicos y obrero en tal sentido, el 25 de abril y el 25 de junio, ahora se necesita una intensidad sumamente grande, extendida y prolongada de este ejercicio cívico de democracia de la calle.

Si el gobierno dejó de ser popular (dado el amplio rechazo ciudadano que tiene el expediente 20.580), si el proceso parlamentario que tramite el combo fiscal no es participativo, si la condición de distintos e independientes entre sí de los poderes Legislativo y Ejecutivo desapareció con el proceso legislativo del paquetazo de impuestos (al “cocinarse” en el despacho de la cartera ministerial de Hacienda), no hay duda de la legitimidad cívica que significará apelar a la democracia de la calle para derrotar el combo fiscal.