Categoría: Opinión

Constitución Política del 1949, articulo 108.- Para ser Diputado se requiere:
1- Ser ciudadano en ejercicio;
2- Ser costarricense por nacimiento o por naturalización con diez años de residencia en el país después de haber obtenido la nacionalidad;
3- Haber cumplido veintiún años de edad.

Nuestra Constitución Política establece tácitamente los requisitos para que una persona sea diputada ¿Por qué entonces, algunos medios de comunicación insisten en preguntar por el nivel académico de los diputados electos por el partido Restauración Nacional?

Tengo la impresión, de que, un par de medios de comunicación se esmeran en abordar a los diputados electos de dicha agrupación política, con lo cual pareciera, se intenta favorecer al candidato del partido de gobierno.

Posiblemente el tema académico sea un aspecto importante, pero no es un requisito. Además, los más sonados casos de corrupción en nuestro país, ¿involucran a personas de baja escolaridad, o por el contrario a connotados académicos?

Nuestro país requiere de una gran unidad, es urgente superar las diferencias que nos impiden avanzar y resolver los grandes temas que, sin duda urgen para bienestar de todos y todas. La primera ronda electoral se vio marcada por la agresión mediática, impero el ataque rastrero y el intento por desprestigiar al oponente, los resultados saltan a la vista, el abstencionismo fue mayúsculo.

Los medios de comunicación juegan un papel importantísimo, inciden positiva o negativamente en la toma de decisiones, es por ello que deben asumir con responsabilidad, de lo contrario, estarán abonando para llevar a nuestro país al despeñadero. Nos estamos desangrando, los homicidios siguen sin darnos tregua, la corrupción nos carcome, sin embargo, aun mantengo la esperanza, de que ¡una Costa Rica mejor si es posible!

Lic. Mainor Fdo. Anchía Angulo
Presidente Seccional ANEP Fuerza Pública

Como es lógico suponer, mucho se escribirá en los próximos días sobre el resultado de las elecciones presidenciales y diputadiles del pasado domingo 4 de febrero.

Y, por supuesto, la serie de comentarios por venir al respecto presentará perspectivas nada neutrales u objetivas. La nuestra, obviamente, tiene tal carácter. Hoy les vamos a compartir nuestras primeras 10 conclusiones en tal sentido; comentarios sumamente generales, cortos en su alcance interpretativo pero con base en nuestra propia experiencia de trabajo y, aclarando que no somos dueños de la verdad en las complejas circunstancias actuales.

Primero: El bipartidismo histórico-tradicional, conocido por el pueblo como PLUSC, mismo que empezó a morir luego del Combo ICE, en el año 2000, no está muerto del todo, pese a que sus candidatos principales (el liberacionista y los dos “socialcristianos”, quedaron fuera de la segunda ronda electoral. Por el contrario, tendrá una robusta representación parlamentaria y con el conjunto de otras fuerzas conservadoras que lograron, también, representación legislativa, constituyen una gran oportunidad para que el capital (especialmente el de corte neoliberal), siga teniendo el corazón central de la hegemonía político-económica en la sociedad costarricense actual. El factor trabajo ha quedado con posibilidades frágiles de escucha legislativa real.

Segundo: Para el Partido Liberación Nacional (PLN), una de las dos alas de este PLUSC, el golpe es mucho mayor y tiene un hondo contenido psicológico-emocional. Se notó la ausencia del figuerismo, excluido de la campaña por los hermanos Arias Sánchez. El “gerente político” que estos designaron como candidato presidencial, no dio la talla. Quedó demostrado que la socialdemocracia verde ya no está en el PLN, consumido éste completamente por un “pragmatismo neoliberal” que le hizo renegar sus principios originarios.

Tercero: La Unidad llega al parlamento “olorosa” a cemento, en medio de una disputa por el legado del Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, más que con fines electoreros que ideológico-filosóficos. La Doctrina Social de la Iglesia Católica, potenciada hoy con los extraordinarios mensajes sociopolíticos del papa Francisco, al igual que la socialdemocracia verde, anda por otros lados luego de que en esa colectividad política adoptaran el neoliberalismo como fuente principal de su práctica política cotidiana.

Cuarto: El Partido Acción Ciudadana (PAC) que viene reclamando para sí la herencia fundamental de la socialdemocracia originaria y, por tanto, soporte de las capas medias que se resisten a dejar de serlo; recibe una segunda oportunidad que casi todos habían descartado. Indudablemente, es la figura de su candidato el factor subjetivo de peso para ello; y, por su puesto, sigue siendo de muchísima influencia la presencia activa de quien es reconocido como su figura fundadora. A lo mejor, el “pacto del sombrero” podría representar para ésta que le den la cartera ministerial de Hacienda, si ganan en segunda ronda.

Quinto: Se empieza a gestar la especie de que el fundamentalismo evangelista y, prácticamente, monotemático, alcanzó su tope electoral máximo con su votación de primera ronda. El candidato ganador de primera ronda parece asumir el monopolio de la interlocución política de tal movimiento de ahora en adelante; y le será muy difícil descontaminarse de que no tiene un fuerte sesgo homofóbico y discriminatorio en su visión de mundo. Ante esta fuerte incursión de la religión en política, será interesante auscultar si hay distancia entre este movimiento y la Iglesia Católica; y, a la vez, determinar cuál será la actitud de la misma ante la próxima segunda ronda electoral.

Sexto: El finalista del segundo lugar arranca la campaña de segunda ronda a partir de una votación “piso”; es decir, que esta tenderá a subir hasta darle el triunfo el 1 de abril. Sin embargo, tampoco puede asegurarse nada puesto que otros factores político partidistas y social-patrióticos van a entrar en acción hacia su lado opuesto. La polarización está dada en cuanto a las cuestiones del matrimonio igualitario, las guías sexuales y la denominada “ideología de género”. Esto fue el eje central de la campaña electoral de primera ronda y, fue determinante para la composición del parlamento que se avecina. Por otra parte, habrá que ver si hay interés en articular una real y transparente agenda de trabajo con los movimientos sociales (incluidos los sindicales), dentro del concepto que ya está transmitiendo de “unidad nacional”.

Sétimo: Las izquierdas sufrieron un duro revés. Especialmente, la parte de esa izquierda progresista amiga de los sindicatos y de los movimientos sociales. En lo particular, el derrumbe parlamentario del Frente Amplio debe tener varias explicaciones e interpretaciones. Una de ellas, sin duda, fue su propia división legislativa pública y notoria para consternación de amplios sectores realmente progresistas de nuestro país. El cálculo electoral de su emblemática figura podría haber incidido, también, en la drástica reducción de su presencia en la próxima Asamblea Legislativa.

Octavo: La extrema derecha libertaria desaparece, afortunadamente, del escenario político-nacional. Ni siquiera logró la mínima representación parlamentaria. Sin embargo, en el nuevo parlamento tiene relevos ideológicos y, por tanto, su ideario de fundamentalismo de mercado podría cruzarse con fundamentalismo religioso y, entonces, el desafío confrontativo se potenciaría.

Noveno: En este nuevo escenario político nacional, tan preliminarmente caracterizado, la gran interrogante es si los sectores sindicales, sociales, populares y cívico-patrióticos logran rearticularse con base en las experiencias ya vividas de éxito en determinadas coyunturas de nuestro pasado reciente. Es mejor no adelantar nada sobre cómo pensaría uno debería ser una articulación de nuevo tipo de cara a la coyuntura ya en desarrollo. Es obvio, eso sí, que la imperiosa necesidad de tolerancia en la diversidad y el destierro del hegemonismo gremialista-personalista serán fundamentales.

Décimo: Seguimos creyendo en nuestro planteamiento de las dos democracias: la electoral y la de la calle. Esta parece que volverá a tomar auge en los tiempos por venir, como papel relevante tuvo en el gobierno que ya termina en temas tan neurálgicos y confrontativos como el del empleo público. Ahora, la apelación a la democracia de la calle podría ser en función de la supervivencia misma de la clase trabajadora amenazada por ese déficit fiscal del cual nunca ha tenido la más mínima responsabilidad.

1,55% es el porcentaje de reajuste salarial impuesto por el ya saliente gobierno del presidente Solís Rivera, vía decretazo, para todas las personas trabajadoras que laboran para el Estado; reajuste aplicable para el primer semestre del presente año 2018. La principal argumentación oficial fue que “no hay plata” y que está de por medio el alto déficit fiscal.

Se despide la presente administración de la clase trabajadora, reforzando la política del empobrecimiento salarial, misma que ya es sistemática en congruencia directa, ideológicamente, con el modelo económico imperante de la concentración de la riqueza y del decrecimiento de la desigualdad; pese a los pellizcos que al mismo se le han dado con el impulso y aplicación de varias políticas sociales atenuantes de la pobreza y de la situación de vulnerabilidad a la misma en que están miles de familias, pero que no cuestionan la etapa concentradora de los beneficios del crecimiento económico.

Las personas trabajadoras asalariadas del sector público, de ingresos medios y bajos, así como sus homólogas del sector privado “encarceladas” en los pauperizados salarios mínimos dado el altísimo costo de la vida en un país que como el nuestro es de los más caros de la región latinoamericana; están en caída libre en relación con el poder de compra del salario.

La política salarial no ha sufrido cambios sustanciales en las últimas administraciones de suerte que esta sea un pilar para atacar el crecimiento de la desigualdad, por un lado; y, por otro, que se estructure una nueva metodología de cálculo que diferencia entre lo que es el índice de inflación en contraposición al alto nivel del costo de la vida.

A esta situación hay que agregar el grave problema del déficit fiscal, planteado este según la lógica macroeconómica hegemónicamente dominante; con graves amenazas para el pueblo trabajador asalariado y no asalariado: congelamiento salarial, riesgo de pérdida de miles de empleos, reducción de la rentabilidad de los fondos de pensiones, gran peligro de la estabilidad financiera de IVM-CCSS, aumento en las tasas de interés de los préstamos (vivienda, créditos personales), etc., etc.

Lastimosamente, no vemos que las diferentes candidaturas presidenciales de estas elecciones estén abordando con rigurosa seriedad el tema del déficit fiscal. Lo están eludiendo y cuando lo abordan es para plantear “soluciones” que no lo atacarán estructuralmente hablando para no enojar a los ganadores del déficit: el poderoso sector bancario-financiero, por ejemplo.

Por el contrario, los que venimos perdiendo con el déficit, los que estamos en riesgo de pérdidas mayores, somos la inmensa mayoría, especialmente la compuesta por la clase trabajadora.

Recientemente tuvimos acceso al importante estudio elaborado por el ilustre costarricense don Miguel Gutiérrez-Saxe, denominado “La política fiscal en Costa Rica y sus márgenes de acción”; análisis elaborado a solicitud de la Fundación Friedrich Ebert (FES), de la República Federal de Alemania.

De seguido, y con especial llamado de atención a toda la clase política del país, conviene transcribir seis ideas medulares que nos impulsan a una obligada reflexión sobre lo que nos está pasando como sociedad en estos momentos; es como si fuera este el “retrato” de quienes somos perdedores con el modelo económico dominante y su engendro perverso: el déficit fiscal. Veamos:

“Costa Rica tiene ahora mayores capacidades humanas, pero lleva más de dos décadas de estancamiento de la pobreza según ingreso, alto nivel de desempleo y creciente desigualdad. La política social es progresiva pero no compensa la exclusión económica.

Una nueva época, que se inició con la consolidación de un estilo de desarrollo, hoy se encuentra con una sociedad en medio de crecientes conflictos distributivos.

Sin reformas fiscales significativas desde 1995, tiene fuentes de ingreso insuficientes para financiar su pacto social y sobresaliente comportamiento ambiental. Lo contrario contribuye poco a la equidad social.

Sus impuestos quedaron obsoletos y menguados por los profundos cambios de estructura productiva, consumo y comercio exterior. El uso extremo de exenciones reduce la recaudación.

La estructura pública es compleja, el gobierno central es débil. Al amparo de las autonomías han proliferado diferencias y automatismos que generan presiones al gasto, impactan la calidad de los servicios y amplían el déficit fiscal.

Los tiempos son de situación fiscal apremiante e insostenible en medio de un contexto de pobre gobernabilidad, fraccionamiento político y alto malestar ciudadano”.

¡Qué clase de desafío para quien resulte electo a la Presidencia! ¡Qué clase de retos para el nuevo parlamento! Pero, sobre todo, ¿qué vamos a hacer como movimientos sindicales, sociales, populares, cívico-patrióticos…?

A pocos días de las elecciones de primera ronda, las presidenciales y las diputadiles, del 4 de febrero de 2018, la incertidumbre está al rojo vivo. Nadie la tiene segura.

De mantenerse esta situación, los más expertos en estas cuestiones electorales predicen una segunda vuelta de la elección presidencial, y un parlamento más fraccionado y dividido que el actual. Pero tampoco esto es seguro y en los últimos días que quedan cualquier cosa puede suceder.

Utilizando las reglas constitucionales y legales de la Democracia Electoral, todo parece indicar que el fraccionamiento político-partidista de nuestro sistema republicano, dificultaría muchísimo más que ahora, la puesta en práctica de políticas públicas que confronten “…más de dos décadas de estancamiento de la pobreza según ingreso, alto nivel de desempleo y creciente desigualdad”. (Gutiérrez-Saxe, Miguel).

Este estado actual de cosas no le sirve ni a la Democracia misma ni, por supuesto, a las mayorías populares, especialmente a la clase trabajadora.

Este status quo, producto selecto de un modelo económico comúnmente conocido como neoliberal, le ha generado incalculables ganancias a pequeños grupos político-económicos de poder en la Costa Rica actual; grupos cuyos liderazgos reales (por lo general, personas sumamente ricas de alto corporativo empresarial), no se postulan a elección alguna, designan candidatos para tutelar y le apuestan a varios a la vez, no se someten al escrutinio democrático pero sí conservan ese enorme poder, precisamente, generado por la imposición de dicho modelo.

Como vemos, la Democracia Electoral, desde un punto de vista formal, muestra legitimidad política; sin embargo, desde un punto de vista del real poder detrás de la misma, puede convertirse en una falacia.

Lo que queremos decir es que la Democracia Electoral no está alcanzando para llevar bienestar socioeconómico real a las mayorías ciudadanas de este país.

¿O ustedes creen que el enorme desinterés por la campaña actualmente en desarrollo y lo gélido del ambiente que la envuelve, se debe solamente al tema de la corrupción; llámese ésta ICE-Alcatel, Caja-Fischel, La Trocha, el cementazo, el “yamberazo”, los robos con la deuda política y similares? ¡No señor!

Por supuesto que hay un electorado bravo, enojado, indignado que quiera pasar la factura a la partidocracia, en general, en estas elecciones, por todo este sistemático y sistémico engranaje de corrupción, mediando colusión de intereses privados con los públicos.

Sin embargo, en el fondo estos son los reales perniciosos elementos desestabilizadores que atentan contra la paz social, contra la Democracia misma: la exclusión, la desigualdad, la violencia, el desempleo, el altísimo costo de la vida, la precarización salarial, el deterior de los servicios públicos…

Evidentemente, que esto se sabe y que, de nuestra parte, al repetirlo tanto, parecemos un disco rayado. Sin embargo, ¡una y otra vez, miles más, debemos estarlo diciendo!

Las propuestas y soluciones están dadas. Pero, con poquísimas excepciones, la partidocracia del sistema de la Democracia electoral no desea entrarle de lleno a impulsar políticas para cambiar ese estado de cosas.

Es en tal sentido que nosotros estimamos que la coyuntura histórica en desarrollo abre paso al surgimiento de la vitalidad del poder de la otra Democracia, la de la Calle, tan legítima como la Electoral.

Las grandes transformaciones sociales pendientes no van a ser obra de un político dadivoso, sensible y/o proclive al bien común; tampoco de diputado alguno de mucha locuacidad para denunciar desde el nuevo parlamento las consecuencias de una sociedad como la nuestra de la actualidad, que involuciona; involuciona concentrando, excluyendo, violentando, humillando, golpeando…

A lo largo del planeta y, con especial énfasis, en estos tiempos de neoliberalismo y de globalización económica criminal, se han dado muchas muestras del ejercicio de la otra Democracia, la de la Calle; incluso, en nuestra propia América Latina.

La Democracia de la Calle es tan legítima que dejó de ser patrimonio de la izquierda, de las izquierdas; y en la actualidad, desde las derechas se la emplea para el impulso /o imposición de sus correspondiente agenda.

En Costa Rica, los sectores excluidos o en vías de serlo tienen un potencial impresionante para mostrar los reales alcances de la otra Democracia, la de la Calle; el reto es la articulación para construir la adecuada estrategia que imponen los momentos sociopolíticos por venir, de tanta amenaza para las mayorías ciudadanas.

Se define la política criminal como el conjunto sistemático de principios en los que se inspira la actuación del Estado para organizar la lucha contra la criminalidad. Este sistema debe considerar varios aspectos, no solamente la parte de prevención del delito que compete a los cuerpos policiales; sino también, la justicia social, la equidad, las oportunidades. Dicho de otra manera, una política criminal, se debe acompañar de políticas públicas.

Para poder trabajar de manera preventiva es preciso identificar las causas de la criminalidad, así como tener el conocimiento de sus formas de aparición y nivel de desarrollo como fenómeno social e individual.

En días recientes pude darle lectura a una entrevista que le realizó el Diario Extra al director de la Policía Municipal de San José, Lic. Marcelo Solano. En dicha entrevista el Lic. Solano apunta aspectos que considero absolutamente acertados y que se vinculan directamente con lo que se conoce como causas de la criminalidad.

Los altos niveles de deserción del sistema educativo, la falta de oportunidades, las trabas que el sistema le ha impuesto muchos jóvenes por una prueba que no mide la totalidad de las capacidades de la persona, son aspectos medulares en la situación de inseguridad que vivimos en la actualidad.

La desigualdad, las diferentes formas de exclusión, la falta de pertenencia, la pérdida de valores, el debilitamiento del poder salarial de adquisición en la clase trabajadora, las cada vez más frecuentes manifestaciones de desfachatez en los modos de corrupción, en los tres poderes de la República; las grandes diferencias dentro de muy pequeños espacios de territorio, potencian cada vez más la acción delictiva y el arraigo del crimen organizado, el crimen “asociado”, el crimen “moderno”. En detrimento de la paz social y de la seguridad ciudadana.

La seguridad ciudadana no es un asunto que se resuelva únicamente con más policías, en tanto es un tema que debe partir de un abordaje integral. Además, es impensable mejorar la seguridad ciudadana contratando policías, si no les damos condiciones óptimas, una ruta a seguir y las herramientas tecnológicas y jurídicas para obtener mejores resultados.

La política de Estado, necesariamente, debe contemplar un proceso efectivo y eficiente de reinserción social, de modo tal que podamos minimizar el nivel de reincidencia, lo cual podría ser factible, a partir de que logremos reducir los niveles de hacinamiento carcelario. En la actualidad, nuestro sistema es una especie de “escuela” para delinquir, en donde una persona ingresa por la comisión de un delito no doloso, y luego al salir, lo hace con una serie de “habilidades” que lo convierten en una amenaza para la sociedad.

La política de Estado en materia de seguridad, debe incluir una preponderancia en las condiciones de las personas trabajadoras de los cuerpos policiales; a efectos de que no vean vulnerados derechos humanos fundamentales, como la familia y la salud. El nivel de deserciones es tan alto que el país viene asumiendo un altísimo costo, producto de ese círculo vicioso, en donde vemos que se contratan seiscientos policías (600) y se retiran en el mismo año setecientos (700), como resultado de las malas condiciones y la incerteza jurídica que enfrentan nuestros policías en la actualidad.

El proceso de formación en la Escuela Nacional de Policía, en cuanto al curso básico policial, no es suficiente en la actualidad. Es momento de subir el nivel de capacitación. No podemos pensar que con 120 horas en un curso de armas, una persona es experta en manejo de armas de fuego; como tampoco podemos seguir creyendo que con 40 horas de defensa personal, la persona queda capacitada para repeler una agresión ilegitima, ambos casos requieren de mayor inversión.

La formación policial debe aproximarse al proceso que conocimos en una visita realizada al país del norte. En Nicaragua, las personas que ingresan a la escuela policial, al momento de culminar su proceso de capacitación técnico policial, son egresados con una formación integral; que incluye una carrera académica atinente a la función policial. En nuestro país, nuestros policías deben implorar una licencia de estudio, la cual es reducida al 10% de la unidad policial por aspectos operativos.

Albert Einstein dijo algo para siempre: “El mundo no será destruido por las personas que hacen el mal, si no por las que se sientan a ver lo que pasa”…

Lic. Mainor Anchía Angulo
Dirigente Nacional de ANEP.
mainoranchia@anep.or.cr

¡150 mil nuevos empleos! Nos dicen, por un lado. Por el otro, ¡200 mil! Las dos alas del viejo, desacreditado y desprestigiado PLUSC (Liberación-Unidad) están compitiendo en cuanto a la oferta del tamaño de la mentira en esto de la dolorosa y conmovedora situación dramático-social de la gente sin trabajo, sin empleo.

El próximo periodo presidencial de cuatro años, entre el 8 de mayo de 2018 y el 30 de abril de 2022, nos da un total de 1.460 días de gestión gobernante del nuevo mandatario, a razón de 365 días por cada uno de esos 4 años.

Esto quiere decir que en el caso de la promesa electoral del señor Álvarez Desanti, del ala derecha del PLUSC-Liberación, un eventual gobierno de él debería crear unos 103 empleos diarios, lo cual significa ¡4,29 empleos por hora!

En el caso de la otra rama del PLUSC, también de derecha, el PLUSC-Unidad, su promesa de 200 mil empleos implica la creación diaria de 137 empleos, a razón de ¡5,70 trabajos nuevos cada 24 horas!

¿Usted cree eso? ¡Yo no! Quisiera creerlo. Sinceramente esto nos suena a demagogia, a estafa política en perspectiva, porque no basta con decir que impulsando la reactivación económica se va a generar esta cantidad de empleos según estas dos ofertas; por demás, muchísimos menos que lo que implica la absorción anual que debería realizar el mercado laboral según la incorporación a este de nuevas personas en edad de trabajar.

Según datos del Partido Frente Amplio, la justicia social y el desarrollo económico con inclusión estaría demandando la creación de unos 60-70 mil nuevos puestos de trabajo en cada uno de esos 4 años del nuevo periodo gubernativo-presidencial: 280 mil en total; cifra que no significa promesa electoral alguna en materia de creación de empleos de parte de esta colectividad política, como erróneamente afirmara quien esto escribe en nota de prensa de días pasados, de lo cual nos disculpamos oportunamente.

La sana aspiración de muchos costarricenses por una Costa Rica realmente inclusiva y verdaderamente solidaria implica impulsar unas políticas macroeconómicas con un sano equilibrio entre crecimiento y distribución. Esto no está pasando ahorita. En los últimos tiempos, los tiempos de los TLC neoliberales, es el crecimiento el énfasis y no la distribución, la cual genera que la riqueza se haya venido concentrando cada vez más en pocas manos, haciendo cada día más sistemática (y sistémica) la desigualdad.

Estas ofertas electorales del PLUSC para la creación de esos números “alegres” de empleos prácticamente pueden catalogarse de mentiras. Lo que desesperadamente pretenden es allegar votos a sus papeletas en las elecciones del domingo 4 de febrero, en momentos que las encuestas parecen que no auguran nada bueno a las dos ramas de la derecha del vetusto PLUSC.

En realidad están compitiendo ambas entre sí nada más en lo electoral, pues se mantienen en estado simbiótico, unidas hegemónicamente en lo político, bajo la tutela del imperio del latifundio mediático que les apadrina.

Por otra parte, al ser responsables directas ambas derechas PLUSC del espantoso déficit fiscal con el cual se nos aterroriza todos los días; la magnitud de este agiganta sus mentiras de los miles de empleos que crearían si una de ellas es gobierno.

Sin atender el problema del déficit fiscal con profunda seriedad y con justicia, descartando los fundamentalismos dogmáticos, no es posible crear condiciones para la creación de empleos en los niveles ofrecidos y/o requeridos.

Ese viejo, desacreditado y desprestigiado PLUSC sigue insistiendo en la extremista tesis neoliberal de la regla fiscal, propuesta por el expresidente Miguel Ángel Rodríguez Echeverría, con el nombre de “garantías económicas”; y al igual que él, quieren que tenga rango constitucional.

Ambas ramas actuales de ese PLUSC (Desanti-Piza) plantean la contención del gasto, cuando saben que no hay forma alguna de hacerlo sin generar una catástrofe socioeconómica, más grave que la que podría generar el propio déficit fiscal si no se atiende por el lado correcto: el de la gente.

Las dos partes del PLUSC de hoy, el que va a las elecciones del domingo 4 de febrero, no quieren enfrentar el hegemonismo del capital bancario-financiero que les protege, como para impulsar algún tipo de transformación tributaria estructural por el lado de la progresividad que permita nuevos ámbitos de inversión pública, fundamentales para creación de nuevos empleos, de manera directa y/o indirecta.

Ese PLUSC no va a poder cumplir esas promesas de la creación de tantos empleos como están ofertando; están mintiéndole al electorado; y estafarían políticamente a este porque no tienen interés alguno en transformación estructural tributaria alguna por el lado correcto, el de la progresividad.

Ir por esta ruta sería cambiar el modelo que adoptaron luego de que, respectivamente, el uno renunciara a seguir siendo socialdemócrata y el otro renegara del humanismo cristiano para pasarse ambas ramas al neoliberalismo.