El año 2017 superó todas las estadísticas, de momento es el año de los récords, tristemente nada que celebrar, récord en homicidios y en muertes violentas; situación que requiere el mayor análisis, la mayor atención y la búsqueda inmediata de soluciones, mismas que deberían surgir de quienes toman decisiones. Pero, también de quienes, de alguna manera, podemos hacer algún tipo de aporte.
La seguridad ciudadana sí se puede mejorar. No existe una pomada canaria. Lo esencial e imperativo es que establezcamos como país una política criminal, acompañada de políticas públicas que vengan a generar oportunidades. Además, es necesario trabajar en equipo, que es lo mismo que establecer la atención multisectorial de los factores de riesgo en aras de una efectiva prevención de la violencia.
La falta de coordinación, las pugnas de poder, las ansias de protagonismo, tienen al país en una situación que requiere contención con urgencia. Los cuerpos policiales deben trabajar en constante comunicación; se requiere de un centro de información, en donde se pueda conocer del surgimiento de organizaciones delictivas, zonas de riesgo, penetración del narcotráfico; de manera tal que se puedan hacer abordajes conjuntos, permanentes y sostenidos en el tiempo.
Los cuerpos policiales deben dejar de ser la cenicienta del Poder Ejecutivo. Es preponderante dotar de las mejores condiciones a todos los cuerpos policiales y brindarles mayor respaldo jurídico, lo cual supone la reforma de algunas normas. Asimismo, reconocer socialmente la importancia del trabajo que realizan las personas que deciden ingresar al servicio en las diferentes fuerzas de policía. Es preciso resolver el estado de indefensión que actualmente enfrentan nuestros policías.
Es urgente contar con una política de Estado en materia criminal, trazar una ruta de acción que direccione el actuar de los distintos cuerpos policiales, dejando de lado la improvisación, el individualismo, y el egocentrismo. Hemos sido incapaces de articular acciones, de trabajar en equipo y los resultados saltan a la vista.
Si bien es cierto, la situación de inseguridad se incrementó a partir del año 2014, cerrando el 2017, con epidemia por los más de 600 homicidios registrados; objetivamente debemos señalar que la situación de inseguridad, así como el incrementó en la actividad delictiva surge a partir del año 2010, elevándose paulatinamente año con año. ¿Nos fuimos acostumbrando?
La seguridad ciudadana es la principal preocupación en la actualidad. Es imposible pensar en desarrollo humano, libertades públicas, en llevar una vida sin temor, con los índices de violencia que se viven en este momento; los ciudadanos honrados nos vemos confinados a vivir entre rejas, “presos” en nuestras casas, en donde inclusive muchas veces no sentimos tranquilidad y debemos dormir con un “ojo abierto”. La seguridad ciudadana es una responsabilidad ineludible del Estado para con sus habitantes, el cual está faltando a su deber.
Sin lugar a dudas, la corrupción observada en la cosa pública, en el sector privado, y en los tres poderes del Estado, tienen un impacto directo en la inseguridad que actualmente desangra a nuestro país.
A lo anterior debemos sumar, la desigualdad, la falta de justicia social y, la falta de justicia judicial; notándose que en los últimos tiempos vemos cómo la impunidad es la regla.
La cárcel dejó de ser un medio coercitivo y de castigo para quienes delinquen, en razón de las políticas asumidas por el gobierno de turno, el cual adoptó una política de liberación de privados de libertad; los cuales en la mayoría de los casos resultan reincidentes, provocando una mayor sensación de inseguridad ciudadana. Ciertamente, es necesario contar con un programa efectivo de reinserción social, pero, para ello, igual se requiere de una política de Estado.
Así las cosas, en vísperas de las elecciones para elegir a nuestros gobernantes por el período 2018-2022, me permito hacer las siguientes diez recomendaciones, para quien ocupe la cartera de seguridad pública:
1. Trabajar de manera urgente en una política criminal.
2. Procurar la mayor coordinación con los diferentes entes vinculados con el tema de la seguridad humana, (cuerpos policiales, instituciones de bien social, ONG´s, actores sociales).
3. Preponderar la prevención como método de contención de delitos.
4. Asumir con temple, carácter, para tomar decisiones, convocar a un concurso interno y hacer los cambios pertinentes en puestos claves, los cuales están ocupados por funcionarios que evidentemente ya cumplieron su ciclo.
5. Ordenar el respeto de los derechos humanos y laborales, de las personas trabajadoras de los diferentes cuerpos policiales adscritos a la cartera.
6. Institucionalizar la humanización de la función policial, dando valor a las personas trabajadoras, entendiendo que es el principal recurso para mejorar la seguridad del país.
7. Establecer un plan urgente de reparación de las delegaciones que están al borde del cierre por insalubridad.
8. Mantener diálogo diáfano con los diferentes sectores sociales.
9. Establecer un plan de supervisión a nivel nacional, con una política real de “cero tolerancia” a la corrupción.
10. Dar seguimiento periódico de las actividades planificadas y establecer una política de rendición de cuentas.
No es más seguro el país que más policías tiene, sino el que menos delincuentes produce.
