Categoría: Opinión

Una de las razones fundamentales de nuestra rotunda oposición a que se le rebaje el salario a la clase trabajadora en un 1 % para solventar los problemas financieros que enfrenta el régimen de pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) tiene que ver, precisamente, con una injusta política salarial que comprime, no expande, el poder de compra del salario; por tanto, se potencia el crecimiento de la desigualdad y se propicia la concentración de la riqueza.

En tal sentido, ese 1% significa más empobrecimiento salarial. Veamos nuestros argumentos al respecto.

Prácticamente, los salarios están congelados. Dado que el Gobierno estima que la inflación es cero o cercana a cero, los reajustes por costo de vida son raquíticos o inexistentes. El salario no crece, no expande su poder de compra, está comprimido. Usted bien sabe que una cosa son las cifras oficiales de inflación y otra muy distinta la realidad económica del bolsillo de la persona trabajadora.

La clase trabajadora asalariada está, por lo general, sumamente endeudada y no pocos integrantes de la misma tienen serios problemas de liquidez, muy disminuida o no la tienen del todo.

Esa precaria liquidez se verá afectada, negativamente, disminuida, en un porcentaje mayor al 1 %, pues lo que pretende la Caja es rebajar ese 1 % del salario total devengado, el bruto, no del líquido.

Ejemplo: si el salario es de 500 mil colones en bruto, pero la liquidez es de 200 mil, a esta cantidad hay que restarle 5 mil colones. Entonces, la liquidez queda en 195 mil colones y, por tanto, la rebaja salarial que impone la Caja, en realidad, es del 2,5%, según este ejemplo. A menor liquidez salarial con relación al salario total devengado o en bruto, el impacto de la rebaja del 1 % pretendida por la Caja es mucho mayor a ese 1 %. Por eso, afirmamos que la actual directiva de la Caja lo que quiere es empobrecer más al trabajador y a la trabajadora.

Por otra parte, a partir de este año y por decisión del presente Gobierno, el salario mínimo aplicable en las empresas privadas solamente se reajustará por costo de vida una vez al año. Ya no se hará semestralmente (aclaramos que hubo complicidad sindical al respecto, pero no provino del seno de la corriente de lucha a la cual nos debemos).

En estos casos, la persona trabajadora de la empresa privada empieza el nuevo año “en rojo” salarialmente hablando, pues el reajuste por costo de vida que establecerían en octubre (mes de la fijación), para que entre en vigencia cada 1 de enero, ya fue consumido y no entra en el año nuevo con un porcentaje de inflación adelantada por costo de vida en su salario.

Ahora, como vimos líneas arriba, empezará el año nuevo con un “rojo doble”: ni le reconocen algún porcentaje de inflación adelantada y con una liquidez disminuida, en porcentajes mayores al 1 %, por la eventual imposición de la Caja de la rebaja salarial del 1 %.

En el caso del sector Público, los puestos más desvalorizados del Gobierno Central y entes adscritos, víctimas de 35 años de enganche salarial médico y aunque fue modificado parcialmente por la presente gestión gubernativa, el perjuicio sigue existiendo. Por un lado, los puestos liberados jamás fueron resarcidos en su pérdida salarial acumulada por tanto tiempo de enganche (policías, oficinistas, técnicos y otros); por otro, los puestos de carácter profesional siguen enganchados y, por tanto, no pueden tener reajustes realmente justos por el impacto casi cuádruple en el esquema salarial médico.

Por otra parte, si el valor del dólar tiende a subir, esto reducirá la capacidad de compra del salario y, por tanto, le aumentará el costo de la vida del trabajador y la trabajadora.

Además, recuerde usted que cuando debe pagar el impuesto sobre las ventas al momento de la compra en el supermercado, o cuando le rebajan directamente del salario el impuesto sobre la renta; usted está aportando, forzosamente, para que el fisco pueda pagar las multimillonarias pensiones de lujo con cargo al presupuesto nacional.

Según nuestro pensamiento sindical en la materia y tal y como fue expresado por todo el sindicalismo costarricense con ocasión de la fiesta obrera mundial del Primero de Mayo, “en cotización no hay negociación”; es decir, se rechaza tajantemente la pretensión de la actual directiva de la Caja de subir la cotización obrera para IVM en un 1 %, porque la clase trabajadora no tiene responsabilidad alguna por los problemas financieros que tal régimen de pensiones enfrenta.

Puede usted estar seguro de que con nuestra complicidad sindical su salario no perderá un 1 % o más, como ya vimos, de su poder de compra. “Que cada palo aguante su vela”…

Como ya se acercan
Las próximas elecciones,
Todos los políticos
Tienen soluciones.

Soluciones para las presas
Y las listas de espera,
Para la violencia
Y para las carreteras.

Para el lavado de dinero
Y Para la evasión,
Para el desempleo
Y para la corrupción.

Para el sicariato
Y la inmigración,
Para el lavado de dinero
Y la contaminación.

Lo que es preocupante
Y resulta muy extraño,
Es que esto sucede
Cada cuatro años.

Sigue candente la tensa circunstancia de la hasta ahora inconmovible posición de las nueve personas que dirigen la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), con relación a su arbitraria decisión de imponerle a toda la clase trabajadora asalariada de este país, para “salvar” el sistema de pensiones IVM, una rebaja del 1% de los salarios totales devengados, sin importar la liquidez que éstos tengan según los compromisos financieros que carga cada persona trabajadora.

Y es que ha quedado en evidencia la profunda desigualdad entre la situación que nos espera a quienes tengamos que pensionarnos por la Caja (régimen de Invalidez, Vejez y Muerte IVM), comparada con la de quienes están ya cubiertos o en camino de estarlo de lo que se ha denunciado como pensiones de lujo.

A como uno ve las cosas que pretende imponer la actual directiva de la Caja, pensionarse vía IVM-CCSS significa empobrecerse. Por el contrario, vía pensiones de lujo, significa enriquecerse.

Las pensiones IVM-CCSS van para atrás: nos imponen cotizar más (1%), pretenden elevar la edad (65-70 años), y reducir el monto a recibir (40%). Las pensiones de lujo no sufrirán cambio alguno. Sus beneficiarios pueden estar seguros de que cada mes, los 5 millones, los 6 millones, los 7 millones, los 8 millones, los 9 millones, los 10 millones y hasta más, les seguirán llegando.

La gran paradoja de todo esto es que al trabajador le están dando duro por partida doble. Por un lado, le van a rebajar un 1% de su salario para subir el monto de su aporte obrero a IVM-CCSS (pasar del 2.84% al 3.84% de su salario total mensual); por otro, debe seguir aportando, también de su salario, para que se mantenga el sistema de pensiones de lujo con cargo al presupuesto nacional.

¿Cómo? Cada vez que va al supermercado (impuesto de ventas), o cada mes que le rebajan impuesto sobre la renta a su salario, está aportando de su propio ingreso para que el fisco tenga suficiente plata y pague esas millonarias pensiones de lujo.

Y lo peor de todo es que esas personas jubiladas receptoras de esas pensiones de lujo con cargo al presupuesto nacional de la República se niegan a pagar las contribuciones solidarias recientemente impuestas por ley, interponiendo cualquier cantidad de recursos de amparo y/o acciones de inconstitucionalidad para que no se le toque ni un solo cinco de lo que actualmente reciben vía exacción de impuestos que se le sacan a la clase trabajadora.

Y aquí el famoso refrán que plantea que “al que no quiere caldo, dos tazas”, es mejor adoptarlo así para aplicarlo a esta circunstancia: “al que no quiere caldo, tres tazas”. ¡Sí, “tres tazas”! Pues la pretendida rebaja salarial generalizada del 1% que pretende imponer la directiva de la Caja es para rellenar un gran hueco en las finanzas de IVM-CCSS que, según voces sumamente expertas, es del orden del millón de millones de colones; situación ésta en la que nada tuvimos que ver quienes seremos “condenados” a esa rebaja salarial; y, como explicamos, de su menguado salario seguir aportando para el pago de las pensiones de lujo.

¡Qué va! Al pueblo trabajador, en esto de las pensiones, no le están dando palo por partido doble. ¡Es por partida triple!: ¿Y quién está pegando el grito al cielo por toda esta gran justicia? ¡Los sindicatos! ¡Sólo los sindicatos! Ni el movimiento cooperativo, ni el movimiento solidarista, ni los colegios profesionales, ni los partidos políticos, ni los candidatos presidenciales… ¡Sólo los sindicatos!

Por eso los sindicatos merecen el más decidido apoyo obrero en esta noble causa por la verdadera justicia en materia de pensiones. Nosotros pensamos que si todos los sindicatos, de todos los colores y matices, dejan de lado sus diferentes subjetivas y se ponen una única camiseta, la camiseta obrera, debemos apoyarle cuando formulen un llamado unitario de salida coordinada a la calle.

Estamos de momento por encima de las cifras que para estas fechas se dieron en los años 2015 y 2016. Por tercer año consecutivo, los homicidios proliferan en distintas comunidades de nuestro bello país (no solamente en Limón). El asunto debe ser abordado con seriedad, con responsabilidad y con acciones concretas. No basta con seguir diciendo “es culpa de otros”.

Tristemente, nuestras comunidades, nuestros niños, nuestros vecinos se ven perjudicados por la actividad criminal. Por eso no es aceptable que nos vendieran la idea de “se están matando entre ellos, son guerras por territorio”. Eso es ser incapaz, e irresponsable en el ejercicio de un cargo público. Justificaciones van y vienen, mientras nuestros niños y jóvenes siguen siendo víctimas de las drogas y de las balas perdidas.

Los constantes golpes al narcotráfico no deberían ser, únicamente, motivo de celebración para nuestras autoridades que sabemos convocan a conferencia de prensa para mostrar con orgullo, los frutos del trabajo de nuestros oficiales.

También debería ser motivo de reflexión y análisis por cuanto reflejan un incremento en el uso de nuestro país como puente para el traspaso de drogas entre las Américas. Además evidencia que las cantidades de estas sustancias ilícitas que flagelan nuestra sociedad, son cada vez mayores.

Se ha convertido de esta forma este bello país en un estratégico punto de bodegaje en el mapa de los grandes narcotraficantes a nivel internacional ¿Qué estamos haciendo al respecto? ¿Qué deberíamos hacer? De momento ante la criminalidad, el incremento en la violencia, urgen acciones, sin permitir que se politice algo tan esencial, como la seguridad ciudadana.

Una de las cosas es la que hemos particularmente insistido es, en que se debe preponderar la prevención, el trabajo coordinado, producto de una Política de Estado. Es urgente que definamos como país una ruta, un norte, un plan de seguridad. El hecho más reciente, indistintamente de los antecedentes de las personas involucradas, se presentó frente a un centro educativo; mismo que partiendo de las declaraciones que dio una funcionaria de dicho centro educativo en un medio de comunicación, no cuenta con un protocolo de atención de emergencias de esta naturaleza. No es lo mismo, un temblor, y/o un incendio, a una balacera.

Por otro lado, el citado evento reciente que acapara toda la atención mediática y genera diversas reacciones, se dio en la comunidad de Escazú. Lo cual debe llamarnos la atención en lo siguiente: No solamente en los barrios marginales se presentan este tipo de situaciones. Inclusive, si hacemos un pasaje por la historia, podemos encontrar que los grandes “capos” de la droga y otros peligrosos delincuentes se instalan en residenciales que les aseguren cierta tranquilidad, discreción y “clase”. Se asume erróneamente que los delincuentes únicamente pueden ser aquellos que habitan en las comunidades vulnerables.

Los factores que originan la conducta sociópata constituyen una larga y gruesa lista, llena de ítemes complejos que van desde la falta de oportunidad para suplir las necesidades básicas, hasta disputa por territorios para la venta de psicotrópicos. No hay utilidad alguna en conocer el causal del accionar criminal si no se implementan herramientas de prevención para evitar, o en primera instancia, minimizar el índice delictivo.

La Policía de Control de Drogas (PCD) desarticula constantemente grupos dedicados a la distribución de drogas, pero de inmediato surgen nuevos grupos, inclusive muchas veces surge la disputa de territorio entre estos nuevos grupos que intentan acaparar el mercado; o sea, hay mercado, de no haberlo no habría tales disputas.

La represión es un instrumento partícipe en el actuar policial, como resultado de las acciones que debe emprender el Estado para repeler la criminalidad, pero no debe ser la única estrategia. La policía judicial tiene por competencia la represión y la persecución de los delitos. La policía Administrativa por su parte, tiene la competencia de prevenir con su sola presencia la comisión de delitos. Sin embargo, deben trabajar juntas la información criminal que permita articular acciones en favor de la seguridad común.

La represión viene siendo la tónica, misma que alcanza inclusive a las personas que integran las fuerzas de policía civilista, que paradójicamente son el “brazo fuerte” del Estado. Cada vez que se deja en indefensión a un funcionario de cualquier cuerpo policial, se debilita la actuación de todas las policías y se favorece la actividad criminal. El Estado debería por el contrario dotar de herramientas técnicas, logísticas y jurídicas a los cuerpos policiales

Estamos avisados. ¡Tercer año de pandemia por homicidios!

Mainor Anchía Angulo,
Policía-Directivo Nacional de ANEP
mainoranchia@anep.or.cr

A partir del 1 de junio
Nos van a rebajar el salario
Por eso es necesario
Que salgamos a protestar
No podemos dejar
Que nos impongan un aumento
Con el trillado cuento
Que el régimen va a quebrar
Tenemos que presionar
A la Junta Directiva
Para que ordene una exhaustiva
Y detallada investigación
Por ninguna razón
Vamos a permitir
Que nos vayan a subir
La cotización
Nuestra posición
Es rechazar las pensiones
Que le generan millones
A políticos y magistrados
Ya estamos cansados
De esa barbaridad
De ahí la necesidad
Que el próximo 22
A una sola voz
Y sin ningún tapujo
Digamos no al aumento
Y a las pensiones de lujo.

En su tercer mensaje de rendición de cuentas de la acción gubernativa a su cargo, el señor presidente Solís Rivera reiteró (por cuarta vez, nos parece) su respetuosa solicitud a la junta directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) para que no le rebaje a toda la clase trabajadora asalariada de este país (empleo público, sector privado, asegurados por cuenta propia-independientes), un 1% de cada salario total a partir del 1 de junio; pretendiendo la Caja tapar el tortón financiero del régimen de pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM-CCSS).

Hasta el momento no le han hecho caso. La autoridad presidencial está pintada en la pared para los nueve directivos de la Caja. ¡Así parece!

Que la directiva de la Caja revierta, anule, quite esa amenaza de reducción salarial generalizada del 1%, a aplicarse en próximos días (a partir del 1 de junio), es un requisito fundamental y esencial para creer que la mesa de diálogo sobre el futuro de IVM-CCSS dejará de ser una farsa y que, en verdad, la Caja no está manipulando la buena fe negociadora a fin de que se le legitime, por un lado, esa arbitraria decisión ya tomada en contra del pueblo trabajador asalariado; y, por otro, como para que nadie pregunte qué fue lo que pasó como para que actualmente ese régimen de pensiones esté en crisis, luego del destape de un presunto hueco financiero del millón de millones de colones, ¡de un billón de colones!, conservadoramente hablando. Así lo dicen los prestigiosos especialistas que vienen denunciando semejante barbaridad.

Desde el pasado 21 de marzo, la corriente sindical Patria Justa planteó dos condiciones fundamentales para participar en ese diálogo sobre el futuro de IVM-CCSS. Precisamente lo de quitar el 1% fue una de ellas.

La otra, que más sectores debían estar en ese diálogo y, particularmente, insistimos en la participación activa y como un actor más en la mesa (no mediador) de la Iglesia Católica.

Si ambos aspectos se materializaran, entonces podríamos estar de cara a un verdadero diálogo social, transparente y altamente representativo.

Al parecer quienes sí están sentados ya en la mesa de diálogo han instado a la directiva de la Caja para que adopte, jurídicamente hablando, estas dos condiciones convirtiéndolas en acuerdo oficiales, así votados en una de sus sesiones. Pero notemos cómo la Caja concibió esa mesa de diálogo para, al final, manejarla ella porque lo que los diversos actores definan en la misma serán solamente instancias.

Por eso hemos afirmado desde el 21 de marzo que en la cancha marcada que la Caja le definió, la mesa de diálogo sería una farsa negociadora y que, por tanto, al menos, se requieren esas dos condiciones fundamentales para que pase a ser algo más real y de fuerte contenido: sin el 1% y con más y calificados actores.

Luego de la histórica homilía de monseñor José Rafael Quirós Quirós, arzobispo de San José, del pasado 1 de mayo, la Iglesia Católica estaría entrando por la puerta grande a ese diálogo social. Esto es bueno para la clase trabajadora. Pero nos preguntamos: ¿le pasará lo mismo que al propio señor Presidente en que esa “república independiente” que es la Caja no le hace caso?…

También se ha instado a la directiva de la Caja que permita la presencia del Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu), de la Defensoría de los Habitantes de la República, de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), de la Comisión Nacional de la Persona Adulta Mayor (Conapam). Acertada instancia, decimos nosotros, pero todavía algunos relevantes sectores como el de los trabajadores y productores agrícolas quedan por fuera de la negociación, como atinadamente lo señaló monseñor Quirós.

Aunque la directiva de la Caja quitara ese 1% y aunque entraran todos esos (y otros) sectores, tan calificados al proceso de diálogo, falta un actor fundamental, de primerísimo orden e imprescindible en todo esto: ¡es usted!

¡Sí, usted! Como persona trabajadora asalariada del empleo público, del empleo privado y como persona asegurada independiente.

Repetimos: falta usted en este proceso para que ese diálogo social sobre el futuro del IVM-CCSS tenga real poder decisorio y no se quede en instancias que la directiva de la Caja pudiera no considerarlas, burlándose de la buena fe de todo mundo. Debemos pensar que vamos a tener que movilizarnos con esta finalidad y en el corto plazo.

Cada persona trabajadora asalariada del sector público, cada empleado público y cada empleada pública debe preocuparse, seriamente, de los diferentes planteamientos que ya están formulando y que próximamente presentarán de manera más insistente, los aspirantes presidenciales que se disputarán el máximo cargo ejecutivo del Estado en las elecciones generales del 2018.

No se puede otorgar el voto presidencial así porque así, sin pensar en la imperiosa necesidad de conservar el empleo en tiempos de desempleo creciente; sin pensar en el ingreso salarial cada vez más limitado, endeudado y congelado; sin pensar en las responsabilidades familiares dependientes, aunque sea en estas condiciones de empleo público inmerso en la incertidumbre y de salario demasiado comprometido y con problemas de liquidez.

¡Dejémonos de cuentos! La verdad es que hoy en día por una serie de razones que no viene al caso comentar a propósito de este artículo, prácticamente todo el pueblo trabajador asalariado vive en alto endeudamiento por diversas circunstancias; y el empleo público, aunque inmerso en ese mar de incertidumbre todavía ofrece relativa seguridad… para medio comer (en no pocos casos) y para pagar deudas (en la mayoría de los casos); además de aportar, puntualmente, en el pago de impuestos de los cuales no hay escapatoria, como los de venta y renta (cuando corresponde por nivel salarial).

Por tal razón, nuestra recomendación es tener presente las siguientes consideraciones ante el proceso electoral ya en desarrollo. Además, luego del aquelarre político-parlamentario del primero de mayo, como que hay demasiado de qué preocuparse en esto de tener condición asalariada de empleo público.

No. 1: Hágale la señal de la cruz al candidato presidencial (y/o a sus más cercanos políticos) que plantee que hay relación entre los salarios del empleo público y el déficit fiscal. Hemos demostrado muchísimas veces que no hay vínculo estructural al respecto. Esta propuesta política no debe triunfar en las elecciones de febrero del 2018. Así de contundente hay que plantearlo.

No. 2: No permita que le arrastre la matriz político-mediática de la muletilla “no más impuestos”. El político que la esté pronunciando merece su desconfianza porque el “no más impuestos” no puede concebirse como algo neutral. Incluso hay colegas sindicalistas que caen en la trampa del discurso neoliberal del “no más impuestos”.

Hay una clase de impuestos que es preciso establecer y que sí se debe apoyar; que no son los impuestos que ya paga el trabajador puntualmente y que no puede evadir (renta y ventas).

Esa clase de impuestos que sí se ocupan son los destinados a gravar las grandes fortunas, los grandes capitales, a las ganancias que son de un mismo dueño (o dueños) pero provenientes de diversas fuentes productivas, comerciales /o financieras sin aparente relación de propiedad entre sí; y que son declaradas en varias sociedades, presuntamente distintas, para engañar al fisco, aunque con marco legal de por medio que lo permite actualmente.

No es lo mismo para un único propietario o grupo de propietarios capitalistas tributar por separado sobre sus ganancias diversas que unificar éstas, quedando evidenciado el tamaño real de sus fortunas y/o fuentes de ingresos y ponerles a pagar lo que en realidad corresponde.

Se trata de establecer el impuesto conocido como renta global o universal que es un tipo de impuesto que sí necesita la sociedad y que afecta “a los y a las de arriba”, únicamente. ¡Veamos cómo el “no más impuestos” es tramposo!

No. 3: En tal sentido, hay que identificar para no darle el voto a aquellas ofertas presidenciales-electorales que tienen este discurso: “hasta que no haya empleo público no habrá impuestos”.

Aquí hay dos trampas en contra de quienes son personas asalariadas del sector Público. La primera trampa es que quieren reducir, mermar, precarizar el salario del empleo público para ir avanzando hacia los pobres niveles salariales del sector Privado en actividades relativamente similares en uno y otro sector.

La segunda trampa es para que nunca avance en el parlamento ningún proyecto de ley que cambie el sistema tributario y que ponga a pagar, como debe ser, a los que más tienen y/o que esconden, eluden o evaden para no pagar lo que les corresponde. Por ejemplo, que nunca se dé la ley de la renta global o universal.

Buscan usar el tema del salario del empleo público como escudo en contra del avance de impuestos como la renta global o universal, lo que significaría un paso adelante para transitar de un sistema tributario regresivo a uno progresivo.

Para explicarnos mejor: imagine usted un candidato presidencial de gran capital empresarial, con gran fuente de ingresos por estar en el negocio inmobiliario (por ejemplo, alquilarle edificios al Estado); y que, además, tiene inversiones en el sector financiero (el más rentable de todos los que propician acumulación de capital en el tiempo más corto).

Con el sistema impositivo actual tributa por aparte en cada una de esas actividades generadoras de sus rentas, de sus ganancias. Con renta global tendría que tributar sumando las tres fuentes pues así quedaría más evidente la enorme riqueza que tiene al verse el tamaño real de su fortuna, misma que acumula con las tres fuentes juntas, pero por las cuales hoy en día tributa por separado.

¿Cuántos políticos presidenciales, sus socios de campaña, sus financiadores estarán en la misma condición que el ejemplo anterior? ¡No son pocos! Y todos ellos hablan del plus salarial de las anualidades, del de la dedicación exclusiva, del de los riesgos, del de la prohibición y otros, como los culpables del déficit fiscal.

¿Votará usted por una propuesta electoral en contra suya, en contra de su salario? ¿Se pondría usted “la soga al cuello”, laboral y salarialmente hablando, cuando le quieren trasladan una culpa por un problema que usted no generó (el déficit fiscal); y, además, le piden apoyo electoral para llevarlos a la silla presidencial para su propio perjuicio y el de su familia…

El tema del déficit fiscal es algo serio realmente, que preocupa demasiado. Ninguna acción sindical que se precie de responsable debe mirar para otro lado en tal sentido. Pero esto se aborda desde otra perspectiva, radicalmente diferente a la de la relación con el empleo público.

¡Qué va! Con relación a ese tipo de candidaturas presidenciales debemos estar pendientes, minuto a minuto, hora tras hora, día tras día, semana tras semana y mes tras mes, de aquí a febrero de 2018. ¡Escúcheles! ¡Sígales la pista! Nosotros nos encargaremos de ayudarle.