Ante la falta de argumentos lanzan cortinas de humo

En este momento, es de dominio público, que existe una investigación penal, por presuntos nombramientos ilegales, uso de documento falso y falsedad ideológica, en el Ministerio de Seguridad Pública, en contra de algunos “Altos Mandos” del MSP. La causa se investiga bajo el expediente N° 14-000411-619-PE.

La investigación cuenta ya, con un informe preliminar del Organismo de Investigación Judicial y recientemente, la fiscalía adjunta de San José, procedió a notificar el secuestro de documentos, en la Escuela Nacional de Policía, así como en la Dirección de Recursos Humanos del MSP.

Es claro que, de momento, se trata únicamente de una investigación; no obstante, existe la presunción de actos contrarios al deber de probidad, los cuales deberá acreditar o desestimar el Ministerio Público.

No me es ajeno el riesgo que se asume, al enfrentar una “cúpula”, que por años ha manejado las cosas a su antojo, sancionando al de a “pie”, aunque las pruebas le favorezcan, y exonerando al de “rango”, aunque las pruebas le incriminen. Mi trayectoria como policía, se caracterizó por la lucha frontal al contrabando, al narco-menudeo, y al trabajo conjunto con el OIJ y el Ministerio Público.

De eso pueden dar cuenta, funcionarios de dichas dependencias. Además de las comunidades de Volcán, Sierpe, Palmar Norte, Ciudad Cortes, Piedras Blancas y Buenos Aires.

Ante la falta de argumentos, pretende ahora alguno (a) de los (as) investigados (as) ensuciar mi lucha, al traer a colación un proceso disciplinario del año 2010, del cual resulté exonerado. Que bajo llegaron señores y señoras; pero se equivocan una vez más; porque si bien, el proceso fue muy doloroso, el suscrito tiene la cabeza en alto, ya logré demostrar mi inocencia, siendo que inclusive, el Departamento Disciplinario, en aquel momento, recomendó mi EXONERACIÓN. El hecho de que el Consejo de Personal quisiera otra cosa, no me hace culpable; es lo normal en ese órgano.

Así que, al igual que aquella vez, hoy la verdad me respalda. Esa verdad, es la que me permite tener autoridad moral, para hacer lo que hago; esa autoridad moral, es la que me permite decirles: “deberían dejar sus cargos”.

Ustedes (quienes se den por aludidos) sigan en su juego sucio, que yo seguiré haciendo mí trabajo, buscar la verdad y favorecer la justicia. Porque eso me dictan mis principios.

!(left)/wp-content/uploads/media/pictures/2017/02/Denuncia fue presentada desde el 2014.jpg(denuncia)!

Exportación bananera récord: El papel obrero

¡986 millones de dólares! ¡Sí, dólares! Tan grande cantidad en colones, al tipo de cambio por estas fechas (566 colones por dólar, más o menos), nos indica de una suma gigantesca en moneda nacional: ¡558 mil 76 millones de colones! En números: 556.076.000.000.

Esos 558 mil 76 millones de colones, casi es el equivalente a dos puntos del Producto Interno Bruto (PIB), actual de la economía nacional; si consideramos que cada punto porcentual de PIB es como de 300 mil millones de colones (300.000.000.00).

¡Bueno! ¿Y estas cifras, qué? Esta enorme cantidad de dinero corresponde al total de ingresos provenientes de la exportación de banano para el año pasado 2016, según datos que aportó la Corporación Bananera Nacional (Corbana), entidad pública no estatal que se encarga de la promoción del sector bananero del país. Una información al respecto la dio a conocer el matutino La Nación, el pasado sábado 11 de enero de 2017.

Según se indica en la nota de prensa, en la citada actividad se emplean unas 43 mil personas de manera directa, la abrumadora mayoría de ellas son obreras bananeras que se desempeñan directamente en las plantaciones, en los sembradíos; personas trabajadoras asalariadas que, de sol a sol, vendiendo su fuerza de trabajo, generan la acumulación de capital tan gigante como lo es esa suma de 558 mil 76 millones de colones.

Una simple operación aritmética, digamos que sin rigurosidad científica, pero que sirve para calibrar el impacto de la fuerza obrera en la producción bananera nacional de cada una de esas 43 mil personas empleadas directamente en la misma, nos habla que cada una de ellas genera, con su fuerza de trabajo, casi 13 millones de colones per cápita.

Por supuesto que la diversidad de factores intervinientes en este proceso productivo indica que esa altísima productividad bananera corresponde a una estrategia integral que los combina; pero lo que resulta fundamental, lo esencialísimo, lo imprescindible, es la intervención de las personas obreras bananeras en la producción.

Los trabajadores y las trabajadoras de las plantaciones bananeras, en la clásica acepción del concepto trabajador, del concepto obrero, con base en las terminologías legales-judiciales, sociológicas y económicas y, por supuesto, las ideológicas; requieren una profunda reivindicación, también integral.

Ello para entroncar su estratégico rol generador de ese nivel de archimillonarias ganancias producto de la venta de su fuerza de trabajo, con la imperiosa necesidad de que tengan acceso, al máximo, de los alcances de las estipulaciones de la política de Trabajo Decente que promueve la Organización Internacional del Trabajo (OIT), política que ya es de Estado para el caso costarricense.

A la vez, que imprimirle a su labor un concepto integral de cobertura bajo los principios de los Derechos Humanos universalmente reconocidos; y, para garantizar, sin presiones ni represiones, la protección legal esencial por la única vía legítima para ello: el sindicato.

La gigantesca generación de ingresos de la actual explotación bananera nacional que (repetimos), casi es de 3 puntos de PIB, se materializa en los cantones de Sarapiquí, Siquirres, Guácimo, Matina, Limón, Talamanca, Parrita, Corredores y Palmar Sur.

En casi todos ellos y en el día a día se libra una lucha, dura y sistemática, para que haya pleno respeto a la condición obrera del trabajador bananero y de la trabajadora bananera, mediando la actividad de activistas y militantes sindicales; luchas que acuerpadas por las distintas organizaciones que les agrupan, podrían considerarse como heroicas dadas las difíciles condiciones que enfrenta su quehacer, si las comparamos con lo que les toca vivir a sus homólogas del sector público.

El sindicalismo bananero costarricense, con sus altos y bajos y a lo largo de décadas, ocupa sitiales de honor en la historia obrera y social del país. Muchas vidas sacrificadas; incontables e inenarrables sufrimientos, exclusiones, vejaciones, humillaciones y violaciones. Sin embargo, el sindicalismo bananero ¡está vivo!´.

El récord de la exportación bananera costarricense que se dio en el 2016 indica de la extraordinaria oportunidad de su potenciamiento en las nuevas condiciones sociohistóricas que estamos viviendo; camino este de potenciamiento que ya empezó a transitar una importante cantidad de sus afiliados y afiliadas, de sus dirigentes, de sus líderes y lideresas.

Patria Justa invita al papa Francisco a visitar Costa Rica

El Colectivo Sindical PATRIA JUSTA ha enviado una carta al papa Francisco invitándole a visitar Costa Rica, aprovechando su estadía en Panamá, en el mes de enero de 2019 y con ocasión de la nueva versión del importante evento católico Jornada Mundial de la Juventud.

La carta del Colectivo Sindical PATRIA JUSTA dirigida al Santo Padre le será entregada a él por los obispos costarricenses que por estos días se encuentran en la Ciudad-Estado del Vaticano, cumpliendo con la “visita ad limina” que cada quinquenio deben realizar hasta la sede del papado católico.

Según la Enciclopedia Católica On Line «Omnia Docet Per Omnia”) (ecwiki), “Visita ad limina significa, técnicamente, la obligación impuesta a ciertos miembros de la jerarquía de visitar, en tiempos determinados, ‘los umbrales de los Apóstoles’, santos Pedro y Pablo, y de su presentación en persona ante el Papa para dar cuenta del estado en que se encuentran sus diócesis. El propósito de la visita no es simplemente la peregrinación hacia las tumbas de los apóstoles, sino, sobre todo, mostrar una adecuada reverencia hacia el sucesor de San Pedro, para prácticamente reconocer su jurisdicción universal, dando cuenta de la condición de iglesias particulares, recibir exhortaciones y consejos y así unir más estrechamente los miembros de la Iglesia a su Jefe divinamente designado”.

La carta del Colectivo Sindical PATRIA JUSTA que llevan los obispos costarricenses dice lo siguiente: “Santo Padre, Ciudad del Vaticano. Querido Papa Francisco: Gracias por su bello, humano y motivador compromiso con los más pobres, excluidos y descartados en todas las periferias del mundo. Su testimonio inspira a los que dedicamos nuestras vidas en favor de las personas trabajadoras y sus familias a las que representamos.

En Costa Rica disfrutamos de la herencia de un pastor con olor a oveja, II Arzobispo de San José, Mons. Víctor Sanabria Martínez, que en un momento crucial para la historia patria, con su magisterio y sus opciones pastorales, fortaleció la seguridad social y un Estado Social de Derecho que ha procurado la paz y la justicia social.

De ahí que, la clase trabajadora costarricense valora los aportes de la Iglesia Católica desde su Doctrina Social. Desde finales del siglo XIX por medio de la Encíclica Rerum Novarum; y del siglo XX con la Encíclica Laborem Exercens se evidencia el apego permanente de la Iglesia Universal por la defensa de la solidaridad, el bien común y el beneficio para el mayor número de personas, siguiendo los principios bíblicos al respecto.

Por supuesto que, en ese contexto, sobre los aportes de la Iglesia Católica, la Encíclica de su autoría, Laudato Si, sobre el cuidado de la Casa Común y particularmente lo referente al concepto del Bien Común, en los puntos 157 y 158; nos orienta para que todos los sectores de la sociedad costarricense nos guiemos bajo este concepto.

La desigualdad de ingresos se presenta a nivel mundial; sin embargo, nuestro país, para el período 2001-2011, es el único en la región latinoamericana que aumentó el coeficiente de Gini, lo que indica claramente la creciente desigualdad que vive Costa Rica y esta situación lleva a evidenciar la realidad de la clase trabajadora costarricense, siendo que sólo un 38.8% de las personas trabajadoras asalariadas goza de todos los derechos laborales legales y un 6.5% ni siquiera tiene un solo derecho. Estos datos los proporcionó el Programa Estado de la Nación, 2013, en el Decimonoveno Informe Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible. San José.

Lo anterior nos obliga a propiciar un diálogo nacional en el que necesariamente deben de participar todos los sectores de la sociedad costarricense, con el fin de buscar conjuntamente reorientar el camino en donde impere el bien común. Conocedores y conocedoras de su enorme compromiso con las clases desposeídas y más necesitadas de la justicia social, es que le presentamos formal invitación para que su Santidad nos honre con una visita a Costa Rica y facilite ese necesario, importante e impostergable diálogo social. Sin otro particular, con todo el respeto y consideración no nos olvidamos de orar por su ministerio Petrino”.

Los obispos costarricenses que llevan la carta del Colectivo Sindical PATRIA JUSTA, por su propia iniciativa ya habían decidido invitarle a visitar nuestro país. Son ellos: monseñor José Rafael Quirós Quirós, Arquidiócesis de San José; Fray Gabriel Enrique Montero Umaña, Diócesis de San Isidro de El General; Oscar Fernández Guillen, Diócesis de Puntarenas; José Francisco Ulloa Rojas, Diócesis de Cartago; Manuel Eugenio Salazar Mora, Diócesis de Tilarán-Liberia; Ángel San Casimiro Fernández, Diócesis de Alajuela; José Manuel Garita Herrera, Diócesis de Ciudad Quesada; y, Javier Román Arias, Diócesis de Limón.

Recordemos que el Colectivo Sindical PATRIA JUSTA está integrado por: la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP); el Frente Interno de Trabajadores y de Trabajadoras del Instituto Costarricense de Electricidad (FIT-ICE), el Sindicato Nacional de Enfermería (SINAE); el Sindicato de Trabajadores de JAPDEVA y Afines Portuarios (SINTRAJAP); el Sindicato de Trabajadores Agrícolas y de Plantaciones (SITRAP); el Sindicato de Trabajadores Petroleros, Químicos y Afines (SITRAPEQUIA; Sindicato Pro Trabajadores del Consejo Nacional de Producción y de la Fábrica Nacional de Licores (SIPRO-CNP); y, la Unión del Personal del Instituto Nacional de Seguros (UPINS).

El Colectivo Sindical PATRIA JUSTA, mismo que representa a miles de personas trabajadoras costarricenses asalariadas creyentes en Dios, cristianas y católicas agradece a los honorables obispos de la Conferencia Episcopal de Costa Rica (CECOR), transmitirle de manera directa al papa Francisco nuestro mensaje obrero-social.

Especialmente, reconocemos en el señor Arzobispo de San José, monseñor José Rafael Quirós Quirós, su respetuosa escucha, su paciente sensibilidad y su valiosa intervención en varias de las circunstancias difíciles que la lucha social en Costa Rica ha estado viviendo por todos estos últimos meses.

Los altos salarios en el olimpo estatal

Uno de los ámbitos del álgido, controversial y conflictivo tema del empleo público en nuestra sociedad tiene que ver con los salarios y/o las remuneraciones que se le paga a la alta cúpula político-gerencial y tecnocrática del Estado, lo que llamamos el olimpo estatal.

Sin embargo, en la pasada (pero no acabada) discusión pública con relación al expediente legislativo No. 19.506, conocido por nosotros como “ley contra el empleo público” (aunque su nombre oficial fue es “Ley para el ordenamiento de las retribuciones al salario base del sector Público”), prácticamente quedaban “excluidos” de esta los altísimos salarios de la indicada cúpula.

Recientemente se encendieron las alarmas en el mundo sindical y sociolaboral del sector público ante el surgimiento de otro proyecto sobre empleo público, expediente legislativo No. 19.156; número éste muy similar al llevado y traído 19.506.

Este nuevo proyecto, 19.156, tenía como nombre al momento de su presentación a la corriente parlamentaria el día 16 de junio de 2014, “Ley de límites a las remuneraciones totales en la función pública”. Bajo tal concepto, el camino para la inserción en el sistema jurídico nacional del congelamiento salarial para todas las personas funcionarias públicas, sin excepción, quedaba peligrosamente abierto, teniendo acceso a su articulado completo y a la intencionalidad que le animaba.

Los proponentes de este “nuevo” expediente de empleo público, la fracción parlamentaria del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) indicaron en el artículo 1 del mismo lo siguiente: “La remuneración total de los funcionarios públicos en jornada ordinaria y de los jerarcas de los Poderes del Estado y de la Administración Pública; no podrán superar el equivalente a más de dieciocho salarios mínimos mensuales para la categoría laboral de menor ingreso en el sector privado (trabajadores no calificados genéricos)”. Nótese la alusión a “los funcionarios públicos” ligado por medio del “y”, a “los jerarcas de los Poderes del Estado y de la Administración Pública”.

En teoría, la idea original fue según el PUSC, que la máxima cúpula político-gerencial y tecnocrática del Estado gane solamente un poco más de 5 millones de colones, no más; considerando que ese salario mínimo del sector privado de que habla el indicado proyecto anda en estos momentos por los 293 mil colones. El resto del texto del proyecto somete a este tipo de “salariazos” a un congelamiento que no los haga llegar a 6 millones, a 7 millones, a 10 millones o hasta más, como existen casos actualmente.

Una fuerte reacción por parte de la corriente sindical en la cual militamos y a la cual representamos generó un intercambio de pareceres con el señor diputado don Gerardo Vargas Rojas, actual jefe de la fracción parlamentaria del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), a iniciativa de él mismo y en su propia oficina, en la mañana del pasado miércoles 1 de febrero de 2017.

El título original de ese expediente 19.156, “Ley de límites a las remuneraciones totales en la función pública”, pasó a ser producto de ese diálogo, “Ley de límites a las altas remuneraciones totales en la función pública”; y, además, se adicionó un párrafo al final del artículo primero de este para que diga así: “Se excluye del alcance de esta ley las remuneraciones totales inferiores al equivalente a los dieciocho salarios mínimos mensuales para la categoría laboral de menor ingreso en el sector privado (trabajadores no calificados genéricos)”. Es decir, el congelamiento salarial en realidad sería para los salarios equivalentes o superiores a los dieciocho salarios mínimos del sector privado en la categoría genérica de trabajador no calificado.

La fracción parlamentaria del Partido Frente Amplio también había presentado en la corriente legislativa una iniciativa con similar propósito, es decir, para limitar los altísimos salariazos en el Estado. Su proyecto se titula “Ley de eficiencia salarial en las remuneraciones totales de los funcionarios públicos y de los jerarcas de la función pública”. Es el expediente legislativo No. 19.883, presentado el 24 de febrero de 2016.

Como se podrá notar, también en este expediente se habla, por un lado, de los “funcionarios públicos” y, por otro, “de los jerarcas de la función pública”.

Según nuestro modesto entender, el gran enojo ciudadano y la gran indignación obrera, tanto al interior del sector público como al del sector privado en esto de los salarios en Costa Rica, tiene que ver con esos altísimos salariazos de más de 5 millones de colones; salariazos sumamente superiores a los que ganan el propio Presidente de la República, sus ministros y viceministros y los propios diputados y diputadas de la República. Este es el objetivo fundamental para legislar ejemplarizantemente en esto de los altísimos salariazos en la cúpula político-gerencial y tecnocrática del Estado.

En tal sentido, esperamos que la palabra empeñada por el señor diputado del PUSC, don Gerardo Vargas Rojas, sea honrada a plenitud. Esperamos, respetuosamente, que las nobles y transparentes intenciones del proyecto del Frente Amplio potencien la apertura del espacio político necesario para parar ese gran fiestón salarial en el olimpo del empleo público, como ha acontecido recientemente, nada más y nada menos que en el Banco Central de Costa Rica (BCCR).

Inseguridad y formación policial

Nuestro país enfrenta un alto índice de criminalidad, los últimos dos años (2015-2016) de conformidad con los parámetros establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS), alcanzamos cifras con categoría de pandemia por la cantidad de homicidios registrados.

Ante esta cruda realidad las autoridades del Ministerio de Seguridad Pública, invocaron la inyección de recursos que permitieran la contratación de más policías, ciertamente hacen falta policías producto del alto índice de deserción, las bajas por jubilación, así como las pérdidas provocadas por algún fatal accidente.

Sin embargo, ante la improvisación que se observa es evidente que seguimos ayunos de una política de Estado en materia de seguridad ciudadana, dicha política debería contemplar no solamente la estrategia para mitigar la actividad criminal, sino también definir el perfil del policía, la edad idónea, el tiempo de formación requerido para una adecuada y profesionalizada formación.

Sin lugar a dudas, el país urge de mejorar en materia de seguridad, pero no se puede omitir que la función policial requiere cada día de mayores y mejores herramientas, o sea, no se resuelve el tema de la inseguridad con mostrar mayor presencia en las calles con funcionarios que no completan el proceso de formación, eso sería “atacar” la percepción ciudadana.

El crimen organizado, la incursión del narcotráfico, las más sofisticadas formas de delinquir hoy en día, ameritan que entendamos que la seguridad ciudadana no es únicamente un asunto de números, se requiere de continuar con el espíritu de profesionalización que pensaron nuestros legisladores al promulgar la Ley General de Policía nº 7.410, misma que data de mayo de 1994 (22 años y 9 meses), evidentemente en aquel momento la situación delincuencial, los índices de violencia y homicidios eran inferiores a los actuales. Sin embargo, el espíritu del legislador fue profesionalizar la función policial, por ello resulta inaceptable retroceder en el tiempo y pensar que la medida para atacar la ola de violencia sea poner ciudadanos vestidos de policía en las calles.

Anteriormente, hemos señalado que se requiere adecuar y mejorar la malla curricular del curso básico policial, algo que se fundamenta en nuestra experiencia en el campo policial, pero también en los estudios y análisis realizados en torno al incremento en la criminalidad y en la cada vez mayor violencia con que operan los grupos delincuenciales. En este apartado debemos dejar por fuera de responsabilidad a la Escuela Nacional de Policía, por cuanto sabemos que es la Dirección de la Fuerza Pública la que define cuánto personal se capacita y en cuanto tiempo debe salir a la calle, aunque la norma diga otra cosa.

En la anterior administración, China dono $16,3 millones, adicionales a los $25 millones que habían comprometido para construir una moderna Escuela Nacional de Policía. O sea, se construye una escuela de primer nivel, pero no se piensa que ese primer nivel deba ser acompañado de una mayor capacitación.

La malla curricular debería incluir; más tiempo de capacitación en defensa personal, manejo ofensivo y defensivo de armas de fuego, atención en caso de desastres, manejo de secuestros, control del enojo, resolución de conflictos, manejo de vehículos de emergencia, primeros auxilios y mayor tiempo en brindar conocimientos legales a los reclutas. Algunas de las citadas materias forman parte del curso básico, pero en cantidad de horas que no representa el mejor aprendizaje. Por ejemplo, podríamos ver el tiempo requerido para obtener la cinta amarilla en alguna rama de la defensa personal.

Pero ante la falta de una política en la materia, se improvisa y vemos como el Ministro de Seguridad, Luis Gustavo Mata nos dice; “No es que el policía debe estar un año ahí (en el curso) un año para verlo en la calle, no tenemos tiempo, el país necesita ver la contratación en la calle” no parece comprender el jerarca que entre mejor formados estén nuestros policías, mejor será el servicio y la respuesta que se brinde en la materia.

Es un error, pensar que se pueda resolver la inseguridad ciudadana acortando o fraccionando la formación policial, cuando por el contrario debería ampliarse su malla curricular en atención de la realidad social del momento. La función policial tiene implícito el riesgo de enfrentarse a delincuentes que cada vez usan mejores armas, mayor tecnología y muestran menos respeto por la vida. La función policial se relaciona directamente con la protección a la vida, por tanto, se debe asumir con seriedad el tema ¿Será que un estudiante de medicina pueda operar por falta de médicos en algún hospital?

Por otro lado, la deserción policial muestra cifras que deberían servir para revisar algunas cosas, por ejemplo; ¿Por qué se da tanta deserción? La misma administración habla de un aproximado de entre 480 y 600 policías que desertan por año. Podría ser por un tema de salario, por malas condiciones, producto de mal ambiente laboral, e inclusive por ausencia de vocación, lo cierto es que deberían analizarse las causas, a efectos de que la inversión hecha por el Estado en capacitación no se pierda, de lo contrario será como echar agua en un canasto, puesto que nunca se dejará de tener déficit de policías y seguiremos escuchando decir que se necesita dinero para hacer nuevas contrataciones.

Resulta interesante de analizar, porque al mismo tiempo que se observa un alto índice de desempleo, el Ministerio de Seguridad Pública requiere de pautas publicitarias para motivar que la población se interese por ser parte de la Fuerza Pública. Por ello reitero, es necesario mejorar las condiciones de los policías activos, que sus derechos sean respetados, que la administración deje de considerarlos un “número”, es evidente que la vocación es importante para cumplir tan importante función.

“No es más seguro el país que más policías tiene, sino el que menos delincuencia produce”

Déficit fiscal y diálogo social

Ya es innegable la derrota política que ha sufrido la perversa campaña de agresión psicológica y de terrorismo ideológico en contra del empleo público; la más feroz, injusta, infame e injuriosa de toda la historia del papel del Estado en la sociedad.

Esta derrota queda materializada en la inviabilidad política para la aprobación del expediente legislativo No. 19.506 conocido por nosotros como “ley contra el empleo público”. Cuatro circunstancias así lo muestran:

A) El desenmascaramiento de que este proyecto fue utilizado como chantaje político neoliberal para imponer nuevos impuestos.

B) La carta diputadil con 22 firmas explícitas contrarias a que se le diera tramitación legislativa rápida (más diez comprometidas u obligadamente comprometidas).

C) El retiro presidencial del trámite del proyecto en el actual período parlamentario de sesiones extraordinarias.

D) Y, por supuesto, la férrea oposición unitaria obrero-laboral más que evidente, constatan la muerte política de esta intentona antisindical.

A como vemos nosotros las cosas, se abre paso a que nos replanteemos muchos aspectos en torno a los grandes problemas nacionales que nos están afectando en la actualidad, dentro de los cuales y según nuestro criterio el más relevante es el de la desigualdad y su crecimiento sistemático y sostenido.

Según nuestra visión-país la parte más dramática de esa desigualdad es la naturaleza injusta del sistema tributario costarricense; mismo que (como lo hemos indicado tantas veces), hace que paguen más los que menos tienen (proporcionalmente hablando), por un lado; y, por otro, que los que deben pagar de acuerdo a sus posibilidades reales evadan, eludan o del todo no pagan nada de impuestos (se los roban).

Ahora bien, si desde la perspectiva económica hegemónicamente dominante como poder real de la sociedad, el déficit fiscal es el problema supremo, éste mostró dos partes al finalizar el 2016.

El déficit llamado primario, que es el que no incluye el pago de intereses de la deuda pública; y el déficit que incluye las erogaciones por concepto de honrar esos intereses.

Según los datos oficiales del Ministerio de Hacienda, el déficit primario fue de 2.4 puntos de Producto Interno Bruto (PIB); el otro, con el pago de intereses incluido, fue el de 2.8 puntos PIB. En total, 5.2% de déficit global que seguirá creciendo porque la deuda seguirá aumentando al no haber recursos frescos para las arcas públicas.

El presente Gobierno presenta ese 2.4 puntos PIB como déficit primario luego de diversas medidas hacendarias como más controles, mejora recaudatoria, más severidad en la persecución del fraude tributario; y, sacrificando inversión pública, reduciendo gasto operativo-social y congelando salarios en la práctica.

Los 2.8 puntos PIB que se generan por pago de intereses de la deuda (que llevan la totalidad del déficit fiscal al terminar el 2016, a 5.2 puntos PIB), desnudan este rubro como el principal disparador (no los salarios) del gasto público.

Esta situación, ideológicamente manipulada pero técnicamente correcta (es decir, hay que tener recursos tributarios frescos), abre una oportunidad para el diálogo social realmente efectivo, aunque tengamos ya circunstancias políticas “contaminadas” con el proceso electoral nacional ya en desarrollo.

Si ponemos en mesa el tema del déficit fiscal para buscar un acuerdo nacional, partiendo de que hemos llegado a 5.2% PIB y, por tanto, ya nos están señalando con el dedo acusador desde las calificadoras de riesgo de inversión que podemos entrar en zona de peligro crediticio y descalificación financiera internacional; ¿cuáles podrían ser los puntos de agenda y de eventual acuerdo intersectorial y hasta político-partidista que le convenga a toda la sociedad?

Y es aquí donde ámbitos como los siguientes pueden representar una consideración relevante para tomar en cuenta quienes sí pensamos que vale la pena dialogar antes que confrontar. Veamos.

A) ¿Con cuánto porcentaje de PIB podría vivir nuestra sociedad en materia de déficit fiscal y con cuánto no?

B) Una auditoría ciudadana de la deuda pública.

C) El sistemático retraso en la ejecución de empréstitos y el gran pago de intereses y de comisiones.

D) La transformación del impuesto sobre las ventas por el lado de la progresividad y de la capacidad de ingreso.

E) La naturaleza de las transformaciones del impuesto sobre la renta pero para las partes de la gran acumulación y del desenfreno evasor.

F) Nueva metodología de cálculo del déficit considerando el 60% de la estructura financiera del Estado que no controla el parlamento.

G) Tributo especial y transitorio a las transacciones financiero-bancarias (tasa Tobin).

H) Fortalecimiento estratégico de la gestión tributaria y de la policía fiscal para sacar el mejor provecho a las leyes contra el fraude fiscal, el registro de accionistas, el impuesto a las sociedades anónimas.

I) Las zonas del empleo público que conviene fortalecer hoy muy precarizadas pero que están pensadas para, precisamente, atenuar los impactos multidiversos de la desigualdad.

J) El tema del empleo público considerado integralmente para la promoción del bien común y de la integración social.

K) La política salarial, especialmente la de los salarios mínimos pagados en la empresa privada, como mecanismo de redistribución de riqueza, de la potenciación del mercado interno y de reducción de la desigualdad.

L) La informalidad y su relación con el tema fiscal. Aquí quedamos.

Empleo público: la deuda pública llega al 45% del PIB

Los salarios o remuneraciones que se pagan a quienes laboran con cargo al mal llamado presupuesto “general” de la República decrecieron, ¡sí!, decrecieron en un 4.4% en el año 2016 con relación al 2015.

Este impresionante dato lo dio el Ministerio de Hacienda al dar un informe del comportamiento de las finanzas públicas en el año que acaba de terminar.
Este dato de decrecimiento salarial para el sector público central es el más importante de la última década. ¿Cómo no va a hacer así si los salarios están ya en práctico congelamiento?

La discutible cifra oficial de inflación es cero o cercana a cero, por un lado; y, por otro, no hay política alguna que expanda el poder adquisitivo del salario. El salario de la clase trabajadora está como en estado vegetativo. He aquí una de las explicaciones en cuanto a la situación de desigualdad creciente que vive nuestro país.

Se debe reconocer el gran esfuerzo de las autoridades político-hacendarias y tributarias del país, así como el del personal profesional-técnico y administrativo del Ministerio de Hacienda que luchan todos los días por mejorar la recaudación y por combatir a los ladrones de impuestos.

Aunque les faltan muchas armas para que tal lucha sea más eficaz y más contundente, se nos indica que de 2015 a 2016, los ingresos crecieron un 9.2% pero que los gastos en un 6%. Esto habría generado que, al terminar el año pasado, la relación ingresos vs. gastos (sin contar deuda), el déficit fuera de un 2.4% del PIB. A esto le llaman el déficit primario. Nada catastrofista.

Pero, está el pago de los intereses de la deuda pública nacional. Y es aquí donde pasamos a ver la contracara del resultado fiscal positivo del 2016 a nivel de lo que llaman déficit primario.

En la contracara de esta realidad obrero-social totalmente adversa al factor trabajador, tenemos el tema de la deuda pública del país. Según el resultado fiscal oficial para el 2016, hubo un aumento de la misma que la hizo llegar al 45% del Producto Interno Bruto (PIB).

Según la información disponible hace tan solo tres años, al cerrar el 2013, la deuda pública nacional era del 35%. Tres años después, llegó al 45% PIB.

Si un punto porcentual de Producto Interno Bruto (PIB), equivale a 300 mil millones de colones (300.000.000.000); 45 puntos representan 13 billones 500 mil millones de colones (13.500.000.000.000). Este es el monto de la deuda pública nacional y con tan gigantesca cifra, imaginemos lo que representa el pago de intereses de la misma. ¡Esto sí es algo realmente catastrófico!

Para el año pasado 2016, los 13 billones 500 mil millones de colones de esa deuda, implicaron un desembolso de pago de intereses de 2.8 puntos PIB. Es decir, 840 mil millones de colones (840.000.000.000). Esto nos obliga a pagar:

POR MES: 70 mil millones de colones (70.000.000.000). POR DÍA: 2 mil 333.333 millones de colones (2.333.333.333). POR HORA: 97 millones 222 mil colones (97.222.000). POR MINUTO: 1 millón 620 mil 370 colones (1.620.370). POR SEGUNDO: 27 mil 6 colones (27.006).

¡Esto sí es el verdadero “disparador” (palabreja de corte neoliberal) del gasto público! ¡Aquí está el corazón del déficit fiscal! ¡Mentirosos, infames, calumniadores! Este es el calificativo que merecen quienes han venido fomentando la intensa campaña de agresión psicológica y de terrorismo ideológico en contra de los empleados públicos y en contra de las empleadas públicas; campaña perversa en cuanto a que sus salarios representan el principal “disparador” del gasto público. ¡No!, el principal “disparador del gasto público son los intereses de la deuda pública.

He aquí la gran tarea histórico-social de movimientos político-partidistas de corte realmente patriótico; tarea igualmente relevante para los sindicatos con visión-país que pretenden aportar con su lucha y con sus planteamientos y propuestas para una sociedad verdaderamente inclusiva y solidaria, con eje central en la promoción del bien común. Tarea que puede ser asumida al mismo nivel por otras expresiones de la sociedad civil y de los movimientos populares que, de un modo u otro, ajustan ya bastantes años en la lucha bajo el emblema de “Otra Costa Rica es posible”.

Hemos de insistir en nuestro planteamiento de la importancia de una auditoría ciudadana de la deuda pública nacional y del pago de intereses de la misma. Sin desconfiar de los datos en poder de la cartera ministerial de Hacienda al respecto, parece imponerse un proceso político de auscultación de cómo fue que llegamos hasta aquí, al punto de cada segundo hay que pagar casi 30 mil colones de intereses por esa deuda cuya composición desconoce la gente. O el equivalente, ¡por minuto!, a unos 6 salarios mínimos fijados el sector privado de la economía.

¿Será este tema relevante para los políticos de todo signo que ya están en competencia de cara a las elecciones presidenciales y diputadiles del 2018? ¿Lo será para los liberacionistas que son los primeros en definir quién les representará para la candidatura presidencial? Parece relevante insistir en el punto en ocasión próxima.

Si usted nos honró con leer este comentario y labora para el sector Público, especialmente para el Gobierno Central y sus entidades adscritas, sepa que usted no es responsable del déficit fiscal y que, mucho menos, su salario es un “disparador” del mismo.

Luego de tantos días, semanas y meses de una campaña político-mediática infame en su contra y en contra de su familia, ¿verdad que se debe reaccionar a la misma con toda contundencia?…

IVM y el 1%

Si lo que propone la Caja
Se convierte en realidad,
Nos van a tener que mandar el cheque
Al camposanto la piedad.

O quizá a algún hospital
O a otro cementerio,
Aunque pensamos que son bromas
Que no están hablando en serio

Ese planteamiento que hizo
La Caja del Seguro Social,
No es otra cosa
Que una reducción salarial.

No vamos a recibir nunca
La ansiada pensión,
Y vamos a tener que ir
A trabajar con bordón.

En vez de llevar al trabajo
La lonchera con los alimentos,
Vamos a llevar una bolsita
Con los medicamentos.

En los centros de enseñanza
Todos los educadores,
Se van a ubicar en el rango
De los adultos mayores.

Es muy posible
Que en algunas ocasiones,
Se queden dormidos
Mientras dan las lecciones.

Por eso el pueblo
Esta totalmente convencido,
Que la propuesta de la Caja
No tiene sentido.

Sindicalismo del Bicentenario (Parte 6 y final)

Empezamos con este pensamiento: “La globalización, como ideología política, triunfó sobre la derrota de la alternativa del socialismo de Estado; esto es, de la estatización de los medios de producción, el partido único y la economía planificada desde arriba”.

Seguimos con este otro: “La caída del Muro de Berlín, en 1989, escenifica esa capitulación. Entonces, en el imaginario planetario quedó solo una ruta, un solo destino final. Lo que ahora está pasando es que ese único destino triunfante también fallece. Es decir, la humanidad se queda sin destino, sin rumbo, sin certidumbre. Pero no es el ‘fin de la historia’ como pregonaban los neoliberales, sino el fin del ‘fin de la historia’. Es la nada de la historia”.

Álvaro García Linera es un académico-intelectual y político que ocupa en estos momentos el cargo de Vicepresidente de Bolivia. Él es el autor de los pensamientos anteriores incluidos en su reciente artículo “La globalización ha muerto” (“La Jornada” en línea). Por supuesto que esta es una conclusión cargada de polémica, pero que a uno lo pone a pensar.

El próximo viernes 20 de enero de 2017 empieza la era Trump en la política estadounidense antecedida por el brexit en el Reino Unido. Todo el mundo está hablando de esto: un Estados Unidos decadente pero militarmente agresivo, la vuelta del proteccionismo, los nacionalismos, la xenofobia, la multipolaridad, el cuestionamiento a los TLC; más el desprestigio de la política, el ascenso de los recién llegados (“outsiders”), la privatización de la democracia y su secuestro por el poder del dinero corporativo, el poder de los latifundios mediáticos, etc., etc.

Agréguese que el fracaso de la globalización neoliberal está dramatizado por la circunstancia de que el sistema económico planetario en que vivimos está funcionando solamente para el 1% de la población mundial; pues la riqueza que acumula este 1% equivale a la que tiene en 99% de las personas de la Tierra. El último informe de Oxfam International es demoledor a respecto.

Con base en este contexto, estamos hablando de la propuesta del SINDICALISMO DEL BICENTENARIO para el caso costarricense, de forma tal que estemos a la altura del desafío de la construcción de un sujeto sociopolítico impulsado desde la arena sindical, con amplia perspectiva ciudadana superadora del esquematismo corporativismo-gremial para, de alguna manera, brindar a las clases trabajadoras una renovada perspectiva de lucha en estos escenarios de tanta confusión, de tanto engaño y estafa electoral; de tanta incertidumbre, miedo, indignación e impotencia.

Bien lo apuntó el recientemente fallecido rebelde-pensador Zygmunt Bauman, gran intelectual de estos tiempos: “El poder se ha globalizado pero las políticas son tan locales como antes. La política tiene las manos cortadas. La gente ya no cree en el sistema democrático porque no cumple sus promesas” (“The Clinic on line”, www.theclinic.cl).

La propuesta del SINDICALISMO DEL BICENTENARIO parte de la inevitabilidad de la existencia de partidos políticos en las democracias electoreras; no pretende, ¡jamás!, sustituir a los mismos ni derivar, él, el SINDICALISMO DEL BICENTENARIO, en un partido.

El deterioro de la credibilidad y de la legitimidad de los partidos políticos solamente beneficia a la hegemonía imperante del capital y sus latifundios mediáticos que establecen la agenda del país y que la impulsan conforme a sus intereses sectarios; lo cual se posibilita cuando la pelea fundamental en el seno de esos partidos y entre ellos mismos es solamente por cargos electorales como fuentes de empleo y de buenos salarios. Por supuesto que la generalización siempre es odiosa, pero es eso lo que percibe la gente en estos momentos para el caso costarricense, con alguna excepción.

Lo que pretendemos con el SINDICALISMO DEL BICENTENARIO es aportar para un empoderamiento ciudadano real y activo y, en nuestro caso, con perspectiva laboral, obrero-social y sociopolítica; buscando aportar para que el Movimiento Sindical Costarricense ingrese a nueva etapa de su vida y dar elementos para una discusión sobre la renovación estratégica de su accionar en la sociedad; buscando generar una alta incidencia política en esos partidos, en su accionar institucional y en la toma de decisiones para que estas tengan profundo contenido de bien común, contra la desigualdad, por la inclusión social y por la protección ecológico-ambiental de nuestro entorno.

Dice el intelectual boliviano García Linera que “…con el socialismo derrotado y el neoliberalismo fallecido por suicidio, el mundo se queda sin horizonte, sin futuro, sin esperanza movilizadora”.

Ese SINDICALISMO DEL BICENTENARIO debería auscultar los primeros planteamientos que se dieron en los comienzos de nuestra vida republicana en torno a la cuestión social y al desafío de la promoción del bien común.

Al acercarnos a los 200 años de independencia con respecto a España, nos sorprenderá conocer que desde el principio de nuestra historia como nación estos asuntos eran de interés público. El reconocido y respetado intelectual costarricense, Arnoldo Mora Rodríguez, nos facilita el reto con la lectura de su pequeño pero riquísimo trabajo “Los orígenes del pensamiento socialista en Costa Rica”.

Para terminar esta secuencia de seis comentarios sobre el SINDICALISMO DEL BICENTENARIO queda mencionar el gigantesco reto de ir a beber a las refrescantes fuentes del pensamiento de los y de las compatriotas costarricenses del ayer, pero con un legado perenne y realmente vigente en estos “tiempos de confusión”.

Por ejemplo, “El lado oculto del Presidente Mora” del prestigioso ciudadano costarricense don Armando Vargas Araya es obra de lectura obligatoria para aportar a la construcción del pensamiento que tendría el SINDICALISMO DEL BICENTENARIO.

Cerramos con otro pensamiento del Dr. García Linera: “En cualquier caso, no existe sociedad humana capaz de desprenderse de la esperanza. No existe ser humano que pueda prescindir de un horizonte, y hoy estamos compelidos a construir uno. Eso es lo común de los humanos y ese común es el que puede llevarnos a diseñar un nuevo destino distinto de este emergente capitalismo errático que acaba de perder la fe en sí mismo”.

Al apostar en nuestro caso por esto del SINDICALISMO DEL BICENTENARIO, no tiene otro significado más que el de rebelarnos para no perder la esperanza.

Juventud y desempleo juvenil

Para el caso costarricense, la dramática realidad del desempleo tiene en el sector de la juventud una expresión sumamente dolorosa. Nos lo ha restregado en la cara un poderoso documento que recientemente se ha publicado y que es imposible desconocer por parte de toda la sociedad: el Quinto Informe del Estado de la Región.

El Informe del Estado de la Región, extraordinario diagnóstico de las sociedades centroamericanas de hoy, es un producto costarricense del Consejo Nacional de Recortes (Conare, las universidades públicas del país), y de la Defensoría de los Habitantes de la República, mereciéndose una efusiva felicitación generalizada.

Este documento nos muestra, entre otros ámbitos, la dura realidad que Costa Rica enfrenta con su juventud. El tema de juventud y, específicamente, la preocupante y acongojante situación del desempleo juvenil, debe ser un punto de prioridad en la agenda del país; y, en lo específico, por ejemplo, en la gubernamental, en la de los partidos políticos serios, en la de los sectores populares, sindicales y empresariales y hasta en los de orden financiero-bancario.

En tal sentido y en este último ámbito queremos resaltar la sensibilidad que ha venido mostrando el Banco Popular y de Desarrollo Comunal (BPDC) y su Asamblea de Trabajadores y de Trabajadoras (ATTBPDC), al valorar y concretar apoyo y patrocinio, por segundo año consecutivo, para un evento de reflexión juvenil como el que recientemente acaba de terminar promovido en el seno de la corriente sindical en la cual militamos, mediando la organización ANEP-JOVEN. Esta actividad tiene lugar en el marco de la importante fecha de relevancia mundial conocida como el Día Internacional de las Juventudes, que se celebra el 12 de agosto.

El Día Internacional de las Juventudes fue establecido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en el año 1999, a través de su resolución No. 54/1201, orientando a los países miembros para que durante ese día organizaran actividades de información pública para incentivar la participación ciudadana de jóvenes.

La ONU decidió que para este año 2016, la celebración del Día Mundial de las Juventudes tuviera este lema: “El camino hacia 2030: erradicar la pobreza y lograr el consumo y la producción sostenibles”. El secretario general de la ONU, el señor Ban Ki-Moon, le dio este mensaje a la juventud del planeta: “En este 2016, el primero de los 15 años que abarca ese plan para lograr un futuro más saludable, seguro y justo, confiamos en contar con el compromiso activo de los jóvenes del mundo para transformar los procesos de producción y consumo de bienes y servicios a fin de que se ajusten a las necesidades básicas y las aspiraciones de las personas más pobres del mundo, sin sobrecargar los ya de por sí debilitados ecosistemas”.

La sensibilidad del Banco Popular y de su ATTBPDC para comprender que el tema de juventud y que la problemática del desempleo juvenil debe concernirle a toda la sociedad, debe ser imitada por las más disímiles instituciones, públicas y privadas. Fueron contundentes las palabras del señor don Marvin Rodríguez Cordero, actual presidente de la ATTBPDC, cuando afirmó en el indicado evento de ANEP-JOVEN lo siguiente:

“Para la Asamblea de Trabajadores y de Trabajadoras del Banco Popular más que creer es una obligación, una responsabilidad implícita apoyar este tipo de actividades puesto que el Banco Popular es el banco de las y los trabajadores y no tengo ninguna duda en afirmar que muchos de estos muchachos que están acá ya son co-dueños del banco pero, además de eso, son hijos e hijas de personas trabajadoras de este país y, por ende, dueños del Banco Popular. Así que es una responsabilidad atender este tipo de actividades y no sólo atenderlas por una simple obligación; ¡no!, es un deber, para mejorar cualquier actividad que requiera el apoyo de la Asamblea y, por tanto, nosotros vamos a estar totalmente dispuestos con la entera disposición de ayudar en este tipo de actividades”.

Nosotros pensamos que esta sensible e importante actitud del Banco Popular y de su Asamblea de Trabajadores y de Trabajadoras debe ser aprovechada por otras corrientes sindicales; por los movimientos solidarista, cooperativista, comunalista, insertos también en la ATTBPDC, a fin de que sus respectivas juventudes y en el marco de sus propias filosofías y orden legal, se unan de ahora en adelante al Día Mundial de las Juventudes y desarrollen experiencias de organización, de reflexión, de propuesta y de acción como la que representa ANEP-JOVEN. No dudamos de que tal entidad bancaria y su órgano asambleario brindará idéntico y similar respaldo.

Seguidamente, les compartimos la DECLARATORIA DEL II ENCUENTRO NACIONAL DE JUVENTUDES ANEPISTAS:

Conscientes de la situación crítica que atraviesa el país en materia de empleo y trabajo decente y la responsabilidad que tenemos todas las personas de procurar el bien común.

Considerando que el Quinto Informe Estado de la Región indica que las brechas laborales afectan más a las mujeres y a las personas jóvenes; que las oportunidades de trabajo no se distribuyen equitativamente; y que son, precisamente, las personas jóvenes las que enfrentan mayores dificultades para insertarse en el mercado laboral. Reafirmando nuestro compromiso con la sociedad costarricense y, principalmente, en materia de Justicia Social, Trabajo y Paz. Tomando en consideración que las personas jóvenes son de las más desprotegidas en materia de empleo y trabajo decente…

El encuentro de juventudes anepistas y organizaciones fraternas cuyo objetivo fue analizar las políticas de empleo y trabajo decente, la Ley de la Persona Joven, el impacto del Tratado de Privatización de los Servicios Públicos (TISA) y la necesidad de consolidar en la población joven un liderazgo progresista, inclusivo y con participación real; suscribe la siguiente declaración que resalta:

El respeto, aplicación y promoción del Programa de Trabajo Decente de la OIT basado en la creación de empleo, los derechos en el trabajo, la protección social y el diálogo social.

El respeto, promoción y aplicación de los derechos humanos en fiel atención al Derecho Internacional, las costumbres y buenas prácticas de los pueblos.

El fortalecimiento de políticas y prácticas integracionistas que valoren el respeto a la dignidad de las personas, la diversidad y la equidad de género.

La búsqueda, en conjunto, de soluciones a los problemas de empleo, oportunidades y distribución equitativa del trabajo, en el marco de un funcionamiento articulado de los diferentes actores de la sociedad.

Promover la participación real de las diversas juventudes del país sin exclusión intersectorial o discriminación alguna.

La oposición a cualquier tipo de proyecto, decreto, ley o tratado nacional o internacional, que atente contra nuestra institucionalidad, que sea excluyente de las personas jóvenes, que tienda a debilitar los programas sociales o que violente nuestra idiosincrasia.

La oposición al Tratado de Privatización de los Servicios Públicos (TISA), por constituir amenazas contra nuestra institucionalidad, marcar las brechas de desigualdad, atentar contra las fuentes de trabajo digno y dejarnos en un estado de indefensión jurídica.

Sinceramente agradecemos el valioso patrocinio del Banco Popular y de Desarrollo Comunal, así como el recibido por parte de su Asamblea de Trabajadores y de Trabajadoras (ATTBPDC), para que ANEP-JOVEN pudiera juntarse y reflexionar sobre este delicado asunto de Juventud y Desempleo Juvenil.