Categoría: Opinión

Con la parte 6 de la próxima semana, Dios mediante, concluiremos esta serie de comentarios sobre el SINDICALISMO DEL BICENTENARIO, pues lo que queda es ponernos a trabajar para estructurar la propuesta con todos los insumos apuntados en las cuatro entregas anteriores, los que agregamos hoy y los de hoy en ocho.

La verdad es que, por un lado, el tema SINDICALISMO DEL BICENTENARIO puede tener una sustentación de profundo contenido estratégico desde la perspectiva de que la política dejó de ser, hace ya bastante tiempo, monopolio de los partidos políticos aunque éstos seguirán existiendo; por otro, que ante democracias que sufren una especie de secuestro corporativo, que han sido privatizadas (como lo plantean ya varios estudiosos), correspondería a la sociedad civil organizada (incluyendo los sindicatos), potenciarse con propuestas de hondo calado y de inserción fuerte y movilizadora en el tejido social para construir un sujeto político de base que “desprivatice” las democracias cuyos procesos electorales implican enormes cantidades de capital y de dinero que no tienen los sectores populares y cívicos.

La preparación para procesos de alta incidencia político-estratégica en el rumbo que deben tener políticas públicas hacia la promoción del bien común y la integración social, pareciera representar un serio pero riquísimo desafío en una sociedad como la costarricense de hoy; misma que muestra una ciudadanía decepcionada con la política-electoral al punto de que entre un 50 y 70 por ciento no desea apuntarse en nada en tal ámbito. O, al menos, nada (partido) ni nadie (candidato) le emociona y le motiva en estos momentos.

La PLADA: Plataforma de Desarrollo de las Américas es un documento realmente inspirador en la dirección apuntada, es decir, la alta incidencia político-estratégica desde la “bajura” hacia la superestructura política tan desacreditada.

La Confederación de Trabajadores y de Trabajadoras de las Américas (CSA), que es en los actuales momentos la más grande y la más representativa corriente sindical de nuestro continente tardó más de una década en su elaboración, mediando un extraordinario esfuerzo de articulación intersectorial; de estudio, análisis y reflexión; de elaboración teórica y propositiva, como para que hoy tengamos el mejor documento sindical de los últimos tiempos en esta región americana. La PLADA es una integral guía para la acción sociopolítica en cuatro dimensiones (política, económica, social y ambiental), que podemos adaptar para la realidad costarricense en una propuesta de SINDICALISMO DEL BICENTENARIO.

“Más democracia, más derechos, por más y mejores empleos” eje fundamental que inspiró, precisamente, el tercer congreso de la CSA, celebrado el pasado mes de abril de 2016 en Sao Paulo, Brasil, complementa la PLADA. Se trata del documento base y de las resoluciones para un programa sindical amplio y de trabajo pues tiene orientaciones sobre Desarrollo Sustentable; sobre tratados de libre comercio y tratados de protección de inversiones; sobre poder corporativo, multinacionales y cadenas globales de producción; sobre alianzas sociales; sobre Paz, Democracia y Derechos Humanos; democratización de las comunicaciones; reforma agraria; juventud trabajadora; equidad e igualdad de género, por ejemplo.

Una propuesta de SINDICALISMO DEL BICENTENARIO tiene un extraordinario material para construirse con estas tesis planteamiento de Sindicalismo Sociopolítico de la CSA.

En el 2009 escribimos un trabajo que titulamos _“El sindicalismo en tiempos de TLC’s”, planteando nuestro criterio sobre el concepto de Sindicalismo Ciudadano que definíamos en ese momento así: “Es el involucramiento comprometido y activo de las diferentes personas integrantes de la organización sindical que se insertan en la vida social activa de sus comunidades, a lo interno de sus diversas expresiones organizativas ya creadas (o fomentando su creación), generando la construcción y el desarrollo de una corriente de pensamiento y de una práctica política que garantice el compromiso del Estado con la ciudadanía en cuanto a la provisión de la serie de servicios públicos imprescindibles para el bienestar colectivo; y, a la vez, incentivando, desde la perspectiva sindical, la acción ciudadana para mayores conquistas en cuanto a derechos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales; aportando así para la construcción de la nueva hegemonía política restauradora de la promoción del bien común como norma fundamental de la convivencia social”. _

Este escrito nuestro se inspiró en una especie de proclama de contenido ético lanzada un año antes, el 2008, denominada Sindicalismo Rebelde. Habría que analizarla a la luz de las circunstancias sociopolíticas actuales de nuestro país.

¡Bueno! Eso de Sindicalismo Ciudadano que lo escribimos en el 2009, ¿estará desactualizado? ¿Podría el Sindicalismo Ciudadano así conceptuado aportar a la base de un pensamiento para el SINDICALISMO DEL BICENTENARIO? ¿Y qué tal sería el cruce de ambos con el Sindicalismo Sociopolítico de la PLADA y del documento “¿Más democracia, más derechos, por más y mejores empleos”, que son las resoluciones del tercer congreso de la CSA? ¿Qué podría salir de todo ello?… Como apuntamos al principio, la semana próxima terminamos estas series.

Sin sindicatos no hay democracia. No hay democracia sin sindicatos. Tan es así que los patronos tienen los suyos. Se llaman cámaras. Y hasta tienen una central de sindicatos empresariales: la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep). Otro ejemplo: en el caso de la actividad exportadora del país, los empresarios de la misma tienen también su sindicato: la Cámara de Exportadores de Costa Rica (Cadexco).

Ahora bien, en el caso de la clase trabajadora, tanto la que tiene empleo fijo, como la que está en la informalidad, e incluso la que está desempleada, también tiene acceso a la organización sindical, la de corte obrero-laboral.

Ambas formas de organización sindical, la patronal y la laboral, se respaldan en el mismo artículo de la actual Constitución Política de Costa Rica, el 60, que textualmente indica lo siguiente: Tanto los patronos como los trabajadores podrán sindicalizarse libremente, con el fin exclusivo de obtener y conservar beneficios económicos, sociales o profesionales.

Parece que a los colegas sindicalistas de la patronal-empresarial les resulta más fácil la unidad de lo que nos resulta a nosotros, los colegas sindicalistas del lado obrero-social. En este último caso, la principal característica es la gran diversidad y la enorme multiplicidad de sindicatos. Esto plantea, por un lado, grandes desafíos para una unidad entre ellos, pero cuando al menos, en el plano de la acción esta se da, el potencial de incidencia en las decisiones nacionales aumenta considerablemente.

Aprovechando la extraordinaria y maravillosa oportunidad que significa publicar todas las semanas esta columna de opinión (lo que es posible dado el apego estricto de Diario Extra y del Grupo Extra a los valores y principios de la libertad de expresión); y sin ánimo de protagonismo alguno, les compartimos la buena nueva que representa el proceso de Unidad Sindical en la Acción que ha venido conformándose en las últimas semanas, en torno a tres de los temas más candentes de los últimos meses de la agenda nacional, mismos que están evidenciando una fuerte polarización con episodios parciales de confrontación social abierta de alta notoriedad pública.

Hablamos del empleo público, del déficit fiscal y de la justicia tributaria. Son tres temas interconectados entre sí, mismos que de un modo u otro, en distintas dimensiones, de manera directa e indirecta, están involucrando a todo el país, a toda la sociedad, a toda la clase trabajadora, al empresariado; en fin, a todos los sectores componentes de la misma.

Mediando entre los representantes y líderes participantes de este proceso de Unidad Sindical en la Acción altos niveles de tolerancia, de respeto mutuo, de transparencia, con paciencia y con fuerte vocación de actuar consecuente para con los diferentes sectores sociolaborales que se aglutinan en cada organización participante; se ha llegado a una comunidad de ideas, de visión y de potenciación de acciones colectivas en estos cuatro considerandos fundamentales.

UNO. Que las medidas contenidas en los proyectos de ley de empleo público, aumentarán la ya de por sí preocupante desigualdad en nuestro país; precarizando el salario y poniendo en riesgo el empleo, aumentando la notable sobreexplotación laboral presente en muchos grupos de servidores públicos, igualando hacia abajo la política salarial del país, generando una disminución directa del papel del Estado Social mediante una política de recorte de la inversión social y despidos en el sector Público.

DOS. Que datos oficiales demuestran cada vez con más contundencia, como en nuestro país la causa del déficit fiscal no radica en los salarios del sector público, sino por ejemplo, en aspectos relacionados con la estafa al fisco en todas sus formas (8.5 puntos del PIB), el modelo de exenciones y exoneraciones (6 puntos del PIB), la fuga aduanera producto de las firmas de TLC’s (2.5 puntos del PIB), entre otros. Lo cual demuestra que no somos los y las trabajadores los responsables de la situación en las finanzas del Estado.

TRES. Que existe una necesidad impostergable de proveer al fisco de ingresos sanos en condiciones de justicia tributaria, en procura de garantizar la prestación estatal de servicios oportunos y de calidad, que dignifiquen la calidad de vida de la ciudadanía, y contribuyan con la inclusión social robusteciendo el bienestar de la sociedad costarricense.

CUATRO. Que miles de personas trabajadoras y sus familias, en el marco de las organizaciones que pertenecemos o más allá de las mismas, anhelan con ansias la cristalización de esfuerzos de unidad en la acción, que en el caso del sector público logren hacer frente a la constante amenaza de reducción de las garantías laborales, y en el caso del sector privado, contribuya a un mayor respeto a los derechos laborales individuales y colectivos vigentes en el país.

En este proceso de Unidad Sindical en la Acción están organizaciones y sindicatos que tienen membrecía directa, práctica cotidiana, ámbitos de cobertura, zonas de influencia y de incidencia, en áreas de los servicios públicos tales como educación, salud y seguridad social; electricidad, telecomunicaciones, energía, combustibles, agua y alcantarillado; policías, puestos fronterizos y aeropuertos, municipalidades, ministerios y entes adscritos a los mismos (como servicios de aduanas, penitenciarios, salud preventiva, parques nacionales, agricultura y ganadería), puertos, trabajo y asistencia social, entre otros.

Además, se han incluido en este proceso autorizadas voces y experimentadas organizaciones que trabajan en el ámbito de la sindicalización en el sector privado, el también relevante del mercado laboral informal y con importantes segmentos de población trabajadora migrante.

Este proceso de Unidad Sindical en la Acción, precisamente plantea el desafío de impulsar acciones colectivas necesarias para: a) Promover una reforma tributaria que se base en el principio de que “los ricos paguen como ricos y los pobres como pobres”; b) exigir al Gobierno no enviar al período de sesiones extraordinarias de la Asamblea Legislativa ningún proyecto de ley que afecte la inversión estatal, los derechos laborales, el empleo y los salarios públicos; c) exigir al Poder Legislativo el archivo definitivo de los expedientes que afecten la inversión estatal, los derechos laborales, el empleo y los salarios públicos; d) respaldar la aprobación de proyectos de ley orientados a que el sistema tributario de nuestro país se oriente hacia una mayor justicia tributaria.

Uno de los aspectos más relevantes de este proceso de Unidad Sindical en la Acción es que se ha gestado y desarrollado únicamente con el esfuerzo directo de las personas dirigentes y representantes de las organizaciones que han venido participando, sin intervención de terceros de ninguna especie; mostrándose, repetimos, una madurez tolerante de la diversidad en estricto apego al clamor constante y urgentemente planteado por parte de las diferentes bases sociolaborales que están en cada agrupación; clamor que puede resumirse en una sola palabra de profundo significado en estos duros momentos de gran dificultad para la clase trabajadora: ¡únanse!

¡“Pa’ que no nos falte”! Hemos venido hablando de cuáles podrían ser los componentes que integrarían un planteamiento estratégico desde la perspectiva obrero-social hacia la construcción de la propuesta SINDICALISMO DEL BICENTENARIO. ¡Sigamos!

Tenemos otra gran cantidad de material intelectual producido en los últimos tiempos, desde diversos ámbitos y pensamientos como para que, sin más tardanza, nos arrollemos las mangas y empecemos la tarea. ¡Comencemos…!

¡Note usted qué maravilla!: La Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH), documento declarativo adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución del 10 de diciembre de 1948, en París, Francia, que planteó los 30 artículos de los Derechos Humanos considerados básicos, a partir de la carta de San Francisco (26 de junio de 1945), mediante la cual se estableció la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Agreguemos los demás tratados sobre Derechos Humanos, tanto continentales como globales firmados por nuestro país; incluyendo el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), con su Protocolo Facultativo que entró a regir el 5 de mayo de 2013.

En este punto del PIDESC y su Protocolo Facultativo, el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas rindió, el pasado mes de octubre de 2016, sus “Observaciones finales sobre el quinto informe periódico de Costa Rica”; algo así como un examen de lo que el país tiene pendiente para cumplir en este tema de los Derechos Humanos Económicos, Sociales y Culturales.

Precisamente, en el año 2021 se nos hará un nuevo examen al respecto, el sexto, lo que nos indica que el SINDICALISMO DEL BICENTENARIO debería tener posición al respecto para tal coyuntura.

También podemos considerar, para el SINDICALISMO DEL BICENTENARIO, cómo nos insertamos en el movimiento global en desarrollo, tendiente a la emisión planetaria de la Declaración Universal de Derechos Humanos Emergentes (DUDHE).

Sus promotores plantean que la DUDHE será “un instrumento programático de la sociedad civil internacional dirigido a los actores estatales y a otros foros institucionalizados para la cristalización de los derechos humanos en el nuevo milenio”, pues actualmente “…la sociedad civil desempeña un papel fundamental a la hora de afrontar los retos sociales, políticos y tecnológicos que plantea la sociedad global contemporánea”.
“Pactos para la igualdad-Hacia un futuro sostenible”, es otro extraordinario material de corte fundamental si queremos, en realidad, cristalizar el sueño de una propuesta estratégico-integral de cara al SINDICALISMO DEL BICENTENARIO.

Se trata de un riguroso planteamiento generado por la prestigiosa Comisión Económica para América Latina (CEPAL), entidad perteneciente a la Organización de las Naciones Unidas (ONU). La CEPAL tiene muchos materiales en esta línea propositiva para enfrentar el grave problema sociopolítico y económico de la desigualdad en nuestra región latinoamericana que, por cierto, es la más desigual del planeta.

El más reciente trabajo de la CEPAL en esta línea se titula, precisamente, “La matriz de la desigualdad social en América Latina”. Este gran trabajo tiene contundentes conclusiones y recomendaciones que nos permitirían desde una perspectiva de SINDICALISMO DEL BICENTENARIO marcar pautas de lucha social y obrera como, por ejemplo, para superar las desigualdades mediando “en un enfoque de derechos y con una mirada integral”, o para “proteger el gasto social y fortalecer los ingresos tributarios”, entre otros puntos conclusivos de esta gran investigación de la CEPAL.

La Economía del Bien Común es una tesis que se está planteando en varios foros de reflexión considerando el fracaso de las experiencias colectivistas en los países del llamado “socialismo real”, por un lado; y, por otro, el desengaño del sistema capitalista con sus crisis económicas y excesos de poder de mercado.

Así nos lo plantea el Dr. Joan Ramón Sanchis Palacio, Doctor en Economía de la Empresa de la Universidad de Valencia, España: “La Socialdemocracia europea y la Tercera Vía han sido intentos por buscar un nuevo paradigma económico y social alternativo al comunismo y al capitalismo que han acabado en fracaso o que no han tenido el impacto suficiente”.

Este intelectual lanza una provocadora tesis en un reciente artículo suyo, “La Economía del Bien Común-En busca de un nuevo paradigma económico”, que nos abre una veta de reflexión riquísima para un contenido estratégico con el horizonte del SINDICALISMO DEL BICENTENARIO.

La vigésimo segunda edición del Estado de la Nación (EN), el prestigioso informe “Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible”, por demás un producto académico-intelectual nacional que respetamos y admiramos muchísimo; expone una impresionante cantidad de rigurosos y profesionales contenidos de elevado consenso nacional, convertibles muchos de ellos en tesis obreras para un SINDICALISMO DEL BICENTENARIO, pues tienen relación directa no solamente con el bien común de la sociedad sino, particularmente, con el de las mayorías trabajadoras, esas que reivindica como eje central de su lucha el movimiento sindical.

¡Qué va! ¡Es tanto…! Con su honrosa venia, volveremos con una quinta parte la semana próxima. ¡FELIZ AÑO NUEVO!.

Tengamos presente que con esta serie de artículos buscamos posicionar en el seno del sindicalismo nacional y en el ámbito de la realidad sociopolítica costarricense de la actualidad, un planteamiento desde la perspectiva obrero-laboral con ocasión de la llegada del año 2021, cuando ha de festejarse los 200 años de la independencia política de Costa Rica con respecto a España.

Anhelamos que el movimiento sindical no quede al margen, no se automargine, no sea invisibilizado y no se le ninguneé de una celebración tan significativa para la historia republicana de nuestro amado país. Por eso es que ya hemos empezado a hablar del SINDICALISMO DEL BICENTENARIO.

Evidentemente nuestros planteamientos en el tema no son “los” planteamientos sindicales. De seguro habrá otros según pueden generarse de otras corrientes sindicales. ¡Así lo esperamos!

Ahora bien, empezamos a construir tales planteamientos a partir de los mensajes del Papa Francisco a los y a las representantes de los movimiento sociales que se han reunido con él. Especialmente, en la tercera ocasión ocurrida en este ya casi terminado año 2016. El Papa Francisco nos ha dejado un conjunto de reflexiones, de sugerencias, de inspiraciones esperanzadoras para la lucha social de estos duros tiempos.

Las PROPUESTAS SINDICALES SOBRE EL EMPLEO Y SOBRE EL DESARROLLO PRODUCTIVO PARA EL DIÁLOGO SOCIAL, son otro insumo a considerar para la construcción de un pensamiento integral de cara al SINDICALISMO DEL BICENTENARIO.

Los resultados del proceso de reflexión impulsado por la oficina de la OIT en nuestro país en tal sentido, dan un gran material de trabajo para impulsar procesos de incidencia sindical de nuevo calado, potenciados si pueden articularse intersectorialmente para direccionar las políticas públicas por venir hacia el bien común, la inclusión social, la reducción de las desigualdades.

La semana pasada hicimos mención de lo que podría ser un tercer componente para la reflexión-construcción de un planteamiento integral del SINDICALISMO DEL BICENTENARIO. Hablamos de la propuesta “TRABAJO DECENTE Y LA AGENDA 2030 DE DESARROLLO SOSTENIBLE”, que está proponiendo y promoviendo la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

“LA AGENDA 2030 DE DESARROLLO SOSTENIBLE” que, su vez, constituye un mandato emitido por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), comprende 17 grandes objetivos estratégicos para el mejor bienestar de la Humanidad presente y futura. Precisamente, el “TRABAJO DECENTE”, el número 8 de esos 17, calza a la perfección con una visión estratégica hacia el SINDICALISMO DEL BICENTENARIO.

Ahora bien, siguiendo esta línea de “inventario” diagnóstico de las bases estratégicas que tendría ese SINDICALISMO DEL BICENTENARIO, están los otros 16 grandes objetivos de “LA AGENDA 2030 DE DESARROLLO SOSTENIBLE”. Tan sólo mencionémoslos y se comprenderá a cabalidad que podemos considerarlos para nuestro propósito.

1) Fin de la pobreza. 2) Hambre cero. 3) Salud y bienestar. 4) Educación de calidad. 5) Igualdad de género. 6) Agua limpia y saneamiento. 7) Energía asequible y no contaminante. 8) Trabajo decente y crecimiento económico (ya mencionado arriba). 9) Industria, innovación e infraestructura. 10) Reducción de las desigualdades. 11) Ciudades y comunidades sostenibles. 12) Producción y consumo responsables. 13) Acción por el clima. 14) Vida submarina. 15) Vida de ecosistemas terrestres. 16) Paz, justicia e instituciones sólidas. 17) Alianzas para lograr los objetivos.

Como verán, los 17 grandes objetivos estratégicos de “LA AGENDA 2030 DE DESARROLLO SOSTENIBLE”, que ha adoptado y que promueven las Naciones Unidas (ONU), pueden considerarse como un cuarto componente de esa construcción de pensamiento, de estrategia y de acción que proponemos como SINDICALISMO DEL BICENTENARIO.

Costa Rica, por decisión sumamente acertada del actual gobierno, ha sido el primer país de la Tierra en convertir estos 17 objetivos como política de Estado, razón de más para que desde las tiendas del movimiento organizado de la clase trabajadora, también, se conviertan en parte de su agenda de trabajo y de lucha, con las adaptaciones rigor desde una perspectiva de clase.

Es realmente sorprendente la gran cantidad de pensamiento que se ha producido en los últimos tiempos como para que tengamos un planteamiento integral de cara el SINDICALISMO DEL BICENTENARIO y que nos dé herramientas de lucha tanto de corto, como de mediano y largo plazo.

Es más, con humilde modestia podríamos afirmar que la construcción de contenido para este SINDICALISMO DEL BICENTENARIO hay que asumirlo como una responsabilidad para con la nueva generación de sindicalistas que ya está en puertas y la que ha de venir; tanto procedente de las corrientes sindicales actuales como de las futuras pues como somos optimistas pensamos que la entrada en vigencia, el próximo 25 de julio de 2017, de la Reforma Procesal Laboral (RPL), el espacio para la acción sindical se ha de expandir al sector privado con una mayor certeza y seguridad jurídicas.

La semana próxima plantearemos, muy generalmente, otros componentes que podemos integrar a la construcción del SINDICALISMO DEL BICENTENARIO.

Nos encontramos la siguiente nota de prensa, visitando el sitio web oficial del actual Gobierno de la República, www.gobierno.cr, con el siguiente titular: “Aduanas encuentra evasión que podría superar los ¢53 mil millones”. ¡53 mil millones de colones! Leyó usted bien. Textualmente, la indicada información abre con este párrafo: “Un monto que supera los ¢53 mil millones – más multas e intereses – podrían haber dejado de pagar en impuestos 335 importadores durante un solo período fiscal, pues no declararon el valor de las mercancías al momento de su nacionalización, o lo hicieron de manera incorrecta”. Constate que esa enorme cantidad de robo de impuestos en aduanas, cifra que en números se escribe así: 53.000.000.000, corresponde únicamente, como dice la información que comentamos, ¡“durante un solo período fiscal”!

Para explicar lo anterior se nos dice lo siguiente: “Mediante una serie de investigaciones realizadas a partir de la información disponible en las bases de datos del Ministerio de Hacienda y del Registro Nacional, la Dirección de Gestión de Riesgo de Aduanas, responsable del proceso, detectó una serie de anomalías en las declaraciones de valoración de las mercancías que firma el importador y luego son anexadas por el agente aduanero a la declaración de importación de esas mercancías”.

¡Qué barbaridad! Varias interrogantes surgen de esta información, considerando que el robo de impuestos en todas sus manifestaciones, con ropaje legal o sin él, es uno de los principales responsables del déficit fiscal, tal como reiteradamente lo venimos denunciando.

Fundamentalmente, tres preguntas principales habría que dejar planteadas al respecto de esta situación. La primera: ¿Puede la ciudadanía conocer cuáles son esos 335 importadores? ¿Podemos conocer los nombres de sus respectivas empresas y/o sociedades anónimas? ¿Podríamos conocer si cada uno de esos 335 importadores ha pagado sus impuestos y sus obligaciones tributarias de manera puntual, responsable y transparente? ¿Podríamos saber si están al día con sus obligaciones para con la Caja y para con la Seguridad Social? ¿Estaría el personal que tienen contratado recibiendo el salario mínimo?…

La segunda: Si el Gobierno (Ministerio de Hacienda-Aduanas), nos está diciendo que ese robo de ¢53 mil millones es de un único período fiscal, entonces, ¿ha estado pasando en otros períodos fiscales?, ¿qué se ha hecho en esos otros períodos fiscales si esta barbaridad viene repitiéndose año con año?… Y si ha estado pasando en otras oportunidades, ¿podríamos saber cuántos procesos administrativo-judiciales se han abierto para importadores evasores de impuestos de aduanas? ¿Podríamos conocer los nombres de ellos, de sus representantes legales (bufetes), los nombres comerciales?…

La tercera: Si esos 335 importadores, durante un solo período fiscal, dejaron de pagar ¢53 mil millones, ¿cómo es que lograron pasar el control aduanero al momento del ingreso de las mercancías de tal forma que no se les cobró al mismísimo instante de ello? Como uno es un ignorante en los procesos aduaneros y sabiendo que la abrumadora mayoría de las personas, tanto del sector público como del privado que intervienen en el día a día de la operación aduanera es gente honesta, sería muy bien visto que el Gobierno de la República explicara por qué se da esta situación y nos contara de los esfuerzos e iniciativas que se han venido promoviendo o que se están impulsando a fin de que esos ¢53 mil millones se cobren al mismísimo momento de ingreso de las mercaderías y que no haya que ir a perseguirlos después, a recuperar después, mediando complejos procesos administrativo-jurídicos, mediando cualquier cantidad de leguleyadas para que esos 335 importadores, si son culpables de robo de impuestos, terminen quedando impunes.

Como vemos, he aquí una “pequeña” muestra del gran conjunto de razones que explican el llevado y traído tema del déficit fiscal. Mientras que el chofer de autobús, el trabajador de la construcción, el obrero de una fábrica, la vendedora de una tienda, el periodista, el vigilante privado, la oficinista de un ministerio, el técnico de una institución autónoma, el recolector de basura de una municipalidad, los profesionales del Estado, pagan puntualmente sus impuestos, pues no tienen “escapatoria” (el de ventas al momento mismo de la compra y el de renta salarial deducido de planilla), hay 335 ladrones importadores que se dejaron, “en un solo período fiscal”, nada más y nada menos que ¡¢53 mil millones!
Y si esta conducta delictiva se habría estado manifestando en los últimos cinco años, como muy probablemente haya estado ocurriendo, entonces en un quinquenio esta operación delincuencial aduanera habría generado pérdidas al pueblo costarricense por unos ¢265 mil millones, casi un punto porcentual (1%) del Producto Interno Bruto (PIB).

Con este único ejemplo, de los muchos que hay acerca del perverso e injusto sistema tributario costarricense y del escandaloso robo de impuestos que este posibilita, queda absolutamente demostrado que el déficit fiscal no es responsabilidad de los salarios que devengan todas esas personas trabajadoras que hemos mencionado en el párrafo anterior, ni las demás que viven de un salario.

Específicamente, tenemos que resaltar el caso de quienes laboran para el sector público, víctimas de la más cruel, injusta, difamante e injuriante campaña de agresión psicológica y de terrorismo ideológico jamás desplegada en la historia del Estado costarricense, para ponerlos como “los malos de la película” en esto del déficit fiscal. ¡No! “Los malos de la película” en esto del déficit fiscal son esos 335 importadores que se habrían dejado unos ¢53 mil millones, repetimos, en un solo período fiscal. Y, por supuesto, “los malos de la película” en esto del déficit fiscal es más gente que esos 335 importadores.

Aunque varios medios de prensa se hicieron eco de la denuncia del Gobierno sobre el robo de impuestos de estos ¢53 mil millones, el asunto, mediáticamente hablando, no pasó a más. La noticia fue “flor de un día”, contrastándose con el ataque al empleo público de, prácticamente, todos los días de los dos últimos años.

No habrá ríos de tinta en columnas de opinólogos y amanuenses, no habrá grandilocuentes editoriales, no habrá gran cantidad de minutos televisivos de investigación periodística, no habrá exhibición mediática de estos 335 importadores, como sí ha sucedido en el caso del empleo público y algunos de sus segmentos más criminalizados y enjuiciados sumariamente, como consta a la ciudadanía.

Tampoco veremos en el escenario legislativo a los usuales diputados francotiradores del empleo público, rasgarse las vestiduras por este descarado robo de impuestos de ¢53 mil millones, ni tampoco los veremos poniéndoles nombre y apellidos a esos 335 importadores. ¡Qué va! A lo mejor tienen diversos tipos de conexiones, vínculos, amistades entre sí. Si alguien que labora para el sector público, incluido su núcleo familiar, no haya comprendido todavía que debe autodefenderse y defender a los suyos, ¿entonces en qué estamos?…

Indicamos la semana pasada lo siguiente: “Bien podríamos pensarnos las concepciones fundamentales que podría tener el SINDICALISMO DEL BICENTENARIO en nuestro país considerando estratégicos planteamientos que se vienen formulando desde distintos ámbitos, tanto nacionales como internacionales; altamente preocupados por el rumbo del país y del planeta mismo, ahora que la globalización neoliberal está mostrando su fracaso…”.

Adicionalmente, para un planteamiento estratégico sobre esto del SINDICALISMO DEL BICENTENARIO, creemos que el movimiento sindical tiene la capacidad de producir pensamiento propio y lo ha demostrado ya en varias oportunidades y coyunturas.

En nuestro modesto caso y en una serie de cuatro artículos publicados en este mismo espacio hicimos ya un pequeño esfuerzo inicial al respecto: “¿TRUMP? ¿CLINTON?… EL MENSAJE DEL PAPA FRANCISCO”. Se trata de ideas “sueltas” para el aporte constructor de una tesis estratégica sobre el SINDICALISMO DEL BICENTENARIO; sin presunciones de ningún tipo y, mucho menos, sin creernos dueños de la verdad.

Ayer martes 19 de diciembre bajo el título “OIT: EMPLEO Y DESARROLLO PRODUCTIVO COMO PROPUESTA SINDICAL”, se publicó un artículo en La Prensa Libre (digital) reseñando un reciente y enorme esfuerzo intersindical de reflexión propositiva, con el auspicio de la oficina regional de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ubicada en San José; esfuerzo que culminara con las PROPUESTAS SINDICALES SOBRE EL EMPLEO Y SOBRE EL DESARROLLO PRODUCTIVO PARA EL DIÁLOGO SOCIAL. (“Link”) aquí)…

http://www.laprensalibre.cr/Noticias/detalle/97411/oit:-empleo-y-desarrollo-productivo-como-propuesta-sindical-

Se trata de un trabajo intenso y exitoso de las tres centrales que en la Costa Rica actual responden a la más grande y a la más representativa corriente sindical en la América de hoy, la Confederación Sindical de Trabajadores y de Trabajadoras de las Américas (CSA).

Hablamos de la Central Social Juanito Mora Porras (CSJMP-ANEP), de la Confederación de Trabajadores Rerum Novarum (CTRN) y de la Central del Movimiento de Trabajadores Costarricenses (CMTC). A estas agrupaciones se unió para este proceso la Central Unitaria de Trabajadores (CUT).

Estas PROPUESTAS SINDICALES SOBRE EL EMPLEO Y SOBRE EL DESARROLLO PRODUCTIVO PARA EL DIÁLOGO SOCIAL, bien pueden alimentar la construcción estratégica de ese SINDICALISMO DEL BICENTENARIO como parte de su agenda programática.

Por otra parte, La propuesta “TRABAJO DECENTE Y LA AGENDA 2030 DE DESARROLLO SOSTENIBLE”, es un extraordinario planteamiento que da, a su vez, contenidos estratégicos para ese SINDICALISMO DEL BICENTENARIO. Pero, ¿de qué estamos hablando?…

Documentos oficiales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), indican que la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible es un compromiso político de los dirigentes mundiales, aprobado en setiembre de 2015, mediante una cumbre histórica de la ONU y que pretende de aquí al año 2030 intensificar al máximo “…los esfuerzos para poner fin a la pobreza en todas sus formas, reducir la desigualdad y luchar contra el cambio climático garantizando, al mismo tiempo, que nadie se quede atrás”.

Supuestamente, en el marco de la Agenda 2030 los países ricos, pobres o de ingresos medianos deben adoptar medidas para promover la prosperidad al tiempo que protegen el planeta.

De los 193 países que componen la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Costa Rica fue el primer país en comprometerse, de manera oficial, a respetar la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. Fue una acertada decisión política del presente Gobierno que se anunció el pasado 6 de setiembre de 2016.

Autocríticamente se debe reconocer que, en términos generales, para el sindicalismo costarricense este acontecimiento pasó sin pena ni gloria pese a que se nos “tomó en cuenta” para su firma. Lo que pasa es que esto se hizo a contratiempo, contrarreloj y casi para que se tuviese una participación sindical-protocolaria buscando darle al evento el contenido de compromiso nacional.

No obstante, se está tiempo, es el momento oportuno y es congruente con la construcción de una plataforma estratégica hacia el SINDICALISMO DEL BICENTENARIO, que todas las corrientes sindicales nacionales hagamos nuestra la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, ahora compromiso nacional del Estado costarricense.

Nos parece que las centrales sindicales nacionales que responden a la corriente sindical continental CSA, tenemos la oportunidad político-histórica y la obligación ético-moral desde la perspectiva obrera, de que la Agenda 2030 de las Naciones Unidas y sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible sean parte esencial, hacia y luego del bicentenario de la independencia nacional con respecto a España, desde el plano del sindicalismo sociopolítico.

“Trabajo Decente y Crecimiento Económico” es el Objetivo de Desarrollo Sostenible No. 8 de los 17 que componen la Agenda 2030. Perfectamente calza, nutre, alimenta el planteamiento del SINDICALISMO DEL BICENTENARIO. Continuará…

En el año 2021 Costa Rica celebrará (junto a sus hermanas centroamericanas Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua), los 200 años de independencia política con respecto a España.

Nuestro país se prepara en diversos campos para la celebración del bicentenario de su nacimiento como Estado y a menos de cinco años de tan importante acontecimiento, estamos desde ya lanzando el planteamiento de prepararnos para el Sindicalismo del Bicentenario, así en mayúsculas.

Lanzamos este planteamiento el pasado jueves 1 de diciembre de 2016 con ocasión de la realización del foro sindical “La Convención Colectiva en el Sector Público de Costa Rica: Desafíos”, evento al cual fuimos invitados como expositor. Agrademos que se nos tomara en cuenta para tal propósito, tanto a la prestigiosa entidad facilitadora, la Fundación Friedrich Ebert (FES) de Alemania, así como a la más representativa corriente sindical de la actualidad de nuestro continente, la Confederación de Trabajadores y de Trabajadoras de las Américas (CSA).

Sin duda alguna, desde ahora deben estarse dando muchos preparativos para la conmemoración del bicentenario de la independencia patria y el sindicalismo no puede quedarse atrás. La organización sindical, duélale a quien le duela, continúa siendo la instancia natural, la realmente legítima, la que consagra toda la normativa del Derecho Internacional del Trabajo y los propios pactos universales en materia de Derechos Humanos para la defensa de los derechos laborales, sociales y económicos de la clase trabajadora. Ya no solamente en la característica clásica de la misma (relación asalariada con empleo formal y salario fijo), sino en las otras vertientes producto del desarrollo de sociedades de exclusión, de desigualdad y de innovaciones tecnológicas aceleradas.

También es la clase trabajadora quien está en el desempleo o en el subempleo y en la actividad del sector informal de la economía, labora por cuenta propia (cuentapropismo), quien trabaja por tarea y/o con relaciones de trabajo disfrazadas; e, incluso, quien está en microemprendimientos empresariales, en pequeñas y medianas empresas.

Este amplio universo obrero, socialmente comprendido, se encuentra actualmente en un práctico abandono de representación y de interlocución. Los partidos políticos, partidos a su vez en su propio interior, solamente parecen estar interesados en la próxima elección y los cargos en disputa. Aunque se dan excepciones, la lógica sistémica dominante y el papel del latifundismo mediático parecen no dejar “títere con cabeza” en cuanto a partidos políticos. Esto en parte explica que más del 50% de la ciudadanía electora no crea más en ellos.

El corporativismo gremial de carácter patronal-empresarial parece estar interesado únicamente en la representación de los consorcios más grandes de la acumulación de capital. Por otra parte, los sistemas solidarista y cooperativista se enfocan, por lo general, en el segmento obrero y social que ofrece seguridad y estabilidad para sus correspondientes estabilidades financieras.

Por su parte, el sindicalismo actual, atrincherado en su campo corporativo-gremial por razones obvias, lógicas y hasta de sobrevivencia, muestra cortedad de visión e inmediatismo existencial que autocríticamente se debe reconocer, porque la excepción no alcanza para hablar del bienestar de todo su conjunto. El sindicalismo no está pasando por su mejor momento (tanto por razones objetivas como subjetivas), aunque su peso en la sociedad costarricense de hoy no se puede desconocer, ni se puede menospreciar, ni se puede eliminar.

Bien podríamos sentarnos a pensarnos nosotros mismos, a modo de introspección colectiva, ver cómo llegamos a la etapa del Sindicalismo del Bicentenario, como sólida alternativa de organización obrera y laboral, representando la diversidad de la misma en un ámbito de lucha por una real Democracia Social (que no es lo mismo que socialdemocracia).

Asimismo, desearíamos saber cuál sería la naturaleza estratégica del Sindicalismo del Bicentenario en un mundo y en una sociedad como la que nos está tocando vivir, cuya principal característica es la de la apropiación de la riqueza planetaria: el 1% de toda la población mundial tiene una riqueza acumulada equivalente a la riqueza del restante 99% sumado conjuntamente.

Deberíamos considerar las concepciones fundamentales que podría tener el Sindicalismo del Bicentenario en nuestro país, considerando estratégicos planteamientos que se vienen formulando desde distintos ámbitos, tanto nacionales como internacionales; altamente preocupados por el rumbo del país y del planeta mismo ahora que la globalización neoliberal está mostrando su fracaso con el advenimiento de las xenofobias como políticas de Estado; del racismo, del nacionalismo chovinista, de la misoginia, de las olas migratorias sin control, del fanatismo religioso genocida; de los TLC diseñados para el exterminio de lo social en pro del gobierno mundial-planetario de las mega corporaciones transnacionales monopólicas, duopólicas y/u oligopólicas. Continuará…

Empecemos por esta frase: “Desde la campaña presidencial el Partido Acción Ciudadana (PAC) expresó serias dudas sobre la incorporación de Costa Rica a la Alianza del Pacífico con sus actuales contenidos. Insistía en que nuestra prioridad debía concentrarse en la buena administración de los tratados existentes y no en ampliar compromisos con este tipo de instrumentos”.

Once integrantes (de los trece que tiene) de la actual fracción parlamentaria del PAC en la Asamblea Legislativa le enviaron una nota al ministro de Comercio Exterior (Comex), el señor Alejandro Mora Delgado, criticándole por estar promoviendo ese TLC, la Alianza del Pacífico, “a espaldas” de su jefe, el propio Presidente de la República quien (según dicha nota), “…no ha expresado una posición definitiva sobre la Alianza del Pacífico”.

Además, en esa carta se le advierte al ministro del Comex lo siguiente: “…queremos informarle, que sus esfuerzos para promover la aprobación de la Alianza del Pacífico, podrían tener eco en las fracciones neoliberales de la Asamblea Legislativa, pero no en la del PAC la cual, unánimemente, se opone a dicha Alianza en sus actuales términos”. ¿Cuáles son esas “fracciones neoliberales”?… Esperaríamos que las que no lo son (aunque sean unipersonales o subfracciones) se sacudan y se pronuncien al respecto.

En nuestro criterio, el señor ministro Mora debería irse del Gobierno. Debería tener la dignidad de renunciar. O bien, que lo “renunciaran”, resultando mejor todavía si el presidente Solís lo destituyera. Nos hemos pronunciado en tal sentido, desde el pasado domingo 24 de julio. Si no se va, ha quedado en evidencia como un neoliberal por los cuatro costados, por más que ahora haya empezado a decir que se “silenciará” y que ya no hablará más a favor de la neoliberal Alianza del Pacífico.

Uno de los legisladores del PAC firmantes de la carta que estamos comentando, don Ottón Solís Fallas, ha indicado que “no existen argumentos para suscribir un nuevo acuerdo comercial con dicha instancia regional, conformada por países con los que Costa Rica tiene firmados tratados bilaterales”. Refrendó tal posición al conectarla con lo que le prometieron al pueblo en la pasada campaña electoral: “Nosotros en campaña dijimos que no íbamos a ir con más tratados, que había que administrar bien los que tenemos y aquí no se puede argumentar lo que se argumentó con el TLC con EE.UU., que era la mitad del mercado costarricense”. (Declaraciones para el medio digital elmundo.cr).

Así las cosas, ni el propio PAC, ni sus diputados y diputadas actuales, ni el mismísimo señor Presidente pueden plantear ahora que tienen “dudas” sobre la ventajas para el país de meternos en este nuevo TLC neoliberal, la Alianza del Pacífico. Dentro de la serie de razones que explican la pérdida de credibilidad ciudadana en sus políticos es porque estos, cuando llegan al gobierno, no honran lo que prometen en campaña electoral. Aquí hay una extraordinaria oportunidad de que al menos en esto de nuevos TLC’s se reconcilien con el pueblo que les eligió.

Y es que hay más en esto de nuevos TLC’s neoliberales. Hay otro tanto peor o más que la Alianza del Pacífico. Es el TISA, por sus siglas en inglés (Trade In Services Agreement).

En el caso del TISA, al igual que en el caso de la Alianza del Pacífico, la primera responsabilidad política por haber metido a Costa Rica en semejantes TLC’s neoliberales, le compete a la señora Laura Chinchilla Miranda, expresidenta de la República, pues en su administración y a espaldas de la ciudadanía, ella nos comprometió como país. Esto podría ser lógico dado que su ideología neoliberal se lo motivó, respaldada por un partido que dejó de ser socialdemócrata hace bastante tiempo y que, por tanto, al volverse neoliberal no encontró contradicción con los postulados de la Alianza del Pacífico ni con el TISA.

Lo inadmisible y lo que podría catalogarse como una traición a los ideales de campaña que el PAC promovió para conseguir el mayor número de votos posibles, tanto parlamentarios como presidenciales, fue el nombramiento y la permanencia en el cargo de la cartera ministerial de Comercio Exterior (Comex) de una persona con los mismos credos políticos de la exmandataria Chinchilla Miranda.

Adicionalmente a su prédica en favor de la Alianza del Pacífico, el señor Mora Delgado ha guardado silencio acerca del carácter supersecreto, completamente opaco e intransparente con que se viene negociando el TISA, al punto de que naciones latinoamericanas como Uruguay y como Paraguay decidieron salirse a tiempo de ese oscuro proceso del TLC TISA. Las sucesivas revelaciones de WikiLeaks permitieron a los pueblos uruguayo y paraguayo, a sus organizaciones sociales y sindicales y, finalmente, a sus propios gobiernos, darse cuenta de cuán nefasto, perverso y criminal es el TISA. Costa Rica debe seguir ese camino: salirse del TISA.

El TISA pretende la liberalización, la desregulación y la privatización de una amplia gama de servicios: salud, educación, agua, electricidad, gas, telecomunicaciones, servicios postales y de entrega, servicios ambientales (recolección de basura, alcantarillado, etc.), financieros (banca, seguros, banca de inversión), transportes (terrestre, marítimo, aéreo), turismo, servicios fúnebres, servicios de entretenimiento (radio, películas, televisión, bibliotecas, museos, deportes, etc.), construcción, distribución (gasolineras, supermercados, tiendas, franquicias), publicidad, mercadeo, servicios computacionales, bienes raíces, servicios profesionales (abogados, médicos, arquitectos, contadores, dentistas, veterinarios, enfermas, fisioterapeutas, ingenieros, etc.).

Este es el momento de detenernos en cuanto a seguir esta ruta del libre comercio desbocado. Prestigiosos estudiosos, académicos e intelectuales de renombre mundial vienen señalando el fracaso del modelo de los TLC’s neoliberales. Uno de ellos, Premio Nobel de Economía 2001, el señor Joseph Stiglitz, quien goza de mucha reputación y respeto en los círculos de poder del capital, viene señalando reiteradamente en los más diversos foros y países sentencias contundentes como la siguiente: “En la asimétrica negociación de tratados comerciales no priman la equidad o la democracia, sino los intereses de grupos particulares como las farmacéuticas y las petroleras, o al menos esos son los intereses que representa la oficina comercial de E.U…. Los países que firman TLC creen que les van a traer inversión y no hay evidencia de que eso pase. Es solo un sueño… Si la firma del TLC tuviese negociaciones reales y posibilidades de beneficiar a los países, sí lo recomendaría, pero Estados Unidos no negocia sino que demanda o impone… los acuerdos bilaterales son una desventaja porque EEUU subsidia su agricultura y no dejaría a otros países tomar medidas en contra de eso… los TLC no son tan libres ya que se solicita o se impone comprar cierta cantidad de materia prima de Estados Unidos, como parte de los convenios… Los TLC no son buenos, no son justos, porque traen más perjuicios que beneficios”. Ni Alianza del Pacífico ni TISA… ¡No más TLC’s neoliberales!

Uno de los periodistas de más prestigio a nivel mundial en la actualidad, el señor Ignacio Ramonet, también escritor y director de “Le Monde Diplomatique” en español (reputada publicación altamente reconocida y valorada), ha escrito un artículo denominado “Las 4 cosas que el Papa Francisco les dice a los pobres”.

En nuestros tres artículos anteriores y desde nuestra humilde perspectiva sindical nacional, de carácter sociopolítico, hemos venido comentando en igual sentido.

Ya que usted ha llegado hasta esta cuarta entrega (honor inmenso que se lo agradecemos muchísimo), vamos a copiarle a don Ignacio Ramonet su resumen y conclusiones en tal sentido, luego de tres encuentros sostenidos por el papa Francisco con representantes de una multiplicidad de diversos movimientos sociales planetarios: Vaticano, 2014; Santa Cruz (Bolivia), 2015; y, nuevamente, Vaticano 2016.

“Las cuestiones que se abordaron fueron, como en los dos encuentros precedentes, las denominadas tres ‘T’: ‘Trabajo, Techo, Tierra’, a los que se añadieron esta vez las cuestiones de ‘la democracia y el pueblo’; el ‘cuidado del medio ambiente y la naturaleza’; y ‘los emigrantes y refugiados’.

En su discurso de síntesis, Francisco empezó recordando ‘los diez puntos de Santa Cruz de la Sierra, donde la palabra cambio estaba preñada de gran contenido, estaba enlazada a cosas fundamentales: trabajo digno para los excluidos del mercado laboral; tierra para los campesinos y pueblos originarios; vivienda para las familias sin techo; integración urbana para los barrios populares; erradicación de la discriminación, de la violencia contra la mujer y de las nuevas formas de esclavitud; el fin de todas las guerras, del crimen organizado y de la represión; libertad de expresión y comunicación democrática; ciencia y tecnología al servicio de los pueblos’.

Y definió ‘un proyecto de vida que rechace el consumismo y recupere la solidaridad, el amor entre nosotros y el respeto a la naturaleza como valores esenciales. Es la felicidad de ‘vivir bien’ lo que la gente reclama, la ‘vida buena’, y no ese ideal egoísta que engañosamente invierte las palabras y nos propone la ‘buena vida’”.

A juicio de don Ignacio Ramonet son cuatro aspectos centrales y fundamentales los que el papa Francisco está recomendando para los pobres, para las organizaciones que los representan, para el desarrollo de su lucha social por una sociedad de integración y contraria a la desigualdad:

“1) ¡Rebelaos contra la tiranía del dinero! 2) ¡Sed solidarios! 3) ¡Revitalizad la democracia! 4) ¡Sed austeros! ¡Huyan de la corrupción!”.

Cuatro máximas que desde una perspectiva de un nuevo sindicalismo, el de carácter ciudadano y de naturaleza fuerte y estratégicamente sociopolítica, son elementos a considerar para enfrentar la etapa actual de la globalización excluyente ahora que está entrando la misma en la tercera ola neoliberal, según nos lo plantean desde la Confederación de Trabajadores y de Trabajadoras de las Américas (CSA).

Las apreciaciones del papa Francisco que ha venido vertiendo en estos tres encuentros globales con movimientos sociales y populares pueden considerarse como aportes para la construcción de una articulación estratégica de la lucha social y sindical en las circunstancias actuales.

Se nos ocurre pensar que ante democracias secuestradas por el capital hegemónico de corte neoliberal y por los latifundios mediáticos que sustentan su poder (según lo está planteando el propio papa Francisco); aportes para una construcción contra-hegemónica pueden provenir de contenidos elaborados procedentes de un sindicalismo ciudadano y sociopolítico; concatenándose ello con la posibilidad de individualidades realmente consecuentes y comprometidas insertas de manera intencionada y organizada en partidos políticos altamente sensibles a lo social-popular; y, propiciando la organización para la movilización con articulación multisectorial de amplia base…, ¿en aras de qué?:

UNO: Revitalización de la democracia (Democracia social y redefinición y control del poder de los latifundios mediáticos, por ejemplo).

DOS: La rebelión contra la tiranía del dinero (transformaciones tributarias estructurales, control-combate al poder de las transnacionales y sus TLC, por ejemplo). ¿Utópico?… ¡Diay sí! ¿Es que acaso la lucha social realmente verdadera, transparente y consecuente no lo es?

¡Párenla ya! ¡No hay punto medio! La fuerza de la razón… o la razón de la fuerza. La fuerza de la razón está indicándonos datos contundentes de que es la desigualdad el problema número uno de nuestra sociedad. La sordera de la hegemonía político-económica dominante, la del poder real, está resultando espantosamente irresponsable y peligrosamente provocadora.

“La desigualdad es un tema crítico en Costa Rica” no es una frase, un criterio, un eslogan de un sindicalista. ¡No! Es la opinión autorizada de la señora Alice Shackelford, experta en derecho internacional y embajadora en nuestro país de las Naciones Unidas (ONU), representante del actual secretario general de esta organización, el señor Ban Ki-moon, acreditada como coordinadora residente para Costa Rica; y, además, es la autoridad en suelo nacional del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). La fuerza de la razón ha sido contundente: “La desigualdad es un tema crítico en Costa Rica”. (Véase Diario Extra del pasado jueves 14 de julio de 2016).

Que estamos agobiados y atemorizados por tantas formas de violencia (social, criminal, económica). ¡Sí!… Que hay mucha corrupción y que gentes inescrupulosas del sector Público y otras no menos inescrupulosas del sector privado, se coluden para delinquir con los fondos públicos, directa o indirectamente. ¡Sí! Máxime que tenemos un fiscal general de la República que se ha hecho de la vista gorda con enormes casos de presuntas corruptelas que, para mayor indignidad, seguramente quedarán impunes… Que estamos empezando a transitar la peligrosa senda de un Estado fallido luego de que el crimen organizado y el negocio ilícito del narcotráfico terminen por apoderarse de nuestra propia nación. ¡Sí!

Pero, sin embargo, por encima de esos tres grandes problemas que, en uno u otro sentido, están carcomiendo la institucionalidad democrática, está el de la desigualdad, creciendo sistemáticamente, sin parar, excluyendo cada vez más gente.

La fuerza de la razón da cuenta de que entre mayo de 2015 y mayo de 2016, el crecimiento económico superó el 5%. Pero la distribución no mejoró. Las clases trabajadoras asalariadas de los sectores privado y público están con salario congelado. La inflación “cero” nadie se la cree. Las cifras oficiales que registra el Índice de Precios al Consumidor (IPC), están completamente divorciadas de los bolsillos de la clase trabajadora, la asalariada y la no asalariada.

La fuerza de la razón es contundente: la riqueza se sigue concentrando y no se quiere repartir un poco mejor los beneficios del crecimiento económico con otra política salarial. Por el contrario, un adinerado líder gremial del alto corporativismo empresarial, ya salió a darnos las primeras señales de la campaña del miedo por venir, ante la posibilidad de un referéndum sobre un nuevo salario mínimo en la empresa privada.

La fuerza de la razón es contundente: la mayoría del pueblo trabajador viaja en autobús y ahora más que en otra oportunidad, está completamente indefenso. Su voz no cuenta. Es más, nunca contó en el seno del Consejo de Transporte Público (CTP); como ahora tampoco se considerará en el seno de la nueva gestión del Viceministerio de Transportes. Tampoco contó en el seno de la Aresep durante los últimos diez años y ahora que podría pensarse que tal vez se le escuche, con la nueva metodología de cálculo para una real tarifa de transporte por autobús, los expoliadores de ésta amenazan y amedrentan para mantener su cuota de status quo de acumulación codiciosa.

La fuerza de la razón es contundente: el sistema tributario debe volverse progresivo (que paguen más los que más tienen y que sean castigados, severamente, por no hacerlo). Se ocupa el registro de sociedades anónimas para conocer los nombres de los beneficiarios finales de las rentas de las mismas. Se necesita establecer el sistema de renta global o universal para que grandes grupos de profesionales que ejercen liberalmente su respectiva actividad, dejen de “esconder” (por no decir “robar”, que debe ser el término correcto), lo que ganan en sus oficinas y consultorios privados. Urge un impuesto, aunque fuera transitorio y por poco monto, a las transacciones financiero-bancarias para controlar el flujo incesante de los miles y miles de millones de dólares de dinero narco y sucio.

La fuerza de la razón es demoledora pues, precisamente, el escenario anteriormente descrito quedó abierto, de par en par, al emerger las verdaderas causas del déficit fiscal; dado que, en términos generales, unos 32.5 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto (PIB), de una manera u otra, están “dando vueltas en la calle”.

La fuerza de la razón indica que hay que parar la agresiva y perversa campaña de agresión psicológica y de terrorismo ideológico en contra del empleo público, específicamente en materia de salarios, toda vez que hemos demostrado, con poderosa contundencia, que el déficit fiscal no es responsabilidad de quienes laboran asalariadamente para el Estado.

Debido a la campaña de odio generada al respecto, ya no queda espacio alguno para proyectos de ley, altamente explosivos y políticamente tóxicos, como los expedientes legislativos 19.923, 19506 u otros de similar naturaleza. Los empleados públicos han llegado al tope de su paciencia, de su tolerancia.

La fuerza de la razón indica que para el caso del sector público, la difamación generalizada, la calumnia aplicada indiscriminadamente, la criminalización despiadada de la condición de ser servidor estatal, el vilipendio inmisericorde mediáticamente promovido para delicuenciar la función pública; han generado suficiente material inflamable como para recomendarle, por un lado, al señor Presidente que ni se le ocurra enviar a las próximas sesiones extraordinarias de la Asamblea Legislativa, esos expedientes legislativos; por otro, a los señores diputados y a las señoras diputadas, la desestimación política real de tramitación parlamentaria, hasta su entierro, de esos nefastos y, repetimos, explosivos y tóxicos proyectos de ley.

La fuerza de la razón indica que ya no es sostenible, ni democrática ni políticamente hablando, más y nuevas severas políticas de austeridad suicida en materia de una diversa cantidad de servicios públicos, profundamente debilitados ya; servicios públicos que precisamente están destinados para suplir necesidades básicas de grandes sectores poblacionales de nuestra sociedad, sumergidos en la miseria, en la pobreza o viajando hacia la misma. El recortismo presupuestario extremista, radical, irresponsable e irreflexivo (especialmente ahora que se avecina la tramitación parlamentaria del mal llamado presupuesto “general” de la República para 2017), debe ser desterrado pues la desigualdad creciente no permite más el exterminio funcional de varias gestiones de acción pública necesarias, precisamente, para evitar más desintegración social.

¿Qué nos queda? Si la fuerza de la razón no funciona; entonces, ¿habrá que apelar a la razón de la fuerza? Enrique Múgica Herzog, político socialdemócrata español planteó este pensamiento: “La democracia no es el silencio, es la claridad con que se exponen los problemas y la existencia de medios para resolverlos”. En nuestro caso pensamos que uno de estos medios es La Democracia de la Calle.