Nos encontramos la siguiente nota de prensa, visitando el sitio web oficial del actual Gobierno de la República, www.gobierno.cr, con el siguiente titular: “Aduanas encuentra evasión que podría superar los ¢53 mil millones”. ¡53 mil millones de colones! Leyó usted bien. Textualmente, la indicada información abre con este párrafo: “Un monto que supera los ¢53 mil millones – más multas e intereses – podrían haber dejado de pagar en impuestos 335 importadores durante un solo período fiscal, pues no declararon el valor de las mercancías al momento de su nacionalización, o lo hicieron de manera incorrecta”. Constate que esa enorme cantidad de robo de impuestos en aduanas, cifra que en números se escribe así: 53.000.000.000, corresponde únicamente, como dice la información que comentamos, ¡“durante un solo período fiscal”!
Para explicar lo anterior se nos dice lo siguiente: “Mediante una serie de investigaciones realizadas a partir de la información disponible en las bases de datos del Ministerio de Hacienda y del Registro Nacional, la Dirección de Gestión de Riesgo de Aduanas, responsable del proceso, detectó una serie de anomalías en las declaraciones de valoración de las mercancías que firma el importador y luego son anexadas por el agente aduanero a la declaración de importación de esas mercancías”.
¡Qué barbaridad! Varias interrogantes surgen de esta información, considerando que el robo de impuestos en todas sus manifestaciones, con ropaje legal o sin él, es uno de los principales responsables del déficit fiscal, tal como reiteradamente lo venimos denunciando.
Fundamentalmente, tres preguntas principales habría que dejar planteadas al respecto de esta situación. La primera: ¿Puede la ciudadanía conocer cuáles son esos 335 importadores? ¿Podemos conocer los nombres de sus respectivas empresas y/o sociedades anónimas? ¿Podríamos conocer si cada uno de esos 335 importadores ha pagado sus impuestos y sus obligaciones tributarias de manera puntual, responsable y transparente? ¿Podríamos saber si están al día con sus obligaciones para con la Caja y para con la Seguridad Social? ¿Estaría el personal que tienen contratado recibiendo el salario mínimo?…
La segunda: Si el Gobierno (Ministerio de Hacienda-Aduanas), nos está diciendo que ese robo de ¢53 mil millones es de un único período fiscal, entonces, ¿ha estado pasando en otros períodos fiscales?, ¿qué se ha hecho en esos otros períodos fiscales si esta barbaridad viene repitiéndose año con año?… Y si ha estado pasando en otras oportunidades, ¿podríamos saber cuántos procesos administrativo-judiciales se han abierto para importadores evasores de impuestos de aduanas? ¿Podríamos conocer los nombres de ellos, de sus representantes legales (bufetes), los nombres comerciales?…
La tercera: Si esos 335 importadores, durante un solo período fiscal, dejaron de pagar ¢53 mil millones, ¿cómo es que lograron pasar el control aduanero al momento del ingreso de las mercancías de tal forma que no se les cobró al mismísimo instante de ello? Como uno es un ignorante en los procesos aduaneros y sabiendo que la abrumadora mayoría de las personas, tanto del sector público como del privado que intervienen en el día a día de la operación aduanera es gente honesta, sería muy bien visto que el Gobierno de la República explicara por qué se da esta situación y nos contara de los esfuerzos e iniciativas que se han venido promoviendo o que se están impulsando a fin de que esos ¢53 mil millones se cobren al mismísimo momento de ingreso de las mercaderías y que no haya que ir a perseguirlos después, a recuperar después, mediando complejos procesos administrativo-jurídicos, mediando cualquier cantidad de leguleyadas para que esos 335 importadores, si son culpables de robo de impuestos, terminen quedando impunes.
Como vemos, he aquí una “pequeña” muestra del gran conjunto de razones que explican el llevado y traído tema del déficit fiscal. Mientras que el chofer de autobús, el trabajador de la construcción, el obrero de una fábrica, la vendedora de una tienda, el periodista, el vigilante privado, la oficinista de un ministerio, el técnico de una institución autónoma, el recolector de basura de una municipalidad, los profesionales del Estado, pagan puntualmente sus impuestos, pues no tienen “escapatoria” (el de ventas al momento mismo de la compra y el de renta salarial deducido de planilla), hay 335 ladrones importadores que se dejaron, “en un solo período fiscal”, nada más y nada menos que ¡¢53 mil millones!
Y si esta conducta delictiva se habría estado manifestando en los últimos cinco años, como muy probablemente haya estado ocurriendo, entonces en un quinquenio esta operación delincuencial aduanera habría generado pérdidas al pueblo costarricense por unos ¢265 mil millones, casi un punto porcentual (1%) del Producto Interno Bruto (PIB).
Con este único ejemplo, de los muchos que hay acerca del perverso e injusto sistema tributario costarricense y del escandaloso robo de impuestos que este posibilita, queda absolutamente demostrado que el déficit fiscal no es responsabilidad de los salarios que devengan todas esas personas trabajadoras que hemos mencionado en el párrafo anterior, ni las demás que viven de un salario.
Específicamente, tenemos que resaltar el caso de quienes laboran para el sector público, víctimas de la más cruel, injusta, difamante e injuriante campaña de agresión psicológica y de terrorismo ideológico jamás desplegada en la historia del Estado costarricense, para ponerlos como “los malos de la película” en esto del déficit fiscal. ¡No! “Los malos de la película” en esto del déficit fiscal son esos 335 importadores que se habrían dejado unos ¢53 mil millones, repetimos, en un solo período fiscal. Y, por supuesto, “los malos de la película” en esto del déficit fiscal es más gente que esos 335 importadores.
Aunque varios medios de prensa se hicieron eco de la denuncia del Gobierno sobre el robo de impuestos de estos ¢53 mil millones, el asunto, mediáticamente hablando, no pasó a más. La noticia fue “flor de un día”, contrastándose con el ataque al empleo público de, prácticamente, todos los días de los dos últimos años.
No habrá ríos de tinta en columnas de opinólogos y amanuenses, no habrá grandilocuentes editoriales, no habrá gran cantidad de minutos televisivos de investigación periodística, no habrá exhibición mediática de estos 335 importadores, como sí ha sucedido en el caso del empleo público y algunos de sus segmentos más criminalizados y enjuiciados sumariamente, como consta a la ciudadanía.
Tampoco veremos en el escenario legislativo a los usuales diputados francotiradores del empleo público, rasgarse las vestiduras por este descarado robo de impuestos de ¢53 mil millones, ni tampoco los veremos poniéndoles nombre y apellidos a esos 335 importadores. ¡Qué va! A lo mejor tienen diversos tipos de conexiones, vínculos, amistades entre sí. Si alguien que labora para el sector público, incluido su núcleo familiar, no haya comprendido todavía que debe autodefenderse y defender a los suyos, ¿entonces en qué estamos?…
