Categoría: Opinión

¿Qué tiene que ver la clase trabajadora de las municipalidades del país con el déficit fiscal? ¿Por qué quitarles el derecho de cesantía que en muchas de ellas supera los 8 años, si la propia Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ha resuelto que una cesantía de 20 años es aceptable? ¿Por qué violentan tan descarada e irresponsablemente la autonomía constitucional del Régimen Municipal?

¡La clase trabajadora municipal no roba impuestos! El de ventas, lo paga al momento mismo de la compra, en la caja registradora, a pesar de que es poco lo que se compra con el nivel salarial municipal. Y los pocos que tienen salario realmente decente como para que les cobren el impuesto sobre la renta, éste es rebajado de planilla al momento mismo del pago. ¡ALTO YA AL BULLYING POLÍTICO CONTRA LOS EMPLEADOS PÚBLICOS!

Pese al odio de clase que tienen algunos en el seno de la Asamblea Legislativa, en algunos medios de comunicación colectiva (especialmente los llamados latifundios mediáticos de signo neoliberal), contra las Convenciones Colectivas de Trabajo, ¿por qué hacen una derogatoria de facto de la propia Constitución?, ¿por qué desconocen fallos de la propia Sala IV sobre la potencia jurídico-constitucional de las convenciones?, ¿por qué pretenden que el país reniegue de los tratados internacionales que en esta materia de la Libertad Sindical tiene firmados con la mismísima Organización Internacional del Trabajo OIT? ¿Por qué pretenden desconocer que la Negociación Colectiva se considera parte de los Derechos Humanos fundamentales y universalmente reconocidos? ¿Por qué no se “destapan” de una vez por todas y digan que quieren una dictadura para Costa Rica? ¡ALTO YA AL BULLYING POLÍTICO CONTRA LOS EMPLEADOS PÚBLICOS!

¿Cuál es la relación entre las convenciones colectivas municipales, la de RECOPE, la de JAPDEVA, otras, con el déficit fiscal? ¡Ninguna! Instituciones públicas como las municipalidades, RECOPE, JAPDEVA, el ICE, la CCSS, el AyA, Correos, el INA (entre otras de similar naturaleza jurídica), ¡se sostienen por sí solas, no dependen de los recursos del Gobierno Central, Hacienda no les transfiere una peseta y, por el contrario, más bien es al revés. ¿Qué tiene que ver con el déficit fiscal que en la Caja exista el pago bisemanal? ¿Cuánto porcentaje de déficit fiscal se resolvería si lo quitan? ¡Nada! ¡ALTO YA AL BULLYING POLÍTICO CONTRA LOS EMPLEADOS PÚBLICOS!

¿Por qué agredir a los y a las profesionales, al personal técnico, a los y a las policías, al personal administrativo de los ministerios y de los entes adscritos a los mismos, con más severas restricciones presupuestarias, todavía más graves de las que ya sufren, si ya se encuentran trabajando con las uñas, enfrentando el enojo de las personas usuarias por el deterioro de los servicios, poniendo dinero de sus propios bolsillos para compras mínimas que permitan operarlos? ¿Por qué pauperizar la labor técnico-profesional de los servicios públicos del Estado central llevándolos a la crisis total de práctico exterminio? Felicitamos al Colegio Profesional de Trabajadores Sociales que fue el primero en pronunciarse contra estas barbaridades. ¡ALTO YA AL BULLYING POLÍTICO CONTRA LOS EMPLEADOS PÚBLICOS!

Todas estas barbaridades propias de un odio que peligrosamente ha venido creciendo en los últimos años contra el sector Público (más otras que no podemos citar por razones de espacio), están comprendidas en el proyecto “Ley para racionalizar el gasto público”, expediente legislativo No. 19.923. Se trata de un verdadero “combo-antitrabajador”, destinado a implantar una grave involución en materia de Derechos Laborales. Además, en la práctica constituye una derogatoria de disposiciones sagradas que contempla el Código de Trabajo desde su misma promulgación. En realidad, el nombre de ese proyecto debería ser “Ley para aniquilar las instituciones del Estado costarricense. ¡ALTO YA AL BULLYING POLÍTICO CONTRA LOS EMPLEADOS PÚBLICOS!

La lucha contra esta nefasta iniciativa contra el Empleo Público, contra el sector Público, contra quienes trabajan para él en forma asalariada, no es un asunto de protagonismo personal de un determinado dirigente, ¡no señor! No es un asunto de una determinada corriente sindical para “competir” con otra, buscando vanas hegemonías que solamente les hacen daño a todas las personas que representamos en el sector Público, de un lado y de otro.

Las bases laborales del sector Público ya están unidas y a éstas personas trabajadoras como a sus propias familias, les importa un bledo que fulanito dirigente no se hable con sutanito dirigente.

Si los dirigentes sindicales no somos capaces de construir la unidad en la acción, los trabajadores y las trabajadoras del sector Público, que ya llegaron al hastío total, que ya no soportan más la agresión descarnada contra su autoestima laboral y personal, que ya sienten que no aguanta más tanta agresión verbal (por escrito, radiada y televisada), que ya claman todos los días y a todas horas que se detengan este bullying político contra ellos, harán la unidad en la acción y podrían rebasar a las propias dirigencias. ¡Ha llegado el tiempo de la unidad sindical en la acción!

Hay que salir a la calle, como nunca antes se pensó. Los episodios de calle de los últimos meses, convocados y protagonizados por diversas corrientes sindicales, han sido importantes pero no suficientes. El extremismo ideológico que pretende la privatización total de todo el sector Público, de lo que queda de él (que sigue siendo suculentamente atractivo para hacer negocios e incrementar capitales ya de por sí sumamente concentrados), tomó la Asamblea Legislativa el pasado 1 de mayo.

Una alianza de ideología neoliberal, una insaciable sed corporativa de negocios nuevos con los servicios públicos y un odio patológico contra los empleados públicos y las empleadas públicas, generó ese nefasto proyecto 19.923, “Ley para aniquilar el sector Público”. ¡ALTO YA AL BULLYING POLÍTICO CONTRA LOS EMPLEADOS PÚBLICOS!

El déficit fiscal es por otras razones. La semana entrante reiteraremos nuestros argumentos en tal sentido. El déficit fiscal no es por responsabilidad de quienes laboran para el sector Público ni de los salarios que devengan. Visite nuestro sitio web: www.anep.cr. Le recomendamos leer “La ‘alianza opositora’ está detrás del palo en el tema fiscal”(), del ciudadano economista don Luis Paulino Vargas Solís. ¡Alístese para la HUELGA GENERAL! ¡ALTO YA AL BULLYING POLÍTICO CONTRA LOS EMPLEADOS PÚBLICOS!

La semana pasada se aprobó, en primer debate, el proyecto de ley contra el fraude fiscal, mismo que aportará, en buena medida y aunque no lo suficiente, en el combate al robo de impuestos que se da actualmente en nuestro país. La nueva ley debió haber sido más dura, más inclemente, más drástica.

No obstante, es un avance y es inédita en el ámbito tributario. Nosotros hemos denominado el robo de impuestos como un verdadero crimen contra toda la sociedad, contra el bien común; y, específicamente, los más pobres entre los pobres, son sus más crueles víctimas.

¿Cómo no catalogar el robo de impuestos como crimen contra toda la sociedad, con estos datos espeluznantes? ¡Sí! Los hemos citado antes y habrá que hacerlo cientos de veces más. En números redondos, cada minuto, el robo de impuestos es de 5 millones de colones. Cada hora (sesenta minutos), son 300 millones de colones. Al día, o sea, cada 24 horas, 7 mil 200 millones de colones. Al año: 8.5 puntos porcentuales de Producto Interno Bruto (PIB), o sea, 2 billones 550 mil millones de colones (2.550.000.000.000.00).

Debemos ver a este proyecto de ley contra el fraude fiscal, aún con sus limitaciones, un paso en ruta hacia la Transformación Tributaria Estructural que ocupa nuestro país. En tal sentido, la estrategia gubernamental es que hacen falta, al menos, dos grandes modificaciones impositivas actualmente en trámite parlamentario: la transformación del actual impuesto sobre las ventas en impuesto al valor agregado (IVA), subiéndolo del 13% actual al 15%; y el establecimiento de la renta global o universal (sumatoria de todos los ingresos del contribuyente, provenientes de diversas fuentes para establecerle una única renta impositiva).

Nosotros pensamos que esto último es lo que merece el mayor apoyo popular, dado que puede hacerle pagar lo que realmente debe pagar al que más acumula; mientras que IVA castigará a todos por igual sin importar su nivel de ingreso; y, precisamente, los más castigados serán los más pobres entre los pobres, aunque los pobres también y ni qué decir sobre los sectores medios que todavía pueden consumir un poco más.

No sabemos si por ingenuidad política o por genuina responsabilidad, o una mezcla de ambas, a cambio de la aprobación legislativa de ambas iniciativas de ley, el actual Gobierno parece dispuesto a pagar el peaje político que le está imponiendo el bloque parlamentario que actualmente controla el directorio legislativo: hablamos del empleo público y, específicamente, de los pluses salariales.

El fundamentalismo macroeconómico neoliberal, que sigue siendo hegemónico en el gobierno del “cambio”, le tiene a éste contra la pared. El déficit fiscal, en punto de sobrepasar el 6% PIB (el “final de los tiempos” o “la llegada del Apocalipsis”, según tal fundamentalismo); le hace obligante al Gobierno obtener la aprobación de renta e IVA, así como el presupuesto 2017 (de lo cual hablamos en nuestro comentario de esta misma página en la semana pasada).

Los sectores neoliberales del actual parlamento, incluidos los que asaltaron el directorio legislativo el pasado 1 de mayo, ya han sido claros: no habrá renta ni IVA y recortaremos aún más el presupuesto 2017, si usted, Gobierno, no nos da, en bandeja de plata, la cabeza (más bien, las cabezas) del empleo público y, específicamente, los pluses salariales del mismo.
Más que peaje político, o trueque político, estamos hablando de chantaje político en el que está involucrada 330 mil familias de la clase trabajadora costarricense que, más o menos, es el número de personas que asalariadamente laboran para el Estado en todas sus manifestaciones institucionales. En los próximos días y semanas, estarán en juego los destinos socioeconómicos de esos 330 mil hogares: su estabilidad laboral, su situación financiera, su clima intrafamiliar, sus responsabilidades crediticias, sus vinculaciones sociales.

El fundamentalismo ideológico que hace converger los intereses del alto corporativismo de negocios, con los intereses de los ladrones de impuestos en todas sus manifestaciones (con apoyo de bufetes jurídicos y de especialistas tributarios inescrupulosos), en el marco de un sistema tributario altamente injusto por su regresividad; propicia más empobrecimiento y precariedad salarial con el ataque a los actuales niveles salariales que se devengan en el sector Público, globalmente comprendido y sin negar ciertos excesos.

El actual Gobierno debe, respetuosamente lo indicamos aquí, reflexionar que los vivillos de la politiquería tradicional, especialmente la del bipartidismo clásico (pese a sus mutaciones), le están poniendo a hacer el trabajo sucio anti obrero manifestado en el peaje, trueque o chantaje político que estamos denunciando por esta vía.

Una parte de ese bipartidismo clásico está trabajando ya en el plano electoral con la seguridad de que ganará; y nada mejor que, según su percepción, el trabajo sucio le quede hecho; aunque como bipartidismo están plenamente embarrados del estado actual de cosas en el empleo público y, muy especialmente, en el estado actual de cosas de la deuda del país y en el estado actual de cosas del déficit fiscal. Todo esto no empezó ayer.

No se trata de defender a un gobierno que apalancado en una multiplicidad de enorme diversidad convocante de sectores sociales, ganó el Poder Ejecutivo en febrero de 2014; pero que, según nuestro criterio, renunció a la construcción de un real músculo social como se potenciaba, y que le habría dado posibilidades más reales de cambio real; al menos, en el desafío de esa hegemonía político-mediática y económica tradicional que le quitó a su primer ministro de la Presidencia.

Es en este marco de condiciones que nos permitimos alertar a esos 330 mil servidores públicos que no tienen nada que ver en este peaje, trueque o chantaje político promovido por el ala neoliberal del parlamento.

¿Cuál es la responsabilidad, de los y de las policías que su bajo salario es redondeado con los pluses de riesgos y de disponibilidad, por ejemplo? ¿Cuál es la culpa que deben asumir las trabajadoras de los CEN-CINAI cuyo único plus salarial es la anualidad? ¿Cuál es la culpa en todo esto como para ser víctimas de un malsano trueque político, de los profesionales, del personal técnico, administrativo y operativo de los ministerios y entes adscritos a los mismos, así como de otras institucionales? ¿Qué es lo que debe el personal de atención primaria en Salud, el personal que combate las enfermedades transmisibles por mosquitos, o el personal asistente de pacientes de la Caja? ¿Qué parte del déficit fiscal debe cobrársele, a los servidores públicos recolectores de basura, trabajadores operativos, de campo y administrativo-profesionales de las municipalidades, como para que queden en medio de este pago de peaje político? ¿Qué parte de la deuda del país la deben los agricultores y productores agropecuarios nacionales como para que, ahora, junto a los técnicos y profesionales de las instituciones públicas del sector, paguen los platos rotos del déficit fiscal y los truequen a cambio de los nuevos impuestos?

Solamente hemos citado algunos ejemplos de las injusticias graves e irreparables que una estrategia política mal pensada, improvisada, aventurera e irreflexiva, pueden generarse en la convivencia social actual de nuestro país, muy tensa por las contradicciones generadas a partir del crecimiento de la desigualdad, más que sistemática y documentada al máximo.

La intentona en desarrollo para ese peaje, ese trueque, más bien ese chantaje político, nada bueno ha de generar; y estamos seguros de que esos 330 mil potenciales electores para el año 2018, estarán pensando en ello con mucha seriedad.

Leímos en el periódico La República del pasado lunes 2 de mayo de 2016 (página 8 Nacionales), un campo pagado firmado por un señor de nombre Pedro Muñoz Fonseca (cédula No. 5-247-526), a nombre de la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, dando a conocer los contenidos explícitos del pacto que le permitió a los ricos y a los representantes parlamentarios de los ricos de este país, “asaltar” el directorio de la Asamblea Legislativa para el año parlamentario-constitucional 2016-2017.

Los ricos están recomponiendo su sistema de partidos políticos y han logrado “reconstruir” el viejo y detestado “PLUSC” (Unidad-Liberación), por lo menos a nivel parlamentario; y, con el apoyo del diputado Otto Guevara Guth, más la complicidad tácita de su colega Ottón Solís Fallas y de la legisladora Epsy Campbell Barr, están lanzando ahora una nueva ofensiva en contra del Empleo Público, en contra de los empleados públicos y de las empleadas públicas, en contra de los servicios públicos; culpabilizando injustamente, otra vez y en este nuevo escenario, a la clase trabajadora, de manera directa o indirecta, del grave problema del déficit fiscal.

Esta alianza parlamentaria al servicio de la derecha política del capital, nos informa en ese campo pagado su Acuerdo de agenda de interés nacional, Legislatura 2016-2017, firmado por estos señores diputados y estas señoras diputadas: José Alberto Alfaro, Fabricio Alvarado, Antonio Álvarez, Marta Arauz, Maureen Clark, Natalia Díaz, Otto Guevara, Gonzalo Ramírez y Mario Redondo.

Notará usted que no aparecen los nombres de los legisladores del PUSC, pero ellos estuvieron hasta la médula en la gestación de este acuerdo y solo por el maniobrerismo político muy usual en las prácticas del viejo “PLUSC” no aparecen, descaradamente, citados en el campo pagado. Mencionémoslos, también: Rosibel Ramos, William Alvarado, Rafael Ángel Ortiz, Luis Alberto Vásquez, Gerardo Rojas, Johnny Leiva, Humberto Vargas y Jorge Rodríguez.

Desde la perspectiva sindical llama la atención estos tres puntos del acuerdo en mención. En el apartado 1., denominado Control de gasto y estabilidad fiscal, leemos: “Ley de reforma integral a los diversos regímenes de pensiones y normativa conexa (Exp. No. 19.922), en el entendido que no tendrá incluidas modificaciones a legislación que tutela los derechos laborales del Magisterio Nacional”.

También se lee en este mismo apartado 1.: “Ley para racionalizar el gasto público (Exp. 19.923), en el entendido que no tendrá incluidas modificaciones a la legislación que tutela los derechos laborales del Magisterio Nacional”.

En el apartado 3., denominado como “Toma oportuna de decisiones en el Parlamento”, destaca lo siguiente: “Vía rápida para conocer los expedientes No. 19.922 (reforma integral a los diversos regímenes de pensiones) y No. 19.923 (Ley para racionalizar el gasto público), en el entendido de que no tendrán incluidas modificaciones a la legislación que tutela los derechos laborales del Magisterio Nacional”.

Por supuesto que de ser cierto que el Magisterio Nacional no sufrirá las agresiones del capital a sus derechos laborales largamente consolidados y ganados por sus luchas históricas, ¡nos alegramos, sincera y transparentemente! Expresamos nuestro júbilo de que, repetimos, de ser cierto que quedarían fuera de la Ley de Empleo Público, de que quedarían fuera del salario único, de que no les eliminarán sus pluses salariales y no les rebajarán sus anualidades, ¿cómo no vamos a estar felices de que ello ocurra? Por supuesto que, reiteramos, ¡qué gran alegría!

Pero (y aquí viene el “aguafiestas”): El diputado liberacionista, uno de los artífices del indicado acuerdo, reclama para sí mismo la “paternidad” de la idea de excluir al Magisterio Nacional de la cacería de brujas que ha estado representando el ataque del capital al Empleo Público, indicando que lo ha venido conversando con líderes gremiales del sector educativo.

Que un líder gremial hable con un líder político no tiene nada de malo, pensamos nosotros. Conocemos de la probidad y de la ética que caracteriza a quienes están dirigiendo hoy en día a las organizaciones sindicales históricas del gremio educativo, y estamos pensando lo mismo sobre quienes de ellos no piensan como nosotros en el enfoque sindical que exige la realidad sociopolítica actual del país.

Lo controversial del asunto es que surgen estas interrogantes: ¿qué pasará con el personal no docente del Magisterio Nacional?; ¿la exclusión del Magisterio Nacional según ese pacto parlamentario que, ¡sorprendentemente!, tiene el apoyo de Otto Guevara Guth, incluye al personal (docente y no docente), de las universidades estatales, siendo que este legislador las ha venido atacando durísimo, de mala fe y con gran manipulación de datos, con relación a los sistemas salariales de cada una de ellas? ¿Qué pasará con las anualidades, los pluses salariales (dedicación exclusiva, prohibición, riesgos y otros de los restantes sectores del Empleo Público que no son Magisterio Nacional)… ¿Y qué pasó con relación al grupo de personal de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) que, recientemente, participó en un movimiento huelguístico junto al Magisterio Nacional, por las mismas causas, ahora que éste, presuntamente, no verá afectado su propio sistema salarial de Empleo Público?…

Por supuesto que, maliciosamente, se pondría pensar que el Partido Liberación Nacional (PLN), pensando en las elecciones generales del 2018 (presidenciales y diputadiles), procura ahora, de esta forma, pedirle perdón al Magisterio Nacional por la agresión, en 1995, a sus derechos en el gobierno de José María Figueres Olsen, actual aspirante a una reelección presidencial. ¿Es que acaso estamos ante un cálculo electorero, sin escrúpulos, manipulando una sagrada conciencia obrera de lucha como lo representa el Magisterio Nacional y sus organizaciones históricas (incluyéndolas a todas y sin excepción alguna de nuestra parte)?

Finalmente, resaltamos que este pacto parlamentario para gobernar la Asamblea Legislativa (que es gobernar el país dada la precariedad política del presente gobierno), durante el período anual 2016-2017, con la aparente exclusión del Magisterio Nacional que venimos comentando del Acuerdo de agenda de interés nacional, Legislatura 2016-2017); fundamenta, poderosamente, nuestra terca y sistemática prédica que venimos formulando desde este y otros espacios hace ya bastante tiempo, acerca de que los empleados públicos no son los responsables del déficit fiscal, o que éste no se debe a los salarios que se devengan en el Estado (incluido el Magisterio Nacional).

Considerando la magnitud de la masa salarial dentro del presupuesto público del Estado central que significa el MEP, la circunstancia de que no le vaya a tocar un solo centavo a cada educador y a cada educadora de su actual salario (ni las pensiones que ya reciben los que dejaron de laborar activamente en el Magisterio Nacional); que todos sus justos sobresueldos y pluses se les mantengan, demuestra que lo del déficit fiscal va por otro lado, no por el de los salarios públicos. Va por el lado de las transformaciones estructurales que ocupa el injusto sistema tributario costarricense. Pero sobre ello volveremos en la parte dos del presente comentario.

El actual Gobierno dio a conocer su propuesta-proyecto de presupuesto general de la República, para el ejercicio fiscal del año 2017; presupuesto que, prácticamente, es de 9 billones de colones (9.000.000.000.000). Ese mismo día se inició el trámite legislativo para su necesaria aprobación parlamentaria la cual debe darse, como máximo, el próximo 30 de noviembre. Queremos compartirle varias impresiones que este asunto, tan delicado, nos ha generado.

Empezamos por aclarar que el nombre o el concepto “presupuesto general de la República”, no es real en sentido estricto. Es decir, estamos hablando, en realidad, de un “presupuesto parcial de la República”, el del Gobierno Central únicamente: poderes Legislativo (con Defensoría y Contraloría incluidos); judicial; electoral; y ejecutivo (ministerios, entes adscritos a los mismos); transferencias a las universidades públicas, a otros programas (como Fodesaf, el PANI, otras entidades de bien social); algún dinero para las municipalidades, pensiones con cargo a dicho presupuesto; y, finalmente, a honrar la deuda nacional, tanto interna como externa.

¿Por qué decimos que debe ser llamado “presupuesto parcial de la República”? Porque la Asamblea Legislativa no conoce de los presupuestos anuales de instituciones autónomas, semiautónomas, empresas públicas, banco del Estado y otras entidades descentralizadas y/o con autonomía constitucional como las municipalidades. Por ejemplo, el presupuesto de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), no pasa por el parlamento. Y según los entendidos, solamente el presupuesto anual de esta entidad es del tamaño de todo el Producto Interno Bruto (PIB), de la hermana República de Nicaragua. Considerando esta circunstancia de lo que no pasa por el parlamento, éste solamente conoce, cuestiona y aprueba, anualmente, del 40% del movimiento presupuestario-financiero del Estado. El otro 60% se maneja “solo”, únicamente con la revisión anual que le hace la Contraloría General de la República (CGR).

Sobre ese 40%, es que se han venido dando los debates fiscales de los últimos tiempos, especialmente el tema del déficit fiscal. Desde nuestro modo empírico de abordar estos asuntos delicados, tales debates y tales enfoques son incompletos porque, por ejemplo, se nos aterroriza como sociedad sobre el déficit fiscal pero calculando la relación ingresos-egresos del Estado, con base en ese 40% que es el Gobierno Central.

Imaginemos que en nuestra casa, en nuestro hogar, hay 10 ingresos pero al calcular el presupuesto familiar solamente se consideran los ingresos de 4 personas. Las otras 6 no son tomadas en cuenta. A lo mejor, si el presupuesto de la República en verdad fuera general, es decir, juntar el 40% que conoce la Asamblea Legislativa más el 60% que no pasa por ella, el déficit fiscal sería de otra naturaleza y no nos tendrían tan ideológicamente acorralados de que si éste llega al 6%, o al 8% del PIB, habrán llegado “los días del juicio final”.

Ahora bien, dejando de lado tal criterio, nos ha dejado estupefactos la información gubernamental oficial de que la tercera parte de lo que se conoce como presupuesto general de la República, de lo que tramitará la Asamblea Legislativa, se va en amortización y en pago de los intereses de la deuda del país.

Es decir, atender lo que se conoce como el servicio de la deuda, implicará erogar 3 billones de colones (3.000.000.000.000), solamente en el año 2017. Es decir, 10 puntos del Producto Interno Bruto (PIB), del presupuesto general de la República para el año 2017, no se pueden utilizar más que para quedarle bien a los prestamistas, personas físicas y/o jurídicas, nacionales o extranjeras, que nadie sabe quiénes son porque son datos que no se hacen públicos. ¿De cuánto es la deuda del país?…

Tanto dinero público destinado a amortización e intereses de la deuda del país, plantea la urgente necesidad de que la ciudadanía pueda conocer, con todo lujo de detalles, ¿cómo fue que Costa Rica se endeudó tanto, quiénes son los acreedores del país, quiénes con nacionalidad costarricense y quiénes con naturaleza extranjera; qué entidades nacionales e internacionales son acreedoras, qué personas, bufetes las representan; cuáles son los plazos de la deuda; cuánto de ella va al principal (amortización) y cuánto de ella es solamente pago de intereses; qué personas y/o entidades tienen bonos del tesoro costarricense; qué reingeniería financiera puede el país hacer, cuánto margen tiene para ello; que nos espera en 5, en 10, en 15, en 20 años si esto no se corrige; qué relación tiene esta situación de altísimo endeudamiento nacional con la naturaleza actual del sistema tributario costarricense y qué cambios más que inmediatos, profundos, el mismo requiere? Etc., etc. Pareciera ser que se ocupa de una especie de auditoría ciudadana de la deuda del país, para saber cuánto de ella sí es legítima, cuánto de ella podría no serlo; cuánto de ella se puede renegociar, diferir, reconsiderar, anular y/o condonar…

Atender el pago de la deuda integralmente asumido (amortizar algo al principal y/o honrar intereses), y mantener el carácter regresivo del sistema tributario del país, representa una doble dolorosa circunstancia que hará que quienes menos tienen y que son los más en la Costa Rica de hoy, incrementen las penurias socioeconómicas del diario vivir.

Esta doble situación que conspira contra el bien común (deuda prácticamente inmanejable y sistema tributario facilitador de la concentración de la riqueza), es un verdadero crimen social que alimenta la violencia y la exclusión.

En muchos ámbitos de la política pública del Gobierno Central la vivencia de la precariedad se manifiesta dentro de la misma y en el afuera de la misma. Veamos estos dos ejemplos. La precariedad institucional de las cárceles hace que sufra la persona privada de libertad y la que debe dar la seguridad en las mismas. A ambas les afecta esa doble situación conspiradora en contra del bien común. Por otra parte, la precariedad institucional del trabajo preventivo en Salud, afecta a la familia en condición de marginalidad y propensa a las enfermedades virales, como al personal que, precariamente también, debe fumigar esas comunidades y viviendas pobres con escasos recursos a su disposición. Y en ambos casos de prestación de servicios como empleo público, salarialmente hablando, la remuneración también es precaria.

En tal estado de cosas y de cara a la tramitación del presupuesto general de la República para el 2017, no comprendemos cómo se puedan seguir sosteniendo políticas inmisericordes de recortes presupuestarios irresponsables, abusivos e irreflexivos; de aplicar recetas draconianas de austeridad fiscal y presupuestaria en servicios públicos del Gobierno Central que solamente pueden concebir recortes vías despidos masivos; y en servicios públicos ya de por sí precarios pero que están destinados a atender a población vulnerables, en pobreza o en ruta hacia ella, en estados de precariedad económico-social, excluidos o descartables como llama el Papa Francisco a los más humildes de los humiles.

Realmente es muy necesario que en la coyuntura abierta a propósito de la tramitación del presupuesto 2017, tengamos presente que en su más reciente mensaje a la ciudadanía, la Conferencia Episcopal de Costa Rica (CECOR), titulado “El bien común como anhelo de nuestra sociedad”, nos señaló lo siguiente: “En los últimos tiempos, un acelerado cambio cultural, debido a dinámicas sociales, políticas, económicas e ideológicas, tanto al interior del país como por influencia internacional, ha ido en detrimento del sentido de solidaridad y de la búsqueda del bien de todos los habitantes de Costa Rica”.

Este próximo domingo es ¡primero de mayo! La fiesta obrera mundial de la clase trabajadora del planeta. Las matrices mediáticas dominantes que controlan lo que la gente lee, ve y escucha desean que no tengamos memoria histórica alguna. Quisieran que no reparáramos en el pasado y que el presente que vivimos no nos haga futurizar, quitándole la esencia de la importancia de la lucha de hoy por la justicia social.

El primero de mayo debe estar presente en nuestras mentes, en nuestras almas, en nuestros espíritus, en nuestros corazones. En el caso costarricense, el primero de mayo implica dos conmemoraciones. Una de corte obrero-trabajador. La otra, de corte patriótico-nacionalista y soberanista.

Hace 103 años de la primera conmemoración de un primero de mayo en Costa Rica. Fue en 1913. Con esta conmemoración, nuestro país se unía así a la serie de naciones y de pueblos que decidieron honrar la gesta obrera del naciente proletariado internacional, en la lucha por la jornada de 8 horas. La historia del caso registraría los nombres de ocho líderes sindicales que la humanidad obrera y social recuerda como “Los Mártires de Chicago”.

En 1886 el presidente de Estados Unidos, Andrew Johnson, firmó la “Ley Ingersoll” que establecía la jornada de 8 horas pero que no quería ser respetada por los patronos, lo que generó una serie de huelgas obreras, destacándose las de la ciudad de Chicago, en el mes de mayo de ese año 1886; ocurriendo un episodio violento que dejó varios policías muertos al estallar una bomba en medio de una gran manifestación obrera.

Los ocho dirigentes sindicales de ese gran movimiento por las 8 horas fueron culpabilizados. Cuatro de ellos fueron condenados a la horca y ejecutados: Albert Parsons, estadounidense, 39 años, periodista; August Spies, alemán, 31 años, periodista; Adolph Fischer, alemán, 30 años, periodista; y, Georg Engel, alemán, 50 años, tipógrafo.

Luis Linng, alemán, 22 años, carpintero, se suicidó en su propia celda antes de ser ahorcado. A Michael Swabb, alemán, 33 años, tipógrafo; y a Samuel Fielden, inglés, 39 años, pastor metodista y obrero textil, en vez de la horca recibieron condena de cadena perpetua. Finalmente, a Oscar Neebe, inglés, 39 años, vendedor, lo condenaron a 15 años de trabajos forzosos.

La lucha obrera por la jornada de 8 horas tiene mártires y fue producto de la lucha sindical. Estos nombres son inmortales y por eso las personas sindicalistas de hoy tenemos una responsabilidad enorme en cuanto a que jamás se olviden. La jornada de 8 horas en Costa Rica se establecería en el año 1920, a 7 años de la conmemoración del primer primero de mayo en nuestro país.

A nivel internacional fue en el año 1889, en París, Francia, que se instituyó la conmemoración del primero de mayo como la magna fiesta obrera mundial y en recuerdo, por siempre eterno, de “Los Mártires de Chicago”, así como de las grandes huelgas por la jornada de 8 horas que tuvieron lugar en el mes de mayo de 1886.
Las corrientes sindicales de la época, de corte anarquista, socialista y anticapitalista, fueron las propulsoras de tan acertadísima decisión, adoptada por el Congreso Obrero Socialista de la Segunda Internacional, la cual fue una organización compuesta por partidos políticos laborales y socialistas de aquellos años.

Ahora hablemos de la otra conmemoración del primero de mayo, la de corte soberanista, patriótico, cívico y nacionalista. Aquí le copiamos al ciudadano don Wálter Cartín, quien nos llama la atención acerca de que pocos costarricenses sabemos que el 1° de mayo es feriado en nuestro país desde 1857, pero no por motivo del Día Internacional del Trabajador.

En Costa Rica el feriado fue establecido por el decreto número 35 del 29 de octubre de 1857, firmado por el presidente Juan Rafael Mora Porras, y su ministro del Interior, encargado del despacho de Hacienda y Guerra, don Joaquín Bernardo Calvo.

Según el artículo 8: “En recuerdo del triunfo completo de las armas de Centroamérica y de la rendición y expulsión de las fuerzas filibusteras, el día 1 de mayo será feriado, y se celebrará en toda la República con la solemnidad posible, saludándose el Pabellón (Nacional) en la aurora de dicho día con veintiún cañonazos”.

El 1 de mayo de 1857 se produjo la rendición de William Walker, quien representó la primera incursión de corte imperialista de los Estados Unidos por tierras latinoamericanas. Con esta victoria se da la afirmación de nuestra voluntad de consolidar las libertades políticas ganadas en 1821, al separarnos de España.

Muchos pensamos que esta fecha es de mayor significación que la del 15 de setiembre.

Se supuso que el 1 de mayo debía ser recordado y festejado en Costa Rica como “día de gloria para la raza latina que ha sabido defender su religión y su Patria y escarmentar debidamente a la horda salvaje que intentara sumirnos en la más oprobiosa esclavitud”, según el mensaje del presidente Juan Rafael Mora Porras al Congreso de 1857.

Muchos pensamos que este ilustre costarricense, popularmente conocido como don Juanito Mora, ha sido el más grande e importante presidente de la República que hemos tenido los y las costarricenses y hasta la fecha.

Por cuestiones de dominio entre los tradicionales grupos familiares de poder económico que ha habido en nuestra sociedad, la figura, el papel y el legado de don Juanito Mora ha sido invisibilizado, negado, disminuido, relegado, escondido. Y no fue sino hasta el año 2014 que, por acertada decisión de la actual Asamblea Legislativa, se le declaró Héroe Nacional y Libertador de la Patria.

Pocos sabemos que actualmente esto ha empezado a cambiar pero todavía queda mucho camino por recorrer para la restauración plena, moralmente justa y éticamente correcta, de su papel revolucionario soberanista de defensa de nuestra naciente patria.

Como vemos, el primero de mayo nos convoca por partida doble. Es por ello que quienes desfilaremos bajo las banderas y las consignas del colectivo sindical Patria Justa, del cual la ANEP forma parte, nos juntaremos al pie del monumento a don Juanito Mora, en la explanada del Correo Central, en San José centro.

Luego de un significativo acto cívico en recuerdo de su legado y por el reclamo de su plena restauración y reivindicación política como el más grande estadista que jamás tuvo Costa Rica, nos uniremos para marchar con las demás personas trabajadoras de las otras corrientes sindicales. Y así, con base en la gran diversidad que caracteriza al sindicalismo costarricense, hemos de conmemorar en unidad el primero de mayo.

En nuestro artículo de la semana pasada sobre este tema, titulado “Impuestos: ¡roben!, ¡sigan robando!… Nada les pasará”, escribimos esta frase: “…los defraudadores tributarios cuentan con importantes palancas en el seno de las 57 curules diputadiles del actual parlamento, de modo tal que la idea original del proyecto contra el fraude fiscal ha perdido contundencia, eficacia jurídica, impacto recaudador, pues se han presentado varias mociones que en nada impedirán que el robo de impuestos siga como hasta hoy en día”.

La verdad es que en esto de las “57 curules” cometimos una injusta generalización que nos obliga a una disculpa pública. Es real que en el seno del actual parlamento hay sensibilidades importantes en relación con el peligrosísimo sendero que el país está transitando en cuanto a la desigualdad, la concentración abusiva de la riqueza y, por ende, la importancia de la transformación estructural del sistema tributario costarricense, perversamente regresivo (pagan más, proporcionalmente hablando, los que menos tienen).

Don Javier Cambronero Arguedas y don Henry Mora Jiménez, diputados del Partido Acción Ciudadana (PAC); don Francisco Camacho Leiva y don José Ramírez Aguilar, del Frente Amplio; don William Alvarado Bogantes y doña Rosibel Ramos Aguilar, de la Unidad Social Cristiana (PUSC); doña Paulina Ramírez Portuguez y don Rolando González Ulloa, de Liberación Nacional (PLN); y don Mario Redondo Poveda, de la Alianza Demócrata Cristiana; deben saber que les reconocemos por su voto favorable al proyecto de ley contra el fraude fiscal, emitido en el seno de la comisión parlamentaria de Hacendarios, el pasado miércoles 24 de agosto, cuando todo hacía pensar que esta necesaria iniciativa fracasaría estrepitosamente, favoreciendo así la continuidad de la fiesta en que viven los ladrones de impuestos en nuestro país. Reconocimiento que por ser transparentemente sinceros y a modo de honesta disculpa por la odiosa generalización en que incurriéramos (como explicamos al inicio de este artículo), no hace a un lado las diferencias que en cuanto a posiciones político-ideológicas de visión-país tenemos con algunas de esas dignas autoridades parlamentarias.

Ahora bien, desde nuestra perspectiva de cómo quedaría, finalmente, el proyecto contra el fraude fiscal pensamos que no es todo lo necesario que se ocupa para una desaceleración profunda de la velocidad con que se roba impuestos en el país; o bien, bajar la magnitud de su impacto (8,5 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto PIB). Sin embargo, es un avance y mezquino sería no reconocerlo en cuanto tal.

Es importante tener presente que debemos hacer un enorme esfuerzo, más allá de banderías político-partidistas, para comprender la grave deuda social acumulada en los últimos años en nuestro país con amplias mayorías de los sectores sociales y populares. Los tiempos de los TLC neoliberales han incrementado esa deuda social.

En el seno del parlamento debe tenerse presente, a toda hora, que en el afuera legislativo la realidad social sigue mostrando mucho dolor, mucha violencia, mucha exclusión, mucha injusticia, mucha desigualdad, mucha corrupción.

Deben los tomadores de decisiones constatar que hay dos Costa Rica en este momento, una más grande que la otra; y, precisamente, la más grande es la integrada por compatriotas en el desempleo; por compatriotas jóvenes desorientados, desilusionados, sin trabajo; por compatriotas a los cuales, en un tercio, se les violenta el salario mínimo ya de por sí precario; por trabajadores con salario congelado pese a ser el país más caro de la región; gente del pueblo que percibe un debilitamiento de los servicios públicos sociales; y gente empleada pública, injustamente agredida, golpeada moral y psicológicamente, mediáticamente acosada por esas odiosas generalizaciones (como la del carácter en que incurrimos la semana pasada según hemos explicado), que presentan a todo el empleo público como una “maleantada privilegiada”.

Mencionar, insistir, reiterar estas y otras situaciones de carácter parecido puede parecerle a “pasquín” a alguien cercano y/o dentro de las esferas del poder político, el formal y/o el real. Según la primera acepción que el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua le da a la palabra “pasquín”, en cuanto a que es un “escrito anónimo, de carácter satírico y contenido político, que se fija en sitio público”, los comentarios que publicamos, semana a semana, en este espacio, nada tienen de “pasquín” y, mucho menos, el de la semana pasada.

Lo que poco a poco va tomando contundencia es el fracaso del neoliberalismo. Y parte esencial de tal fracaso tiene que ver con esos sistemas tributarios regresivos que adicionalmente a la profunda injusticia que revisten, facilitan el robo de impuestos de lo poco que se puede recaudar.

Prestigiosos académicos de renombre mundial, como el señor Joseph E. Stiglitz, nos vienen hablando de economías de altísimo desempeño en Europa, como las de Suecia y de Noruega; naciones que combinan sistemas tributarios fuertes, altamente progresivos (pagan más los que más tienen), con fuertes estados de bienestar y con fuertes medidas de protección de sus mercados laborales. (Véase “Reforma o divorcio en Europa”, https://www.project-syndicate.org/commentary/reform-or-divorce-in-eurozone-by-joseph-e—stiglitz-2016-08/spanish()).

El proyecto aprobado contra el fraude fiscal, aunque insuficiente según nuestro modesto criterio (por demás empírico), pero en la dirección correcta buscando la progresividad tributaria, necesita ser complementado con otras fuertes iniciativas de ley que están en la actual corriente parlamentaria, como las que tienen que ver con las exenciones y las exoneraciones (6 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto PIB); o bien, algo más fuerte todavía, la transformación estructural del impuesto sobre la renta para pasar a la renta global o universal, de forma tal que la acumulación de riqueza tribute en real proporción a como se tiene. Por el contrario, no parece ni justo ni oportuno que se aumente el impuesto sobre las ventas, del 13 al 15% y, mucho menos, transformarlo en impuesto al valor agregado (IVA). Este impuesto es el más regresivo de todos.

Finalmente, terca y reiteradamente, durante los dos últimos años hemos venido insistiendo en esta tesis: el déficit fiscal no es culpa de los salarios que el Estado paga en materia de empleo público.

El déficit fiscal tiene otras explicaciones, tiene causas evidentes, abiertamente constatables; a la vez, tiene otras causas que permanecen al margen del amplio conocimiento público, como es la naturaleza del endeudamiento del país y los intereses que al año hay que pagar por ese endeudamiento.

Si la deuda nacional, pública y privada, con acreedores internos y externos, nos está estrangulando, quizás ha llegado la hora de que se abra paso a una auditoría ciudadana de la deuda para que comprendamos, como sociedad, a qué nos enfrentamos y que sepamos quién está ganando con ella y a quién le sirve que no superemos el problema del déficit; pues si este se resolviese, aunque fuese en parte, alguien podría perder mucho dinero si el gobierno deja de comprar las enormes cantidades de bonos para sus necesidades ordinarias. Como comprenderán, nos quedamos cortos en el tema.

¡Sí! Cae en Domingo. Pero no importa. No debe importarnos. Efectivamente, el próximo PRIMERO DE MAYO cae en domingo. Pero la fiesta obrera mundial por excelencia, el Día Internacional de la Clase Trabajadora, el PRIMERO DE MAYO, debemos celebrarlo con toda solemnidad considerando la magnitud del legado de la lucha histórica, obrera y laboral que nos fue heredado, en defensa de los más sagrados derechos que todavía tenemos y que aún nos quedan como clase trabajadora costarricense (y la migrante); precisamente en esta difícil época sociopolítica y económica que nos ha tocado vivir, una de las más injustas e inciertas de las últimas décadas.

La agenda obrera, laboral y social que tenemos en estos mismos momentos es de enorme impacto tanto para nuestras propias condiciones de vida y la de nuestras familias, como para la generación trabajadora que nos seguirá… Para la que aún está por nacer, incluso.

La verdad es que tenemos una serie de amenazas desde diversos ángulos. La verdad es que la unidad sindical, al menos en la acción y con base en temas puntuales, es el primer desafío en escenarios que lo que están marcando es, en esencia, reversión e involución de derechos.

Pero también, la verdad es que la esperanza de la organización obrera y social, la organización con perspectiva ciudadana de los más diversos sectores trabajadores, representa un mar de oportunidades para atajar y reversar las peligrosas tendencias de congelamiento salarial, de pauperización del salario mínimo, del incremento de la precariedad laboral vía subempleo, informalidad y desempleo; cuya contracara está marcada por un sostenido proceso de concentración de la riqueza, de espantosa evasión fiscal y estratosférico monto por robo de impuestos, de deterioro de una serie de servicios públicos fundamentales que han venido representando el salario social como complemento al que se devenga en efectivo.

Debemos rechazar, con organización efectiva y unitaria, con movilización contundente y pacífica, que nos “cobren” la factura del llevado y traído y déficit fiscal precisamente a los que nula responsabilidad tenemos por ello: los y las integrantes de la clase trabajadora.

La clase trabajadora es “eficiente” en el pago de sus impuestos. No es ella la que se los roba. Quien tiene empleo formal con salario fijo; quien tiene que buscar el sustento diario en el mercado informal; quien apenas devenga el salario mínimo; quien está en el desempleo y/o en el subempleo; las mujeres trabajadoras y las madres solas jefas de hogar, también pagan al momento mismo de la compra en la caja registradora el más injusto de todos los impuestos, el de ventas. Ese que ahora está en 13% pero que quieren subir al 15%, cambiándole el nombre por impuesto al valor agregado (IVA). Las grandes mayorías populares lo pagan puntual y eficientemente. Repetimos, ¡no se lo roban!

Y, para quienes tienen la “fortuna” de un salario medio y alto, la renta salarial es rebajada de planilla, también eficientemente. En especial, la gente trabajadora asalariada del Sector Público, en el cual no se subdeclaran salarios y que ahora son de pleno conocimiento público.

Entonces, ¡que le cobren el déficit fiscal a “los y a las de arriba”!; esos que son, en su abrumadora mayoría, los sectores que roban impuestos, que evaden o eluden lo que deben pagar; esos que se inventan sociedades anónimas para enviar plata al exterior, a los nefastos paraísos fiscales.

Debemos luchar, debemos exigir, debemos demandar, que se detenga este crimen social que es el robo de impuestos. Robo de impuestos que golpea la calidad de los servicios públicos fundamentales los cuales, precisamente, los ocupamos los que pagamos los impuestos que nos competen por ley.

El robo de impuestos hace que se reduzcan, que se congelen, que se recorten y hasta que desaparezcan, recursos públicos necesarios para salud, para educación, para seguridad ciudadana, para cuido infantil y de cuido de la tercera edad, para combatir la drogadicción en la juventud, para atender la niñez y la adolescencia abandonada, para levantar el agro nacional, para bonos y ayudas sociales a familias en pobreza extrema y vulnerables a caer en ella. Etc., etc.

Es más que urgente proclamar este PRIMERO DE MAYO, la defensa de la sagrada Libertad Sindical, integralmente concebida, misma que es un Derecho Humano Fundamental universalmente reconocido; exigiendo plenitud de observancia para quienes ya la tienen; así como demandando que se le otorgue a quienes no tienen acceso a ella, que es la mayoría del pueblo obrero costarricense. Es ésta una de las motivaciones más determinantes en la lucha laboral de hoy en día.

Como podrán apreciar, el PRIMERO DE MAYO es una extraordinaria ocasión para alzar nuestra voz obrera colectiva, nuestro reclamo social por verdadera justicia y equidad, nuestro clamor cívico para que se adopten las leyes necesarias y se detenga tanta desigualdad, especialmente la tributaria-fiscal.

Por supuesto que hay muchas más razones para desfilar este PRIMERO DE MAYO, con nuestra propia familia, con nuestras amistades, con nuestra comunidad.

Además, este PRIMERO DE MAYO es muy especial. Se iniciará el camino legislativo para que se le devuelva a la clase trabajadora el PRIMERO DE MAYO. Para que la clase política haga su ceremonial de Estado en otra fecha que no sea el PRIMERO DE MAYO.

Desfilaremos para que se apruebe la reforma constitucional que hará que en la Asamblea Legislativa se elijan sus autoridades anuales, el directorio, en fecha anterior, como el 30 de abril; tanto como para que los concejos de las municipalidades se instalen, también, el 30 de abril. Una importante cantidad de actuales diputados y diputadas han acogida una iniciativa obrera en tal sentido y este PRIMERO DE MAYO iniciarán el trámite parlamentario correspondiente.

Además, a partir de este PRIMERO DE MAYO, el gobernante de turno ya no presentará-leerá su Mensaje Presidencial en esta sagrada fecha obrera. La Asamblea Legislativa actual ya cambió su reglamento interno y será un día (o dos), después del PRIMERO DE MAYO, cuando el Presidente de la República presentará su anual rendición de cuentas.

Agradecimiento público por esta vía dejamos costando a esas personas diputadas del actual parlamento que han acogido para su trámite estos cambios cualitativos y ya empezamos a notar que es posible un PRIMERO DE MAYO sólo para la clase trabajadora y sus diferentes expresiones organizativas.

Empezaremos a tener este PRIMERO DE MAYO tal y como lo tienen en todos los países que lo conmemoran alrededor del planeta. Un PRIMERO DE MAYO solamente para que la clase trabajadora muestre sus demandas, divulgue sus planteamientos, exprese en alta voz sus reclamos; exhiba sus insignias, mantas y pancartas; para que todos los movimientos sociales, en fin, le indiquen a todo el conjunto de la sociedad sus reivindicaciones puntuales. Conmemoremos como nunca antes, en Costa Rica, este PRIMERO DE MAYO, el Día Internacional de la Clase Trabajadora.

Ahora resulta que los muertos son proveedores de empresas privadas las cuales simulan gastos y compras de bienes y servicios a fin de engañar o, más bien, trampear, a las autoridades tributarias con el fin de pagar menos impuestos o no pagarlos del todo. ¡Vaya creatividad para continuar el gigantesco robo de impuestos en este país.

Mientras usted que lee esto, en su condición de persona trabajadora (ya sea asalariada o no lo sea), al hacer la compra en el supermercado debe pagar en la caja registradora el impuesto sobre las ventas, los ladrones de impuestos no terminan de sorprendernos con sus triquiñuelas para evadir sus responsabilidades.

Mientras usted, como profesional trabajador asalariado del sector público o del privado, debe pagar el impuesto de renta que se le rebaja de planilla “inmisericordemente”; colegas suyos de diversas especialidades evaden, escandalosamente, el impuesto sobre la renta que deberían pagar por la venta privada de sus servicios profesionales.

Además, el Ministerio de Hacienda nos acaba de brindar la “sorprendente” información de que aparte de los proveedores de bienes y servicios que “desde el más allá” son vendedores de empresas que simulan compras para evadir impuestos; también hay casi 4 mil proveedores falsos, fantasmales, prestanombres, testaferros, componentes de una verdadera organización para delinquir en materia tributaria.

Por estos días esperamos recibir de parte de la mencionada institución, el listado de los 335 importadores que en un solo período fiscal habrían evadido unos 53 mil millones de colones en impuestos de aduanas. La ciudadanía pagadora puntual de sus impuestos, especialmente la que es clase trabajadora, tiene el derecho de conocer los nombres, físicos y empresariales, de los ladrones de impuestos como esos 335 importadores. Tiene el deber de conocer quién son los defraudadores fiscales, como ya es de amplio conocimiento público cuánto gana el más humilde de los servidores públicos.

También tenemos derecho a conocer los nombres, las conexiones de negocios y los bufetes jurídicos o abogados particulares de los “angelicales” proveedores de empresas privadas que “desde el más allá” venden bienes y servicios a las mismas a fin de que éstas no paguen impuestos.

También tenemos derechos a conocer quiénes son, cómo se llaman, los nombres corporativos, los bufetes que les representan, de esos casi 4 mil proveedores fantasmas que aceptan instrumentarse, prestando su nombre, para facilitar el robo de impuestos. Pensamos que el Ministerio de Hacienda, al menos, debería exhibirles en su sitio web sin que mediara recurso de amparo constitucional al respecto.

El robo de impuestos, en todos sus formas y manifestaciones, “desde el cielo” (como ya vimos) y desde nuestra misma tierra costarricense, como ya es de aceptación general, se acerca a los 8.5 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto (PIB). Como cada punto porcentual de PIB equivale a unos 300 mil millones de colones (300.000.000.000), entonces esos 8.5 puntos de robo de impuestos representa la gigantesca cantidad de 2 billones 400 mil millones de colones (2.400.000.000.000).

Por día, los ladrones de impuestos roban casi 6 mil 600 millones de colones; por hora, 275 millones de colones; casi 4 millones 600 mil colones por segundo. Esto representa, en realidad, un perverso crimen social contra todo el pueblo costarricense. Este gigantesco robo de impuestos es uno de los aspectos que fundamenta el cruel y espantoso problema nacional del crecimiento de la desigualdad y, por ende, de la concentración de la riqueza.

Pese a esta cruda y criminal realidad, los ladrones de impuestos pueden seguir robándoselos. Los evasores fiscales seguirán impunes, estafando a la sociedad con toda tranquilidad. ¡Nada les pasará! El mejor proyecto de ley que podría haberles generado un poco de achicamiento al amplio espacio que tienen hoy en día para semejante robo, no pasará en la actual Asamblea Legislativa; o si se llegare a aprobar, será un proyecto de mentirillas, ni cosquillas les hará. Será una legislación contra el fraude fiscal sumamente “light”, liviana.

Esto es así porque los ladrones de impuestos, los evasores fiscales con ropaje legal o sin él, los defraudadores tributarios cuentan con importantes palancas en el seno de las 57 curules diputadiles del actual parlamento, de modo tal que la idea original del proyecto contra el fraude fiscal ha perdido contundencia, eficacia jurídica, impacto recaudador, pues se han presentado varias mociones que en nada impedirán que el robo de impuestos siga como hasta hoy en día.

Por ejemplo, los bufetes jurídicos, algunos de ellos de gran “renombre” en el alto mundo del corporativismo empresarial, podrán seguir en la impunidad total en cuanto al diseño de las diversas maniobras y triquiñuelas jurídicas para que sus clientes sigan evadiendo el pago de impuestos.

Estos abogados tributarios, algunos de ellos salidos de los máximos cargos de la propia Tributación Directa y del Sistema Aduanero Nacional, podrían continuar en la impunidad en cuanto a enseñar cómo evadir impuestos para no pagarlos o pagar lo mínimo. En la nueva ley contra el fraude fiscal, ya no quedará la sanción pensada para este tipo de maleantada sofisticada en materia de evasión tributaria.

Será un espejismo conocer el real nombre completo de la persona beneficiaria final de las rentas generadas por las sociedades anónimas, pues se abre un nuevo espacio para implementar nuevas triquiñuelas a fin de engañar al fisco, dado que en el registro de accionistas que se crearía solamente habría que dar el nombre de quienes posean más de un 25 % de las acciones de las sociedades anónimas. Si alguien fuera poseedor en este momento de una cifra mayor, digamos un 50 % de acciones, pues las va a repartir en cifras menores al 25 % con la “ayuda” jurídica de ese tipo de abogados que, además, no tendrán castigo alguno por “ayudar” a evadir al fisco.

La “ayudadita” al ladrón de impuestos que le da la nueva ley es, realmente, una vergüenza y representa un descaro del gran poder parlamentario que están mostrando tener los que se enriquecen con la evasión fiscal.

Ahora resulta que si la autoridad tributaria detecta una evasión en curso, ésta deberá acudir ante un juez para pedir un embargo preventivo pero dándole tiempo al evasor para que en cinco días hábiles traslade sus bienes hacia otras personerías jurídicas o hacia otros nombres testaferros, dado que en la nueva ley contra el fraude fiscal el juez del caso tendrá ese lapso, cinco días hábiles, para decir si Tributación puede o no puede embargar preventivamente.

Estas son solamente una pequeñas muestras de qué no será posible el combate estructural al robo de impuestos en nuestro país. Los sectores dominantes, con el real poder hegemónico en sus manos, a nivel político-económico, lo que nosotros denominamos como “los de arriba”, no están dispuesto a ceder nada, absolutamente nada. Lo que está pasando con el proyecto de ley contra el fraude fiscal y a favor del establecimiento de un real y contundente registro de accionistas de las sociedades anónimas, así lo deja claro.

En tal sentido, “los de abajo” y sus organizaciones cívicas, populares y sindicales, no tienen nada que negociar, nada que ceder, nada que entregar de lo poco que les queda, especialmente a los que todavía les queda algo, como un salario digno.

Por eso es que en el caso de la corriente sindical en la cual nos movemos hemos llegado al convencimiento pleno de que en materia de Empleo Público, ¡nada que negociar! Así que en esto de impuestos, ¡roben!, ¡sigan robando! Nada les pasará.

siguen insistiendo en que el grave problema fiscal del país se debe a los salarios que devengan las personas trabajadoras asalariadas del sector Público, continúan maliciosamente manipulando y engañando a la opinión pública nacional. Es más, si continúan por este camino lo que harán es aumentar las condiciones para un enfrentamiento social de insospechadas consecuencias.

El déficit fiscal sigue enfocándose desde una perspectiva meramente ideológica por parte de los sectores política y económicamente hegemónicos, especialmente esos que nunca van a elecciones pero que pretenden gobernar el país con su propia agenda, cual es la de la concentración abusiva de la riqueza, en esencia.

En tal sentido, desde la perspectiva de los sectores populares, sociales, sindicales y cívicos, no nos queda más que enfrentar el desafío que se nos viene lanzando al respecto, también desde una perspectiva ideológica y política. Ésta puede ser resumida en tres puntos fundamentalmente básicos.

PRIMERO: El robo de impuestos en todas sus manifestaciones, es la base fundamental de la existencia del déficit fiscal. Ya todo el mundo lo acepta, ya es oficialmente comprobado: 8.5 puntos del Producto Interno Bruto (PIB). Es realmente una cantidad enormemente gigante: Casi 2 billones 400 mil millones de colones anuales.

¡2.400.000.000.000.00 colones en robo de impuestos! Esta debe ser la primera línea de acción política y ciudadana para abordar el problema del déficit fiscal. En tal sentido, resulta trascendental el establecimiento del registro de accionistas para que se sepan quiénes son los beneficiarios de las sociedades anónimas y de los fideicomisos financieros.

Efectivamente, ¡están aterrorizados! ¡Sí!, los ladrones de impuestos, los que acostumbran eludir y evadir sus responsabilidades tributarias; los que utilizan las “off shores” (de esas tan destacadas por la denuncia periodística internacional de “Los papeles de Panamá”), están planteando ahora que si el país tiene un registro de accionistas como se debe, entonces habrá una “cacería de brujas”. ¿Será que como empresarios inescrupulosos están tan acostumbrados a robar impuestos que ahora, si de verdad existirá un real registro de accionistas, sienten que se les acabará la fiesta del enriquecimiento mal habido vía robo de impuestos?

SEGUNDO: Debe realizarse un gran esfuerzo de diálogo nacional y político-social para convenir, en líneas generales, en el porcentaje de déficit fiscal con relación al Producto Interno Bruto (PIB), con el cual podremos vivir como sociedad y con cuál porcentaje no podremos vivir. Pausadamente, sin histerismos ni fundamentalismos y sin amenazas de violentos ajustes fiscales de corte draconiano, debemos buscar como sociedad, por ejemplo, vivir con un 3% de déficit (siempre hemos tenido déficit) y buscar cómo resolver el otro 3%. ¿Simplista? A lo mejor pero nos parece de sentido común.

Lo que pasa es que no resulta posible que “los y las de abajo” sean los “condenados al sacrificio” de un ajuste fiscal del orden del 3%, del orden del 3.5%. Hasta la saciedad debemos decirlo: la clase trabajadora, en todas sus denominaciones, no roba impuestos. Los dos más importantes los paga puntualmente: el de ventas, al mismísimo momento de la compra. El de renta salarial, cuando corresponde, es rebajado de planilla “inmisericordemente”.

Entonces, parte del porcentaje del ajuste no puede salir de los salarios; parte de ese ajuste está en el 8.5% que se están dejando los ladrones de impuestos. Es a éstos a los que hay que “apretar” y el registro de accionistas es una primera y muy buena medida.

Por otra parte, por el lado del empleo público, únicamente despidiendo, masivamente, a 20 mil personas empleadas públicas, de un solo tiro, se podría reducir el déficit fiscal en un 1%. Pero “no alcanza”. Y, ¿qué quieren? ¿Despedir maestros, policías, empleados judiciales?… Estos son los más grandes segmentos laborales cuyos salarios provienen del presupuesto central del Estado, el que tiene déficit. O, ¿quieren un “muera la inteligencia” y reducir radicalmente el aporte financiero a las 5 universidades públicas?… ¿O las dos cosas?… Por el lado del empleo público no resolverán el problema del déficit fiscal. Esto lo podemos sostener firmemente pues, más bien, falta empleo público en una serie de servicios públicos sumamente deteriorados pero imprescindibles para sectores populares socialmente vulnerables. Y para peores, para este tipo de servicios públicos ya no se podría ni siquiera hacerles las compras mínimas para un funcionamiento también mínimo.

TERCERO: En materia de nuevos impuestos, es por el lado de la renta donde se deben establecer. No se puede hablar de que se ocupan más impuestos, así en general y “en seco”, pues plantearlo así favorece a los ladrones de impuestos y a los detentadores y concentradores de la riqueza. Si se ocupa de nuevos impuestos, estos jamás deben ser los de carácter indirecto, como la pretensión errada de este Gobierno de subir el actual impuesto sobre las ventas del 13% al 15%, transformándolo en impuesto al valor agregado (IVA). ¡Sí se ocupan nuevos impuestos pero los de carácter directo! A la acumulación, como la renta global o universal, incluso como la renta mundial. Entonces, una parte del ajuste debe venir del impuesto a los que más tienen, a los que tienen diversas fuentes de ingresos, sumándoselas todas y tallándolos como corresponde: renta global o universal.

Mención aparte merece una valiente decisión política imponiendo un impuesto a las transacciones financieras a partir de cierto monto en dólares, considerando la gran cantidad de dinero sucio, de dinero narco, de dinero procedente del crimen organizado que transita, todos los años, por el sistema bancario-financiero nacional. Ya los gringos lo dijeron y nadie “chistó”: son 4 mil 200 millones de dólares. Hablamos, entonces, de 2 billones 268 mil millones de colones: 2.268.000.000.000.00. ¡Esto equivale a 8.1 puntos porcentuales de PIB! ¿Estaremos equivocados? Porque en nuestras “empíricas” cuentas, 8.5 puntos PIB de robo de impuestos, más 8.1 puntos PIB de dinero sucio, esto da 16.6 puntos PIB.

16.6 puntos PIB, ¡qué locura! Todo esto se mueve por el lado de “los y de las de arriba”, ¡no por el lado de los y de las de abajo! Pero, ¡falta más! Falta contabilizar los casi 6 puntos porcentuales de PIB en materia de exenciones y de exoneraciones impositivas. Fíjense, entonces, que ya vamos por 22.6 puntos porcentuales de PIB, que sería el universo sobre el cual actuar para evitar el ajuste fiscal violento que nos pronosticó el señor Presidente de la República, don Luis Guillermo Solís Rivera, durante los actos solemnes de la celebración patriótica del 11 de Abril.

Definitivamente, en este tema del déficit fiscal, la unidad sindical y popular es fundamental. A final de cuentas, si se viene un ajuste fiscal violento y draconiano, con todo el dolor que ello conlleva (como lo ha demostrado Grecia), son “los y las de abajo” los que sufriremos cruelmente. “Los y las de arriba” saldrán corriendo para el extranjero y transferirán sus capitales, en un dos por tres, electrónicamente a paraísos fiscales, con toda seguridad.

Cuando hablamos de “los y las de abajo”, no solamente estamos pensando en los empleados públicos y empleadas públicas de ingresos bajos y medios. Estamos pensando en las micro, pequeñas y medianas empresas, en los empleos que éstas generan; estamos pensando en la gran cantidad de empresas proveedoras del Estado. ¿A cuál Estado le venderían, si éste está violentamente en ajuste porque llegó a un punto de quiebra?… En verdad, el asunto es muy serio.

Pringadititicos es la mejor expresión de esos vocablos muy peculiares del habla popular costarricense, que hemos encontrado para definir la fuerte reacción que se ha generado en el ámbito sociopolítico y económico-mediático actualmente dominante en nuestro país, por parte de una serie de personalidades que han sido mencionadas en la ya célebre investigación periodística internacional conocida como “Los papeles de Panamá” (“Panama Papers”).

Los primeros datos se empezaron a conocer el pasado domingo 3 de abril, especialmente en horas de la noche cuando las comunicaciones digitales de todo tipo, así como las redes sociales, empezaron a “arder” por un tema tan explosivo.

Para el caso costarricense de “Los papeles de Panamá”, y a tan solo 24 horas de tener noción de lo que se trata este asunto, los nombres pringadititicos de las personas ticas mencionadas muestran tres características que seguidamente exponemos.

1) Han estado y están ligadas, de un modo u otro, a los partidos Liberación Nacional y Unidad Socialcristiana, el muy detestado “PLUSC”. El individuo “libertario” que destaca en la lista y otras personas mencionadas en la investigación que muestran vínculos con el partido actual de Gobierno, el PAC; de una manera u otra expresan la continuación política de procesos de gestión gubernativa tipo “PLUSC”, que preservan los valores esenciales de la actual hegemonía política en el poder, marcada por el neoliberalismo, diferenciándose por la intensidad en que tales procesos son propiciados por unos y otros.

2) Otras destacan por su procedencia empresarial del gran corporativismo de negocios. Son críticos acérrimos del sector Público pero no enemigos totales del mismo, si en la relación con éste hay lucro personal y grupal en perspectiva. De hecho, está mencionado un caso “emblemático” al respecto.

3) Otros son propietarios e inversionistas del negocio corporativo de las noticias, expresado éste en esa especie de latifundios mediáticos que no van a elecciones pero pretenden gobernar sin haber pasado por el escrutinio de la urna electoral.

Ahora bien, resaltan las siguientes consideraciones centrales a partir de las revelaciones de “Los papeles de Panamá” (obvio es que hablamos del caso costarricense). Veamos:

La primera es que si alguna vez alguien pudo dudar de que en Costa Rica las formas de evadir el pago de impuestos y/o efectuar el robo descarado de los mismos, es el problema número uno de la sociedad actual, “Los papeles de Panamá” muestran a las claras cuánta creatividad hay en ello.

No estamos acusando a nadie en particular, ni estamos sometiendo a nadie a juicios sumarios, de esos que suelen “fusilar primero y averiguar después” (por cierto, muy utilizados por el estilo periodístico de esos latifundios mediáticos que vienen ocupando nuestros escritos de los últimos tiempos).

La segunda consideración es que todos esos creativos procedimientos para eludir responsabilidades fiscales-tributarias, aunque éstas sean tan fáciles de violar en el caso costarricense; no son ejercidos por las clases trabajadoras, en general: ni las que tienen empleo fijo y salario formal, ni las que están en la informalidad y mucho menos las que están desempleadas o subempleadas.

Estas miles de personas trabajadoras del mundo sociolaboral nacional, asalariado y no asalariado, no roban impuestos. Por el contrario, los pagan puntualmente: especialmente el de ventas, al momento de la compra; y el de renta salarial, cuando corresponde, se deduce de planilla.

La tercera consideración es que todas esas formas creativas de incumplir responsabilidades tributarias, se ejercen por personas, empresas y bufetes ligadas al riñón del ejercicio de la política tradicional de los últimos 30 años en nuestro país.

Las conexiones, los círculos de influencia, las amistades, las relaciones de negocios, el favoritismo contractual, las consultorías, etc., han ido gestando las condiciones para que haya una fuerte cultura tributaria endeble y hasta corrupta, y para que ésta sea la pieza angular del crecimiento sistemático de la desigualdad y del crecimiento abusivo de la concentración de la riqueza en nuestro país.

La cuarta consideración es que nunca hemos de saber la cuantía de toda esa plata manejada de manera creativa, tributariamente hablando, todos estos años que abarca el estudio de la investigación de “Los papeles de Panamá”. Pero, a lo mejor sí, de ahora en adelante, podría el país conocer cuánto dinero podría estarse recuperando si esos mecanismos creativos para robar impuestos ya no pudieran ser ejercidos a futuro en medio de tanta facilidad e impunidad, mediando una fuerte ley contra el fraude fiscal en todas sus manifestaciones.

Efectivamente, estando así las cosas, urge y es ya una exigencia social con una alta dosis de moral y ética tributaria incontenible, la aprobación legislativa de la ley contra el fraude fiscal y, especialmente, del establecimiento del registro de accionistas de las sociedades anónimas para saber quiénes son los beneficiarios finales de las mismas, así como de los fideicomisos financieros de todo tipo.

Como bien lo apuntara el diputado Rolando González Ulloa, integrante notable del “PLUSC”, según se lo leímos y de cara a las revelaciones de “Los papeles de Panamá”, dijo él que “…ante esta acción periodística Costa Rica espera reacciones categóricas y ejemplarizantes frente a la evasión fiscal, el blanqueo de capitales y la corrupción”. Además, planteó que “…hoy toda tardanza legislativa será beneficiosa para quienes son acusados como posibles evasores encontrados en los ‘Panama Papers’ ”.

Ojalá que este sea el sentimiento de toda la fracción parlamentaria liberacionista, especialmente ahora que en el PLN andan diciendo que hay que volver a ser “socialdemócrata” y de “izquierda” (¡!). Suponemos que toda la bancada legislativa PAC votaría a favor de atacar duramente el fraude fiscal y estamos seguros de que toda la del Frente Amplio así lo hará. En el caso de la del PUSC (¿”dos” bancadas PUSC?), la incógnita es mayúscula dado el triste papel que ha venido jugando su diputada Rosibel Ramos Madrigal.

Como sabemos, ella coordina con el totalmente desacreditado Otto Guevara Guth, el filibusterismo parlamentario diario que bloquea la tramitación de la necesaria ley contra el fraude fiscal. Al final recordemos que este señor viene del “PLUSC” y que muchos de quienes le siguieron están volviendo a sus orígenes PUSC. Con “Los papeles de Panamá”, ya no quedaría duda alguna de los intereses que estarían defendiendo doña Rosibel y don Otto, si continúan filibustereando la ley del registro de accionistas.